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NOTICIAS Grupo Calvo analiza retiro del país ante riesgo de perder beneficios arancelarios de EuropaLa Unión Europea exige que El Salvador ratifique convenios laborales para mantener las preferencias arancelarias que le permiten, a la empresa española, exportar atún desde La Unión al Viejo Continente sin pagar aranceles. Calvo tendrá que pagar un 20.5% de impuestos a partir del otro año si el gobierno no consigue una nueva prórroga del sistema de preferencias conocido como SGP +. Sergio Arauz/Alma Rivera
Grupo Calvo, la empresa atunera española que emplea a 1,500 trabajadores en su planta de La Unión, está analizando cerrar sus operaciones en El Salvador ante la perspectiva de sufrir un aumento del 20 por ciento en sus costos de exportación. Miguel Ángel Peñalva, gerente general de Calvo El Salvador, confirmó la semana pasada que la empresa española estudia la posibilidad de irse del país, pero que aún no ha tomado una decisión. El sábado, él y la ministra de economía, Yolanda de Gavidia, conversaron sobre el compromiso gubernamental de ratificar dos convenios internacionales exigidos por la Unión Europea para que algunos productos salvadoreños, como el atún que procesa Calvo en La Unión, sigan entrando sin pagar aranceles a todos los países europeos a través de un sistema de preferencias arancelarias conocido como SGP +. “Por el momento no nos aportan ninguna solución para que
el SGP + sea
prorrogado. Nosotros también le hemos comunicado (al gobierno)
que tenemos información de la Unión Europea que (dice)
que la única forma para (continuar) la prórroga del SGP
+ es la ratificación de los convenios
(OIT)”, confirmó el gerente de la atunera
luego de su reunión con la ministra. La ministra de economía llamó por teléfono a la empresa para confirmar las declaraciones de Peñalva. “Yo hablé con Ramón Calvo (director general de la empresa) y me dijo que no se había tomado una decisión”, aclaró la funcionaria el viernes por la tarde.
Europa exige la ratificación de 27 convenios internacionales a los países beneficiarios del SGP+. El Salvador cuenta con 25, y le queda por ratificar dos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que permiten la libertad sindical en las dependencias de gobierno y el derecho de los trabajadores al contrato colectivo. El gobierno salvadoreño ha expresado a la UE que no podrá cumplir con el plazo establecido, ya que para ratificar los convenios es necesario hacer reformas constitucionales que requieren de aprobación y ratificación en dos legislaturas distintas. Requisitos incumplidos “El problema es que la ratificación de los convenios implica una reforma constitucional para tratar de esa forma que los europeos nos den SGP Plus y evitar que inversiones como la de Calvo se retiren de nuestro país. Eso es lo que nos correspondería como Asamblea”, declaró el diputado Miguel Bolaños, subjefe de la bancada del partido oficial. Para el secretario jurídico de la presidencia, Luis Mario Rodríguez, la ratificación de los convenios es segura, pero hay que cumplir con los tiempos: “Mientras no se introduzcan reformas a la Constitución Política, adoptar estos dos convenios corre el riesgo de que puedan ser calificados de inconstitucionales por parte de los organismos del Estado que tienen su función de velar por el estado de derecho y el estado de la constitucionalidad del país”. El funcionario asegura que ha sido “prioridad uno” para el Ejecutivo y defiende que la saturada agenda de los últimos días de la legislatura pasada impidió que las reformas constitucionales se aprobaran con 43 votos y fueran ratificadas con 56 en esta legislatura. “En las próximas semanas estarán en la Asamblea Legislativa”, promete Luis Mario Rodríguez. El proceso a seguir anunciado por el gobierno es aprobar este año en la Asamblea las reformas constitucionales. Luego ratificarlas en la legislatura de 2009, cuando se requieren 56 votos para ser aprobada. Ello implica conseguir una prórroga más larga con la Unión Europea que la conseguida por el gobierno en la primera ocasión, cuando se le permitió entrar a la lista de países beneficiados con el SGP+. Declaraciones de Wouter Wilton, encargado de negocios y jefe de la delegación de la Unión Europea en El Salvador, publicadas por Diario El Mundo, cierran de momento la posibilidad de una prórroga más: “En el reglamento se dice claramente que hasta el 31 de diciembre de este año… hoy estamos a 9 de mayo. La ratificación de esos convenios se tiene que lograr antes del 31 de diciembre.”
