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Comisión Nacional de Seguridad, la consejera coja

Desde noviembre, el grupo polifacético nombrado por el presidente ha presentado 24 propuestas para mejorar la seguridad en El Salvador. Hasta la fecha, sólo dos medidas han sido retomadas no sin antes sufrir varias modificaciones.

César Castro Fagoaga
cartas@elfaro.net
Publicada el 29 de enero - El Faro

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El jueves 25 de enero la Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y la Paz Social llegó en pleno a Casa Presidencial para rendir su informe de labores luego de tres meses de trabajo. El protocolo de la ocasión permitió que el presidente Saca y algunos miembros de su gabinete intercambiaran frases con la Comisión. Fue ahí que Mauricio Loucel, coordinador del grupo consultivo, soltó: “algunos miembros de la Comisión de Seguridad están preocupados porque sus propuestas no se siguen plenamente”.

Loucel, el rector de la Universidad Tecnológica, no fue el único en hablar. Monseñor Jesús Delgado, vocero de la Comisión, dijo poco después que desde ese momento el grupo había decidido hacerse cargo del diseño de una política criminal y dejar a un lado sus recomendaciones para situaciones puntuales. Nena de Alfaro, presidenta de la Cámara de Comercio y miembro de la comisión, habló seguido. Lo suyo fue más sencillo y directo: “Pónganse las pilas”. 

Ningún miembro de la comisión que nombró Saca tiene duda de que su trabajo es de carácter consultivo y que sus propuestas no son órdenes para el Ejecutivo. Sin embargo, hay quienes consideran que se desnaturaliza el sentido de la comisión cuando las medidas propuestas, avaladas por consenso (incluso de los representantes de los cinco partidos políticos), se implementan con demasiadas modificaciones o simplemente no se escuchan.

Algunas propuestas en la gaveta
  1. Incremento de $80 millones en el presupuesto para la PNC en 2007
  2. Mejorar la capacidad del Estado para controlar la circulación de armas de fuego legales e ilegales.
  3. Ampliar la experiencia de los municipios Libres de Armas a los veinte municipios más afectados por la violencia.
  4. Realizar campañas de sensibilización a la población sobre las armas de fuego.
  5. Crear, mediante decreto presidencial, un sistema unificado e independiente de información sobre violencia.

Desde noviembre, la Comisión Nacional de Seguridad ha lanzado 24 propuestas para el combate a la delincuencia. De ese pliego, lo que ha avanzado y ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa, previo aval del gobierno, tiene que ver con la Ley Contra el Crimen Organizado y la Ley de Armas. Esta última ha sido la que más opiniones encontradas ha generado.

Uno de los puntos de reforma de la ley de Armas es el artículo 62-A, que hace referencia a la restricción temporal para portar armas en lugares específicos. La propuesta original de la Comisión, emitida en los últimos días de diciembre, decía que serían las municipalidades, en coordinación con los ministerios de Seguridad, Defensa y Policía, los que determinarían en qué lugares y por cuánto tiempo se prohibiría portar armas de fuego. Los diputados de la Asamblea entendieron que la discusión dentro de la comisión era suficiente y aprobaron tal cual la propuesta.

En un primer momento, el presidente Saca no vio problemas con la reforma; sin embargo, a los días anunció que cambiaría lo aprobado. La modificación de Saca suponía que sería el presidente de la república, es decir, él mismo, el que determinaría cuándo y en qué lugares se harían las vedas de armas.

Eso fue lo que molestó a algunos, según un miembro de la Comisión que pidió el anonimato para no crear fricciones al interior de la Comisión. “Algunos sintieron que las dimensiones locales (municipales) se habían disminuido en las decisiones tomadas”, mencionó la fuente.

Según este miembro, la decisión de Saca de cambiar lo propuesto generó molestia. “Nosotros somos productores de insumos. Varios desearíamos que todas las fuerzas políticas asumieran su papel pero algunos no están seguros de que ellos (los políticos) entiendan que hay una intencionalidad (para que las propuestas sean de consenso). Algunas propuestas van avaladas por todos los partidos porque van como van”.

El refuerzo para seguridad

Otra propuesta que ha sido cuestionada fue la de distribución de un préstamo de 100 millones de dólares que ha otorgado el Banco Mundial. El miércoles 24 por la tarde, el ministro de Seguridad, René Figueroa, anunció que la mayor parte del crédito, de ser aprobado por la Asamblea, será usado para la Policía ($35 millones), Centros Penales ($31 millones) y Dirección de Seguridad Ciudadana ($15.3 millones).

La readecuación del préstamo fue una propuesta de la Comisión. Esta sugirió que los fondos fueran administrados de forma transparente mediante la creación de un fideicomiso. La propuesta original incluía buena parte de los recursos a las municipalidades; la presentada por el gobierno otorga $4.9 millones y no menciona la posibilidad de un fideicomiso.

Salvador Sánchez Cerén, jefe de los diputados del FMLN, aseguró durante la plenaria del pasado jueves 25 de enero que su partido no votaría por la reforma a la ley de Armas que había observado el presidente porque el Ejecutivo no había respetado el acuerdo de la Comisión Nacional de Seguridad.

La reforma, sin los votos del FMLN y CD, se aprobó de todas formas como la pidió el presidente.

Muy a pesar de esas críticas de la oposición política, Saca dijo ese mismo jueves que su gobierno atendía las recomendaciones de la comisión.

Juan Daniel Alemán, otro de los miembros de la Comisión, cree que Saca ha mostrado disposición a seguir las recomendaciones. Pero también reconoce que muchas propuestas necesarias para la seguridad del país, como la reingeniería en la Policía y Fiscalía, son deudas. Lo que ha dificultado que estas se implementen, dice, es que “mover la maquinaria del gobierno no es fácil”.

Alemán, también miembro de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, considera que la Comisión Nacional de Seguridad debería tener, en un plazo entre tres y seis meses, su propuesta de una política integral de seguridad.

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