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Discusiones entre Ejecutivo y empresa privada detienen Ley  de Aguas

El anteproyecto de la Ley General de Agua sigue en estudio en la Secretaría Técnica de Casa Presidencial un año después de ser presentado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Miembros del Ejecutivo y de la empresa privada habrían frenado la normativa, la cual establece el cobro de cánones por uso de agua y la disposición de vertidos. La ANEP, ahora, es miembro de la Junta Directiva de la Comisión Nacional del Agua contemplada en dicha ley.

Rodrigo Baires Quezada y Daniel Valencia
cartas@elfaro.net
Publicada el 13 de noviembre - El Faro

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El anteproyecto de la Ley General de Aguas, que fue terminado por el Ministerio de Medio Ambiente el 19 de diciembre de 2005, sigue entrampado en los pasillos de Casa Presidencial debido a una de las principales disposiciones que contendrá la nueva normativa: cobros y prohibiciones para los usos del agua. Disposiciones que “por supuesto” afectarán, según el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) Federico Colorado, a sus agremiados. 

La ANEP, de hecho, fue incluida en el tercer borrador de la ley como miembro de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), siendo el único sector que se podría ver afectado o beneficiado por las nuevas disposiciones dentro del organismo. En las primeras dos versiones, que ya estaban aparentemente listas para su envío a la Asamblea, la gremial empresarial no aparecía en la junta.

“La ley está diseñada para beneficiar a la gente, para asegurar que haya agua en el futuro y para ello se cobrará los cánones que se tenga que cobrar aunque afecten a empresas grandes. Por eso no termina de gustar”, aseguró un miembro del equipo técnico que ha revisado la normativa, y que habla con la condición de anonimato.

En un borrador fechado el 4 de septiembre de 2006, la normativa establece en el Artículo 13, literal h, que el CONAGUA “formulará y propondrá los cánones de cuenca sobre el uso y aprovechamiento de agua y demás bienes del dominio público hídrico, así como por el vertido de aguas residuales a los medios receptores de dominio público”.

La viceministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Michelle Gallardo de Gutiérrez, reconoció durante la presentación del informe “El agua. Una valoración económica de los recursos hídricos en El Salvador” del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que el anteproyecto de ley ha tenido algunos atrasos porque dar “un valor al agua puede generar temores”, en términos generales, “de todos”, incluyendo al mismo gobierno central y a la empresa privada.

“La empresa privada está clara de que ya no podemos seguir postergando esto”, afirma la viceminstra, quien revela que se han tenido reuniones con las gremiales de empresarios como la ANEP, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (FUSADES), la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) y la Cámara de Comercio. “Ha habido presentaciones de la Ley” a nivel general, asegura Gallardo de Gutiérrez. “Ellos están de acuerdo con el principio de que se tiene que cobrar”.

El presidente de la ANEP, Federico Colorado, al ser preguntado si se oponen a las nuevas tarifas propuestas, responde: “Se está en la discusión de eso y por supuesto que sí afecta en el buen o mal sentido. El año pasado pedimos que se hablara seriamente sobre el agua, si es que estamos pensando seriamente en estrategias para el desarrollo  sostenible del país. La Empresa Privada siempre da sus aportes al gobierno en toda acción que vaya encaminada al desarrollo  del país”.

La necesidad de legislar

El problema del agua volvió a los primeros lugares de la agenda pública la semana pasada con las conclusiones del informe del PNUD, que hace críticas puntuales a quiénes y cómo se está manejando el recurso hídrico en el país.  “El problema del agua en el país no consiste primariamente en una situación de escasez física (la precipitación anual es de alrededor de 1 mil 800 mililitros) sino de manejo de los recursos hídricos, debido a una diversidad de problemas técnicos, organizaciones, institucionales y financieros”, asegura el informe, que propone aumentar el precio de 27 centavos de dólar promedio por metro cúbico a 86 centavos para asegurar mayor inversión en manutención de redes de distribución y ampliar la cobertura.

“Hay que ajustar las tarifas de agua potable y focalizar el subsidio. Pero el ajuste tarifario no resuelve el problema si no se impulsa una reforma institucional integral del sector”, dijo William Pleitez, economista del PNUD.

Guillermo Galván, director de FUNDAMUNI y miembro del Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), reconoce que lo que se paga por agua está “por debajo del costo de operación y ya no se diga del costo de manutención de la red”. Sin embargo, el principal problema, dice, es que no se está pagando “el precio de conservación” del recurso hídrico.

Ahí es donde entraría la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), quién estará encargada de fungir como ente rector en materia de recursos hídricos, coordinando a las 27 instituciones estatales que, de forma directa o indirecta, tienen injerencia en el tema; haciendo converger las diferentes leyes en materia de agua; y aplicando los cánones por uso de agua y vertidos.

