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Óscar Bonilla, director de la CNSP

“Yo espero que la Comisión de Seguridad nos llame”

El gran ausente en la mesa presidencial que busca soluciones a la violencia en El Salvador es el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Pese a la experiencia que relata su director, adquirida desde el 2000, aún no son convocados para compartir sus conocimientos en prevención del crimen desde los ciudadanos.

Texto y foto: Alexis Henríquez
cartas@elfaro.net
Publicada el 20 de noviembre - El Faro

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El Consejo Nacional de Seguridad Pública comenzó en el 2000 a trabajar en  prevención de la violencia en las comunidades. Pese a estos años de experiencia, su director, Oscar Bonilla, recalca que no fueron tomados en cuenta para participar en la Comisión Nacional de Seguridad y Paz Social que juramentó el presidente Antonio Saca. Hace cuatro semanas, el Ministerio de Gobernación comenzó a elaborar la lista de sectores que estarían dentro de la Comisión. Esta cartera de Estado, de la cual depende el Consejo, no los incluyó.

¿Por qué no fueron llamados a participar en la Comisión Presidencial de Seguridad y Paz Social?
Todavía no nos han llamado. Yo espero que nos llamen.

¿No le han dado explicaciones?
Imagino que porque se están instalando, viendo el menú de todo lo que van a evaluar.

¿Por qué quieren estar en la Comisión?
Para que nosotros expliquemos los modelos que se están desarrollando en el país desde el año 2000. Son modelos preventivos que abarcan desde la prevención primaria hasta la terciaria, que tiene que ver con la rehabilitación y reinserción de jóvenes que han estado en conflicto con la ley.  Uno de los mandatos que tiene esta comisión es trabajar en la prevención. Es un modelo que hemos aplicado en varios municipios y colonias, como la 22 de abril, en Soyapango.

¿Qué hacen en la 22 de abril?
Logramos rescatar un espacio público que antes era un lugar de enfrentamiento, donde se consumía licor, droga. Ahora es un espacio de esparcimiento para los jóvenes a partir de la organización de los vecinos. Hay un consejo de administración de los vecinos que vela por el buen uso de esos espacios. Entonces, es un concepto que no busca solo atender el tema de la violencia, sino también de protección.

La 22 de abril está rodeada de otras colonias donde sí hay violencia. ¿Cómo se hace para que no la afecte?
Buscamos que el liderazgo comunitario sea la garantía para conversar con estos jóvenes, para que no vayan a hacer alguna acción dirigida a afectar el uso de un espacio. Es la misma capacidad de interlocución de la comunidad la que permite tener estos espacios. No un liderazgo partidario, como en el pasado. Sino a partir de un reglamento de uso de instalaciones. Ahí no se puede llegar a consumir alcohol, no se pueden provocar riñas, ni se puede andar sin camisa. Nosotros intervenimos donde la gente lo quiere. También se trata de atender a los niños en los centros escolares, para que tengan una escuela donde se sientan protegido. Ese es otro factor, el retener a los niños y evitar la deserción en las escuelas.

¿Qué papel juega la Policía?
Al final de todo lo que hacemos con todos estos elementos, viene el enlace policial. La comunidad sabe dónde venden droga, dónde tienen armas, dónde están los sicarios. Y la comunidad trata también de garantizar que la Policía haga su trabajo. Ese es el conjunto que ponemos en la prevención primaria. Pero también, como en una comunidad se encuentran jóvenes en riesgo, o que vienen del sistema carcelario, hay programas para ellos. El tema para nosotros es cómo rehabilitarlos. También hemos llevado talleres en el sistema carcelario. Eso nos ha permitido conocer a profundidad el ser de las pandillas. También tenemos una granja de rehabilitación. Aprendimos que podemos juntar a miembros de ambas pandillas, que se pueden rehabilitar en un 75 por ciento. Por estas razones, más todo lo que es municipio libres de armas, más un observatorio sobre violencia, debería de creer que la Comisión tiene que llamar al Consejo para que expliquemos el camino recorrido y elevar a modelos de prevención lo que tenemos.

Entiendo que el trabajo de la comisión es para ver el tema de la violencia en El Salvador en un entorno más global. En cambio, ustedes focalizan los proyectos. Lo hicieron así en la colonia IVU, en la 22 de abril; de igual forma ocurrió con la campaña contra las armas en San Martín e Ilopango.
La focalización obedece a una lógica de medición de impacto y de atender donde está el problema. Cuando son políticas generales y planes nacionales, responden por todo y por nada. Si focalizamos podemos decir lo que funciona y no funciona. Y, en algunos casos, hemos tenido fracasos.

¿Sería un fracaso el caso de Ilopango, porque no hay reducción de homicidios?
No hemos reducido la tasa de homicidio, pero sí la tasa de delitos cometidos con armas de fuego. Los homicidios aún están en signo de interrogación, porque muchos no son cometidos en el municipio. También porque el refuerzo policial llego hasta julio en Ilopango. En San Martín, cuando arrancó el tema de libres de armas, hubo un refuerzo policial.

¿Qué pasó en el caso de la colonia IVU? Ahí el presidente Antonio Saca dijo que la colonia estaba libre de pandillas, y los periódicos lo contradijeron meses después.
Son ciclos. Pasa por una metamorfosis. Hay que recordar que cuando el presidente visitó la colonia, era un momento de aplicación de un plan policial, donde evacuaron a los pandilleros que estaban en ese lugar. Pero regresaron. Ahora estamos en un proceso más integral. Lo que estamos haciendo es brindándoles oportunidad. Pero hay casos que va a ser casi imposible, porque han entrado a un nivel de violencia a un nivel personal que no tienen retorno.

¿De eso no tiene capacidad el Consejo Nacional de Seguridad Pública?
Es imposible. Requieren de desintoxicación de drogas, psiquiatras. Ya no nos corresponde a nosotros, sino a la Policía, Fiscalía, Centros Penales, jueces, para garantizar que no sigan delinquiendo en la calle.

La Comisión está evaluando el modelo de la campaña contra las armas, que se ha hecho en San Martín e Ilopango, a escala nacional.
Pero es que no sólo es el tema de las armas, sino de articular toda la institucionalidad del Estado a partir de que los gobiernos municipales asuman la responsabilidad también de prevenir la violencia y la delincuencia. El gobierno municipal debe de saber qué está pasando en su municipio.  

Existe una ley que prohíbe las armas de fuego en los lugares públicos. El ministro de Gobernación, René Figueroa, señaló que no se cumple porque no tienen los suficientes policías para que se encarguen de eso.
Lo que pasa es que este tipo de modelos permite que las personas respondan. Nadie puede alegar ignorancia de la ley. Al adquirir un arma, uno debe de saber dónde puede y no portarla. El éxito de este programa es de informarle a la gente por los medios locales. Le estamos recordando al ciudadano que debe de cumplir con la ley. Debemos de empezar a insistir que estos son los modelos que debemos de aplicar para reducir la violencia en el país.

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