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Las lucha del Bajo Lempa

Los 12 años de conflicto dejaron de herencia a Tecoluca, San Vicente, una organización social fuerte que ha sacado adelante a las comunidades durante estos 15 años tras la firma de los Acuerdos de Paz. Para los lugareños, los logros alcanzados todavía no son suficientes.

Rodrigo Baires Quezada. Fotos: Lester Hernández
cartas@elfaro.net
Publicada el 15 de enero - El Faro

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Vinicia Velásquez fue cocinera de las columnas del FMLN

Pedro Calderón salió de La Sabana, tres kilómetros hacia el sur de San Carlos Lempa, durante en 1982, en plena guerra civil. “En esas explanadas sólo combates había”, dice mientras señala los potreros donde pastan media docena de vacas. “Lo mejor era irse, dejar todo pero con la vida asegurada”.

Antes de la guerra, la zona del Bajo Lempa de Tecoluca –una planicie de tierras fértiles que abarcan 52 de los 284 kilómetros cuadrados del municipio y el 20 por ciento de la zona rural- está conformada por seis grandes haciendas que se dedicaban a la ganadería y al cultivo de algodón y caña de azúcar: El Pacún, El Triunfo, Rancho Grande, La Sabana, Los Marinés y Los Conejos. El “centro histórico” de la zona era el caserío de San Carlos Lempa, la única población que contaba con una clínica de salud, escuela –donde se impartía hasta 6.º grado- y era el punto de reunión para las transacciones económicas de los lugareños. La guerra lo cambió todo.

Entre 1981 y 1983, centenares de familias salieron, como lo hizo la de Pedro, hacia San Agustín y Jiquilísco, en Usulután;  San Vicente, Zacatecoluca o San Salvador,  quedando el municipio despoblado casi en su totalidad, con excepción de San Nicolás Lempa y Santa Cruz Porrillo, los caseríos cercanos a la carretera Litoral. “La mayoría de la gente se fue para Usulután o a refugios dentro del país”, describe el estudio Migración y Desarrollo Local: El caso de Tecoluca, publicado en enero de 2001 por la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE). Otro grupo de habitantes salió hacia los campamentos de refugiados en Honduras y Nicaragua, en Estelí, Chinandega, Matagalpa y Managua, instalados y apoyados por la iglesia católica y Bienestar Social de Nicaragua.

Los que se quedaron, vivieron en constantes guindas. “Esto era terrible. Dependiendo de donde estuviéramos y de donde venían los saldados, así era como salíamos guindeando”, recuerda  Marina Flores, originaria de la comunidad El Pacún y actualmente miembro de CRIPDES, una organización no gubernamental. “Sí estábamos en la costa salíamos para el volcán; del volcán nos cruzábamos (río) El Lempa para llegar al otro lado, en Usulután, y luego bajar para San Marcos Lempa… De ahí, nos volvíamos a cruzar el río para llegar a San Bartolo o Santa Marta”.

Marina se acuerda cómo la organización social no era algo nuevo en la zona. “Desde mediados de los años 70, los trabajadores de las haciendas se organizaron para solicitar aumentos salariales”, dice. La petición de los jornaleros y colonos fue reprimida por los “chaneques”, los comités de defensas civiles, asentados en San Nicolás Lempa.

Los orígenes del movimiento social en Tecoluca se encontraban en el trabajo pastoral de las Comunidades Eclesiales de Bases. Junto a ello, en 1974, tras la masacre en León de Piedra, nació la Unión de Trabajadores del Campo de San Vicente (UTCSV). Dos años después, la organización dirigió las primeras tomas de tierras en dos cantones de Tecoluca: Guajoyo y Platanera. “Este es un municipio con tradición en la organización social”, dice Vinicia Velásquez, quien dejó su natal Santa Bárbara en las primeras guindas, a finales de los 70. “Ahí estuvimos varios días en el cerro La Campana, donde después morirían seis de mis hijos, todos los varones que tuve, durante la guerra”, relata.

La tierra, el eje de la guerra

El FMLN logró mantener un relativo control sobre la zona hasta 1984, cuando el gobierno instala un puesto militar en San Carlos Lempa, San Nicolás Lempa y en Tecoluca. Controlando el 100 por ciento de la de la zona urbana y de los municipios cercanos a la carretera Litoral, el Ejército se encargó de asegurar su presencia en la zona rural con operaciones permanentes.

Marina Flores, miembro de CRIPDES, organización que inició la repoblación del Bajo Lempa en San Vicente

La zona se convirtió en campo de batalla. Según los pobladores, el puente de San Nicolás, sobre el río Lempa, era el punto para deshacerse de los cuerpos de los opositores del Ejército gubernamental. La corriente llevaba río abajo los cadáveres, que amanecían enredados en los manglares de La Pita, cerca de la desembocadura del Lempa en el océano Pacífico.

“Fue la época de muchos enfrentamientos, donde hubo grandes cantidades de muertos entre la población civil por eso era muy difícil regresar a la zona”, dice Vinicia y luego mira a su alrededor: “Aquí, donde ve todo esto, era puro monte. Cada vez que veníamos en las guindas se podían ver hasta coyotes y zorros porque nadie vivía aquí… esta era tierra de nadie por el puro miedo”.

