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OBSERVATORIO LEGISLATIVO La Unión, un polo de desarrollo a mediasEl proyecto del Puerto de La Unión sigue su marcha a pasos firmes, pero los planes de desarrollo de la región oriental carecen de una institución que tome las riendas de los mismos y una legislación que defina los actores, sus funciones y sus responsabilidades al momento de su ejecución. La propuesta en papel es un decreto transitorio de régimen especial para la zona. Sergio Arauz y Rodrigo Baires Quezada/ Foto: Edu Ponces
El 14 de junio pasado, el presidente de la República, Antonio Elías Saca, viajó desde San Salvador para asistir a la colocación del primer bloque de concreto del frente de atraque del Puerto de La Unión. “Primero, estamos desarrollando aquí un puerto, se está desarrollando la ciudad, hemos desarrollado carreteras, la infraestructura se está haciendo…”, dijo. Minutos después, el primer mandatario viajó al hotel Confort Inn La Unión, el más moderno del departamento y que se ubica, según explica el plan de desarrollo de la región, en una zona eminentemente industrial no apta para ese tipo de construcción. “El hotel no podría estar ahí”, reconoce Santiago Aguilar, director del proyecto Puerto de La Unión de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). “Si se hubiera tenido todo esto planificado, ese hotel tendría que haber estado en otro sitio”. Sus observaciones confirman la falta de una planificación gubernamental en torno al mega proyecto de desarrollo del oriente del país. Algo que nadie le dijo a los inversionistas. Año y medio atrás, el 16 de enero de 2005, Saca llegó a la ciudad porteña para anunciar que el Puerto de La Unión comenzaba a construirse y develó una placa como símbolo de los nuevos tiempos que se avecinan para la región oriental. Concebido como el polo de desarrollo de la zona oriental, el puerto daría, en un primer momento, unos 450 empleos directos con la construcción del embarcadero, a cargo del consorcio nipón belga TOA Corporation/Jan De Nul.
En su oficina, Santiago Aguilar muestra los beneficios en números en la presentación formal del proyecto: Crecimiento estimado del cinco por ciento anual, como mínimo, del Producto Interno Bruto (PIB) regional; crecimiento tres por ciento de la población hasta llegar a un 81 por ciento en 20 años; la construcción de más de dos mil nuevos hogares hasta el 2025; y crecimiento de tres a cuatro por ciento anual de empleo. El listado de fortalezas del proyecto es halagador: localizado en el centro geográfico del Plan Puebla Panamá; posee una bahía natural y protegida que permite la expansión del puerto en dos fases más; infraestructura y equipo moderno; y la atracción del transporte regional por el calado de 15 metros, que permitirá el desembarco del 95.93 por ciento de la flota de transporte marítimo mundial. El puerto, con una inversión de 132 millones de dólares, empieza a ser una realidad. “El Puerto de La Unión es parte de los proyectos a los que este gobierno le ha apostado fuertemente para convertir al país en un centro logístico de distribución regional”, sentenció Saca el 14 de junio pasado, después de ver cómo se colocaba el primer bloque del frente de atraque. Según el presidente, cuando se decidió la construcción del puerto, el gobierno central mandó el mensaje de que “no queremos concentrar el desarrollo totalmente en la capital y hemos retomado las ideas del Plan de Nación, el Plan de la Comisión Nacional de Desarrollo, que incluye un desarrollo en diferentes áreas del país”. Pero el primer mandatario no dijo cómo su gobierno aseguraría que el desarrollo del proyecto se reflejara en la ciudad porteña y quién o qué organizaciones serían las encargadas de llevar a cabo esos planes. Desarrollo y trabajo En 1994, el gobierno de Armando Calderón Sol, con la ayuda de Japón, tomó como propio el proyecto del Puerto de La Unión por encima del de desarrollo integral de la cuenca del río Grande de San Miguel como polo de desarrollo para la región oriental. “Creando un puerto se crea un polo de desarrollo, una zona portuaria y una ciudad puerto creando todo un tejido industrial, como se hizo en Acajutla, Sonsonate”, dice Aguilar.
