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San Martín reduce a la mitad promedio de homicidios

Uno de los 20 municipios más violentos del país está cambiando con el esfuerzo de sus habitantes y un programa piloto de desarme. El promedio de homicidios en los últimos meses se ha reducido hasta en un 51%, al igual que el resto de delitos con armas de fuego.

Edith Portillo / Foto: Marcelo Reyes
cartas@elfaro.net
Publicada el 10 de julio - El Faro

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Sobre el kilómetro 17 de la carretera de Oro, un rótulo verde en letras blancas da la bienvenida al municipio de San Martín, una localidad de alrededor de 150 mil habitantes ubicada en el Este del departamento de San Salvador.

Más adelante, otro anuncio: “¡San Martín Vivo, libre de armas!”. Al llegar a la plaza central, cuatro señales en las esquinas muestran el dibujo de un arma con un símbolo de prohibición color rojo encima. En medio del parque hay unos diez jóvenes, todos hombres, que platican a la sombra de un árbol, resguardándose del sol y el calor de la tarde.

Las puertas de la iglesia del municipio están abiertas, el comercio de los vendedores del mercado y unos cuantos informales permanece activo en los alrededores y, en el pasillo que da entrada a la alcaldía, frente a la plaza, un par de señoras se abanican con unos papeles.

Pero esta aparente tranquilidad en el centro de la ciudad no siempre ha sido así. Este municipio fue identificado el año pasado, por el ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC), como uno de los 20 más violentos de los 262 de El Salvador, con un promedio de homicidios por encima de los siete mensuales. “Si antes a cada rato oías de alguien que habían asesinado ahí en la placita del centro, hoy eso por lo menos ha bajado bastante. En los buses siempre asaltan, pero en cuanto a los homicidios sí que se ha notado la disminución”, dice Ivette Molina, una joven de 23 años habitante de San Martín.

En El Salvador, según cálculos del Ministerio de la Defensa Nacional, hay unas 450 mil armas en manos de la población civil, en su mayoría circulando ilegalmente. San Martín, justamente por sus altos índices de violencia, fue escogido para llevar a cabo un programa piloto que está dando, a corto plazo, resultados sorprendentes.

Los cambios, coinciden Ivette y las autoridades locales, se comenzaron a reflejar desde noviembre, cuando se puso en marcha el programa “Municipios Libres de Armas” en San Martín y el municipio vecino de Ilopango, donde las acciones iniciaron con retraso y los resultados aún no son percibidos.

“Se escogieron estos dos pensando en que fueran municipios con altos niveles de violencia, con presencia de pandillas, que hubiera interés de los gobiernos locales para desarrollar el programa y que éstos fueran de distintas denominaciones políticas”, dice el director del programa desde el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), Daniel Carsana. Pero el gobierno de San Martín (antes de ARENA) cambió de manos tras las elecciones municipales y legislativas de marzo pasado, fue ganada por el FMLN y hoy los dos municipios piloto del proyecto son de este partido político.

Se trata de un programa de participación ciudadana que, en conjunto con el CNSP y con el financiamiento a dos años del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pretende reducir los índices de violencia en la localidad, a través de acciones concretas que ayuden a recuperar los espacios públicos.

Una de ellas es la ordenanza municipal aprobada en agosto pasado, que prohíbe la portación de armas en 31 espacios públicos como el parque municipal, las instalaciones deportivas, los puntos del transporte colectivo, el agromercado y los restaurantes. Pese a que la Ley de Armas que rige en el país prohíbe la portación en los espacios públicos, “enumerar en la ordenanza cuáles son esos lugares específicos es importante porque además permitió señalizar, son cosas que hoy la gente respeta”, dice Carsana.

Atendiendo a esta ordenanza, la delegación local de la PNC realiza operativos todas las semanas e instala retenes sobre la carretera de Oro, en los que verifica que la población cumpla con la no portación. De lo contrario, las armas son decomisadas y sobre el portador recae la respectiva multa por infracción de la ley.

Para poder hacer valer la ordenanza, el programa (con financiamiento de unos 300 mil dólares del PNUD) ha contemplado capacitaciones en la materia tanto a agentes policiales como del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM). Hasta la semana pasada se habían decomisado 93 armas de fuego.

“La mayoría de ciudadanos se siente más segura (con los operativos). Pero hay otros que se sienten incómodos, lamentablemente uno de los administradores propietarios de un restaurante, que por ética no voy a mencionar, sí se ha expresado de forma negativa, argumentando que es un acoso policial, pero son casos bastante excepcionales”, cuenta el subinspector Carlos Alvarado, jefe de la delegación policial de San Martín.

Junto a la contravención municipal, la reducción de la violencia en el municipio responde también a otras acciones: una campaña de comunicación y señalización, un refuerzo de 30 agentes policiales para la delegación del lugar y donación de detectores de metal para su utilización en actividades comunales.

Además, incluye una considerable dinamización de los espacios públicos a través de actividades culturales, deportivas y religiosas en los seis puntos críticos identificados por las autoridades locales, y que son los que cubre directamente “Municipios Libres de Armas”. Hasta la fecha, indica el último informe del proyecto, se han realizado 63 actividades en estos espacios.

Los resultados, a la luz de las cifras, son tangibles: disminución en un 26.73% de los delitos cometidos con armas de fuego y reducción de hasta un 51.21% de los homicidios también con este tipo de arma, pasando de un promedio mensual de 5.85 homicidios entre los meses de noviembre 2004 y mayo 2005, a uno de 2.85 mensuales en el periodo noviembre 2005-mayo 2006.

