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NOTICIAS Saca juramenta nueva comisión contra la delincuenciaSu función principal será, en boca del presidente, “generar las políticas que sobre la violencia el país demanda”. El grupo multisectorial, formado por empresarios, académicos, políticos y religiosos, intentará formular soluciones viables contra la delincuencia, una labor que ya fue encomendada anteriormente al Consejo Consultivo de Seguridad Pública y al Consejo Nacional de Seguridad Pública. César Castro Fagoaga
El miércoles 1 de noviembre, ante todo su gabinete y los embajadores acreditados en el país, el presidente Antonio Saca juramentó a la nueva mesa encargada de asesorar y dar recomendaciones al Ejecutivo en materia de seguridad: Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y la Paz Social. Se trata de un grupo de 14 personas que tienen la tarea de plantear propuestas a corto, mediano y largo plazo para articular, de acuerdo al presidente, “acciones que abarcarán la prevención, rehabilitación, reinserción e incluso coerción contra el crimen”. La Comisión, formada por miembros de todos los partidos políticos, incluidos Cambio Democrático y FMLN (los dos partidos que no participaron en la elaboración del anteproyecto de ley contra el crimen organizado); la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP); Cámara de Comercio; iglesias y universidades, tendrá, según Saca, “funciones apolíticas, incluyentes y con capacidad de gestión”. Será, sigue el mandatario, una comisión con “carácter permanente y que podrá actuar autónoma e independientemente”.
El anuncio de su creación causó buena impresión entre los funcionarios que se reunieron esa mañana en Casa Presidencial. Medardo González, coordinador del FMLN, a la salida del cóctel, aseguró que confiaba en los lineamientos que pueden salir de la mesa que tendría su primera reunión el lunes 6 de noviembre, bajo el amparo de un facilitador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). María Elena de Alfaro, miembro de la Comisión y presidenta de la Cámara de Comercio, dijo que la iniciativa encaja perfectamente con el “basta ya” que hace dos semanas plantaron los empresarios al gobierno. “Lo tenemos que hacer funcionar (la comisión), nos han dado una gran responsabilidad a los que más fuerte le dimos”, dice Alfaro. ¿Pero eso era lo que querían? “Sí, claro”. Ella, sin embargo, deja bien claro que su labor intentará ir por derroteros diferentes a los que actualmente tiene el gobierno: “El problema de las maras no se combate con el garrote”. “Basta de comisiones” El miércoles 1 de noviembre, en una columna publicada en La Prensa Gráfica, el analista Joaquín Samayoa criticó abiertamente la nueva Comisión. A su juicio, la solución no es crear nuevas instancias sino que Saca asuma el rol que le corresponde como presidente. La crítica de Samayoa tiene raíz en otras experiencias similares que no han dado resultado a este gobierno. Antes de la recién nombrada Comisión, el Consejo Consultivo de Seguridad Pública (CCSP), en 2005, y el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), desde 1997, han sido llamados a realizar, al menos en el papel, funciones muy parecidas a la que ahora se le encomienda a la Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana. Cuando se creó, en 1996, el CNSP tenía dentro de sus funciones “estudiar y analizar los problemas concernientes a la situación de seguridad pública en general en el país, a fin de formular las recomendaciones pertinentes; y estudiar, analizar y revisar las políticas y estrategias de seguridad pública ejecutadas por el gobierno y formular las recomendaciones necesarias”. Hasta el momento, aun cuando ahora el CNSP se dedique a funciones preventivas, la ley no ha cambiado.
El CCSP fue creado como una respuesta del gobierno contra los homicidios y las pandillas, en un intento de hacer partícipe a la sociedad civil en la lucha contra el crimen. Como esta vez, el Ejecutivo también invitó a la ANEP, iglesias y universidades para encargarles una misión: recomendar acciones en seguridad pública, fiscalizar los planes ya existentes y proponer o reformar las leyes adecuadas para tal fin. El CCSP comenzó su funcionamiento en julio de 2005, presidido por el ministro de Gobernación, René Figueroa. Federico Colorado, presidente de la ANEP, como en la nueva Comisión, también participó en el Consejo Consultivo. El trabajo se separó por mesas, homicidios y pandillas y, según el ministro, se concretaron importantes recomendaciones para avanzar en la lucha contra el crimen. El CCSP no se reúne más. El presidente del CNSP, Óscar Bonilla, considera que la creación de un nuevo instrumento no margina el trabajo de su institución ni dispersa el trabajo que ya se ha hecho. “No creo que las instituciones se hayan desbordado, pero se les ha tomado la palabra (a los sectores civiles que exigieron respuestas al gobierno) y se les ha dicho: bailemos juntos. Espero que el presidente resuelva, que reciba los insumos”, advierte Bonilla. Durante su discurso, el presidente Saca se cuidó de que su nuevo anuncio no fuera interpretado como que ha delegado su labor de preservar la seguridad del país en personas ajenas al órgano Ejecutivo. “No nos apartamos de la responsabilidad que, como Estado, tenemos para encabezar este esfuerzo y en ese sentido es que el pasado lunes dimos un gran paso al recibir el proyecto de ley contra el crimen organizado”, aseguró Saca, cuyo plan de gobierno tiene como nombre País Seguro, un programa cuyo bastión es el combate frontal contra los delincuentes, a los que el presidente ha dado por llamar “malacates”. Luego del acto protocolario el presidente no dio declaraciones. El referido anteproyecto de ley contra el crimen organizado será estudiado paralelamente por dos frentes: La recién juramentada Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana, integrada en parte por diputados de todos los partidos políticos; y por la misma Asamblea Legislativa, encargada de su aprobación. José María Tojeira, sacerdote jesuita y rector de la UCA, otro de los miembros de la nueva Comisión, es de la opinión que al anteproyecto le caben aún más cambios. La ley contra el crimen organizado, una propuesta del PDC que retomó el ministerio de Gobernación el pasado 15 de septiembre, está pensada para atacar tres delitos que por ahora son comunes: homicidio, secuestro y extorsión. “Evidentemente hay que hacer una revisión a fondo de esa ley. El narcotráfico es un delito de crimen organizado”, razona Tojeira. El lavado de dinero tampoco está incluido en el anteproyecto. Los miembros de la Comisión Nacional, sin embargo, están concientes de que su trabajo no será la única garantía para solucionar el problema. Saben que tienen al frente un enorme reto, especialmente cuando ha sido el mismo presidente el que les ha encargado algo todavía inexistente: “Ahora esta apuesta es integrar una apuesta permanente para que se desarrolle un plan que sea sostenible en el tiempo y que genere las políticas que sobre este tema (seguridad) el país demanda”, asegura Saca. Tojeira, como Alfaro, esperan al menos que sus propuestas tengan cabida en la agenda de este gobierno. Saca ha dicho que estará abierto. “Lo interesante es que una comisión multisectorial, si se llega a propuestas de consensos tendrán más peso, socialmente, si las asume el gobierno. Debería asumirlas”, razona el sacerdote jesuita.
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