Así, la repoblación no fue una tarea sencilla. “Se tuvo que vencer el miedo”, dice Marina. No era para menos, en septiembre de 1986, 86 familias aglutinadas bajo la Coordinadora Nacional de Repoblamientos (CNR) intentaron asentarse en San Carlos Lempa. La respuesta del ejército fue la captura de 81 personas y, durante seis semanas, interrogarlas y torturarlas.  Un año antes, 35 familias ya habían intentado regresar a sus tierras en el caserío y lo volvieron a abandonar por los continuos enfrentamientos. Entre 1987 y 1988, un grupo de 800 familias fueron repatriadas desde los campamentos de refugiados en Mesa Grande, Honduras, que empezaría a repoblarse la zona Santa Marta. Otras familias regresaron a El Pacún y El Casino.

Entre 1991, CRIPDES empezó el trabajo de reubicar a los primeros repobladores provenientes de fuera del país. “Se buscaba que la gente tuviera el derecho de ser beneficiarios después de los Acuerdos con la tenencia de la tierra”, reconoce Marina. Para enero de 1992, con la firma de los Acuerdos de Paz, se intensificó la migración hacia la zona. La repoblación trajo nuevos retos para el sector de la Costa. La falta de servicios básicos –agua potable, energía eléctrica, drenajes, transporte público, etcétera-  ni infraestructura adecuada –vías de acceso, clínicas o escuelas- se sumaban a la vulnerabilidad de la zona por la cercanía con el río Lempa. Una labor que creció de manera geométrica tras la firma de los Acuerdos de Paz.

El invierno de 1992 dejó las primeras inundaciones y la necesidad urgente de reaccionar tomando decisiones frente a la emergencia con una población de desplazados, desmovilizados y repatriados desde Nicaragua. En total, 400 familias que se organizaron para lograr que el Programa de Transferencia de Tierras (PTT), uno de los acuerdos logrados durante la negociación, se hiciera efectivo para reasignar las más de seis mil manzanas que en el pasado estaban divididas entre 10 familias de terratenientes del municipio.

Anfiteatro en el parque central de la Sabana

El PTT trajo grandes cambios en la zona: El primero, bajo el concepto de comunidades, el Bajo Lempa se reorganizó en 14 asentamientos; el segundo, la repartición de seis mil 275 manzanas en parcelas de cuatro manzanas en promedio para cada uno de los 1 mil 437 beneficiarios inscritos. El 39 por ciento de ellos eran mujeres, algo que modificó también la estructura de tenencia de la tierra, históricamente en manos de hombres.

“Esta guerra se dio por la falta de tierras para los pobres. Entonces la mayoría de gente que vivía aquí era colona y le tocaba pagar por donde vivía con dinero o con trabajo”, recuerda Vinicia mientras se columpia en la hamaca de su casa, en La Sabana, el mismo lugar donde funcionaban los talleres de la ganadería de la antigua hacienda. “La lucha por la tierra nos llevó a tomar los fusiles y después, cuando se vio que las balas no iban a arreglar nada, los Acuerdos de Paz aseguraron que cada quien tuviera su pedacito para vivir y para trabajar… porque habíamos peleado por eso”.

Los logros

Al proceso de repoblación se sumó la reinserción de los grupos de desmovilizados de ex combatientes del FMLN y de ex soldados de las Fuerzas Armadas. “El problema se da cuando se mete la ideología en el proceso”, dice Marina. “Funcionamos con la participaciones de todos los sectores para asegurar tomar decisiones en beneficio de las mayorías… creo que ese el éxito del trabajo en esta parte del Bajo Lempa”, asegura. Arnoldo Flores, líder comunal, la secunda al decir que “a veces cuesta ponerse de acuerdo entre ex soldados, ex militantes del FMLN y gente civil, pero aunque todo no es color de rosa, la organización social ha demostrado que funciona para provecho de todos”.

Museo de la Revolución en el Bajo Lempa

15 años después de la firma de los Acuerdos, los pobladores cuentan con escuelas en casi todas las comunidades, el 85 por ciento de las familias atendidas cuentan con una vivienda digna; sólo un tres por ciento no cuenta con acceso a energía eléctrica; y, aunque reconocen que hace falta mejorar la calidad del agua de consumo humano, la mayor parte de la población cuenta con un servicio regular de agua.

A ello se suma la creación de empresas agrícolas, la mayoría siguiendo la línea de cultivos orgánicos, y de servicios. “En todo esto tiene mucho que ver la participación y la ayuda de organismos cooperantes y no gubernamentales internacionales”, reconoce Esmeralda Villalta, miembro de CRIPDES. “Tecoluca se ha transformado totalmente de a como era en los años de guerra”.

“Todo lo que hemos ganado se logró por el trabajo de la gente, por el esfuerzo organizativos de los mismos pobladores. Después de tener un municipio vacío por la guerra hoy tenemos 96 comunidades con más de 30 mil habitantes”, sostiene Marina. “Ahora nos toca seguir trabajando porque no es suficiente todo lo que hemos conseguido… falta obtener tierras para gente que quedó fuera de los Acuerdos de Paz, pelear por escrituración de algunos terrenos con el ISTA y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de buena parte de la población. No crea, cuesta, pero esta gente no se da por vencido”.

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