El Faro http://elfaro.net Periodismo independiente y audaz de El Salvador y Centroamerica con noticias, reportajes, investigac es Copyright 2019, El Faro Thu, 20 Jun 2019 09:21:06 +0100 El Faro El último pulso interno por los pedazos del FMLN http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000031901.jpg http://www.elfaro.net/es/201906/el_salvador/23417/El-último-pulso-interno-por-los-pedazos-del-FMLN.htm El FMLN juega con su credibilidad al entrampar el resultado de unas elecciones internas de las cuales debe surgir un nuevo secretario general que debe salvar un barco que se hunde. Los tres candidatos denuncian irregularidades y la Comisión Electoral anuncia una revisión de una mayoría de municipios en los que Óscar Ortiz lleva ventaja. En la mañana del miércoles 18 de junio, cuando el FMLN ya llevaba 36 horas sin dar los resultados oficiales de sus elecciones internas, Óscar Ortiz llegó a reclamar el trono del 1316, la principal oficina del Frente en San Salvador, pero en el 1316 no había nadie a quien reclamarle nada. Ortiz, que desde la noche del domingo 16 se autoproclamó como nuevo secretario general del partido, quiso entregar una carta a la Comisión Especial Electoral (CEE) en la que demanda se coordine el “proceso de transición entre las autoridades salientes y entrantes” y la entrega del partido, a más tardar el lunes 24 de junio. Esa exigencia, a la fecha, ha sido ignorada, aunque él se declara “Secretario General electo del FMLN” en su cuenta oficial en Twitter.

Desde que se cerraron las urnas, hace más de 72 horas, Ortiz habla en una lengua, la CEE y la cúpula del FMLN en otra. El desencuentro electoral interno ha provocado que dos trincheras en el Frente resuciten una vieja batalla por el control de un partido maltrecho. Por un lado está Ortiz, el eterno rival de la vieja comandancia; por el otro está Arístides Valencia y quienes lo respaldan: el secretario saliente, Medardo González, y la mayoría de miembros de la Comisión Política que se jubilaron tras la debacle presidencial de 2019. Como ocurrió hace más de 15 años, cuando Ortiz disputaba el liderazgo del FMLN con su corriente “reformista”, la vieja comandancia de nuevo le da la espalda y abre las puertas a la sospecha, otra vez -por cuarta vez- de un bloqueo hacia su figura.

La diferencia de aquellas batallas, en las que el ex vicepresidente fue enviado al ostracismo por algunos dirigentes (José Luis Merino llegó a decirle que “ordene su pensamiento, su cabeza”), es que ahora Ortiz no puede desligarse de aquellos contra quienes lucha. Resucitado para las presidenciales de 2014 y luego convertido en vicepresidente, Ortiz fue parte de un gobierno golpeado por la opinión pública y señalado (junto a las deudas en transparencia, seguridad, economía y asistencia social), como responsable por los resultados electorales. Ortiz vive pues, una batalla en la que bien podría perfilarse como el candidato-víctima, pero su complicidad en la Presidencia 2014-2019 y con la cúpula que dirigió al partido y al gobierno se lo impiden. Este FMLN quebrado también lleva su sello.

Y aunque él se presenta como un salvador, sus palabras no calan. El martes 18, en el 1316, dijo que el partido ya no puede perder el tiempo y debe acelerar el proceso de transición para enfrentar “las elecciones municipales y legislativas” de 2021. Pero pasado el trauma del segundo gran fracaso electoral, y ante la posibilidad del triunfo real de Ortiz en las internas, la complicidad con la vieja cúpula parece esfumarse. Por eso es llamativo que a las 10:00 a.m. del martes 18, ninguna autoridad ni ningún miembro de la CEE hayan llegado a recibirlo al menos para intentar calmar los ánimos y exigir paciencia, como cuando pactaron, en marzo de 2018, que Ortiz se echara a los hombros al gobierno de Salvador Sánchez Cerén. Esta vez, la confianza no da para tanto y su carta-demanda solo fue conocida por tres personas: una empleada de servicios domésticos, una recepcionista y Raúl Llarul, secretario de comunicaciones del partido.

“Demando el proceso de transición a más tardar el día lunes 24 de junio”, escribió Ortiz. Afuera, unas cincuenta personas reclamaban su triunfo. “La Secretaría le pertenece a Óscar”, decían… al aire.

Óscar Ortiz se proclamó ganador de las elecciones internas del FMLN, el domingo 16 de junio, en las instalaciones del hotel Mediterráneo de la colonia Escalón. Foto: Víctor Peña.
 
Óscar Ortiz se proclamó ganador de las elecciones internas del FMLN, el domingo 16 de junio, en las instalaciones del hotel Mediterráneo de la colonia Escalón. Foto: Víctor Peña.

De la anormalidad a la sospecha

El domingo 16, el FMLN acudió a unas internas que promovió como el último intento para salvar a un partido que se hunde. El fracaso electoral de 2019 provocó que la vieja comandancia anunciara su jubilación, y el 6 de febrero, Medardo González (15 años como máximo dirigente) instó a todos los miembros de la CP, incluido Óscar Ortiz, que no se postularan a ningún cargo de dirección.

Ortiz se rebeló a esa orden y tres meses después compitió por la Secretaría General. Su principal adversario fue el exministro de Gobernación, Arístides Valencia, a quien no pocos perfilan como el ungido por la dirigencia que se despide. Como colista llegó Cledys Molina, una militante de larga data que reclamó favoritismos hacia Valencia de parte de la cúpula. Como Ortiz, ella denunció irregularidades en la campaña interna. Al final, la candidatura de Molina obtuvo bajos resultados y la CEE ni siquiera se ha tomado el tiempo para mencionarlos.

Pese al contexto, la jornada del domingo 16 arrancó sin sobresaltos desde temprano. El cierre de la votación estaba previsto para las 3:00 p.m., pero se alargó una hora más porque hubo atraso en la votación debido a lo engorroso del proceso. Los militantes debían, en 10 papeletas, escoger a los miembros del consejo nacional, directiva municipal y departamental y secretario general y adjunto.

En la sede del partido en la colonia Buenos Aires, en San Salvador, tres militantes que hablaron con El Faro dijeron que se sentían “esperanzados” porque el partido estaba dando luces de cambios. “El partido perdió en las elecciones, pero para eso están las elecciones para mejorar”, decía Fabricio Cruz, un afiliado al partido que acudió a las urnas. En ese mismo lugar se encontraba Atilio Montalvo, candidato al Consejo Nacional del FMLN, y sostuvo esa mañana que “es urgente que el frente ratifique sus errores”.

El padrón del partido de izquierda es de 38,000 militantes. El domingo pasado votó el 55.5%, según datos de la Comisión Electoral del FMLN. Al mediodía, en sedes del partido como la de la ciudad de Santa Tecla, había 200 personas esperando ejercer el voto porque en las urnas había 10 personas votando a esa hora. En ese lugar el padrón era de 400, según explicó una delegada del partido.

A las 9:30 de la noche, cinco horas después del cierre de urnas, Ortiz llamó a una conferencia de prensa en el Hotel Mediterráneo para autoproclamarse como nuevo Secretario General del FMLN. “Los datos preliminares reflejan que hemos ganado en la gran mayoría de los territorios”, aseguró el exvicepresidente. Una hora más tarde, la respuesta de la CEE llegó contundente desde la sede del 1316: “queremos desmentir las declaraciones que ha hecho Óscar Ortiz”, dijo Silvia Cartagena, miembro de la comisión. El conflicto estaba servido.

La CEE es nombrada por el Consejo Nacional. El CN saliente está conformada por 58 militantes, 13 de ellos pertenecen a la Comisión Política que dirige Medardo González. Tanto el CN como la CP son dos instancias que controla la cúpula del partido. Según el artículo 33 de los estatutos del FMLN, la CP tiene la potestad de conformar todas las comisiones especiales que considere necesario integrar. Según una fuente que decidió hablar con este periódico bajo anonimato, los miembros de la CEE actual fueron propuestos por la comisión política (que dirige González) y ratificados por la CN (que respalda a González).

El martes 18, dos horas después de que Ortiz volviera a reclamar su triunfo en la sede del 1316, la CEE volvió a aparecer en escena. A través de un comunicado advirtieron que los resultados de la jornada interna se conocerán hasta nuevo aviso. En el escrito no hubo ninguna mención a la carta que Ortiz les hizo llegar. El CEE anunció, nada más, que hubo ocho impugnaciones al proceso en siete municipios, y que la revisión de cada caso tardaría al menos 24 horas.

Hasta la fecha, la CEE sólo ha dado tres datos oficiales: que Ortiz lleva 10,219 votos (48.4%) y Valencia 9,694 un (45.9%). Ortiz a la cabeza con una diferencia de 524 votos, una nada si se toma en cuenta los resultados de las votaciones que han sido impugnadas. En los siete municipios impugnados, entre Ortiz y Valencia hay una diferencia de 919 votos (a favor del ex vicepresidente), según los datos del equipo de Ortiz. Según la CEE, cinco de esos municipios fueron ganados por Ortiz contra dos de su rival.

Valencia, que no ha dado declaraciones públicas ni conferencias desde que se cerraron las urnas, escribió en twitter el 19 de junio después del anuncio de la CEE que “el FMLN no puede permitir una conducta tramposa, hacerlo contribuye a hundir la credibilidad ante el pueblo, ya dañada, felicito a los compañeros/as que de manera valiente defienden la institucionalidad y transparencia del proceso interno, independientemente de los resultados”.

La Comisión Política también ha guardado silencio. Este periódico trató de entrevistar a Medardo González vía telefónica el lunes 17 por la noche. Al momento de hacer la primera pregunta interrumpió para decir que “la Comisión Electoral es la encargada de pronunciarse”. Colgó la llamada. Más tarde, el martes 18, la Comisión Política respaldó a través de un comunicado los pasos de la CEE. En el documento enfatiza que es “la única con potestad legal para proclamar ganador a cualquier candidato”.

El miércoles 19, mientras militantes en redes sociales (pero sobre todo Ortiz) exigían transparencia y resultados claros, la CEE apareció de nuevo en conferencia de prensa para anunciar que todavía no tienen los resultados. La CEE sólo informó los nombres de los secretarios departamentales, sus adjuntos y, cosa curiosa, el repunte de la que se perfila como secretaria general adjunta. Contrario a lo que la CEE pudo haber dicho a favor de Ortiz (que según sus propios datos lidera la elección), con Sosa la CEE dio información con un tono que habla de fiesta electoral y no de una pugna.

“Podemos anunciar que la compañera Karina Sosa se ubica a la cabeza como nuestra nueva secretaria general adjunta con un total de 19,125 votos”, dijo Silvia Cartagena. Minutos después, la página oficial del partido publicó una nota que se titula: “Karina Sosa es electa como secretaria general adjunta”. Al cierre de esta nota, la página oficial del partido no había escrito nada sobre la delantera de Ortiz.

Sosa es una diputada que compitió por la vicepresidencia en las elecciones de febrero pasado, junto al candidato Hugo Martínez. Ha destacado en la comisión de relaciones exteriores y es señalada como una diputada fiel a la dirigencia.

Al finalizar la conferencia, Cartagena se despidió con la promesa de dar a conocer los nuevos integrantes del Consejo Nacional, directivas departamentales, convencionistas departamentales, municipales y del exterior. En los cinco minutos que duró la conferencia, Cartagena omitió informar cuánto falta para que den los resultados para la Secretaría General.

El Frente ha entrado a un juego discursivo en el que Ortiz reclama su triunfo y la CEE responde con dilaciones a un proceso cuestionado desde sus orígenes por dos de los tres candidatos en la contienda.

La sospecha es mayor si se compara el hecho de que, hace 15 años, cuando Ortiz le disputó la secretaría general a Medardo González, aquel tribunal electoral del partido concedió el triunfo a González a las 12:35 de la madrugada, en el entendido que debido a lo reñido de la contienda, necesitaban dar resultados claros. Aquella elección favoreció a González con el 53.94% de los votos frente al 46.06% que obtuvo Ortiz, según reseñó la revista Vértice de El Diario de Hoy.

Esta vez, ya van más de 72 horas y los resultados no aparecen. Y ahora no solo Ortiz comienza a susurrar contra posibles irregularidades. “El pronunciamiento de Óscar por un lado viene a confirmar la falta de confianza del proceso electoral”, dijo la ahora ex candidata Cledys Molina. Pero ella, que no confía en que el FMLN se salve con Óscar Ortiz (“no me da confianza que él pueda ser el Secretario General”, dice), lo felicitó en redes sociales. “La militancia ha querido darle su voto para Secretario General a Óscar Ortiz. A pesar de irregularidades del proceso felicitaciones, Óscar Ortiz”.

La comisión especial electoral registró un 55 % de asistencia de votantes en todo el país. En la sede la colonia Buenos Aires, San Salvador, el proceso de votación fue de 20 minutos. Foto: Fred Ramos
 
La comisión especial electoral registró un 55 % de asistencia de votantes en todo el país. En la sede la colonia Buenos Aires, San Salvador, el proceso de votación fue de 20 minutos. Foto: Fred Ramos

Viejos líderes para un partido gastado

Si algo evidencia el último proceso interno en el FMLN, el partido vapuleado por los comicios electorales de 2018 y 2019, es una clara fractura y un divisionismo en el que ninguno de los candidatos garantiza, al menos no hasta ahora, una renovación. Cledys Molina lo denunciaba en la víspera de la elección, y los dos principales candidatos se niegan a responder cómo es que garantizarán un cambio cuando sus actuaciones pasadas les anteceden.

Arístides Valencia, cuando era diputado, negoció la entrega de $10 millones a las pandillas a cambio de apoyo para la contienda presidencial en la que resultó electo Sánchez Cerén. Ni él ni el partido han querido explicar esta acción. Ya en el gobierno, Valencia obtuvo el cargo de ministro de Gobernación. Según varias fuentes del partido, siempre fue un cercano colaborador de Medardo González.

Óscar Ortiz lleva años disputando espacios en el FMLN. En 2003, él encabezaba un movimiento reformista en el FMLN y participó en unas reñidas elecciones internas contra Schafik Hándal, líder histórico y figura de culto del partido. Fue la última vez que se tuvo noticias de reformistas o elecciones internas competidas en el FMLN. Esas elecciones se zanjaron así: Ortiz y la cúpula se reunieron en privado en el hotel Holiday Inn. Mientras duró la reunión, bases de militantes de ambos grupos cantaban consignas a favor de sus candidatos en el lobby del hotel. Al filo de la medianoche del 27 de julio, Ortiz salió de la reunión y reconoció que había perdido la candidatura presidencial por unos mil votos. El partido anunció la misma versión. Sin embargo, muchos entendieron ese desenlace como un pacto.

Al año siguiente de perder la carrera por la presidencia, Ortiz buscó dirigir al FMLN, pero perdió el cargo de secretario general contra Medardo González. Desde entonces se dedicó a gestionar la alcaldía de Santa Tecla, hasta que en 2013 fue llamado para hacer fórmula con Salvador Sánchez Cerén, en un guiño del partido con el cual intentó hacer pasar por desapercibido que el principal candidato era uno de los grandes excomandantes de la guerrilla.

Hasta 2016, si algo tuvo siempre Ortiz fue un aura de político con visiones reformistas y alejado a las viejas tretas de la política. Ese año, sin embargo, El Faro reveló que fue socio en una empresa con José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo, vinculado desde hace años al Cártel de Texis y el único salvadoreño enlistado como “capo internacional de la droga”. Ortiz y Chepe Diablo fueron socios fundadores de Desarrollos Montecristo S.A. de C.V., empresa que por años ha comprado y vendido terrenos en la isla Montecristo, ubicada en la zona costera del oriente del país, en las cercanías de la bahía de Jiquilisco. Al ser cuestionado por su relación con Salazar Umaña, lejos de transparentar y explicar sus nexos, Ortiz decidió guardar silencio. Hasta ahora juega a ser un político sin manchas que no tiene por qué rendir cuentas, contrario a lo que opina de sus rivales. “El FMLN no puede caer en manos de irresponsables y sobre todo en gente deshonesta”, dijo el domingo 16, luego de proclamarse vencedor.

A la fecha se desconoce quiénes son los principales respaldos de Ortiz en el partido, aunque desde su inscripción comenzaron a ventilarse algunos rostros cercanos a su entorno. Por ejemplo, se dejó ver con el alcalde Fidel Fuentes, uno de los más críticos tras la derrota electoral en las legislativas de 2018. Aquel marzo, en la semana posterior a la elección, Fuentes criticó a la cúpula del FMLN y Ortiz se dejó ver en una reunión con el edil.

En la inscripción también estuvo acuerpado por Carlos Palma, su mano derecha en la alcaldía de Santa Tecla y exalcalde interino de esa municipalidad. A él lo ha delegado como coordinador de la que, exige, debe ser una “transición ordenada”.

Una cara sorpresa cercana a Ortiz fue la ex diputada y ex candidata a la alcaldía de San Salvador, Jackeline Rivera. Sorpresiva porque Rivera, provenientes de las filas de las Fuerzas Populares de liberación, (el grupo que comandan el expresidente Salvador Sánchez Cerén y Medardo González) siempre ha sido considerada una “pura sangre” que creció bajo la sombrilla del FMLN que arremetió contra Ortiz hace 15 años.

A diferencia de 2018, cuando fue ungida por las bases y la cúpula para reemplazar a Nayib Bukele en San Salvador, Rivera ahora se decanta por otro bando. El lunes 17, en la segunda conferencia de prensa, ella dijo que “desconocen” cualquier resultado que brinde la CEE porque han denotado “favoritismo” a favor de Arístides Valencia.

Del grupo que acuerpa a Ortiz, el rostro que más suspicacias despierta es el de la ex alcalde, y ex ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez. Rodríguez fue coordinadora en los primeros años de gestión de Medardo González, y más tarde fundadora y una de las caras más visibles de Alba petróleos El Salvador, la empresa que envió cerca de 300 millones de dólares hacia Panamá. Detrás de las empresas Alba está también José Luis Merino, uno de los tres máximos dirigentes del partido, junto a González y Salvador Sánchez Cerén. En el segundo gobierno del FMLN, tres dirigentes de la Comisión Política aseguraron a El Faro, bajo la condición del anonimato, que Rodríguez era una carta de Merino en el Ministerio de Economía.

Ortiz en la conferencia de prensa en la que se declaró vencedor de los comicios. Destacó entre su equipo Luz Estrella Rodríguez, la ex ministra de Economía y fundadora de Alba Petróleos El Salvador.  Foto: Víctor Peña.
 
Ortiz en la conferencia de prensa en la que se declaró vencedor de los comicios. Destacó entre su equipo Luz Estrella Rodríguez, la ex ministra de Economía y fundadora de Alba Petróleos El Salvador.  Foto: Víctor Peña.

Desde ahí, Estrella y Ortiz se aliaron para promover relaciones comerciales con China Continental. Entre finales de 2014 y todo 2015, por ejemplo, ambos celebraron acuerdos comerciales entre el sector azucarero y el gigante asiático. Más tarde, en el último tramo del Gobierno, Rodríguez y Ortiz lideraron el proyecto de Zonas Económicas Especiales (ZEE), una propuesta tildada de neoliberal y que ofrecía exenciones de impuestos a empresas privadas en 26 municipios de la zona oriental del país.

A la fecha, Ortiz se proclama vencedor, el viejo Frente no lo acepta, pero las dudas de sus banderas de renovación siguen sin ser respondidas. Entre el domingo 16 y el martes 18, El Faro ha intentado que el ex vicepresidente despeje dudas sobre su ideario, sobre sus vínculos, sus apuestas y sobre los acercamientos que ordenaría, de ser confirmado secretario general, con el gobierno de Nayib Bukele. De todos los líderes del partido, Ortiz fue de los primeros en felicitar a Bukele tras el triunfo del 3 de febrero. “Felicito a Nayib Bukele. El país ha decidido y las distintas fuerzas políticas debemos poner en el centro el interés nacional. Estamos listos para una exitosa transición”, escribió. Pese a las reiteradas preguntas hechas por periodistas de El Faro, Ortiz no quiso responder ninguna.

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El Salvador Wed, 19 Jun 2019 20:57:03 +0100 http://www.elfaro.net/es/201906/el_salvador/23417/El-último-pulso-interno-por-los-pedazos-del-FMLN.htm
El asesor http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_443_504_1001_875/images%7Ccms-image-000031908.jpg http://www.elfaro.net/es/201906/el_farolero/23424/El-asesor.htm La mirada de Otto al plan de seguridad del Gobierno. El Farolero Wed, 19 Jun 2019 16:34:46 +0100 http://www.elfaro.net/es/201906/el_farolero/23424/El-asesor.htm Incertidumbres actuales de la posguerra - Por Roberto Turcios http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201906/360grados/23423/Incertidumbres-actuales-de-la-posguerra---Por-Roberto-Turcios.htm 360 grados Wed, 19 Jun 2019 11:20:31 +0100 http://www.elfaro.net/es/201906/360grados/23423/Incertidumbres-actuales-de-la-posguerra---Por-Roberto-Turcios.htm Los trucos tuiteros de Nayib Bukele http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000031907.jpg http://www.elfaro.net/es/201906/columnas/23422/Los-trucos-tuiteros-de-Nayib-Bukele.htm El truco funciona. Aunque Twitter apenas llega a los salvadoreños, el debate público dominante sobre uno de los países más homicidas del mundo es acerca de lo que ahí se escribe. La distracción es indispensable en el espectáculo de un mago. Te hace ver fijamente una carta en su mano cuando la verdadera acción sucede en otro lugar. Nayib Bukele, gran showman, ha iniciado su gestión como presidente de El Salvador con esa táctica. Y la carta que usa para captar la atención de todos es su cuenta de Twitter.

El 1 de junio, cuando se terminaba de limpiar la plaza tras su toma de posesión, Bukele ordenó cambiar el nombre de una brigada militar bautizada en honor a un criminal de guerra. La decisión fue aplaudida por organizaciones de derechos humanos y rápidamente cumplida por el Ejército. Al siguiente día, el 2 de junio, circuló un vídeo de soldados despintando el nombre del coronel Domingo Monterrosa del cuartel de San Miguel. La rapidez de Bukele permitió apuntar dedos: la exguerrilla del FMLN, Gobierno en los 10 años anteriores, no pudo (o no quiso) borrar el nombre del coronel, para no chocar con los militares, alegando, incluso, miedo de un golpe de Estado. Lo que el FMLN no hizo en una década, Bukele lo hizo en un tuit.

Aquello fue solo el comienzo. El mismo domingo 2 de junio, Bukele disolvió, todo a través de mensajitos en la red social, cinco secretarías de la presidencia. Esa orden de menos de 280 caracteres eliminará unas 600 plazas del Gobierno y en teoría ahorrará cerca de 15 millones de dólares en salarios el próximo año. Bukele recurrió de nuevo a Twitter para hacer espectaculares destituciones con nombre y apellido, además de cargo y salario. Decenas de funcionarios fueron despedidos por su parentesco con exfuncionarios del FMLN. Bukele pretendió establecer una narrativa: todos los despidos son cuota del partido que se va del poder dejando lleno de parientes el aparato del Estado. Eso no era cierto para todos. Pero, al menos en redes, el truco funcionó. La multitud dijo “me gusta”.

Tras un par de días de despidos a lo Donald Trump en El Aprendiz, el presidente volvió tendencia las palabras “se le ordena”. Sus ministros parecían competir por quién le contestaba con el tuit más inmediato y el tono más señorial: “sí, mi presidente”, “ahorita mismo presidente”, “su orden será ejecutada”. Bukele le encontró humor a la situación y se desató: ordenó, por ejemplo, a su secretario privado comprar una cafetera con el sobrante del salario de una plaza eliminada y, acto seguido, le ordenó comprar pan dulce con su propio salario.

Y no paró: ordenó a un youtuber que se bañara, a otro que hiciera mejores vídeos. Se autonombró “el presidente más cool del mundo”. El 9 de junio, pasada la medianoche, tuiteó “DRACARYS”, el comando que Daenerys Targaryen usaba para ordenar a sus dragones que abrieran fuego en la serie Juego de Tronos. Bukele no añadió ningún contexto, aunque días antes alguien había hecho un montaje de un tuit de Bukele con esa palabra. Estos primeros días de presidencia, los memes se confunden con la realidad.

Solo el 10.7 % de la población mayor de 18 años tiene Twitter en El Salvador, según la encuestadora LPG Datos. 36.9 % de los salvadoreños dijo a la encuestadora de la Universidad Centroamericana (UCA) que las redes sociales eran lo que más utilizaron para informarse en la campaña presidencial, solo por detrás de la televisión. Sin embargo, apenas un 3.6 % de esos encuestados mencionaron Twitter como la que más utilizaron, cuando más del 90 % dijo que era Facebook.

Pese al uso limitado, la información que se produce en Twitter circula fuera de lo digital, en otros medios de comunicación, pero también en la cotidianidad. Una empresa de gaseosas sacó anuncios en buses retomando la frase: “se le ordena a los salvadoreños disfrutar lo nuestro”. En la app de mensajería WhatsApp circulan calcomanías de Bukele con la fórmula “se le ordena” y frases como: “pagarme el almuerzo”, “invitarme a unas cervezas” y otras de contenido sexual.

El presidente Nayib Bukele durante su primera reunión de consejo de ministros en Casa Presidencial. Foto: Carlos Barrera
 
El presidente Nayib Bukele durante su primera reunión de consejo de ministros en Casa Presidencial. Foto: Carlos Barrera

Es fácil perderse en la vorágine informativa. Muchos medios de comunicación internacionales y famosos opinadores de redes sociales están deslumbrados por la forma. Los atrae como a moscas la miel un presidente de 37 años que tuitea a su casi millón de seguidores la desaparición de una secretaría, el despido de un funcionario o que él es el “presidente más cool” del mundo. El truco funciona. Aunque Twitter apenas llega a los salvadoreños, el debate público dominante sobre uno de los países más homicidas del mundo es acerca de lo que ahí se escribe. El ritmo frenético del presidente en sus redes marca agenda.

Twitter ha sido su carta de distracción mientras se asientan él y los suyos en el Gobierno. Twitter ha sido un truco efectista mientras no empiece a cumplir las promesas del ambicioso plan de trabajo que ofreció en campaña. Y aunque solo van un par de semanas, Bukele ya empezó a incumplir algunas de esas promesas.

“Los corruptos han iniciado una campaña de miedo dirigida a los empleados públicos”, escribió Bukele el 9 de febrero, seis días después de ganar la elección. “Todo lo contrario: los empleados públicos por fin tendrán estabilidad, recibirán aumentos y promociones por mérito, no por 'conectes' partidarios. Y dejarán de ser acosados por no apoyar al FMLN”. El sistema judicial salvadoreño ya revisa si el proceso seguido para decenas de casos de despidos fue legal. Bukele, por ejemplo, anunció el despido del inexistente hermano de una líder efemelenista. Los hermanos de ella fueron asesinados en la guerra. Pero el tuit fue ampliamente celebrado. La fiesta de la forma, el desprecio por el fondo. El presidente ya advirtió a los jueces que revisan los despidos para “que se pongan del lado del pueblo”. Sin embargo, Bukele tiene en su Gabinete a 14 personas de su círculo de confianza, entre parientes (su hermano es su principal asesor y un tío es secretario de comercio), exempleados de sus empresas y amigos cercanos. Pero eso no es tendencia en la red del pajarito.

Previo a asumir la presidencia, Bukele guardó como secreto estatal los nombres de su equipo de trabajo y marcó el tono nombrando a seis mujeres al hilo. “Por primera vez en la historia de nuestro país tendremos un Gabinete paritario, de igual número de mujeres que de hombres”, prometió Bukele en su discurso de toma de posesión. Para el 12 de junio, ese porcentaje era de 76% hombres y 24% mujeres.

En su plan de Gobierno, Bukele dijo que “la problemática de los grupos criminales no puede ser tratada exclusivamente desde una óptica de combate a la delincuencia”. Pero ante una oleada de ataques contra policías, cuatro asesinatos en cinco días, el presidente insinuó que buscará medidas más severas, tal como lo hicieron todos los gobiernos anteriores. “Acaban de lesionar a otro agente de la PNC en Santa Ana. Dos impactos en el abdomen. Lastimosamente nos arrinconan y solo nos dejan con una opción. Y no es una tregua”, dijo Bukele en un país donde los cuerpos de seguridad han perpetrado varias ejecuciones extrajudiciales en los últimos años, algunas de ellas difundidas justamente por Twitter.

Los primeros nombramientos en la Policía Nacional Civil anticipan la continuidad de la política represiva que El Salvador ha implementado en los últimos cinco años, una que convirtió al país en el más homicida del mundo en 2015.

El recién nombrado director de la Policía es cuestionado por su compromiso con derechos humanos. Era el jefe de Áreas Especializadas de la institución cuando una agente fue raptada y asesinada por uno de sus compañeros en la fiesta navideña de uno de esos grupos élite. El asesino huyó gracias a la complicidad de sus compañeros. El subdirector de la Policía, el mismo del Gobierno anterior, estuvo detenido años atrás y fue procesado por colaborar con un grupo de ejecución extrajudicial: la “Sombra Negra”.

Tres días antes de la elección, Bukele prometió —en Twitter, cómo no— que ningún diputado tendría “cuotas” en su Gobierno. La Asamblea Legislativa es el órgano de Estado más desprestigiado en el país. Pero ya nombró en su Gabinete a dos diputados de Gana, el partido con que llegó a la Presidencia, y del que forman parte varios acusados de corrupción. Además, nombró como viceministro de Obras Públicas a uno de los fundadores de ese partido, y a dos exfuncionarios del presidente Antonio Saca, condenado tras haber confesado un desfalco de casi 300 millones de dólares.

Para un presidente que es tan comunicativo en redes -solo este jueves 13 de junio publicó 45 tuits-, destaca su silencio sobre el acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos, que endurecerá el camino que transitan cientos de migrantes salvadoreños (y hondureños y guatemaltecos) todos los días. Todo lo contrario: Bukele reclamó a Forbes México por afirmar en un tuit que él había criticado ese pacto. Bukele ha comparado a El Salvador con “un hijo drogadicto que necesita ayuda de su padre Estados Unidos” y ha evitado en su política exterior cualquier crítica a la gestión Trump. Desde que está en el cargo, lo único que Bukele ha dicho al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, es que le cede su lugar como presidente mejor evaluado de América, porque ha aprendido mucho de él.

La lentitud normal de la entrada de un nuevo gobierno está siendo opacada por la frenética actividad del presidente en Twitter. Y eso como estrategia comunicacional y de campaña funciona bien. Pero no basta para administrar a un país.

