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Las pistas del fiscal Pérez Juárez

Su trabajo es procurar que no haya crímenes perfectos, pero de antemano su labor se antoja difícil: de acuerdo con las cifras oficiales, sólo el 2% de los homicidios que investiga la Fiscalía General de República acaban en condena.  El Faro pasó una semana con los fiscales de la unidad de vida encargados de investigar los homicidios durante jornadas de hasta 32 horas, en las que se reconocen cadáveres y se trazan las primeras líneas  de las pesquisas.  

Este relato recoje las vivencias de fiscales que tienen no menos de 100 casos por investigar y laboran en uno de los municipios donde más asesinatos ocurren: San Salvador, la capital de uno de los países más violentos de América Latina.

César Castro Fagoaga
Fotos: Edu Ponces

cartas@elfaro.net
Publicada el 04 de diciembre - El Faro

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Los casquillos se esparcen por el suelo ante un joven asesinado en la colonia La Rábida. Medicina Legal pudo contar al menos 22 agujeros de bala en su cuerpo.

El fiscal Pérez Juárez tiene cara de no haber dormido en dos días. Entra a la casa de turno arrastrando el peso de su labor. Hasta este día, desde que comenzó el año, ha tenido que lidiar con 100 casos. Todos homicidios.

Se curtió trabajando en Zacatecoluca, siempre en casos donde la vida se le arrebata a alguien. Ahí lo conocían como Jesús, un fiscal más de la unidad que investiga homicidios. Hace dos años lo trasladaron a San Salvador donde le llaman fiscal Pérez Juárez. Eso le gusta más.

La recepción de la casa de turno es un pequeño espacio con paredes amarillas manchadas de hollín, separado por cuatro biombos azules que componen los cubículos. Como cada día, es el lugar donde desde las cuatro de la tarde los fiscales de turno se congregan a la espera de casos. Son cuatro en total: dos de recepción y los dos de la unidad de vida, que cargan con la desgracia de tener que ir a reconocer cadáveres.

Esa noche le toca al fiscal Cabrera recibir las diligencias. Delante de su escritorio se sientan los más variopintos investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC), que llegan a la Fiscalía para que “los licenciados” les aprueben los pasos a seguir en la investigación de cada caso. También acuden los empleados de los distintos tribunales, encorbatados y engominados, con una retahíla de escritos que mandan los jueces.

Desde que es fiscal, a Cabrera le han tocado siempre turnos de receptor. Nunca ha participado en un reconocimiento de muerte natural ni en una escena de crimen. Esta noche dice que quiere hacer algo diferente, para aprender. Lo suyo, durante un día normal, es investigar el pago de impuestos. Y tiene 400 casos de ese tipo acumulados, muchos de ellos de gente que debe cinco dólares de IVA.

Un grupo de policías vestidos de civil se acaba de marchar y lo que acaba de entrar no es exactamente un caso de impuestos. Cabrera recibe a los dos hombres pero pronto se da cuenta de que no podrá hacer nada por ellos. Los escucha y les dice que el licenciado encargado pronto volverá.

El Pérez Juárez regresa pasadas las ocho. Los dos hombres tienen media hora de estarlo esperando. Uno de ellos, más joven que el otro, fornido y con voz de niño, le explica que han llegado a la Fiscalía porque en Medicina Legal no les han entregado el cadáver de su hermano. A su lado hay un hombre avanzado en la vida, con la piel quemada, que dice ser el padre de Jorge Alexander Ramírez, el joven que fue estrangulado en la mañana en las cercanías del monumento al Hermano Lejano.

El problema, se percata rápidamente Pérez Juárez, es que el nombre y la foto que aparecen en el documento de identidad son imperceptibles. Si no se comprueba el vínculo familiar, les dice, no se les podrá entregar el cuerpo. El fiscal les recomienda que mañana muy temprano acudan al centro de emisión de documentos para que les extiendan una constancia. El anciano ha escuchado atentamente la explicación y, todavía sin entender, susurra: “¿Es decir que el cadáver de mi hijo lo voy a tener hasta mañana?” El fiscal Pérez Juárez aprieta los labios. Mira hacia otro lado mientras pronuncia un seco sí.

“Tenemos trabajo”
Desde la visita de los dos hombres ha pasado una hora muy larga, de por lo menos 120 minutos, y los fiscales saben es un tiempo de tranquilidad peligrosa. El fiscal Pérez Juárez se ha acomodado en la sala de reuniones de la casa de turno. En la delegación centro de la PNC un sargento que casualmente se apellida Pérez marca el 2223-6586 de la Fiscalía para sacar a Pérez Juárez de su letargo de cinco minutos. Se levanta, contesta el único teléfono y toma los datos. Fue una llamada corta y muy precisa. El fiscal ha anotado una dirección y luego se gira: “Ya tenemos trabajo”.

