Acceso a fondos del milenio dependerá de nueva evaluación del país

La calificación de los 16 indicadores que hace cada año la Corporación del Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés), para determinar qué países pueden acceder a los fondos no reembolsables otorgados por Estados Unidos, se actualizará en septiembre próximo. Si El Salvador no mantiene sus niveles actuales en estos indicadores podría quedarse por detrás de otros países elegibles y alejarse de los 442 millones de dólares, o parte de ellos, de los que dispone la Cuenta del Milenio en este año fiscal.

“La selección es un primer paso esencial de cara a lograr la asistencia de la MCC, pero la selección no garantiza los fondos”, aclaró el director ejecutivo de la corporación, John Danilovich, cuando en noviembre pasado se anunció la lista de países que podían competir por el financiamiento, presentando su proyecto para reducir la pobreza a través del crecimiento económico.

El coordinador del equipo que diseña la propuesta salvadoreña, Roberto Simán, aseguró que, teniendo el calendario fiscal estadounidense a la vista, se ha visto entonces la necesidad de presentar cuanto antes el proyecto. “La intención nuestra es tratar de negociar el donativo antes de septiembre porque en octubre inicia un año nuevo fiscal (para los Estados Unidos) y podría haber más candidatos que califiquen”, admite el funcionario.

Para el Oficial de Programa de la MCC para El Salvador, Kenneth Miller, es indispensable que el país se mantenga como elegible según los indicadores evaluados: “Si se caen, vamos a tomar en cuenta si es bueno invertir o no. Si están bajando mucho, podemos cortar los fondos, solo vamos a invertir donde el gobierno y la gente está haciendo bien las cosas”.

Es de cara a la revisión de estos indicadores que la Comisión Nacional de Desarrollo (CND), que desde los noventas ha trabajado justamente en una estrategia de desarrollo para la zona oriental y norte del país, hoy retomada para la propuesta ante la MCC, advierte también de los aspectos sobre los que El Salvador debería poner especial atención.

“Yo no veo problemas en los indicadores de desarrollo humano, de inversión en la gente, pero en libertades económicas y gobernar con justicia… ojo”, evalúa Sandra de Barraza, coordinadora de la CND, que junto a la secretaría técnica de la presidencia son las encargadas de afinar la propuesta salvadoreña.

Los recientes señalamientos de posible corrupción en algunas entidades de gobierno, reconoce De Barraza, podrían afectar la calificación del país, sobre todo porque el indicador de control de la corrupción es el único que la MCC considera absoluto. *

Si este sale por debajo de la mediana, el país simplemente no es considerado. En la última actualización de este indicador (correspondiente a 2004), El Salvador se sitúa justo apenas por encima de lo aceptable por la corporación. “Eso nos pudiera afectar totalmente. Todo el cheque”, dice la coordinadora de la CND.

Miller también advierte del impacto negativo que pudieran tener casos como estos de ser confirmados, debido a que la transparencia en el manejo de los fondos concedidos por la MCC es uno de los requisitos mínimos exigidos.

Política fiscal: la otra inquietud

Otro de los indicadores que la corporación evalúa, en el rubro de libertades económicas, es el de la política fiscal del país. En este, El Salvador tampoco tiene un buen récord en la base de información de la MCC: hasta 2004, se ubicaba 1.7 puntos por debajo de lo aceptable, condición en la que se ha mantenido al menos desde el año 2001.

Pese a que la recaudación fiscal en El Salvador ha aumentado en el último año, luego de las reformas fiscales impulsadas desde el Ministerio de Hacienda, estas siguen siendo consideradas tímidas por algunos sectores. Las reformas hechas hasta hoy han estado enfocadas en reforzar mecanismos para erradicar la evasión fiscal, pero no en un aumento de impuestos o eliminación de algunos subsidios estatales.

La semana pasada, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) pidió la implementación de más reformas; lo mismo esperan dos importantes evaluadoras de riesgo consultadas por El Faro hace dos semanas, de forma que se evite también un deterioro en la calificación de riesgo país para El Salvador, que actualmente ronda los dos puntos, uno de los más bajos de la región.

El nuevo director ejecutivo del Banco Mundial, Juan José Daboub, ex ministro de Hacienda en la presidencia de Francisco Flores, dijo también esta semana a El Faro que las reformas siempre son necesarias (ver entrevista).

