El Faro http://elfaro.net Periodismo independiente y audaz de El Salvador y Centroamerica con noticias, reportajes, investigac es Copyright 2020, El Faro Fri, 18 Sep 2020 01:17:09 +0100 El Faro Gobierno quiere una constitución que cambie el funcionamiento de la Sala de lo Constitucional http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1333/images%7Ccms-image-000032920.JPG http://www.elfaro.net/es/202009/el_salvador/24825/Gobierno-quiere-una-constitución-que-cambie-el-funcionamiento-de-la-Sala-de-lo-Constitucional.htm El Faro tuvo acceso a un documento elaborado por la Vicepresidencia en el que se dibujan cuáles son las áreas que, a juicio del Gobierno, deberían discutirse para modificarse en la Constitución, entre estas “una posible separación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia". Las reformas, según el documento, se presentarían a la Asamblea Legislativa hasta septiembre del 2021. El documento que contiene el plan original del Gobierno de Nayib Bukele para iniciar las discusiones de reformas constitucionales sugiere la separación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, reformar las elecciones de segundo grado y revisar el funcionamiento del sistema electoral, desde los ciclos electorales y los plazos de los mandatos hasta los sistemas de representación. Diseñado por la Vicepresidencia de la República, el plan también “sugiere” la revisión del referendo, plebiscito  y revocatoria de mandato, figuras que no están contempladas en la Constitución salvadoreña. 

El Faro tuvo acceso al plan de “Jornada de reflexión constitucional” en el que se detalla  el plan de trabajo y el cronograma del proceso de discusión al que se pretende invitar  a ex diputados de la Asamblea constituyente de 1983, negociadores de los Acuerdos de paz, representantes de universidades, organismos no gubernamentales y ex magistrados de la Sala de lo Constitucional, entre otros. 

Confirmado por el propio vicepresidente Félix Ulloa, el documento se traza una meta: culminar el proceso de reformas en septiembre de 2021.El plan metodológico consta de seis etapas e incluye la conformación de “un grupo gestor”, una jornada de reflexión y la sistematización y divulgación de los resultados “a los sectores de la vida nacional a más tardar en el mes de diciembre de 2020”.  

De acuerdo con la propuesta, “los sectores discutirán dichos trabajos en un período no mayor de seis meses. En el mes de Junio de 2021, se convocará al “Magno Congreso ciudadano para discutir las propuestas de los sectores”. El penúltimo paso, según el documento, es que las reformas se le presenten a Bukele en septiembre de 2021 para que sea él quien dé el visto bueno y lo presente ante la Asamblea Legislativa. 

Esto significa, al menos en el papel, que de encontrar consensos las reformas serían aprobadas, en primera fase, en la legislatura 2021-2024, que según las encuestas contará con el partido de Bukele, Nuevas Ideas, como primera fuerza política. Su ratificación quedaría en manos de la Asamblea  2024-2027, con Bukele fuera del poder Ejecutivo. 

“Hay que revisar el sistema”

En las discusiones diseñadas por la Vicepresidencia, uno de los principales debates busca hablar del tipo de democracia que debería practicarse en El Salvador. En la actualidad, la Constitución no contempla el referendo ni el plebiscito para la toma de decisiones importantes, vía consultas populares, en el Estado. 

Según el documento, hay que “revisar el sistema electoral (autoridades electorales, ciclos electorales, plazos de los mandatos, plazos para las campañas electorales, sistemas de representación, cuerpo electoral), las instituciones de la democracia directa: referendo, plebiscito, iniciativas ciudadanas y revocatoria de mandato”.

Para ello proponen una “jornada de reflexión constitucional” en la que también se discutiría “una posible separación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para darle la autonomía que los tribunales constitucionales tienen en relación a las instancias máximas de las Cortes de Casación”. 

 

El documento plantea que también  “se debería aprobar una Ley de Procedimientos Constitucionales en la que se resuelvan tanto los tradicionales recursos de Amparo, Habeas Corpus e Inconstitucionalidad de las leyes, como los conflictos inter órganos, que incluya tanto a los tres órganos fundamentales del gobierno como a otras entidades de rango constitucional”.