La escena está acordonada con un lazo verde. Es frente a una farmacia de nombre Ignacio donde también sacan fotocopias y hacen laminaciones. Los disparos, según los vecinos de los edificios de mini apartamentos, se escucharon a las ocho y media. El fiscal Pérez Juárez llega a la colonia Dolores, cerca del Rancho Navarra, con su chumpa azul y tres grandes letras, FGR, en la espalda. Entra por la verja en silencio, observando a cada lado. Se detiene a varios metros frente al lazo verde y anota algo en su hoja. Una investigadora menuda, embutida en un ajustado pantalón, se le acerca para comentar lo que han averiguado: un hombre de tez blanca, pelón, con bigote ralo, ha disparado al joven después de bajarse de un Honda Civic del 98 color azul negro.

“¿Maras?”, pregunta el fiscal. La investigadora se apunta una mueca antes de contestarle. “Parece que no, pero eso es lo que tenemos ahora”. Un agente novato del sistema 911 se ha acercado para escuchar un poco. ha pasado la noche de guardia y aún no comido desde la mañana, y cree, casi sin dudarlo, que las pandillas son las seguras culpables.

La abuela de José A. observa como el equipo del Laboratorio Científico de la PNC, Medicina Legal y la Fiscalía reconocen el cuerpo de su nieto.

Pérez Juárez da un par de vueltas más alrededor de las pruebas. El panorama no parece esperanzador: lo único que tiene a la vista son varios charcos de sangre espesa y once jóvenes curiosos que no dirán nada. “Es el problema de siempre”, dice el fiscal, “testigos hay pero nadie dice yo he visto”. La técnica manda, para casos como este, que el fiscal sea lo suficientemente hábil para detectar al testigo clave y luego interrogarlo por separado. Esta noche tendrá que convencer al dueño de la farmacia, un hombre que esconde su miedo tras unas enormes gafas.

Dentro de lo que el argot llama “la escena”, cuatro investigadores de la Policía intentan hacer su trabajo. El auto en el que han llegado los identifica como miembros del Laboratorio Científico: dos que manipulan todo lo que encuentran, otro que dibuja lo que mira y un último que se encarga de tomar fotos. Hasta el momento los siete indicadores de pista que han puesto, pequeños rótulos blancos con número negros, nada tienen que ver con casquillos de bala. Eso se lo hacen saber al fiscal Pérez Juárez. Él recibe la información e infiere: “parece que fue revólver”.

El investigador Medina, el encargado policial de las fotos, que sonríe todo el tiempo, atraviesa el lugar mientras manipula su cámara, una réflex análoga con un flash desproporcionado. Ha dado un par de vueltas, pasa debajo del lazo verde y suelta la frase: “Por desperfectos mecánicos no voy a tomar fotos aquí”. Nadie le presta atención.

Pérez Juárez ha decidido recostarse en un auto aparcado para esperar la resolución técnica de los policías que están a su cargo en esta investigación. Relee cuidadosamente sus anotaciones y pronto se percata de lo poco que tiene a su favor. ¿Huellas de llantas en el pavimento? “No, responde el fiscal, en el laboratorio no tenemos equipo para eso, y bueno, todavía se podría si la escena estuviera intacta...”.

Pero este, sin embargo, no es ni de lejos su caso más complicado. Esta noche tiene por lo menos posibles testigos. Hace tres semanas, en día de turno, se topó con una situación caótica. De entrada le pareció un crimen perfecto. El 18 de octubre, tres jóvenes aparecieron estrangulados, con los brazos amarrados detrás de la espalda, a escasos cien metros de Casa Presidencial. Los habían arrojado en plena calle a primera hora de la mañana.

“Ahora sabemos que eran de Ahuachapán”, dice Pérez Juárez con un ligero brillo en sus ojos. Agricultores, que habían venido a la ciudad a buscar trabajo. Eso, sin embargo, es todo lo que la investigación ha avanzado.

El fiscal está concentrado en su relato cuando lo que mira le saca de su ensimismamiento. Los del Laboratorio Clínico están guardando sus utensilios en una hielera grande y roja listos para partir. “¿Y las fotos?”, pregunta Pérez Juárez. Uno de los investigadores le responde rápidamente que no podrán fijar el literal A porque la cámara se ha estropeado. El fiscal pone cara de interrogatorio pero calla y lanza un gesto de reprobación. Medina, que ha visto lo sucedido, se acerca para explicar que el flash no sirve.

