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NOTICIAS Desarme: el irreconciliable debate del país más violento de la regiónLa posibilidad de privar a la población civil de tener armas de fuego, con las que se cometen más del 75% de los homicidios en el país, está cada vez más presente en el debate ciudadano y político, pero también parece lejos de poder concretarse. Quitarle a los civiles las 205 mil 106 armas de fuego que tienen legalmente en sus manos sería, a juicio de la PNC, “un mal mensaje”. Edith Portillo y Rodrigo Baires Quezada
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El Salvador de la posguerra se ha vuelto una de las sociedades más violentas de toda Latinoamérica. Según las estadísticas, es el país con la tasa de homicidios más alta de la región: más de 50 por cada 100 mil habitantes, por encima de Honduras, Guatemala y Colombia.
Esto, de acuerdo con los datos de la Policía Nacional Civil (PNC), supone actualmente un promedio superior a los diez homicidios diarios. En su mayoría, más del 75%, son cometidos con armas de fuego.
Según el registro de armas del Ministerio de la Defensa Nacional, hay 205 mil 106 armas de fuego legalmente inscritas en manos de la población civil, 47 mil 766 de ellas, es decir el 23.3%, correspondientes a las empresas de seguridad privada en todo el país.
“De las (armas) legales, las pistolas y los revólveres son los que más registran los civiles”, dice el director de Logística del Ministerio de Defensa, el coronel Danilo Martínez. Entre ambos tipos de armas, suman 147 mil 247 (ver recuadro).
Aunque no se tiene un dato preciso sobre las armas ilegales, las estimaciones del director de la Policía Nacional Civil (PNC), Rodrigo Ávila, ilustran que la tenencia en manos de civiles es aún mucho mayor: “De todas las armas que hay en el país, podría decir que quizás el 35% son legales”.
Tipo de armas registradas en manos de la población civil, según los datos del Ministerio de la Defensa Nacional:
San Salvador es el departamento con más armas: 45 mil 700. Como municipio, también es San Salvador el que más armas tiene: 25 mil. |
Este dato supondría, siguiendo las estimaciones del director policial, que en El Salvador circulan alrededor de 586 mil armas de fuego, y que cerca de 380 mil lo hacen de manera ilegal.
A la luz de las cifras, el partido de oposición FMLN, apoyado también por CD, mocionó hace dos semanas en la Asamblea Legislativa una reforma a la Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares, con la que pretendían eliminar el permiso de portación de armas y restringir la tenencia. Similares planteamientos ha puesto sobre la mesa desde hace al menos un año el grupo civil Sociedad sin Violencia, que reúne a algunos líderes políticos y de opinión, empresarios y académicos.
La legislación actual contempla tanto permisos de tenencia como de portación. Solo en los últimos seis meses, según Defensa, se han otorgado más 1,270 matrículas de portación.
Pero la propuesta efemelenista no tuvo eco en el pleno. Argumentando que la población tiene el derecho a auto defenderse, el partido oficial, ARENA, el PDC y PCN la rechazaron. “No apoyamos un desarme total porque estamos seguros de que la gente honrada y honesta entregaría sus armas, pero el delincuente, el malhechor o el que tenga algún fin político no la entregaría”, dijo entonces el jefe de la bancada arenera, el diputado Guillermo Gallegos.
Su posición es compartida por la Policía, en la misma línea que el mismo presidente de la República, Antonio Saca, se ha expresado sobre el tema. Rodrigo Ávila sostiene que “si mañana sale alguien diciendo que habrá una ley de desarme, vamos a perder control sobre las armas (...) No podemos venir con la gente que es honrada, que ha cumplido con la ley, y decirle que le vamos a quitar sus armas porque estoy mandando un mal mensaje”.
Con armas de alto calibre
Para Ávila, pese a las cifras, el problema de la violencia y los homicidios no tiene que ver necesariamente con la gran cantidad de armas en manos de la población civil.
“El problema es la portación y las armas ilegales”, dice. Y luego agrega: “Tenemos un gran problema a nivel judicial, porque cuando a una persona se le quita un arma de fuego, muchas veces no registradas, se les deja en libertad y se piden grandes experticias para ver sí el arma funciona”.
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Durante 2005, la PNC decomisó un total de 3 mil 110 armas de fuego legales, entre armas cortas (pistolas, revólveres y pistolas sub ametralladoras), largas (fusiles, carabinas y escopetas), armas de guerra (fusiles, sub ametralladoras y morteros) y armas artesanales. En lo que va de este año, la cifra de decomisos asciende a 2 mil 75, principalmente armas cortas (ver recuadro).
