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NOTICIAS Ejecutivo propone fideicomiso para pagar pensiones y esquivar a la AsambleaLa reingeniería financiera propuesta obliga al Fondo de Pensiones a financiar el pago de los jubilados y permite emisión de deuda pública, sin requerir la aprobación del Primer Órgano del Estado, a través de un fideicomiso. Permitiría a las AFP invertir en el extranjero y en infraestructura pública como carreteras y puertos. Carlos Dada
El Ejecutivo presentó la semana pasada una propuesta que pretende aliviar la carga fiscal del sistema de pensiones y quitar a la Asamblea Legislativa el poder de aprobar las emisiones de títulos públicos para pagar dicha deuda. La propuesta del gobierno se basa en la creación de un fideicomiso administrado por el Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), y creado con aportaciones del Ministerio de Hacienda, que emita unos títulos de deuda pública que se llamarán Certificados de Inversión Previsional (CIP), que deberán ser adquiridos en su totalidad por el Fondo de Pensiones que administran las AFP. De esta manera, el Fondo de Pensiones aportaría el capital para el pago de pensiones a jubilados. Los Certificados serían emitidos a 25 años plazo, y pagaderos con un interés superior a los actuales Certificados de Traspaso (CT) y Certificados de Traspaso Complementarios (CTC), que se emiten actualmente para financiar la deuda que el Estado tiene con el Fondo de Pensiones, derivado de las cotizaciones hechas por los trabajadores al ISSS y al INPEP previo a la privatización del sistema realizada en 1996. El cambio de CT por CIP aumentaría la rentabilidad del Fondo de Pensiones, según cálculos preliminares independientes, en un 14 por ciento al tiempo de jubilación, y aliviaría el pago de la deuda previsional al menos en los primeros años. El gobierno sólo ha presentado previsiones del comportamiento del nuevo sistema hasta 2020, a pesar de que los CIP tienen 25 años plazo, por lo que aún no hay proyecciones a largo plazo de la propuesta. Pero, al menos en los tres años de gobierno que le quedan a la administración Saca, la carga fiscal del Estado se verá aliviada, recargándose progresivamente en los siguientes años. “Las medidas propuestas por el gobierno para financiar el pago de pensiones, de cara a la aprobación del presupuesto del 2007, dan salida a la dificultad coyuntural de tener que contar con un presupuesto equilibrado en términos de flujos de efectivo y no de saldo contable de la deuda, manteniendo el nivel de gastos del 2006 y sin posibilidad de obtener la aprobación de más endeudamiento”, dice un informe de la Comisión Política Fiscal (un grupo de economistas independientes nombrado por el ex Ministro de Hacienda Guillermo López Suárez para analizar la política fiscal del Gobierno) que será dado a conocer esta semana. El informe cierra advirtiendo que “la solución integral y sostenible en el tiempo del problema fiscal del país, vendrá únicamente por la vía de un gran acuerdo nacional sobre la reforma de política fiscal y el perfeccionamiento del sistema de pensiones. Esta discusión deberá ser abordada y resuelta antes de que las finanzas públicas entren en crisis”. Según los cálculos del Ejecutivo, con la reforma el Estado deberá egresar $58.5 millones de dólares en 2007, considerablemente menos que los $419.3 millones que debería egresar si se mantiene el actual sistema. Pero el egreso se eleva gradualmente hasta $790 millones en 2020, mayor en comparación a los $673.6 millones que debería egresar bajo el actual sistema en dicho año. La tabla únicamente llega hasta 2020, pero la tendencia indica que los egresos, ya para entonces, serán significativamente mayores con la reforma que sin ella. “Es una medida, si no 100 por ciento atinada, sí recomendable”, dice el economista Juan Héctor Vidal. “Alivia la carga fiscal, pero no ataca el problema central. Lo único que se hace es tirarla (deuda previsional) a 25 años. Es una salida financiera para los tres años del Presidente Saca”. La