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Dos de las más importantes calificadoras internacionales de riesgo creen necesaria la implementación de nuevas medidas encaminadas a aumentar los ingresos del Estado. Sus expectativas van en dirección contraria a las declaraciones del nuevo ministro de Hacienda, William Hándal, que ha dicho que no habrá más reformas.

Carlos Martínez/Carlos Dada
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Publicada el 08 de mayo - El Faro

Las empresas calificadoras de riesgo trabajan colocando categorías a los países. Dependiendo de sus opiniones, las empresas miden el nivel de riesgo de invertir en determinado país, y, los organismos internacionales de crédito, la capacidad que este tiene para responder a sus compromisos financieros.

Para Fitch Ratings y Standard & Poor’s, dos de las más influyentes calificadoras internacionales de riesgo, las reformas fiscales llevadas a cabo por el gobierno salvadoreño son insuficientes. El Salvador necesita más.

Según las mediciones de ambas calificadoras, el nivel de ingresos de El Salvador sigue siendo muy bajo, aún después de un año de aplicación de la reforma fiscal. Por esto, aseguran, es imprescindible crear nuevas medidas que conduzcan a llevar más ingresos a las arcas del Estado.

El análisis de estas entidades especializadas reta a la primera promesa hecha por el nuevo ministro de hacienda, William Hándal, quien, en la única entrevista concedida a un medio de comunicación, adelantó: “no habrá más reformas”.

Mauricio Choussy, representante de Fitch Ratings en el país, dice: “Vemos muy difícil que el país pueda llevar el déficit fiscal a un nivel manejable sin la necesidad de hacer más reformas. Lo que habrá que ver es si cuando el nuevo ministro dice que no habrán más reformas él está mandando el mensaje de que no habrán reformas ni por el lado del incremento en la recaudación ni por el lado de las disminuciones de los costos fiscales, porque ambas cosas requieren reformas”. A diferencia de otras calificadoras, como Standard & Poor’s o Moody´s, Fitch es la única calificadora que tiene oficinas en San Salvador.

Desde Nueva York, Roberto Sifont, analista principal de Standard & Poor’s para El Salvador, coincide con su colega. Esta empresa también estaba esperando nuevas medidas para este año.

“No es ningún secreto que nosotros creemos que las reformas tienen que seguir. Específicamente nosotros entendemos que el nivel de la recaudación en El Salvador tiene que continuar subiendo”.

Sifont puntualiza: “Le voy a decir lo que nosotros sí estábamos esperando. Antes del año pasado, el paquete de medidas que se aprobó no fue exactamente el paquete que se nos había enviado. El paquete que se había enviado originalmente contemplaba un aumento mayor de la recaudación. Lo que se esperaba es que hubiera como una segunda fase en la cual se agregaran algunos de estos puntos que habían quedado afuera de ese paquete original. Básicamente había una serie de medidas extra... la reforma original fiscal tenía como objetivo obtener un nivel de recaudación mayor al que se logró aprobar, básicamente. Es por eso que se estaba esperando una segunda ola de reformas”.

El representante de Standard & Poor’s dijo no recordar el tipo de medidas que quedaron fuera de la primera reforma fiscal.

Las declaraciones de Sifont confirman que el ex ministro de Hacienda, Guillermo López Suárez, tenía en el tintero un nuevo pliego de medidas.

Aún no hay una versión oficial sobre la salida de López Suárez, pero el viernes 28 de abril, durante una conferencia de prensa en la que coincidieron el presidente de la República, el nuevo ministro Hándal y el saliente López Suárez, éste último habló de las especulaciones sobre su salida: “Sé que se ha rumorado que mi renuncia se debe a que no van a haber más reformas”, dijo simplemente. Luego evadió el tema, asegurando que el presidente está comprometido a profundizar en la reforma fiscal ya vigente.

Mauricio Choussy, de Fitch, también confirma que el ex ministro ya había externado sus planes de aprobar una segunda tanda de medidas: “Había hablado (el ex ministro) públicamente de disminuir los gastos en materia de subsidios específicamente. Él había hablado de focalizar subsidios... El tema de la revisión del régimen de exenciones fiscales…Vamos a ver qué de esto es público, porque de todo esto hay conversaciones que no se pueden decir”.