Pero la tenencia de armas largas y de alto calibre también ocupa parte importante entre las cifras. Los datos de Defensa muestran que en la población hay una buena cantidad de gente, casi un cuarto del registro (50 mil 571), manejando este tipo de armas.
En manos de civiles circulan legalmente 15 mil 353 fusiles, 32 mil 941 escopetas, que en su mayoría están en empresas de seguridad, 2 mil 186 carabinas y 91 sub ametralladoras. Estas últimas, dice Danilo Martínez, “son las que usan los de la seguridad personal de algunos funcionarios públicos”.
Sobre la permisividad de este tipo de armas en manos de la población civil, Ávila también justifica: “Los crímenes se cometen a corta distancia, los fusiles es bien difícil de esconder y, paradójicamente, yo no recuerdo ahorita un arma larga legal que haya participado en un delito, a excepción de una escopeta en manos de un vigilante. Las armas largas ya están reguladas por ley, no se pueden portar libremente porque no hay permiso para ello. Las armas largas que salen en delitos son ilegales”.
Ávila se comprometió con El Faro a proporcionar, a través de su oficina de Comunicaciones, información sobre las armas ilegales involucradas en delitos y homicidios, pero ésta finalmente nunca fue brindada.
Armas de fuego decomisadas entre enero y agosto de 2006. Armas cortas
Armas largas
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El cuestionado argumento de la auto defensa
Todas estas armas de fuego en propiedad de los salvadoreños tienen, a juicio del gobierno y la derecha política, su explicación lógica: el derecho de la población honesta a autodefenderse, un argumento que las mismas estadísticas de la institución policial han ayudado a desmentir.
El estudio “Armas de fuego y Violencia”, publicado en 2003 por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP) y el Programa Sociedad Sin Violencia, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), reveló que una persona que trata de defenderse con un arma de fuego ante una agresión tiene más posibilidades de resultar herido o muerto que de no hacerlo.
Con datos de la PNC correspondientes al año 2000, el estudio pudo reflejar que “cuando se usa un arma de fuego para defenderse, la probabilidad de que la víctima salga ilesa y mate o hiera al victimario es de apenas 0.9 por ciento, en cuanto que la probabilidad de que ocurra lo contrario es muy superior (5.2 por ciento)… las armas en manos de las personas victimizadas se constituyen en un factor que contribuye a elevar el riesgo de manera dramática: lo que podría haber sido un robo puede terminar en el homicidio de la víctima.”
El documento además señala que la dirección en ese entonces de la Policía Nacional Civil, con Ricardo Menesses el frente, era uno de los sectores más preocupados por la “circulación excesiva y la enorme cantidad existente de armas de fuego” entre la población civil. “Dada la labor policial, un mejor control de las armas de fuego disminuiría el riesgo que a diario enfrentan sus agentes, por lo que la institución es una de las pocas en apoyar el desarme de la población. Por ejemplo, para el año 2000 los datos de la Policía muestran que hubo un total de 100 agentes lesionados por participar en 78 casos en los que se hizo uso de armas de fuego”, reza el texto.
Pero los datos sobre las consecuencias del uso de armas por parte de las víctimas son matizados por el actual director de la PNC, sucesor de Menesses. Ávila sostiene que estas cifras son relativas porque no incluyen los casos de personas que se han defendido con éxito al mostrar un arma.
“Esa afirmación (del arma como un factor de riesgo más que de defensa) es válida sobre todo en casos que ocurren en la calle, pero es diferente en los lugares de residencia. Estoy de acuerdo con esa afirmación sobre todo cuando eso se da en la calle, aunque hay gente que se ha defendido exitosamente sin ni siquiera haber disparado (…) Hay un montón de gente que se ha salvado de ser asaltada, pero esos son los casos que menos se escuchan”, expresó a El Faro.
¿Es o no factible entonces el desarme en estos momentos? Para Ávila, la respuesta en realidad debería buscarse en mayores restricciones para la portación, estableciendo “vedas” en períodos de fiestas nacionales y en espacios públicos, como en la experiencia del municipio de San Martín, donde el promedio mensual de homicidios ha logrado reducirse hasta en un 50%.
“Un desarme legal implicaría una serie de medidas que, primero, demandarían que se agrave la ley para las armas ilegales. Sí es factible, pero para eso debería de tener un proceso para limitar en su máxima expresión el tema de la portación y agravar las normativas penales para quien infrinja la ley”, dijo el director de la PNC.
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