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San Salvador, 05 - 11 de mayo de 2008
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NOTICIAS Renuncia jefe de ProbidadMagistrados estudian solicitar informes bancarios de ex funcionariosJusto la misma semana en que José Eduardo Cáceres anunció su salida de la Sección Probidad de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados formaron una comisión que decidirá si pedir o no a los bancos las cuentas de algunos ex funcionarios de la administración Flores, cuyas declaraciones patrimoniales fueron señaladas con “irregularidades”. Carlos Martínez
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Luego de más de once meses de debates, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron formar una comisión que evaluará la pertinencia de pedir las cuentas bancarias de cinco funcionarios públicos y tres cónyuges, cuyas declaraciones de patrimonio resultaron “irregulares”, según la Sección Probidad de la misma Corte.
Dos de los diez magistrados que en su momento respaldaron retirar facultades a la Sección Probidad forman hoy parte de esa comisión: Ulices del Dios Guzmán y Miguel Ángel Cardoza, quienes se comprometieron a tener lista una recomendación para el jueves de esta semana.
El nueve de junio del año pasado, los magistrados retiraron a la Sección Probidad la facultad de pedir las cuentas bancarias de los funcionarios cuyas declaraciones patrimoniales fueran “irregulares”, y decidieron que serían ellos los únicos autorizados a pedir a los bancos romper el secreto que manda la ley.
Un mes antes de esta decisión, el jefe de la Sección, José Mauricio Cáceres, pidió a los bancos Salvadoreño y Agrícola las cuentas bancarias del ex director del Fondo Social para la Vivienda, Edgar Mendoza; el ex presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, Ruy Miranda; el ex presidente del Instituto Nacional de los Deportes, Enrique Mollins; el ex secretario privado de la presidencia, Aldo Parducci y su esposa, Isabel de Parducci; el ex presidente de la República, Francisco Flores y su esposa, Lourdes de Flores.
En lugar de enviar la información requerida, estos dos bancos, respaldados por el banco Cuscatlán, pidieron a los magistrados reconsiderar las atribuciones de la sección, solicitud que fue atendida por la CSJ, restringiéndole a Probidad la facultad que venía ejerciendo durante 12 años.
Los cinco funcionarios aparecían dentro de una lista de 13 ex servidores públicos con declaraciones patrimoniales anómalas, donde también aparece el ex ministro de hacienda, Juan José Daboub y su esposa Gloribel de Daboub; el ex vicepresidente de la República, Carlos Quintanilla Schmidt y la ex canciller de la República, María Eugenia Brizuela de Ávila, quien luego de dejar su cargo público ha ejercido como presidenta del banco Salvadoreño y rubricó la carta que esta institución envió a los magistrados.
El presidente del Órgano Judicial, Agustín García Calderón, restó importancia al caso: “Aquí lo que ha ocurrido es que es que hay una forma un poco, quizá, celosa de un tema. A veces lo resuelto no llena la adrenalina de lo que está esperando el ciudadano y se mira como un ocultamiento de esos diez magistrados. Pero se ha hecho lo correcto, lo serio”, expresó.
La comisión
El ocho de mayo pasado, el magistrado Ulices del Dios Guzmán
envió una solicitud por escrito al magistrado presidente de la
CSJ, Agustín García Calderón, en la que demandaba
que la Corte pidiera a los bancos la información sobre los cinco
funcionarios señalados.
En su escrito, el magistrado advierte: “De no ejercer este Pleno de la Corte la atribución de solicitar los informes bancarios que fueren procedentes, sus titulares (los señores magistrados) podríamos violentar la Constitución y leyes de la República, podría generarse cobertura a posibles actos de corrupción y podría viabilizarse impunidades indeseables”.
La conformación de esta comisión ha tenido lugar casi un año después de que Probidad advirtiera anomalías en las declaraciones patrimoniales de los funcionarios. Esta demora, a juicio del otro integrante de la comisión, el magistrado Miguel Ángel Cardoza, pudo haber dado lugar a vicios en la investigación: “Tuvimos que haber resuelto más ágiles, estoy de acuerdo en que en este tiempo ya se pudieron haber movido dineros a Islas Caimán o esos lugares, pero es que estaba abierto el debate”.
Del Dios Guzmán también argumenta que el retraso de más de once meses se debió a que algunos magistrados insistían en que se le devolviera a Probidad la facultad de solicitar informes bancarios y, además, argumenta que era necesario esperar a que el Fiscal General de la República resolviera si aceptar o no el recurso interpuesto por el magistrado René Fortín Magaña, en el que pedía que la Fiscalía declarara “nula” la decisión de los magistrados con respecto a las atribuciones de la Sección Probidad.
Ambos magistrados se comprometieron a tener listas sus recomendaciones para este jueves. Sin embargo, lo resuelto por ellos podrá, o no, ser acatado por el resto de magistrados, ya que se necesita contar con el respaldo de la mayoría de los 15 miembros de Corte Plena.
Desde 1999, cuando aún tenía la facultad de exigir informes bancarios, la Sección Probidad ha elevado a Corte Plena 213 casos de ex funcionarios públicos cuyos patrimonios resultaron irregulares, según el análisis de la Sección. El Faro publicó el año pasado la lista completa de casos pendientes, sin embargo, ninguno de estos casos ha sido siquiera conocido oficialmente por los magistrados.