medida ha sido vista con precaución por expertos y por instituciones de análisis nacional. FUSADES advirtió que el anteproyecto no resuelve el problema de las pensiones, y que hace falta una verdadera reforma al sistema. En el mismo sentido se manifestaron los economistas Roberto Rubio y Ricardo Perdomo. “Esto no es una reforma de pensiones ni una solución”, dice Perdomo. “El sistema corre el riesgo de depender de que a futuro crecerá la economía y aumentará la recaudación fiscal. Hay que tomar medidas compensatorias, disminuir riesgos de liquidez de los CIP, tomar medidas para garantizar al Fondo de Pensiones el pago de rentabilidad mínima”. Rubio agrega que “Ahora más que nunca es necesaria una reforma previsional y una fiscal”. Gobierno se brinca a la Asamblea Hace más de un mes, Saca adelantó que, al no contar con los 56 votos legislativos que requiere la Constitución para la emisión de deuda pública, pretendía buscar un plan alternativo, “creativo”, para financiar las pensiones sin la emisión de bonos y presentar un presupuesto equilibrado, al eliminar de las cuentas la deuda previsional. “El tema político es que no tengo los 56 votos para aprobar bonos que nos permitan pagar esto. Así es que vamos a aprovechar esta situación para ser creativos para reducir gastos innecesarios y sí mantener la inversión social, que para mí es la más importante, esto mandando un presupuesto que pretendemos sea equilibrado y que por primera vez, en muchos años, el país podría tener un presupuesto sin emisión de bonos”. Con la propuesta, la emisión de deuda a través de los CIP la haría el fideicomiso, y no el Estado per se. Para convertirse en ley, el anteproyecto debe ser aprobado por mayoría simple, es decir, 43 votos. Al Ejecutivo le bastaría con los votos de ARENA, el PCN y el PDC, pero los diputados aún estudian la propuesta (ver nota aparte). Los partidos FMLN y CD prácticamente han descartado aprobarla, y el FMLN incluso ha lanzado ya una campaña para rechazarla. De los tres partidos de derecha, el PDC es el que en principio tiene más dudas. “Están quitando los mecanismos de pesos y contrapesos entre el Legislativo y el Ejecutivo”, dice el coronel Rolando Herrarte, jefe de fracción pedecista. “Puedo comprender a ARENA y lo estamos estudiando. Pero va en contra de la institucionalidad del país. Esto podría ser más grave que el problema de pensiones. Estamos concientes de que esto es tener que votar para automarginarnos.” El PCN, en cambio, prácticamente ha adelantado su apoyo. Dagoberto Marroquín, principal vocero pecenista en la materia, asegura que “se trata de una figura financiera genial. En lo político afecta al FMLN, pero eso es otra cosa”. Pero la preocupación por el impacto político de la propuesta va más allá de los pasillos legislativos o las sedes partidarias. El economista Juan Héctor Vidal dice: “Están orillando los principios de la democracia. Es una forma brutal, grotesca de eliminar a la oposición. Eleva la confrontación política en momentos muy críticos que necesitan diálogo y negociación”. Concesiones a la vista La propuesta de ley incluye también abrir la posibilidad de que las AFP utilicen el 10 por ciento del Fondo de Pensiones para invertir en el extranjero, y, además, en obras de infraestructura pública como carreteras o puertos. El presidente Antonio Saca cree que esto generaría mejor rentabilidad para los fondos de pensiones: “Deben generar oportunidad de inversión para las AFP. Un ejemplo, las inversiones de largo plazo, las inversiones en turismo, en construcción de infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, de ser necesarios; presas hidroeléctricas”. El Superintendente de Pensiones, Víctor Ramírez Najarro, es más explícito. “Estamos hablando de concesiones”, dice. “¿Cómo va a pagar esos fondos que está captando?, con los rendimientos que le cause la construcción de la obra. Es el mecanismo total. Eso no es de que sólo las AFP le van a comprar todo, tiene que abrirse al mercado”.
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