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NOTICIAS Los borradores secretos del aguaLa Secretaría Técnica de la Presidencia, la empresa privada y el Ministerio de Medioambiente han intercambiado, durante 11 meses, información sobre los cambios a varios borradores del anteproyecto Ley General de Aguas. El Faro tuvo acceso a tres de estos documentos; y entre los cambios más significativos, está la incorporación de la ANEP en la junta directiva del CONAGUA, ente que se creará para que regule los usos del agua e imponga tarifas. Daniel Valencia y Rodrigo Baires
En los primeros días de diciembre de 2005, del despacho del Ministerio de Medio Ambiente, Hugo Barrera, se filtró el primero de más de ocho borradores de la Ley General de Aguas hacia la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES). “Aunque insistimos en conocer cómo iba la ley, nunca se nos brindó información puntual. Nosotros tenemos gente dentro del ministerio y por suerte se filtró, desde el mismo despacho del ministro, y llegó a nuestras manos”, dice Carlos Flores, especialista en agua de esta organización medioambiental. El documento, sin fecha y en formato digital, consta de 60 páginas y tiene anotaciones puntuales sobre cambios en la redacción y consultas a realizar en el mes de noviembre de 2005 con los asesores contratados por el MARN. El espíritu de la ley, sin embargo, ya estaba esbozado. En el artículo 3 establece que “el agua es un bien nacional de uso público”, que su dominio pertenece a todos los habitantes del país y que su regulación y control corresponden al Estado. Desde ese primer borrador, el MARN propone crear un ente que regulará el sector hídrico del país -la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA)- y que ésta velará por los “usos” del agua. Esta comisión también, según el documento, asignará permisos para extracción de agua y sancionará a los “usuarios” que incurran en “faltas graves” (falta de permisos, negativas a control de inspección, contaminación del agua…). Otra de las bondades de la ley, a juicio de Guillermo Galván, director de la organización no gubernamental FUNDAMUNI, y miembro de la Comisión Nacional de Medioambiente (CONAMA), es que se trabaja desde un enfoque de cuenca, dividida en tres sectores “Zonas de Cuenca” (central, occidental y oriental). Cada zona de cuenca contará con un comité de cuenca en donde habrá participación ciudadana; además de subcuencas y microcuencas que funcionarán bajo el mismo enfoque. En diciembre de 2005, “para efectos del MARN, ya se había terminado el trabajo”, dice la viceministra de Medio Ambiente, Michelle Gallardo de Gutiérrez. Tanto, que el 19, con la aprobación de los miembros de la Comisión Nacional de Medioambiente (CONAMA), salió rumbo a Secretaría Técnica de la Presidencia el borrador final. Este nuevo documento, más acabado, tiene cambios en la redacción y algunos cambios en articulados (unos de forma y otros de fondo). La Ley General de Aguas, que ha sido discutida desde los años setenta, que tuvo un impulso desde la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) en 2003 y que fue prometida a mediados de 2005 a un corto plazo por el ex presidente de dicha autónoma, Manuel Arrieta, estaba casi lista. Secretaría Técnica y la presidencia, sin embargo, decidieron que había que hacer consultas un año más. “Ha habido una serie de reuniones y de discusiones, primero, con las diferentes instituciones -tanto ANDA, CEL, MAG, MSPAS, Secretaría Técnica y Ministerio de Hacienda- para explicarles, porque este es un tema complejo, bastante técnico”, dice la viceministra Gallardo. Las otras reuniones y discusiones, según confirma Federico Colorado, presidente de la gremial, fueron con la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). Los empresarios incluso asignaron un representante directo para discutir con el Ejecutivo. “El ingeniero Waldo Jiménez es quien lleva el tema”, comenta Colorado. El cambio clave En los primeros dos borradores que salieron del MARN se habla de tarifas por usos de agua (extracción del agua y disposición de los vertidos) que serán creadas en un reglamento especial. En ellos incluso se define el significado de la “tarifa de cuenca” como una prestación pecuniaria que “grava una concesión, asignación o permiso otorgado por la Comisión Nacional del