No basta, sobre todo, ante un país que promedió nueve homicidios diarios en junio, una cifra que se ha mantenido en lo que va del año; un país en el que solo cuatro de cada 10 de los que empiezan la educación se gradúan de secundaria; un país donde más de 500,000 hogares viven bajo la línea de la pobreza. Entre 2020 y 2021, Bukele necesitará la aprobación de unos 250 millones de dólares en deuda externa. Para ello, requerirá 56 votos en la Asamblea Legislativa, y por ahora sus aliados no suman más de 11. Ante todo eso no hay respuestas, ya que el presidente solo ha dado un par de conferencias de prensa. Sabemos que se considera el “más cool”, pero no cuál será su política de seguridad.

Sus trucos en Twitter le compran tiempo. Son efectistas. Falta ver si son efectivos. Para que en cinco años El Salvador sea el país que Bukele visionó y ofertó, puede que haga falta magia de verdad.

El Faro y El País se unen para ampliar la cobertura y conversación sobre Centroamérica. Cada 15 días, el sábado, un periodista de El Faro aportará su mirada en El País a través de análisis sobre la región, que afronta una de sus etapas más agitadas.
 
El Faro y El País se unen para ampliar la cobertura y conversación sobre Centroamérica. Cada 15 días, el sábado, un periodista de El Faro aportará su mirada en El País a través de análisis sobre la región, que afronta una de sus etapas más agitadas.

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Columnas Wed, 19 Jun 2019 11:18:37 +0100 http://www.elfaro.net/es/201906/columnas/23422/Los-trucos-tuiteros-de-Nayib-Bukele.htm
El asalto a Confidencial, seis meses después - Por Carlos Fernando Chamorro http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201906/360grados/23421/El-asalto-a-Confidencial-seis-meses-después---Por--Carlos-Fernando-Chamorro.htm 360 grados Tue, 18 Jun 2019 14:48:43 +0100 http://www.elfaro.net/es/201906/360grados/23421/El-asalto-a-Confidencial-seis-meses-después---Por--Carlos-Fernando-Chamorro.htm El asalto a Confidencial, seis meses después http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000027528.jpg http://www.elfaro.net/es/201906/columnas/23420/El-asalto-a-Confidencial-seis-meses-después.htm Ortega debe cesar la persecución contra los periodistas y la campaña de intimidación y amenazas contra los medios, suspender los actos confiscatorios, devolver lo robado e indemnizar por los daños morales y económicos. A las 11:15 de la noche del jueves 13 de diciembre del año pasado, la Policía Nacional tomó por asalto la redacción de Confidencial y Esta Semana, los medios de comunicación independientes que dirijo desde hace más de veinte años. Sin exhibir una orden judicial o el mandato de alguna autoridad, los oficiales armados detuvieron a los guardas de seguridad privada, derribaron las puertas con violencia y durante más de cuatro horas saquearon nuestra redacción. Cuando logré entrar a la oficina en la madrugada del día siguiente, constaté que se habían robado todas las computadoras, equipos de edición y filmación de televisión, así como nuestros documentos institucionales, contables y privados.

Mi primera reacción fue responsabilizar al presidente Daniel Ortega por haber convertido a la Policía en una banda delincuencial, pues de acuerdo a la ley, él es el Jefe Supremo de la institución y el último responsable de una orden de esa naturaleza. Denuncié, además, que se estaba realizando una triple violación: contra la libertad de prensa, la libertad de empresa y la propiedad privada, pues el inmueble allanado y los bienes incautados no tenían relación con alguna de las organizaciones no gubernamentales a las que se despojó de su personería jurídica el doce de diciembre y que fueron allanadas la noche del trece, sino que pertenecían a tres empresas debidamente inscritas en el Registro Mercantil de la Propiedad: Invermedia (productora de Confidencial), Promedia (productora de Esta Semana) y Cabal (empresa consultora de servicios ambientales). Por último, emplacé al presidente Ortega, a la ministra de Gobernación y a la Fiscal General para que presentaran algún soporte legal para justificar la conducta delictiva de la Policía, pero nunca brindaron una respuesta oficial, excepto nuevos actos de agresión, intimidación y graves amenazas, que me obligaron a buscar refugio con mi esposa en Costa Rica, en enero de este año.

Unas horas después del asalto, en la noche del viernes 14, la Policía regresó a ocupar nuestra redacción y la mantiene tomada manu militari hasta hoy, seis meses después, ejecutando una confiscación de facto que está prohibida por la Constitución. Sin embargo, a pesar del robo masivo y la ocupación ilegal de nuestra redacción, jamás pudieron callarnos ni desviarnos de nuestro sagrado compromiso de informar la verdad. Confidencial, Niú, Esta Semana y Esta Noche, se han mantenido en línea desde el mismo día del asalto, desafiando la persecución y la censura televisiva a través de las redes sociales, en Nicaragua y desde el exilio, haciendo el periodismo de calidad que se merecen los ciudadanos para fiscalizar el poder y promover el debate público, aun en medio de un estado de excepción de facto.

Desde entonces, hemos agotado todos los recursos legales y administrativos para demandar al Estado la devolución de los bienes confiscados y la indemnización por los daños económicos y morales provocados a las empresas y a los trabajadores de estos colectivos: el quince de diciembre fuimos a las oficinas del director general de la Policía a demandar la desocupación del inmueble, y la única respuesta que recibimos fue la violenta agresión de una brigada de antimotines. El 17 de diciembre introdujimos, ante la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Managua, dos recursos de Amparo en nombre de las empresas Promedia e Invermedia, respectivamente, y un tercero el once de enero de 2019 en nombre de la empresa Cabal, propiedad de mi esposa Desirée Elizondo, demandándole a la Corte Suprema de Justicia que ordene “la suspensión del acto de apropiación y tenencia ilícita perpetrados por la Policía Nacional”. Los tres Recursos de Amparo fueron debidamente tramitados y admitidos por la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, después de transcurridos los 120 días que manda la Ley, no se ha producido ningún fallo ordenando la suspensión del acto. El 19 de diciembre presentamos ante el Ministerio Público una denuncia para que investigue a la Policía Nacional por la comisión de los delitos de “robo con fuerza, daños a la propiedad, violación de domicilio, y usurpación de dominio privado”. Casi seis meses después, el Ministerio Público no ha ordenado investigar estos delitos que permanecen en la impunidad.

La única versión que se conoce hasta hoy, en un intento por justificar la confiscación, es el informe que presentó ante el Tribunal de Apelaciones el director general de la Policía, Francisco Díaz, alegando que al asaltar y ocupar Esta Semana y Confidencial estaba “cumpliendo órdenes” del Ministerio de Gobernación de tomar posesión de los activos y bienes de la organización no gubernamental Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), de la cual soy miembro de su Junta Directiva, cuya personería jurídica fue despojada de forma arbitraria por la Asamblea Nacional el 12 de diciembre.

Sin perjuicio del recurso por inconstitucionalidad que Cinco presentó ante la Corte Suprema de Justicia por el despojo de su personería jurídica, la agresión del Estado contra Confidencial y Esta Semana no puede justificarse al amparo de la cancelación arbitraria de la personería a dicha oenegé, porque no existe una relación jurídica o económica vinculante entre ambas instituciones. Así como tampoco existe alguna relación entre la oenegé Cinco, cuyo domicilio desde enero del año 2018 se encuentra ubicado en Plaza España, y el inmueble allanado, ubicado en Planes de Altamira, del que soy su propietario como persona natural.

La única explicación plausible sobre el asalto a Confidencial es que la Policía Nacional recibió de su Jefe Supremo en El Carmen una orden política punitiva, con la intención de aplastar la libertad de prensa. De la misma manera, una semana después, el 21 de diciembre, asaltaron el canal 100% Noticias, capturando a sus periodistas y criminalizando el ejercicio del periodismo con el aberrante juicio político que impusieron contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau.

La liberación de Miguel y Lucía, después de permanecer 172 días en la cárcel, representa el primer paso para restituir el derecho a la libertad de prensa en Nicaragua, pero aún faltan garantías plenas para ejercer el periodismo en libertad. Ortega debe cesar la persecución contra los periodistas y la campaña de intimidación y amenazas contra los medios, y ordenar al Estado la suspensión de los actos confiscatorios contra Confidencial y 100% Noticias, devolver lo robado, e indemnizar a los afectados por daños morales y económicos. Mientras tanto, la prensa independiente seguirá derrotando el monólogo oficial y la censura del régimen, que desde la matanza de abril perdió para siempre la batalla por la verdad.

Carlos Fernando Chamorro es director del periódico Confidencial de Nicaragua. 
 
Carlos Fernando Chamorro es director del periódico Confidencial de Nicaragua. 

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Columnas Tue, 18 Jun 2019 14:43:50 +0100 http://www.elfaro.net/es/201906/columnas/23420/El-asalto-a-Confidencial-seis-meses-después.htm
FMLN: de partido de masas a secta - Por Sergio Arauz http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201906/360grados/23410/FMLN-de-partido-de-masas-a-secta---Por-Sergio-Arauz.htm 360 grados Tue, 18 Jun 2019 14:09:02 +0100 http://www.elfaro.net/es/201906/360grados/23410/FMLN-de-partido-de-masas-a-secta---Por-Sergio-Arauz.htm Incertidumbres actuales de la posguerra http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000031851.jpg http://www.elfaro.net/es/201906/columnas/23394/Incertidumbres-actuales-de-la-posguerra.htm A la par del control constitucional hemos tenido una gobernabilidad forjada con los cheques de la presidencia. ¿Cómo será la gobernabilidad ahora con el cambio político de la coyuntura? El cambio político llegó acompañado de dos descalabros y una sorpresa. Los grandes partidos que hegemonizaron la posguerra sucumbieron ante el empuje arrollador de la candidatura que salió de uno de ellos y entró a la competencia electoral con la bandera de una agrupación con origen y trayectoria tradicionales. Además quedó un misterio, todavía: las fuentes de donde salieron los millones de la campaña.

El presidente Bukele dio la sorpresa con una fórmula inédita integrada por GANA, procedente en línea directa de los mismos de siempre, y Nuevas Ideas, con la bandera nueva de la golondrina captando el rechazo hacia los primeros. Así se ha perfilado una situación nueva por el cambio presidencial y, además, por la derrota de las hegemonías de posguerra.

Los descalabros fueron sísmicos y ocurrieron en las mayores agrupaciones que dominaron la política desde los Acuerdos de Paz. En realidad, fueron bloques, más que agrupaciones, porque integraron fuerzas políticas, corrientes sociales y conglomerados empresariales. También hubo ahí medios de comunicación, líderes (más hombres que mujeres) de las opiniones dominantes y los financistas que aportaron los billetes.

Ahora asistimos a un viraje. A los episodios dramáticos y turbulentos que hemos vivido en los últimos períodos se suma el resultado electoral de febrero. La decisión de una mayoría abrumadora canceló las poderosas hegemonías de Arena el FMLN. Si solo nos quedamos con eso podríamos afirmar que estamos en el final de la posguerra.

Al tener presente las tendencias y las coyunturas del siglo XX se pueden encontrar indicios para esclarecer este tiempo. Desde la larga duración de los años y las décadas se ve un cambio político notable; mientras que en la coyuntura actual aparece otro cambio, aunque de menor alcance y de resultado incierto. En el centro de las dos perspectivas se encuentra la democracia, nuestra democracia, ante el autoritarismo, también nuestro, patriarcal y violento.

Desde la perspectiva larga, en la posguerra hubo un milagro y varias perversidades. Nuestra República tiene doscientos años de edad (en realidad, un par de años menos) y, en ese tiempo, nunca había tenido controles sobre el poder del Ejecutivo. Eso se dice fácil, pero es tan difícil como encontrar estacionamiento en San Salvador, constructores responsables en los grandes proyectos o distribuidores de “lapapalapapa” que no rompan el tímpano.

El control constitucional sobre los actos de los órganos de gobierno parece un milagro, pues nunca en la historia de la República había imperado con vigor, más allá de un par de sentencias. Ahora, durante la posguerra, hemos tenido nueve años de sentencias constitucionales sin desacatos exitosos de las agrupaciones hegemónicas, a pesar de sus intereses contrariados. Por eso pareció un milagro, aunque fue, más bien, el resultado de una correlación política singular causada por la alternancia, en 2009.

Otros acontecimientos extraordinarios se produjeron en forma simultánea, como el acceso a la información pública, la independencia de los órganos de gobierno y el control público de la competencia empresarial. Todo eso sucedió durante el tiempo de las mayores libertades ciudadanas. Nunca tuvieron tanta vigencia los controles del poder público ni nunca hubo, al mismo tiempo, tanta libertad ciudadana junto al resplandor reivindicativo de las mujeres. Así se configuró un Estado democrático y constitucional, aunque todavía sin raíces firmes.

Estamos, entonces, en ese mundo nuevo. Durante la posguerra, con la excepción de un par de coyunturas críticas, ha imperado la gobernabilidad fluida y estable. Sin embargo, la fuente de esa condición fue el manejo perverso, corrupto, de los fondos reservados de la presidencia. Así se forjó una gobernabilidad nueva después de la guerra. No; no era nueva, procedía del autoritarismo y pasó a los gobiernos de la guerra. La venta de las acciones de la privatización bancaria operó bajo esa fórmula, con una diferencia: los fondos públicos sanearon las cuentas de los bancos que pasaron a conglomerados seleccionados previamente y financiaron la concentración accionaria. En los años siguientes, y hasta hace poco, la gobernabilidad se basó en la chequera presidencial. A la par del control constitucional hemos tenido, entonces, una gobernabilidad forjada con los cheques de la presidencia. ¿Cómo será la gobernabilidad ahora con el cambio político de la coyuntura?

Esta última pregunta resume el dilema de la actualidad. Vivimos una coyuntura en la que se encuentran la configuración incipiente de la democracia constitucional y la dura consistencia del autoritarismo histórico. Si en nuestra convivencia aflora la matonería, en la cultura política irradia el autoritarismo. Por eso, precisamente, ha sido una especie de milagro que la correlación entre las fuerzas políticas –en 2009–2011– favoreciera el control constitucional, a pesar de los enojos partidistas. Cualquier lectura de las tendencias dominantes en los dos siglos republicanos muestra la constante del atropello a los derechos de la ciudadanía y la excepción del control de los poderes públicos.

Una mirada a los debates políticos recientes encuentra en el primer plano el tránsito hacia otra coyuntura, con el inicio de un liderazgo presidencial que enfrentará factores críticos, como la guerra de las pandillas, debiendo definir si pone los procedimientos democráticos y constitucionales en el primer lugar o los manda al quinto. En esa materia no parece haber lugar para el centaveo, porque requiere compromisos con la mayoría, por supuesto, pero sobre todo con las minorías. En el siglo XX, los supuestos depositarios de la mayoría –hubo uno emblemático en la primera mitad– han tendido al atropello de las minorías, ignorando que los cambios son inexorables y aquellas, a la vuelta de los años, se convierten en la nueva mayoría.

En este tiempo contamos con la experiencia del control constitucional y del acceso a la información pública, con acciones de las mujeres y los hombres jóvenes que ejercitan su libertad, con el despliegue de corrientes intelectuales y prácticas periodísticas que han mostrado un vigor crítico incomparable. Ahí hay una irreverencia ante los poderes que no tiene parecidos en los dos siglos de la República. Ese caudal parece contar con vigor suficiente para ordenar los desarreglos que podrían tener los controles de la democracia en medio de la reestructuración de los poderes que está en marcha. Esa ya es una realidad, sin que podamos saber cuánto tiempo llevará el forcejeo entre el Estado democrático constitucional y el autoritarismo. Conocer de quiénes son las chequeras que pagaron las facturas de las campañas electorales podría ser uno de los indicadores de la salida lenta o rápida de la posguerra.

Roberto Turcios es historiador salvadoreño. Es egresado de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador y Licenciado en Filosofía por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, UCA.  Fue director del Centro de Estudios Tendencia y de la revista Tendencias (1992-2000) y asesor del Secretario Técnico de la Presidencia de la República (2009-2014).
 
Roberto Turcios es historiador salvadoreño. Es egresado de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador y Licenciado en Filosofía por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, UCA.  Fue director del Centro de Estudios Tendencia y de la revista Tendencias (1992-2000) y asesor del Secretario Técnico de la Presidencia de la República (2009-2014).

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Columnas Tue, 18 Jun 2019 14:08:06 +0100 http://www.elfaro.net/es/201906/columnas/23394/Incertidumbres-actuales-de-la-posguerra.htm
Guatemala se resigna en las urnas a ver morir a la Cicig http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000031894.jpg http://www.elfaro.net/es/201906/centroamerica/23418/Guatemala-se-resigna-en-las-urnas-a-ver-morir-a-la-Cicig.htm La participación fue una de las más bajas en décadas, pero las urnas confirmaron los pronósticos: Guatemala tendrá en la presidencia a alguien cuestionado por la CICIG. Sandra Torres y Alejandro Giammattei se disputarán en agosto el puesto de Jimmy Morales. El resultado probablemente condena a muerte a la Comisión Contra la Impunidad, pieza clave de la lucha contra la corrupción en los últimos diez años. Guatemala tendrá que esperar a la segunda vuelta, en el mes de agosto, para saber quién ganará la presidencia, pero ya sabe que perdió la lucha contra la corrupción. La votación del domingo redujo la contienda a dos candidatos, Sandra Torres y Alejandro Giammattei, de distinto signo ideológico pero afines ambos a los esfuerzos que el gobierno saliente, encabezado por el presidente Jimmy Morales, ha hecho por impedir el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), cuyo trabajo llevó al encarcelamiento de hasta tres expresidentes y decenas de otros políticos y empresarios en la última década.

Tanto Torres (Melchor de Mencos, 1955) como Giammattei (Ciudad de Guatemala, 1956) acumulan además acusaciones en su contra durante su larga trayectoria política. Ella está siendo investigada por la Cicig por presunto financiamiento ilícito en la campaña electoral de 2007, que llevó a la presidencia a su marido, y Giammattei fue señalado por su papel en la masacre de siete reos en la Granja Penal Pavón en 2006, cuando era director de cárceles. Uno de los expresidentes investigados e imputados por la Cicig y la Fiscalía guatemalteca es precisamente el exmarido de Torres, Álvaro Colom, que fue también su compañero de lucha política hasta que en 2011 decidieron divorciarse precisamente para que ella pudiera intentar postularse como su sucesora en el cargo. Colom está en estos momentos en libertad bajo fianza.

Durante la campaña, Giammattei se ha pronunciado explícitamente en contra de que la Cicig, auspiciada por Naciones Unidas, siga operando en Guatemala. Torres ha sido más ambigua, pero su partido, la centroizquierdista Unión Nacional de la Esperanza (UNE), ha sido clave para que el Congreso obstaculizara los últimos años el trabajo de la Comisión, cuyo mandato caducará en septiembre por decisión de Jimmy Morales.

Torres obtuvo un 25.27% de los votos. Giammattei, un cirujano que corría por Vamos, un partido creado en 2017, llegó al 14.08%. Se preveía este resultado. La ventaja que la ex primera dama tuvo siempre en las encuestas se vio favorecida por la eliminación por vía judicial de las postulaciones de sus principales competidoras: Thelma Aldana, ex fiscal general destacada por haber encarcelado al expresidente Otto Pérez; y Zury Ríos, hija y heredera política del exdictador Efraín Ríos Montt. La multitud de candidaturas -llegó a haber hasta 27 contendientes- hacía muy difícil sin embargo que superara el 50 % necesario para proclamarse en primera vuelta.

A la media noche la candidata del partido UNE, Sandra Torres, llegó al Parque de la Industria para dar entrevistas a los medios locales. Foto: Carlos Barrera
 
A la media noche la candidata del partido UNE, Sandra Torres, llegó al Parque de la Industria para dar entrevistas a los medios locales. Foto: Carlos Barrera

En la segunda, el 16 de agosto, tratará de convertirse en la primera mujer que dirige un país, Guatemala, que desde hace cinco años clama contra la corrupción pero ha visto recientemente reagruparse a los poderes tradicionales que crecieron a su amparo y tendrá ahora que elegir entre dos defensores del statu quo.

El agotamiento y la frustración del electorado guatemalteco explica la baja participación electoral de este domingo: un 60 % de un padrón de 8 millones de guatemaltecos, frente al 71% que en septiembre de 2015, en plena efervescencia de la lucha contra su clase política tradicional, dio la victoria, precisamente frente a Sandra Torres, a un comediante sin experiencia como Morales.

La apatía fue perceptible en casi todo el país durante la jornada. En municipios aledaños a la capital como Mixco y San Pedro Sacatepéquez, la participación al mediodía rondaba el 40%. “Vengo a votar porque es un derecho, porque es la única manera de evitar un fraude, pero la verdad es que opciones no hay y la situación no está bien”, opinaba Bartolo Rivera, un abogado de 36 años que asistió al Colegio Mixto Ave María en la zona 7 de Mixco. “Yo siento que votamos como en una feria, para ver quién se lleva más”, agregó.

Sandra Torres llegó pasada la medianoche al centro de operaciones que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tenía instalado en el Parque de la Industria de la capital. El conteo preliminar incluía un 42% de las actas y ella ya aparecía con una ventaja de diez puntos sobre Alejandro Giammattei. Torres dijo que había que esperar a que terminaran de llegar los resultados antes de replantear una estrategia de cara a la segunda vuelta.

Cuando se le preguntó si esa estrategía tomaría en cuenta que en 2015 Jimmy Morales la superó en votos a pesar de que ella encabezaba las encuestas, Torres dejó entrever que es casi imposible que la derroten otra vez: “¡Son 10 puntos de ventaja!”, dijo.

La favorita del statu quo

Los resultados son un claro triunfo para quienes, ante la proliferación de casos judicializados a partir de 2015 y la captura no solo de políticos sino de empresarios, decidieron plantar batalla contra el Ministerio Público, la Corte de la Constitucionalidad y la Cicig: gremiales de empresarios, grupos de militares ligados a gobiernos anteriores, y el presidente Jimmy Morales junto a sus partidos aliados, entre ellos la UNE y Vamos.

No parece relevante que el partido del presidente Morales haya salido golpeado de las urnas. Perderá tres diputados y baja de once a ocho. Podría decirse que su trabajo ya está hecho. Guatemala se ha roto en los últimos años en dos frentes políticos: uno, fuerte en la sociedad civil pero sin apenas peso en las instituciones, que apoya un cambio radical en el sistema de la mano de la transparencia y una lucha férrea anticorrupción; otro que desde la Presidencia, el Ejército, el Congreso y la mayoría de partidos enarbola valores de soberanía nacional y familia para defender el statu quo.

La UNE de Torres fue uno de esos partidos que en la última legislatura, en alianza con Jimmy Morales, frenó varios intentos de antejuicio contra el presidente por posible corrupción, apoyó dar por terminado el mandato de la Cicig e intentó reformas de ley que buscaban bloquear las actuaciones del Ministerio Público.

Torres es bien conocida en el ecosistema partidario y por las élites económicas de Guatemala. Estuvo cerca de ser presidenta en 2015 cuando investigaciones judiciales por corrupción removieron, en una práctica que se está volviendo recurrente, las candidaturas de Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, que iban punteando. Pero no contó con el ascenso meteórico de Morales.

Ella llevaba años en primera línea política. Dicen sus allegados que fue Torres la que en realidad gobernó durante la administración de su esposo, Álvaro Colom, de 2008 a 2011. Ella lo ha negado a medios como Nómada, y dice que solo dirigió los programas de asistencia social. De esa época nacen los primeros señalamientos en su contra. Investigaciones del Ministerio Público y de la Cicig encontraron que en la campaña presidencial de 2007 su hermana Gloria Torres había servido de recaudadora de fondos y varios millones de quetzales provenían de narcotraficantes.

La sombra del financiamiento ilegal se posó de nuevo sobre Torres en la presente campaña. El MP dio con escuchas telefónicas donde ella habla con uno de sus principales recaudadores, Gustavo Alejos, de los aportes de grandes empresarios; en total, unos 3 millones de dólares. El MP, en un movimiento cuestionable, presentó la solicitud de antejuicio contra Torres cuando ella ya había adquirido inmunidad como candidata presidencial.

La madrugada después de la jornada electoral, cuando apareció sonriente en el Parque de la Industria, periodistas volvieron a cuestionarla por ese caso. Torres no respondió y se limitó a decir que ya había dado explicaciones antes. Ella y sus abogados demandaron en abril a los fiscales del caso; les acusaron de ejercer violencia contra la mujer y lograron que un juez censurara a los periodistas que cubrían el pulso legal y les ordenara no escribir sobre el caso bajo el mismo pretexto de violencia contra la mujer. El secretario general de la UNE, Óscar Argueta, dijo en abril que el audio no basta para demostrar financiamiento ilícito.

En las elecciones del domingo, la UNE peso en el Congreso. Se estima que obtendrá unos 53 escaños, lejos de la mayoría que desearía Torres. Pero sí tendrá poder de veto. Es decir, no podrá marcar agenda sin el concurso del resto de fuerzas políticas… y viceversa.

Los cercanos a Sandra Torres la describen como impaciente y le dan el perfil de una súper gerente que necesita tener el control de todas y cada una de las unidades de su equipo de trabajo. También la califican de astuta y pragmática. A pesar de ser catalogada como de izquierda moderada, Torres ha demostrado ser capaz de granjearse apoyos en los sectores más conservadores de Guatemala:

En su acto de cierre de campaña el viernes 14, en la ciudad de Villanueva, en las afueras de la ciudad de Guatemala, Torres habló de lo sobre lo importante que es “combatir la corrupción, cueste lo que cueste, caiga quien caiga”.

“A pesar de que la UNE ha contenido muchas reformas regresivas en el combate a la impunidad, hay momentos en los que también se alió con el gobierno”, dice Álvaro Montenegro, uno de los líderes de las masivas protestas sociales de 2015 impulsadas por el movimiento #RenunciaYa. Montenegro cita como ejemplo el apoyo de la UNE que permitió a Morales blindarse contra la Cicig y tratar de amnistiar a todos los involucrados en casos de financiamiento electoral ilícito, con unas reformas legales que dieron inicio a lo que desde entonces se conoce en Guatemala como el “pacto de corruptos” .

La suerte de Giammattei

En los últimos 20 años, Alejandro Giammattei ha intentado ser presidente cuatro veces con distintos partidos. Esta vez ha llegado a segunda vuelta más por el azar que por su buen desempeño en campaña. Antes de que las candidaturas de Thelma Aldana y Zury Ríos quedaran anuladas, Giammattei navegaba en cuarto puesto.

En su hoja de vida, Giammattei aparece como uno de los primeros funcionarios investigados por la Comisión Internacional contra la Impunidad. Durante la administración del presidente Óscar Berger (2004-2008) fue director de presidios. En esa época, en 2006, ocurrió una de las tragedias más emblemáticas del país: siete internos murieron abatidos al interior de la Granja Penal Pavón por disparos de un comando élite de la Policía guatemalteca. La acción fue celebrada por las autoridades como una victoria contra el crimen organizado. El Estado retomaba por la fuerza el control del centro penitenciario, cedido por años a los propios presos. Giammattei lo vendió como un logro nacional que sirvió para catapultarlo después como candidato presidencial.

Alejandro Giammattei candidato a la presidencia de Guatemala por el partido Vamos durante una entrevista a un medio local en el Parque de la Industria. Foto: Carlos Barrera 
 
Alejandro Giammattei candidato a la presidencia de Guatemala por el partido Vamos durante una entrevista a un medio local en el Parque de la Industria. Foto: Carlos Barrera 

Más tarde, investigaciones del Ministerio Público y la Cicig revelaron inconsistencias que dieron origen a una acusación penal contra las máximas autoridades de Seguridad de aquella época. El jefe de la Policía, Erwin Sperisen , de nacionalidad suizo-guatemalteca fue condenado a cadena perpetua por un tribunal de Suiza por este caso. Giammattei fue investigado y puesto en prisión preventiva, pero finalmente absuelto por falta de suficientes pruebas en su contra.

Aunque el partido de Giammattei surgió en 2017 y no tiene ningún funcionario electo, en sus filas hay personas que estuvieron en formaciones como el Partido Patriota, de Otto Pérez, y Líder, ambos desaparecidos como resultado de investigaciones del MP y la Cicig. También hay antiguos miembros de la UNE.

Ya antes ha tenido como compañeros de viaje a funcionarios cuestionados . En 2011 compartió partido con Inngmar Iten figuraba, aquel año candidato para el Parlacen, que ha sido acusado por el MP y la Cicig de ser parte de la estructura que pagaba sobornos al sistema tributario para que ciertas empresas obtuvieran del Estado una devolución ilegal del crédito fiscal. Se trata del caso “Traficantes de influencias” y según las autoridades esa estructura criminal se benefició con 2.5 millones en sobornos.

En 2012, Iten fue además acusado por una criminal confesa, la abogada Lilian Rodríguez, que dijo liderar una red de sicarios y de traficantes de droga, de ser parte de su organización. Rodríguez señaló a Iten como socio del candidato, pero Giammattei alegó que no conocía a Iten y solo lo había visto dos veces en su vida.

Giammattei, además, busca la presidencia arropado por personajes afines a un grupo conocido como “Grupo Salvavidas”, o “Poder Paralelo”. Uno de ellos es Luis Enrique Ortega Arana, hijo de un militar a quien investigaciones de elPeriódico y Nómada describen como alguien que desde los años 80 cooptó las aduanas de puertos y aeropuertos y “ha ejercido el poder real en todos los gobiernos, incluido el de Jimmy Morales, por conjuntos militares, empresarios con negocios en el Estado y funcionarios del actual gobierno.” Otro de sus aliados, según un cable divulgado por Wikileaks, está vinculado a una familia señalada de traficar droga hacia Estados Unidos, los Mendoza. Hay más indicios que apuntan en esa dirección: Neria Herrera Pinelo se postuló para estas elecciones a la alcaldía de Petén por Vamos. Ella es hermana de Idelgar Herrera, quien era parte de una estructura de poder manejada por un aliado de la familia Mendoza, Manuel Barquín, según una investigación denominada “Petén de política, mafias y empresas”, de InsightCrime.org.

En mayo pasado, la Cicig divulgó información de un caso de presuntas asociaciones ilícitas y ejecuciones extrajudiciales donde Giammattei aparece vinculado con otros personajes. “Yo no quisiera pensar que es la Cicig la que está tratando de hacer una campaña negra y estamos presentando una demanda legal al representante legal de la Cicig”, dijo Giammattei, en respuesta, el 31 de mayo pasado. El 1 de junio presentó una demanda contra la Cicig sin que hasta ahora se sepa si hay avances. Acusa a la comisión de falsear información suya.

