|
|
| |||
| |
|||
|
|||
|
|||
| |||
|
|
NOTICIAS La reforma para dummies El Faro
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enviar | 
Imprimir |
El problema de la deuda provisional que ya arrastraba el Estado salvadoreño se agravó en 1996 con el cambio de sistema público a uno privado. El sistema antiguo, diseñado por Bismarck hace más de un siglo, se basaba en lo que se conoce como un “sistema de reparto”. Esto significa que los trabajadores activos hacen aportes a un fondo del cual se pagan las pensiones de los jubilados. En otras palabras, los trabajadores activos mantienen las pensiones de los jubilados.
Al cambiar de sistema, a uno de perfil privado y definido como “sistema de capitalización individual”, los trabajadores activos cotizan su propia pensión en un fondo administrado por administradoras privadas (AFP) que posteriormente, cuando se jubilen, les devolverá sus cotizaciones más las ganancias obtenidas a través de las inversiones de las mismas llevadas a cabo por las AFP.
Pero el tránsito dejó al Estado con dos cargas importantes: por un lado, los trabajadores que cotizaban en el sistema anterior y se cambiaron a una AFP dejaron, en el antiguo fondo, años de cotizaciones que habían sido utilizadas para pagar las pensiones de los ya jubilados. Este dinero es adeudado por el Estado al Fondo de Pensiones de las AFP. Por otro, el erario público, que cabe recordar que ya no ingresa cotizaciones, no dispone ya de dinero suficiente para seguir satisfaciendo las pensiones de los jubilados que permanecieron en el sistema antiguo.
El resultado ha sido un gran endeudamiento del Estado, de aproximadamente $400 millones al año, que ha sido cubierto, hasta hoy, mediante la emisión de certificados de traspaso (CT) y eurobonos, dos formas de lo que se conoce como “bonos del Estado” o “títulos de deuda”, promesas de pago que el Estado hace a bancos, empresas o personas que le prestan dinero.
La emisión anual de bonos del Estado para financiar el déficit requiere de aprobación por mayoría calificada en la Asamblea (56 votos), y hasta ahora ha aparecido como parte del presupuesto nacional. Pero la deuda previsional es tal que desde hace años desbalancea totalmente el presupuesto y lo vuelve deficitario.
La propuesta de reingeniería financiera presentada la semana pasada por el Ejecutivo tiene dos propósitos: uno, aliviar los plazos de pago de la deuda provisional; y dos, evitar que la oposición política pueda bloquear el presupuesto del Estado mediante su control del voto calificado.
Para ello, se quiere crear un fideicomiso, que no es más que una figura financiera según la cual una persona o institución encarga a otra unos bienes para que ésta los administre y los traspase, en los términos acordados, a una tercera persona o institución. En este caso, el Estado encarga al fideicomiso la administración de la deuda previsional, y la emisión de títulos de deuda pagaderos al Fondo de Pensiones.
El Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) administrará el
Fideicomiso y emitirá los CIP (Certificados de Inversión Provisional, que sustituirán a los Certificados de Traspaso) pero no será garante de los títulos -es decir, de su pago final a quien los adquiera- ni responsable del rendimiento de los fondos de pensiones. El fideicomiso será formado y alimentado, según el texto presentado a la Asamblea, con “aportaciones voluntarias” del Ministerio de Hacienda.
Según el Ejecutivo, las ventajas de la creación de un fideicomiso es que le traslada a éste las operaciones financieras de pensiones, y por tanto no entran al presupuesto ni requieren de la aprobación de la Asamblea Legislativa. Este fideicomiso, y no el Estado propiamente, emitiría los nuevos Certificados de Inversión Previsional (CIP) pagaderos a 25 años de plazo. Los certificados deberán ser comprados, por ley, por el Fondo de Pensiones que administran las AFP. Es decir, con el dinero de los actuales cotizantes.
El fideicomiso establece determinados parámetros para el pago de la deuda ya existente, de tal forma que, sin que esta desaparezca, la distribuye de manera escalonada en los próximos 25 años. Según el esquema, de aprobarse la reforma los primeros años serían muy cómodos para el actual gobierno, ya que sólo tendría que desembolsar, el primer año, 58 millones de dólares, frente a los más de 400 millones que debería pagar si se mantuviera el esquema de emisión de bonos y certificados de traspaso.
Pero en los años venideros el incremento es tal que, pese a la reforma, para el año 2020 el Estado necesitará desembolsar más de $800 millones de dólares para cubrir sus obligaciones de pago, aunque este problema deberá ser enfrentado por quien gobierne en ese momento. Y las cantidades irán creciendo a medida avance el tiempo.
El Estado seguirá endeudándose para pagar la deuda previsional, ya sea a través de emisiones de CT y Eurobonos, como se ha hecho hasta ahora, o de CIP, si se aprueba el fideicomiso. Lo que cambia son simplemente las condiciones de pago. Según varios analistas económicos, la reingeniería es buena, en términos de las ventajas que ofrece para el pago de esta deuda. A mayor plazo e incluso con tasas de interés más bajas, al menos en los primeros años.
PROBLEMAS:
En el anteproyecto de ley presentado por el Ejecutivo a la Asamblea, los CIP carecen de garantías de pago. Es el fideicomiso, y no el Estado, el que se compromete a pagarlos. Pero, a pesar de que el fideicomiso es administrado por el BMI, este tampoco adquiere ningún compromiso sobre el pago, o el rendimiento, de los títulos, por tanto no hay garantes de los mismos.
El sistema propuesto obliga a las AFP a adquirir, con el Fondo de Pensiones, todos los certificados emitidos por el gobierno (de hecho esto sólo es un reconocimiento legal de una práctica que ya existía. Las AFP destinan más del 80 por ciento del Fondo de Pensiones a la adquisición de bonos del Estado, ya que tienen restringida su capacidad de inversión en otros rubros).
Pero el número de cotizantes de las AFP ha bajado considerablemente en los últimos años respecto a la Población Económicamente Activa, debido principalmente a la emigración y al aumento del sector informal de trabajo, que no cotiza en este sistema.
Si la tendencia se mantiene, el capital del fondo de pensiones puede aumentar anualmente en menor cantidad que las emisiones de CIP del Estado, por lo que no habría dinero para cumplir con la obligación de comprar todos los certificados y por tanto se desequilibraría todo el sistema. El éxito de la reingeniería financiera depende del crecimiento económico del país.
La propuesta del Ejecutivo abre a las AFP la posibilidad de invertir en el extranjero y en infraestructura para el desarrollo, pero al obligarlas a comprar todos los títulos del fideicomiso prácticamente les impide realizar tales inversiones. En esta situación, abrir en un cuerpo de ley la posibilidad de inversión privada en obras públicas es poco probable, a menos que no se restrinja a las AFP y que la intención sea, como confirmó el superintendente de pensiones, poner en el cuerpo de ley una autorización para la inversión privada en obras de infraestructura.
| Lea también: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Enviar |
Imprimir |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consulte el buscador de Google y encuentre las notas publicadas en El Faro |
| EL FARO.NET
(Apartado Postal 884 , San Salvador, El Salvador) |