Sin embargo, el nuevo ministro de Hacienda, William Hándal, que asumió el pasado 1 de mayo, ha declarado ya tajantemente que no se impulsarán más reformas. Esto también preocupa a la CND.

“Eso puede poner en riesgo (la calificación): el tema fiscal. No podemos estar esperanzados en que el desarrollo lo vamos a hacer exclusivamente con cooperación (…) Le hemos comentado nuestra preocupación en algunas oportunidades a la secretaría técnica. Se necesita buscar nuevas formas de financiamiento, y dentro de eso obviamente están las reformas fiscales, buscar otras fuentes de ingreso”, dice Sandra de Barraza.

En ese sentido, la CND valora como positivo que se haya decidido que el ex ministro de Hacienda, Guillermo López Suárez, se mantenga en el equipo de seguimiento del proyecto. El ex ministro, hoy designado como embajador comercial del país, había expresado repetidamente su opción por continuar haciendo cambios en materia fiscal.

“López Suárez tiene la ventaja de conocer los problemas del fisco y ha acumulado suficiente información para seguir diciendo públicamente o en privado la necesidad de seguir haciendo reformas fiscales. Porque ojo con el impuesto a la plusvalía, el impuesto predial… no queremos hablar de eso”, agrega De Barraza.

Para la consejera económica de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, Jessica Webster, el tema fiscal también es importante, pero matiza la incidencia que pueda tener la aplicación de más reformas. “Depende de los resultados de lo que el gobierno está haciendo para mejorar la recolección de impuestos, de que tenga disciplina para mantener la base de impuestos. Si puede mantener ese curso, no quiere decir que el indicador se va a deteriorar”.

“Ahora”, recuerda Webster, el ranking de la MCC “también depende de lo que hacen otros países. Por eso El Salvador debe mantenerse elegible y en eso es muy importante combatir la corrupción”.

Las preocupaciones alrededor de la propuesta

Más allá de los riesgos alrededor de los indicadores, la aspiración de El Salvador a los fondos de la cuenta del Milenio también está atada a la consulta ciudadana obligatoria para construir su propuesta. A la fecha, la Secretaría Técnica y la CND han realizado más de 40 rondas de consulta con alcaldes, empresarios de turismo, micro, pequeña y mediana empresa, funcionarios de gobierno, organizaciones no gubernamentales y organismos de cooperación internacional.

Precisamente de estas consultas es que ha surgido la preocupación por otros problemas transversales, relacionados con uno de los componentes principales de la propuesta: la construcción de la carretera longitudinal del Norte, que atravesaría por lo largo el país, con un recorrido de 300 kilómetros por 49 municipios.

Abastecimiento y calidad del agua potable, seguridad pública e impacto sobre el medio ambiente son algunos de esos principales problemas, que, según espera la MCC, deberían ser tomados en cuenta en el diseño del proyecto salvadoreño como producto de la consulta.

“Ellos quieren hacer la carretera longitudinal del Norte; nosotros ahorita no podemos decir que sí o no, pero es muy importante el impacto social y medioambiental que esto pueda tener porque nosotros no queremos estar invirtiendo dinero de los ciudadanos norteamericanos en algo que va a tener un impacto negativo en el Salvador”, señala Kenneth Miller.

Así lo asume también la Asociación de Medianos y Pequeños Empresarios Salvadoreños (AMPES), que en un informe elaborado luego de participar en la consulta, evaluó que pese a los beneficios de conectividad y dinamismo empresarial que puede inyectar la carretera, deben darse evidencias de que junto con la construcción del tramo se hará trabajo de mitigación y programas de reforestación y cuidado del medio ambiente.

“Si vamos a abrir la carretera, que no se siga con la deforestación ni una construcción desordenada, que sea de una forma planificada”, pide el director de AMPES, Maximiliano Portillo.

Tampoco se menciona, según el documento de la AMPES, cómo se atenderá el problema de la inseguridad pública, a fin de fomentar la inversión de capital privado en la zona.

Otro de los temas recurrentes en la consulta es el abastecimiento de agua. Sandra de Barraza no ve en las medidas a impulsar por el gobierno una solución, refiriéndose a la prioridad por descentralizar que ha expresado el nuevo presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), César Funes, ex Secretario de la Juventud.