Semilla sobrevive a Thelma Aldana

En contraposición con la consolidación de estas candidaturas a la presidencia, el período legislativo 2020-2024 apunta, como mínimo, a una rearticulación con la irrupción de nuevos actores de contrapeso, comprometidos con una agenda de transparencia y anticorrupción. El Partido Movimiento Semilla, por el que intentó pelear por la presidencia Thelma Aldana, tendrá siete diputados, lo que lo coloca dentro de una minoría necesaria con la que el gobierno de turno tendrá que buscar acuerdos. Algo parecido ha ocurrido con el partido indígena Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), cuya candidata a la presidencia, Thelma Cabrera, logró la cuarta posición en la votación del domingo y ha llamado la curiosidad de analistas por la fuerza que ha despertado su proyecto en un país en el que hay un 43 % de población indígena pero también un marcado racismo.

En contraste con el fuerte absentismo del electorado, estos dos partidos lograron superar las cotas que les atribuían las encuestas más recientes. Semilla , cuyo origen fue un grupo de análisis de la realidad y que decidió convertirse en partido hace solo dos años, se formalizó legalmente apenas en enero de 2019, y tuvo que superar que, dos meses después, las instituciones electorales y judiciales impidieran la inscripción de su candidata presidencial.

El miércoles 12 de junio de 2019 el Movimiento Semilla hizo cierre de campaña en la Plaza Constitución, Ciudad de Guatemala. Foto: Carlos Barrera
 
El miércoles 12 de junio de 2019 el Movimiento Semilla hizo cierre de campaña en la Plaza Constitución, Ciudad de Guatemala. Foto: Carlos Barrera

Con el 93 % de las actas escrutadas, Semilla obtuvo en el departamento de Guatemala 47 mil 685 votos en la elección de diputados, apenas mil votos menos que lo que obtuvo la UNE, el partido de Sandra Torres que ganó la primera vuelta presidencial.

En Guatemala, hay dos vías mediante las cuales un candidato puede llegar a ser diputado. La primera, inscribiéndose en la lista de diputados de alguno de los 23 distritos, correspondientes a cada uno de los 22 departamentos, más uno denominado “distrito central”, donde se aglutina la mayor cantidad de población del país. En la votación del distrito central, Semilla arrasó. Obtuvo el 16% de los votos de entre una veintena de partidos, es decir 55 mil 441 votos. El partido más cercano a este resultado es Creo, de corte derechista, que obtuvo el 11.77%, 40 mil 60 votos.

En la nueva bancada de Semilla hay voces que ya dicen tener claro cómo trabajar desde una posición minoritaria: “El primer trabajo que debemos hacer como bancada es devolverle la legitimidad al Congreso”, dijo Lucrecia Hernández-Mack, cabeza de lista y principal rostro del partido, al programa televisivo La Red. “Mucho comenzó con la depuración para que muchos no se reeligieran. Y también nos corresponde una labor de fiscalización digna, especialmente, de quien ocupe el Ejecutivo”.

Otro nuevo diputado de Semilla, Bernardo Arévalo, dice que buscarán alianzas con otros partidos para conformar un bloque de unos 25 congresistas. “Somos siete pero tendremos capacidad para negociar. Eso nos hace una bancada fuerte aunque seamos pequeños”, dice.

La voz indígena se abre paso

La otra sorpresa la dio el MLP, un partido catalogado por las fuerzas políticas tradicionales como de extrema izquierda, y que supone una ruptura con la filosofía del sistema político actual. El MLP promueve la conformación de un Estado plurinacional mediante un proceso constituyente, y la nacionalización de los servicios públicos, entre otros grandes temas. “Somos otra política, somos asamblearios. No hay financistas, no llegamos a manipular la dignidad de la gente, esa es la diferencia”, decía Thelma Cabrera, su candidata presidencial, una campesina maya mam de 45 año s, originaria de Retalhuleu, en un video promocional.

El domingo 16 Cabrera obtuvo un 10.5% de los votos, a solo dos puntos del tercer lugar que ocupó Edmond Mulet, un abogado y diplomático de carrera, de derecha moderada. Las encuestas ponían a Roberto Arzú (PAN/Podemos) como uno de los favoritos por encima de Cabrera y Mulet, pero tanto ella como él superaron al hijo del expresidente Álvaro Arzú.

“¡Con dignidad! Sin un anuncio de radio, ni tv. Con todo y violencia, fraude electoral, estamos haciendo historia. ¡Gracias pueblo!”, publicó el movimiento en su página Facebook . Muchos analistas aplaudieron la inventiva de sus mensajes en redes sociales, a menudo viralizados en formas de memes o videos . Otros analistas como Phillip Chicola, de la Fundación Libertad y Desarrollo, consideran que los votos que obtuvo Cabrera son muestra de la enorme frustración de la ciudadanía con el sistema.

Thelma Cabrera podría considerarse la candidata revelación porque antes de mayo no era tan conocida y despuntó en apenas los últimos meses. Parte de la explicación está en el bloqueo a la candidatura de Thelma Aldana: mucho del voto que ella había cultivado se trasladó a Cabrera. El MLP no esconde que es el brazo político de Codeca , una masiva agrupación campesina con ramificaciones a nivel nacional. Cerca de 600 miembros de Codeca han sido demandados por empresas de energía eléctrica por casos en los que el delito es haber sustraído ilegalmente energía eléctrica.

La candidata presidencial por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, la líder indígena Thelma Cabrera, durante un mitin en la Plaza de la Constitución en Ciudad de Guatemala, el 8 de junio de 2019. Foto: Johan Ordóñez/AFP.
 
La candidata presidencial por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, la líder indígena Thelma Cabrera, durante un mitin en la Plaza de la Constitución en Ciudad de Guatemala, el 8 de junio de 2019. Foto: Johan Ordóñez/AFP.

No es extraño que Juan Carlos Tefel, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la principal gremial empresarial de Guatemala, censurara el ascenso del MLP. “Me ha sorprendido en forma indirecta el MLP, cuarto puesto, debido que para nosotros es muy difícil comprender cómo un partido que aboga por un sistema como el de Venezuela pueda tener un 9 por ciento aquí en Guatemala”, dijo al Diario La Hora. “Creo que hay mucha desinformación. Nos tocará a la población informarnos para saber qué es lo que esta agrupación política ofrece”.

El candidato Mulet, del Partido Humanista de Guatemala (que ocupó el tercer lugar) cree que el surgimiento del MLP muestra que hay un elevado nivel de frustración en la población indígena. “Vivimos de espaldas a los demás. Los ricos, a espalda de los pobres; los indígenas, de los ladinos. El sistema es muy excluyente y debe ser reformado”, dijo.

Mulet, exdiplomático y de visión conservadora, exhortó al CACIF a replantearse. “Si el CACIF dice están preocupados ojalá que además de preocuparse se ocupen para reformar el sistema político y lo hagan más incluyente, y que ayuden a que el Estado de verdad cumpla su función social”.

Adios a Jimmy Morales

El partido oficial, el FCN-Nación, con el que Morales ganó la presidencia hace cuatro años, quedó en un bochornoso octavo lugar, con 116 mil votos, equivalentes al 4.08% del total, cuando ya estaba el 94% de las actas escrutadas, a las 7:30 de la mañana del lunes.

Al partido oficial no le valió su alianza con el gobierno para conseguir votos. Durante la última semana antes de la elección, la Procuraduría de Derechos Humanos y ciudadanos, a través de redes sociales, denunció que el ministerio de Agricultura y Ganadería estaba repartiendo cupones, bonos y alimentos en distintas comunidades del interior del país, y lo hacía pasar como una ayuda del FCN-Nación. En algunas ocasiones, medios de prensa lograron acreditar la presencia de candidatos a alcaldes o diputados del partido en el reparto de los regalos.

El presidente Morales rechazó que se tratara de una falta. Dijo que esa repartición ya estaba programada con muchos tiempo de anticipación y que no tenía nada que ver con el calendario electoral. “Todo ha sido transparente”, dijo el domingo por la mañana mientras votaba en Mixco, en la periferia guatemalteca.

El partido de Morales también recibió ayuda del TSE con respecto a su financiamiento. La magistrada María Eugenia Mijangos dijo el jueves 13 que el organismo colegiado votó a favor de que al partido se le entregara toda la deuda política correspondiente a los años 2015, 2016, 2017 y 2018. Mijangos fue la única que votó en contra de que se le diera el dinero (medio millón de dólares) porque consideró que la práctica del Maga y el hecho de que en realidad el FCN está en medio de un proceso de cancelación –suspendido por el comienzo de las elecciones- era razones suficientes.

El presidente Jimmy Morales llegó al Colegio Mixto Ave María en el municipio de Mixco para ejercer su voto . Foto: Carlos Barrera
 
El presidente Jimmy Morales llegó al Colegio Mixto Ave María en el municipio de Mixco para ejercer su voto . Foto: Carlos Barrera

En la elección de diputados por distrito, el FCN-Nación solo obtuvo el 1.33% de los votos. Y en la elección de diputados en la lista nacional, solo sacó el 5%, muy lejos de partidos como la UNE que sacó más del triple, o Vamos que obtuvo casi el doble.

Mientras Morales visitaba el centro de votación en Mixco donde él y su familia votaron, un joven gritó al mandatario que era el peor presidente de la historia de Guatemala, y así iba a ser recordado . La Policía luego pidió el documento de identidad del joven, aduciendo razones de seguridad. “Yo sí puedo ver a los guatemaltecos a los ojos y decirles que goberné bien, y que hay resultados que nunca hubo antes”, dijo minutos después, en una rueda de prensa. Morales citó avances en materia de educación y salud, pero cuando se le cuestionó sobre sus promesas hechas hace cuatro años en ese mismo lugar, respecto a combatir la impunidad, se dedicó a justificar la razón de la expulsión de la Cicig. “Hicieron justicia selectiva, hubo gente que nunca debió haber estado encarcelada. Usted solo ha visto los medios de aquí, pero yo le voy a decir la verdad”, dijo Morales a El Faro.

Se le preguntó al presidente por qué había expulsado a la Cicig y su jefe el comisionado Iván Velásquez, y respondió que fue porque la comisión estaba haciendo “labores políticas que nada tienen que ver con el combate a la impunidad”. La Cicig, no obstante, ha desarticulado a decenas de estructuras criminales enquistadas en el Estado y estructuras de financiamiento ilegal de los partidos. FCN-Nación, durante la campaña con la que llegó Morales a la presidencia, recibió 2 millones de dólares sin seguir los procedimientos legales, según la Cicig.

Morales dice que esos datos no son los correctos: “Estás desactualizado. La testigo estrella acaba de decir en el juzgado que yo no tuve nada que ver, que incluso le dije que durante la campaña no quise recibir nada de dinero porque yo no lo iba a poder manejar. El mismo testimonio con el que me querían acusar está dando fe de la honradez mía”, dijo el presidente. “¿Qué hombre va a decir ‘no, no me den dinero’? Ese hombre soy yo”.

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Centroamérica Mon, 17 Jun 2019 22:45:32 +0100 http://www.elfaro.net/es/201906/centroamerica/23418/Guatemala-se-resigna-en-las-urnas-a-ver-morir-a-la-Cicig.htm
Un drama electoral llamado Guatemala http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000031896.jpg http://www.elfaro.net/es/201906/ef_foto/23419/Un-drama-electoral-llamado-Guatemala.htm El domingo 16, millones de guatemaltecos acudieron a unas elecciones generales salpicadas por el debate entre quienes apuestan por la lucha anticorrupción y sectores afines al gobierno de turno que han frenado el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad, el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad. Desde temprano, los guatemaltecos salieron a votar por el presidente de la República, diputados al Congreso entre otros cargos de elección popular. A las 7:00 a.m. arrancó la jornada electoral, que analistas ya valoran como la votación con menor participación de la historia reciente, con un 53 % del electorado (de ocho millones) en las urnas. En la presidencial quedaron dos contiendentes para el balotaje: Sandra Torres de la UNE y Alejandro Giammattei, de Vamos. Con un 94 % de actas escrutadas en el conteo preliminar, el Congreso 2020-2024 apunta, como mínimo, a una rearticulación de actores con la irrupción de nuevos partidos que apuntan hacia un contrapeso por su agenda por la transparencia y anticorrupción. Por ejemplo, el Partido Movimiento Semilla, que intentó llevar a la contienda presidencial a la candidata Thelma Aldana, ha registrado una votación sorpresiva que le ha dado siete diputados y que lo coloca dentro de una minoría necesaria con la que el gobierno de turno tendrá que buscar acuerdos. Algo parecido ha ocurrido con el partido indígena Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), que llevó a Thelma Cabrera y que ha llamado la curiosidad de analistas por la fuerza que ha despertado este proyecto en un país en el que hay 43 % de población indígena. En la capital, a pesar de lo reñido entre el primero y el segundo lugar, el partido Unionista, creado por el fallecido expresitente Álvaro Arzú, retuvo el gobierno frente a su más próximo contendiente. Con el 86 % de las actas escrutadas, Ricardo Quiñónez venció a Roberto González, de la agrupación Creo. Quiñónez fue síndico del expresidente Arzú cuando este fue alcalde de la capital. Un día antes de la votación, la Fiscalía guatemalteca pidió un antejuicio contra Quiñónez acusándolo de un desfalco de fondos municipales.
Alumnas del Instituto Normal Central de Señoritas de la Zona 1 de Ciudad de Guatemala antes de iniciar el acto de apertura de las elecciones generales 2019.
 
Alumnas del Instituto Normal Central de Señoritas de la Zona 1 de Ciudad de Guatemala antes de iniciar el acto de apertura de las elecciones generales 2019.

 

 

A las 6:45 a.m., los fiscales de mesa electoral Juan Hernández, Rodrigo Baires y Esteban Jiménez cantaban el himno nacional de Guatemala en la inauguración de las elecciones.
 
A las 6:45 a.m., los fiscales de mesa electoral Juan Hernández, Rodrigo Baires y Esteban Jiménez cantaban el himno nacional de Guatemala en la inauguración de las elecciones.

 

 

Eva de León, de 52 años de edad, fue la primera votante en la mesa 86 del Instituto Normal Central de Señoritas. El voto fue emitido a las 7:06 a.m.
 
Eva de León, de 52 años de edad, fue la primera votante en la mesa 86 del Instituto Normal Central de Señoritas. El voto fue emitido a las 7:06 a.m.

 

 

Los fiscales de la mesa electoral 2,886 descansan debido a la poca afluencia de votantes en el Colegio Mixto Ave María del municipio de Mixco. El lugar es el centro de votación donde el presidente Jimmy Morales emitió su voto.
 
Los fiscales de la mesa electoral 2,886 descansan debido a la poca afluencia de votantes en el Colegio Mixto Ave María del municipio de Mixco. El lugar es el centro de votación donde el presidente Jimmy Morales emitió su voto.

 

 

El presidente guatemalteco Jimmy Morales muestra, con esfuerzo, la tinta en su dedo luego de votar en la mesa 2,881 en el Colegio Mixto Ave María, Mixco. El mandatario sufrió una fractura el pasado mes de mayo durante un partido de fútbol. Morales entregará el poder en enero del 2020.
 
El presidente guatemalteco Jimmy Morales muestra, con esfuerzo, la tinta en su dedo luego de votar en la mesa 2,881 en el Colegio Mixto Ave María, Mixco. El mandatario sufrió una fractura el pasado mes de mayo durante un partido de fútbol. Morales entregará el poder en enero del 2020.

 

 

 

Audelina Cardo tiene 38 años de edad y vive en Mixco.
 
Audelina Cardo tiene 38 años de edad y vive en Mixco. "Desde hace mucho sabía por quién iba a votar para ser el futuro presidente, para diputados tenía muchas dudas’’, dijo luego de depositar las cinco papeletas en las elecciones que definen Presidencia, Congreso, municipalidades y diputados al Parlamento Centroamericano. 

 

 

Después de votar, Carmen Patzan de 63 años y residente de San Pedro Sacatepéquez, mostró su dedo entintado.
 
Después de votar, Carmen Patzan de 63 años y residente de San Pedro Sacatepéquez, mostró su dedo entintado. "Lo que más me confundió fue el montón de papeletas que me dieron. Por ejemplo, no sé para qué sirven los diputados del Parlacen", dijo al salir del centro de votación Parroquia San Pedro.

 

 

El niño José Antonio acompañó a su madre, Gloria Patzan, e imitó lo que ella hacía mientras ejercia el voto en el centro de votación Parroquia San Pedro Sacatepéquez.
 
El niño José Antonio acompañó a su madre, Gloria Patzan, e imitó lo que ella hacía mientras ejercia el voto en el centro de votación Parroquia San Pedro Sacatepéquez.

 

 

Gloria Ajcip les muestra a sus amigas la constancia de sufragio emitida por el TSE a todo aquel que completa el proceso de votación. Gloria y sus amigas lo discuten todo en su lengua madre, el cakchiquel.
 
Gloria Ajcip les muestra a sus amigas la constancia de sufragio emitida por el TSE a todo aquel que completa el proceso de votación. Gloria y sus amigas lo discuten todo en su lengua madre, el cakchiquel.

 

 

Leonel Castillo trabaja para la empresa de seguridad que brindó servicio para transportar los paquetes electorales a cada destino de Guatemala.
 
Leonel Castillo trabaja para la empresa de seguridad que brindó servicio para transportar los paquetes electorales a cada destino de Guatemala. "Por fortuna yo pude votar aquí. Estamos desde temprano cuidando y vamos a ser los últimos en irnos. Nos quedaremos hasta que se saque hasta el último paquete electoral’’, dijo.

 

 

María Monroy es madre soltera, tiene 32 años, vive en San Pedro Sacatepéquez y trabaja como operaria en una maquila.
 
María Monroy es madre soltera, tiene 32 años, vive en San Pedro Sacatepéquez y trabaja como operaria en una maquila. "Yo ya sabía por quién votar; uno siempre lo hace con la esperanza de que a los que uno elige ayuden a las personas pobres a salir adelante. Espero que esta vez no me decepcionen’’.

 

 

Simpatizantes del partido UNE, el partido de la candidata Sandra Torres, caminan en caravana hacia la sede del partido en el municipio de San Pedro Sacatepéquez, en la periferia de la Ciudad de Guatemala.
 
Simpatizantes del partido UNE, el partido de la candidata Sandra Torres, caminan en caravana hacia la sede del partido en el municipio de San Pedro Sacatepéquez, en la periferia de la Ciudad de Guatemala.

 

 

286 personas de 400 votaron en el centro del Parqueo Plaza Central Ala Sur de la Ciudad de Guatemala. Según los empleados del TSE, un total de 5,600 personas (un 64 %) había llegado a votar a ese lugar. En todo el país, solo el 53 % de votantes acudió a las urnas, siendo esta la elección con menos participación en los últimos años. 
 
286 personas de 400 votaron en el centro del Parqueo Plaza Central Ala Sur de la Ciudad de Guatemala. Según los empleados del TSE, un total de 5,600 personas (un 64 %) había llegado a votar a ese lugar. En todo el país, solo el 53 % de votantes acudió a las urnas, siendo esta la elección con menos participación en los últimos años. 

 

 

A las 4:00 a.m. del lunes 17 de junio, el TSE registraba 176,902 votos nulos de un total de 18,250 mesas procesadas hasta ese momento.
 
A las 4:00 a.m. del lunes 17 de junio, el TSE registraba 176,902 votos nulos de un total de 18,250 mesas procesadas hasta ese momento.

 

 

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EF Foto Mon, 17 Jun 2019 17:23:44 +0100 http://www.elfaro.net/es/201906/ef_foto/23419/Un-drama-electoral-llamado-Guatemala.htm
“Ya se está volviendo a lo de antes, ya hay un retroceso en Guatemala” http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000031869.jpg http://www.elfaro.net/es/201906/centroamerica/23416/“Ya-se-está-volviendo-a-lo-de-antes-ya-hay-un-retroceso-en-Guatemala”.htm Es institucional, pero pesimista. La magistrada díscola del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, María Eugenia Mijangos, no se atreve a afirmar que el TSE esté controlado por intereses oscuros. No le consta, dice. Pero mantiene que no se debió bloquear la candidatura de la exfiscal Thelma Aldana ni dar al partido oficial financiamiento público, como apoyaron el resto de magistrados. Piensa que la elección presidencial es un referéndum sobre la corrupción. Y cree que es una batalla que ya antes de la votación se está perdiendo. Apenas tres días antes de la jornada electoral, los pasillos del viejo y hermoso edificio sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala, en el corazón de la capital, eran un hervidero de abogados que gritaban y se quejaban aireados. Eran representantes de la veintena de partidos políticos en contienda y estaban allí para reunirse con los magistrados. Una disposición de último momento prohibía el uso de celulares en los centros de votación una vez comenzara el conteo de votos el domingo por la noche. Según el tribunal, así se evitaría violencia porque los partidos no podrían compartir en redes sociales resultados parciales. Según los partidos, la medida atentaba contra la transparencia del proceso.

Al comenzar comenzar la reunión, los abogados sacaron sus celulares y los fueron colocando uno a uno sobre la mesa de los magistrados. El gesto, frente a las cámaras de televisión, hizo que los magistrados guardaran un silencio bochornoso. “¡No vamos a cumplir esa disposición ilegal!”, gritó Eduardo Velásquez, fiscal de la UNE, partido de Sandra Torres, que lidera todas las encuestas. “Le pido respeto”, respondió el presidente del tribunal, Julio Solórzano. Ambos entraron en un cruce altisonante de palabras que solo terminó cuando la única mujer magistrada del TSE, la protagonista de esta entrevista, tomó la palabra. María Eugenia Mijangos puso orden y llamó a la cordura: “De la manera más amable, les pedimos que hagan una reflexión, como tribunal creemos que esta es una medida que evitará la conflictividad”, dijo micrófono en mano.

Horas más tarde, no obstante, el Tribunal dio marcha atrás. “Vimos el retraso y tuvimos que revocar”, explicaba Mijangos, la tarde de ese mismo jueves.

El pequeño incidente retrata la inestabilidad con la que Guatemala va a las urnas hoy para elegir presidencia, congreso y municipalidades. Pero es solo una anécdota comparada con el hecho de que el jefe de la fiscalía electoral del Ministerio Público, Óscar Schaad, haya tenido que huir del país a causa de las graves amenazas contra él y su familia. Que el hombre que tuvo que decidir si la exfiscal general Thelma Aldana podía competir por la presidencia no esté seguro en su país habla de una elección en la que las fuerzas ocultas empañan los resultados antes de que sucedan.

“Estas elecciones han tenido dificultades por la excesiva judicialización en todo sentido. Son unas elecciones inéditas”, reconoce la magistrada Mijangos (Xela, 1946). “Como telón de fondo, tenemos una cierta polarización en la sociedad alrededor del tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad”, dice sentada en su despacho. “Unos a favor y otros en contra”.

La magistrada María Eugenia Mijangos fue la única en votar a favor de la inscripción de la candidatura presidencial de Telma Aldana. Foto: Carlos Barrera
 
La magistrada María Eugenia Mijangos fue la única en votar a favor de la inscripción de la candidatura presidencial de Telma Aldana. Foto: Carlos Barrera

Que haya un bloque político que se opone abiertamente a la lucha contra la corrupción también demuestra que Guatemala enfrenta una votación crítica. El país elige este domingo, en un clima de desencanto y frustración, quién sucederá en la presidencia al comediante Jimmy Morales, que llegó al cargo en enero de 2015 después del terremoto político que terminó con su antecesor en la cárcel por corrupción y con el favorito en las encuestas convertido en prófugo. Su victoria fue un salto al vacío de los votantes, que salió mal. Morales fue también acusado de distintos delitos por la Cicig y la Fiscalía , y en respuesta dedicó parte de su gobierno a, parapetado en la inmunidad del cargo, desmontar la estructura de lucha contra la corrupción que hizo posible su victoria. Expulsó al comisionado Iván Velásquez y lo intentó con otros investigadores de la Cicig . Con el fin del mandato de la Comisión contra la Impunidad, analistas políticos dan por seguro el regreso de viejas estructuras de corrupción a todos los espacios de poder del país.

En opinión de la magistrado Mijangos, estas elecciones son un referéndum sobre la lucha contra la corrupción. En los últimos cinco años, la Cicig y el MP desarticularon decenas de estructuras criminales vinculadas al poder político. Pero una parte muy poderosa de la élite económica y los partidos conservadores claman que la Cicig hizo justicia selectiva y es un experimento de comunistas que intentan tomarse Guatemala. Mijangos cree que si la comisión internacional se va, el retroceso será inevitable.

Atiende a El Faro en su oficina en la cuarta planta del TSE. Está a punto de cumplir su quinto año en el tribunal. Se la reconoce por haber votado a favor de la suspensión o cancelación de varios partidos políticos, entre ellos el Partido Patriota del expresidente Otto Pérez Molina, condenado por corrupción. Siendo presidenta del Tribunal entre 2017 y 2018, Mijangos respaldó una investigación por financiamiento ilegal contra el partido del presidente Jimmy Morales, FCN-Nación , por 11.5 millones de dólares. Desde entonces se sabe señalada por el establishment. “El FCN nos amenazó, dijeron que nos iban a demandar”, dice. En marzo pasado fue la única magistrada en votar a favor de la inscripción como candidata presidencial de la exfiscal Aldana , hoy refugiada en El Salvador. El resto votó en contra.

Admite las críticas al TSE. Y asegura que decisiones en otras inatsncias estatales demuestran que el país ya está retrocediendo en la lucha contra la corrupción. La única forma de parar el retroceso, de revertirlo, sería que los guatemaltecos elijan un Congreso con funcionarios genuinamente interesados en frenar la impunidad.

EL TSE ha estado inundado hasta el último momento por pequeñas demandas relacionadas con la elección. La desaparición de nombres de candidatos, limitaciones para el trabajo de los fiscales electorales...

Todo ha tenido dificultades por la excesiva judicialización. Por eso se ha dicho que son unas elecciones inéditas. Como telón de fondo, tenemos una cierta polarización en la sociedad alrededor de la forma en cómo se está llevando adelante la lucha contra la corrupción y la impunidad. Guatemala, como El Salvador, es uno de los países con impunidad más alta, superior al 93 % o el 94 %. La población ya no tiene fe en el sistema de Justicia y en muchas de sus instituciones. El mismo Tribunal Supremo Electoral está siendo muy cuestionado. Desempeñarme en este cargo ha sido un reto muy fuerte.

¿El tribunal se siente presionado por el ruido en los medios y las redes sociales?

¡Sí, naturalmente nos presiona! Pero cada quien tiene la concepción sobre lo que debe ser su mandato, y yo hago muchos votos razonados. Acabo de hacer otro porque el Tribunal autorizó que se entregue al partido de Gobierno, el FCN, la deuda política pendiente desde el año 2015. Mi visión es diferente: no es prudente darles el dinero.

¿Por qué negarle al FCN ese financiamiento estatal?

En Latinoamérica es costumbre que el partido en el gobierno se apoye en fondos públicos para hacer campaña. Lo estamos viendo acá (en la última semana de campaña trascendieron noticias sobre la entrega de bonos y alimentos por parte del Ministerio de Agricultura en diversos puntos del país). Eso rompe la equidad del sistema y yo no me explico por qué los otros partidos no protestan. Pero la razón principal por la que quise negar el dinero al FCN es que tuvieron un proceso de cancelación en 2015, del cual se lograron salvar a cambio de una multa, precisamente porque no daban cuentas de su financiamiento. ¡Fue imposible auditarlos! La contadora del partido desapareció un tiempo y cuando reapareció se fue directamente al Ministerio Público a declarar. También en 2015, al FCN se le abrió un expediente porque familias como los Novela, Botrán, Castillo, y otras de grandes recursos económicos, dijeron públicamente que brindaron fondos no reportados a ese partido. El MP después nos solicitó que iniciáramos la cancelación, y es un proceso en marcha, que se interrumpió por este proceso electoral. Habría sido más prudente esperar a que se determine si se cancela o no el partido para darle los fondos.

¿El partido de Gobierno, o el Gobierno, presionaron al TSE para que votara a su favor?

El FCN nos amenazó. Publicó un comunicado diciendo que si no les entregábamos el dinero iban a denunciarnos por apropiación indebida. Yo propuse devolver el dinero a las finanzas públicas y que resolviéramos que el FCN había perdido el derecho por no solicitar el dinero en tiempo. Ha habido otras denuncias contra nosotros, y eso naturalmente provoca temor en la ciudadanía.

Ese temor contrasta con la euforia ciudadana de las protestas de 2015 a favor de la Cicig y del MP.

Venimos de un sistema que todavía era peor que el actual. Antes, a pesar de nuestro elevado índice de corrupción, no existía el nivel de activismo que hoy tiene la sociedad civil. Yo viví gobiernos militares, y ahí no se decía nada Tampoco había periodismo de investigación, ni teníamos la comunicación que ahora es instantánea. Pero nos falta mucho por recorrer para decir que estamos en democracia. El sistema de partidos tiene una debilidad muy fuerte: los partidos no están activos cuando no hay proceso electoral, no están presentes en las discusiones nacionales.

El jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, decía hace unos meses que si la Cicig se va del país se retrocederá en el combate a la corrupción.

Mire, ya se está retrocediendo ahorita. Ya hay un debilitamiento de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Si usted observa las sentencias de los jueces, ya se está volviendo a lo de antes.

Y el Fiscal Electoral tuvo que huir a principios de semana por amenazas contra él y su familia. Parece gravísimo.

Sí, y ya la misión de la OEA se pronunció. El fiscal Schaad trabajaba conmigo todas las semanas en la mesa de conflictividad del TSE, era proactivo y... ¿cómo le hacen eso? Creo que todo esto fue porque en un evento dijo que ya tenía identificados a dos de los que estaban llevando a cabo... Hace unos días unos grupos de militares salieron con la amenaza de que no iban a dejar que se llevara a cabo el proceso electoral. Tras un diálogo con el comisionado presidencial de diálogo, esos militares dijeron que ellos iban a vigilar que se llevara a cabo el proceso electoral. ¿A cuenta de qué, si para eso hay fiscales de partidos? Cuando Schaad dijo que había identificado a dos de los que estaban coordinándolos, ahí, en ese momento, a los dos días o al día siguiente tuvo las amenazas.

El TSE no se ha pronunciado. ¿Cree que han manejado adecuadamente este tema?

Nosotros en comunicación estamos gravísimos. Yo ya hubiera hecho un pronunciamiento.

¿A título personal no puede hacerlo?

Ya me han preguntado y dije que era lamentable. Pero no soy la presidenta ni tengo la representación en este momento.

La magistrada del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala María Eugenia Mijangos durante una entrevista a El Faro en el Palacio Yurrita, sede del TSE. Foto: Carlos Barrera
 
La magistrada del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala María Eugenia Mijangos durante una entrevista a El Faro en el Palacio Yurrita, sede del TSE. Foto: Carlos Barrera

Hay quien dice que esta elección es un referendo popular sobre si debe seguir o no el combate a la corrupción.

