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Ex funcionarios de Medio Ambiente condenados a pagar por irregularidades en contratación de servicios

La ex ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y otros funcionarios de la misma cartera deberán pagar por su responsabilidad en el caso de las españolas Iceysa e Icasur, que fueron contratadas para controlar emanaciones de gases de vehículos.

Karla Argueta
cartas@elfaro.net

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Según la Corte de Cuentas, por tomar atribuciones que no le correspondían al contratar los servicios de las empresas españolas Inceysa e Icasur, que ahora protagonizan un juicio civil contra el país, la ex ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales –Ana María Majano- fue condenada a pagar una multa de $4 mil 547.

La resolución de la Corte se extendió también a otros funcionarios que durante el proceso de licitación que hizo el MARN para el proyecto de Revisión Técnica Vehicular (RTV), estudiaron los documentos presentados y decidieron contratar los servicios de las empresas españolas, pese a que unos días antes la especialidad de una de ellas era la lencería y calzado y no la revisión vehicular, entre otras irregularidades.

Respecto al proceso que se siguió para indagar sobre las responsabilidades administrativas que tuvieron los funcionarios en el caso, Majano aseguró que no sabía de su persecución y que la Contraloría no le notificó del emplazamiento sobre el juicio en su contra.

Asimismo, la ex ministra, ahora radicada en Costa Rica, señaló que ellos contaban con la información necesaria y que dieron el aval basándose en ella y según las reglas que la Comisión debía seguir. Argumentó además que si los datos eran falsos ese es un delito que cometieron los licitantes españoles.

Majano también aseguró que presentó, a través de su representante legal, una apelación de la sentencia. No obstante, la jueza de la Cámara Cuarta de Primera Instancia, Rosa Guadalupe Jiménez, refutó esta versión.

Inceysa e Icasur ganaron, en 2000, el proyecto de las RTV y luego de las indagaciones que ya llevan más de un año, la Fiscalía determinó que ambas presentaron documentación falsa sobre sus estados financieros a las autoridades. Esta versión ya fue confirmada por entidades oficiales españolas, quienes reportaron que los balances presentados por Icasur fueron avalados por un auditor que no ejerce como tal desde hace más de diez años.

Durante la semana pasada, el juez que lleva el caso –Dario Villalta Valdovinos- señaló que el proceso estaba estancado, pero atribuyó el retraso a la Fiscalía, quien, según él, no lo ha impulsado pese a que fue esta institución quien pidió al tribunal en 2003 anular la licitación millonaria que el MARN concedió a Inceysa e Icasur.

La lentitud del caso pone en desventaja a El Salvador en una demanda que las empresas interpusieron en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), con sede en Washington, por incumplimiento de contrato por un monto de 110 millones de dólares. Según las empresas, la cantidad equivale a la ganancia que percibirían por operar 10 años.

El proceso de arbitraje que lleva a cabo el CIADI estaría por emitir la sentencia y que el Estado comprobara la nulidad del contrato con las empresas pondría en una situación ventajosa a El Salvador en dicho juicio.

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