El sonriente investigador propone que consigan una cámara en la Fiscalía. Pérez Juárez ojea su reloj metálico y lo interrumpe con un rugido: “Ya no hay criminólogos a esta hora”. Luego se da la vuelta con parsimonia y camina unos pasos para tratar de bajar la cólera. “La escena la podríamos dejar así pero, ¿cómo le compruebo al juez lo que le pongo en el acta?” El fiscal está molesto. “Tengo que tener fotos”, remata.

Ha pasado media hora y el fiscal ha llamado ya a la delegación centro de la PNC para solicitar otra cámara. Le han contestado que se la tienen lista, momentos antes de que el inspector Medina suelte otra bomba: que la cámara está bien, lo único que le hace falta son baterías. Pérez Juárez no pierde la compostura pero su lenguaje corporal denota que está harto, fastidiado. “¿Es la cámara, las baterías o solo el flash?”, increpa. El encargado del Laboratorio, visiblemente avergonzado, llama a Medina, que se ha rezagado un poco, para que explique. El fotógrafo ha perdido la risa y le cuesta comenzar a hablar. Según él, lo mejor será irse a buscar otra cámara, aun cuando el fiscal le ha dicho que puede comprar él, de su bolsa, las baterías que hagan falta.

Más tarda Pérez Juárez en acabar de hablar que los de Laboratorio Científico de la Policía en irse. Los otros investigadores se han apartado y el fiscal ha resuelto reportarlos. “Esto lo tengo que informar”, dice, “no estoy acostumbrado a trabajar con gente poco seria”.

Pasará otra hora antes de que la escena del crimen sea procesada y el fiscal Pérez Juárez parta al hospital Rosales para escuchar el dictamen forense sobre el cadáver. Cuando recibió la llamada, poco después de las 9:30, le dijeron que José A., un joven de 16 años, había muerto camino al hospital producto de los impactos de bala que recibió en una verja cercana a la farmacia Ignacio. Al llegar se da cuenta de que José en realidad tenía 15 años y que su compañera de vida, tres años mayor que él, está por dar a luz.

Lo que se vive fuera del área de emergencias del hospital amarga el espíritu. La familia de José está recluida detrás de la camioneta negra que ha servido de ambulancia. Lo único que se ve del cuerpo son sus pies, ataviados por impolutos calcetines blancos. Pérez Juárez, que caminado resuelto hacia la familia, espera la llegada de los peritos de Medicina Legal.

El interrogatorio, en conjunto con los mismos investigadores que lo han acompañado frente a la farmacia, comienza con el padre. Se trata de un hombre joven, de bigote, adornado con anillos en cada uno de sus dedos. Está destrozado y apenas puede hablar. Su mujer, a su lado, no puede ni quiere contener el llanto. Pérez Juárez se dirige después a la viuda y logra intercambiar palabras por un lapso de cinco minutos antes de la llegada del forense.

Los forenses hacen su trabajo con frialdad prudencial. Lo hacen frente a la familia de José, que no tiene otro remedio que permanecer ahí y mirar. El cuerpo sufre desde hace ratos el rigor mortis. El médico da órdenes a su ayudante para que manipule y gire al cadáver. Alumbra con una lámpara de luz neón y se agacha para observar bien los detalles. Pérez Juárez lo sigue atentamente y anota en su tabla las apreciaciones del forense: la muerte la causaron los once orificios de bala.

Tras 20 minutos, el examen, hecho sobre el pavimento, termina. Medicina Legal pone el cuerpo en una bolsa negra y lo sube a un recién estrenado pick up doble cabina. Pérez Juárez retoma su interrogatorio. Sabe, como en la mayoría de los casos que la Fiscalía atiende, que las pruebas científicas que ha recogido la Policía lo llevarán únicamente a saber el tipo de arma que causó la muerte. Es improbable que sea una de las registradas. Su trabajo depende únicamente de los testigos.

El fiscal se aproxima de nuevo al padre, puesto que la viuda está rota. Con la diplomacia que está aprendiendo en un curso para fiscales le intenta explicar que lo necesita para la investigación, que su declaración, y especialmente la de su nuera, son imprescindibles. “El joven murió en brazos de ella”, le recuerda el fiscal apuntando a la viuda, como si el padre pudiera olvidarlo.