Casi podría decirse que sí, ¿verdad? La elección está inmersa en esta gran polémica nacional. Muy pocos candidatos se han posicionado claramente cuando les preguntaron si van a continuar o no con los esfuerzos anticorrupción. Este silencio es porque el grupo que está en contra de la lucha a la corrupción dio un tinte ideológico a esto, tildando a los esfuerzos de la Cicig y el MP como de una izquierda radical que quería llevar al país a ser como Venezuela o Nicaragua. Eso también pegó en la ciudadanía, les dio temor.

¿Qué debería ocurrir para que Guatemala no termine de sucumbir ante la impunidad y la corrupción?

Lo bueno sería que entre los nuevos diputados electos, y en la misma figura presidencial, hubiera un deseo genuino y una práctica de tratar de erradicar la corrupción. Si hubiera compromiso de las autoridades de todo nivel, se podría. Determinada gente del sector empresarial está luchando para que no vuelva la Cicig, pero hay otros que conozco que están a favor de que continúe. ¿Por qué? Porque no son empresarios que tengan la cola machucada.

Empresarios y voceros de gremiales empresariales dicen que la Cicig aplicó justicia selectiva y por eso apoyan que se vaya o se reforme. ¿Usted cree que se están protegiendo?

Yo no creo que la Cicig hiciera justicia selectiva. Descubrían los casos y así los iban presentando. Y tampoco podemos decir que toda la élite económica sea así; hay casos como el de Estuardo Porras que dice que está a favor de la lucha contra la corrupción. Quizá en los esfuerzos anticorrupción se cometieron errores, puede ser, todo mundo los comete. Pero eso de que es una agenda de izquierda y hubo justicia selectiva, eso no es cierto.

¿El Tribunal Electoral ha sido permeado por intereses opacos? Hay resoluciones contradictorias. Una instancia resuelve una cosa y luego ustedes, en el pleno de magistrados, la revocan.

Esa es una pregunta muy delicada. No me atrevería a afirmar una cosa así tan fuerte, No tengo pruebas de que eso haya ocurrido. Hay muchas personas que nos señalan por eso, pero yo no podría afirmarlo.

¿Cómo explica entonces que la institución cambiara de criterio respecto a la frustrada candidatura de la exfiscal general Thelma Aldana? Ella ocupaba el tercer lugar en las encuestas y parecía la única candidata con posibilidades reales de mantener a la Cicig en el país y provocar una reforma en el Estado. Se inscribió, pero luego el TSE canceló la candidatura en una votación donde usted fue la única disidente.

Dijeron que lo hice por “consideraciones políticas”, je je.

Usted dijo en su voto que era evidente un acuerdo de distintos actores para bloquearla.

Sí, mire, es que hay dos grupos, por un lado está lo que se ha denominado el “pacto de corruptos”, y por el otro está la gente que no quiere que se elimine la Cicig y pide que siga la lucha contra la corrupción. El primer grupo tiene una enorme influencia en los tribunales. La exfiscal presentó su papelería, iba bien su inscripción, y fue en eso que otros partidos presentaron denuncias en su contra.

Los diputados más activos contra la Cicig, entre ellos el candidato presidencial del partido oficial, Estuardo Galdámez, hicieron una comisión en el congreso para investigar la compra de un edificio ordenada por Aldana, pero la denuncia no prosperó y por eso presentaron denuncias por dos contrataciones que hizo en el MP. Una por una asesoría, que determinamos que estaba todo en regla, y otra por contratar al decano de la universidad San Carlos, que es un caso bajo reserva y de donde salió una orden de captura. Si uno analiza de dónde viene todo esto, es lógico pensar que ella tiene muchos enemigos porque con el jefe de la Cicig hicieron una lucha frontal contra la corrupción y tocaron a grupos y a personajes que jamás habían tocado.

¿Por qué entonces sus compañeros magistrados cancelaron su candidatura?

No lo sé. Ellos son abogados-abogados, en cambio yo soy abogada pero tengo una visión un poquito más amplia y social, por esto de haber trabajado en derechos humanos y en programas de desarrollo. Hice litigios en esa materia, saqué una maestría en ciencia política. Eso me hace que mi visión no sea solo legalista.

¿Existe en Guatemala un pacto de corruptos?

Los esfuerzos de los que no están a favor de la lucha contra la corrupción están más fortalecidos en este momento, porque están más posicionados en las instituciones y tienen más poder económico. Aunque en algunos casos, como por ejemplo cuando se expulsó al comisionado Iván Velásquez, el grupo que está a favor de que siga la lucha contra la corrupción, centros de estudio, de derechos humanos, activistas notables, personajes conocidos, lograron frenarlo a través de acciones judiciales. Esa ha sido la tónica hasta ahora. Y en este escenario tan turbulento se llevan a cabo estas elecciones.

Y es en ese escenario donde el tribunal ha mostrado debilidad. Habilitó las candidaturas de tránsfugas cuando la ley impide que compitan si abandonan el partido por el que resultaron electos, y también avalaron la candidatura de personas con contratos con el Estado, algo también prohibido por ley.

Nuestro mandato debe ser fortalecer a las instituciones políticas, y no solo estar viendo las prácticas. Las resoluciones que usted menciona tienen asidero legal. En el caso de los tránsfugas, tuvimos que analizar quién había cambiado de partido antes de la emisión de la ley, porque en esos casos no se les podía aplicar retroactivamente. En cuanto a los candidatos que eran concesionarios del Estado, se admitió a los que tenían contratos por servicios profesionales, que es otra situación, y a los que habían obtenido contratos de servicios de ínfima cuantía, como 1,500 quetzales. En esos casos declaramos a lugar sus recursos.

Sé que usted tuvo grandes discusiones con sus colegas por el caso de los candidatos que eran concesionarios del Estado pero vendieron sus acciones o empresas unos meses antes de inscribirse. Usted alegaba que eso era un fraude de ley, pero perdió la votación. ¿Ha sido víctima de hostilidades en el TSE por sus posturas?

A veces tenemos discusiones fuertes en el pleno. Tampoco es fácil ser la única mujer en el pleno, o ser la de más edad. El proceso electoral tiene unas características muy especiales, en derecho electoral el auxiliar principal es la ciencia política y yo pienso que el juez electoral no debe tomar decisiones únicamente basadas en el texto de la ley sino que debe ver el contexto sociopolítico. Los que no lo hacen son de una corriente positivista, heredada de este jurista alemán Hans Kelsen, pero recordemos que todo juez tiene también las presunciones legal y humana, y el sano criterio, no solo tiene la norma, ¿verdad?

¿Se arrepiente de haber emitido algún voto disidente, por las presiones que comentaba al inicio de la entrevista?

No, ¿por qué? Volvería a emitirlos. No solo el de la exfiscal, sino también el del FCN, porque ahorita cabalmente veo que yo tenía razón. ¿Cómo les íbamos a dar ese financiamiento si tienen toda la ayuda ilegal del gobierno central? Ahí tengo un video del candidato oficial, de Galdámez, donde está repartiendo sacos con granos y promete que cada dos meses lo hará si gana la elección.

¿Tuvo consecuencias para usted haber votado en contra de la anulación de la candidatura de Aldana?

A mí me dio una enfermedad en la espalda después de ese voto. Guatemala es especial, porque aquí te hacen cualquier cosa con la cara de yo-no-fui. En el resto de Centroamérica son más frontales, más llanos y francos, pero aquí somos más complicados, nunca se sabe qué estamos pensando. Y aquí en el tribunal tenemos problemas de seguridad. No he tenido amenazas directas, pero grupos de extrema derecha han dicho que me van a enjuiciar, ya ni recuerdo por qué. Alguien sacó una publicación en la que aparecía quien fue mi esposo, y lo señalaban de terrorista, y decían que mi hijo trabajaba desde hace 20 años en la oficina de derechos humanos del Arzobispado, como si eso fuera pecado. Pero así es esto.

(La magistrada Mijangos por fin encuentra, en un rincón de su celular, el video donde el candidato Galdámez aparece repartiendo sacos de alimentos del Gobierno.)

Y así, cosas por el estilo. Fíjese que no solo tiene que ver con que los partidos estén tan atrasados y sean solo vehículos electorales, sino también con el nivel de la ciudadanía. Nosotros como tribunal, somos la única institución que tiene como mandato hacer programas de formación cívico política.

¿Cómo se explica el desencanto de la población? Hay cerca del 50 % que, a pocos días de la jornada electoral, no sabe por quién votar.

La gente está que ya no quiere nada. Entre las reformas hubo una que se entendió mal: los partidos pensaron que tenían que postular candidatos presidenciales y si no los iban a cancelar, y por eso ocurre esto. Nunca se había visto tanto presidenciable.

¿Usted mete las manos al fuego por los resultados de esta elección?

Quien va más alta en las encuestas es la UNE. Si usted ve las encuestas, ella parece que pasará a segunda vuelta. Es el mismo escenario de 2015, solo que en la segunda vuelta ya sabemos que aquella vez mucha gente se volteó y votó por el segundo lugar, nuestro actual y dignísimo presidente.

Por su tono parece que no le simpatiza mucho.

¿Y a quién le simpatiza? Bueno, probablemente sí tiene su gente... pero sí, realmente, fue lamentable. Hay investigaciones del MP por financiamiento ilicito contra él, pero tres veces el Congreso ha impedido el antejuicio. De manera general, puedo decir que hay una penetración de ciertas influencias en los órganos gubernamentales. Son instituciones débiles.

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Centroamérica Sun, 16 Jun 2019 11:03:12 +0100 http://www.elfaro.net/es/201906/centroamerica/23416/“Ya-se-está-volviendo-a-lo-de-antes-ya-hay-un-retroceso-en-Guatemala”.htm
Las plazas de la familia de Sánchez Cerén golpean a un maltrecho FMLN http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000026768.jpg http://www.elfaro.net/es/201906/el_salvador/23397/Las-plazas-de-la-familia-de-Sánchez-Cerén-golpean-a-un-maltrecho-FMLN.htm El FMLN está a las puertas de elegir a una nueva dirigencia en su hora más oscura. Vapuleado en la contienda presidencial con el peor resultado electoral en su historia democrática, el partido de izquierdas se ha citado a una refundación pero es incapaz de dar explicaciones coherentes por las plazas de familiares de la élite del partido en el Ejecutivo. Cuando el FMLN intenta salir en el atolladero en el que lo han dejado las derrotas electorales de 2018 y 2019, las denuncias por la asignación de puestos en el Gobierno de familiares del expresidente Salvador Sánchez Cerén y de otros líderes de la izquierda suponen un golpe más contra la credibilidad de un partido que en el pasado prometió combatir las irregularidades en el Estado.

El presidente Nayib Bukele ocupó sus primeras dos semanas de gobierno para desatar, a través de Twitter, un juicio público contra el FMLN, acusando a su último presidente y a varios de sus líderes por la contratación de 34 funcionarios que, según dijo, son parientes de la élite efemelenista. Aunque Bukele no presenta más pruebas que una relación derivada de la coincidencia de apellidos, ni revela el periodo en el que fueron contratados o si los perfiles no cumplían con los requisitos de las plazas, El Faro ha logrado confirmar que siete de los 10 señalados por Bukele -con nombre y apellido- sí son parientes directos de Sánchez Cerén que encontraron, en los 10 años de Gobierno del FMLN, un puesto de trabajo. Se trata de cuatro hijos; dos nietos y una nuera de la expareja presidencial.

Los señalamientos golpean todavía más fuerte por el escenario en el que han ocurrido: la víspera de unas internas que el FMLN vende como un proceso de refundación, pero que han sido puestas en entredicho por una candidata desconocida surgida desde la militancia. Cledys Molina, otrora líder del sector juventud, hace un llamado a la "coherencia" para que sus compañeros no voten a sus contendientes que, según ella, representan "continuismo" y están “viciados”. Molina sugiere malas gestiones de esos dos exfuncionarios del último Gobierno, pero también habla de irregularidades en el proceso.

Sin embargo, el llamado de la tercera candidata no ha logrado detener el choque de trenes entre el ex vicepresidente Óscar Ortiz, salpicado por los desaciertos del gobierno saliente en seguridad pública, economía y transparencia; y por su vinculación con José Adán Salazar Umaña. Este empresario, mejor conocido como Chepe Diablo, es señalado por el Estado salvadoreño y Estados Unidos de ser un capo de la droga. Arropado por la Comisión Política, también compite Arístides Valencia, el ex ministro de Gobernación. Cuando era diputado, Valencia prometió la entrega de millones de dólares a las pandillas a cambio de apoyo para la contienda presidencial en la que resultó electo Sánchez Cerén.

El buque del FMLN ya era un navío golpeado, a la deriva y con filtros de agua en su casco, cuando el excomandante guerrillero entregó la banda presidencial a Nayib Bukele el 1 de junio. Una prueba: los abucheos e improperios que recibió el político septuagenario provenientes de una multitud congregada en el centro histórico. Y eso que hasta ese momento no estaba sobre la mesa la contratación de un puñado de sus parientes en oficinas y ministerios adscritos a la Casa Presidencial. Sánchez Cerén, que llegó al poder como el más votado en unas elecciones (segunda vuelta), se despide ahora como el protagonista del último cuestionamiento de irregularidades cometidas durante los gobiernos del FMLN… a las vísperas de las internas.

En la campaña presidencial de 2014, y luego en su gestión, Sánchez Cerén se comparó con el expresidente uruguayo José Mujica, una especie de reserva moral de las izquierdas latinoamericanas por practicar una austeridad extrema. Ahora él se ha convertido en el símbolo de un partido que cometió las mismas irregularidades que alguna vez denunció: hasta mayo de 2019, al menos tres decenas de parientes de líderes del FMLN se beneficiaran de empleos en instituciones de gobierno y autónomas, según la denuncia del presidente Nayib Bukele.

Tras los nuevos casos revelados por Twitter por el presidente, Sánchez Cerén ha decido actuar en sintonía con su performance en el Gobierno: guardar silencio y desaparecer. Ni siquiera ha salido a desmentir o a explicar. Han sido sus compañeros de partido los que dan por hecho, al justificar todas las contrataciones, que la mayoría de los casos presentados por Bukele son reales. 

Sofía Sánchez (de vestido negro a la derecha) mientras el presidente Sánchez Cerén se toma una foto de familia después de la entrega de credenciales en marzo del 2014. Foto: Mauro Arias.
 
Sofía Sánchez (de vestido negro a la derecha) mientras el presidente Sánchez Cerén se toma una foto de familia después de la entrega de credenciales en marzo del 2014. Foto: Mauro Arias.

Un asunto (y un silencio) familiar

El silencio del expresidente y su entorno familiar, y las declaraciones de sus más cercanos colaboradores en el FMLN o dirigentes de ese partido no ayudan a esclarecer qué ocurrió en los últimos diez años. Bukele ha llamado a estas plazas, con ironía, la “fábrica de empleos” del FMLN, en alusión a un concepto que popularizó el ex presidente Mauricio Funes en su campaña presidencial.

Cuatro diputados, una dirigente del FMLN y el exsecretario de Transparencia de los dos gobiernos efemelenistas restan importancia y niegan que haya habido algún tipo de nepotismo. 

Otros, como la segunda al mando del partido, la exdiputada Norma Guevara, responden con intentos de justificación. “¿Adónde van a pedir trabajo los parientes de un funcionario? ¿Se tienen que ir a honduras a Costa Rica, adónde?”, dijo en una entrevista televisiva en Canal 12.

Al mediodía del jueves 6 de junio, El Faro buscó al expresidente en la colonia Layco de la capital. Sánchez Cerén nunca abandonó su vivienda, una construcción de clase media a orilla de calle, sin lujos, en la colonia Layco, contiguo a una zona en la que abundan la venta de repuestos para vehículos. En la acera o en la calle hay dos pick ups de última generación, de lujo y todo terreno. Uno es blanco y el otro rojo. Dos hombres, una con guayabera blanca y el otro con una camisa azul -de civil- portan un radio en la cintura y custodian la entrada.

Tras tocar el timbre, una mujer abre la puerta y asoma tímida la cabeza.

- ¿Esta es la casa del profesor Sánchez Cerén?
-¿Quién lo busca?
-Soy Jimmy Alvarado, periodista de El Faro. Me gustaría entrevistarlo.
- No -responde la mujer y procede a cerrar la puerta.

Uno de los miembros de la seguridad se acerca y toma la nota que la mujer rechazó. En la nota El Faro pide al expresidente una reacción por las plazas que obtuvieron sus parientes y los parientes de dirigentes del FMLN durante su gobierno y durante la administración de Mauricio Funes. "Le vamos a entregar la nota. Está perdiendo su tiempo. Él no está", responde el de seguridad.

Al cierre de esta nota, Sánchez Cerén no ha dado explicaciones a nadie sobre las plazas de sus parientes.

El presidente Salvador Sánchez Cerén brinda su segundo discurso del día, a tres años de su gobierno. Foto: Fred Ramos
 
El presidente Salvador Sánchez Cerén brinda su segundo discurso del día, a tres años de su gobierno. Foto: Fred Ramos

Nuevos casos para una vieja denuncia

En enero de 2015, seis meses después de que Sánchez Cerén asumiera la presidencia, El Faro reveló que una de sus nietas, Sofía Margarita Guardado Sánchez, había sido contratada en el Instituto Nacional de la Juventud desde el 1 de junio, el día en que asumió su abuelo.

Junto a Guardado Sánchez, el Injuve contrató a cinco subdirectores de los cuales solo uno cumplía con el requisito de tener título universitario, un requisito definido para las plazas de subdirección. La nieta del presidente, para entonces de 22 años, fue nombrada como Subdirectora de Promoción del Empleo Juvenil siendo apenas una bachiller que cursaba su tercer año de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Ella no reunía el perfil para la plaza que ocupaba, que exigía una carrera universitaria.

Su madre, Claudia Sánchez Villalta, estaba contratada en Cancillería como directora de Cooperación Descentralizada del Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo. Su tío, Salvador Sánchez Villalta, ocupaba el cargo de gerente de Inclusión Social, en el Fondo Nacional de Vivienda Popular.

Cuatro años después, Bukele -que para enero de 2015 fungía como alcalde de Nuevo Cuscatlán y estaba en campaña para conquistar, con la bandera del FMLN, la alcaldía capitalina- rescató los casos de estos tres familiares en sus primeras denuncias lanzadas a través de su cuenta oficial en Twitter.

El 4 de junio de 2019, ordenó al ministro de Justicia y Seguridad que despidiera a “Antonio Maldonado Sánchez”, un “nieto” del expresidente con cargo de director de emisión de pasaportes en la Dirección de Migración y Extranjería. El portal de Transparencia señala que ese puesto era ocupado por Luis Antonio Sánchez Mejía, cuyo nombre se corresponde con el de uno de los nietos del expresidente, hijo de Salvador Sánchez Villalta (destituido ese 4 de junio). Según el diputado Santiago Flores, las contrataciones no las hizo el presidente y están en esos puestos por méritos propios. "Luis es un compañero con el que combatimos juntos en la guerra. Salvador y Claudia (Sánchez Villalta) también", dijo. Un día después Bukele ordenó el despido de Sofía, la nieta que todavía laboraba en Injuve, y de su madre, Claudia, que según el presidente ya no laboraba para Cancillería sino para una de las empresas estatales del Grupo CEL.

Bukele también ordenó el despido de Dolores Iveth Sánchez Villalta, con plaza en la Dirección General de Desarrollo Social del Ministerio de Relaciones Exteriores y a Fátima Carolina Sánchez Villalta, asistente de despacho en el Ministerio de Trabajo (otras dos hijas del expresidente). Cesó también a Irma Mejía Mejía, directora general de Centros Intermedios del Ministerio de Seguridad, cuyo nombre coincide con el de la esposa del hijo del expresidente, Salvador Sánchez Villalta. 

Las órdenes de despidos vía Twitter y los casos confirmados abren el debate sobre la transparencia en la asignación de cargos públicos y el uso de las instituciones del Estado como premios para familiares, amigos o militantes del partido en el gobierno. En 2009, recién estrenado en el poder, Mauricio Funes también hizo una denuncia similar por las “plazas fantasmas” descubiertas en el Centro Nacional de Registros para familiares de diputados y líderes políticos de Arena.

El golpe para las plazas ligadas a líderes del FMLN, esta vez, es además un asunto de coherencia. Funes y su gobierno denunciaron esa vieja práctica contra los gobiernos de Arena, y ahora son sus principales líderes los cuestionados por hacer precisamente aquello que antes denunciaban. En síntesis, el buque del FMLN, llega al puerto de las internas con un lastre: 10 años que finalizan con una denuncia que toca a la ética y la moral del partido: haber actuado como Arena.

Otro ejemplo: en septiembre de 2009, El Faro reveló que al menos seis parientes del ex presidente Antonio Saca y de su esposa, Ana Ligia, fueron contratados para trabajar en el servicio exterior, con sueldos que llegaban hasta los 4 mil dólares mensuales.

Diez años más tarde, la Revista Gatoencerrado publicó una investigación que reveló contrataciones de 14 familiares de funcionarios de alto nivel, de los dos gobiernos del FMLN, con sueldos de hasta $8,000 mensuales en el servicio exterior. La investigación, de la periodista Julia Gavarrete, fue realizada dentro de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

Como ocurrió con las denuncias de los familiares de la última pareja presidencial en tiempos de Arena; con las primeras contrataciones en el Gobierno de Sánchez Cerén; con la investigación del servicio exterior de los últimos 10 años, el FMLN ahora también justifica esas contrataciones. "No todos traemos para la empresa privada. No es delito. No todo mundo trae para el sector empresarial", dijo la diputada Nidia Díaz en Órbita FM, el 10 de junio de 2019.

Óscar Ortiz durante su inscripción como candidato a la Secretaría General del FMLN, el 24 de abril del año 2019. Foto: Carlos Barrera.
 
Óscar Ortiz durante su inscripción como candidato a la Secretaría General del FMLN, el 24 de abril del año 2019. Foto: Carlos Barrera.

Hacer leña del FMLN caído

Cuando gobernó la alcaldía de San Salvador, Nayib Bukele fue sancionado por el Tribunal de Ética Gubernamental por haber nombrado a uno de sus hermanos, Yamil Bukele Ortez, como presidente del Instituto Municipal de Deportes. Otros dos familiares del entonces alcalde también se vieron envueltos en una polémica por posible nepotismo al haber fungido como asesores en la municipalidad. Estos otros familiares eran Arena Ortega, hermana de Gabriela Rodríguez de Bukele y Miguel Kattán, tío de los hermanos Bukele y exdirector de administración de aquella comuna capitalina.

En el nuevo gobierno, Kattán ahora ocupa el cargo de Secretario de Comercio e Inversión y Ortega ha sido nombrada como embajadora en Misión Especial en Cancillería.

En sus denuncias, Bukele no ha tenido filtros, y al menos en dos casos se le han señalado errores: el presidente aseguró que un "hermano" de la ex diputada Lorena Peña y otro "hermano" del exministro de Educación, Carlos Canjura, también tenían un puesto en oficinas de Gobierno. Peña, y el ex funcionario señalado como hermano de Canjura, desmintieron al presidente vía Twitter. 

Algunos dirigentes efemelenistas, como el diputado Jorge Schafik Hándal, cuestionan al presidente por denunciar un posible nepotismo cuando él mismo contrata a familiares en su gobierno. Hándal menciona los casos del tío de Bukele, Miguel Kattán e intenta hacer un paralelismo con las contrataciones de dos amigos de Bukele: Ernesto Castro, el secretario privado de la Presidencia y Michelle Sol, su esposa y ahora ministra de Vivienda. Bukele reconoció el 10 de junio de 2019 que Kattán es pariente suyo. "Él es pariente mío en séptimo grado de consanguinidad. La Ley de Ética dice cuarto grado de consanguinidad", aseveró.

Hándal, subjefe de fracción del FMLN, considera que no existe nepotismo en las contrataciones de los familiares de Sánchez Cerén, porque esos parientes estaban contratados en otras instituciones del ejecutivo y en autónomas, no en Presidencia de la República.

-¿Considera que actuó bien Salvador Sánchez Cerén al permitir que al menos siete parientes fueran contratados en el gobierno?
-Esos son otros 20 pesos si es ético o no.
-¿Considera que fue ética la contratación de parientes de Sánchez Cerén durante los gobiernos del FMLN?
-A mí me parece que ahí hubo un exceso. Pero también sucede lo siguiente. Puede que Salvador no dijo: mire, contrátelo. La gente llegó a pedir trabajo y les preguntaron: ¿y usted quién es? Fulano de tal. Y en la mente del funcionario: ‘ah, es pariente. Lo voy a contratar, porque es pariente del fulano’. La cultura nuestra es quedar bien con el jefe, aunque el jefe no te lo pida. Esa es la cultura que hay en este país. Todos la tienen. Por desgracia así nos educaron, aunque puede que no me guste esa es la cultura: quedar bien con el jefe, aunque no te lo pidan.

Tras las denuncias del presidente Bukele, el Tribunal de Ética se pronunció sobre aquellos casos que sí pueden considerarse como nepotismo, como ocurrió con la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara. El artículo 6, literal H, dice que es una prohibición ética para los funcionarios "nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad, a su cónyuge, conviviente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad". En lo relacionado a conflictos de interés, el TEG ha actuado con claroscuros y señaló que se necesitan reformas para extender las prohibiciones en las contrataciones en el Estado. El martes 8 de enero de 2019, el TEG exoneró al diputado Guillermo Gallegos de posibles faltas éticas por haber favorecido con 550 mil dólares al firmar y votar asignación de recursos a una oenegé fundada por su esposa.

Pero incluso más allá del debate, lo de Bukele parece una acción estratégica en tiempos en lo que el FMLN parece no conectar pie con bola. Desde que ganó la presidencia, Bukele ha lanzado mensajes que apuntan hacia un objetivo político claro: acabar con las que durante tres décadas fueron las dos principales fuerzas políticas del país. Por un lado está Arena, con sus 20 años de gobierno, un presidente que fue a juicio por corrupción y otro que paga una condena de 10 años por el desvío de más de 300 millones de dólares. Por el otro está el FMLN, que fue el otrora principal partido de oposición que llegó al Ejecutivo en 2019 con una promesa de cambio, pero que se desvió desde su primer gobierno. El frente tiene a su primer presidente asilado en Nicaragua, mientras en El Salvador es acusado de corrupción por el desvío de más de 350 millones de dólares.

De los dos grandes partidos que hicieron la guerra y la paz, el FMLN es ahora mismo el blanco más débil en las turbulentas aguas que ahora domina Bukele. Entre 1994 pasó de tener una de las fracciones legislativas más fuertes, el control del Ejecutivo (con su llegada en 2009) y del Legislativo (entre 2009 y 2019) a ser un partido sin trascendencia en la Asamblea Legislativa (con apenas 23 diputados). Arena, en cambio, aunque no ha logrado retornar al poder desde que lo perdió en 2009, mantiene casi inamovible su voto duro, más de 800 mil electores que le permitieron dominar la Asamblea Legislativa con 37 diputados y que podrían, de mantenerse firmes, permitirle seguir siendo el principal partido de oposición en 2021 frente a un Bukele que ya ha adelantado sus intenciones por sacarlos de la Asamblea. Pero es importante insistir: en ese escenario, por ahora, el FMLN es el partido más débil.

Sumado a las contrataciones de familiares, al FMLN se la achacan las denuncias de corrupción contra Funes; la entrega de sobresueldos a sus funcionarios, incluido Sánchez Cerén, cuando fungía como vicepresidente y ministro de Educación ad honorem; la investigación por lavado de dinero contra Alba Petróleos; la trama de presuntos sobornos para favorecer a la empresa que dejó inconclusa la presa hidroeléctrica El Chaparral; los pactos con las pandillas y luego las violaciones a los derechos humanos en la guerra contra las pandillas… Más reciente, otro golpe para la moral de la otrora gran fuerza de izquierdas ha sido el abandono a las víctimas de la guerra al promover, junto a Arena, una nueva ley de amnistía.

Lo de las plazas para parientes de la élite efemelenista es sal de mar para heridas preexistentes en ese viejo FMLN. "El expresidente tenía una veintena... y vamos a salir con otros más. Tenía una treintena de familiares directos en el gobierno. Hijos, hijas, nueras, yernos, nietos, nietas, esposos de las nietas. Tenía una treintena de familiares trabajando en el ejecutivo", dijo Bukele el 10 de junio, en la segunda reunión pública del Consejo de Ministros.

El profesor Salvador Sánchez Cerén fue uno de los máximos dirigentes de las Fuerzas Populares de Liberación, una de las organizaciones que integró la guerrilla, bajo la bandera del Frente Farabundo Martí, que combatió a la dictadura en una cruenta guerra entre 1980-1992. Un símbolo para aquella fuerza, un ícono que logró retener la presidencia en 2014 con el mayor número de votos registrados en una segunda vuelta. En definitiva, Sánchez Cerén representaba el último gran comandante en ejercicio de poder político dentro del partido de aquellos que hicieron la guerra y firmaron la paz. “Ejerceré la presidencia con honradez, austeridad, eficiencia y transparencia", prometió en su discurso de toma de posesión el 1 de junio de 2014.

Seis meses después, en enero de 2015, El Faro reveló que Sofía Guardado Sánchez, nieta del presidente, había sido contratada como subdirectora del Instituto Nacional de Juventud (Injuve). Cuatro años después, más nombres se han sumado a esa lista. 

El ministro de Gobernación, Arístides Valencia durante el lanzamiento del Plan Navidad Segura, el 14 de diciembre de 2015. Valencia era diputado del FMLN cuando, en 2014, se sentó a discutir los términos de una alianza con jefes pandilleros con motivo de la elección presidencial de ese año. Valencia admite que tuvo esa reunión en la que promete costear la renovación de DUI para pandilleros, pero alega que se está malinterpretando lo que entonces se conversó. Foto: Ministerio de Gobernación.
 
El ministro de Gobernación, Arístides Valencia durante el lanzamiento del Plan Navidad Segura, el 14 de diciembre de 2015. Valencia era diputado del FMLN cuando, en 2014, se sentó a discutir los términos de una alianza con jefes pandilleros con motivo de la elección presidencial de ese año. Valencia admite que tuvo esa reunión en la que promete costear la renovación de DUI para pandilleros, pero alega que se está malinterpretando lo que entonces se conversó. Foto: Ministerio de Gobernación.

El exsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, defiende al expresidente Sánchez Cerén. “¿Puede decirme cual es la disposición de la Ley de Ética Gubernamental que se estaría violando? La ética tiene una dimensión cultural, relacionada con entendidos sociales, y otra legal. Nadie puede demandar el incumplimiento de un mandato de ley que no existe”, respondió.