De hecho, el presidente de la Corte dijo a este periódico, hace dos semanas, desconocer el número exacto de casos pendientes: “No estoy seguro. Tendría que pedir toda esa información, de la parte de todos los casos que, efectivamente, han estado pendientes de resolverse en Corte Plena. Usted puede decir del retraso con relación a esa parte. Efectivamente, puede haberlo, pero eso no ha sido motivo de objeciones”, razonó.
Uno de los miembros de la Comisión recién formada, Ángeles Córdova, también admitió desconocer sobre estos archivos: “Desconozco esos 213 casos, es que sólo tengo tres años de ser magistrado. Me resulta curioso que no hayamos conocido ninguno de estos casos”.
En manos de la Asamblea
Pese a que en la Corte Suprema de Justicia el caso Probidad
se da por cerrado, la Asamblea Legislativa podría dejar sin valor
la decisión de restringir las facultades de esta sección.
El magistrado Ulices del Dios Guzmán ha solicitado a los diputados
que realicen una interpretación auténtica de la ley, en
la que se determine si el contenido de la Ley Sobre Enriquecimiento
Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos y la Ley
de Bancos facultan a Probidad a exigir información a los bancos.
Dentro de las atribuciones de la Asamblea Legislativa está la
de interpretar las leyes de la República, cuando estas muestran
ambigüedades. Si el Órgano Legislativo interpreta la Ley
en favor de Probidad, el acuerdo de los magistrados quedará sin
valor alguno y esta recuperará sus facultades ante el sistema
bancario.
La batalla de Fortín Magaña
El magistrado René Fortín Magaña
ha interpuesto un segundo recurso ante el Fiscal General
de la República, Felix Garried Safie, luego de que este declarara
improcedente su solicitud de anular la decisión de Corte Plena.
Fortín Magaña pide al fiscal que reconsidere su solicitud
y le advierte de algunas posibles consecuencias penales de no hacerlo.
En su solicitud de reconsideración, este magistrado reitera
que, según su criterio, sus colegas actuaron al margen de la
Ley y apunta que esto puede incluso significar un acto delictivo con
consecuencias penales: “Las actuaciones de la CSJ no sólo
son absolutamente nulas desde el punto de vista constitucional, legal
y administrativo, sino son constitutivas de delito, a tenor de los dispuesto
por el tipo descrito por el artículo 320 del Código Penal,
denominado Actos Arbitrarios”.
Este delito es penado, según la ley, con prisión de dos
a cuatro años y la inhabilitación especial para desempeñar
el cargo por el mismo tiempo.
Más adelante, el escrito advierte al Fiscal General que su decisión
de no actuar en este caso también le puede generar consecuencias
legales: “No podemos olvidar el contenido del artículo
311 del Código Penal... que literalmente dice: El Fiscal General
de la República o el funcionario por él designado que
(...) se negare a promover la investigación de un hecho delictivo
del que tenga noticia (...) será sancionado con prisión
de tres a cinco años.”
Pese a que aún no ha dado una respuesta oficial, Garried Safie comentó la semana pasada, en rueda de prensa, que no veía ninguna razón para admitir este nuevo recurso del magistrado
“Me sorprendió mucho ver en un periódico que el señor fiscal adelantaba criterio y seguramente sin haber leído mi escrito, (diciendo) que lo iba a declarar sin lugar. Me sigue dando base a pensar que aquí no estamos actuando con criterios jurídicos, sino que con criterios de otra naturaleza. De modo que yo ya puedo darme por enterado que él va a decir que no” (Ver entrevista).
Ante lo que considera adelanto de criterio, Fortín Magaña aseguró que no descarta emprender acciones legales contra el Fiscal.
René Fortín Magaña ha sido el magistrado más beligerante contra la decisión de restringir las atribuciones de la sección Probidad. De hecho, se opuso a la creación de la comisión que evaluará pedir información a los bancos.
En el texto de su voto razonado, argumenta: “He votado en contra de la formación de una comisión de magistrados, a cuyo cargo estaría la función que corresponda a la Sección de Probidad (...) insisto en que lo procedente, legal y constitucionalmente, es devolverle sus atribuciones a dicha sección”.
Renuncia jefe de Sección Probidad
Luego de enterarse que el Fiscal General de la República decidió no admitir el recurso de nulidad, solicitado por Fortín Magaña, el jefe de la Sección Probidad, José Eduardo Cáceres, renunció.
Su decisión no fue oficializada sino hasta el 15 de mayo, cuando en una escueta nota presentada ante el secretario general de la CSJ, presentó su renuncia.
“Por este medio interpongo mi renuncia irrevocable, a partir del último de este mes (mayo) del cargo que he desempeñado en la Sección de Probidad”, reza el escrito.
En una breve conversación con este medio, Cáceres explicó que él esperaba ser despedido. “Si mis jefes (los magistrados) consideraron que yo estaba actuando al margen de la ley, lo lógico es que me despidieran”, explica.
Hace algunos años, cuando la sección que dirigía aún tenía facultad de pedir informes a los bancos, Cáceres se quejaba de que la ley no le permitía sancionar debidamente a los funcionarios que no presentaban su declaración patrimonial.
Ahora, luego de perder las atribuciones, asegura: “Hasta para hacer el ridículo hay límites”.
La Sección de Probidad se ha limitado a poner multas a los funcionarios
que no entregan, o entregan fuera de tiempo, su declaración patrimonial.
Sin embargo, ninguno de los casos en los que ha detectado irregularidades
ha sido atendido por los magistrados, quienes deben decidir si procede
tomar acciones legales por enriquecimiento ilícito. Hasta el
momento son 213 casos los que esperan turno en los archivos de la CSJ.
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