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Fiscal rechaza recurso de nulidad en el caso Probidad

En una de sus primeras acciones como fiscal general, Félix Garried Safie declaró improcedente la solicitud del ex magistrado René Fortín Magaña, que le pedía anular una decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Carlos Martínez
cartas@elfaro.net
Publicada el 15 de mayo - El Faro
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Apenas unos días después de haber sido electo fiscal general, Felix Garried Safie resolvió que sus competencias no le permiten declarar nulas las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Con ello, la sección Probidad de la Corte está a un paso de perder, definitivamente, la facultad de acceder a las cuentas bancarias de los funcionarios públicos.

La acción de la Fiscalía responde a un recurso interpuesto el año pasado por el ex magistrado René Fortín Magaña, quien solicitó al entonces fiscal general, Belisario Artiga, que anulara la decisión de la Corte

El nueve de junio del año pasado, los magistrados de la CSJ decidieron retirar a esta sección una atribución que había ejercido durante 12 años: solicitar a los bancos el detalle de las cuentas bancarias de ex funcionarios públicos y de sus familiares cercanos, cuando, en las declaraciones patrimoniales de éstos, se advirtieran “irregularidades”.

La decisión se adoptó con el concurso de 10 de los 15 magistrados y tuvo lugar luego de que el jefe de la Sección solicitara informes bancarios de algunos altos funcionarios de la administración del ex presidente Francisco Flores.

En mayo del año pasado, el jefe de la sección Probidad, Francisco Cáceres, pidió a los bancos Agricola y Salvadoreño el detalle de las cuentas de algunos ex funcionarios públicos, que figuraban entre una lista de 13 ex servidores públicos que incluía al mismo ex presidente Flores, que a juicio de Probidad no habían aclarado satisfactoriamente su declaración patrimonial.

En lugar de enviar la información solicitada, los dos bancos, respaldados por el Banco Cuscatlán, enviaron una carta a los magistrados en la que pedían que se revisaran las facultades de la sección y que consideraban improcedente que la misma pudiera exigir los informes. Casi dos semanas después, la CSJ le notificó a Francisco Cáceres que su sección ya no estaba facultada para pedir información bancaria.

Entre los ex funcionarios señalados con irregularidades se encuentra la ex canciller María Eugenia Brizuela de Ávila, misma que objetó las facultades dce la sección desde su cargo como presidenta del Banco Salvadoreño. En la lista, además, se encuentran el ex ministro de Hacienda, Juan José Daboub, el ex ministro de Economía Miguel Lacayo, el ex vicepresidente Carlos Quintanilla y el ex presidente Francisco Flores.

El entonces magistrado René Fortín Magaña consideró que sus colegas habían atentado contra la Constitución de la República y contra varias disposiciones contenidas en diferentes leyes, por lo que acudió ante la fiscalía con una solicitud que no tenía precedentes en la historia del país: que el fiscal general declarase nula una decisión del máximo tribunal de justicia.

En aquel momento el ex magistrado argumentó, en una entrevista con este medio, que la decisión de sus colegas era una muestra clara de que los bancos “pueden doblarle el brazo a la Corte Suprema de Justicia”.

En su recurso, Fortín Magaña argumentaba: “Los bancos solicitan a la Corte ‘declarar criterio’... ¿Qué significa esa frase? ¿Qué contenido tiene? ¿Qué categoría jurídica es? ¿Qué competencia tiene la Corte para responder consultas?... Estamos ante dos escenarios jurídicos, señor Fiscal: uno real y uno imaginario; uno vigente y el otro ideado a su gusto por los bancos solicitantes”.

Mas adelante, agregaba: “La Corte debió haberles respondido cortés y llanamente como al común de la gente en la siguiente forma: entre las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia no está la de evacuar consultas”.

En respuesta a la solicitud, Felix Garried Safie emitió una resolución en la que razona: “Toda clase de nulidad sólo puede ser resuelta ante los jueces ordinarios, según la materia, ya sea por vía de una demanda o acción o por vía de una excepción... a este respecto, no existen disposiciones procesales ni reglamentos que respalden semejante planteamiento (de pedir nulidad ante la fiscalía)”.

El oficio enviado por el fiscal general cierra, argumentando: “En el caso planteado, además de no figurar expresamente la nulidad invocada, tampoco existe regulación procedimental aplicable y mucho menos ante la misma CSJ, contra providencias de ella emanada... se resuelve declararse improcedente la solicitud o petición formulada por el Dr. René Fortín Magaña”.

El caso aún no está cerrado. El ex magistrado ha pedido al Fiscal que reconsidere su decisión. En el caso de que esta sea ratificada, la sección perderá definitivamente la posibilidad de pedir informes bancarios sobre funcionarios con irregularidades en sus cuentas y esta función será delegada exclusivamente a los 15 magistrados de la CSJ.

Las labores de probidad en manos de los magistrados no han sido muy ágiles. De hecho no han avanzado nada. El jefe de la sección Probidad ha enviado, desde 1999, 213 casos de funcionarios con cuentas irregulares y ninguno ha sido ni siquiera conocido oficialmente por los magistrados.

En entrevista con El Faro, el presidente de la CSJ, Agustín García Calderón, dijo desconocer el número exacto de archivos enviados por Probidad que esperan ser resueltos y restó importancia a las sospechas que el caso ha generado.

“Aquí lo que ha ocurrido es que es que hay una forma un poco... quizá celosa de un tema, que yo lo comprendo porque realmente para el país es importante. A veces lo resuelto no llena la adrenalina de lo que está esperando el ciudadano y se mira como un ocultamiento de esos diez magistrados. Pero se ha hecho lo correcto, lo serio”.

García Calderón fue uno de los diez magistrados que votó por retirarle las facultades a la sección probidad.

Lea también:
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