En octubre de 2015, el diputado de Arena David Reyes exigió a Rodríguez, vía Twitter, que explicara la contrataciones de dos de sus familiares en el Ministerio de Salud. Su esposa, Verónica Villalta, se convirtió en directora de Fosalud en el gobierno de Mauricio Funes. Y su hija, Nadia Patricia, ocupó un cargo en la Dirección Regional de ese ministerio. Rodríguez, que en el Gobierno de Mauricio Funes fue subsecretario de Transparencia, respondió en esa ocasión que sus parientes habían sido nombradas, por sus méritos y experiencia, antes de que él llegara al gobierno.

Para el diputado Damián Alegría, la denuncia del presidente “no tiene sustento” porque él ha hecho lo mismo. “Es un show lo que está haciendo Bukele, porque él está contratando gente que son familiares también. Su tío... Está haciendo un show. Condeno a otro, pero yo hago lo mismo. Entonces, ¿dónde está el tema?”, dijo.

Según Alegría, Bukele se estaba vengando del FMLN y el diputado Santiago Flores dijo que defenderían a todos los empleados públicos que fueron despedidos por el nuevo gobierno, incluidos los parientes de Sánchez Cerén.

“Son alrededor de 500 despedidos y solo se han centrado en 19 personas. Nos quieren poner a bailar con un tema de redes de contratación de hijos y familiares. Son personas que vienen por sus méritos. Ellos no fueron contratados por Salvador. Ellos fueron contratados antes. Tenemos que pelear por los compañeros, por todos los despedidos que tienen derecho a trabajar por sus familias”, dijo Flores.

El FMLN pasó de ganar las elecciones en 2014 a quedar en tercer lugar en las elecciones del 2 de febrero de 2019. No solo perdió la presidencia de El Salvador, también registró la peor votación de su historia. Quedó relegado a ser el segundo partido de oposición, detrás de Arena. Ahora, con una bancada de 23 diputados, es un partido irrelevante en la toma de decisiones en la Asamblea Legislativa y ahora intenta recuperarse a dos años de las próximas elecciones legislativas.

Cledys Molina es la única mujer en competir por la secretaría general del partido de izquierda, y denuncia que los apoyos de la actual Comisión Política favorecen solo a dos de los candidatos en contienda. Foto: Carlos Barrera
 
Cledys Molina es la única mujer en competir por la secretaría general del partido de izquierda, y denuncia que los apoyos de la actual Comisión Política favorecen solo a dos de los candidatos en contienda. Foto: Carlos Barrera

Este 16 de junio, el FMLN debe elegir a su nuevo secretario general. Compiten una desconocida que pide no votar por el continuismo y candidatos viciados y dos exfuncionarios del gobierno saliente. Uno fue captado en video en negociaciones con líderes de las pandillas y el otro creó una sociedad junto al presunto líder del Cártel de Texis, Chepe Diablo.

El 7 de junio, El Faro intentó obtener una entrevista con el secretario Medardo González en la sede 1316 del FMLN. Se le pidió reaccciones sobre las plazas de la élite efemelenista y sobre el futuro del partido. González estaba en una reunión y pese a la espera no atendió a El Faro. Se le hizo llegar una carta, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

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El Salvador Sat, 15 Jun 2019 13:34:26 +0100 http://www.elfaro.net/es/201906/el_salvador/23397/Las-plazas-de-la-familia-de-Sánchez-Cerén-golpean-a-un-maltrecho-FMLN.htm
A la deriva http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_857_195_2523_1304/images%7Ccms-image-000031866.jpg http://www.elfaro.net/es/201906/el_farolero/23415/A-la-deriva.htm La mirada de Otto a las internas que definirán a las nuevas autoridades del FMLN. El Farolero Fri, 14 Jun 2019 16:00:21 +0100 http://www.elfaro.net/es/201906/el_farolero/23415/A-la-deriva.htm El gabinete de los prodigios del doctor Del Toro - Por Sergio Ramírez http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201906/360grados/23413/El-gabinete-de-los-prodigios-del-doctor-Del-Toro---Por-Sergio-Ramírez.htm 360 grados Fri, 14 Jun 2019 08:42:02 +0100 http://www.elfaro.net/es/201906/360grados/23413/El-gabinete-de-los-prodigios-del-doctor-Del-Toro---Por-Sergio-Ramírez.htm El gabinete de los prodigios del doctor Del Toro http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_263_2362_1837/images%7Ccms-image-000024217.jpg http://www.elfaro.net/es/201906/columnas/23411/El-gabinete-de-los-prodigios-del-doctor-Del-Toro.htm El gabinete de Guillermo del Toro es un retrato múltiple de sí mismo. Nos enseña su colección en una puesta en escena de los gabinetes de curiosidades del siglo diecinueve, juntadas por naturalistas y viajeros. En la idea que tenemos de lo monstruoso campea la maldad en su forma más exagerada. El monstruo, asociado a la fealdad extrema y a la deformidad en su forma física o representación, se nos vuelve abominable y no tiene límite en su capacidad o posibilidad de hacer daño. Destruir, asolar, asesinar. “Monstruo” decimos de un asesino en serie, de un descuartizador de niños, de un violador sin alma.

Pero la palabra, que proviene del latín, no significa otra cosa que el prodigio creado por los dioses, no pocas veces amasado en la oscuridad de la culpa y el pecado, y viene a designar lo excepcional, lo que desafía las reglas de la naturaleza, alterándolas. En la mitología griega son los gigantes de un solo ojo, las mujeres con cabelleras de serpiente, los hombres con cabeza de toro o cuerpo de caballo. En nuestro mundo aborigen, Quetzalcóatl es una mezcla de pájaro y serpiente.

Es lo portentoso, lo extraordinario, lo que no tiene comparación. Por eso Cervantes llamó a Lope de Vega “monstruo de la naturaleza”. Zeus alabando a Hermes.

Hay otra manera, sin embargo, de acercarse a los monstruos, y aún vivir con ellos en la propia casa, tenerlos como parte de la familia. Y es la de Guillermo del Toro: verlos como los “otros” a los que tanto tememos porque no son como nosotros.

Este sería entonces el siglo de los monstruos: los que emigran huyendo de calamidades, la primera de ellas la pobreza, los extranjeros indeseables que cuando traspasan en hordas una frontera, son rechazados por temor. Lo primero que un monstruo inspira es miedo, porque es distinto.

Guillermo del Toro ha sacado en préstamo de su casa en Los Ángeles su colección de monstruos, desplegada en espacios entre góticos y victorianos. Convive con ellos en lo que llama su bleak house (la casa lóbrega, lúgubre, desolada), en homenaje a una de las novelas emblemáticas de Dickens, y los ha llevado a su ciudad natal en México para una exhibición memorable amparada por el Museo de las Artes, en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara: “En casa con mis monstruos”.

No son sólo los suyos, creados en sus películas, sino todos los que le han fascinado desde la infancia, cuando era lector devoto de historietas cómicas y también los veía lleno de miedo en la pantalla del televisor. A la noche, asaltaban sus sueños. Aquel niño apasionado por la maravilla, y paralizado por el terror, tuvo que llegar a un acuerdo con las criaturas que lo acosaban: “si me dejan ir a mear, voy a ser su amigo toda la vida”.

El gabinete de Guillermo del Toro es un retrato múltiple de sí mismo. Nos enseña su colección en una puesta en escena de los gabinetes de curiosidades del siglo diecinueve, juntadas por naturalistas y viajeros, y llevadas bajo las carpas por los empresarios de espectáculos que lograban reunir multitudes, tal el Museo de los Seres Increíbles que Phineas Barnum, después célebre cirquero, abrió en Coney Island. Allí podía admirarse tanto la momia de una sirena capturada en el mar del norte, como al diminuto general Tom Thumb, de sesenta centímetros de alto, recibido en audiencia en su día por la reina Victoria Isabel de España.

“Tengo un sincero amor por lo lóbrego y marginal, que trato de amalgamar entre el arte consagrado y el arte popular”, dice del Toro. Hay algo de kitsch irresistible en el despliegue de esta infinita colección de “objetos maravillosos en un gabinete de curiosidades donde el placer no conoce la culpa”: muñecas, máscaras, dibujos, grabados, pinturas, miniaturas, esculturas de cera, exvotos, santos de bulto, muebles, cortinajes, una variedad de aposentos temáticos donde conviven Boris Karloff con la Bella Durmiente, Edgard Allan Poe con H.P. Lovecraft. De la ficción de horror a la ciencia ficción.

“Todas mis películas son gabinetes de curiosidades de lo que soy”, explica. Y la curiosidad y la imaginación son mitades indisolubles en el alma de un niño que ve el mundo a través del lente de una camarita súper 8, y no deja de ser ese niño cuando se convierte en el director de cine que como un mago de feria saca del sombrero sus criaturas prodigiosas, buscando demostrar que la monstruosidad tiene un sentido trascendente.

Un sentido humanista. Monstruos incomprendidos, discriminados, como lo son los de sus películas Cronos, Hellboy, El Espinazo del diablo, El laberinto del fauno, La forma del agua.

Su mejor modelo es la criatura del doctor Frankenstein, el desolado personaje de la novela tan victoriana de Mary Shelley. Al cobrar vida se plantea interrogantes angustiosas sobre su existencia, igual que nosotros mismos: ¿de dónde venimos?, ¿por qué existimos?, ¿qué hacemos en el mundo? Las de este grotesco ser, sin armonía en sus facciones, son: ¿quién me creó?, ¿para qué me crearon?, ¿por qué estoy aquí? “Estas son preguntas monumentales”, se responde del Toro. Alguien jugó a ser dios, y le dio la existencia.

El ser al que el doctor Frankenstein da un cuerpo y una mente, es la mejor representación del otro, del extraño, del que viene a perturbar el territorio que poseemos y exacerba nuestro miedo, “lanzado a un mundo que no conoce ni entiende…un ser incomprendido que necesita compañía y estima, y que sufre por ser constantemente rechazado”. El que lleva un tornillo atravesado de lado a lado en la cabeza, y enseña las costuras que unen las partes humanas de que fue formado.

Tras dejar atrás la abigarrada penumbra de las salas de exhibición, el gabinete de los prodigios del doctor del Toro se cierra con la caseta de tablas del puesto de revistas y periódicos, cercano a la casa de su abuela en Guadalajara, donde él compraba de niño las historietas cómicas. Fue rescatada de una bodega del Sindicato de Vendedores de Diarios, Revistas y Afines.

La primera estación del largo y maravilloso viaje de un monstruo creador de monstruos. 

Masatepe, junio 2019

Sergio Ramírez, escritor nicaragüense. Premio Carlos Fuentes, Premio Alfaguara de Novela y Premio Miguel de Cervantes.
 
Sergio Ramírez, escritor nicaragüense. Premio Carlos Fuentes, Premio Alfaguara de Novela y Premio Miguel de Cervantes.

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Columnas Fri, 14 Jun 2019 08:16:15 +0100 http://www.elfaro.net/es/201906/columnas/23411/El-gabinete-de-los-prodigios-del-doctor-Del-Toro.htm
Política social: de la institucionalidad a la incertidumbre - Por Lorena Valle Cuéllar http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201906/360grados/23412/Política-social-de-la-institucionalidad-a-la-incertidumbre---Por-Lorena-Valle-Cuéllar.htm 360 grados Thu, 13 Jun 2019 18:34:53 +0100 http://www.elfaro.net/es/201906/360grados/23412/Política-social-de-la-institucionalidad-a-la-incertidumbre---Por-Lorena-Valle-Cuéllar.htm FMLN: de partido de masas a secta http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000028516.jpg http://www.elfaro.net/es/201906/columnas/23409/FMLN-de-partido-de-masas-a-secta.htm El FMLN creció en pluralidad de ideas y corrientes de pensamiento mientras fue opositor. Cuando convirtió el disenso en sinónimo de traición, la pluralidad se extinguió. Durante los diez años en el poder, el colectivo de exguerrilleros que controlaban el FMLN y el gobierno extendieron entre su militancia la idea de que representaban a los miles de militantes. Más de alguno llegó a creer que sus ideas representaban al pueblo salvadoreño en general. Este colectivo decía practicar el centralismo democrático adoptado por las organizaciones marxistas leninistas, un concepto inventado para evitar largos debates y frenar el disenso que implica tomar decisiones en organizaciones acostumbradas al asambleísmo; un eufemismo para justificarse como autoridad y centralizar todas las decisiones en aras de ser más ágiles. Una agilidad que no sirvió para evitar la derrota más humillante de su historia y perder un millón de votos en el transcurso de cinco años.

Este fin de semana, el FMLN elige a su nueva dirigencia. Una que tendrá que defender una bandera que ya no promete ser mayoritaria y que parece estar resignada a competir por los residuos, residuos que alcanzan, en el mejor de los casos, para 10 diputados en las elecciones de 2021. Los más fuertes aspirantes a secretario general ya tienen pasados cuestionables: Arístides Valencia prometió $10 millones a las pandillas y representa los intereses de saliente secretario general. El otro es Óscar Ortiz, ex vicepresidente que representa el fracaso del gobierno de Sánchez Cerén, además de ser cuestionado por su sociedad con Chepe Diablo. Cledys Molina, la única voz autocrítica y sin pasado, no tiene padrino pero sí escasas probabilidades

El FMLN perdió un millón de votos por la decisiones cerradas y erradas de este colectivo que se repartió el control del gobierno y del partido en una mesa de menos de diez personas. Un grupito élite que nunca salió de la comodidad de su poder y se aisló entre sus fanáticos: burócratas.    

Esas ideas, bien distantes de la realidad, se extendieron hacia abajo. Tomaron decisiones basadas en información errónea, como cuando se aliaron a los partidos más cuestionados del espectro: PCN y GANA; o de cuando creyeron que el parche a la ley de pensiones era justo, o cuando usaron la maquinaria de esquilmar fondos públicos de la partida secreta. La mesa se blindó de ideas externas y fue así como el oxígeno de un partido que dice representar al pueblo empezó a extinguirse: todo dependía del pequeño grupo de veteranos y puristas comandantes. Unos puristas que justificaron una ley de amnistía general que favorece a los criminales y el despilfarro del primer presidente que llevaron al poder, Mauricio Funes. Justificaron lo injustificable.

La mesa del colectivo -cual concejo de ancianos o sanedrín- tenía fuertes debates, pero nunca transparentaron sus diferencias. Aunque no fue lo más grave. Esta mesa empezó a creerse el absurdo: creyeron a pie juntillas que las críticas externas provenían de una conspiración internacional contra la izquierda; empezaron a discursar sobre el avance de la derecha oligárquica y hasta llegaron a tal punto de creer que George Soros tenía una agenda en su contra. Empezaron a leer como ataque hechos muy cuestionables -por usar un eufemismo-.

Se negaron a explicar en público hechos que cualquier político está obligado a explicar. Sigfrido Reyes, uno de sus principales amigos exguerrilleros y asistente a las reuniones del colectivo, viajó una docena de veces en jets privados de Enrique Rais -empresario prófugo acusado de financiar mafias judiciales-. Hasta septiembre de 2017, Probidad cuestionaba a Sigfrido Reyes $1.4 millones en ingresos a sus cuentas bancarias. Óscar Ortiz, ex vicepresidente del país, se asoció a un presunto capo de la droga y su partido nunca rindió explicaciones al respecto. Hasta mayo de 2017, Probidad también le cuestionaba ingresos por casi $1.8 millones.  

Salvador Sánchez Cerén, el presidente y más prominente de los adscritos a la mesa del colectivo, nunca rindió cuentas a la prensa ni a nadie sobre casi nada. A parte de la más de una decena de parientes directos que metió a su gobierno, debe explicar el uso de $1.5 millones que recibió para gastos discrecionales mientras fue vicepresidente del país. Dinero proveniente de la partida secreta. El presidente más venerado por la izquierda pura usó casi $180 millones de partida secreta y recibió sobresueldos.

Por estos hechos, de los que sí son conscientes, es que están tan cómodos con una Corte Suprema de Justicia que ha empezado a desvanecer los casos más cuestionables. Todos son hechos documentados por instituciones autónomas y no han sido explicados racionalmente. Y estos son solo algunos de los ejemplos más emblemáticos del tipo de dirigentes que llevaron al FMLN al borde de la extinción.

El FMLN creció en pluralidad de ideas y corrientes de pensamiento mientras fue opositor. Cuando convirtió el disenso en sinónimo de traición, la pluralidad se extinguió. En función de una unidad artificial y tramposa, este partido llegó al punto de no permitir nuevas membresías por peligro de infiltración. José Luis Merino, cabeza principal de las empresa Alba, uno de los seis del colectivo, se adueñó de la lista de militantes y rechazó miles de peticiones de afiliación. Es por eso que hoy el FMLN dejó de parecer una iglesia popular y es casi una secta.

La elección del próximo domingo 16 de junio no augura un cambio. Los dos más fuertes aspirantes a asumir como Secretario General del partido tienen un pasado sucio y cuestionable. Si la izquierda no se recompone seriamente y, por el contrario, juega a ser comodín, ¿quién será la oposición legislativa de Nuevas Ideas y el gobierno del Nayib Bukele?

Sergio Arauz es periodista de El Faro. Foto de Víctor Peña.
 
Sergio Arauz es periodista de El Faro. Foto de Víctor Peña.

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Columnas Thu, 13 Jun 2019 16:35:21 +0100 http://www.elfaro.net/es/201906/columnas/23409/FMLN-de-partido-de-masas-a-secta.htm
Bukele a la luz de los principios de Maquiavelo - Por Wilson Sandoval http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201906/360grados/23408/Bukele-a-la-luz-de-los-principios-de-Maquiavelo---Por-Wilson-Sandoval.htm 360 grados Thu, 13 Jun 2019 10:56:22 +0100 http://www.elfaro.net/es/201906/360grados/23408/Bukele-a-la-luz-de-los-principios-de-Maquiavelo---Por-Wilson-Sandoval.htm Política social: de la institucionalidad a la incertidumbre http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000031411.jpg http://www.elfaro.net/es/201906/columnas/23407/Política-social-de-la-institucionalidad-a-la-incertidumbre.htm Si bien los programas ejecutados por algunas de las Secretarías eliminadas por el presidente ya han sido reasignados a otros ministerios, se desconoce el enfoque y alcance que esta nueva administración pretende darles. Una de las primeras acciones de la nueva administración dirigida por el presidente Bukele ha sido la eliminación de cinco secretarías de la presidencia: la Secretaría de Inclusión Social, la Secretaría de Gobernabilidad, la Secretaría de Vulnerabilidad, la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción; y la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia. Si bien los programas ejecutados por algunas de ellas ya han sido reasignados a otros ministerios, se desconoce el enfoque y alcance que esta nueva administración pretende darles.

El argumento en el que basa esta medida es el de hacer más eficiente al Estado. Esta idea no tiene nada de nuevo, y sus orígenes datan del siglo pasado. Pero más allá de exponer el sustrato teórico e ideológico en el que se basa esta medida, me interesa plantear qué implica la eliminación de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (Seteplan) en particular.

Concebida inicialmente como Secretaría Técnica de la Presidencia, fue creada por decreto ejecutivo en la gestión de Francisco Flores (Decreto Ejecutivo No. 1, del 1 de junio de 1999), y convertida en Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia con la reforma al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo el 11 de junio 2014, al inicio de la gestión de Sánchez Cerén.

En resumen, la Seteplan servía para tres cosas: garantizar la coordinación interinstitucional del órgano Ejecutivo, y específicamente en los gabinetes de gestión económica y social; coordinar el proceso de diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas, para garantizar la viabilidad técnica de las acciones del gobierno y la coherencia de los esfuerzos realizados desde las distintas instituciones; y liderar la planificación de las políticas, programas e intervenciones del gobierno durante el quinquenio, empezando por la elaboración de un Plan Quinquenal, que representa el instrumento de política pública de más alto nivel, donde se establecen de manera explícita las prioridades de planificación y la hoja de ruta para el quinquenio.

Una de las tareas más importantes que lideró la institución en los últimos 10 años fue la coordinación de la política social nacional, a través del Sistema de Protección Social Universal (SPSU), el cual aglutina los programas sociales dirigidos a los grupos poblacionales en situación de mayor vulnerabilidad, pobreza y exclusión social. Entre estos se encuentran la Pensión Básica Universal, el Programa de Dotación de Uniformes y Útiles Escolares, Jóvenes con todo, la estrategia “Familias sostenibles” (antes Comunidades Solidarias), Ciudad Mujer, entre otros. Y albergaba, también, herramientas y fuentes de información fundamentales para la toma de decisiones, la planificación y la orientación de la política social, como el Registro Único de Participantes.

Las implicaciones directas de la eliminación de esta institución en la vida de los salvadoreños y salvadoreñas tienen que ver con la incertidumbre sobre la implementación efectiva e incluso la continuidad de programas sociales enfocados en combatir la pobreza y la exclusión; la aprobación de políticas trascendentales para visibilizar y reconocer el trabajo de las mujeres, como la Política de Cuidados y Corresponsabilidad; y la existencia de una institucionalidad especializada en velar por la inclusión y la atención de grupos poblacionales tradicionalmente excluidos del quehacer de la política pública, como la comunidad LGBTI+, las personas con discapacidad, y las personas adultas mayores.

El funcionamiento y la estructura de la Seteplan tenían debilidades y enfrentaban retos importantes en materia de coordinación interinstitucional, sistemas de información, y diseño e implementación de los programas sociales. Pero los pocos logros que se pueden atribuir a las gestiones anteriores en materia de política social surgen de la labor realizada desde esta institución, por personal con capacidades técnicas y conocimientos valiosos. Eliminarla, en lugar de reforzarla, significa atacar el corazón de la política social en el país.

Han pasado pocos días desde el inicio de la nueva administración y solo el tiempo dirá si esta medida representa un avance, un estancamiento o un retroceso en materia de institucionalidad y política social. Pero el tiempo apremia. En los próximos meses, la nueva gestión debe elaborar y presentar públicamente el Plan Quinquenal de Desarrollo (o un documento equivalente), el Plan Social (cuya obligatoriedad está indicada en la Ley de Desarrollo y Protección Social), y otros instrumentos que sirven para explicitar cuál será la hoja de ruta para el nuevo quinquenio. Es decir: qué va a hacer, a quién le corresponde hacerlo y cómo lo va a hacer.

Para ello, se deben reasignar de manera transparente y técnicamente viable las funciones de las Secretarías eliminadas a otras instituciones del Órgano Ejecutivo. Esto es fundamental, no solo para efectos de organización institucional, sino para garantizar que la política social siga siendo prioridad y no muera por falta de visión estratégica y planificación.

Lorena Valle Cuéllar es licenciada en Economía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Se ha desempeñado como ayudante en cátedras como Género y Economía e Introducción a la Economía Política. Actualmente se desempeña como investigadora en temas vinculados con Políticas Públicas.
 
Lorena Valle Cuéllar es licenciada en Economía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Se ha desempeñado como ayudante en cátedras como Género y Economía e Introducción a la Economía Política. Actualmente se desempeña como investigadora en temas vinculados con Políticas Públicas.

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Columnas Thu, 13 Jun 2019 10:54:38 +0100 http://www.elfaro.net/es/201906/columnas/23407/Política-social-de-la-institucionalidad-a-la-incertidumbre.htm
Cledys Molina: “Me han dicho que estoy haciendo el ridículo por buscar la Secretaría del FMLN” http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000031847.jpg http://www.elfaro.net/es/201906/el_salvador/23402/Cledys-Molina-“Me-han-dicho-que-estoy-haciendo-el-ridículo-por-buscar-la-Secretaría-del-FMLN”.htm Es la primera mujer en la historia del FMLN que se aventura a buscar la silla de la Secretaría General del partido. Compite contra el ex vicepresidente Óscar Ortiz y el ex ministro de Gobernación Arístides Valencia, a quienes llama "viciados". Molina, que es militante hasta la médula, reconoce que hay irregularidades en el proceso interno.
Molina denuncia que uno de los grandes errores del FMLN en el gobierno fue la separación de sus estatutos del ejercicio del poder en el Ejecutivo. Foto: Carlos Barrera
 
Molina denuncia que uno de los grandes errores del FMLN en el gobierno fue la separación de sus estatutos del ejercicio del poder en el Ejecutivo. Foto: Carlos Barrera

Luego de la segunda derrota consecutiva en las urnas en febrero 2019, el FMLN decidió que era momento de renovarse a tal grado que su Comisión Política tomó una decisión histórica: jubilarse. El 6 de febrero, Medardo González anunció que ningún miembro de la CP se postularía para el recambio e instruyó a otros líderes, como el vicepresidente Óscar Ortiz, para que hicieran lo mismo. Tres meses después, Ortiz es uno de los dos contendientes a la Secretaría General, y tiene como principal rival al exministro de Gobernación, Arístides Valencia, a quien no pocos perfilan como el ungido por la dirigencia que se despide. 

A días de las internas con las cuales el FMLN pretende rescatar un barco que se hunde, la batalla por el control del partido de izquierdas ha provocado temores y resucitado viejas pugnas. Por un lado, se preveé que Valencia sería el heredadero de la cúpula actual. Por el otro, Ortiz y su eterna bandera reformista vuelve al ruedo para protagonizar su tercer intento para liderar al FMLN, pero esta vez con la tara de haber estado, junto a Salvador Sánchez Cerén, en un Gobierno con bajísimos índices de popularidad y señalado como uno de los culpables por la derrota por sus malas decisiones en economía, seguridad y transparencia. 

En medio de este choque de trenes al interior del Frente, ha surgido una tercera candidata en la contienda, Cledys Molina, que se presenta como una abanderada de un grupo de militantes que ven en las dos principales candidaturas más continuismo que renovación. Molina sabe que la tiene cuesta arriba, denuncia irregularidades en el proceso interno y desde ya vaticina que si no hay un cambio real (es decir, que no quede ni Ortiz o Valencia), el Frente se quedaría sin algunos cuadros. De los tres candidatos en contienda, Molina fue la única que aceptó conversar con El Faro. 

Cledys Molina fue miembro de la Comisión Política (2002-2004) cuando el partido era dirigido por Salvador Sánchez Cerén como coordinador general. En esa época el liderazgo de Schafik Hándal (ya fallecido) pesaba y mucho, hasta para bloquear una candidatura presidencial de Mauricio Funes. Algunos líderes de esa Comisión Política como José Luis Merino incluso pedían a dirigentes como Óscar Ortiz y el excanciller Hugo Martínez, de la corriente reformista, que enderezaran su pensamiento o que se salieran del Frente. 

Molina también perteneció a la segunda generación de la juventud del FMLN (adultos que que ahora rondan los 45 años) que se autodenominan el colectivo de los “jóvenes experimentados”. Se trata de un grupo de militantes que han tenido cargos medios dentro del partido que, dice, advirtieron errores en la manera de hacer gobierno del FMLN desde la primera mitad del gobierno de Mauricio Funes. Sus observaciones y demandas, sin embargo, no fueron escuchadas y fue esa falta de discusión entre la Comisión política con sus bases lo que empezó a marcar la separación del partido con sus estatutos: "No hubo capacidad para que se llevara a la práctica nuestro ideario programático con la administración pública", sentencia. 

A lo largo de sus 30 años de carrera política, Molina ha desempeñado cargos como integrante de la Directiva Departamental del FMLN de la Libertad, con la responsabilidad de la Secretaria de Comunicaciones y Coordinadora de la Comisión Nacional de Juventud. Asegura que su interés por la silla de la Secretaría general del partido no es el de convertirlo en trampolín hacia otros puestos de elección popular, más bien para concentrarse en la reconstrucción necesaria del partido. La política, dice, "no solo sirve para estar en espacios de poder, llegar rápidamente y crecer, ser alcalde, concejal, ministro, diputado, presidente... También es para construir idearios sociales y hacer una propuesta diferente en relación a la sociedad que te imaginás". 

Con su candidatura pretender inyectar sangre limpia a un partido cuya dirigencia está marcada por su desempeño como funcionarios, reparos en la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia o en la Corte de Cuentas. Es por eso que cree que su pasado libre de cargos públicos la hace meritoria del voto de confianza de los militantes para dar cuidados intensivos a un cuerpo del que, en sus palabras, "se ha abusado mucho".

El FMLN llegó en 2019 al número de votos más bajos desde su fundación en 1994. Hay quienes, desde fuera, creen que es un partido cuya muerte es inminente. Usted, a pesar de eso, aspira a dirigirlo. ¿Cuál es su diagnóstico?
Para mí es un paciente que está en cuidados intensivos que necesita transplante de órganos vitales y una transfusión de sangre limpia. Se ha abusado mucho de ese cuerpo que, si fuera una persona, necesitaría reconstruir su nariz, lograr que sus ojos puedan ver y que sus oídos vuelvan a escuchar, porque los canales están obstruidos. 

Usted se inscribió después de Óscar Ortiz y Arístides Valencia. ¿Fue porque le parecía que representaban el continuismo y la no renovación dentro del partido?
Efectivamente. No nos convencían porque ya habían estado en el Ejecutivo y porque además son de la dirección del partido.

Una dirección que expresó que renunciaban a la posibilidad de candidatearse para las nuevas elecciones. E instó a dirigentes como Ortiz a hacer los mismo. 
Que todos los miembros de la CP que eran la generación adulta mayor decidieran no participar, fue un importante paso, pero esperábamos que surgiera una propuesta que no viniera de la dirección del partido o de personas que han estado en el ejercicio del poder público y político.

Valencia y Ortiz llevan ventaja, aunque hayan sido señalados en su momento de negociar con pandillas (en el caso de Valencia) y de sus vínculos con un empresario señalado como líder de un cártel de droga (en el caso de Ortiz). ¿Puede existir una verdadera renovación a partir de estas figuras?
En lo absoluto. Las otras opciones están viciadas y contaminadas. Nada cambiará si seguimos haciendo las mismas cosas. Los dos candidatos fuertes han estado en la dirección del partido, tienen características similares, no habrá nuevos procesos ni la oportunidad de volver a tener credibilidad en la militancia y en el pueblo. Mi candidatura, de hecho, no surgió solo por mi deseo personal, sino de un colectivo que estuvimos en la estructura de la juventud del partido que ahora nos llamamos "jóvenes experimentados", que no llegamos a los 45 años. A partir de las elecciones de marzo de 2018 comprobamos la pertinencia de las observaciones que empezamos a hacer desde mediados de la gestión de Funes. Luego, en las elecciones de febrero de este año dijimos que era importante pasar de la catarsis e hicimos comunicados con puntos específicos que le pedíamos a la dirección del partido, como mejorar la comunicación de las obras del gobierno, pero también hacia adentro del partido.

¿Para qué quiere rescatar al FMLN este colectivo, un partido al que diagnostica como moribundo?
Porque somos una generación que no se nos escuchó en su momento, que no se tomó con la importancia ameritaban nuestras observaciones. Nosotros no estábamos en espacios del Consejo Nacional del partido, sino que éramos militantes en cargos medios, que apoyamos en comisiones. Yo, por ejemplo, he estado en la comisión de Memoria histórica del partido en los últimos años, pero digamos que no a un nivel de decisión.

