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NOTICIAS Diferencias dentro del Ejecutivo: el otro obstáculo de la Ley de AguasLa Secretaría Técnica y el Ministerio de Medio Ambiente difieren en el pago de canones por uso de recurso hídrico. El Ministerio de Agricultura, apoyado por Medioambiente, pide trato preferencial. Tampoco han logrado acordar si la CONAGUA regulará el agua potable o si deberá crearse un nuevo ente. Según el Banco Mundial, en El Salvador el 98% de aguas negras residenciales y el 90% de las industriales se vierten a ríos y quebradas sin ningún tipo de tratamiento. El 90% del recurso hídrico del país está contaminado. Daniel Valencia y Rodrigo Baires
La Secretaría Técnica de la Presidencia (STP) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) mantienen serias diferencias por las principales medidas que aplicará la nueva Ley General de Aguas: manejo del subsector de agua potable y nuevos cobros a todos los sectores del agua. La discusión por quién regulará al subsector agua potable es, a juicio del secretario técnico de la Presidencia, Eduardo Zablah, “el paso último de la discusión para la presentación de los tres anteproyectos de ley”. El presidente de ANDA, César Funes, de la mano de la STP, promueve la creación de una Dirección Nacional de Agua Potable que estaría por encima de ANDA y que regularía las operadoras de agua potable del país, estimadas en más de mil 500. Esta Comisión, en el modelo de Casa Presidencial, funcionaría con su propia ley, al estilo de la dirección de hidrocarburos en el Ministerio de Economía o la dirección de transporte terrestre del viceministerio de Transporte. Por el contrario, para el MARN, se debe crear un nuevo ente, fuera de la comisión. Según el ministro, Hugo Barrera, no se puede dar más responsabilidades a CONAGUA porque esto podría genera un “descalabro” para la nueva institución. Él sostiene que la CONAGUA sólo debe hacerse cargo de la cantidad de agua que se tiene que distribuir a cada subsector y no por la calidad. “El recurso hídrico sin potabilizar tiene que ser la responsabilidad”, dice.
Aguas contaminadas Según el estudio “Análisis Medioambiental de El Salvador”, del Banco Mundial (marzo 2006), el 98 por ciento de aguas negras residenciales y el 90 por ciento de las industriales se vierten a ríos y quebradas sin ningún tipo de tratamiento. El documento revela además que el 90 por ciento del recurso hídrico en El Salvador está contaminado. El Banco Mundial señala que las fuentes de agua están habitualmente contaminadas por plomo, aluminio, manganeso, hierro y nitratos. Según el BM, el impacto económico en el gasto de salud por enfermedades relacionadas con la falta de agua potable y saneamiento adecuado alcanza los 140 millones de dólares anuales. “Mientras no haya un monitoreo sistemático de la calidad de las fuentes de agua, la polución por nitratos, plomo y nitratos pesados se seguirán reportando niveles bastante severos en algunas regiones del país”, reza el documento. Los otros escollos Mientras el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el MARN señalan que al Agro se le debe dar un canon cero por extracción de agua, desde Casa Presidencial se envía un mensaje muy claro: “La ley no está especificando exoneraciones para ningún sector”, dijo el viernes 17 a El Faro el coordinador de marcos regulatorios, Américo Hidalgo, en una entrevista conjunta con el Secretario Técnico. Barrera, sin embargo, dijo a este periódico ese mismo día que “en principio” ya se definió que el sector agrícola no pagará nada por extracción de agua. “De lo único que estamos claros es que la parte agrícola tendrá un canon cero”, sostuvo. Un día antes, el titular del MAG, Ernesto Salaverría, recalcó que si bien van a formar parte del nuevo reglamento, “el objetivo es continuar como actualmente estamos. Es decir no gravar al agricultor por el uso de aguas porque está generando agua. La agricultura permite un nivel de infiltración del agua a los suelos que no lo puede hacer ninguna otra actividad”. Bajo el régimen de la Ley de riego y avenamiento, el MAG cobra a los agricultores dependiendo del tamaño de la parcela, y no por volumen de agua a utilizar. “El costo mínimo es de 14.86 dólares por una hectárea de cultivo, 3.5 manzanas, hasta 113 dólares por un terreno igual o superior a las 17.5 hectáreas, 25 manzanas”, explicó Erick Palm, jefe de la dirección de riego de la institución. Con la nueva normativa, sería la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), ente regulador del sector hídrico del país, quien impondría tarifas por uso de agua y vertidos y obligaría al MAG a aceptar la cantidad de agua que podría utilizar en cada zona de cuenca. La STP dice que podrá hablarse de “tarifas diferenciadas” –y no de exoneraciones- sólo en el entendido de que “el criterio para diferenciar es que paga menos aquel que contamina menos”, explicó Hidalgo. Las tarifas, clave de la ley Colorado prometió dar una entrevista a El Faro para hablar sobre el tema pero al cierre de esta nota no había encontrado espacio para recibirnos. Eduardo Zablah defiende la inclusión de la Empresa Privada dentro de la junta directiva del CONAGUA, el único de los sectores del agua que será juez y parte. “No le veo ningún problema” porque el sector privado, dice, debe estar representado en los entes reguladores “como es y como ha sido en el pasado”. Zablah sostiene además que la posición de la ANEP no será predominante. “Es una posición minoritaria en medio de