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“Que nos estamos atrasando, nos estamos atrasando, pero es lo correcto”

Agustín García Calderón resta importancia a las suspicacias que ha generado la decisión de la Corte Suprema de Justicia en la que inhibe a la sección Probidad de pedir informes bancarios. Atiende a El Faro acompañado de un folio grueso en que se detalla: “documentos relacionados al tema Probidad”.

Carlos Martínez / Foto: Edu Ponces
cartas@elfaro.net
Publicada el 15 de mayo - El Faro

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¿Contaba ya usted con su reelección?
No. Realmente no podía tener una idea clara por no andar consultando a los sectores políticos aunque sí ya habíamos oído algunos que se nos manifestaba la posibilidad de la continuidad. No contaba yo con esa reelección para nada. Contacto desde luego hemos tenido, fundamentalmente con sectores como el G-13, también del lado del PDC y PCN y, por supuesto, de las partes del partido ARENA.

De los tres órganos del Estado posiblemente el más cuestionado por deficiencias institucionales es el que usted preside. El departamento de Estado de EEUU ya tiene años señalando serias debilidades institucionales en la Corte.
Primero, no creo que sea el órgano que tiene más dificultades en la aprobación, digo, no tengo ninguna encuesta pero veámoslo a partir de los actores políticos del país.

Si se lee detenidamente el informe del departamento de Estado usted va a encontrar frases muy alentadoras que reconocen el avance de la Corte. Los temas recurrentes que ha tenido que sacarse, algunos de ellos han sido superados en muchos de los casos y seguramente habrá que avanzar. La CSJ sigue manteniendo la credibilidad y la sala de lo constitucional.

¿Ante quién?
Ante todo el mundo que quiera estudiarlo.

A la CSJ se le ha visto como una extensión de las correlaciones políticas en la Asamblea Legislativa. Es decir, para nadie es un secreto que durante muchos años se ha discutido en términos de cuotas la composición de este órgano.
La propia ley establece que en nuestro país el acceso al poder es vía los partidos políticos. Con todo, sigue siendo normalmente el elemento que más se aconseja para salud política de los países.

Efectivamente, ha pasado que para algunos sectores tiene ingredientes y cuotas de lealtad política, a veces sujeta al nuevo nacimiento de la Corte de 1994, que parte de que su personal pudiera estar un poco del lado de la izquierda nacional. Habrá visiones que algunos magistrados, por haber sido candidatos por partidos políticos, son de esos partidos, o simpatizantes. Siento que sería difícil aceptar que el tema de las cuotas políticas es un restrictor de la confiabilidad de la Corte, o dicho de otra forma: que los magistrados de la CSJ son personas parciales que no tienen la suficiencia del perfil que requiere la independencia judicial.

Durante años los partidos desaparecían al no llegar al 3%, pero de pronto ya no. El PCN y el PDC no llegaron a ese margen y esta Corte les amparó para que siguieran vivos.

La decisión (de permitir que esos partidos siguieran con vida a pesar de no haber logrado el mínimo establecido) está planteada en atención a un recurso que interpuso alguna persona. Si antes no se había hecho pues realmente será difícil para mí poderle explicar por qué no se había dado en esta ruta. El tema de fondo y examen constitucional era si esto puede atentar contra el derecho de minorías y estar con súper exigencias que en realidad genere un gran restrictor al tema del acceso a los partidos políticos y poder formarlos o, en su caso, que también no se vean cancelados.

¿No es darle un portazo a la voluntad ciudadana? Es decir, el electorado depositó sus votos en dos partidos políticos y dejó sin respaldo al resto. Pareciera que la CSJ desatendió ese mandato.
No. Lo que se buscaría es que proporcionalmente no sea una exigencia tan elevada que tenga condiciones que cualquier persona que quiera ir a una disputa partidaria, le pida cientos de miles de votos. Porque la elección llegó a un millón o a un millón y medio, esto está inclusive fuera de los parámetros que aconsejan las reglas del derecho político internacional. No se está burlando para nada la voluntad popular.

¿Quién dice que 3% es muy elevado?
Pues de acuerdo a los parámetros internacionales nos pareció muy elevado y también como ha ido matemáticamente subiendo la masa electoral del país... Si se quiere relacionar la elección de magistrados con este fallo. ¿A quiénes pudo favorecer este fallo? ¿Qué partidos políticos podrían haberse beneficiado de esto? Los grandes son los únicos beneficiados de que los demás no pudieran inscribirse. No puede relacionarse... No le miro mayor componente de interés como para darle una orientación tendenciosa al fallo, desde luego imparcial de la Sala de lo Constitucional.

Cito otro caso polémico: los magistrados le retiraron a la sección Probidad la posibilidad de pedir información a los bancos sobre algunos funcionarios, luego de que algunos bancos pidieran revisar esta competencia de la sección. Parece un escenario de influencias, donde los bancos le doblan el brazo a la CSJ.
Ya he escuchado ese razonamiento. El 9 de junio luego de varias reuniones de Corte Plena, se acordó que toda esta solicitud debe ser manejada por la Corte Plena. Los que hemos votado por esa fórmula mirábamos que realmente era una facultad que no podemos delegar según disposición constitucional y que no vamos, desde luego, a delegar. Usted puede decir que por qué no pedimos esto a los bancos. Bueno, porque la mayoría hemos entendido que aún hay un recurso interpuesto ante el Fiscal. Lo elemental es que simplemente nos paremos y esperemos la definición ¿Cómo vamos a mandar algo, si eso está en disputa? Que nos estamos atrasando, nos estamos atrasando, pero es lo correcto.

