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Dirigentes del partido de izquierda responsabilizan a grupos “ultra radicales” de los asesinatos de los dos policías de la UMO. El FMLN reconoce que ha sostenido comunicación con estos grupos que tienen intención de tomar de nuevo las armas. El gobierno culpa abiertamente al FMLN, mientras aboga por la aprobación de una ley contra el terrorismo.

César Castro Fagoaga* / Fotos: Edu Ponces
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Publicada el 10 de julio - El Faro

Salvador Arias usó un megáfono para poder seguir hablando, en cuanto se le acabó el tiempo asignado, en la plenaria del jueves. Había empezado su intervención afirmando que las muertes de los dos policías las provocaron los francotiradores de la propia PNC.

La comisión política del FMLN sostuvo el sábado 8 de julio una reunión extraordinaria “para analizar a profundidad lo ocurrido” el miércoles 5, cuando uno de sus militantes, identificado como José Mario Belloso Castillo, disparó con M-16 contra un grupo de policías de la Unidad de Mantenimiento del Orden.

Los dirigentes del partido salieron de ahí con una nueva postura, contundente y muy distinta a la expresada en los días posteriores a los hechos. El sábado condenaron tajantemente el asesinato de dos miembros de la Unidad Antimotines, pidieron el castigo para los responsables y manifestaron su disposición a cooperar con las investigaciones.

José Luis Merino, miembro de la comisión política y uno de los principales dirigentes del partido, en una entrevista con El Faro, aceptó que Belloso es militante efemelenista, que ya ha sido protegido legalmente por diputados, y que fue separado en noviembre de 2005 de un cargo en la dirigencia juvenil del partido.

“Les pediría que reflexionen, que están equivocados, que en este momento esas acciones, en lugar de ayudarle a su gente, le hacen daño”, dijo Merino, al referirse a lo hecho por la autodenominada brigada Limón, a la que pertenecen Belloso y Herrador.

Merino y el vocero del FMLN, Sigfrido Reyes, describen a estos grupos como “ultra radicalizados”, organizados, que abrazan la posibilidad de regresar a las armas, y que el FMLN, efectivamente, los conoce. “Debemos conocerlos. Son gente que en algún punto… el FMLN es una organización madre, grandota”, se justifica Merino, que durante la guerra se conoció con el seudónimo de Ramiro Vásquez.

El miércoles, varias horas después de que se confirmara la muerte de los agentes Miguel Ángel Rubí Argueta y José Pedro Rivas Navarrete, varios dirigentes del FMLN negaron conocer a Belloso Castillo y a su acompañante en los disparos, Luis Antonio Herrador Funes, e incluso sugirieron que otros policías, apostados en la azotea del hospital Bloom, fueron los responsables de los asesinatos.

“No los conozco, no sé quiénes son”, dijo Guadalupe Erazo, diputada suplente del FMLN y dirigente del Bloque Popular Social, grupo afín al partido.

El día siguiente, el diputado Salvador Sánchez Cerén acusaba a ARENA y al gobierno de haber fraguado un complot en su contra. “Están haciendo una campaña de guerra propagandística contra el FMLN… Sabemos que ellos tenía información de la actividad y prepararon una emboscada”, dijo a este periódico.

El primero en reaccionar por el gobierno fue el presidente Antonio Saca. La mañana del miércoles, luego de asistir a un cambio de mando en la Fuerza Armada, el mandatario responsabilizó al FMLN, acusándolo de tener gente disfrazada de protestantes, “pero que son unos verdaderos asesinos”.

“El FMLN está detrás de estas acciones y lo acuso formalmente de lo que ha sucedido”, dijo Saca, en lo que se convirtió en el inicio de una creciente ola de acusaciones de parte del Ejecutivo.

El Ministro de Gobernación, René Figueroa, endureció las palabras del mandatario y calificó los hechos de terrorismo, mientras su partido, en la Asamblea, intentaba aprobar con dispensa de trámite una ley antiterrorista que no ha sido estudiada. El presidente solicitó a su canciller, Francisco Laínez, la elaboración de un documento que presentará a las Naciones Unidas y la OEA acusando al FMLN de incumplir el texto de los Acuerdos de Paz, firmados el 16 de enero de 1992 en México, por no haber depuesto totalmente las armas de guerra.

El presidente, además, sugirió que el FMLN entrena militarmente a pequeños grupos, algo que el ministro de Gobernación, René Figueroa, subrayó en los días que siguieron.

Figueroa señaló que las investigaciones del gobierno apuntan a Guazapa, en San Salvador, y a la zona sur de Usulután como lugares de entrenamiento de estos grupos. Los funcionarios se cuidaron de no acusar directamente al partido de oposición de llevar a cabo dichos entrenamientos, pero les faltó muy poco.