Las proyecciones del gobierno central hablan de 13 mil empleos en los próximos años debido a las zonas francas en el sector, operaciones del puerto y otras actividades y proyectos relacionadas. De acuerdo con el estudio de factibilidad del proyecto, en esta primera etapa se generarían 450 empleos en la construcción. Ya en operación, el puerto necesitará 500 trabajadores para operaciones portuarias, además de 2 mil 500 en otras actividades relacionadas con el puerto; y se espera la generación de otros 10 mil puestos en la zonas francas afincadas a su alrededor Douglas Marroquín tiene otro punto de vista. Maestro de profesión, nacido en San Salvador y con cinco años de residir en La Unión, Marroquín ve cómo la población de jóvenes porteños se va reduciendo año con año. “Quizá sea una apreciación personal, pero cada vez son menos los jóvenes que buscan el bachillerato”, dice. “Y ni qué hablar de ir a la universidad. Para muchos, la meta es salir de La Unión: San Salvador, en un primer momento, o directamente a Estados Unidos”. La influencia de los “hermanos lejanos” está presente en la ciudad. “Los municipios con los porcentajes más altos de hogares receptores de remesas se concentran en el oriente del país”, detalla el Informe 262: “Indicadores municipales sobre desarrollo humano y los objetivos de desarrollo del Milenio”, del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo. En ese listado, 13 de los 18 municipios del departamento se encuentran entre los primeros 25 receptores de remesas por hogar. “Los cinco municipios que reciben más remesas pertenecen a La Unión, encabezados por Concepción de Oriente”, describe el documento. “Hemos encontrado algunos jóvenes que están estudiando en el Megatec y a los que se les dan charlas motivacionales”, afirma Aguilar. “El objetivo es que la gente de La Unión se apropie del proyecto, que lo vivan como tal. Los beneficios del puerto serán para La Unión y para el país.” “La gente se quiere ir”, remarca Marroquín. “La gente de La Unión tiene dos formas de vivir: remesas y comercio”, asiente Luis Ulloa, sacerdote porteño. “Cada vez menos comercio y más remesas.” Para Ulloa, La Unión todavía no ve los beneficios del puerto. “Parecería que la gente que se va a beneficiar es la misma de siempre... los que tienen más”, dice el sacerdote y cita como ejemplo que la nueva infraestructura del departamento apunta al puerto más que a la ciudad. “Los beneficios, como la nueva carretera, es para el puerto y no para la ciudad… Aquí las calles no dan abasto y están todas deterioradas”, comenta. ¿Una ciudad apática? La ciudad parece adormecida frente a todo ese desarrollo que generaría por la cercanía del proyecto. En su despacho, Fredis Salomón Hernández, el alcalde de La Unión, tiene que hacer una pausa obligada cada vez que un bus acelera y la música de las ventas de CDs piratas retumba en las ventanas. Hernández reconoce que falta ordenar la ciudad para “lo que se viene” y que se está trabajando contrarreloj pero que aún hay tiempo.
El edil recibió la comuna en mayo pasado en números rojos y demasiados retos enfrente: una ciudad desordenada por el caos vehicular y las ventas informales; además de tener un sistema de drenajes deficiente que contamina el golfo de Fonseca, a pocos kilómetros donde se planea la construcción de un frente de playa y un muelle artesanal. El problema de las ventas informales se hace más patente sobre la calle General Menéndez, entre la avenida Morazán y 1.ª avenida sur, frente al recién reconstruido mercado municipal, donde la mayoría de vendedores llegan todos los días desde San Miguel y Santa Rosa de Lima. “Las calles están tomadas y el centro de la ciudad es un desorden. No existe ningún tipo de ordenamiento”, afirma Teresa de Gutiérrez, directora del Colegio San Carlos y miembro del Grupo Gestor de La Unión, una entidad creada bajo la batuta de la Comisión Nacional de Desarrollo para involucrar a la ciudadanía con el proyecto. “¿De qué nos sirve tener el mejor puerto de Centro América si no se va a desarrollar la ciudad?”, cuestiona De Gutiérrez. Para ella, como para otros miembros del Grupo Gestor, el primer paso está en el involucramiento de sus habitantes en cosas tan sencillas como la limpieza de la ciudad, una campaña que iniciaron con dificultad por la apatía de la gente. “¿La Unión está preparada para ser vecina de un puerto de primer nivel?”, repreguntamos. Hernández dice que “todavía no”, pero no pierde las esperanzas de que los planes de desarrollo para la ciudad y la región se echen a andar.