Pero hay más de 200 casos enviados por la sección Probidad señalando anomalías en las cuentas de varios funcionarios, en espera desde 1999, sin que Corte Plena los haya siquiera conocido.
Pero es que eso no ha sido objeto de ningún cuestionamiento ni nada, ni la propia sección. Usted puede decir del retraso con relación a esa parte. Efectivamente puede haberlo, pero eso no ha sido motivo de objeciones.

“Puede haberlo”
Sí, puede, porque no estoy seguro de lo que usted me dice, porque tendría que pedir toda esa información de la parte de todos los casos, que, efectivamente, han estado pendiente de resolverse en Corte Plena. Aquí lo que ha ocurrido es que es que hay una forma un poco... quizá celosa de un tema, que yo lo comprendo porque realmente para el país es importante. A veces lo resuelto no llena la adrenalina de lo que está esperando el ciudadano y se mira como un ocultamiento de esos diez magistrados. Pero se ha hecho lo correcto, lo serio. El secreto bancario no es sacrosanto, (pero) no puede ser una situación donde cualquier funcionario de cualquier nivel pueda accederlo. Con esto no quiero referirme peyorativamente a Probidad. En todo caso si alguien tiene la iniciativa pues elevemos a tribunal a Probidad.

El caso llena todos los requisitos para levantar, al menos, sospechas.
Podría. Pero desde luego el parecer no sirve para decidir seriamente. El parecer hay que llenarlo de sustentación, y nuestro fallo tiene sustentación y coherencia. Lo que se ha resuelto si hoy no se aprecia algún día se va apreciar.

¿La decisión que tomaron abona al mejoramiento de la probidad pública?
Por supuesto, porque lo hace poner el énfasis donde lo debe poner. Si usted se pregunta: ¿qué se logra con Probidad?, lo que se logra es que el funcionario devuelva lo que se llevó de la hacienda pública. La Corte tiene totalmente a salvo su imagen en la protección y la tutela de la probidad pública.

Me refería, de nuevo, al hecho de que Corte Plena tiene, desde 1999, más de 200 expedientes que no ha conocido. Al menos a la celeridad de las investigaciones no abona la decisión que ustedes tomaron.
En realidad no tiene que estar obligadamente relacionado.

¿No?
No, no. Usted igualmente puede ver la cantidad de multas que se ha puesto. Esa multa quizá es más grave de lo que sería el final (del procedimiento de la sección Probidad, que es ir a la cámara de segunda instancia a seguir para ver si devuelve lo que se llevó del fondo público). O sea: no nos equivoquemos, la tutela para hechos graves está en un juez de lo penal, no en ningún jefe de ninguna sección.

¿Va a dotar entonces a la sección Probidad con facultades de Tribunal?
Valdría la pena considerarlo. Si el día de mañana usted dice que ya no es la Corte sino que el jefe de Probidad (el que puede pedir informes a los bancos), le juro que para mi, bienvenido, yo estaría feliz, porque le daríamos mayor operatividad. Yo, como presidente de la Corte, sí lamento que no los hayamos resuelto, eso de los 200 casos, que puede ser cierta la cifra.

¿No conoce la cifra de casos pendientes?
No, no la conozco. Pero hemos puesto una gran cantidad de multas.

Una cosa es poner multas a los funcionarios que no presentan su declaración patrimonial y otra cosa es resolver si ha habido corrupción entre quienes la han presentado.
Sí, sí, sí.

Tal como están las cosas, en el caso de que se decida pedir las cuentas bancarias de algún magistrado, deberá ser él mismo quien decida si aprueba o no, que se le pidan sus cuentas al banco.
En todo caso habría que ver el caso concreto, porque lo que puedo decirle es que si a algún magistrado le toca tratar un tema controversial aquí hay material regulado, con códigos de procedimiento frente a eso. Si alguien lo recusa, pues se verá. Los jueces no estamos sujetos a encuestas de imagen. En ese sentido, el problema es valores y en ese sentido más adelante se consigue un poco en los valores que le agregamos a la paz social y la gobernabilidad.

¿Alguna vez los periodistas vamos a tener acceso a las reuniones de Corte Plena?
A nivel individual he estado transitando desde estar totalmente opuesto a sentirme en duda. Lo confieso: he estado opuesto por una razón, porque ya he visto la experiencia en algunos países y pasa como en la Asamblea, que cuando usted está discutiendo lo propio y lo sustantivo lo hace en otro lugar y cuando usted viene con los acuerdos ya hechos es donde se encuentra con la prensa y donde sólo se hace lo ritual. Hay algunas cosas de intimidad de la Corte por derechos de menores, por derechos de orden privado, que no tiene por qué someterse a una situación de orden público, pero fuera de eso el otro problema es que muchas de las situaciones se saben de antemano. Yo como presidente no tengo ningún inconveniente en apoyar alguna medida de transparencia en ese orden. Creo que estoy listo como para poder ver con buenos ojos una iniciativa que, con seriedad, sin que se vaya a dosificar y pervertir la libre expresión, que los periodistas tengan buen acceso a la información.

Vaya. ¿Podemos esperar entonces una moción en ese sentido de parte suya?
No. O tal vez más adelante, pero tal vez estaría abierto a las iniciativas que pudieran surgir. Usted entenderá que los jueces necesitamos la sobriedad, la seriedad y necesitamos hasta la intimidad como un lugar propio, entre nosotros. Las fórmulas tradicionales han aconsejado que no sea con acceso público, excepto en materia penal que todas las diligencias deben ser público, salvo la excepción donde se restrinja.

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