Un año inseguro

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Publicada el 01 de enero - El Faro

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Como 2005, 2006 fue un año violento. Quizá más. No sólo fueron los homicidios sino que también las extorsiones. A diferencia de 2005, este año la violencia tocó todos los niveles y la olla se destapó: primero fue el embajador de los Estados Unidos y luego la empresa privada, ambos tradicionales aliados de las últimas cuatro administraciones, los que dijeron ya basta: dieron un ultimátum para que el gobierno presentara soluciones efectivas.

Según las estadísticas homologadas de Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República y el Instituto de Medicina Legal, 3 mil 609 personas murieron asesinadas entre el 1 de enero y el 30 de noviembre. Sin contar las estadísticas de diciembre, aún no dadas a conocer, el promedio diario de muertes será de diez. La tasa de homicidios por cada cien mil habitantes: 49.75, muy por encima de lo que experimentará Colombia este año, 36.85.

Si el panorama ya se antojaba complicado, las extorsiones agravaron dramáticamente el panorama de la seguridad en El Salvador. En 2003, la PNC reportó 289 casos de extorsiones, 314 en 2004 y 493 en 2005. 2006 ha roto las estadísticas: hasta el 15 de diciembre se habían registrado 2 mil 145 casos, que representan un aumento del 335%.

El secuestro, delito que se consideraba casi erradicado luego de su combate efectivo en 2002 (cuando se realizaba un secuestro cada tres días), volvió a figurar entre las denuncias de la Policía. Al menos 15 plagios se han registrado en lo que va del año.

La segunda semana de octubre, luego de que el embajador H. Douglas Barclay encendiera la luz de alerta, la empresa privada lanzó duras críticas. Elena de Alfaro, presidenta de la Cámara de Comercio dijo en su momento a El Faro: “Los salvadoreños no podemos seguir esperando más tiempo, no podemos seguir siendo tan pacientes como los tres órganos del Estado quieren que seamos.  La violencia y la delincuencia nos están agobiando a todos los salvadoreños. Queremos acciones concretas que se vean realmente, que nos lleven a solucionar o empezar a paliar la crisis”.

Federico Colorado, ex compañero de Antonio Saca en el directorio de la ANEP, incluso advirtió al gobierno que si en dos semanas no presentaba soluciones a la crisis de inseguridad “vamos a comenzar a señalar con nombres a los responsables y llamaremos a protestas”.

Fue, sin duda, un punto de inflexión. El ahora ministro de Seguridad Pública y Justicia, René Figueroa, dio la cara por el gobierno ante la ausencia del presidente Saca (en gira por Japón, Corea y Taiwán) y aceptó el reto.

Antes de que los empresarios alzaran su descontento, los esfuerzos del gobierno, la mayoría infructíferos, no habían recibido tantas críticas.

A principios de enero de 2006, el director de la PNC, Rodrigo Ávila, se comprometió a reducir a la mitad los homicidios. Un mes más tarde, en compañía de René Figueroa, en ese momento todavía ministro de Gobernación, Ávila anunció un nuevo plan: la concentración de policías en los municipios más violentos del país.

En abril, se conocieron las primeras cifras: los homicidios eran superiores a los del primer trimestre de 2005. Las pandillas, culpó Gobernación.

En junio, justo cuando Antonio Saca cumplía dos años como presidente del país, las extorsiones eran ya una pesadilla para las autoridades. El presidente, durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, refirió unas tibias palabras sobre la situación de violencia y dijo que la seguridad “era el reto más grande de su gobierno”. Prometió impulsar “un ambicioso proyecto nacional” que no detalló.

Comenzaron entonces los cambios. El primero en irse fue el subdirector de la PNC, Pedro González. En su lugar llegó José Luis Tobar, hombre de confianza de Ávila.

El fiscal general, Félix Garrid Safie, incluso llegó a decir que los planes Mano Dura y Súper Mano Dura sólo agravaron la delincuencia en el país. René Figueroa, al conocer las declaraciones de su compañero de partido, dijo que no era momento de buscar culpables, sino soluciones.

Las extorsiones, al igual que los homicidios, continuaron al alza. En San Miguel, una de las ciudades más conflictivas de acuerdo a la Policía, los comerciantes, aquejados por una ola de extorsiones, comenzaron a hablar de paros si el gobierno no les solucionaba su problema. En la Asamblea Legislativa, en agosto, el PCN propuso la aprobación de un régimen de excepción “focalizado” para combatir la delincuencia. La medida no tuvo apoyo pero las protestas eran cada vez mayores.

La resurrección del ministerio y los $100 millones

Tres cambios importantes llegaron luego de las palabras de Estados Unidos y la ANEP. El gobierno, primero, informó que se estaba trabajando en la elaboración de una ley contra el crimen organizado, una normativa especial que permite la creación de tribunales especializados para juzgar casos de homicidios, extorsiones y secuestros. La idea, según lo aprobado hace algunos días en la Asamblea, es hacer más expeditos los procesos judiciales.

La ley ha sido criticada por la Corte Suprema de Justicia pues considera que se aprobó sin tener en cuenta de dónde se sacarían los fondos para el funcionamiento de los nuevos juzgados.

El segundo cambio fue el nombramiento de la Comisión de Nacional de Seguridad Pública y Paz Social, una instancia formada por civiles académicos, religiosos y miembros de partidos políticos, que se encargarían de asesorar y recomendar las políticas de seguridad pública, una labor que ya tenía el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

El tercer cambio de la estrategia de seguridad de Saca fue el más sorprendente. El presidente, a principios de diciembre, anuncia que revivirá el ministerio de Seguridad Pública y Justicia, una cartera que jamás debió desaparecer según diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El nombramiento de René Figueroa causó más revuelo pues se le identifica como el principal responsable de la ejecución de las políticas de seguridad de este gobierno. Es decir, el dueño de todas las dudas.

A esto se sumó la falta de fondos. El nuevo ministro, como el presidente, ha señalado que el combate a la delincuencia será efectivo siempre y cuando se le asignen los fondos necesarios a la Policía y a la Fiscalía. La herramienta ideal, ha apuntado el gobierno, es la aprobación de un crédito del Banco Mundial por 100 millones de dólares. En la Asamblea Legislativa, el FMLN ha adelantado que no dará sus votos para aprobar más deuda.

Lo curioso del caso es que la Asamblea Legislativa  no siguió las recomendaciones de la Comisión Nacional de Seguridad que solicitaba una readecuación del presupuesto de 2007 para incrementar fondos a la Policía y a la Fiscalía. Eso a pesar de que un miembro de cada partido forma parte de la Comisión. Los diputados, previo acuerdo entre ARENA, PCN y PDC, prefirieron redefinir fondos para proyectos de reconstrucción, como el de la torre de San Vicente.

El precedente hizo dudar de la necesidad de la Comisión. El ministerio de Seguridad, por su parte, tampoco cuenta con los recursos que ha pedido. El presidente Saca ha dicho que presionará con fuerza en enero para que la Asamblea le apruebe un nuevo préstamo.

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