Agua, incluyendo el vertido de las aguas ya usadas”. En el artículo ocho de ambos borradores (conceptos y definiciones básicas) se establece que la tarifa de cuenca constituye “el pago en moneda de curso legal” que hace el usuario autorizado por la extracción de aguas para su uso o aprovechamiento, así como por su vertido. La propuesta plantea que el pago correspondiente a la tarifa de cuenca respectiva se entenderá como “adicional” al pago que se realice por la prestación de servicios de agua potable, riego u otros. “La tarifa de cuenca se pagará en forma periódica en términos reglamentarios”, rezan los dos textos. En el tercer borrador consultado por El Faro, fechado el 4 de septiembre, esas definiciones ya no aparecen y sólo se puntean los usos que serán cobrados con el nuevo canon. Estos nuevos cobros, que afectan tanto a la empresa privada como a las mismas instituciones que tienen que ver con el recurso hídrico del país, son los que han generado “algunas reticencias” en cuanto a la ley, asegura la viceministra Gallardo. “En la ley se reconoce una valoración del agua. De dar un valor al agua y eso puede ser uno de los temores. ¿Cómo hoy nos van a cobrar por el agua? ¡Otro cobro más! En eso hay cierta reticencia, lógicamente”, comenta. Federico Colorado acepta que “por supuesto” que la ley afectará a la empresa, y al ser preguntado si se oponen a las nuevas tarifas responde que “eso se está discutiendo” y que desconoce los pormenores de la ley. De esas discusiones, a juicio de Guillermo Galván, “puede” que haya salido uno de los cambios más significativos del anteproyecto de ley: ANEP tendrá voz y voto en la CONAGUA. Empresarios adentro La fecha en que la ANEP logró que el Ejecutivo aceptara hacerla parte de la comisión se desconoce. Colorado dice no saber esa información porque no ha estado muy informado sobre el tema y que necesita consultarlo –junto a los pormenores de la ley- con el designado para el tema (Waldo Jiménez). Sin embargo, a juzgar por las declaraciones de la viceministra Gallardo, Guillermo Galván y un calendario de actividades divulgado por la Global Water Partnership, con sede en El Salvador, la incorporación tuvo que ser entre marzo y mayo de este año. La primera vez que el MARN dio a conocer los lineamientos generales a las instituciones relacionadas con el tema hídrico fue el 22 de marzo, según el calendario de la GWP. “Cuando se nos informó que la ANEP estaría en la junta directiva fue más o menos por mayo. No recuerdo muy bien, no me crea, pero creo que fue por mayo”, dice Galván. Cuatro meses antes, en el documento del 19 de diciembre, las instituciones que tendrían voz y voto eran únicamente Hacienda, Salud, Obras Públicas, Transporte y Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, Medioambiente y los tres representantes de las zonas de cuenca. La ANEP no aparece. En el primer borrador de la ley, tampoco. En ese documento se hacen dos propuestas para la conformación de la comisión. La primera, plantea una junta directiva conformada por el presidente y 12 directores propietarios (con igual número de suplentes), propuestos por los titulares de las siguientes instituciones: Ministerio de Gobernación, Hacienda; Economía; Agricultura y Ganadería; MSPAS; Obras Públicas, Transporte y vice ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano; MARN; Superintendencia General de Electricidad y Comunicaciones (SIGET); Secretaría Técnica de la Presidencia y un representante municipal por cada una de las zonas hidrográficas (3). En la “redacción alternativa”, se deja fuera a los directores propuestos por Gobernación, Economía y Obras Públicas. A cambio, el documento plantea que habrá un director propuesto por ANDA, y que el director propuesto por la SIGET se hará en conjunto con la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). “Es normal que el gobierno haya incluido a la ANEP en la junta directiva”, valora Galván. Según él, hay como una tendencia a hacerlo y en realidad no hay que verlo tan negativo. “Si el gobierno quiere implementar algo que afectará a la empresa privada le conviene mantenerla informada y darle peso en la toma de decisiones antes de que salgan y digan que no apoyan una medida de este tipo”, dice. Según Carlos Flores, la industria consume el 30 por ciento del agua que se distribuye en el