“Al que ves en la fotografía de las maderas es un confeso miembro del FMLN, no creo que se le haya ocurrido él ‘yo voy a ir a protestar y voy a llevar un rifle o una arma corta’, esa es gente entrenada”, dijo el mandatario en una conferencia de prensa en la que se le preguntó si los señalamientos del Gobierno recaían únicamente en miembros del FMLN o en el partido como institución.

“Estamos investigando, no puedo dar información que sería peligrosa y que además prácticamente botaría todo el trabajo de inteligencia e investigación que estamos siguiendo”, agregó Saca, e informó que las investigaciones se realizan desde hace “varias semanas”.

El diputado arenero Norman Quijano revela la fuente de esas investigaciones. “En la campaña presidencial una persona se me acercó y me dijo de esos campos de entrenamiento. Nos dio los nombres de toda la estructura. Dijo que era de la BRES (Brigada Revolucionaria de Estudiantes Salvadoreños) y que quería una visa para Estados Unidos”.

René Figueroa muestra una fotografía de Walter Durán defendiendo a Mario Belloso ante la policía. El ministro se refirió a ciertos diputados del frente como “agitadores” y “facinerosos”.

$10 mil dólares por Belloso

El viernes 7 de julio Belloso ya tenía precio. El Ministerio de Gobernación anunció una recompensa de $10 mil dólares para quien brinde información que lleve a la captura del presunto asesino de policías.

La PNC publicó los nombres de los padres de Belloso e incluso dio la dirección de la casa, sin explicar las razones para ello. “No lo hemos hecho con mala intención, simplemente creíamos que era lo más correcto”, dice el subdirector de la policía, José Luis Tovar Prieto.

En la Asamblea, ARENA intentó pasar con dispensa de trámite una ley antiterrorista que se encuentra en estudio desde el 30 de noviembre de 2005. “Esto ya no es delincuencia común, estos son terroristas que están valiéndose de la impunidad que el FMLN les da para cometer asesinatos”, dijo el jefe de fracción, Guillermo Gallegos. Los demás partidos le negaron sus votos. “No podemos acompañar una iniciativa que sea producto de un momento de calentura”, dijo Juan Pablo Durán, jefe de fracción del PDC. “No podemos acompañar al gobierno si, de manera apresurada o por ganar votos, quieren reaccionar de manera impulsiva y poco analítica sobre este problema”.

Cambio Democrático se pronunció en igual sentido. “Pedimos no discutir de manera apresurada temas que requieren mayor estudio como las reformas penales y una ley antiterrorismo en un contexto que es poco propicio para ello”, afirmó el diputado Héctor Dada.

Durante la plenaria del jueves, ni siquiera el PCN apoyó a ARENA en su propuesta. El coronel retirado y diputado Antonio Almendáriz tomó el micrófono y llamó a la calma. “No olvidemos el pasado y no tenemos que olvidarlo, pero no para repetirlo sino para que no se repita. Fíjense bien que los que en verdad estuvimos en combate sabemos lo que es la guerra: ver compañeros muertos y destrozados a la par”, dijo Almendáriz. “Mientras haya odio, aunque se hayan firmado todos los acuerdos de paz del mundo, nunca habrá paz. Quisiéramos que esto no se repitiera, con el peligro que se repita por lo que pasó ayer, y mal haríamos si no lo gritáramos pero no con violencia porque podría suceder otra cosa igual”.

Al final, el diputado Almendáriz propuso la creación de una comisión ad hoc que se dedique a revisar detenidamente la propuesta de la ley antiterrorista y dé una respuesta en un plazo de quince días.

El FMLN fue el último en hablar. El jefe de la fracción Salvador Sánchez Cerén dijo que “los dos oficiales de la Policía muertos son producto de los francotiradores. El (hospital) Bloom fue tomado por gente de la Policía y por eso pedimos castigo para los autores de este acto represivo… Hemos platicados con estudiantes y conocemos que hay tres estudiantes muertos y cerca de 30 heridos”.

Su compañero de fracción y secretario de comunicaciones, Sigfrido Reyes, agregó sin presentar pruebas: “Fue una emboscada preparada por la PNC”.

El sábado, día de la reunión de la comisión política del FMLN, Reyes moderó sus palabras. “Nosotros condenamos categóricamente el uso de armas en las manifestaciones, eso sí tenemos que decir las manifestaciones y protestas tienen propósitos legítimos. Pero somos claros en decir que es un camino equivocado el de las armas, el país ya no está para eso”.

El FMLN no volvió a hablar de los supuestos estudiantes muertos y heridos. En los hospitales que este periódico consultó tampoco hay indicio alguno.

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