¿Qué señalamientos hicieron a la mitad de la gestión de Mauricio Funes?
Por ejemplo, que los funcionarios de Anda estaban realizando de una manera antipopular el ejercicio de la administración. Hubo grandes quejas de la ciudadanía. Incluso que recuerdo que decían “mire, nunca en mi vida me había pasado esto, me están llegando recibos del agua, me están cobrando $200”. No estaba dentro de las maneras de hacer un buen gobierno con los sectores populares, de dar un buen servicio y de tratar de ampliar la cobertura, y lejos de eso se encontraron quejas por cobros ilegales; algo estaba pasando. 

¿Se refiere a la presidencia de Anda?
No hubo una adecuada administración y señalamos a Marco Fortín. Nos empezamos a dar cuenta de que muchas decisiones no tenían un respaldo político del Consejo nacional del FMLN, sino que habían sido decisiones del presidente. Tampoco se logró que hubiera cambios inmediatos y eso siguió durante dos o tres años en el gobierno de Sánchez Cerén. 

Ajá, ¿qué otros?
El tema del subsidio, por ejemplo, la forma como se hacía molestaron a la gente y los mecanismos no funcionaban adecuadamente. Los usuarios no habían sentido la necesidad de pedir el subsidio antes, pero en este período resentían que les habían subido la electricidad. Entonces había tal malestar de parte de la ciudadanía que creíamos que era urgente en aquel momento cambiar de funcionarios y hacer auditorias efectivas.

¿Cuál fue la respuesta que les dieron?
Nosotros no estábamos en el Consejo Nacional, pero hacíamos las observaciones a las personas que estaban en el Consejo Nacional. Por ejemplo, en las asambleas municipales, en el caso de Santa Tecla, se lo hacíamos llegar a nuestros coordinadores departamentales, que es la vía o la máxima autoridad del departamento cuando no está reunida la Convención.

¿Qué pasó entonces en el segundo quinquenio del FMLN? Porque a pesar de que era un gobierno más puro porque estaba Sánchez Cerén en la silla, se mantuvieron ministros de Funes.
Teníamos muchas expectativas cuando llegó Sánchez Cerén porque pensamos: un presidente que es puro, que viene de la comandancia general histórica. Y a los dos o tres meses vimos que no, no había cambiado mucho, y que aún no había un mecanismo para proponer personas que considerábamos que tenían el perfil para ocupar puestos.

¿A qué se refiere con mecanismo?
Los partidos políticos tienen una vocación democrática, no es que una persona o dos personas tienen el poder, como es la costumbre en nuestro país.

Pero entonces, ¿quién o quiénes le bloqueaban estas propuestas?
No, lo que dije es que no existieron los mecanismos que esperábamos de una persona que viene del seno del partido. Para algunos la catarsis llegó en hacer una nota y proponer una persona.

¿Y nunca hubo una respuesta de esas notas por parte del presidente o por parte de la CP?
No, nunca fue tomado en cuenta lo que se había presentado.

Ese debate de cuándo, cómo o hasta qué punto ha caído en declive el FMLN se intuía empezó hasta 2018. Hubo “nuevas” propuestas por parte del Gobierno como lo del Plan 10 y este año, en entrevistas, funcionarios públicos han dicho "sí, nos equivocamos". Pero por el planteamiento que usted nos está haciendo podríamos creer que el declive del FMLN no viene desde 2018. ¿Los síntomas de una crisis se percibían desde mucho antes? 
Esto viene desde mediados de la gestión de Mauricio Funes.

¿Fue desde entonces que el partido se cerró a escuchar a sus propios militantes?
Yo he sido una de las principales críticas con las personas que han estado en el Consejo Nacional y en los grupos donde hemos interactuado de manera informal, porque exijo que los espacios sean deliberativos para llegar a los amplios sectores populares. Hubo un plan de gobierno en la presidencia de Funes que si ustedes me preguntan si se estaba cumpliendo, yo diría que lo conocían las jefaturas de los ministerios, las jefaturas directas, pero el personal no estaba capacitado para cumplir ese plan.

¿Y eso se trasladó al gobierno de Sánchez Cerén?
Para mí fallaron las alianzas.

¿Alianzas con?
Las alianzas que se hicieron para llegar al gobierno.

Solo para aterrizar, ¿las personas del Gobierno de Funes y Sánchez Cerén no estaban capacitados para ejecutar los planes de Gobierno?
No, lo que he dicho es que no hubo desde la parte presidencial un liderazgo en hacer cumplir los lineamientos, sin quitar la responsabilidad del espacio también del partido

Lo que nos está diciendo es que una vez en el poder el FMLN perdió el rumbo de sus estatutos, que no había suficiente presión para que las dos cosas se fusionaran.
Exacto, no hubo capacidad para que se llevara a la práctica nuestro ideario programático con la administración pública.

Quiero entender qué pasó en esos diez años. Es decir, me parece que hubo quejas, pero que se siguió siempre la vía institucional. ¿Es así?
Realmente se intentó y de hecho durante el primer congreso del partido (noviembre 2015) intentamos darles salida a algunas quejas. Se intentó y se hizo un esfuerzo. 

La candidata a la Secretaría general del FMLN, Cledys Molina, durante una entrevista a El Faro.
 
La candidata a la Secretaría general del FMLN, Cledys Molina, durante una entrevista a El Faro.
 

Ha dicho que uno de los grandes problemas del FMLN es que dejó de escuchar a sus militantes. ¿Cómo se combate esto en un partido que parece siempre decidir en bloque?
Por eso nos planteamos como una esperanza para volver a ese compromiso. Consideramos que es una cuota demasiado grande el sacrificio de tantos salvadoreños y salvadoreñas en la búsqueda de la construcción de la paz, de la democracia, de la diversidad como para que los sectores minoritarios y los sectores populares no tengan un instrumento, que fue para lo que surgió el Frente, tal como lo dicen nuestros estatutos. Lo que estamos diciendo y proponiendo es llevar a la práctica el ideario. Nuestros estatutos son maravillosos, de los cuales me siento orgullosa. Recuerdo que hace unos 17 años se hacían unas convenciones participativas muy bonitas en las cuales los militantes que éramos delegados aportábamos incluso para cambiar los estatutos. Para eso también es la política, no solo para estar en espacios de poder, llegar rápidamente y crecer, ser alcalde, concejal, ministro, diputado, presidente... También es para construir idearios sociales y hacer una propuesta diferente en relación a la sociedad que te imaginás.

¿De qué manera se logra eso?
Una de nuestras propuestas es la reconstrucción del partido, que pasa por recuperar todos los espacios deliberativos, desde una Asamblea municipal o un comité de base, también las Asambleas sectoriales, el Consejo nacional, la Comisión política. O sea, que realmente existan mecanismos adecuados para tomar decisiones y darse el tiempo de generar pensamiento político. La reconstrucción del partido es importante y lo vamos a hacer, para ello es importante una reforma a los estatutos en la cual vamos a incluir nuevas secretarías de trabajo que estén acorde a la realidad actual.

¿En qué temas diría que el partido está desconectado de la realidad?
Por ejemplo, no hay una Secretaría o Comisión de trabajo que vea el tema de las nuevas tecnologías de la información. En la Asamblea, si usted entrevista a un diputado, cada uno dirá una cosa diferente. Por eso queremos que en los espacios del partido se debata y se construya el pensamiento político y decidir qué le vamos a proponer al país. En el tema económico, imagínese un partido de izquierda revolucionario que no tiene una comisión de economía. El partido político debe tener, debe analizar la situación económica de los sectores a los que representamos. Una de las deudas de los Acuerdos de Paz que no se cumplió fue la creación de un foro socioeconómico donde sectores privados, Estado y ciudadanos se sentaran a revisar qué acciones se iban a tomar para mejorar aspectos económicos en el país para evitar lo que nos pasó: el gran flujo de jóvenes que, año con año, han tenido que irse de este país o han tenido que meterse casi que por la fuerza a la delincuencia, por la falta de oportunidades, por la falta de una política económica inclusiva. Y eso hay que reconocerlo. 

Ya mencionó varios puntos de lo que le gustaría impulsar si usted llega a ocupar la silla de la Secretaría general del Frente, pero qué pasa con otros temas elementales que ha impulsado el partido, como el aborto y el respeto de los derechos de la población LGBTI.
Llevamos otra gran área de trabajo que es la revalorización cultural, también llevamos el tema de recuperación de valores...

¿A qué se refiere con la recuperación de valores?
A que los valores de los estatutos los vamos a hacer realidad en el comportamiento y la práctica. Y haremos un índice para irlo midiendo, y el ejemplo lo tienen que dar la estructuras de dirección, llámese municipales, departamentales... Es decir, pasar de la retórica. Ya estamos cansados y lo que queremos es pasar a acciones concretas. Y también tenemos otra área, el compromiso con el tema de la rectificación, donde queremos recuperar esas alianzas estratégicas con los sectores sociales y los sectores de mujeres, la lucha por la no privatización del agua, porque consideramos también que está muy atomizado el tema de las agendas sectoriales, incluso de los sindicatos, y es una de las demandas que le hacen al Frente, que no tuvo la capacidad de unir, respetando las agendas sectoriales que cada quien tiene, pero también hacer una agenda de país en la cual podamos llegar a acuerdos. Por ejemplo, el tema de las causales en aborto. El Frente tuvo una posición en relación a ese tema.

Sí, pero ni siquiera todos los diputados del FMLN votaron a favor de la reforma que se intentó aprobar a finales de abril de 2018, y una semana después de que entró la nueva legislatura, la diputada Rina Araujo dijo que ese tema no era una prioridad para la fracción. Entonces, ¿cómo pasa de ser el partido que le da iniciativa o uno que dice que no es su prioridad? ¿Cuál será la postura que cree que debería de seguirse en ese tema?
Es un tema súper sensible en las mujeres y las que han sido criminalizadas, como el caso de las 17, cuando uno lee las historias de ellas, la característica común es que son mujeres pobres; las otras sabemos que no van a los hospitales públicos. Y a mí si algo no me gusta es la doble moral. Ahí ya le estoy hablando personalmente y creo que en El Salvador ese es uno de los grandes problemas que tenemos. ¿Cómo una mujer premeditadamente, va a cometer ese acto tan inhumano de ir al baño y matar a su hijo? Ella no lo planificó de esa forma, son circunstancias que se dan en relación a un caso específico de acuerdo a su relación socioeconómica, emocional, su desarrollo psicológico. Es una tema que sí creo que es importante abordarlo.

La idea sería entonces lograr que todos en el partido entiendan que la lógica detrás de esas excepciones es el tema de salud pública.
Sí. Que quede algo claro, no estamos a favor del aborto, nosotros estamos a favor de la vida, pero cuando hay casos y especificaciones que son propias como las de las 4 causales, nosotros creemos que se debe de respetar la decisión de las personas. Si esa persona dice que quiere abortar en el marco de esas cuatro causales, debería de estar en la ley y no como ahorita que realmente es un delito, y muchas mujeres incurren en ese tipo que hoy por hoy son ilícitos y vemos cómo injustamente terminan en la cárcel. Así que personalmente creo que sí debe de aprobarse.

¿Y en materia de derechos para la población LGBTI cuál sería la propuesta del partido con su dirección?
Nosotros aplicamos el tema de enfoque de derechos en toda nuestra plataforma, entonces ahí está incluida la población LGBTI a quien también se le deben respetar sus derechos de identidad, la no estigmatización, que puedan acceder a empleos; basta del acoso. Creo que debemos trabajar mucho con los jóvenes en relación a esos temas y hacer énfasis en el tema de la educación y el enfoque de derechos con los niños y las niñas, para que se vuelvan garantes de los derechos y sepan defender sus derechos, su identidad a medida que se van conociendo en su desarrollo. El tema de la educación sexual en el país es algo prioritario. Eso nos evitaría que tantas niñas adolescentes estén saliendo embarazadas. Porque la doble moral que es tan fuerte en nuestro país, impera a veces en lugar de tener una discusión objetiva y científica sobre el tema de educación. 

Regresemos a su candidatura. Habla de ella en plural. ¿Quiénes son las personas que están detrás?
Cuando digo "nosotros" es precisamente para romper esa cultura centralista y vertical. La mayoría somos militantes y cuando digo militantes es porque no hemos estado en cargos públicos, sino que somos profesionales que nos hemos venido desempeñando laboralmente.

Digamos que la primera juventud del FMLN la está apoyando a usted.
La primera generación fue Hugo Martínez que es un poco antes que yo.

¿Entonces es la segunda generación de la juventud que la está apoyando?
Con ellos tenemos una comunicación fluida. Pero para ser sincera, somos una propuesta que rompe la hegemonía que ya está establecida, por eso es que no hay figuras de esta generación que han sido parte de la forma tradicional de hacer política que ha desgastado al partido. 

Figuras como la de Cristina Cornejo y Yeimy Muñoz eran nombres que se mencionaban como posibles candidatas.
Sí, pero se mencionaban de arriba hacia abajo. Ellas han sido obedientes a las decisiones del grupo de poder del partido. 

¿Hugo en el algún punto ha demostrado apoyo en su candidatura?
Hugo dijo en una entrevista que me conocía y que era una opción que debía respetarse y además tomarse en cuenta. Nadie puede negar que en el FMLN tenemos pautas militares en el tema de la disciplina, en cuanto a acatar las órdenes, pero en un momento como el que estamos viviendo ahora más bien lo que se necesita es el debate, se necesita escuchar a los sectores.

¿Por qué cree que tuvieron que pasar 25 años desde la formación del partido para que una mujer decidiera postularse a este puesto? Ha habido figuras fuertes de mujeres dentro de la Comisión política, pero, vaya, con la elección del 16 de junio terminan 15 años de mandato de Medardo González.
Realmente no fue fácil tomar la decisión, porque uno se enfrenta a fuerzas objetivas y subjetivas que pueden afectar incluso hasta a tu familia. Pero yo dije: bueno, alguien lo tiene que hacer. Yo sinceramente estuve esperando que hubiera una persona con el perfil que habíamos hablado, porque ya era tiempo que una mujer se inscribiera.

¿Y en quiénes pensaron?
Cuatro nombres se mencionaron: Margarita Posada, Daniela Genovés, María José Menéndez y el mío. Si se fija, no somos personas que hemos estado ocupando cargos como funcionarias, sino más bien hemos estado relacionadas con la militancia y áreas sociales del país y del partido. Ahora que lo pienso en retrospectiva, mi decisión también tiene que ver con que tuve que exiliarme por la guerra. Yo nací en Morazán en un lugar que a 25 km de distancia mataron e hicieron esa barbarie de El Mozote. Mi papá estaba en la guerrilla y te ibas o te mataban. Mi mamá, con ayuda de la iglesia católica, logró salvarnos y nos llevó un tiempo a Nicaragua. Influyó la educación de un país donde había habido una revolución, donde para mí era normal escuchar palabras como liberación, empoderamiento, ver mujeres al frente en el servicio militar, en puestos de conducción. También la figura de mujeres que fueron solidarias conmigo y que creyeron en mí, como mis profesoras; entonces, en parte, eso es lo que me ha influido un poco. Y no es cierto que no hay mujeres, somos el 52 % de la población en El Salvador.

¿Y en el Frente?
Hemos venido reduciendo, lamentablemente. Según el padrón somos un 46 %, y los jóvenes igual se redujo, son todavía menos. Entonces, también obedece a eso: sí estamos obligados a participar, y si hablamos tanto de empoderamiento en el Frente y en los estatutos hablamos de la equidad de género como un eje trasversal, entonces ¿por qué en un espacio donde había cinco hombres era posible que no hubiera una mujer participando? Yo no me considero ni más ni menos que ninguno de los dos que están posicionados, pero sí me considero con solvencia en el sentido que, si llego a quedar, mi tiempo en esos cinco años no lo ocuparé en estar resolviendo juicios de cuentas ni tampoco que me van a estar mandando observaciones de mi ejecución porque he sido recientemente funcionaria. Estoy libre de gravamen, limpia y tendré todo el tiempo y las energías necesarias para lo que requiere la reconstrucción del partido.

¿Esa oportunidad pasa nada más gracias al resquebrajamiento del Frente a partir de las últimas dos elecciones?
Si las cosas estuvieran bien yo no estaría participando.

¿Medardo seguiría en la silla?
No, ya no, ya suficiente, serían 20 años. Otra persona, posiblemente; pero no me hubiera inscrito, sinceramente. Son importantes los puestos de poder, pero lo más importante es llevar a cabo las ideas de una sociedad más justa, más solidaria, donde haya valores que contrarresten la violencia y el consumismo exacerbado del capitalismo. De eso es lo que estamos hablando, de llevar ese ideario donde hay una sociedad con convivencia, donde los jóvenes se sientan libres y puedan participar, tener oportunidades, donde la niñez también goce del ejercicio pleno de sus derechos, donde haya ciencia, tecnología, donde las diferencias entre lo rural y lo urbano cada vez sean menos... Eso es hacer política y esta crisis es una oportunidad de reconstruir al partido con sus pilares por los cuales surgió.

El partido ha demostrado mayor afinidad por las candidaturas de Ortiz y Valencia. ¿Usted se siente relegada como candidata?
He sido indiferente para los grupos de poder porque no soy de confianza y no me he plegado al poder. Incluso, siendo coherente con mi manera de pensar, rechacé cuando en 1999 Roberto Centeno me propuso como candidata para ser la suplente de Schafik Hándal. Yo era la encargada de la juventud del partido y sentí que no era correcto que me nombrara alguien que no fuera de mi sector. Iba a ser representativo, pero no democrático.  

¿Ha recibido ataques dentro del partido?
De compañeros que hemos trabajado bien en varios temas, pero ahora que aspiro a la Secretaría general me han dicho que estoy haciendo el ridículo. Yo increpé a este compañero y le dije: “¿Por qué cuando hombres dentro del partido han dicho que debe reconstruirse no les decís que son ridículos? Estás siendo sexista y me estás desvalorando por el hecho de ser mujer. ¿Creés que tenés el derecho para decirme ridícula? ¿Por qué nunca le has dicho eso a los otros?” Yo lo dije en una entrevista y lo he vivido en el partido y ahorita lo estoy viviendo. Y me causa gracia, porque ya me siento como la Prudencia Ayala cuando le decían que estaba loca, que por qué se inscribía. 

El día que se inscribió como candidato, Óscar Ortiz, dijo que el padrón estaba cerrado y que le pertenecía a alguien. ¿Usted comparte esta premisa de que el padrón que va a votar el domingo favorecería a alguien?
Definitivamente ha habido muchas inconsistencias. Yo también he exigido conocer el padrón, la cantidad de votantes, cuántas son mujeres, cuántos son jóvenes, porque esa es información…

¿El padrón es inconsistente en cuanto a número?
Inconsistencias respecto a la información a la que tenemos derecho como candidatos. Esto es como los partidos políticos, que tienen leyes que los regulan: el código electoral, la ley de partidos políticos. Entonces, ahí dice que cuando haya aspectos en las elecciones internas de cada partido que no estén contemplados en los reglamentos electorales del FMLN, debe aplicarse lo que está en la norma supletoriamente, es decir, lo que está en el código electoral. Basándonos en eso, yo también hice una nota y lo solicité, porque a estas alturas ya debería de tener conocimiento de cuánto es el padrón, y no hubo respuesta. También se me dijo que por la confidencialidad de los datos que están ahí, pero yo no les estaba pidiendo número de teléfono, sino números generales.

¿Está establecido en algún lugar que usted como candidata tiene derecho a tener esa información?
Lo que pasa es que, como le repito, no está regulado exactamente eso en nuestro reglamento electoral. Ahí está esa ambigüedad y yo apelando a la supletoriedad de la norma más cercana, que es Código electoral, es que hice ese planteamiento, pero no fallaron de manera positiva. Al margen de todo eso, nosotros confiamos en la militancia y en la gente que el 16 de junio va a ir a votar. Apelamos a la voluntad de la militancia de que realmente cambiemos las cosas. Estamos conscientes de que no tenemos el mecanismo idóneo ni transparencia total. Por esas razones hubo un compañero que se retiró e hizo ver que se retiraba por el hecho también de que no habíamos sido presentados en asambleas departamentales todos los candidatos o de al menos darnos un espacio en la página del partido donde cada uno tuviera su plataforma. Lo único que logramos, que yo hice esa exigencia, fue un programa de radio en Mayavisión en donde cada candidato pudo grabar su plataforma.

¿Hasta dónde está dispuesta usted a pelear por una renovación en el FMLN? Supongamos que gana uno de los otros dos candidatos y se cumple esa sensación de que no hay una verdadera renovación. Roberto Lorenzana dijo hace poco que debería de surgir una nueva izquierda que no debería estar liderada por el FMLN.
Estamos esperando los resultados del 16. Yo me he ido convenciendo de lo que mis compañeros del colectivo dicen, de que esta es la última oportunidad, de que nosotros somos la última oportunidad para hacer una cambio y recuperar la credibilidad del partido. Si después del 16 se siguen haciendo las mismas cosas o con las mismas personas, definitivamente que habremos dado nuestra contribución, dimos una opción y si ya no nos vemos en ese accionar, pues somos profesionales y cada quien tiene su campo de trabajo. Creemos que hay diferentes espacios en el país desde donde se puede construir un El Salvador más justo, equitativo e igualitario.

¿Que son cuáles?
Gremiales, sectoriales...

¿Una especie de Fusades de la izquierda?
En el caso de la izquierda se llaman centros de pensamiento y la idea es que los sectores: mujeres, ecologistas, LGBTI, jóvenes, pueblos indígenas, salud, creemos una plataforma que pueda ser medible para ir desarrollando en el país una agenda que realmente vaya superando los problemas.

Entonces la opción no es un partido nuevo.
No, eso es muy prematuro. Posiblemente no sea un partido, pero también está el campo de los movimientos sociales.

Cledys Molina es la única mujer en competir por la secretaría general del partido de izquierda, y denuncia que los apoyos de la actual Comisión Política favorecen solo a dos de los candidatos en contienda. Foto: Carlos Barrera
 
Cledys Molina es la única mujer en competir por la secretaría general del partido de izquierda, y denuncia que los apoyos de la actual Comisión Política favorecen solo a dos de los candidatos en contienda. Foto: Carlos Barrera

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El Salvador Thu, 13 Jun 2019 01:27:56 +0100 http://www.elfaro.net/es/201906/el_salvador/23402/Cledys-Molina-“Me-han-dicho-que-estoy-haciendo-el-ridículo-por-buscar-la-Secretaría-del-FMLN”.htm
Nayib Bukele mete en su gabinete las sombras de Herbert Saca http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000031850.jpg http://www.elfaro.net/es/201906/el_salvador/23405/Nayib-Bukele-mete-en-su-gabinete-las-sombras-de-Herbert-Saca.htm Ernesto Sanabria y Nelson Guardado, dos hombres vinculados a Herbert Saca Vides, el operador político de los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes, han entrado por la puerta grande a la Casa Presidencial. Bukele también ha reclutado a un exfuncionario de la administración saquista y a otros dos diputados de Gana, del que Saca Vides ha sido uno de sus principales financistas.
Este martes 11 de junio, el presidente Bukele juramentó a un grupo de funcionarios de este gobierno. Destacan en esta foto los nombres de Ernesto Sanabria, Nelson Guardado, Rigoberto Soto y Gustavo Villatoro, políticos activos durante la administración de Antonio Saca.Foto: Presidencia de El Salvador. 
 
Este martes 11 de junio, el presidente Bukele juramentó a un grupo de funcionarios de este gobierno. Destacan en esta foto los nombres de Ernesto Sanabria, Nelson Guardado, Rigoberto Soto y Gustavo Villatoro, políticos activos durante la administración de Antonio Saca.Foto: Presidencia de El Salvador. 

El presidente Nayib Bukele fichó en su gabinete de gobierno a dos operadores de Herbert Ernesto Saca Vides, primo y operador político del expresidente Antonio Saca y señalado por fundadores de Gana como uno de los principales financistas del partido con el cual Bukele alcanzó la Presidencia de la República.

El 11 de junio, Bukele juramentó como Secretario de Prensa (un cargo nuevo en la estructura de la Casa Presidencial) a Ernesto Sanabria, un asesor de comunicaciones que le llevó la agenda a Herbert Saca cuando este ya era un reconocido líder de Gana. El presidente, además, convirtió en viceministro de Obras Públicas al exdiputado de Gana Nelson Guardado, un reconocido hombre de Saca Vides en las filas del partido Naranja y clave clave en las negociaciones que gestaron Unidad, el movimiento político que aglutinó a los partidos Gana, PCN y PDC para lanzar la segunda candidatura presidencial de Tony Saca en 2014.

Junto a estos dos operadores, Bukele devolvió a Gustavo Villatoro, un exfuncionario de la gestión Saca (2004-2009) el cargo que ocupó en aquella gestión como director de Aduanas.

El punto en común de estos tres nuevos funcionarios son los primos Saca, un binomio compuesto por un presidente que acumuló mucho poder político al dirigir al país y al partido Arena como si fuera una sola institución; y Herbert, un operador político que se movió durante esa administración (y luego durante las gestiones del expresidente Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén) como un enlace útil entre el Ejecutivo y el Legislativo.

A dos de los tres nuevos funcionarios, además, los une otra característica: crecieron bajo el abrigo del gobierno Saca y, a partir de 2009, cuando esté ya no estuvo en el poder, pasaron a ser parte del equipo de Herbert para potenciar al partido Gana, que nació de una escisión de diputados areneros (saquistas) a finales de 2009.

De los tres nuevos funcionarios, solo de Gustavo Villatoro se desconoce si mantuvo un vínculo con Herbert Saca tras la salida de Arena del Ejecutivo y la consolidación de Gana como tercera fuerza política en la Asamblea Legislativa. Él dice que no hay relación. Lo que sí fue un hecho, al menos hasta el inicio de la presidencia de Mauricio Funes, es que Villatoro fue ubicado por informes de inteligencia del Estado como un operador de Herbert Saca en el quinquenio 2004-2009.

Villatoro dijo a El Faro vía telefónica que su llegada a la administración Bukele no tiene nada que ver con Gana y allegados. “No, no. Efectivamente estuve en el gobierno del presidente Saca, pero fue por ese lado.  Yo conocí al presidente Bukele en una presentación de mi aplicación Smart 912 -una plataforma móvil enfocada en la prevención del crimen-, como alcalde de Nuevo Cuscatlán”, dijo. Bukele fue alcalde de Nuevo Cuscaltán entre 2012 y 2015.

El Faro intentó obtener una reacción del secretario de Prensa y del viceministro de Obras Públicas, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Junto a estos tres funcionarios, Bukele también ha metido en su gabinete a otros dos diputados de Gana: se trata de Rigoberto Soto, que llega al viceministerio de Ganadería y Osiris Luna, un diputado novato que en 2018 ganó su primera legislatura. Luna llega a la Dirección de Centros Penales, institución que tiene bajo su resguardo al expresidente Saca, condenado a 10 años de prisión por actos de corrupción en el desvío de 300 millones de dólares durante su gestión.

La juramentación de Sanabria, Guardado, Villatoro y Soto ocurrió en el salón de honor de Casa Presidencial el 11 de junio, un acto en el que Bukele realizó  22 nombramientos de viceministros, presidentes de autónomas, banca estatal y otras instituciones. Luna fue juramentado el 2 de junio.

De todos, solo el nombre de Gustavo Villatoro no apareció en las listas oficiales distribuidas por la Casa Presidencial. El Faro consultó a prensa de Casa Presidencial sobre el cargo de Villatoro, dado que sí apareció en los videos y fotos del acto. A las 5:42 de la tarde del martes 11, un empleado de prensa de Casa Presidencial dijo que la presencia de Villatoro en el acto había sido un "error de protocolo". Sin embargo, a las 6:30 p.m., ese mismo empleado confirmó que Villatoro fue nombrado como director de Aduanas.

Ernesto Sanabria firma el acta de juramentación como Secretario de Prensa de la Presidencia.  El acto fue celebrado ayer 11 de junio de 2019. Foto: Presidencia de El Salvador. 
 
Ernesto Sanabria firma el acta de juramentación como Secretario de Prensa de la Presidencia.  El acto fue celebrado ayer 11 de junio de 2019. Foto: Presidencia de El Salvador. 

El amigo de Herbert Saca

De los nuevos funcionarios, Ernesto Sanabria ha dicho que es "amigo" de Herbert Saca. De todos, Sanabria es quien estará más cerca del presidente Bukele por su cargo de secretario de Prensa. Él fue empleado de una de las radios del grupo Samix, la empresa del expresidente que hoy está siendo administrada por el Estado y en juicio de extinción de dominio. Su vida política también inició en el gobierno de Saca en la Radio Nacional, aunque antes había sido una especie de encargado de la logística de los mítines de la campaña presidencial de 2004.  Según un empleado que trabajó con él, ocupó el cargo de subdirector desde junio de 2004 hasta finales de 2007. En aquel momento, la Radio Nacional era una dependencia del Ministerio de Gobernación.

El 1 de marzo de 2007, Sanabria empezó a trabajar como técnico del despacho del ministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, célebre por sus cuestionamientos con respecto a la construcción del bulevar Diego de Holguín, que costó 73 millones más de lo presupuestado.

Desde 2012,  estuvo a sueldo por la Alcaldía de San Luis Talpa, gobernada por Gana, y por la Asamblea Legislativa, como asesor del despacho del diputado Guillermo Gallegos.

En 2013, Sanabria fue el enlace de prensa para llegar hasta Herbert Saca, para aquellas fechas ya reconocido como dirigente y uno de los principales financistas de Gana.  En abril de ese año, El Faro concertó a través de Sanabria una entrevista con Saca para lograr una reacción sobre su vinculación a una camioneta con rastros de cocaína. Sanabria se presentaba como “amigo de Herbert”.

Más tarde, en 2015,  acompañó a Nayib Bukele en su campaña por la alcaldía de San Salvador y luego empezó a trabajar como asesor del despacho. 

Durante toda la campaña presidencial y en los primeros días de la gestión de Bukele, Sanabria sirvió de enlace con los medios de comunicación. Ha acompañado y hablado al oído la mayoría de los funcionarios del nuevo gobierno que han acudido a las entrevistas de la Telecorporación Salvadoreña y Canal Doce. El primero de junio, el chat de periodistas que cubren Casa Presidencial, administrado por la Presidencia, cambió de nombre a “Secretaría de Prensa”. “Estimados periodistas, les informamos sobre algunos ajustes en la dinámica de este grupo, a continuación les presento a Ernesto Sanabria para girar las instrucciones pertinentes. Saludos”, escribió uno de los administradores del grupo.