Esta disminución, trasladada a las seis zonas calificadas como de mayor riesgo, se distribuye en una baja del 66% en el centro de la ciudad, 83% en la comunidad La Flor, 57.14% en la Santa Teresa, 25% sobre la carretera de Oro, 100% en San Joaquín y 75% en la Santa Fe.

“Ay Dios, antes aquí jamás hubiéramos podido entrar por este lado sin ser de aquí. No salimos”, dice un empleado municipal, en un breve recorrido por la comunidad Santa Fe, “territorio de la MS (Mara Salvatrucha)”.

Para el alcalde de San Martín, Mario González, el trabajo precisamente con la población juvenil del lugar ha sido clave en la disminución de la violencia.

“Nosotros reiniciamos un contacto con los jóvenes a nivel municipal. Desde el momento en que llevamos recreación a los sectores de vulnerabilidad en seguridad, desde el momento en que nosotros hablamos con los jóvenes de que hagan una tregua, específicamente las pandillas (…) no quiere decir entonces que los índices han bajado sólo por el proyecto. El trabajo con los jóvenes ha sido muy importante”, dice González.

Pero los buenos resultados en San Martín no son los únicos sobre los que el programa pone ojo. Dentro del monitoreo, se ubica a los vecinos Soyapango y Tonacatepeque como “municipios de control”, donde no se interviene directamente, pero en los que sí se lleva un registro del comportamiento delictivo con armas de fuego.

Esto, explica Carsana, para identificar si la reducción de los índices en San Martín no se traduce también en un aumento en los municipios aledaños. “Vamos a ver cómo se mueven los indicadores en estos dos municipios, la idea es ver qué pasa, ver la posibilidad de, si el delito migra, qué impacto tiene un programa de éstos en los municipios cercanos”.

El jefe de la delegación de la PNC en San Martín, el subinspector Carlos Alvarado, considera que migrar hacia lugares donde el control policial no es tan riguroso es, de hecho, casi una conducta natural de los delincuentes.

“La delincuencia se va adaptando al cambio. El delincuente, al percibir la operatividad policial, se va, es una característica del delincuente”, estima Alvarado.

La polarización del éxito
La reducción de la delincuencia a mano armada tampoco ha escapado a las valoraciones políticas. La actual gestión del gobierno local, en manos del FMLN, insiste en atribuirse más acciones encaminadas a la prevención de la violencia que la administración anterior, a cargo del partido oficial, ARENA.

Aun cuando los resultados positivos reportados por la dirección del programa corresponden hasta el mes de mayo, justo cuando tomó posesión de su cargo, el nuevo alcalde asegura que ha sido su trabajo con la población juvenil el que ha comenzado a marcar la diferencia.

“En la alcaldía anterior faltaban elementos de liderazgo, el PNUD se comprometió a verificar que no se partidizara el proyecto porque el anterior alcalde lo anduvo ocupando en su campaña (…) Nosotros no podemos darle crédito sólo a estos datos del PNUD porque los índices de violencia y de homicidios con armas de fuego no han bajado sólo por el proyecto. El proyecto sólo toca las regiones más críticas del municipio, pero no lo abarca todo”, dice el alcalde Mario González.

El traspaso del gobierno municipal supuso una pausa en la aplicación del programa. Los agentes no estaban capacitados y el actual concejo reinició su implementación integral hasta hace quince días.

Daniel Carsana, el director del programa, explica que la llegada del nuevo concejo ha supuesto reiniciar con algunos puntos, especialmente en las capacitaciones a los agentes del CAM: “Hay que rehacer algún trabajo. Todo cambio supone ajustes, readaptaciones, y con el cambio en la alcaldía tuvimos que hacer una pequeña pausa para involucrar bien al nuevo concejo en la parte de participación juvenil y al nuevo CAM”.

¿Cómo garantizar el seguimiento a un programa con resultados exitosos luego de que, en diciembre, acabe el financiamiento? “Uno de los objetivos de este proyecto es desarrollar capacidades de una experiencia que se puede reproducir, pero el fin de este proyecto no es sostenerlo a largo plazo, sino más bien que pueda generar insumos para crear políticas públicas”, dice Carsana. “Pero yo creo que sí es sostenible continuar trabajando en esa dirección”, lo complementa González.

Pese a los resultados, Carsana reconoce también que aunque se ha mencionado en el CNSP como una posibilidad de propuesta, no hay disposiciones concretas para extender las medidas aplicadas en San Martín a otros municipios.

Se intentó conocer la versión del director del CNSP, Óscar Bonilla, pero este se excusó a través de su asistente y dijo que no podía atender sobre el tema.

El alcalde de San Martín cree que la anterior gestión no tenía un respaldo coherente, por la política gubernamental frente a las armas de fuego en el país. La PNC, con quien hasta el mes pasado inició el trabajo de coordinación, como institución que responde al Ejecutivo, dice el alcalde, tampoco tiene entonces ese respaldo.

“Este programa no era acorde con la anterior alcaldía y el trabajo de su partido en la Asamblea Legislativa. Aquí ha habido una contradicción: un alcalde de ARENA diciendo que quería un municipio libre de armas, pero por otro lado, en la Asamblea, un grupo de diputados y el mismo presidente Antonio Saca, que no quieren limitar o anular la portación de armas”.

La semana pasada, mientras en San Martín las autoridades y la población local mantenían sus esfuerzos por prevenir la violencia con armas de fuego y avanzar en la seguridad de su municipio, en San Salvador, los diputados de ARENA, PCN y PDC aprobaban reducir a 18 años la edad mínima para la portación de armas de fuego.

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