todo”, dice. Según la STP y el MARN, otro de los nuevos cambios a la ley ha sido el de “regular” más la participación de la ANEP dentro de una comisión en la que también habría un representante por el MARN, viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, Salud y Asistencia Social y la Corporación de Municipalidades de El Salvador. “Tenemos que ver cómo regular esto para que no se vaya a confundir los intereses privados de determinado sector con los intereses del CONAGUA. Es una parte que no está definida del todo”, dice Barrera. ¿Cómo se regula la participación de la ANEP? Zablah responde que “no hay una representación sectorial de los embotelladores de agua. La ANEP engloba a los usuarios, proveedores, contaminadores, limpiadores, extractores… ahí están todos los intereses que puedan tener con el agua están agrupados ahí”, dice. Según el borrador del anteproyecto del 4 de septiembre, el cargo de miembro de la junta directiva será incompatible con “la participación directa o indirecta en cualquier sociedad que opere concesiones o mantenga contratos vinculados a los sectores hídricos o usuario de las mismas”. El Banco Mundial en su informe “Análisis Medioambiental de El Salvador” critica la fuerte presencia de la empresa privada, representada por la ANEP, en la formulación de proyectos de ley y la poca inclusión de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales. A esta critica se suma Carlos Pinto, director ejecutivo de COMURES. “No conocemos en qué estado de elaboración está la Ley General de Aguas en la actualidad”, dice. A COMURES le correspondían, según el borrador del 4 de septiembre, tres representantes, uno por cada zona de cuenca (central, oriente y occidente). “Tener puestos en la directiva es importante porque el recurso hídrico se está manejando desde muchas alcaldías”, dice Pinto. Según Zablah e Hidalgo, la participación de COMURES se redujo a un representante dentro de la junta directiva. ANDA señala que entre los más de 1 mil 500 operadores de agua potable hay 84 de las 262 alcaldías del país. Otro de los cambios en los que están trabajando la STP y el MARN se refiere a las concesiones por uso de agua que tendrá el sector hidroeléctrico. La Ley General de Electricidad establece que le corresponde a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones definir los plazos. Según Barrera, la nueva ley de aguas será de carácter “especial” y por tanto pasaría por encima de cualquier otra ley en ese sentido. Es decir, CONAGUA definiría el tiempo de las concesiones y no la SIGET. César Tomasino, asesor medioambiental de la Asociación Salvadoreña de Industriales, sostiene que en la ley de electricidad no se específica el periodo para una concesión de agua, sino que demanda que eso se decida por reglamento. “Hoy en día no existe el reglamento para esos efectos. Y son 30 años los que se están designando para usos del agua dentro del subsector eléctrico”, dice. Tanto el MARN como la STP aún no dan una fecha de finalización para el anteproyecto de ley. Barrera dice que esperaría que todo estuviera resuelto en unas dos semanas mientras que Zablah dice que “si nos va a tomar un mes más, no importa. Hagámoslo bien. Dos meses, no importa. Es de tanta trascendencia que si un mes más nos toma para hacerlo bien, hagámoslo bien”. El presidente Antonio Saca manifestó el miércoles 15 que es difícil ponerse de acuerdo en la elaboración de una ley que afecta a todos los sectores del país. Saca, sin embargo, cree que se ha avanzado. “Ha comenzado a salir ya el producto de un trabajo que no es fácil, hemos tenido que consultar a todos los sectores, y se hacen cambios en el camino”, dijo. En el primer borrador que salió del MARN rumbo a Casa Presidencial, en las derogatorias, se establecía que debía derogarse el artículo 12 de la Ley General de Electricidad “por cuanto otorga los derechos e concesión en forma permanente, lo que no sólo es contrario a la utilidad pública y al interés social del Estado, sino que limita a la autoridad del agua en su competencia (…)”. Para el borrado del cuatro de septiembre, consultado por el Faro, esta disposición desaparecía. La semana pasa, la viceministro de Medioambiente, Michelle Gallardo, respondió que este cambio se hizo porque había que “compatibilizar las leyes”. “Se vio que la concesión que SIGET da va a seguir, ellos serán los que darán las concesiones para proyectos hidroeléctricos pero tendrán que pedir un permiso de agua a la CONAGUA.”, dijo. En la ley de electricidad no se específica el periodo para una concesión de agua. Si no que demanda a que eso se decida por reglamento. Hoy en día no existe el reglamento para esos efectos. Y son 30 años los que se están designando para usos del agua dentro del subsector eléctrico. En la ley de agua, las autorizaciones a los privados, que se están llamando concesiones, están para esa temporalidad. ¿Por qué 30 años? Porque es un periodo coherente con la recuperación de las inversiones de capital intensivo y porque es una práctica internacional. La Comisión Nacional de Aguas (CONAGUA), ente creado en el anteproyecto de Ley General de Aguas, sólo se limitará a ejercer como ente “contralor” del agua. La STP y el MARN le quitaron a esta entidad, que empezará a funcionar luego e la aprobación de la ley, la función de crear la política nacional del recurso hídrico. La comisión especial velará nada más por el control de los usos de agua (extracción y vertidos) en el país.
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