El hombre endurece su rostro y le responde al fiscal: “Yo quisiera creerle, pero esto son solo papeles. Si yo hubiera estado ahí, esto no hubiera pasado. Créame, licenciado, si me entero quién fue, lo quemo”.

El fiscal Pérez Juárez lo escucha atento y enmudece. Son casi pasadas las doce y ha empezado a llover.

Una mujer inhala pegamento junto a la zona acordonada por un asesinato en uno de los lugares más violentos del país, la 10ª avenida sur, en el centro de San Salvador.

La muerte de una mujer sin nombre
No hace falta ser experto para saberlo, pero la incipiente noche y las condiciones hacen que el pronóstico sea sencillo: el rescate durará horas. El aviso de los vecinos a la Policía fue a las 10:50 de la mañana, pero es ahora, recién a las seis de la tarde, que los investigadores, algunos agentes comunes y los bomberos están parados frente al barranco.

Se trata de una caída de 30 metros. Abajo pasa un río que por momentos parece de color rojo, morado o café. El olor siempre es el mismo: a podredumbre. La gente de la colonia La Luz, un conjunto de casas divididas por el río Acelhuate, alertó de un cadáver en el agua, atrapado entre las rocas.

Desde el punto de reunión policial, muy cercano a la 49 avenida sur, lo único que se mira es agua. Una voz de mujer, firme, interrumpe la escena: “Por lo que sé nadie ha escuchado nada. No fue aquí donde lo mataron”. El grupo de investigación se reúne en torno a la fiscal Patricia Lara para seguir sus instrucciones. De momento, lo que toca es esperar y esperar.

Este ha sido un día duro para la fiscal. Antes de venir a La Luz ha tenido que atender cuatro muertes violentas en San Salvador. Una de ellas, por cierto, la trajo ya por la mañana al Acelhuate, aunque a varios kilómetros de donde ahora se encuentra, en el barrio San Jacinto. Otro cadáver flotaba en el río para borrar pistas.

Lara explica: “Esta se conoce como zona de liberación, no de los hechos”. Ella, una mujer rígida y seria, está parada al borde del precipicio, que ha sido iluminado parcialmente gracias a una lámpara potente que los bomberos tienen conectada a su camión rojo, ese mismo que no cuenta con una camilla que sirva para subir el cuerpo. Minutos atrás se lo ha dicho el subteniente de los bomberos encargado del rescate.

El caso le compete por ser una muerte violenta, de eso no hay duda. Lo diferente esta vez es que se limitarán a examinar el cadáver: no hay escena que procesar ni mucho menos testigos. Lara ha dado ya la voz de mando en cualquier caso: los investigadores, mientras esperan la camilla, han puesto la cinta amarilla como a ella le gusta, con espacio, con los curiosos lejos.

Ella, a diferencia del fiscal Pérez Juárez, que ha tenido el turno la noche anterior, parece inmutable. La calma la acompaña en todo momento, aun cuando este parece ser otro caso sin respuesta. “Usted cree que esto es complicado”, sentencia. La fiscal se ufana de tener experiencia en situaciones similares. “Yo fui la encargada del rescate de tres cadáveres en San Jacinto, qué más difícil que eso”, comenta mientras se compone las gafas.

Da por terminada la conversación y se levanta del pequeño muro para seguir dando órdenes. Han pasado dos horas desde su llegada y es evidente que a Lara no le gusta comentar más de lo necesario mientras trabaja. La balsa ha llegado y los bomberos, acompañados de un agente policial, han comenzado el descenso. La fiscal ha solicitado “una doble L” (llamada telefónica) a Medicina Legal. “Ellos son los únicos que tienen bolsas negras grandes”, explica.

Los 26 fiscales de la unidad de vida tienen a su disposición el mismo celular cada vez que hacen turno. Se trata de un Motorola muy pequeño, negro, que arma un buen estruendo con cada timbrazo. La fiscal Lara lo atiende rápido. Son las 8:15 y la llamada significa otro muerto: Décima avenida sur, cerca de la discoteca Los Mismos, una zona alegre y dura del centro de San Salvador.

Sabe de sobra que en el barranco le quedan aún un par de horas. Lara piensa unos segundos y continúa la conversación: “Adelantemos, Medicina Legal se tardará un buen rato más. Acordone desde ya, que luego de acá vamos para allá”, le ordena a su interlocutor policial. Luego, se voltea y dice: “Parece que fueron unos sujetos que pasaron disparando”.

