Saca reorganiza gabinete de seguridad con las mismas caras
El Presidente hace cambios administrativos pero mantiene a René Figueroa al frente de la estructura de seguridad pública. Las cifras oficiales confirman que en 2006 volvieron a aumentar los homicidios.
César Castro Fagoaga y Alexis Henríquez* cartas@elfaro.net
Publicada el 11 de diciembre - El Faro
Entre enero y noviembre de este año se han cometido 3 mil 693 homicidios según la Policía Nacional Civil. Solo 68 menos que en todo 2005, y eso que aún queda diciembre para que se cierre 2006. Las cifras del ministerio de Gobernación señalan, de hecho, que este año cerrará con un incremento del 5.9% en los asesinatos.
A pesar de ello, el presidente Antonio Saca no quiere hablar de fracaso cuando se refiere a su plan de seguridad. "Los homicidios están bajando en los distintos municipios… y están bajando porque hemos mandado más policías, hemos mejorado la investigación", aseguró Saca a El Faro. "Estoy seguro de que el ministro de Seguridad Pública y Justicia tiene la capacidad, tiene el conocimiento y además la mejor intención, como la tiene el presidente, de que vivamos en un país más seguro", agregó instantes después de anunciar ajustes en la estructura administrativa del gabinete de seguridad, y la creación de un nuevo ministerio, que estará en manos del hasta hoy titular de Gobernación, René Figueroa.
Un estudio del Instituto de Medicina Legal, elaborado con estadísticas de enero al 31 de octubre de 2006, contradice sin embargo al presidente.
Según las los registros de este organismo, dependiente de la Corte Suprema, el número de homicidios se ha mantenido o no ha descendido significativamente en la mayoría del país, e incluso ha aumentado en 96 de las 262 alcaldías del territorio nacional. Incluso, 28 de estos 96 municipios no habían sufrido ningún homicidio en 2005 pero este año se contaminaron de la tendencia general. Es el caso de Cinquera (Cabañas) o Potonico (Chalatenango), donde no había ocurrido una muerte violenta desde 2002. Este año ya registran al menos una.
El reto de encarar esas cifras para revertirlas está, una vez más, en las manos de René Figueroa. Despojado por el presidente de algunas de las atribuciones que hasta ahora le correspondían como ministro de Gobernación, Figueroa fue reafirmado esta semana por Saca como cabeza de su estrategia anticriminal, en el nuevo cargo de ministro de Seguridad Pública y Justicia. Ástor Escalante le acompaña como viceministro en la reestructuración administrativa que les pondrá ahora al frente de ocho dependencias (ver recuadro) que, en su conjunto, deberían ser la fuente que dicte y ejecute nuevas políticas públicas de combate a la delincuencia.
El martes 5 de diciembre, horas antes de que el presidente Saca anunciara que el ministro Figueroa cambiaría de denominación, Luis Mario Rodríguez, secretario jurídico de la Presidencia, brindó una conferencia de prensa en la que dio a conocer los resultados de la reunión del Consejo de Ministros realizada ese día. "De acuerdo a lo que ha solicitado el señor presidente de la República, el nuevo ministro va a tener como principal misión formular la política de seguridad pública, que este gobierno está implementando, pero que tiene que revisarse para que quede como una línea estratégica para los futuros gobiernos, independientemente del color político que esté gobernando en el futuro", aseguró Rodríguez. "La idea es que el ministro concerte estas políticas de seguridad pública con los diferentes actores del sector de justicia y el ciudadano", añadió.
A cargo del nuevo ministerio
*La Policía Nacional Civil (PNC).
*Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
*Dirección de Centros Penales.
*Unidad Nacional Antidrogas.
*Instituto Centroamericano de Estudios Policiales (ICESPO).
*Viceministerio de Seguridad Ciudadana.
*Unidad de Protección a Víctimas y Testigos.
*Academia Internacional de Aplicación de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés).
*Unidad Técnica del Sector Justicia (UTE).
Nuevos retos del cargo
El revivido ministerio de Seguridad, disuelto en 2001, comenzará a funcionar en enero de 2007. Pero antes, de acuerdo a los expertos, deberá hacer frente a situaciones que significaron trabas en el pasado.
"En la etapa anterior, el énfasis estuvo excesivamente diseñado hacia la seguridad pública, óigase la Policía, y todas las áreas colaterales como puede ser la justicia penal o la prevención fueron áreas que quedaron seriamente debilitadas", advierte Francisco Bertrand Galindo, ex ministro de Seguridad Pública y el primer ministro de Gobernación, en referencia a los problemas operativos que la primera vez que se creó el ministerio de Seguridad se generaron entre dicha cartera y la Policía. "Era como un ministerio de Policía", agrega, "Lo que sucedió en la práctica es que el ministro empezó a discutir el rol con el director de la PNC".
Salvador Samayoa, ex presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, señala otro punto delicado: la parte de formulación de leyes. "Es que en la parte de Justicia, el razonamiento que hubo para suprimirla es cuando justicia era como una fábrica de leyes del gobierno".
Escalante tiene muy presente esa observación. Incluso, admite que una compañera de gabinete le preguntó ya si metiendo la parte de leyes dentro del nuevo ministerio no se correrá el riesgo de intervenir en las competencias de los otros poderes del Estado, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, aunque el nuevo ministerio tendrá a su cargo a la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE), que es una comisión interinstitucional, Escalante asegura que no habrá una intervención de poderes y que todas las propuestas serán discutidas entre los tres órganos.
