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NOTICIAS Foro regional sobre control de armas PNC cree que desarme “complicaría las cosas”En medio de la exposición de diversas experiencias exitosas de control de armas de fuego que derivaron en una reducción de los homicidios en algunas localidades de Latinoamérica, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Rodrigo Ávila, sostuvo que en El Salvador la prohibición total para portar armas no es viable por problemas en la aplicación de justicia.
El director de la Policía Nacional Civil, Rodrigo Ávila, participó la semana pasada en un foro sobre control de armas con una intervención contraria a las conclusiones del mismo. Mientras los expertos solicitaron el desarme de la población para disminuir la cantidad de homicidios y de violencia en el país, Ávila dijo que la misma es inviable en este momento.
El director argumentó que la policía realiza capturas de muchos delincuentes que son dejados en libertad por los jueces, por lo que las armas ilegales continúan en manos de criminales dispuestos a usarlas impunemente. Ávila fue uno de los conferencistas del Foro Regional de Intercambio de Experiencias en Prevención y Control de Armas de Fuego, celebrado la semana pasada en San Salvador, bajo la organización del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En dos días de conferencias con expertos en el tema en la región latinoamericana, las experiencias contadas por los demás participantes reflejaron los buenos resultados de mayores restricciones en la portación de armas, traduciéndose en menor número de homicidios y delitos cometidos con armas de fuego. Una de las conclusiones del evento, de hecho, quedó plasmada en una frase:“Más armas, igual a menos vida”. Uno de los ejemplos para defender la tesis del desarme como ví a la erradicació de la violencia fue el municipio de San Martín, San Salvador, que forma parte del proyecto “Municipios Libres de Armas” desarrollado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), la Policía Nacional Civil (PNC) y las autoridades locales, con financiamiento del PNUD. Desde la aplicación de este programa, que comprende actividades de dinamización de los espacios públicos y una ordenanza municipal que restringe la portación de armas en 31 lugares públicos, San Martín ha dejado de ser uno de los 22 municipios considerados como más violentos de El Salvador y redujo su promedio mensual de homicidios a la mitad. Según las cifras, respecto del año pasado, se ha registrado una disminución de un 26.73% de los delitos cometidos con armas de fuego y una reducción de hasta el 51.21% de los homicidios, en el periodo de noviembre a mayo. “Con resultados tan palpables como estos, podemos ir a exigir a nuestros diputados y diputadas un desarme total de la población”, dijo durante el foro el alcalde de San Martín, Mario González. Pero el desarme total parece no ser aún una opción viable para algunas fracciones legislativas y para la misma Policía. Aun cuando el programa piloto de San Martín fue anotado como uno de los logros en el control de armas durante la exposición de la institución policial, Ávila expresó que el país todavía no está preparado para esta alternativa. En El Salvador, según los datos del Ministerio de Defensa, circulan más de 450 mil armas de fuego en manos de civiles, en su mayoría ilegales. Las armas de fuego, señalan las estadísticas policiales, están involucradas en más del 80% de los homicidios registrados en el país, que actualmente alcanzan un promedio de 12 diarios. El director ejecutivo del CNSP, Armando Jiménez, indicó que de momento lo único que se tiene proyectado es replicar el modelo de San Martín en los municipios de Santa Ana y Sonsonate, en el occidente del país. Entre la falta de garantías y de voluntad política Para William Godnick, asesor para América Latina de “Internacional
Alert” y analista de programas de las Naciones Unidas para Guatemala,
Honduras y El Salvador, una medida como el desarme total solo es viable
si la población se siente segura con el servicio de seguridad
que recibe por parte de las instituciones correspondientes. Godnick se refería a cuando en octubre de 2005, los brasileños decidieron, a través de un referendo, no prohibir la posesión civil de armas. “Lamentablemente, el referendo lo perdimos, pero logramos sí una recolección de armas importante y ha habido una reducción en la tasa de homicidios”, dijo la brasileña Ilona Szabó, quien supervisó la campaña para el referendo en contra de las armas y es la actual coordinadora del Programa de Seguridad Humana de la organización Viva Río. En la campaña de recolección encabezada por Szabó, en 2004 y 2005, se destruyeron además 459 mil armas de fuego y, tras esta y otras acciones paralelas, se registró por primera vez una reducción de los homicidios con armas de fuego en los últimos trece años, con una baja de 5 mil casos. Los recursos de los que habla Godnick son identificados también por la dirección de la PNC como un factor indispensable. “Los buenos resultados en San Martín también han sido producto de un refuerzo de 40 agentes de la Policía. Por eso nosotros decimos que es tan importante aumentar la cantidad de las policías, porque no todo tiene que ver con la ley, sino también con la presencia policial”, continuó Ávila. Los vacíos para poder implementar un desarme total en El Salvador, según algunas autoridades locales participantes, no se limitan a la falta de garantías y recursos institucionales, sino también a las discusiones políticas alrededor del tema. “La intención es que se trabaje con decreto legislativo, pero la realidad política nos dirá si es posible (…) si no hay una voluntad política de responder, estos proyectos no caminan”, dijo el director ejecutivo del CNSP, en alusión al programa “Municipios Libres de Armas”. Iniciativas que piden mayores restricciones La discusión por el desarme no es tan nueva en El Salvador. Desde el año pasado, los homicidios eran ya una epidemia, y cuando, en el mes de julio, el ministerio de Gobernación instaló mesas para tratar el tema, diversas expresiones civiles se manifestaron en ellas a favor de la prohibición total. “Me parece que las cifras están hablando muy claro por nuestros argumentos”, sostenía ya en octubre el rector de la Universidad Tecnológica, Mauricio Loucel, parte del movimiento ciudadana Sociedad Sin Violencia. Este grupo abogó por una propuesta de reformas a la Ley de Armas, Municiones y Explosivos en 2005, con la que se pedía la eliminación de la matrícula de portación y permitir solamente la tenencia en las casas, pero la derecha legislativa (con los votos de ARENA, PCN y PDC) descartó la propuesta, por considerar que estas medidas “dejaban desarmada a la población honesta”. Los argumentos de estos partidos caminan en contra de las estadísticas alrededor del tema, que señalan que la mayoría de casos en los que una víctima ha tratado de defenderse con un arma, esta resulta dañada con su propia arma. “La población quiere un país sin armas, hagamos
de esto una realidad”, dijo Jacqueline Bloch, del movimiento Sociedad
sin Violencia, al cierre del foro regional sobre armas.
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