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Comisión de Seguridad se estanca en debates

Hace tres semanas se prometió que después de dos reuniones habría propuestas a corto plazo para apalear la violencia en el país. Pero la diversidad de intereses en la Comisión ha impedido avances.

Alexis Henríquez / Foto: Walter Sotomayor
cartas@elfaro.net
Publicada el 20 de noviembre - El Faro

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La Comisión Nacional de Seguridad recién nombrada por el presidente Antonio Saca debatía la semana pasada en qué lugares prohibir la portación de las armas de fuego, intentando crear una propuesta más amplia del proyecto de municipios libres de armas que ha logrado reducir a la mitad el promedio de homicidios en San Martín.

En la mesa, los 15 miembros de la comisión también discutieron el desarme total de las personas en las calles, y que sólo se permita la tenencia de las armas en las casas. Y también consideraron prohibir la importación mientras dure la ola de  violencia en El Salvador, una propuesta lanzada por el representante del FMLN.

La Comisión de Seguridad también está buscando a qué carteras de Estado quitarle presupuesto en 2007 y darlo a la PNC. “Pero dudo que para esta semana tengamos ya un acuerdo”, consideró un integrante de la Comisión que no representa a ningún partido político. Él prefiere el anonimato, como otros tres miembros de la Comisión, porque el único vocero autorizado es monseñor Jesús Delgado, el representante de la Iglesia Católica.

La Comisión está compuesta por cinco representantes de los partidos políticos con fracciones parlamentarias, cuatro rectores de universidades, un representante de la Iglesia Católica, un representante de la Iglesia Evangélica, un economista de FUSADES, el presidente de la ANEP y la presidenta de la Cámara de Comercio.

Fue Delgado el que, hace tres semanas, reveló que en la primera reunión de la Comisión se había acordado que en dos semanas se tendría propuestas a corto plazo y de ejecución inmediata. Pero aún no hay nada.

Los debates se han extendido por tres horas, cuando en teoría las reuniones sólo durarían dos. “Todos hablan”, dice un diputado que participa en las reuniones. La Comisión está incluso pensando en trasladar las discusiones a subcomisiones que traten temas concretos y así avanzar en las propuestas. “Aunque esa es una propuesta”, matiza otro de los miembros, y por tanto debe primero ser aprobada por la Comisión.

Desarme

Las discusiones en torno al desarme de la población han estado centradas en la experiencia de San Martín e Ilopango, municipios en los que se ha llevado a cabo un proyecto piloto de desarme impulsado por el PNUD y el Consejo Nacional de Seguridad Pública. En San Martín, en pocos meses se logró reducir a la mitad el promedio de homicidios, y en ambos municipios se ha reducido la criminalidad.

El programa contempla ordenanzas municipales y la coordinación de las autoridades para prohibir la portación de armas en lugares públicos.

La ley de control y regulación de armas, en su artículo 62, enumera los lugares públicos en los cuales no se pueden portar armas en todo el territorio nacional. Sin embargo, la ley no es aplicada por las autoridades.

El ministro de Gobernación, René Figueroa, señaló en conferencia de prensa la semana pasada que hacer cumplir la ley de control de armas es difícil. Es la Policía Nacional Civil (PNC) la que debe de velar porque se cumpla la normativa, pero Figueroa argumentó que no se cuenta con el personal suficiente para hacerlo. Según el funcionario, la Policía necesita 6 mil agentes más para combatir efectivamente el problema de seguridad en El Salvador.

Una vieja experiencia

La semana pasada, el presidente colombiano Álvaro Uribe realizó una breve visita a San Salvador para hablar con su homólogo, Antonio Saca, sobre libre comercio, y se reunió también con la empresa privada.  El mandatario colombiano, sin embargo, aprovechó la visita para hablar de la experiencia colombiana en el combate al crimen organizado, y recomendó trabajar desde las comunidades para solucionar el problema de violencia en El Salvador.

 “(Álvaro) Uribe habla de comités locales de seguridad. La concepción que tiene el Consejo y que se han desarrollado en las comunidades es la participación ciudadana a partir de la elaboración de mapas de riesgo. Son instituciones locales ciudadanas que buscan quitar factores de riesgos”, explica Oscar Bonilla, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, una entidad gubernamental que nació en el año 2000 y que ha trabajado desde entonces en planes de prevención y participación ciudadana. El Consejo, y su presidente, no fueron invitados a participar en la Comisión Nacional de Seguridad recientemente nombrada por el presidente Saca.

Sin embargo, Bonilla espera que sus propuestas sean consideradas en la Comisión, y cree que aún hay tiempo para que se les convoque a participar activamente en ella. Bonilla argumenta que desde estos modelos se puede influir en la responsabilidad de las familias en la formación de sus hijos. Una estrategia que llama “capital familiar”.

El tema no es nuevo en El Salvador. Ya el colombiano Hugo Acero, contratado por Gobernación el año pasado para asesorar en la búsqueda de soluciones a la ola de violencia, recomendó el fortalecimiento del capital social. Esto implica que las comunidades participen en la solución de los problemas de violencia.

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