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ENCUENTROS Presidenta del Tribunal de Ética Gubernamental pide ley de acceso a la informaciónEl tribunal ya está conformado aunque no cuenta con atribuciones concretas. Su presidenta, Lizzete Kuri de Mendoza, insiste en que solo una ley marco que defina plazos, procedimientos y tipos de información pública o secreta hará que las instituciones avancen en transparencia y rendición de cuentas. Daniel Valencia / Foto: Edu Ponces
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La presidenta del Tribunal de Ética Gubernamental, Lizzete Kuri de Mendoza, considera necesaria la redacción y aprobación de una ley de acceso a la información, y sugirió la posibilidad de que la institución que encabeza asuma la coordinación de un esfuerzo institucional para crear un anteproyecto de ley.
“Creo y sostengo que sí es necesario que tengamos, al igual que otros países, una ley de acceso a la información y transparencia”, remarcó la funcionaria. “Lo que debemos hacer es coordinarnos con otras instituciones. (En el tribunal) tenemos representantes de varias instituciones, y debemos comenzar a elaborar en una forma conjunta lo que puede ser el anteproyecto de ley”, detalló el martes 28, minutos después de participar en Encuentros, la cena política de El Faro, un debate que abordó la transparencia en las instituciones del Estado.
De los participantes en la mesa del debate, formada además de Kuri por la encargada de asuntos legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Claudia Umaña; el diputado del FMLN Hugo Martínez; el editor de la revista Enfoques de La Prensa Gráfica, Ricardo Vaquerano; y el presidente de la Administración Nacional de Aguas (ANDA), César Funes, sólo este último no apoyó la iniciativa de crear una ley de este tipo.
Como ya ha hecho también anteriormente la Comisionada para la Gobernabilidad, Gloria Salguero Gross, Funes respaldó la postura hecha pública por el presidente Antonio Saca, que hace una semana adelantó a El Faro: “Yo no voy a promover ninguna ley de acceso a información”. “En este tema tenemos marcos legislativos dentro de los cuales podremos caminar mucho todavía en perfeccionar las herramientas que como gobierno tenemos”, argumentó Funes.
MARN pide una semana más de espera |
Hace dos semanas, El Faro quiso verificar cuál es el grado real de acceso a información pública en el país actualmente, y envió seis solicitudes de información a igual número de entidades gubernamentales el viernes 17 de noviembre. En ellas se pidieron datos puntuales: a la Alcaldía Municipal de San Salvador se le solicitó el informe de gastos en la adquisición de la nueva flotilla de camiones recolectores de basura; a la Corte de Cuentas de la República, las auditorias de la Alcaldía de San Miguel en el período 2003-2006; al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), los nombres de las 350 empresas que contaminan mantos acuíferos, un listado que el ministro ha admitido tener desde noviembre de 2004; a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el estado de los informes de Probidad de los ex funcionarios durante el gobierno del ex presidente Francisco Flores; a la Asamblea Legislativa, las planillas del personal de los cinco grupos parlamentarios, detallada con nombres, cargos y salario devengado; y al Ministerio de Hacienda el gasto en publicidad del Ejecutivo. De las seis, sólo la Alcaldía de San Salvador y la Corte de Cuentas entregaron parte de la información solicitada. La Corte Suprema de Justicia respondió que no podía dar la información porque la Constitución se lo prohibía y la Asamblea no respondió al llamado. Hacienda delegó la gestión en el secretario de comunicaciones de la presidencia, Julio Rank, quien pidió tiempo para satisfacerla. El MARN, según dijo la asistente del despacho del ministro Hugo Barrera, Ivon de Umanzor, daría la información la semana pasada. Sin embargo, tras cuatro llamadas durante la semana, Umanzor dijo el viernes 1 de diciembre que habría que esperar un poco más. “Ya tengo toda la información, ya la tengo aquí, pero se la daré al ministro hoy para que la vea, tal vez el fin de semana, y ver si autoriza que se la entreguemos”, dijo. Esperamos. |
Kuri, que fue nombrada por la Asamblea el pasado 1 de noviembre, enfatizó por el contrario que una ley de acceso a información debe incluso definir sanciones para garantizar su aplicación. “Lo importante es que contemos con una ley y que también tenga algún mecanismo de sanción, porque lamentablemente los salvadoreños no entendemos: si no pensamos cuál va a ser la sanción que se va a imponer, no lo vamos a cumplir”, valoró, para añadir: “Tenemos que tener no únicamente la ley, sino los mecanismos establecidos claramente de qué es lo que va a suceder si no se entrega la información que se está requiriendo a determinada institución”.
La funcionaria específico además que esa ley debe dejar claro qué tipo de información será pública y cuál no, cuál estará en reserva, plazos para acceder a esa información y una tipificación de los usos se le podrá dar a la información considerada secreta.
En cualquier caso, la funcionaria adelantó que, mientras no haya una ley específica, la Ley de Ética Gubernamental faculta al Tribunal que ella preside –y que se terminó de conformar el jueves 23 de noviembre- para crear políticas y reglamentos que deberán ser acatados por todas las oficinas de la administración pública. Al preguntarle si esas políticas o reglamentos serían de obligatorio cumplimiento para las instituciones, Kuri fue sin embargo imprecisa y admitió que la ley “no es muy clara en ese aspecto”.
“Pudiera ser que hubiera un cumplimiento voluntario, pero al mismo tiempo se podría comenzar a trabajar en la ley del acceso a información y transparencia”, concluyó.
La Ley de ética Gubernamental fue aprobada en abril de este año por la Asamblea Legislativa y su principal organismo rector, el Tribunal de Ética Gubernamental, fue creado el primero de noviembre de este año, integrado por un presidente, designado por la Asamblea Legislativa, y cuatro representantes más que han sido nombrados en las últimas semanas. Uno de ellos, Patricia Díaz de Morales, fue propuesto por el presidente de la República; el Ministerio Público designó a Jorge Ernesto Viales, y la Corte de Cuentas de la República nombró a Aura Estela de Paz de Callejas. El representante de la Corte Suprema de Justicia fue el último en designarse, según Kuri. “Fue el jueves 22. Se nombró al doctor José Mario Acosta Calderón”.
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