Hasta ahora, según las conclusiones de un resumen del Sistema de Información sobre el Uso del Agua en la Agricultura y el Medio Rural de la FAO, el país no cuenta con una autoridad única para la regulación de los recursos hídricos y “cada institución actúa de forma independiente y aplicando sus propias políticas con base en las funciones y autoridad que le otorga su ley de creación”.

“Yo diría que no hay un plan nacional que señale al agua como una prioridad. Es que para que el tema del agua sea prioridad no basta con que lo sea para ANDA o para el presidente del país, tiene que ser un acuerdo de país”, dice César Funes, Presidente de ANDA, quien ve en la normativa el primer paso para que esto se dé.

“Sobre esta ley marco no conozco lo suficiente para opinar. Lo que sé es que un tema que se está discutiendo ya, que es algo muy importante, porque El Salvador debe ir pensando en esta legislación de la gestión del agua”, reconoció la vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar, cuando se retiraba de la presentación del informe del PNUD. “El agua es un bien al cual no le hemos dado el valor que efectivamente tiene”, afirmó.

En septiembre de 2005,  Manuel Arrieta, quien fungía como presidente de ANDA, reconoció en el programa de debates Encuentros de El Faro que desde el Ejecutivo se venía trabajando en tres normativas especiales para ordenar el recurso hídrico –una ley general del agua, una ley de agua potable y una ley de tarifas y subsidios- que serían presentadas a la Asamblea Legislativa para su aprobación a “corto plazo”. Arrieta dejó ANDA en mayo de 2006, para entonces, la discusión del anteproyecto de la Ley General de Agua estaba en manos del MARN y hasta ahora todavía no se ha hecho público.

“Hay que reconocer que el gobierno ha redoblado el paso desde 1998 porque ha entendido la importancia de una ley especial para el agua, pero desde entonces se han hecho siete u ocho borradores y desconocemos el nivel de consenso que ésta tenga”, reconoce Carlos Flores, especialista en el tema agua de la Unidad Ecológica de El Salvador (UNES).

Para Flores, desde que el MARN tomó las riendas de la creación del anteproyecto todo se ha manejado con un “secretismo total” porque afecta “a sectores del poder económico”. El pasado 22 de marzo, la UNES junto a Caritas El Salvador presentó un anteproyecto de Ley General de Aguas a la Asamblea Legislativa que todavía no ha sido estudiado. “Consultamos a 40 mil personas a nivel nacional y técnicamente es un documento acorde con las disposiciones internacionales y con los intereses de la sociedad. Nos tardamos un año, lo que no entendemos es cómo el MARN lleva dos años y todavía no conocemos qué están haciendo”, aseguró Flores.

Ese punto de vista es compartido por Irma Palacios, diputada del FMLN y miembro de la comisión de Salud y Medio Ambiente. “El ministro Barrera tiene un año de estar prometiendo la ley a la Asamblea Legislativa. Cada vez que viene nos dice que la mandará el próximo mes”, aseguró Palacios.

La última promesa la hizo Barrera el lunes pasado por la mañana, cuando llegó a la comisión legislativa. “El ministro nos dijo que la ley estaba lista en la Secretaría Técnica de Casa Presidencial, donde ha estado varios meses, y que a finales de noviembre la tendríamos”, aseguró Palacios. “Estamos esperando todavía pero nos prometieron que estaría en este mes porque ya salió de Secretaría Técnica y estaría en la Jurídica”, confirmó el pecenista Orlando Arévalo, presidente de la comisión.

Luis Mario Rodríguez, secretario jurídico de la Presidencia, dijo a El Faro el martes 7 al mediodía que todavía no tenía en sus manos el anteproyecto; este periódico intentó hablar con el Secretario Técnico, Eduardo Zablah, quien no correspondió una solicitud de entrevista para hablar sobre el tema.

Al siguiente día, el miércoles 8, varias copias del anteproyecto con nuevas observaciones salieron de la Secretaría Técnica hacia el MARN. Un día después, Gallardo de Gutiérrez se reunió de urgencia con su equipo de trabajo para hacer correcciones y cambios a la normativa.

No serían los primeros cambios. Por ejemplo, del borrador de principios de diciembre de 2005, a una de las primeras copias del anteproyecto, fechado el 19 de diciembre del mismo año, se cambiaron a las instituciones que formarían parte del Consejo Directivo del CONAGUA y se desistió la creación un fondo especial (FOAGUA), que se alimentaría de los cánones impuestos por el uso de los recursos hídricos.