En ese sentido, la llegada del nuevo ministro de Hacienda, William Hándal, significa un viraje en la administración fiscal del país. En declaraciones ofrecidas a La Prensa Gráfica el mismo día de su juramentación, Hándal aseguró que las indicaciones del presidente Antonio Saca eran “rebuscarnos dentro de lo que tenemos. Lo que hemos conversado con el presidente es que reformas no hay. O sea, cambios no”.

El Faro intentó entrevistar al nuevo ministro, que entró en funciones el martes de la semana pasada. Pero, según personal de su oficina, éste salió del país tres días antes de asumir y pasó fuera el resto de la semana. Roberto Mejía, su asistente, aseguró que su viaje no tiene que ver con labores ministeriales, sino que lo realiza en calidad de “empleado de TACA”, la empresa en la que trabaja.

La implementación de la reforma fiscal vigente le granjeó a López Suárez una serie de tensiones con algunos de los más representativos empresarios del país, según han confirmado a este periódico fuentes del partido ARENA y del Ejecutivo. Sólo a los bancos, la reforma les significó un incremento extra de 20 millones de dólares en concepto de renta, según fuentes del Ministerio de Hacienda.

Las dos calificadoras de riesgo coinciden en que aumentar los ingresos del Estado nunca es una medida popular, sin embargo, ambas esperaban que, una vez terminado el proceso electoral de marzo, el gobierno tuviera un espacio idóneo para llevar a cabo una nueva ola de reformas.

“Las reformas fiscales, o cerrar el déficit fiscal nunca es popular y la única forma de pagar un costo menos alto es cuando esto se hace antes de acercarse a los procesos electorales. Es decir: la ventana que pueden tener los gobiernos para ajustar las finanzas públicas son bastante cortas o reducidas en estos países. Es raro que ocurran tres años de tranquilidad electoral. Lo que las calificadoras esperábamos es que esos tres años dieran una ventana de oportunidad al gobierno para mejorar la situación de las finanzas públicas. Y eso sí creo que te lo puedo decir así: lo que se espera es que se aproveche esa ventana de oportunidad, ya que no vamos a tener esa oportunidad de nuevo”, explica Choussy.

Según Roberto Sifont, Standard & Poor’s también veía en el tiempo post electoral un buen espacio para actuar: “Nosotros esperábamos que luego de las elecciones... (de) las perspectivas de que la administración saliera beneficiada o fortalecida, podría venir otro paquete de reformas donde se aumentara más el nivel de recaudación”.

Las opiniones de las calificadoras de riesgo están contenidas en informes que hacen públicos de manera periódica. Antes de publicarlos, estos informes pasan por la vista de las autoridades nacionales.

El Faro intentó conocer la opinión de una tercera calificadora de riesgo, Moodys, sin embargo, un mensaje automático en el despacho de Mauro Leos, analista de la empresa para Latinoamérica, indicaba que éste estaría ausente de su oficina en Nueva York toda la semana.

Pese a las observaciones de las dos calificadoras consultadas, las primeras declaraciones de William Hándal indican que la decisión del Ejecutivo es cerrar el año sin mayores cambios.

El Informe de la Comisión Técnica

En abril de este año, se creó la Comisión Técnica para la Política Fiscal de El Salvador, como un acuerdo político entre el grupo de legisladores de centro izquierda “G-13” y el ex ministro de Hacienda. La función de esta comisión, integrada por reconocidos economistas, sería hacer una revisión del estado fiscal del país y hacer algunas sugerencias al respecto.

En su informe preliminar al que El Faro tuvo acceso, fechado el 19 de abril, la comisión no sólo recomienda implementar nuevas medidas, sino que además sugiere realizar toda una nueva reforma fiscal, concertada con “distintos actores políticos, sociales y económicos”.

La comisión, integrada por Ricardo Perdomo, William Pleitez, Roberto Rubio y José Basagoitia, también recomienda, en particular, “revisar y readecuar los subsidios que otorga el Estado. Esto con el fin de que los beneficios lleguen efectivamente a los sectores objetivo deseados y no se desvíen hacia otros sectores que se lucran de ellos”.

La reforma fiscal implementada hasta el momento centra su acción en reducir al máximo los espacios para evadir el pago de impuestos con estratagemas legales y crear controles más estrictos para rastrear a quienes, de forma ilegal, evaden el pago de impuestos. Otra de las apuestas es hacer que el sector informal (que no paga impuestos) se incluya en la base tributaria, a fin de aumentar la recaudación.