Según Calixto Mejía, diputado del FMLN, desde antes del anuncio de la empresa, en la comisión de trabajo se había expresado la urgencia de ratificar los convenios de la OIT: “En el proceso de consulta que hizo la comisión de trabajo, dentro de todas las personas que se invitó a COEXPO y a empresarios del Grupo Calvo, ahí expresaron su preocupación”.
Según la ministra de economía, la decisión de
conseguir una prórroga que permita al país seguir utilizando
el SGP+ sin ratificar los convenios OIT está en manos de la UE:
“No es una decisión que dependa de nosotros, los tiempos
no cazan, hay que esperar y buscar avenidas. Es una decisión
unilateral”, explica la ministra de economía, que sale
el lunes de esta semana a Ginebra. Ella dice que aprovechará
el viaje para “hacer lobby” buscando que el Consejo de la
Unión Europea extienda en septiembre una nueva prórroga
para el país. En abril de 2005 el presidente Saca anunció la creación
de la Comisión Nacional de Modernización Laboral (CONAMOL)
para analizar las posibilidades de aprobación de los convenios
de la OIT. El 25 de octubre de ese mismo año esta comisión
recomendó oficialmente reformar la Carta Magna para ratificar
los tratados internacionales. Para ello se necesita la aprobación
de una legislatura y la ratificación de la siguiente, por lo
que, para poder cumplir con el plazo establecido por la Unión
Europea y mantener las preferencias arancelarias, la reforma constitucional
debía ser presentada y aprobada antes del 30 de abril, último
día de la anterior legislatura, para que pudiera ser ratificada
antes de fin de año por los diputados que tomaron posesión
el uno de mayo. En enero de 2006, la comisión acordó contratar una consultoría para elaborar los textos de reformas constitucionales. El 3 de febrero, la secretaría técnica de la presidencia contrató a Roberto Oliva, Mario Solano y Fidel Chávez Mena para que elaboraran las propuestas de reforma y demás leyes que requirieran modificaciones. La comisión presentará en los próximos días su propuesta, según anunció la semana pasada el mandatario. Un funcionario del Ejecutivo, que pidió el anonimato para no violar el compromiso de esperar al anuncio oficial, mencionó que, según las conclusiones de la comisión, para la ratificación de los convenios deben prepararse más de 32 reformas y/o derogaciones de leyes secundarias. Sin embargo, a pesar de no haber una propuesta concreta del Ejecutivo, la legislatura anterior programó por cuenta propia discutir las reformas constitucionales necesarias para aprobar los convenios. A mediados de mayo, Héctor Dada Hirezi, diputado de Cambio Democrático, dijo a una agencia internacional de noticias que ARENA retiró de la agenda de negociación el tema antes de que finalizara la anterior legislatura. “La fracción de ARENA retiró las reformas constitucionales que se iban a aprobar al final de la legislatura pasada las que se refieren a los convenios de la OIT, con el respaldo del PCN. No entendemos esa actitud”, aseguró Dada. El 5 de mayo de 2006, ya con la nueva legislatura, el presidente pidió a los diputados ratificar los tratados exigidos por la Unión Europea, y justificó que la apretada agenda del cierre legislativo no permitió llevar adelante las reformas. Lo hizo justo antes de emprender un viaje a Viena, Austria, y anunciar que iba por la extensión de las preferencias arancelarias. La Unión Europea le respondió al mandatario salvadoreño que las preferencias sólo serían extendidas si se ratificaban los convenios de la OIT antes del 31 de diciembre. En la Asamblea Legislativa el debate comenzó en el 2005, cuando el FMLN intentó presionar al partido en el gobierno para ratificar los dos convenios de la OIT a través de reformas a la Constitución. Ahora, según Calixto Mejía, diputado del FMLN y presidente de la Comisión de Trabajo, su bancada cree que no es necesario reformar la Constitución. “Tenemos la posición de la OIT, la posición de la Unión Europea también es clara, lo importante es que demos pasos para que ratifiquemos esos convenios, pues aparte de Calvo hay otro montón de empresas que pueden perder los beneficios y eso repercute en que se pierdan empleos”.
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