El destino de los fondos

Bajo el servicio de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), el sector comercial e industrial tiene dos opciones de pago por agua potable. El primero implica pagar la cuota según el nuevo sistema tarifario, donde se cobra hasta 0.90 centavos de dólar por metro cúbico si supera el consumo de 151 metros cúbicos por mes.

La segunda opción es la explotación privada de agua para uso industrial, donde se le cobra un canon de extracción de agua de 0.06 centavos por metro cúbico y otro de 0.12 centavos por utilización del sistema de aguas negras de la autónoma. En cualquiera de estos dos regímenes se encontrarían las 38 mil conexiones comerciales que tiene registrado el ANDA.

Con la ley, la industria tendría que pagar un canon de uso de cuenca para seguir operando.

El otro golpe económico sería el canon por aguas vertidas. César Funes estima que unos 400 mil metros cúbicos de aguas negras se vierten sin tratamiento alguno en el sistema de la autónoma. “El problema con las aguas negras es porque implica un costo adicional que alguien tiene que absorber”, dice el titular. Sólo en su caso, con el 65 por ciento de distribución de agua potable en el país y un escaso control sobre el sector industrial, la inversión rondaría los 400 millones de dólares para mejoras de las 17 plantas de tratamiento actuales –además de dos más en construcción-, construir nuevas y asegurar su uso y mantenimiento.

Para Funes, la nueva ley debería establecer un proceso gradual con plazos y porcentajes bien definidos para asegurar el tratamiento de aguas y no convertir a la normativa en un “texto muerto”.

Según explicó Gallardo de Gutiérrez, las empresas tendrían la opción de no pagar el canon de cuenca por vertidos de contar con sus propias plantas de tratamiento asegurando la calidad del agua. “Puede ser que sólo se le cobre por uso y no por vertido de aguas porque nosotros lo que queremos es incentivar a que hayan plantas de tratamiento propias y que no se contamine”, asegura la viceministra.

En los primeros borradores de la ley se establecía un porcentaje entre el 10 y el 20 por ciento de los fondos que ingresaran al CONAGUA para apoyar a la construcción de sistemas de tratamiento.

Algo similar se haría con otros subsectores del agua: generación de energía hidroeléctrica, turismo y regadíos, quienes utilizan unos 250 millones de metros cúbicos de agua al año y de los que el 40 por ciento opera sin permisos correspondientes. “Los cánones van a variar de acuerdo a cada sector”, afirma Gallardo de Gutiérrez. “A la agricultura tampoco se le puede gravar mucho, por ejemplo.”

Los fondos recogidos a través de los cánones permitirían hacer autofinanciable al CONAGUA, que funcionaría por tres años con un capital semilla de 4.5 millones de dólares, según el anteproyecto del 4 de septiembre de 2006.

En todo caso, la discusión de los cánones, aun cuando se han hecho algunos cálculos numéricos en el MARN, todavía sigue abierta y quedaría en manos de la junta directiva del CONAGUA –integrada por representantes del MARN, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (VVDU), la corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES) y la ANEP-, una vez se apruebe la normativa, y serían incluidos posteriormente en el reglamento de la ley.

“El agua tiene un alto costo y la gente que ha pasado años comprando agua por barriles termina entendiéndolo y pagando por ello como se debe porque incluso se cobra por la preservación y el manejo de la cuenca”, afirma Galván. “El que consume el agua tiene que pagar por ella, tanto por que llegue hasta su chorro como por el tratamiento posterior”, abona Funes y prosigue: “Y ya tenemos modelos en el país que cobran por el tema de mantenimiento de la cuenca hídrica que utilizan”.

En el caso de El Salvador, los datos del Sistema de Información sobre el Uso del Agua en la Agricultura y el Medio Rural de la FAO, de 2000, un 20 por ciento del agua en el país es utilizada por el sector industrial. Para la Unidad Ecológica de El Salvador (UNES), seis años después, este porcentaje superaría el 30 por ciento.

“El tema de una ley de agua es complejo. Incluso, en América Latina son pocos los países que la tienen”, asegura Donato Vaquerano, diputado de ARENA y miembro de la comisión medioambiental del parlamento. “Pero hay receptividad para aprobarla al menor tiempo cuando venga a la Asamblea. No creo que su discusión pase de tres mes o un poco más porque es algo urgente”.

El anteproyecto de ley se encuentra todavía en estudio en Casa Presidencial pero el MARN espera que este puede ser enviado a finales de noviembre a la Asamblea. Según Gallardo de Gutiérrez, de cumplir con ese plazo, la normativa podría ser aprobada el primer trimestre de 2007.

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