El futuro

El lema de Fitch Ratings, “Know your risk” (conoce tu riesgo), explica bien la naturaleza de sus actividades. Tanto ellos como Standard & Poor´s han otorgado a El Salvador la categoría “BB+, con perspectiva estable”, lo que en otras palabras significa que la capacidad de pago del país es intermedia, dentro del sistema de clasificación que utilizan.

De hecho, la calificación del país es superior a la de mayoría de países latinoamericanos, superada únicamente por México, Chile y Aruba. Sin embargo, esa clasificación podría estar en riesgo.

“De no continuar con las reformas, lo que vamos a ver es que ante el aumento en los costos del petróleo y del costo de los subsidios, el país va a tener un mayor déficit fiscal este año y mayores necesidades de endeudamiento y esos niveles de endeudamiento van a ir creciendo hasta que los niveles de deuda ya no correspondan a los de un país de una calificación de riesgo de BB+”, advierte el representante de Fitch Ratings.

Roberto Sifont prefiere reservarse sus pronósticos y asegura que opinarán al término de este año. “Esa es la (calificación) que tenemos hoy. En ese sentido no podría decirle más. (Si la reforma vigente va a ser suficiente) es algo que no le puedo decir... probablemente. Esperemos que sea al menos un poco exitosa”.

El representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) para El Salvador, Mario Garza, consultado telefónicamente en su oficina en Washington, está al tanto del cambio de conducción en el ministerio de Hacienda salvadoreño. Prefiere no hacer comentarios al respecto y adelanta que esta semana encabezará una delegación del FMI que llegará al país para hacer distintos análisis. De esa visita, dice, dependerán las opiniones de este organismo sobre la necesidad, o no, de nuevas reformas en materia fiscal. Tendrán listas las primeras conclusiones en dos semanas.

Mauricio Choussy, de Fitch, menciona lo que a su juicio es un escenario previsible: “El déficit fiscal lo que hace es automáticamente incrementar el nivel de deuda externa del país. Si bien el nivel de deuda externa del país todavía es manejable, ha ido creciendo a un ritmo preocupante, es decir que uno puede seguirse endeudando, pero al ritmo que se está endeudando El Salvador, se va a llegar a un punto en el que el país ya no va a estar dentro de los parámetros aceptables para tener una calificación de “BB+”. ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Que ese país puede estar en un círculo vicioso de que, al tener una calificación de riesgo menor, la tasa de interés que va a tener que pagar por la deuda va a ser mayor y en esa medida, el déficit fiscal va a ser mayor y las necesidades de endeudamiento van a ser mayores y eso nuevamente va a tener un alza en la tasa de interés. Entonces se entra en lo que se llama un círculo vicioso de endeudamiento del cual los países normalmente tienen dificultades para salir”.

Las proyecciones oficiales del ministerio de Hacienda contemplan la adquisición de nuevos préstamos por un total de $432 millones de dólares sólo en 2006, según el análisis de la Comisión Técnica para la Política Fiscal de El Salvador.

El déficit fiscal del país (que resulta de la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que recauda) fue superior luego de un año de aplicación de la reforma fiscal vigente. En 2005 fue de 3%, superior al de 2004, cuando se cerró con un déficit de 2.4%.

Achicar el margen entre los gastos y lo recaudado puede derivar de acciones encaminadas a aumentar los ingresos del Estado, o a disminuir lo que se invierte. Los especialistas de las calificadoras de riesgo coinciden en que es muy difícil reducir la inversión pública y que, por lo tanto, los ojos deben estar puestos en nuevas medidas encaminadas a generar más recursos.

Hasta el momento, lo recaudado significa un 12% del Producto Interno Bruto (PIB), y la proyección oficial es que, para 2011, se alcance un 14.7%. Sin embargo, la Comisión Técnica cree que ese porcentaje es insuficiente y apuntan a la necesidad de incrementar el margen de recaudación hasta un 17% del PIB, “tanto por la vía de combatir el contrabando, el lavado de dinero, la evasión y la elusión fiscal, como aumentando impuestos y mejorando la eficacia de la recaudación tributaria”.

Calificadoras de riesgo esperan que Hacienda implemente más reformas