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NOTICIAS Empresarios dan al gobierno dos semanas para poner alto a la delincuenciaLa ANEP y la Cámara de Comercio lanzan ultimátum pocos días después de que el Embajador de E.U.A. hiciera duras críticas por la negligencia en el combate a la inseguridad en el país. Carlos Dada
Cuatro de los principales aliados de los últimos gobiernos han sonado las alarmas por la violencia en el país y advierten a las autoridades sobre el enorme riesgo para el país de no frenar inmediatamente esta grave situación. La embajada de Estados Unidos, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Cámara de Comercio y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) lanzaron duras críticas contra el gobierno y llamaron a los funcionarios a poner de inmediato en marcha nuevos planes para hacer frente a la delincuencia. La ANEP dio incluso un ultimátum al gobierno para que solucione el problema en dos semanas “o vamos a comenzar a señalar con nombres a los responsables y llamaremos a protestas”, dijo el presidente de la gremial, Federico Colorado. La presidenta de la Cámara de Comercio, María Elena de Alfaro, amenazó con un paro empresarial si las autoridades no presentan pronto medidas concretas para frenar la crisis. “Los salvadoreños no podemos seguir esperando más tiempo, no podemos seguir siendo tan pacientes como los tres órganos del Estado quieren que seamos. La violencia y la delincuencia nos están agobiando a todos los salvadoreños. Queremos acciones concretas que se vean realmente, que nos lleven a solucionar o empezar a paliar la crisis. No esperamos que esto se acabe de la noche a la mañana, pero en lugar de ir bajando va subiendo, hay mucho temor en la población”, aseguró Alfaro. Los empresarios agremiados en ANEP y la Cámara de Comercio exigieron una revisión inmediata del proyecto de presupuesto, que le reasigne más fondos a la Policía Nacional Civil (PNC); una ley contra el crimen organizado; la revisión de varias leyes; y el acompañamiento de la Fuerza Armada en aquellas áreas en las que la población está más desprotegida. Además, sin señalar nombres, demandan cambios en las estructuras del aparato de seguridad y justicia, y un verdadero plan de combate al crimen. El lunes anterior, en un discurso pronunciado por invitación de FUSADES, el embajador estadounidense, H. Douglas Barclay, urgió a detener “inmediatamente” la tasa de criminalidad y llamó a los ciudadanos a manifestar su “condena pública y masiva” y a presionar a los gobernantes para “lograr un programa integrado contra la criminalidad”. En su discurso público más importante desde que llegó al país (2004), el diplomático lanzó duras advertencias contra la corrupción y llamó a los empresarios a pagar sus impuestos. Pero dedicó la mayor parte de su intervención a recordar a las autoridades que “la responsabilidad más importante de cualquier gobierno democrático es otorgar seguridad para sus ciudadanos bajo el estado de derecho”. Advirtió, además, que la inseguridad amenaza con frenar el crecimiento económico, la inversión extranjera e incluso con “deshacer muchos de los logros alcanzados desde los Acuerdos de Paz”. A falta del presidente Saca; la vicepresidenta, Ana Vilma de Escobar; y el primer designado a la presidencia, Elías Bahaia; el Ejecutivo, en manos de la segunda designada, María Alicia Morataya de Steiner, se mantuvo prácticamente mudo frente a los señalamientos. Desde Taiwán, el presidente Saca declaró a los medios que lo acompañan en su gira por Asia que “el llamado del embajador es importante, pero sería más importante que nos pudieran ayudar a través de un memorando de entendimiento para que los criminales deportados puedan ir directamente a prisión cuando no han cumplido la totalidad de sus condenas”. En breves declaraciones a La Prensa Gráfica, uno de los pocos medios a los que recibe, el Ministro de Gobernación, René Figueroa, dijo comprender las preocupaciones de la empresa privada y adelantó que en breve presentará un nuevo plan de combate a la delincuencia. El domingo, consultado nuevamente por el matutino, Figueroa aseguró que el gobierno no ha fracasado con su plan represivo en contra de la delincuencia: el Súper Mano Dura. Además, pidió a los empresarios que presenten nuevas alternativas de combate a la violencia para tomarlas en cuenta. “Con el ministerio de Gobernación hablamos la vez pasada y esperamos que se hicieran algunos cambios y se tomaran algunas