“Para ANDA va a ser fácil descentralizar los problemas a los alcaldes, pero, por ejemplo, Metapán tiene agua, el problema es que a veces el sistema de cañerías no aguantan la presión. Me pregunto entonces quién va a financiar que eso se corrija, ¿Va a ser el FODES (fondo de las alcaldías) o va a ser el gobierno central?”, cuestiona.

El reto de la coordinación institucional

Armonizar la legislación salvadoreña y otros proyectos en marcha con la propuesta a presentar a la MCC y las inquietudes que con su consulta van surgiendo tampoco parece tener un camino llano.

En el sector turístico, por ejemplo, se plantea ya la necesidad de aumentar incentivos para los pequeños empresarios del sector que podrían interesarse en la zona Norte. El Plan Nacional de Turismo, que responde a la Ley de Turismo aprobada el año pasado, contempla incentivos fiscales solo para las nuevas inversiones por encima de los 50 mil dólares con capital propio. “Es necesario plantear generación de incentivos en la ley de turismo”, dice AMPES.

El mismo planteamiento de la Secretaría Técnica apuesta a un desarrollo del sector en esta zona distinto al del Ministerio de Turismo, que ha centrado su visión en el gran turismo hotelero y de centros de convenciones internacionales. “No estamos hablando de grandes cadenas hoteleras, sino de pequeños alojamientos”, aclara Roberto Simán.

La identificación de puntos de potencial desarrollo turístico en la zona también parece por ahora no caminar de la mano con otras carteras de Estado.

Uno de esos lugares potenciales en el proyecto para la MCC es el río Sapo, en el departamento de Morazán, que además es un área natural protegida. Sin embargo, existe actualmente un proyecto de construcción de una represa hidroeléctrica sobre el cauce del río, que ya cuenta con el permiso del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Esto incluso ha provocado en los últimos meses protestas en el lugar por parte de pobladores y organizaciones que han impulsado el ecoturismo en la zona, en contra de la empresa que pretende realizar la obra, ENECO S.A. de C.V.

Sandra de Barraza cree que en casos como este y el de la exploración de minas también en la zona norte del país, el gobierno deberá hacer un esfuerzo no solo de coordinación entre ministerios, sino además de revisión de los permisos ya otorgados.

“Hay cosas en marcha que no van con el proyecto, no es compatible el tema minas, por ejemplo. ¿Y quién le va a decir a la ministra de Economía que revisemos todos esos permisos de exploración? Supongo que va a ser la Secretaría Técnica. Como CND, tenemos una postura rotunda de ‘no a las minas’. Represas también es otra inquietud y hay que estudiarlas, pero en el caso del río Sapo, por ejemplo, ese sí que no va”, dice.

En el informe que la CND presentará el próximo mes sobre el proceso seguido hasta ahora, adelanta también, se sugerirá entonces también algunas reformas a leyes: “Va a ser un informe político, muy crítico, pero en el que también se harán sugerencias, si no, no sería productivo”.

Sin hablar el resultado al que se pueda llegar en estos casos, Simán valora en tanto que es positivo que estas dudas salgan durante el proceso, ya que “hay iniciativas que estaban desde antes de la posibilidad de la Cuenta del Milenio”.

Ahora bien, dice Simán, independientemente de que se consigan o no los fondos de la MCC, el tener ya diseñada una estrategia de desarrollo par la zona Norte del país es un factor de presión para el gobierno por pensar también en otras vías de financiamiento. Por ello, agrega, hay ya conversaciones adelantadas con el Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), el Banco Mundial (BM) y otras entidades financieras. “Asumamos que (la MCC) nos da menos de lo que nos gustaría, pasarían dos cosas: conseguimos más de otros donantes o la programación se tendría que revisar para ver qué va primero del proyecto”, dice.

La CND, en voz de De Barraza, le toma la palabra: “La gran ventaja es que el gobierno ha dicho esto se va a tener que hacer con o sin la Cuenta del Milenio, entonces espero que como comisión y como zona Norte presionemos para asegurarlo”.

*Este párrafo fue alterado luego de salir publicado debido a un error de edición.

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