El ministerio de Seguridad Pública y Justicia desapareció en 2001 cuando el ex presidente Francisco Flores decidió fusionarlo con el ministerio del Interior para la creación del ministerio de Gobernación. Años antes, el ministerio de Seguridad Pública, que había surgido como un viceministerio dentro de la cartera de Interior, se había fusionado con el de Justicia.
En esta nueva etapa, aprobado ya el presupuesto general para 2007, el dinero puede sumarse a los problemas de la cartera. "Los planes no se pueden financiar con poemas de amor", admite Escalante. Aunque cada entidad dependiente del nuevo ministerio tiene ya su propio presupuesto asignado, los gastos administrativos y la nacesidad de un refuerzo para Policía y Fiscalía obligarán a acciones presupuestarias inmediatas.
Por el momento se barajan dos opciones para alimentar la nueva estructura y sus primeras medidas. Ambas, sin embargo, han generado ya anticuerpos en la Asamblea Legislativa. La primera, un préstamo del Banco Mundial de 100 millones de dólares que sería redirigido hacia seguridad pública. Los diputados del FMLN, sin embargo, ya han adelantado que, como es habitual en los últimos años, no darán sus votos, necesarios para la aprobación de un nuevo crédito internacional.
La segunda alternativa supone gravar con un centavo de dólar cada minuto en llamadas por teléfonos móviles. Con la medida, basada en una propuesta efectuada semanas atrás por el PDC en la Asamblea y hoy retomada por Figueroa, se conseguirían al menos 30 millones de dólares en el primer año. Escalante considera que la disposición no sería impopular: "No quisiera pensar que la gente se enoje con esto", aventuró.
Las armas, el primer paso
El último estudio de Medicina Legal reafirma una verdad ya conocida: el 79. 4% de los homicidios registrados en El Salvador entre enero y octubre fueron cometidos con armas de fuego. De ahí que la primera medida que, a propuesta de la Comisión Nacional de Seguridad Pública y Paz Social, deberá ejecutar el ministerio de Seguridad sea la reciente restricción para la portación de armas en espacios públicos. Lo curioso del caso es, sin embargo, que la iniciativa no contó desde un primer momento con el apoyo de Figueroa.
Prohibiciones legales
*Uno de los primeros logros tangibles de la comisión es lograr que se amplíe el número de lugares donde no se puede portar armas de fuego.
Art.62 – Se prohíbe la portación de armas de fuego en instituciones públicas, centros sociales, culturales y educativos, restaurantes, hoteles, billares, plazas, gasolineras, parque de esparcimiento o diversión y áreas naturales protegidas, así como cuando participare durante la realización de espectáculos públicos, desfiles, manifestaciones o protestas públicas, reuniones cívicas, religiosas y deportivas.
* También se introdujo un nuevo artículo, en donde se manda que las municipales, la cartera de seguridad y defensa se pongan de acuerdo para realizar vedas de armas en las calles.
Art. 62-A – El ministro encargado de la seguridad pública en coordinación con el Ministerio de Defensa podrán definir lugares y períodos de tiempo específicos en los que no se permitirá la portación de armas de fuego, previa opinión del consejo municipal del municipio a afectarse.
Mauricio Loucel, presidente de la comisión y rector de la universidad Tecnológica, recibió un llamada de René Figueroa después que el presidente Saca respaldó la propuesta de la comisión. "El ministro Figueroa me habló para ponerse a disposición", señaló. Aun así, la comisión ya tuvo roces con el todavía titular de Gobernación, que señaló públicamente que solo a los delincuentes se les debían quitar las armas de fuego. La comisión venía hablando de prohibir la portación de armas de fuego en parques, plazas y gasolineras, y las declaraciones de Figueroa les parecieron un mensaje de falta de apoyo. "Algunos vieron mal lo que dijo. Pero él pidió disculpas y señaló que algunos medios habían manipulado sus declaraciones", explicó otro de los integrantes del área civil de la comisión, que pidió el anonimato.
El encontronazo abrió el debate sobre cuán vinculantes serán para Saca las decisiones de la comisión. "Nosotros entendemos, de acuerdo a las palabras pronunciadas por el presidente de la República, que está dispuesto a seguir los consejos y determinaciones de la comisión", considera Loucel. "Pero si un presidente hiciera lo que una comisión diga, sería la comisión la que dictaría todas las políticas del país y mejor no tener un presidente. Eso no se puede hacer. Vinculante moralmente, lógicamente, en el sentido de su factibilidad, sí es la comisión; pero no en el sentido de que sean ejecutadas. Nosotros somos una comisión, no somos funcionarios públicos".
Aun así, el jueves 7 de diciembre la Comisión se reunió de forma extraordinaria y ese día, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la ley de armas. Entre ellas, se generalizó la prohibición de portar armas en parques, y se agregó que tampoco podrán portarse en plazas y gasolineras. Además se agregó un literal A al artículo 62, en donde se explica que el Ministerio de Seguridad, el de Defensa y los consejos municipales deberán ponerse de acuerdo para prohibir que se porten armas en lugares y tiempos definidos (ver recuadro).
La ley no fue reformada hasta que la comisión terminó su reunión en el salón de reuniones de la rectoría de la Universidad Tecnológica. El fin de ésta fue establecer la agenda temática que se abordará con el presidente en una reunión de dos horas programada en Casa Presidencial para este lunes 11 de diciembre. "El presidente Saca nos recibirá en casa presidencial. Entendemos que hablará con nosotros sobre el papel que estamos desarrollando. Nosotros solicitamos la audiencia. Es un momento de protocolo, de cortesía, pero se trataran asuntos sobre como trabajará el nuevo ministerio con la comisión ", explicó Loucel al final de la jornada de trabajo.
