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Y creció la economía

Varios aspectos económicos se pueden destacar este año: las cifras de crecimiento que ha dado a conocer el gobierno; la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos; el otorgamiento de 461 millones de dólares de parte de la Cuenta del Milenio; y la reforma de pensiones que, luego de múltiples presiones, algunas internacionales, el Ejecutivo llevó a cabo y que le permitirá, en los años venideros, a contraer más deuda para financiar los presupuestos sin necesidad de contar con el aval de la Asamblea Legislativa.

El Faro
cartas@elfaro.net
Publicada el 01 de enero - El Faro

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A mediados de 2005, la administración Saca presentó una reforma fiscal que no contó con el beneplácito de muchos empresarios. Su ministro de Hacienda, Guillermo López Suárez, fue el encargado hasta que el presidente lo separó del cargo y puso en su lugar a William Hándal, ex vicepresidente de TACA, un empresario quien ha dicho que no le gustan los impuestos.

El cambio, la segunda semana de abril fue un mensaje tranquilizador para los empresarios: no habrá más reformas.

En mayo, dos importantes calificadores de riesgo, Standard & Poor’s y Fitch, analizan la situación del país y responden al nuevo ministro: más reformas fiscales son necesarias para que El Salvador no baje su calificación, medidor vital para cualquier inversionista. Ese fue el primer llamado de atención.

Las palabras no cayeron en saco roto. Dos semanas después de que las calificadoras hablaran, el gobierno, a través del secretario técnico de la presidencia, Eduardo Zablah, anunció nuevas medidas fiscales, con el mismo efecto que las anteriores habían causado entre los bancos y empresarios: malestar. Desde entonces, Zablah, por sobre Hándal, se convirtió en el principal vocero del gobierno en temas económicos.

Las medidas anunciadas, sin embargo, no se pueden echar a andar pues el gobierno debe lidiar con un gasto constante: los subsidios.

Siempre en mayo, una delegación del Banco Mundial, encabezada por Jane Armitage, representante para Centroamérica, da una nueva luz de alerta: el nivel de endeudamiento del país debe bajar. Además, según el Banco Mundial, una solución a la deuda de pensiones debe encontrarse.

En esas misma fechas, una comisión de economistas independientes, que se formó con el aval del ex ministro de Hacienda López Suárez como un acuerdo con un grupo de diputados conocido como G-14 (CD, PPSC y FDR, estos dos últimos desaparecidos luego de terminada la legislación 2003-2006), lanza un diagnóstico muy parecido al del Banco Mundial. El informe elaborado por Roberto Rubio y Ricardo Perdomo, entre otros, señala que el país debe buscar una solución para la deuda de pensiones. Insostenible, según los economistas.

Al realizar el cambio de sistema de pensiones, en 1998, de público a privado, el gobierno contrajo una enorme deuda que cada año asciende a más de 400 millones de dólares. El gasto desequilibra el presupuesto y el Estado debe contraer, cada año, más deuda. Se emiten bonos (pagarés) que la Asamblea Legislativa debe aprobar.

A principios de junio, Saca se presenta ante la Asamblea para dar su balance de los dos años de su gobierno. Durante su discurso, el presidente anuncia el incremento al salario mínimo, noticia que sorprende a su ministro de Hacienda que, confiesa a El Faro, no sabe de dónde saldrán los recursos.

Dos semanas después, la energía eléctrica sube un 14% y El Salvador presenta formalmente su propuesta para competir por la Cuenta del Milenio, 441 millones de dólares no reembolsables que cada año otorga los Estados Unidos. El proyecto, la modernización de la zona norte del país tiene como principal punto la construcción de la carretera longitudinal del norte.

Hasta ese momento, otro tema que ha saltado a la palestra pública ha sido los convenios de la Organización Mundial del Trabajo. Ambos, firmados por el país, no se han ratificado en la Asamblea Legislativa. La anterior legislatura, que ha salido el último día de mayo, no lo ha hecho y ha dejado la tarea para los nuevos diputados que asumieron un día después.

Los convenios, que permiten la sindicalización, son requisitos que ha puesto la Unión Europea al país para continuar con beneficios arancelarios. Calvo, el grupo atunero español radicado en las costas orientales del país, teme perder esos beneficios (razón por la cual se ha instalado en El Salvador) y anuncia, a mediados de junio, que analiza su retirada del país. Su acción más concreta, sin embargo, fue el despido de 600 empleados.

Carmelo Mesa Lago, un economista especialista en pensiones, llega a El Salvador y sugiere exactamente lo mismo. Es más, muestra algunos de sus textos de 1998 en los que ha profetizado la situación que ahora se vive en el país: de cinco AFP (administradoras de fondo de pensiones) quedarán solo dos y la deuda aumentará constantemente.

En agosto, el secretario técnico asegura que se está preparando una reforma y que, de momento, la estrategia a seguir será disminuir el gasto público. Esa misma semana, la segunda de agosto, el ministerio de Trabajo da a conocer el incremento salarial: 10% para industria y servicios y 4% para las maquilas, es decir, 6 dólares extras cada mes.

A finales del mes, la Asamblea ratifica los convenios de la OIT.

En septiembre el gobierno da a conocer finalmente su propuesta de reforma. En realidad no es una reforma sino una reingeniería financiera. Se crea un fideicomiso para recibir aportaciones del ministerio de Hacienda y será controlado por el Banco Multisectorial de Inversiones. El fideicomiso emitirá bonos (certificados previsionales) que serán comprados obligatoriamente por las mismas AFP. Con esto el gobierno puede seguirse endeudando para el pago de la deuda de pensiones sin necesidad de que la Asamblea Legislativa le apruebe bonos que serán comprados en el extranjero.

La Asamblea aprueba el fideicomiso.

En septiembre también se anuncia que El Salvador ganó los fondos de la Cuenta del Milenio. Semanas más tarde se conocerá que el monto asignado es 20 millones más de lo solicitado.

A fin del año, el balance económico del gobierno asegura que el país creció 4.2%. El despunte de una economía que en los últimos años ha crecido menos de 2% es explicado por los economistas por el auge del comercio y la creciente entrada de remesas del exterior, calculadas como el 20% del PIB.

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