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NOTICIAS Corporación del Milenio busca más financiamiento para El SalvadorLuego de una semana de haber confirmado que El Salvador tendrá contrato de financiamiento antes de que finalice el año, para implementar la estrategia de desarrollo de la Zona Norte, la MCC expresó también estar en busca de reformas legislativas que permitan más de un acuerdo con un mismo país. Dos nuevos indicadores sobre materia ambiental, sin embargo, empezarán a ser evaluados en 2008 para poder continuar recibiendo los fondos de la Corporación. Edith Portillo
Estuvo un solo día en El Salvador y, en su breve agenda pública, dejó claro que el gobierno puede estar prácticamente seguro de recibirlos 441.1 millones de dólares no reembolsables * que pidió en mayo pasado a la Corporación del Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés). “El Salvador está preparado para ser socio de la MCC. Tenemos todos los motivos para creer que la cantidad de dinero será similar, sino idéntica (…) Creo que ese será el caso”, dijo el presidente de la Corporación estadounidense, John J. Danilovich. El anuncio oficial será hecho el próximo 8 de noviembre. Los 441.3 millones corresponden a la Estrategia de Desarrollo de la Zona Norte, diseñada bajo un proceso de consulta por la Comisión Nacional de Desarrollo (CND) y la Secretaría Técnica de la Presidencia, que comprende tres grandes componentes: conectividad vial (233.5 millones), que incluye la apertura y mejoramiento de la Carretera Longitudinal del Norte (CNL); desarrollo productivo (75.5 millones) y desarrollo humano (106.8 millones). Se contemplan además 25.5 millones para asistencia técnica. Pero la visita de Danilovich no sólo dejó poco margen para que el equipo coordinador de la propuesta se sintiera confiado de obtener los fondos solicitados. Consultado sobre la posibilidad de que el país reciba un financiamiento incluso mayor, el presidente de la MCC adelantó que hay conversaciones en Estados Unidos encaminadas a contemplar esa posibilidad, siempre y cuando el país con el que se tiene el contrato esté implementando bien su propuesta original y mantenga los indicadores de elegibilidad. La ley que dio vida a la MCC permite únicamente un contrato por país, por un período máximo de cinco años. Lo que busca ahora la Corporación, según dijo Danilovich, es reformar esa legislación para que permita acuerdos simultáneos con un mismo país, por un período más largo de tiempo. “Si el país tiene un contrato, ha sido bien implementado y las personas están progresando, como debería ser, y los indicadores se mantienen bien también, esperamos poder considerarlo en el futuro (…) Estamos empezando ese proceso (de negociación por una reforma) ahora. De hecho, cuando vuelva a Washington, pretendo reunirme con algunos diputados y senadores para poner en marcha estas ideas para cambiar nuestra legislación”, dijo a El Faro. El representante de la MCC aseguró además que la confirmación del monto para El Salvador será hasta noviembre por razones meramente internas del año fiscal estadounidense. “Hemos tenido que trasladar las fechas para el año financiero, que inicia para nosotros en octubre, y es sólo por esas razones fiscales que hemos tenido que posponer la firma de un acuerdo, pero el país ha tenido un buen desempeño en la evaluación de los 16 indicadores” que evalúa cada año la MCC, en materia de libertades económicas, inversión en desarrollo humano y gobernar con justicia. Medio Ambiente, la nueva medición Pero para que El Salvador siga recibiendo fondos en los cinco años programados para la implementación de la propuesta, tendrá que, además de esos 16 indicadores, someterse a la evaluación de otros dos correspondientes a preocupaciones ambientales, a partir del año 2008. Danilovich aseguró que éstos no serán aplicados “inmediatamente” a partir de 2007, pues la Corporación consideró “injusto” hacerlo sin que los países estén bien informados y preparados para la evaluación de estos indicadores. Sobre las perspectivas que podría tener El Salvador frente a la evaluación en esta materia, Danilovich se limitó a decir que será hasta que los indicadores sean oficialmente adoptados que se empezará a trabajar con cada país que tenga acuerdo con la MCC, a fin de poder superarlos. “Por retrasar la aplicación de estos indicadores hasta 2008, la MCC y yo hemos sido criticados fuertemente por la comunidad ecológica y pro medio ambiente en los Estados Unidos, que quiere que sean aplicados inmediatamente. Nosotros no vamos a hacer eso. En cuanto los indicadores sean adoptados, nos comprometemos inmediatamente con todos los países con los que tenemos convenios a educarlos, a informarlos, de modo que tengan suficiente tiempo también para preparar las reformas legales que serán necesarias en la mayoría de países, para poder superar estos indicadores”, dijo. El Salvador es el segundo país más deforestado de toda Latinoamérica, después de Haití. Y figura, además, entre los 14 países de la región que para el año 2022 se podrían enfrentar a una situación de crisis hídrica, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El componente de medio ambiente es uno de los que, durante las consultas realizadas para el diseño de la propuesta salvadoreña, surgió frecuentemente como una preocupación de ciudadanos, autoridades locales y organizaciones no gubernamentales (ONG). Estos han expresado su inquietud frente a la capacidad institucional de supervisar y garantizar que obras contempladas dentro de la propuesta presentada a la MCC, especialmente la apertura de tramos y mejoramiento de la Carretera Longitudinal del Norte (CLN), no tengan un impacto ambiental significativo. Una auditoría independiente y descentralizada Respondiendo a esas preocupaciones, varias organizaciones no gubernamentales, de las que saldrán cuatro representantes para formar parte de Fomilenio, la nueva entidad que velará por la ejecución de la propuesta, han planteado la necesidad de contar con mecanismos de auditoría externa que involucren a actores más allá del gobierno central. Proponen que el impacto ambiental sea también medido a partir de una evaluación estratégica, desarrollada en un plazo no mayor de seis meses, en la que participen entidades públicas y privadas, universidades, ONG, centros de investigación y las municipalidades involucradas. Esto permitiría, según las organizaciones, contar luego con un marco normativo que garantice la defensa tanto de los asentamientos humanos como del sistema de áreas naturales protegidas, las zonas de recarga hídrica, bosques y zonas agroproductivas y turísticas. “De muy poco serviría contar con infraestructuras, programas productivos y de desarrollo humano en un territorio sin normas de ordenamiento territorial y ambiental (…) La evaluación territorial y ambiental estratégica garantizaría que las acciones depredadoras y los proyectos de alto impacto no sean aceptadas ni en el presente ni en el futuro”, dice un documento al que El Faro tuvo acceso, elaborado recientemente por representantes de CARE, FUNDALEMPA, SalvaNATURA, Catholic Relief Service y otras. Ricardo Vásquez, director de FUNDALEMPA y participante de la consulta de la propuesta durante la etapa de diseño, resume las inquietudes del grupo insistiendo en la necesidad de que la supervisión no dependa únicamente de las instituciones oficialmente responsables: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y Ministerio de Obras Públicas (MOP). “Ni tenemos la confianza ni la probidad de que haya una adecuada supervisión. Por eso lo que estamos proponiendo es una auditoría independiente del gobierno”, apuntó.
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