Lo que la sigue reteniendo ahí es la ausencia de una bolsa negra. La explicación para el retraso es de una sencillez matemática: solo el municipio de San Salvador  tiene dos fiscales encargados de ver muertos; las demás delegaciones de la Fiscalía (Apopa, Mejicanos, San Marcos, Nueva San Salvador y Soyapango) aportan uno por cabeza. Medicina Legal, en cambio, cuenta con un solo equipo de turno para los reconocimientos de toda el área metropolitana de San Salvador. Lara, así pues, tendrá que esperar por su bolsa.

Una nueva llamada y el anuncio de otro fallecido. Van siete reportados hasta el momento, solo en San Salvador. Esta vez, sin embargo, no es un caso que le corresponda, pues se trata de una muerte natural. Es en la comunidad Iberia, uno de los lugares más conflictivos de la capital. “No puedo ir yo a la Iberia”, le explica Lara a su colega, que llama desde la casa de turno. “Yo me encargo solo de las violentas”.

Los dos convienen que es cierto. La encargada será la licenciada Wendy, que irá acompañada por la Policía aun cuando no es necesario por no tratarse de una muerte violenta: tiene miedo de ir sola. En la Iberia, el muerto no es reciente. Los vecinos lo han reportado luego de tres días de un olor que describen como nauseabundo.

A las diez, tras dos horas de intenso trabajo casi oscuras, los bomberos han rescatado el cuerpo desnudo de una mujer. Medicina Legal llegó con la bolsa y el perito calificado lo tuvo complicado: de qué murió la mujer todavía es un misterio.

La fiscal Lara toma nota y se marcha en busca de la otra escena de un crimen, esta vez a una de esas que son más habituales: ambientes sórdidos, alcohol y armas de fuego.

Cuando llega, cerca de las once de la noche, parecería que en la calle no ha pasado nada, aun cuando hay un cadáver en plena calle y una cinta policial que restringe media cuadra. La discoteca los Mismos es un pequeño antro donde solo se vende cerveza y nadie baila. Tiene mesas verdes, suelo gris mal cuidado y un rótulo grande cerca de una de las dos puertas que dice: “Demuestre su cultura no subiéndose en las mesas. Atentamente, La Gerencia”.

El cuerpo del hombre está tirado frente a la entrada principal de la disco. Sus ojos abiertos se dirigen hacia al cielo y tiene los brazos extendidos. Hasta ahí alcanzó a correr luego de que le disparan en el interior de Los Mismos.

El pick up de la Fiscalía está estacionado frente al club internacional (así se autodenomina) Copacabana, un restaurante bailable popular que se encuentra a escasos veinte metros del cadáver. Dentro, veinte parejas bailan pegado, despreocupadamente, una canción propicia: Locura Automática. Afuera, dos tipos enclenques manipulan dos armas semiautomáticas para brindar seguridad a los clientes.

La fiscal Lara se pone los guantes y entra a la escena. Esta vez no tendrá que esperara a Medicina Legal pues ambos autos vinieron juntos desde la colonia La Luz. El forense, sin embargo, esperará a que los investigadores de la Policía recolecten todas las pruebas. Lara, mientras, conversa con el dueño de la disco, un hombre de panza prominente, bigote y una espesa coleta negra.

Desde detrás de la línea de seguridad policial solo se pueden seguir los movimientos de Lara. Esa noche su presencia en el lugar se limitará a supervisar el trabajo de los investigadores que el turno le ha deparado. Con su único testigo ha hablado ya y lo que le resta es escuchar el dictamen del forense para cumplir con el debido proceso.

En la cuadra hay muy pocos curiosos. Tres de ellos, sin embargo, están pacientemente parados detrás de la línea, y no por morbo. Son tres muerteros, de tres funerarias diferentes, que esperan que el ayudante del forense manipule el cadáver para revisar si hay documentos en los bolsillos: necesitan un nombre para contactar a la familia y ofrecer sus servicios.

La inspección dura media hora. Luego, el forense comienza a trabajar. El ayudante revisa el cuerpo y luego de hurgar se gira hacia los muerteros con una mueca de decepción: “no hay papeles”, les dice con los labios. Dos optan por irse y solo una funeraria se queda. El forense, luego de girar dos veces al hombre, dictamina: “muerte causada por no menos de siete impactos de bala, seis en el torso”.

Medicina Legal termina y se retira. El muertero que se ha quedado se sube a su pick up y sigue al perito. La fiscal Lara, que ha pasado la mayor parte de tiempo dentro de la discoteca, sale y mira hacia la calle. Está exhausta y responde con un gesto de hastío: esta noche no quiere seguir hablando.

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