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NOTICIAS Comisión técnica económica considera “urgente” reformar el sistema de pensionesEl grupo de economistas independientes advierte la posibilidad de que el sistema previsional caiga en insolvencia ante los jubilados. Según el análisis de estos expertos, el sistema actual es insostenible. Carlos Martínez
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“Si no se toman ahora medidas urgentes para atender el creciente déficit fiscal provocado por la carga del sistema de pensiones, los costos serán mayores y más graves los daños ocasionados a la economía y al futuro de los jubilados”.
La anterior es una de las conclusiones contenidas en el informe que han elaborado los miembros de la comisión técnica de economistas. Este grupo se formó a raíz de un acuerdo político entre el desaparecido grupo de legisladores “G-13” y el ex ministro de Hacienda, Guillermo López Suárez. Producto del acuerdo, estos economistas tienen acceso completo a la información oficial sobre las finanzas públicas.
El grupo está formado por Roberto Rubio, Ricardo Perdomo, William Pleitez y José Antonio Basagoitia.
Según los datos de la comisión, este año el Estado deberá desembolsar 409 millones de dólares para pagar a las personas que aún se jubilan con el sistema público, que fue sustituido en 1999 por el modelo privado de ahorro obligatorio.
El costo que el Estado debe asumir para financiar pensiones no ha dejado de subir desde 2003, cuando estaba por debajo de los 300 millones de dólares. Según las proyecciones del ministerio de Hacienda, de no haber reformas al sistema, el erario público deberá cargar con un costo de 600 millones de dólares en el año 2015.
La comisión va más allá y hace cálculos hasta 2020. Según su análisis, el costo de las pensiones sería de un mil 83 millones de dólares para ese año.
El constante incremento en los costos del sistema previsional se debe a que el Estado tiene que asumir el pago de las pensiones del 82% del total de personas jubiladas, según datos oficiales hasta abril de este año. El estudio de la comisión revela que, como contrapartida, solo el 2.55% del total de personas aseguradas, cotiza en el sistema público.
El sistema anterior cobraba a los trabajadores un impuesto que utilizaba para subsidiar a las personas retiradas. Luego del cambio, la mayoría de personas en edad laboral dejó de aportar ese fondo subsidiario para comenzar a ahorrar en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Con ello, el Estado se quedó sin ingresos para financiar el pago de pensiones y debe endeudarse para pagar a los jubilados del antiguo sistema.
Para obtener recursos, el Estado emite bonos de deuda pública que son adquiridos en su mayoría por las mismas AFP. Los datos obtenidos por la comisión indican que la mayor parte de ganancia obtenida por estas empresas deriva de la compra de bonos. El informe asegura que las Administradoras utilizan el 80% de su cartera de inversiones en este rubro.
Para la comisión, el Estado no tiene capacidad de seguirse endeudando para sostener a un creciente número de jubilados del sistema anterior. El modelo actual, asegura, representa “una seria amenaza financiera, ante la existencia de futuros problemas de insolvencia y disminución de la calificación crediticia de la deuda pública”.
Estos economistas no son los primeros en advertir del peligro de que las empresas calificadoras de riesgo degraden la calificación del país. A principios del mes pasado, dos de las más influyentes calificadoras de riesgo mencionaron a El Faro esta posibilidad.
Menos beneficios a jubilados
El informe de la comisión muestra que, desde el cambio de sistema,
hay menos personas afiliadas al sistema previsional. Hasta abril pasado,
solo el 17.5% del total de la Población Económicamente
Activa (PEA) estaba afiliado a alguno de los sistemas de pensiones.
En 2002, la relación era del 18% y en el 2001, del 19.3%. El
informe registra que en 1998, antes del cambio de modelo, el 24.5 de
la PEA estaba afiliado al régimen previsional.
“Esto nos lleva a que la cobertura después de la reforma
de pensiones es menor que antes de la reforma... Los costos de administración
de las pensiones en el sistema privado (...) constituyen una barrera
de entrada para el trabajador independiente que tiene que cubrir la
totalidad de la cotización mensual”, señala el informe.
Luego del cambio de sistema, el Estado debió haber transferido a las AFP la totalidad de lo cotizado por quienes se pasaron al sistema privado. Sin embargo, la transferencia de estos recursos se hará paulatinamente, en un plazo de 15 años.
Según la comisión, esto restará valor a las pensiones de los asegurados por el sistema privado: “El Estado difirió el traspaso de lo cotizado por quienes fueron absorbidos por el sistema nuevo. Esto ha disminuido la rentabilidad del fondo de pensiones y por lo tanto de las cuentas de ahorro individuales, pues se han dejado de ganar los intereses generados por la colocación total de la cantidad adeudada a favor de los afiliados al inicio del período de jubilación”.
El informe concluye que el sistema privado nació con “deficiencias estructurales” que acrecentaron los problemas fiscales, económicos y sociales. La comisión también se compromete en el documento a hacer una serie de propuestas de reforma al modelo vigente.
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