INTERNACIONALES

Análisis

El mandato de Ortega 

A Ortega no solamente le tocará gobernar en un país muy diferente al de los años ochenta, desde el punto de vista institucional y de los compromisos económicos adquiridos por el estado, sino que además está obligado a concertar y tomar en cuenta a la mayoría electoral que no votó por su candidatura.

Carlos F. Chamorro
Revista Confidencial
cartas@elfaro.net
Publicada el 13 de noviembre - El Faro

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El candidato del FSLN obtuvo nueve puntos más que el candidato del segundo lugar, Eduardo Montealegre de ALN, lo que le permitió ganar en primera vuelta, amparado en la reforma a la ley electoral surgida del pacto que negoció con Arnoldo Alemán en 1999. De esa manera, con un apoyo del 38% Ortega ganó la Presidencia, mientras el 62% del electorado se dispersó en otras cuatro opciones políticas.

Este porcentaje de voto presidencial es el más bajo obtenido por un Presidente en Nicaragua en los últimos 20 años. En 1984, el mismo Ortega obtuvo 67% del voto durante su primer mandato; Violeta de Chamorro fue electa con 54.7% en 1990; Arnoldo Alemán con 51% en 1996 y Enrique Bolaños con 56% en el 2001.

Sin cuestionar la legitimidad del mandato, esto significa que a Ortega no solamente le tocará gobernar en un país muy diferente al de los años ochenta, desde el punto de vista institucional y de los compromisos económicos adquiridos por el estado, sino que además está obligado a concertar y tomar en cuenta a la mayoría electoral que no votó por su candidatura.

Pero, además, al analizar el número de votos válidos depositados y sus proyecciones, se puede constatar que Ortega ganó la elección con un apoyo electoral muy similar al que obtuvo hace cinco anos cuando perdió contra Enrique Bolaños. 

Según las cifras oficiales del Consejo Supremo Electoral, en un lapso de cinco años, la población electoral creció en un 20%, sin embargo, la votación presidencial del FSLN se mantuvo en un nivel casi idéntico al del 2001 y apenas creció unos 25 mil votos (el 2.7%).
En cambio, el voto liberal registró un incremento de 191,000 votantes, un 14% adicional a lo obtenido en el 2001 por el PLC; pero esta vez se  dividió entre el PLC y ALN, favoreciendo la victoria de Ortega.

La tercera vertiente electoral, el MRS agregó unos 150 mil votos adicionales a los depositados por el electorado en el 2001.

Y aunque Nicaragua mantiene uno de los niveles de participación electoral más altos de América Latina, en esta elección se ha registrado un porcentaje de abstención mayor que en la elección del 2001, cuyas causas merecen ser analizadas en el momento oportuno.

El mandato electoral de Ortega, indica una demanda de cambio del electorado en la dirección de fortalecer las políticas sociales y de fomento a la producción nacional pequeña y mediana, pero en un marco de estabilidad macroeconómica. Y sobre todo, entraña una demanda de renovación institucional y desmontaje del pacto, reclamado por una mayoría de votantes y abanderado por todos los candidatos presidenciales, que ahora pasan a la oposición.

Los resultados preliminares de la elección legislativa proyectan una nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional en la que el pacto PLC-FSLN deja de ser el eje dominante, y sería sustituido por una dinámica multipartidista.

Es prematuro aventurarse a analizar qué tipo de alianzas se producirán en la Asamblea entre las bancadas del FSLN, PLC, ALN y MRS. Lo único claro es que las negociaciones no serán determinadas tras bastidores por dos caudillos, sino en un marco de mayor transparencia en beneficio de los ciudadanos.

Después de ser reconocido por sus adversarios, el  presidente electo envió un mensaje tranquilizante al capital y a los inversionistas nacionales y extranjeros. Es comprensible que haya priorizado a ese sector por la importancia que tiene a corto plazo la estabilidad del sistema financiero.

Pero lo importante es que esos gestos positivos se traduzcan en hechos y compromisos institucionales. Por ejemplo, si Ortega considera conveniente la permanencia en el cargo del actual presidente del Banco Central, para dar una señal de continuidad en el mundo financiero, reforzaría la confianza a largo plazo proponiendo una ley que le otorgue autonomía al Banco Central en relación al Ejecutivo.

En el mismo sentido, tiene la oportunidad de enviar un mensaje de cambio institucional y voluntad de desmontar el pacto, cuando en los próximos días se proceda a elegir en la Asamblea a nuevos magistrados en la CSJ y al Fiscal y vice Fiscal de la nación.

Durante la campaña, Ortega fue el candidato del monólogo. Nunca explicitó sus propuestas de gobierno, ni respondió a las preguntas de la prensa. Incluso, las propuestas más importantes que formuló el 19 de julio --la condonación de las deudas a los productores y la promesa de remesas a costo cero-- tuvieron que ser oficiosamente rectificadas. Como Presidente de todos los nicaragüenses y no sólo del 38% que votó por él, sólo podrá tener éxito si se reinventa en un estadista dialogante, tolerante a las críticas. Ese imperativo también forma parte de su mandato.

En el campo económico internacional, Ortega tiene la oportunidad de aprovechar las económicas del CAFTA y atraer más inversión extranjera, y al mismo tiempo establecer una plataforma adicional de cooperación como la que ofrece la Venezuela de Hugo Chávez. Pero cualquier aventura internacional que embarque a Nicaragua en un clima de conflicto y confrontación, conduciría al desastre seguro.

No todo depende de lo que el futuro Presidente haga o deje de hacer. El único antídoto para contener los instintos autoritarios del nuevo liderazgo que asumirá el poder, es una sociedad civil vigorosa, movimientos sociales autónomos, una prensa crítica y una oposición responsable. Por eso abogamos para que ese torrente cívico que se manifestó en la campaña electoral se canalice a través de nuevas formas de participación ciudadana.

Para que Nicaragua salga adelante no solamente necesitamos un buen estadista al frente del gobierno -y ojalá Ortega se coloque a la altura de ese desafío- y un sector privado moderno. También urgimos una sociedad de ciudadanos que gestione sus derechos sin esperar, como si fuéramos súbditos, a que el gobierno nos otorgue favores o prebendas. Con todas las expectativas e interrogantes que plantea el retorno de Ortega al poder, el gran reto del país sigue siendo construir instituciones fuertes y democráticas al servicio de los ciudadanos, para que los cambios sean irreversibles.

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