acciones a la menor brevedad posible, y esperamos que fuera conciente de que era un problema de todos los salvadoreños. Hemos visto demasiada pasividad. No lo digo únicamente hacia el gobierno central. Hablamos con los tres órganos del estado y no se comprometieron a nada”, dice De Alfaro. Y remata: “Queremos ver resultados en dos semanas”. Críticas en casa “La delincuencia necesita una posición unida de todos los sectores y despolitizada totalmente. No puede ser un tema político, ni partidista mucho menos. Porque el tema de la seguridad se instrumentalizó y se llevó al plano político. Es un tema que nunca debió ser partidario, es un tema de nación, de visión de Estado”, dice el ex presidente. Acosta apunta por el mismo lado: “Cualquier plan de turismo, desarrollo, económico, etcétera, tropieza con el tema de la delincuencia. Nos afecta a todos, de cualquier clase social y cualquier color político-ideológico. En la medida en que sea un tema apolítico- partidario, sino de política de Estado y nación, ese tema se solucionará más rápido”. La presidenta de la Cámara de Comercio coincide con los dos políticos: “Este tema nunca debió haberse descuidado, la seguridad ciudadana, y se politizó. Los dos partidos más fuertes lo politizaron, han manejado esto y tratando de llevar agua para su molino cuando deberían estar trabajando por el bienestar del país. Pero se olvidaron de eso”. A falta de respuesta gubernamental, FUSADES, el tanque de pensamiento más importante del sector privado, adelantó que presentará a principios de noviembre su propia estrategia de combate a la delincuencia, y su presidente, Antonio Cabrales, dijo suscribir “plenamente” todo el controversial discurso del embajador estadounidense, del cual fue anfitrión. Incluso el FMLN, usual receptor de las críticas de la embajada estadounidense, respaldó las palabras de Barclay. “Esperamos que esto no caiga en oídos sordos”, dijo el vocero del FMLN, Sigfrido Reyes. “Hay urgencia de reforma fiscal y de solucionar la inseguridad. Es un planteamiento de principios con los que en general uno no puede dejar de estar de acuerdo”. El alcalde de San Miguel y precandidato presidencial del PCN, Will Salgado, también asistió al discurso de Barclay, y se fue pronto. Antes de retirarse, dijo sentirse muy satisfecho “porque se ve que la embajada no le está creyendo al gobierno y me alegra porque regañó a los empresarios que no están haciendo nada”. La crisis La PNC, que durante la primera gestión de Rodrigo Ávila al frente contaba con más de 20 mil policías, alcanza ahora apenas poco más de 15 mil agentes, y el proyecto de presupuesto para el próximo año no contempla aumentos significativos para la corporación. La PNC adolece además de recursos técnicos y tecnológicos, como laboratorios y equipos de primera necesidad, entre ellos patrullas. A los agentes no se les ha aumentado el salario desde hace 8 años, en los tiempos predolarización, y los últimos años han registrado muchos casos de agentes involucrados en actos delincuenciales. “Tenemos que salvar a la Policía”, dice el director del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Óscar Bonilla. María Elena de Alfaro agrega: “Sólo tenemos 15 mil policías distribuidos en tres turnos, son cinco mil policías para 6 millones y medio de habitantes. Así no nos pueden proteger”. Por el otro lado, las bandas de crimen organizado cuentan ahora con más recursos, y las pandillas han extendido sus operaciones desde el lanzamiento del Plan Mano Dura (en la administración Flores) hasta convertirse en carteles que controlan extorsiones, homicidios, secuestros, tráfico de armas y distribución de drogas. “Ya no sólo están compuestas por muchachos tatuados. Se han vuelto mucho más sofisticadas y ahora involucran redes enteras de delincuentes, de civiles que físicamente no tienen identificaciones tradicionales” como los tatuajes o la ropa que utilizaban los mareros, dice José Luis Tobar Prieto, subdirector de la PNC. La analista Sandra de Barraza, que dirige la Comisión Nacional de Desarrollo, estima que la inseguridad le cuesta al país el 20 por ciento o más del PIB. “Tenemos que reconocer que en la lucha contra la violencia y la delincuencia no hemos sido efectivos y que el problema lo tenemos aquí y ahora”. Bonilla, el director del Consejo de Seguridad Pública, advierte: “Estamos en un punto del país en el que, o cambiamos inmediatamente el rumbo, o nos hundimos”.
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