país a través de la ANDA. El ministro de medioambiente dijo en diciembre de 2004 que la industria es la que más contamina el agua con vertidos que llegan a los ríos sin ningún tipo de tratamiento. Barrera hasta la fecha no ha dado a conocer los nombres de esas empresas y el ministerio no ha informado si ha habido o no sanciones. ¿Que los empresarios tengan voz y voto no los convierte en juez y parte? Federico Colorado opina que no hay que valorarlo de esa manera. “Nosotros siempre estamos en la mayoría de comisiones en las que, porque creemos que el tema nos atañe, sabemos que nuestro aporte ayudará al desarrollo del país. En todas las entidades. CONAMOL, COMURES, CONAMA, en el ISSS. Vaya, en el caso del ISSS sería lo mismo. ¿Somos juez y parte? Estamos en CEPA también. No es sólo este caso”. A diferencia de Colorado, César Funes, presidente de ANDA, institución que por ser el principal distribuidor de agua en el país -con el 65% de la red- se convertirá en el principal “usuario” de CONAGUA, a la par del sector de riego (Agricultura), agua para turismo (parques recreativos) e industria, dice que ANDA no está dentro de la ley general ni participa en su elaboración precisamente porque no puede ser “juez y parte”. Los otros cambios Además de los cambios a la constitución de la junta directiva del CONAMA, la ley ha sufrido mutaciones en más de ocho borradores, según Galván. En los tres documentos a los que El Faro tuvo acceso, entre los cambios más significativos se encuentran la reducción del porcentaje hacia las áreas en que se destinará el dinero obtenido por los nuevos cobros del agua, se sustraen de la ley –para ser normados por los reglamentos- la organización y atribuciones de las “zonas de cuenca” y sus desgloses, y la eliminación de una derogatoria que impediría que las generadoras de energía eléctrica mantengan concesiones de por vida (ver recuadro). Según la viceministra Gallardo, actualmente la ley se encuentra en un 95 por ciento de aceptación y estaría a punto de ser concretada. Para ser finalizada, sin embargo, luego de las discusiones entre Secretaría Técnica, ANEP y MARN, esta normativa debe pasar por la vista del secretario jurídico de la presidencia, Luís Mario Rodríguez. El martes 16, Rodríguez aseguró que todavía no había visto el anteproyecto porque Secretaría Técnica no ha terminado de revisarlo. El Faro pidió una entrevista con el secretario Técnico de la presidencia, Eduardo Zablah, para hablar sobre este tema pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta desde su despacho. El lunes 6, el titular de MARN, Hugo Barrera, aseguró a la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa que la ley estaría lista a finales de noviembre. Mientras eso llega, la distribución de borradores entre Secretaría Técnica y el MARN sigue realizándose. El jueves 12, a las 3:30 de la tarde, la viceministra Gallardo llamó a una reunión de urgencia en el despacho ministerial al staff del MARN para analizar los últimos cambios hechos a la ley por Secretaría Técnica. Ella asegura que el MARN todavía no ha definido las tarifas por cobros y usos de agua y que esa información la dará la comisión cuando “esté” creada. El jueves, sin embargo, la parte del reglamento que acompañará a la ley y que habla sobre la organización de las cuencas hidrográficas ya había sido enviada a los miembros del CONAMA para su análisis. Uno de los partícipes de la ley asegura que también ya se comenzaron a hacer números para los diferentes usos del agua en el país. Colorado, consultado el sábado 11 por la noche, señaló que la empresa privada sigue dando sus aportes y que “se está en la discusión de eso (tarifas)”. ¿Por qué se atrasó el proyecto? Colorado sostiene que no es por una oposición de la ANEP hacia la ley sino, quizá, porque es un proyecto en donde hay “muchas” otras propuestas creadas con anterioridad. Gallardo señala que desde que el MARN tomó “el liderazgo” en este tema, a principios de 2005, las anteriores propuestas se desecharon. “No es fácil partir de la nada, porque no hemos retomado proyectos anteriores”, dice. “No ha sido secretismo…”, responde Gallardo, al ser preguntada por qué se ha tardado la presentación de la ley. “Más bien (ha sido) mayor eficiencia en el proceso de elaboración”.
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