Bukele no tiene ni 15 días a cargo del Ejecutivo y ya ha pasado a la historia como el milenial que gobierna a través de twitter y que llegó al poder con la promesa de romper con la corrupción de 30 años de gobiernos de Arena y FMLN. Antes de juramentar a sus piezas con olor a la era saquista, destituyó del Ejecutivo -vía twitter- a más de 20 familiares de altos dirigentes de su ex partido, el FMLN.

Como Bukele, Sanabria también es aficionado a Twitter y muchos de sus amigos lo conocen como “Brozo”, por el nombre de una cuenta anónima que durante la campaña difundió contenidos favorables a Bukele y desfavorables para sus contrincantes.

En la gestión Saca, Sanabria compartía similares funciones con Porfirio Chica, para aquel período mano derecha del Ministro de Seguridad, René Figueroa. Chica fue uno de los principales asesores en propaganda digital en la campaña de Bukele y es el dueño de Última Hora, plataforma de contenidos que promueve y difunde noticias favorables del presidente Bukele y el partido Nuevas Ideas.  

Una de las publicaciones más vistas de la plataforma durante la campaña presidencial pasada fue una nota sobre la candidata a la vicepresidencia por Arena, Carmen Aída Lazo. En la nota, Lazo es cuestionada por su trabajo como asesora en el Ministerio de Economía durante el gobierno de Tony Saca. La fuente principal del artículo de Última Hora fue una publicación del sitio ElPuesto, un portal digital cuya última publicación data del 20 de marzo de 2019.

Dice el texto que publicó Última Hora: “A pesar de haber sido emplazada por haber brindado sus servicios a un gobierno corrupto, no solo lo reconoció, sino además declaró sentirse orgullosa: «Me siento muy orgullosa del trabajo que hice en el Ministerio de Economía como asesora de la ministra de Economía», declaró en la entrevista Frente a Frente.”

En marzo de 2019, Thelma Aldana, la ex fiscal guatemalteca que intentó competir por la presidencia de ese país, dijo a El Faro que ella visitaba El Salvador con frecuencia para reunirse con asesores que compartía con Bukele. Chica era uno de ellos.

En una investigación de Revista Factum que revela audios de reuniones entre los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes, Chica aparece retratado por los expresidentes como un operador al que se le pidió recabar información sobre la participación del expresidente Francisco Flores en el desvío de fondos donados por Taiwán. La investigación también revela que Chica era contactado por Herbert Saca para buscar que el caso se posicionara en medios de comunicación nacionales e internacionales. Por este trabajo, según las grabaciones, habría negociado con Herbert Saca un pago de 15 000 dólares.

En noviembre de 2018, El Faro reveló que el ex fiscal Luis Martínez, en el contexto de los cabildeos que hacía para su reelección (2015), este llegó a considerar a Herbert Saca como un enlace para hacerle llegar un mensaje a Bukele. Martínez buscó a Herbert Saca el 24 de diciembre de 2015 y le pidió que enviara este mensaje: “Dígale a Erick, a Ramiro y Nayib que dejen paranoia”. Se refería, además del exalcalde, al dirigente del FMLN José Luis Merino, mejor conocido como “Ramiro”, y su ahijado Erick Vega. 

El 8 de febrero de 2016, un mes después de que la reelección de Martínez fracasó, este volvió a contactar a Herbert Saca para que intercediera por él ante Bukele. A la fecha, Bukele no ha respondido cuál es su relación con Herbert Saca. 

El expresidente Saca durante un acto político, como candidato a la presidencia por el Movimiento Unidad, el 12 de octubre de 2013, en el parque central de la ciudad de Santa Ana. Foto: Archivo/El Faro.
 
El expresidente Saca durante un acto político, como candidato a la presidencia por el Movimiento Unidad, el 12 de octubre de 2013, en el parque central de la ciudad de Santa Ana. Foto: Archivo/El Faro.

El diputado que defendía a Funes

El viceministro de Obras Públicas, Nelson Guardado, es el tercero al mando en el partido de gobierno, Gana. Doctor en cirugía dental, es vicepresidente de organización de ese instituto político. 

Guardado fue diputado suplente de Arena entre 2006 y ganó su diputación propietaria en 2009. A finales de ese año, junto a Guillermo Gallegos fue uno de los 12 diputados tránsfugas que terminaron fundando el partido naranja. Para 2010, Guardado se convirtió en el primer  jefe de la bancada de Gana en la Asamblea.

Guardado es reconocido como una especie de dirigente opositor al poder acumulado por el diputado Guillermo Gallegos, aunque al inicio de las aventuras de Gana facilitaba ayuda a su compañero de fracción para que este realizara viajes irregulares pagados con fondos públicos.

En la medida en que Gana creció y se convirtió en el partido aliado del FMLN, su poder en Gana comenzó a ser asociado a Herbert Saca. Durante el gobierno de Funes, 2009-2014, Guardado era de los diputados que defendía a capa y espada las propuestas de esa presidencia. En 2010, fue señalado por un compañero de fracción como autor intelectual de una reforma que pretendía blindar la partida secreta al gobierno de Funes en momentos en que la Sala de lo Constitucional estaba por declarar inconstitucional el mecanismo con el cual Casa Presidencial, sin autorización de la Asamblea, engordaba una billetera secreta con fondos provenientes de otras instituciones del Estado.

Para febrero de 2013, Guardado era uno de los que más pregonaba esta teoría: que tras el fin del gobierno de Funes, Saca volvería a ganar la presidencia en 2014. Él fue uno de los dos dirigentes de Gana que prepararon los detalles de la alianza que relacionó el nombre de Funes y Saca como solución electoral y que terminó convertida en Unidad (una alianza entre los partidos Gana, PCN y PDC).  "Es una etapa la de los últimos dos presidentes. Saca y Funes son los que más han hecho por combatir la pobreza, por mejorar la calidad de vida de gente menos favorecida, mejorar seguridad social...", decía en esa época.

En agosto de 2018, la Fiscalía reveló que la presidencia de Mauricio financió la campaña electoral de Saca en 2014 con $6 millones de dólares. Para octubre de 2013, en plena campaña electoral, y siendo Funes todavía presidente de la República, este se reunía con los primos Saca para planear ataques a sus adversarios políticos, comprar voluntades y manipular a la Fiscalía, según la investigación de la Revista Factum en la que se revelan audios de las conversaciones entre Funes, Antonio Saca y Herbert Saca.

Herbert Ernesto Saca vides. 
 
Herbert Ernesto Saca vides. 

El amigo del Chele Torrez

Gustavo Villatoro, director General de Aduana durante toda la administración Saca, volverá al mismo cargo que ocupó en aquella gestión. Tras la salida de Saca del poder y la llegada de Mauricio Funes, reportes de inteligencia del Estado ubicaron a esa oficina como un dependencia controlada por Herbert Saca.

Villatoro empezó su carrera como colaborador del Juzgado 1 de instrucción de San Salvador del cual terminó siendo secretario, entre 1995 y 1993. Luego, ocupó el cargo de Fiscal Jefe de la Unidad contra el crimen organizado en la Fiscalía General de la República y ganó notoriedad por participar en la unidad antisecuestros. Fue fiscal entre 1998 a 2004.

Villatoro pertenece a la camada de políticos que creció bajo el liderazgo político de Antonio Saca. Fue amigo de Adolfo Torrez, jefe departamental de Arena en San Salvador y operador político de Saca en Arena. El  2 de junio de 2009, Torrez se suicidó de un disparo el pecho, dos meses después de que El Faro revelara el audio de una conversación en la que le pedía medio millón de dólares a Roberto Silva Pereira, un exdiputado del PCN acusado de narcotráfico y que aún guarda prisión en Estados Unidos. Durante los cinco años de la presidencia Saca, Villatoro y Torrez acudieron juntos a distintas actividades del partido Arena y hasta compartieron algunas fiestas de fin de año.

Villatoro tiene una empresa expertas en logística de importación y tributaria y ha sido asesor en asuntos de seguridad de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). Al preguntarle qué ocurrirá con su empresa, dedicada en parte a trámites y asesorías de Aduanas, Villatoro respondió que el 12 de junio había renunciado a sus acciones y realizado todos los trámites para desvincularse de sociedad comercial. “Este día he hecho todo los trámites, ya no tengo nada que ver”, dijo.

Manuel Rigoberto Soto Lazo, diputado por el partido GANA. Foto: Cortesía Asamblea Legislativa 
 
Manuel Rigoberto Soto Lazo, diputado por el partido GANA. Foto: Cortesía Asamblea Legislativa 

Más diputados de Gana en el Gobierno

Rigoberto Soto, el nuevo viceministro de Agricultura, empezó su carrera política como diputado suplente de Arena, en 2006. Su declaración patrimonial de ese entonces era la de alguien con ingresos mensuales de 2 mil 900 dólares. Tenía una deuda de 65 mil dólares y no tenía propiedades a su nombre. El valor de sus bienes muebles (en esta categoría caben, por ejemplo, automotores, computadoras y joyas) era de 9 mil dólares, según consta en el formulario que entregó a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, revelado en una versión pública y abreviada de su declaración patrimonial.  

En 2009, cuando volvió a la Asamblea como diputado, ya declaró medio millón de dólares de patrimonio. Para 2012, cuando corrió por primera vez por Usulután, volvió a ganar su curul por Arena, pero ese sería el último año que defendería los colores de ese partido.

En noviembre de ese año, Soto fue uno de cuatro diputados de Arena que rompieron con la fracción y dieron sus votos para la aprobación del presupuesto general de 2013, el penúltimo presupuesto del gobierno Funes. Soto fue investigado en su propio partido por deslealtad y por “compra de votos”, según dijeron voceros del Tribunal de Ética de Arena. En enero de 2013, Soto y otros dos de esos diputados fueron expulsados del partido, aunque no se les comprobó irregularidades.

Al final de ese período, la declaración patrimonial de Soto registró un incremento que alcanzó los 1.4 millones de dólares como patrimonio familiar.  Según dijo a El Faro, era producto de una herencia de su padre.

De las caras más jóvenes en Gana, sin pasado político en el gobierno de Saca, está Osiris Luna, nombrado Director General de Centros Penales. Luna empezó su carrera política tutelado por Guillermo Gallegos, diputado por San Salvador. En la últimas elecciones de diputados ganó una de las dos diputaciones en San Salvador y fue, incluso antes de que se consumara la candidatura de Bukele a través de Gana, uno de los primeros en apoyar abiertamente ese escenario.

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El Salvador Wed, 12 Jun 2019 20:58:50 +0100 http://www.elfaro.net/es/201906/el_salvador/23405/Nayib-Bukele-mete-en-su-gabinete-las-sombras-de-Herbert-Saca.htm
Cinco desafíos en la agenda medioambiental del nuevo Gobierno - Por Sandra Gutiérrez Poizat http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201906/360grados/23406/Cinco-desafíos-en-la-agenda-medioambiental-del-nuevo-Gobierno---Por-Sandra-Gutiérrez-Poizat.htm 360 grados Wed, 12 Jun 2019 19:16:24 +0100 http://www.elfaro.net/es/201906/360grados/23406/Cinco-desafíos-en-la-agenda-medioambiental-del-nuevo-Gobierno---Por-Sandra-Gutiérrez-Poizat.htm Bukele a la luz de los principios de Maquiavelo http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000028915.jpg http://www.elfaro.net/es/201906/columnas/23404/Bukele-a-la-luz-de-los-principios-de-Maquiavelo.htm ¿Podrán los miembros del gabinete solventar su incapacidad o buscarán continuar maquillando día con día la falta de líneas estratégicas a punta de márketing y redes sociales? En su libro El Príncipe, Nicolás Maquiavelo planteó una guía indispensable para gobernar. Fue publicado hace casi cinco siglos (específicamente en 1532), y sigue siendo un referente académico en las escuelas de ciencia política y administración pública alrededor del mundo. Y, aunque no lo parezca, las apreciaciones de Maquiavelo en el contexto de una Italia dividida, violenta y corrupta aún encuentran una aplicación en la política actual.

Sin duda quienes se privan de su lectura –sobre todo si son políticos– deberían reconsiderar su concepción de lo que implica la administración del gobierno mediante las palabras de Maquiavelo. Uno de los tantos temas esenciales en el libro, es la elección de ministros, consejeros o secretarios, una situación que se ha venido desarrollando en las últimas dos semanas en El Salvador. La elección de funcionarios como: Romeo Rodríguez (Ministro de Obras Públicas), Alejandro Muyshondt (asesor de seguridad), Rogelio Rivas (Ministro de Justicia y Seguridad Pública), Arriaza Chicas (Director de la PNC), Pablo Anliker (Ministro de Agricultura), Gustavo Villatoro (Director de Aduanas), Carlos Paredes (Banco Central de Reserva), puede analizarse ante dos principios que Bukele debió valorar de acuerdo con Maquiavelo.

El primero es el siguiente: “[...]La primera opinión que se tiene del juicio de un príncipe se funda en los hombres que lo rodean”. La controversia no se hizo esperar entre los ciudadanos después de conocer los nombres antes mencionados. Los perfiles han sido cuestionados en torno a la meritocracia y experiencia. Por ejemplo, al ministro de Obras Públicas se le ha cuestionado por su falta de técnica e inexperiencia en la administración pública, así como por su capacidad para echar a andar proyectos de envergadura que demandaría el MOP, tales como: solventar la situación caótica del tráfico o proponer solucionar la situación en la carretera de Los Chorros. La elección de los primos Anliker, por su parte, ha sido señalada como “compadrazgo”, sumado a su falta de experiencia más la vinculación de Pablo Anliker a las empresas ALBA.

Destaca también el nombramiento del Ministro de Justicia y Seguridad Pública, quien carece de experiencia en seguridad pública junto a uno de sus principales asesores y una cúpula de la Policía Nacional Civil manchada por violación a los derechos humanos, como el caso de Carla Ayala, quien fuese asesinada a manos de elementos del Grupo de Reacción Policial (GRP) de la PNC que estaban bajo la dirección del nuevo director de la corporación. A todo ello debe agregarse la incorporación de exfuncionarios de la administración Saca, como el nuevo director de Aduanas y el presidente del BCR, este último acusado de estafa en el año 2016 cuando era director de PROESA.

El segundo de los principios es: “No podrá considerarse prudente a un príncipe que el primer error que comete lo comete en esta elección […]” Y es que si de prudencia se trata, esta queda minimizada con semejantes elecciones. Los adeptos de Bukele sugieren que debe darse el “beneficio de la duda” a todos los ministros y funcionarios. Sin embargo, olvidan que dar el beneficio de la duda podría implicar, en el peor de los casos, la pérdida de vidas humanas, como en el caso del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la PNC. ¿Acaso el Estado no debería mitigar los riesgos? Lo prudente, desde la lógica de Maquiavelo y la administración pública, debió ser la elección de funcionarios con el mínimo de margen para cometer errores de aprendizaje que repercutieran en la ciudadanía. De lo contrario, el compadrazgo y la presión política de GANA, que pareciera estar quedándose con el aparato de seguridad, pesan más que el bienestar general.

El común denominador de los nombramientos mencionados es la confianza personal de Bukele en sus elegidos, la cual pareció primar sobre la ética y la meritocracia. Para algunos, que el presidente se rodeara de estos hombres queda justificado por la confianza política. Sin embargo, hay dos elementos que funcionan para superar ese viejo paradigma: la ética y la meritocracia. Si se seleccionaran perfiles con ética, por resultado se tendría a funcionarios en quien confiar los asuntos del Estado, y, complementada con la meritocracia, se hubiese podido dar paso a una generación de ministros legitimados no por la fuerza o autoridad del Ejecutivo, sino que por sus características intrínsecas. En este sentido, el presidente se encuentra rodeado de funcionarios que no solo están lejos cumplir mínimos técnicos, sino que se ven en entredicho ante actuaciones de carácter inmoral e ilegal. En otras palabras, el ciclo de la corrupción e incapacidad en los ministerios e instituciones parece que continuará, solo que ahora a cargo de nuevos responsables.

Finalmente, Maquiavelo sugirió cómo debe considerarse a un gobernante ante la elección de sus ministros: “Cuando son de una suficiente capacidad podemos tenerle por prudente […]. Pero cuando son de otro modo, debemos formar sobre él un juicio poco favorable; porque ha comenzado con una falta grave tomándolos así”. Lo que queda esperar es que el proceso de aprendizaje no sea tan prolongado como para arrastrar por años deficiencias y retrasos que terminen por agudizar la gravedad de problemas del país, como la violencia e inseguridad, el tráfico interminable, la recuperación del agro, etc. ¿Podrán los miembros del gabinete solventar su incapacidad o buscarán continuar maquillando día con día la falta de líneas estratégicas a punta de márketing y redes sociales?

Wilson Sandoval es actualmente becario de la Agencia de Cooperación Chilena para el Desarrollo (AGCID). estudiante de la Maestría en Dirección Pública por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Maestro en Ciencia Política por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y abogado por la Universidad de El Salvador. Trabajó junto a diferentes comunidades en El Salvador como director general de la organización TECHO
 
Wilson Sandoval es actualmente becario de la Agencia de Cooperación Chilena para el Desarrollo (AGCID). estudiante de la Maestría en Dirección Pública por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Maestro en Ciencia Política por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y abogado por la Universidad de El Salvador. Trabajó junto a diferentes comunidades en El Salvador como director general de la organización TECHO

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Columnas Wed, 12 Jun 2019 19:13:54 +0100 http://www.elfaro.net/es/201906/columnas/23404/Bukele-a-la-luz-de-los-principios-de-Maquiavelo.htm
Bukele advierte a la CSJ para que no interfiera con los despidos de Casa Presidencial http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000031843.jpg http://www.elfaro.net/es/201906/el_salvador/23384/Bukele-advierte-a-la-CSJ-para-que-no-interfiera-con-los-despidos-de-Casa-Presidencial.htm 43 empleados despedidos por Casa Presidencial se han amparado ante la Sala de lo Constitucional y el presidente Nayib Bukele advierte a los magistrados a no detener los centenares de despidos que ha ordenado en su primera semana de gobierno, porque están respaldados por el pueblo. En lugar de argumentar que la Presidencia ha garantizado el debido proceso, el mandatario justifica sus actuaciones diciendo que, en su mayoría, fueron puestos asignados sin méritos a militantes del FMLN.
Un empleado de la Secretaría de Inclusión Social carga sus pertenencias después de ser informado de los despidos.
 
Un empleado de la Secretaría de Inclusión Social carga sus pertenencias después de ser informado de los despidos.

Luego de las denuncias por violaciones a los derechos laborales y a la Ley del servicio civil tras los despidos de alrededor de 400 empleados de Casa Presidencial, el presidente Nayib Bukele ha lanzado una advertencia a los magistrados de las salas de lo Constitucional y de lo Contencioso Administrativo para que no interfieran con las decisiones del Ejecutivo que, según dijo, están respaldadas por el pueblo.

El lunes 10, en la segunda reunión pública del Consejo de Ministros, Bukele insistió en que la Casa Presidencial despidió a unos 400 empleados porque, según dijo, eran militantes del FMLN. Como ya lo ha hecho con los diputados de la Asamblea Legislativa, a quienes ha advertido que si no le acompañan en sus propuestas la población les pasará factura, Bukele ahora apunta contra la Corte Suprema en lugar de defender, con argumentos, que detrás de los despidos en el Ejecutivo se ha respetado el debido proceso que garantiza la Constitución. 

En la primera semana de la presidencia Bukele, si algo han tenido los despidos ha sido una falta de claridad. El domingo 2 de junio, cuando el presidente anunció la disolución de cinco secretarías, dijo que esto obedecía a una reestructuración en el Estado. En su primera comparecencia, el mandatario no explicó qué ocurriría con los empleados que laboraban para esas entidades. Luego, en los días siguientes, Bukele levantó esta bandera: que estos empleados nunca hicieron ningún trabajo y que en realidad eran parte de una "fábrica de empleos" de la militancia del FMLN. 

Los empleados despedidos han denunciado actos arbitrarios y violaciones laborales. El lunes 10, ante preguntas de la prensa, Bukele dijo estar al tanto de las demandas interpuestas contra su Gobierno, pero en lugar de demostrar que los despidos se habían efectuado como ordena la ley, salió al paso y dijo que estaba dispuesto a reinstalar en su puesto a todos los que lograran ampararse judicialmente. "Si queremos que todo continúe igual, ¡hombre!, que les den resoluciones favorables [en la Sala] y ya vamos a ver cómo los recibimos y donde los reubicamos", dijo.

El presidente dijo estar dispuesto a acatar cualquier orden de reinstalo pero al mismo tiempo enfiló contra los magistrados. Dijo que estos debían ponerse "del lado del pueblo". "Si la Sala de lo Constitucional nos ordena restituir a alguien, lo vamos a hacer, nadie está diciendo que no vamos a respetar su resolución, pero creo que la Sala de lo Constitucional debería de ponerse del lado del pueblo, y la Sala de lo Contencioso Administrativo igual", añadió. 

La Sala de lo Constitucional ya cuenta con jurisprudencia sobre la obligación de las instituciones del Estado de respetar los derechos laborales de sus empleados. El jueves 6 de junio, por ejemplo, la Sala resolvió que la alcaldía de San Salvador de la gestión de Bukele (2015-2018) violentó los derechos laborales de Xochilt Marchelli, síndica de la municipalidad y representante ante el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM). El nombramiento de Marchelli era hasta 2018, pero la administración de Bukele decidió terminar el nombramiento cerca de un año antes. Ahora la Sala sostiene que la alcaldía no respetó el derecho de audiencia, defensa y estabilidad laboral de Marchelli. 

Luego de sacar sus cosas personales de las oficinas, algunos empleados de la Secretaría de Inclusión Social se reunieron frente al edificio para recibir algunas direcciones de los líderes sindicales.
 
Luego de sacar sus cosas personales de las oficinas, algunos empleados de la Secretaría de Inclusión Social se reunieron frente al edificio para recibir algunas direcciones de los líderes sindicales.

Las contradicciones de Bukele

El presidente anunció el domingo 2 de junio, luego de la primera sesión del primer Consejo de Ministros, una reestructuración del Gobierno y la disolución de cinco secretarías adscritas a la Casa Presidencial: la Técnica, que dirigía Roberto Lorenzana; Inclusión Social (SIS), que dirigía Vanda Pignato; Anticorrupción y Transparencia (STA), que dirigía Marcos Rogríguez; Vulnerabilidad, que dirigía Jorge Meléndez; y la Secretaría de Gobernabilidad.

Desde el equipo del nuevo gobierno, uno de los principales anuncios divulgados la semana previa a la toma de posesión giraba en torno a la reducción de ministerios o secretarías. En el camino, sin embargo, nunca se mencionaron explicaciones que justifiquen los despidos y, horas después de realizados, el mismo Bukele tuvo que salir a dar contraórdenes en lo que más pareciera un ejercicio de prueba y error, sino es que desconocimiento de las labores que realizaban las oficinas adscritas a las secretarías diezmadas. En un tuit del 4 de junio por la tarde, Bukele no solo "revivió" unidades que ya estaban disueltas sino que las trasladó a que dependieran de otros ministerios.

Estos cambios parecieron una respuesta a las fuertes críticas de organismos de derechos humanos que cuestionaron la disolución de unidades clave de la Presidencia para la población LGBTI y para el cumplimiento de las reparaciones para las víctimas de El Mozote ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el primer caso, entre los despedidos anunciados por la Presidencia se encontraban los empleados de la Dirección de Diversidad Sexual de la SIS. Esa unidad, creada en 2010, ha promovido la creación de políticas públicas que prevengan la discriminación contra población vulnerable en la administración estatal, o ha intervenido en casos concretos de violaciones de derechos humanos. También estaban aquellos empleados la Secretaría Técnica y de la SIS que coordinaban procesos relacionados al cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH y al seguimiento de medidas de reparación para las víctimas de la masacre de El Mozote, como el registro único de víctimas, o la casa del Adulto Mayor en el caserío El Mozote.

El 4 de junio, dos días después de anunciar la disminución de la SIS, Bukele aclaró que la Dirección de Diversidad pasaría a formar parte del Ministerio de Cultura; y también informó que todos los empleados de Ciudad Mujer, el programa de la extinta SIS, pasarían a formar parte del nuevo Ministerio de Desarrollo Local.

En el mismo tuit, Bukele habló de una "Dirección de reparación a víctimas" y dijo que pasaría al ministerio de Seguridad, al parecer, sin percatarse que una unidad denominada de esa manera no existe en las oficinas del Estado. Lo que sí existe es una "Dirección de atención a víctimas" que, en todo caso, ya es una dependencia de Seguridad creada en 2011 y que tiene como objetivo la atención integral a víctimas de la delincuencia. Dos horas después, a las 4 de la tarde, Bukele escribió otro tuit con el que pretendía deshacer aquella orden de que desaparecían los coordinadores de los programas de reparación para víctimas de El Mozote. En su tuit, el presidente hacía referencia al reclamo que la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote y los familiares de las comunidades afectadas por la masacre hacían al respecto de la disolución de las unidades que los atendían desde El Estado. "Puede decirle a las víctimas del Mozote que [...] la reorganización del Estado jamás los afectará negativamente, sino todo lo contrario. Y que los recibiré el lunes a las 3 pm", escribió Bukele. 

La reunión, sin embargo, fue reprogramada para el 18 de junio, y los empleados de las secretarías no tienen claridad sobre sus futuro laboral. Bukele solo ha dicho que los empleados de Ciudad Mujer serán reinstalados con sus mismas prestaciones al ministerio de Desarrollo Local y al Ministerio de Cultura (los que estaban en la Dirección de Diversidad Sexual).

Empleados despedidos de Casa Presidencial sacan sus pertenencias de la Secretaría de Inclusión Social. 
 
Empleados despedidos de Casa Presidencial sacan sus pertenencias de la Secretaría de Inclusión Social. 

Despidos sin proceso

A partir del lunes 3 de junio, alrededor de 220 empleados fueron notificados de que ya no eran requeridos en sus puestos de trabajo sin ninguna justificación. Cinco empleados despedidos de las secretarías de Inclusión Social (SIS), de Gobernabilidad y de Transparencia y Anticorrupción (STA) hablaron con El Faro y demostraron que al menos sus contratos con la Presidencia eran por la Ley de Salarios aprobada cada año por la Asamblea Legislativa. Estos empleados se perfilan como voceros de decenas de compañeros y señalan que en el caso de la SIS se han afectado a 120 empleados; en Gobernabilidad, 47; y en la STA, 60.

Entre lunes 3 y el miércoles 5, Recursos Humanos los convocó a reuniones en Casa Presidencial para anunciarles sus despidos. La jefa del departamento, Norma Vásquez, entregó cartas con el título “notificación de cesación de plazas” y, según dijo, lo hacía por “órdenes superiores”. Recursos Humanos depende de la Secretaría Privada, que ahora está en manos de una de las personas más cercanas del presidente Bukele, Ernesto Castro Aldana.

Las cartas entregadas a los empledaos hacían referencia a que las SIS, la STA y la Secretaría de Gobernabilidad habían sido derogadas por unas reformas al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, contenidas en el Decreto 1 del Consejo de Ministros de Bukele, que tuvo lugar el domingo 2 de junio. “Por tanto, conforme a lo establecido en el mismo artículo 21 del mencionado Decreto de Reformas al Reglamento autónomo mencionado, su persona cesa en las funciones que desempeñaba en la plaza indicada, estando sujeto al beneficio establecido en el mismo artículo”, reza la carta.

Los exempleados plantean que los despidos están violentando los procedimientos legales establecidos para despedir a un empleado público, como la Ley de Servicio Civil, y en todo caso, están amparados en una reforma del Órgano Ejecutivo que aun no ha entrado en vigor. 

Hubo quienes pidieron ver, en la reunión del 3 de junio, el texto del decreto, pero se les dijo que aun lo estaban afinando. Hasta la mañana del martes 11 de junio, el Diario Oficial no había recibido copia del Decreto 1 según confirmaron dos fuentes de la institución. Una ley o sus reformas no existen sino hasta después de que se publique en El Diario Oficial, por lo que la disolución de las secretarías de Presidencia no estarán en regla sino hasta que sean avaladas por el Diario Oficial. 

El Diario Oficial tiene siete jefaturas y una de ellas confirmó que Casa Presidencial aun no les había enviado copia del Decreto 1. Otra persona, con acceso al sistema informático, revisó si ya había ingresado copia del decreto pero confirmó que no. “Solo han entrado decretos con renuncias de funcionarios”, dijo la fuente.

La Secretaría Jurídica de la Presidencia solo había llamado telefónicamente, el lunes 3, para pedir que se apartara un espacio en el Diario Oficial correspondiente al 1 y 2 de junio. Esto es necesario porque el Diario Oficial no va al día. Por ejemplo, este 5 de junio, El Diario Oficial imprimió el ejemplar correspondiente al 26 de marzo de 2019. La publicación del ejemplar del diario, correspondiente a junio, comenzará en unos dos meses, confirmaron las fuentes a El Faro.

Las fuentes explican que para evitar atrasos en el Diario Oficial que perjudiquen el funcionamiento del Estado, esta dependencia recibe una copia del texto a publicar y emite una certificación que se convierte en el respaldo legal que las instituciones públicas necesitan para implementar lo establecido en los decretos, sin esperar que se publique la versión en papel. Para el martes 11, el Diario Oficial no había emitido ninguna certificación para el primer decreto de la presidencia Bukele.

A la fecha, el presidente ha dicho que han sido despedidos alrededor de 400 empleados. El nuevo secretario jurídico, Conan Castro, incluso ha dicho que la cantidad de plazas nuevas y las suprimidas depende de la Ley de Salarios que apruebe la Asamblea Legislativa. “Es la Asamblea Legislativa de donde dependen las plazas suprimidas”, dijo Castro, en un intento de desligar a la Presidencia de los despidos. “Esto es una reorganización del Estado”, dijo.

En las cinco secretarías en que han ocurrido despidos hay 274 plazas, según dice la Ley de Salarios para el 2019. La STA tenía aprobadas 53 plazas, la secretaría de Gobernabilidad, 33; y la SIS, 132; 53 la Técnica y 3 la de Vulnerabilidad. A la fecha se desconoce de dónde salen el resto de empleados despedidos que le permite al Gobierno decir que han dejado sin cargos a 400 empleados.

El nuevo gobierno ha dicho que el programa Ciudad Mujer pasará a ser gestionado por el nuevo ministerio de Desarrollo Local. Sin embargo, cuando se comunicaron los despidos, los empleados no recibieron una aclaración sobre si serán reinstalados en otros ministerios, o sus funciones serán asumidas por empleados de otras dependencias. 

“Ustedes ya no existen”

El proceso de los despidos que narran empleados de las secretarías es muy similar. Después de convocar a los empleados para notificarles del cese de funciones, Norma Vásquez, la jefa de Recursos Humanos de la Presidencia, abrió un espacio de preguntas y respuestas para las que la funcionaria, según dicen testigos, no estaba preparada.