Proyectos en marcha “El concepto de ciudad puerto es que la ciudad se beneficie del puerto. Que la ciudad se integre con el puerto. Esta es la primera vez que se hará en El Salvador”, afirma Aguilar. “Lo que queremos evitar es que suceda lo de Acajutla, donde el puerto se desarrolló y la ciudad no”. El director del proyecto es claro, no es CEPA quien se debe de encargar de asegurar este desarrollo. “Nosotros movemos carga, brindamos un servicio. CEPA, estrictamente, no le interesaría desarrollar la ciudad. Lo único que le interesaría es tener personal para sus instalaciones, pero no lo tenemos que ver como empresa sino como país y no podemos considerarnos como una empresa. En ese sentido colaboramos con todas las instituciones involucradas”, dice, pero limita su acción al desarrollo del puerto. ¿Quién sería el encargado? Actualmente, quien lleva la batuta es el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (VVDU), pero las decisiones finales y trascendentes se toman en Casa Presidencial. Mientras no exista el marco legal que determine las funciones de cada actor o institución, la cabeza del proyecto es la Secretaría Técnica de la Presidencia, dirigida por Eduardo Zablah. Mientras, el viceministro de Vivienda, Franciso Vega, evita hablar de una institución específica y asegura que el trabajo se hace en equipo. Para Hernández, el alcalde unionense, todavía falta definir cómo estas instituciones tienen que trabajar en equipo y una instancia clara a quién abocarse en caso de que esto no se de la manera correcta. El ejemplo más claro es el proyecto del puerto artesanal, para el que ya se tendrían 354 mil dólares del VVDU, para asegurar el desarrollo turístico de la zona pero que choca con la realidad de la quebrada El Zope, uno de los drenajes antiguos de la ciudad que desemboca en la bahía. “Lo del puerto es un proyecto del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local y la Alcaldía; lo de aguas negras toca a ANDA. Son tres instituciones que, aunque estamos trabajando, no tienen definidas las reglas”, afirma. Otro ejemplo de ello es la ausencia de algunas instituciones. “El Ministerio de Medio Ambiente brilla por su ausencia y es un actor importante, es el que debería velar por el funcionamiento de la dragadora y no está aquí. Siempre se le invita, pero nunca viene”, dice Fidel Ramos, asesor de la región oriental de la CND.
Hasta el momento, el proyecto más claro para desarrollar la región es el Estudio de Ordenamiento Territorial de la región de La Unión –con 150 mil 460 beneficiados de los municipios de La Unión, Conchagua, Intipucá, Meanguera del Golfo, Pasaquina y San Alejo– elaborada por el VVUD a un costo de 355 mil 943 dólares provenientes del gobierno japonés. Pero sigue siendo eso, un estudio. Para Vega, el principal problema es que aún no existe una cultura de ordenamiento territorial y antes de hablar de normativa debe de comenzarse a educar al respecto. “Antes de una ley de ordenamiento territorial debe darse a conocer el tema en todos los sectores”, comenta a la salida de un evento en el que se firmaron los convenios de ejecución entre el Viceministerio y las alcaldías. El plan cuenta con una propuesta técnica de planificación territorial y urbanística en la que se zonifican los espacios rurales, no urbanizables, sistemas viales, drenaje y saneamiento de aguas, tratamiento y disposición de residuos sólidos. Sin embargo, sin ninguna legislación alguna que garantice que esto se vaya a cumplir al pie de la letra, los proyectos sólo existen en papel. “Hace falta quién se haga cargo de interrelacionar a las instituciones”, afirmó Aguilar. “No tenemos el ente interinstitucional que se encargará de coordinar todo esto. Hay muchos entes participantes”. En el caso de La Unión, a nivel interno se habla de crear un régimen especial para la zona bajo un decreto ejecutivo. Según el proyecto, esta legislación determinará, de forma transitoria, quién actuará como ente rector de los proyectos que se llevarán a cabo en la región, qué actores estarán trabajando bajo su coordinación y las potestades que tendrá para trabajar según el ordenamiento trazado en los planes. “Con este instrumento legal permitiría que nadie podría llegar a hacer lo que le dé la gana, que es lo que está pasando ahora. Pero eso es trabajo de los legisladores”, resume Aguilar. Mauricio Navas, del Centro de Desarrollo Pesquero (CENDEPESCA), también recuerda que “los diputados se comprometieron a trabajar en el aspecto de legalidad, ese compromiso asumieron”.
En la segunda, los diputados que integran la comisión hicieron una visita de campo en la zona y recibieron a un grupo de pescadores artesanales afectados que reclaman atención y explicaciones de cómo afectará el proyecto. “De ellos (los diputados) sólo recibimos el compromiso de trabajar en todos los aspectos legales”, relata José Alfredo Sánchez, líder del sector en La Unión. Para Manuel de Jesús Gutiérrez, diputado de ARENA por La Unión, su grupo parlamentario no ve vacíos al proyecto del puerto La Unión y las cosas, a pesar de la poca comunicación con el alcalde de la ciudad, van por buen camino. “La construcción del puerto significa desarrollo, comercio, mejor educación y mejores carreteras”, resumió el parlamentario, al tiempo que acusó a partidos de oposición de “inducir” a los pescadores artesanales a protestar. “Trabajo va a haber… que otros partidos le digan que no lo habrá es otra cosa”, finalizó.
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