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Viuda de García Prieto acepta remuneración del Estado y pide cerrar el caso

El Estado salvadoreño se sentó por segunda ocasión en la historia en el banquillo de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ser juzgado por no esclarecer la autoría intelectual del asesinato en 1994 de Mauricio García Prieto. El Estado presentó como testigo a la ex esposa de García Prieto, con quien llegó a un acuerdo; y ella pidió a la Corte que el caso se cierre. La CIDH deberá emitir sentencia en unos meses.

Alexis Henríquez /Foto cortesía de CEJIL
cartas@elfaro.net
Publicada el 29 de enero - El Faro

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El ex Canciller Oscar Santamaría lidera la representación del estado salvadoreño en el juicio que se celebra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Pido se declare cerrado el presente caso y libero al Estado de El Salvador de cualquier reclamo o responsabilidad futura”. La petición de Carmen Alicia Estrada, la ex esposa de Mauricio García Prieto, asesinado en 1994, sorprendió en la sala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica.

No es gratuita la impresión. El 10 de junio de ese año, ella se encontraba al lado de su entonces esposo, con su hijo de cinco meses en brazos, cuando un hombre vestido de negro se les acercó para disparar en el abdomen y en la cabeza de García, un empresario salvadoreño que acababa de regresar a El Salvador. Desde entonces inició un proceso judicial en el que se logró identificar a los autores materiales del asesinato, pero no al cerebro de la operación.

El asesinato, que se presume por algunos familiares fue perpetrado por escuadrones de la muerte – un grupo de ajusticiamiento paramilitar –, se tradujo en una serie de acosos para los padres de García Prieto. Las amenazas telefónicas y las persecuciones en automóviles que señalan los padres también salpicaron a los abogados defensores a los que acudieron en el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).

Del asesinato a la fecha, José Mauricio García Prieto Hirlemann y Gloria Giralt de García Prieto, padres del ex empresario, señalan como posible autor intelectual del crimen al militar retirado y firmante de los Acuerdos de Paz, Mauricio Ernesto Vargas. La acusación nace porque a finales de la década de los 80 los García Prieto recuperaron una finca que le habían vendido al concuño y socio de Vargas, ya que no pagaron el monto de lo acordado. Según ellos, Vargas comenzó a amenazarlos desde entonces.  “Reciben amenazas directas. Les decía que atentaría contra aquello que les fuera más preciado. Entonces el coronel era comandante de la tercera brigada de infantería, con sede en San Miguel, de donde es oriunda esta familia”, explica Roberto Burgos, abogado del IDHUCA y quien lleva el caso.

No es la única sospecha. Julio Carlos Romero Alfaro (conocido como Zaldaña) era uno de los que comenzó a investigar el caso por parte de la Policía Nacional Civil (PNC). El testimonio de un albañil, que estaba cerca del lugar donde asesinaron a Mauricio García Prieto, vio que a uno de los dos sujetos que escapaban le faltaban tres dedos. Esa descripción casaba con la de Zaldaña, quien fue condenado después a 30 años de prisión junto con Ismael Ortiz Díaz, otro de las personas encontradas como culpables del crimen. Lo que vincula a los sentenciados con la búsqueda de los autores intelectuales del asesinato es que se les encontraron documentos de la división de inteligencia de la Fuerza Armada. Los carné desaparecieron durante el proceso judicial, y luego reaparecieron unos que se decía eran los mismos, pero que a la defensa de los padres de García Prieto les genera desconfianza.

Este elemento lleva a sospechar a los abogados del IDHUCA que personas dentro de la Fuerza Armada pudieron estar involucradas también. Sin embargo, esta es otra de las sospechas que no han sido esclarecidas porque el Estado dio por cerrado el caso.

Tal situación llevó a los padres de García Prieto a poner una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 1996, después de que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos considerara que existieron violaciones al debido proceso judicial y al derecho a la seguridad personal en perjuicio de los padres y ex esposa de la víctima.

Pero es ahora la misma Carmen Alicia Estrada, la ex esposa de García Prieto, la que pone un punto y aparte a esa lucha iniciada en 1996 para buscar a otros responsables del crimen y las amenazas. El arreglo pecuniario demuestra a los defensores del IDHUCA que el Estado está aceptando responsabilidad a las faltas que cometió, algo que Óscar Santamaría, el querellante del Estado salvadoreño, rechaza.

Proceso de 10 años
El juicio contra el Estado salvadoreño duró dos días. Para que el Estado se sentara en el banquillo de los acusados se caminó por más de 10 años, en una serie de procesos y peticiones que muchas veces no se han cumplido a la familia García Prieto. La Comisión obligó al Estado a proteger a los familiares y sus abogados, e incluso la misma Corte lo volvió a pedir en noviembre del 2006.

“Pero yo tengo protección en papel”, remacha Burgos, y en dos casos; el otro, el del mayor Adrián Meléndez Quijano. Sin embargo, para la ex esposa de Mauricio García Prieto, existe un delirio de persecución. Ella se ha distanciado del caso, y casado nuevamente.

Los que siempre han estado al frente del caso son los padres del ex empresario. Apenas hace dos meses, cuando la Corte había pedido seguridad para José Mauricio García Prieto Hirlemann y Gloria Giralt de García Prieto, ésta última recordaba que a su teléfono caían amenazas de personas o llamadas en las que nadie hablaba, mas sí se escuchaban sus respiraciones a través del auricular. El patrón, según ella, se mantiene desde que comenzaron a exigirle al Estado aclarar el caso.

Su historia es la que siete jueces escucharon en la sede de la Corte, en Costa Rica. También en ese tribunal internacional, Pedro Cruz, quien era fiscal del caso y que ahora trabaja en el IDHUCA, señaló que la Fuerza Armada y la División de Investigación Criminal (DIC) de la PNC obstaculizaron la investigación. Él aseguró que la Policía no dio los nombres de los agentes que inspeccionaron la escena del crimen y que la Fuerza Armada fue renuente para obtener los libros de control de agentes del batallón San Benito, que eran señalados. El ex fiscal declaró que a dos de los hombres señalados como autores materiales se les habían depositado fuertes sumas de dinero en sus cuentas bancarias en fechas cercanas a la ejecución.  Además estas personas pertenecían o habían pertenecido a estructuras de seguridad estatales.

Fredy Ramos fue el testigo del Estado. Argumentó que para investigar el crimen solo se investigó a los ofendidos y argumentó que Cruz nunca manifestó, cuando ambos estaban a cargo del caso, que  hubiera obstáculos en la investigación.

Estos debates serán analizados por la Corte, quien en los próximos meses podría terminar dando una sentencia definitiva que exonere al Estado o que lo condene por faltas al acceso de la justicia. Para el Estado salvadoreño esta es la segunda vez que un caso de violación a los derechos humanos llega a una instancia internacional, y la primera que hace referencia a un hecho cometido después de la firma de los Acuerdos de Paz.

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