Una empleada de la secretaría de Transparencia, que estaba contratada bajo ley de salarios, dijo a El Faro que Vásquez no supo responder preguntas sobre la indemnización a la que hacía alusión la carta de despido o sobre el pago del salario del mes de junio. “Hasta ahora, esa indemnización que nos mencionaron, en la práctica, solo es una promesa verbal”.

Entre el lunes 3 y miércoles 5, Vásquez también dio a entender que se presentaría en la Asamblea Legislativa un anteproyecto para suprimir las plazas en la ley de presupuesto. Sin embargo, diputados de Gana y de Arena consultados por este periódico dijeron que no había ninguna iniciativa en ese sentido. 

Las plazas de empleados que están bajo ley de salarios ya están incluidas en la ley de presupuesto general de la nación de 2019. Es decir, que aunque el presidente disuelva las secretarías, los fondos ya están asignados. Por eso se necesita una reforma a la ley de presupuesto para eliminar las plazas. Como eso no ha ocurrido, es una de las violaciones que señalan los afectados.

En la SIS, las labores habían sido irregulares desde el 24 de mayo, cuando la Fiscalía General allanó las instalaciones, en una investigación por destrucción de documentos oficiales. Los empleados no pudieron ingresar desde esa fecha porque el edificio seguía en custodia policial. “Durante el fin de semana pasado las jefaturas dijeron ‘esperen instrucciones’ por el cambio de gobierno. El lunes (3 de junio) estuvimos todo el día acá. Al final de la tarde nos avisaron que el martes (4 de junio) nos presentáramos a las 7:30”, dijo Braulio Larios, empleado de soporte técnico de la SIS.

A los empleados de la Secretaría de Gobernabilidad los notificaron el lunes a las 4:30 de la tarde, y a los de la STA a las 10:30 a.m. del martes. En ninguna de las reuniones se les compartió el texto de la reforma del Reglamento del Órgano Ejecutivo que da pie a la supresión de plazas. Una de las empleadas de la secretaría de Gobernabilidad que habló con El Faro y que trabajó en dicha oficina desde 2013 recuerda una de las frases que más la afectó: “Se nos dijo que nuestra comparecencia en las oficinas ya no iban ser necesarias. ‘¿Para qué van a venir’, nos decían, “si ustedes ya no existen”, narra.

En la Secretaría de Gobernabilidad, a los exempleados se les dijo, el lunes 3 por la tarde, que debían devolver el equipo informático y sus credenciales. Al día siguiente, no pudieron entrar siquiera a las oficinas en Casa Presidencial y tuvieron que esperar toda la mañana hasta que los empleados de la unidad de activo fijo comparecieran para recibirles los equipos. Solo entregaron las computadoras porque las credenciales tenían vigencia hasta julio de 2019, un detalle que, según creen, puede ayudarles para exigir estabilidad laboral.

Al mediodía del 4 de junio, el secretario jurídico de la Presidencia dijo a periodistas frente a las oficinas de la SIS, en la colonia Escalón, que no iba a haber despidos, sino que se trataba de una reorganización. “Cuando vino Norma [Vásquez] en la tarde, vino con otra versión: que según el acuerdo de ministros, las plazas quedaban suspendidas”, explicó Orlando Silva, del Sitrasis, sindicato de la SIS.

Los despedidos también denuncian que se les ha violentado el derecho a audiencia y defensa. Un proceso de despido de una plaza por Ley de Salario requiere, según la Ley del servicio civil, que el expediente del trabajador pase a estudio de una comisión del Servicio Civil que existe en cada una de las instituciones del Estado. “Pero nunca se nos dijo nada, y cuando se nos dio información después del 1 de junio fue información a medias. Hay que decir que no conocemos a ninguna figura de las nuevas autoridades”, dijo un empleado entrevistado.

“Cuando se hace la supresión de plazas, la ley de servicio civil establece un proceso. Hay que agotar aspectos como la evaluación técnica de los puestos de trabajo y una evaluación de capacidades para ver la reubicación del personal”, dijo Maritza Melara, especialista en derechos humanos de personas con discapacidad de la SIS. Otro empleado de STA que prefirió mantener su nombre anónimo explicó que no se hizo ningún examen técnico que justificara la eliminación de las plazas. “Lo único que nos enteramos que han solicitado de nosotros es el listado de nombres de las personas que laboramos en las distintas secretarías. No pidieron ni los perfiles ni los currículums como para decir que han hecho un estudio y una valoración de la reforma”, dijo.

Diversas sentencias de la Sala de lo Constitucional citan jurisprudencia en materia de respeto al derecho a la estabilidad laboral de los empleados públicos. Estos están progetidos bajo la Ley de Salarios, y a los que no están incluidos en la carrera administrativa los protege la Ley Reguladora de la Garantía de Audiencia de los Empleados Públicos no Comprendidos en la Carrera Administrativa. “Dichos servidores públicos […] sólo podrían ser despedidos o destituidos de sus puestos de trabajo mediante la tramitación del proceso o procedimiento establecido en la ley correspondiente”, dice la sentencia 494-2006, del 21 de agosto de 2008.

“A un empleado público se le puede despedir ya sea porque su plaza será suprimida o por una falta, pero en todo caso hay un procedimiento legal que seguir. Si las plazas se suprimen debe demostrarse que la plaza ya no era necesaria, no es solo de decirlo”, dice el abogado experto en materia laboral Jaime Solís.

Solís señala que la Ley de Servicio Civil, que regula los contratos de las peronas comprendidas dentro de la carrera administrativa, en su artículo 61 establece que habrá nulidad del despido o la destitución cuando la administración pública no sigue el procedimiento de ley.

Otras sentencias que protegen los derechos laborales de los empleados públicos son los procesos de amparo 404-2008, 207-2005, 1113-2008 y 10-2009 que recogen un servidor público puede retener su cargo siempre y cuando a) subsista su puesto de trabajo, b) no haya perdido su capacidad física o mental para desempeñar el cargo, c) desarrolle sus labores con eficiencia, d) no haya cometido falta grave establecida en la ley como causa de despido, e) subsista la institución en la que presta sus servicios, f) el puesto no sea de aquellos cuyo desempeño requiere de confianza personal o política.

Los empleados despedidos también señalan como un error que no hubiera un traspaso de mando ordenado. “El nuevo Gobierno no tiene ni idea de quiénes somos. No conocen de nuestras competencias, ni de nuestro desempeño. No saben nada”, agregó una empleada de la Secretaría de Gobernabilidad.

La nueva administración y la última del FMLN nunca establecieron un proceso de transición como se acostumbró en las gestiones precedentes, debido a la negativa del presidente electo, que desestimó participar en las reuniones convocadas por el gobierno saliente. Por ello la Presidencia de Salvador Sánchez Cerén tomó la decisión de entregar, mediante un acto público, toda la documentación de trabajo a la Corte de Cuentas de la República cuando lo habitual es que se entregue al gobierno sucesor. 

Respecto del trabajo realizado, los informes y documentos elaborados, empleados de Gobernabilidad dijeron que por directrices del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) cada empleado elaboró un respaldo personal de toda la documentación y que luego lo entregaron a la Corte de Cuentas, porque nadie del nuevo Gobierno se acercó. El 28 de mayo, el Gobierno saliente hizo un acto simbólico en el que entregó cajas con información sobre la gestión 2014-2019 a la Corte de Cuentas.

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El Salvador Tue, 11 Jun 2019 12:32:46 +0100 http://www.elfaro.net/es/201906/el_salvador/23384/Bukele-advierte-a-la-CSJ-para-que-no-interfiera-con-los-despidos-de-Casa-Presidencial.htm
Después de la autoamnistía de Ortega - Por Carlos Fernando Chamorro http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201906/360grados/23401/Después-de-la-autoamnistía-de-Ortega---Por-Carlos-Fernando-Chamorro.htm 360 grados Tue, 11 Jun 2019 08:25:59 +0100 http://www.elfaro.net/es/201906/360grados/23401/Después-de-la-autoamnistía-de-Ortega---Por-Carlos-Fernando-Chamorro.htm Después de la autoamnistía de Ortega http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000027528.jpg http://www.elfaro.net/es/201906/columnas/23400/Después-de-la-autoamnistía-de-Ortega.htm La autoamnistía es solamente el primer aviso de que Ortega ya se está preparando a fondo para “gobernar desde abajo”, después de la previsible derrota electoral del orteguismo. A diez días para que venciera el plazo de 90 días acordado por la dictadura con la Alianza Cívica, la OEA y el Vaticano, para garantizar la liberación definitiva de todos los presos políticos, el presidente Daniel Ortega ha dictado de forma unilateral una Ley de Amnistía.

Ortega descartó todas las alternativas jurídicas a su disposición para liberar a los presos, como el sobreseimiento definitivo o absolutorio de los juicios políticos, o sentencias absolutorias de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia para los que ya han sido condenados, y decidió sembrar una trampa política: una amnistía que otorga el beneficio de la excarcelación de forma condicionada, mientras pretende mantener el Estado de sitio de facto sin restituir las libertades democráticas. Y, de forma expresa, establece que no se investigarán los crímenes que cometieron los policías, paramilitares, y partidarios del régimen y sus autores intelectuales.

Con esta autoamnistía, Ortega admite la responsabilidad de la dictadura en la matanza, pero no puede borrar su propia responsabilidad como Jefe Supremo de la Policía y la de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, porque de acuerdo al derecho internacional estos son imprescriptibles. Se trata, por lo tanto, de una estrategia de protección política temporal para sus partidarios mientras se mantenga en el poder un régimen que atraviesa por una crisis terminal.

Paradójicamente, esta ley diseñada para negar, ocultar y encubrir está iluminando la ruta de salida del túnel de la dictadura, al colocar en primer plano de la agenda nacional la demanda de verdad y justicia que han enarbolado las Madres de Abril. Después de esta amnistía, el reclamo de justicia sin impunidad es inseparable de la demanda de elecciones libres. Erradicar la impunidad en los crímenes de la represión y la corrupción, es una condición sine qua non para la sostenibilidad de la democracia y, por primera vez en la historia nacional, el rechazo a una amnistía ahora puede llegar a formar parte de un consenso nacional fundacional.

La liberación incondicional de todos los rehenes políticos y la restitución de las libertades democráticas —libertad de prensa, expresión, movilización, autonomía universitaria— forman parte de un mismo proceso. Comienza con la liberación de los presos y la reactivación de la protesta cívica, para negociar “en caliente” una reforma electoral —con o sin Ortega y Murillo—, que conduzca a la convocatoria de elecciones anticipadas. Y una vez asegurada esta reforma y la de la ley de partidos políticos, será imperativo conformar una Coalición Nacional Democrática, integrada por la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco, y todas las fuerzas nacionales que están comprometidas con una agenda de democracia y justicia sin impunidad.

Para sellar la derrota política del orteguismo, es imprescindible forjar una coalición política electoral inclusiva, que represente a todo el pueblo autoconvocado, sin divisiones ni sectarismos: Estudiantes universitarios, campesinos, trabajadores, profesionales y sectores medios, mujeres, víctimas de la represión, movimientos 19 de Abril, partidos políticos democráticos y organizaciones de la sociedad civil, junto a los productores y empresarios. Una coalición nacional que refleje la diversidad y la unidad nacional, sin el hegemonismo de las élites económicas o políticas, liderada por candidatos y candidatas escogidos de forma democrática para lograr una victoria electoral contundente en la Presidencia de la República, en la Asamblea Nacional, y en las alcaldías.

La viabilidad del cambio político en la Nicaragua posOrtega, dependerá de la amplitud de la mayoría política que respalde al nuevo Gobierno democrático, y si esta le otorga mayoría calificada en el Parlamento y un mandato inequívoco para hacer cambios constitucionales y desmontar las estructuras dictatoriales de Ortega. Se necesita una alianza nacional para impulsar un programa de desarrollo económico y combate a la pobreza, basado en la promoción de la inversión privada y pública, pero sin misas negras ni amarres corporativistas, y con transparencia, rendición de cuentas e institucionalidad democrática.

La agenda mínima de la gobernabilidad democrática en la Nicaragua pos-Ortega, demandará tareas monumentales para la reconstrucción del Estado nacional: una nueva Policía Nacional, un nuevo Ministerio Público, una Fiscalía Especial, una nueva Contraloría, una reforma total al sistema de justicia, y también en el Ejército de Nicaragua. Y mientras se establecen las bases de esta nueva institucionalidad, se requerirá la asistencia extraordinaria de la ONU, la OEA y la Unión Europea, para crear una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Nicaragua (CICIN).

Los nicaragüenses debemos aprender de la experiencia durante más de una década y las lecciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); y de la más reciente Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), para diseñar una entidad supranacional que ayude a las nacientes instituciones nacionales a desmantelar las estructuras de la dictadura y erradicar los grupos clandestinos e ilegales que están incrustados en el Estado. Sin esa ayuda internacional extraordinaria, ningún líder democrático, aunque tenga las mejores intenciones, podrá desmantelar a las bandas paramilitares, ni combatir la impunidad y la corrupción, ni someter ante la justicia a los autores de los crímenes de lesa humanidad, incluso después de derogar la ley de amnistía.

La autoamnistía es solamente el primer aviso de que Ortega ya se está preparando a fondo para “gobernar desde abajo”, después de la previsible derrota electoral del orteguismo. Urge, por lo tanto, empezar desde ahora a sentar las bases de la gobernabilidad democrática en la Nicaragua pos-Ortega, y consensuar la agenda mínima de democratización con justicia, que incluya la creación de la CICIN para erradicar la impunidad.

Carlos Fernando Chamorro es director del periódico Confidencial de Nicaragua. 
 
Carlos Fernando Chamorro es director del periódico Confidencial de Nicaragua. 

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Columnas Tue, 11 Jun 2019 06:16:01 +0100 http://www.elfaro.net/es/201906/columnas/23400/Después-de-la-autoamnistía-de-Ortega.htm
Reconciliación sin justicia: la herida que aún sangra en El Salvador - Por Gisela De León http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201906/360grados/23383/Reconciliación-sin-justicia-la-herida-que-aún-sangra-en-El-Salvador---Por-Gisela-De-León.htm 360 grados Mon, 10 Jun 2019 15:38:37 +0100 http://www.elfaro.net/es/201906/360grados/23383/Reconciliación-sin-justicia-la-herida-que-aún-sangra-en-El-Salvador---Por-Gisela-De-León.htm "Ahí que les quede" http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_868_273_1427_644/images%7Ccms-image-000031842.jpg http://www.elfaro.net/es/201906/el_farolero/23399/Ahí-que-les-quede.htm La mirada de Otto a la renuncia de Mauricio Interiano como presidente del Coena. El Farolero Mon, 10 Jun 2019 14:41:23 +0100 http://www.elfaro.net/es/201906/el_farolero/23399/Ahí-que-les-quede.htm Cinco desafíos en la agenda medioambiental del nuevo Gobierno http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000031841.jpg http://www.elfaro.net/es/201906/columnas/23398/Cinco-desafíos-en-la-agenda-medioambiental-del-nuevo-Gobierno.htm Además de una ciudadanía informada y una agenda política clara que incluya el medioambiente como tema prioritario, necesitamos aprender a resolver conflictos y negociar la gestión de nuestros recursos naturales. Durante la pasada campaña presidencial la agenda medioambiental fue una de las grandes ausencias en todas las propuestas y planes de gobierno presentadas por cada una de las fórmulas. En este marco, a lo único que se comprometió el recién juramentado mandatario fue a no privatizar el agua. Ciertamente, a pocos días de tomar las riendas del ejecutivo, no es posible observar cambios significativos, más allá del nombramiento del nuevo ministro. Sin embargo, es deseable que, poco a poco, el tema medioambiental vaya cobrando relevancia en los planteamientos del nuevo gobierno. Para ello propongo plantearnos al menos cinco premisas de trabajo. 

1. Cambio del paradigma del desarrollo
Sin restar importancia al tema económico, es necesario comprender que el desarrollo sostenible no se logra con más aeropuertos, con más zonas económicas especiales o con más expansión urbana, propuestas que aisladamente son expresiones de ideales de modernidad y progreso en decadencia; se logra con la integración de esos “megaproyectos” con más ecosistemas regenerados, con más biodiversidad, tanto terrestre como acuática, con más oxígeno, con más agua de calidad y en cantidad adecuada, entre otros. Para ello se necesita un cambio en el paradigma de desarrollo que es necesario construir como sociedad.

2. La inclusión de la agenda ambiental como tema relevante de país
¿Cómo se comienza a cambiar el paradigma de desarrollo? Poniendo de manifiesto la urgentísima necesidad de priorizar el medioambiente en la agenda de país, a través de la construcción de una agenda medioambiental colectiva y que, es deseable, sea liderada por el nuevo presidente. Se trata de un trabajo en dos vías: por una parte, las instituciones y organismos que manejan datos ambientales deberían transmitirlos a la población, de tal forma que se comprendan y tengan sentido para sus vidas cotidianas; y en complemento, esa misma población, conocedora de las problemáticas locales, debería ser capaz de empoderarse y colocar la agenda ambiental de sus territorios en la agenda política, local y nacional.

Existe a la fecha suficiente información sobre el estado del medioambiente, tanto en nuestro país como en nuestra región y su relación con temas globales. Sin embargo, esta información sigue estando en manos de unos pocos (ministerios, organismos internacionales, agencias de cooperación, especialistas) y es importante que la ciudadanía tenga un mayor acceso a esta información.

¿Por dónde comenzar? Me parece que los medios de comunicación juegan un papel fundamental, ya que son capaces de transmitir en un lenguaje comprensible el significado de los indicadores ambientales. Ni los discursos tecnócratas, ni los discursos políticos emotivos son suficientes. El contenido con sentido es importante.

3. Reforzar la cultura medioambiental ciudadana y el acceso al conocimiento
En el mediano y largo plazo habría que trabajar en reforzar los contenidos medioambientales en los programas de estudio; trabajar con especial énfasis con la niñez y la juventud, quienes están naturalmente más dispuestos a incorporar prácticas protectoras del medioambiente. Incorporarlos pasa por dejar de considerarlos superficiales, ya que ahora tienen incluso más información y están mejor preparados para colaborar, movilizar causas planetarias o construir escenarios de solidaridad; y al mismo tiempo activar proyectos piloto. Por ejemplo, el Proyecto de Recuperación de Ríos Urbanos, que como gran meta se plantea ir saneando poco a poco el Río Acelhuate (en el Área Metropolitana de San Salvador), pero que podría activarse en paralelo en al menos tres grandes ciudades más. Esto debe ir acompañado de una amplia participación ciudadana para aprender haciendo y volver a cada ciudadano un protector del medioambiente desde el lugar donde vive, generando la apropiación, el cuido y la implementación de proyectos de mediano y largo plazo.

4. Incorporar la escala local como prioridad en el manejo, cuido y protección de los recursos
Si bien es cierto que como sociedad deberíamos contar con una clara visión de país en términos medioambientales, con una vinculación evidente a temas regionales y globales, es al final del día la escala local la que más sentido hace a cada ciudadano. Activar positivamente la escala local pasa por cuidar los recursos naturales desde el lugar donde vivo, que es sin duda el que mejor debería conocer y el que más me importa que esté bien.

Para ello deberíamos poner atención al menos a: la protección de mi territorio incorporando saberes y culturas locales, por ejemplo el conocimiento que poseen nuestros pueblos originarios y campesinos sobre las diversas especies de flora y fauna y sus aplicaciones en la alimentación y la medicina; proteger el medioambiente de mi comunidad para mejorar la salud y calidad de vida mía y de mis vecinos; cuidar colectivamente los recursos locales para asegurar el acceso a agua potable y alimentos; conocer y participar de la gestión de riesgos para contrarrestar la vulnerabilidad ambiental en mi territorio; promover la planificación y ordenamiento territorial participativos, que incluso llegue a plantear presupuestos participativos; apoyar la agenda productiva partiendo de emprendimientos locales sostenibles.

En esta tarea, y apoyándose en la apuesta del Gobierno por dar soluciones integradas a los problemas, sería valioso el trabajo conjunto del gabinete de ministros, con especial participación del nuevo Ministerio de Desarrollo Local.

5. La resolución de problemas y negociaciones en temas críticos
En una sociedad tan fragmentada y polarizada como la nuestra, todo lo anteriormente mencionado no se logra sin saber resolver adecuadamente los conflictos que indiscutiblemente se presentarán. Existen temas críticos en la agenda ambiental nacional (agua, degradación ambiental de ecosistemas, pérdida de la biodiversidad), que ya los están causando. Los impactos de estos temas locales, aunados a los impactos en el corto, mediano y largo plazo debido al cambio climático, solamente se incrementarán. El medioambiente es también un importante tema de seguridad nacional.

Es necesario pues que, además de una ciudadanía informada y una agenda política clara que incluya el medioambiente como tema prioritario de país, seamos capaces de adquirir las herramientas necesarias para resolver conflictos y negociar la gestión de nuestros recursos naturales, tanto local como globalmente, en función del bien común. Se necesita crear una nueva cultura ambiental que refuerce una cultura de paz.

Si perdemos el miedo a trabajar en estas cinco premisas, con constancia y dedicación, con cariño y sentido común, con perseverancia y conocimiento aplicado, podremos transformar nuestras actuaciones territoriales en función de un verdadero desarrollo sostenible, sustentado por un cambio en el paradigma de desarrollo “a lo salvadoreño”.

Sandra Gutiérrez Poizat es arquitecta por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, posee una Maestría en Diseño Urbano, con especialidad en Espacios públicos, por la Universidad Tecnológica de Delft, en Holanda. Ha sido becaria Fulbright-Humphrey, desempeñándose como Research Fellow en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Su trabajo combina la práctica urbana con la docencia e investigación, especializándose en temáticas relacionadas con agua y ciudad, ciudades sostenibles y espacios públicos.
 
Sandra Gutiérrez Poizat es arquitecta por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, posee una Maestría en Diseño Urbano, con especialidad en Espacios públicos, por la Universidad Tecnológica de Delft, en Holanda. Ha sido becaria Fulbright-Humphrey, desempeñándose como Research Fellow en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Su trabajo combina la práctica urbana con la docencia e investigación, especializándose en temáticas relacionadas con agua y ciudad, ciudades sostenibles y espacios públicos.

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Columnas Mon, 10 Jun 2019 12:05:36 +0100 http://www.elfaro.net/es/201906/columnas/23398/Cinco-desafíos-en-la-agenda-medioambiental-del-nuevo-Gobierno.htm
Jueza ordena al Comando Sur buscar información sobre tres masacres del Ejército salvadoreño http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000031837.jpg http://www.elfaro.net/es/201906/internacionales/23390/Jueza-ordena-al-Comando-Sur-buscar-información-sobre-tres-masacres-del-Ejército-salvadoreño.htm Una jueza federal ordenó al Comando Sur de Estados Unidos realizar una búsqueda exhaustiva de archivos relacionados a operativos militares en El Salvador que entre 1980 y 1982 provocaron las masacres de El Mozote, El Calabozo y la Guinda de Mayo. La orden es parte de una demanda contra la Secretaría de Defensa que se negó a entregar información respecto a las masacres del inicio de la guerra civil salvadoreña. Una jueza de Seattle (Washington) ha ordenado al Departamento de Defensa de Estados Unidos que haga una búsqueda extensiva de documentos producidos entre 1980 y 1982 en relación a los operativos militares que desembocaron en las masacres de El Mozote, El Calabozo y la Guinda de Mayo, cometidas al inicio de la guerra civil de El Salvador.

La orden se produce en el marco de una demanda por la ley de libertad de información (FOIA), interpuesta por el Centro para Derechos Humanos de la Universidad de Washington ((UWCHR, por sus siglás en inglés). La jueza Marsha Pechman, del distrito Oeste, aceptó la moción para exigir documentos al Comando Sur de los Estados Unidos, el comando encargado de Centroamérica, Suramérica y el Caribe en la jerarquía militar estadounidense.

El fallo, emitido este 7 de junio, es parte de una demanda contra la Secretaría de Defensa que lleva dos años de tramitación, e implica 17 solicitudes de información: nueve dirigidas al Comando Sur, y ocho más para la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por sus siglas en inglés). Las solicitudes son respecto de la Operación Rescate (Morazán, 1981), dentro de la que se produjo la masacre de El Mozote, donde casi mil civiles fueron asesinados; el operativo Mario Azenón Palma (San Vicente, 1982), donde ocurrió la masacre del Calabozo, con aproximadamente 200 víctimas; y el operativo que culminó en la conocida como Guinda de Mayo (Chalatenango, 1982), con aproximadamente 300 víctimas y unos 50 niños desaparecidos.

"No es creíble que la información no exista o haya sido destruida, sobre todo si en ese momento (1980- 1982) El Salvador era la prioridad uno del Comando Sur", explicó a El Faro Angelina Snodgrass, directora del Centro para Derechos Humanos de la universidad de Washington, una de las peticionarias de la demanda. Snodgrass trabaja en la desclasificación de archivos de la guerra salvadoreña en Estados Unidos desde 2011. 

La revelación de este información, esta vez por orden judicial, supondría una segunda descarga de información de la guerra civil salvadoreña proveniente de los archivos secretos del gobierno estadounidense. En 1993, después de la publicación del Informe de la Comisión de la Verdad, el presidente Bill Clinton ordenó la desclasificación de miles de documentos sobre el conflicto en El Salvador. La documentación estaba enfocada en los 32 casos paradigmáticos, estudiados por la Comisión de la Verdad. Ese proceso resultó en la revelación y en la apertura de 12 mil documentos desclasificados de la CIA, del Departamento de Estado y del Pentágono. 

Para Snodgrass, el alcance de la orde judicial es "histórico porque muy poca documentación ha salido del Comando Sur respecto a violaciones a derechos humanos en América Latina", dijo. "Antes no se les ha obligado a dar documentos en contra de su voluntad ni a producir documentos con un contenido tan específico como lo exige la jueza en su decisión", agregó.

El teniente coronel Sigifredo Ochoa Pérez junto a su amigo, el comandante del Batallón Atlacatl, Domingo Monterrosa. Santa Clara, San Vicente. Circa de 1982-1983. Foto cortesía de Giovanni Palazzo.
 
El teniente coronel Sigifredo Ochoa Pérez junto a su amigo, el comandante del Batallón Atlacatl, Domingo Monterrosa. Santa Clara, San Vicente. Circa de 1982-1983. Foto cortesía de Giovanni Palazzo.

Las solicitudes de información buscan desclasificar documentos del periodo más cruento de la guerra. La Comisión de la Verdad señaló que en el periodo entre 1980 y 1983 ocurrieron el mayor número de muertes y los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos. Eso coincidió con un aumento exponencial de la ayuda económica y militar de Estados Unidos a El Salvador. Una investigación del periodista Raymond Bonner (que reportó la masacre de El Mozote para The New York Times en enero de 1982) revela que en dos años (de 1980 a 1982), Estados Unidos duplicó el monto de la asistencia económica que había dado en las tres décadas previas. La información, recogida en el libro Weakness and Deceit, plantea que  entre 1946 y 1979, la ayuda a El Salvador sumó $199 millones. Al inicio de la guerra, el monto alcanzó los $354.5 millones.

Snodgrass dijo a El Faro que la batalla judicial por los documentos del Comando Sur es una de las más importantes, junto con la que libra con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en un proceso judicial diferente. Desde 2015, la Universidad de Washington pide a la CIA que haga públicos los documentos sobre operativos militares dirigidos por el coronel y exdiputado Sigfredo Ochoa Pérez que, según los investigadores y las víctimas, terminaron en graves violaciones a los derechos humanos contra civiles en los departamentos de Cabañas, San Vicente y Chalatenango durante los primeros años de la guerra.

La revelación de información sobre la guerra civil en poder de Estados Unidos puede ser clave no solo para esclarecer el derecho a la verdad de las víctimas, sino como pruebas en procesos judiciales. Los casos de la masacre de El Mozote y El Calabozo están abiertos y en trámite en juzgados de El Salvador. La falta de archivos militares es una de las taras de los procesos.

En El Salvador, el Ministerio de Defensa ha alegado cosas similares a la de su contraparte estadounidense: que los archivos no se encuentran en su dependencia o no existen. Eso ha asegurado, por ejemplo, cuando se le pidió una lista de los miembros del Batallón Atlacatl en 1981, en un requerimiento sobre la principal unidad que perpetró la masacre del Mozote. Pese a la negativa, el juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera ya cuenta con una lista depurada de 480 soldados que pertenecieron al batallón Atlacatl entre 1980 y 1983. La lista provino del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) y su existencia sirvió para comprobar la invalidez de los alegatos de las máximas autoridades militares.

Una búsqueda exhaustiva

En su decisión, la jueza dictaminó que el Comando Sur debe hacer una búsqueda electrónica en sus archivos en los que incluya términos como: "Belloso" y "Atlacatl", dos de los nombres de batallones de infantería de reacción inmediata que operaron durante la guerra; "ministro García", por el general José Guillermo García, ministro de Defensa entre 1979 y 1983, actualmente procesado por la masacre de El Mozote; "Morazán" y "Monterrosa", el departamento donde ocurrió la masacre de El Mozote y el apellido del coronel Domingo Monterrosa, señalado como responsable del operativo. Otros términos incluidos en la búsqueda son "Sumpul" y "Chalatenango", escenario de los desplazamientos masivos conocidos como la guinda de mayo. Adicionalmente, la jueza pidió que se buscaran los apellidos: Molina, Barrios, Cabrera, Melara, Portillo, Grijalba, Pérez, Salazar, Rodríguez y Jiménez, en documentos conectados con esta petición de información.

La decisión de la jueza Pechman también obliga al Comando Sur estadounidense a una serie de acciones encaminadas a encontrar la información para darle una respuesta a los peticionarios. Las autoridades militares deberán contactar a exempleados que hayan estado familiarizados con los archivos para obtener la ubicación física de los documentos. A partir de esas entrevistas, deberán proponer un plan de búsqueda sujeto a la revisión de los demandantes y a la aprobación de la Corte.

El Comando Sur también deberá proveer una lista de instalaciones de archivo inactivas que contengan documentos creados entre 1980 y 1982. De igual forma, entregar copias de los formularios en que se detalle el retiro de documentos a una bodega de almacenamiento inactivo.

Todas las acciones de búsqueda deberán ejecutarse en 30 días a partir del 7 de junio y concluir en una selección de los documentos que respondan a la solicitud de información planteada por la universidad de Washington. Desde entonces, el Comando Sur tendrá 14 días para hacer una revisión manual y entregar los récords que respondan a los términos de búsqueda. 

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Internacionales Mon, 10 Jun 2019 02:02:55 +0100 http://www.elfaro.net/es/201906/internacionales/23390/Jueza-ordena-al-Comando-Sur-buscar-información-sobre-tres-masacres-del-Ejército-salvadoreño.htm