A estos puntos se suman los indicados en un comunicado de la Secretaría de Prensa de la Presidencia.  “Al promover una discusión y un debate sobre la Carta Magna también se abren escenarios favorables, como la revisión de cómo se eligen los funcionarios de segundo grado”, se lee en el comunicado del 10 de septiembre. Los cargos de segundo grado son los ocupados por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas, titulares del Ministerio Público y Consejo Nacional de la Judicatura. Desde una reforma constitucional, se buscaría que la Asamblea Legislativa no tenga la incidencia actual sobre la elección de estos funcionarios. El documento de la Vicepresidencia aún no brinda luces sobre cuál sería la sugerencia para realizar estos nombramientos, ni cómo se garantizaría que lleguen perfiles ad hoc a dichas instancias.

La agenda incluye discusiones en mesas de trabajo que abordarían las reformas al sistema y a las “instituciones de la democracia directa: referendo, plebiscito, iniciativas  ciudadanas y revocatoria de mandato”.  En otra mesa “se sugiere revisar la vigencia, reformas o transformación de algunas instituciones y regímenes especiales como la Corte de Cuentas, el Ministerio Público, el régimen administrativo, gobiernos locales y gobernadores”. De acuerdo con el documento, dicha discusión debería ser en la perspectiva de “modernización y actualización con los avances de las ciencias administrativas”. En la cuarta mesa se discutiría sobre los procesos y procedimientos constitucionales. Ahí es donde se incluiría el debate sobre la posible separación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

“Una ley de procedimientos constitucionales no requiere una reforma constitucional”, cuestiona la abogada Ruth Eleonora López. “Están buscando una manera diferente de resolver, entre otras cosas, los conflictos del Ejecutivo con la Asamblea, por ejemplo. Y la intervención que tengan otros órganos como lo tiene ahora la Sala de lo Constitucional con la controversia. En otras palabras, están tratando de limitar las facultades de la Sala de lo Constitucional. Las señales del gobierno durante este periodo han sido claras como para intuir lo que buscan”, opina López. 

En sus primeros 15 meses en el Gobierno, Bukele ha protagonizado e impulsado un conflicto entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El punto más álgido ocurrió el nueve de febrero de 2020, cuando irrumpió en la Asamblea Legislativa con militares armados para presionar por la votación de un préstamo para financiar su estrategia de seguridad pública. Dos meses más tarde, en abril, anunció que no acataría órdenes de la Sala de lo Constitucional. La razón: la Sala  declaraba improcedentes varias de las medidas dictadas por el Ejecutivo por la emergencia por el coronavirus. “La Sala, en sumisión a las órdenes de sus financistas, intenta cruzar sus propias limitantes”, escribió en su twitter en el mes de abril.

En la controversia más reciente, Bukele ha cuestionado un fallo de la Sala que prohíbe al Gobierno la restricción de ingreso al país a los viajeros que no presenten pruebas PCR negativas de Covid 19 en el aeropuerto Óscar Arnulfo Romero. En respuesta, Bukele tuiteó el 17 de septiembre que las aerolíneas debían exigir dicha prueba a sus usuarios, de lo contrario "nos veremos obligados a cerrar de nuevo el aeropuerto". A la Sala, Bukele mandó este mensaje: "Dejen de saltarse los procesos y trabajen sin atropellar nuestro Estado de derecho". 

Félix Ulloa y Nayib Bukele celebran en el acto en el que fueron acreditados como vicepresidente y presidente electos de El Salvador. 15 de febrero de 2015. Foto: Víctor Peña.
 
Félix Ulloa y Nayib Bukele celebran en el acto en el que fueron acreditados como vicepresidente y presidente electos de El Salvador. 15 de febrero de 2015. Foto: Víctor Peña.

Los gestores invitados por Ulloa

Félix Ulloa asegura que este documento metodológico es “una propuesta conceptual que se compartió con los abogados a los que se ha invitado”. En la propuesta se adjunta una lista tentativa de invitados. “Unos aceptaron, otros no”, sostiene. Luego agrega que “Fabio Castillo aceptó” y por ejemplo, “declinó Rodolfo Gonzáles”, quien había sido invitado por Castillo. 

González, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional (2009-2018), dijo a este periódico que rechazó la invitación debido a que no consideraba que la sociedad en general estuviera abrazando la idea de una reforma integral. Él hace hincapié en que no está en contra de que la constitución se reforme, siempre y cuando, esto parta de una amplia discusión ciudadana.  “La necesidad de las reformas constitucionales no puede ser simplemente porque se le ocurre al Ejecutivo de turno”, sostiene el exmagistrado. ¿Hay un consenso social o el tema se saca para dar la impresión de parte del Ejecutivo que quiere refundar la república incluso haciendo cambios fundamentales en su legislación?”, cuestiona.

En la noche del 16 de septiembre, Fabio Castillo explicó en una entrevista televisada  quienes serían, hasta la fecha, las personas encargadas de estudiar la constitución. "El coordinador del equipo es el vicepresidente Felix Ulloa, Tony Durán, yo, y dentro del equipo de Félix estaría este muchacho joven que se llama Adolfo Muñoz". El juez Juan Antonio Durán fue magistrado suplente de la CSJ entre junio de 2011 y junio de 2015. Por su parte, Adolfo Muñoz, trabaja como asesor jurídico de la vicepresidencia.

Si bien el documento inicial no brinda luces sobre quiénes podrían ser los integrantes del grupo gestor “el cual debería estar integrado por cinco miembros”, las declaraciones de Fabio Castillo ya brindan una idea. A la “jornada de reflexión” se invitaría  a  miembros de diversos sectores, entre estos diputados que formaron parte de la asamblea constituyente de 1983, fundadores del PCN, un fundador y exdirigente de Arena y negociadores de los Acuerdos de paz. Entre los nombres figuran Hugo Barrera, David Escobar Galindo, Dagoberto Gutiérrez y diputados como Nidia Díaz y el ex vicepresidente Francisco Merino.

El Faro consultó a Merino si aceptaría una invitación a repensar la constitución. “Cuando la reciba, con gusto le comentaré”, escribió el diputado pecenista a través de un mensaje de texto. Luego agregó: “no omito comentarle que con Félix somos compañeros de estudio en el Instituto Católico de Oriente y somos parte de la promoción 1968”. 

Merino fue vicepresidente del país durante el gobierno de Alfredo Cristiani (1989-1994) y diputado de la Asamblea Constituyente entre 1982 y 1983). Ha sido, además, presidente de la Corte de Cuentas y desde mediados de los noventa una figura clave del PCN. En agosto del 2000, cuando ya tenía una curul en la Asamblea Legislativa, disparó a una patrulla e hirió de bala a una agente policial. Merino, entonces, fue detenido y entregado a su partido porque tenía fuero. Tras una solicitud de antejuicio de la Fiscalía, el PCN dio sus votos a Arena para que la dolarización del país se efectuara a cambio de salvarle el fuero. Merino ahora es uno de los diputados que más apoya expresa a Bukele desde las filas del PCN. 

La jornada de reflexión está planificada para que dure un día. El plan es que durante la mañana se escuche una ponencia de seis personas que participaron en la asamblea constituyente de 1983.

Junto a Merino, figuran en la lista dos fundadores del PCN: Rafael Morán Castaneda y Hugo Roberto Carrillo Corleto; dos  ex diputados del PDC: Antonio Guevara Lacayo y José Humberto Posada Sánchez y el exdirigente de Arena Hugo Barrera.

Barrera es empresario, fue diputado y dirigente de Arena y ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el gobierno de Antonio Saca. En 2019 renunció al partido. Asegura que de recibir una invitación, aceptaría porque es su deber “como ciudadano y constituyente”. Pero hace hincapié en que no está dispuesto a discutir una “nueva” constitución: “La constitución permite ser reformada. ¡Hablar de una ‘nueva’ constitución es inconstitucional! Estaría totalmente fuera de lugar y por supuesto yo no participaría en reuniones orientadas en ese sentido”, dijo a El Faro. 

En la lista de invitados que busca la Vicepresidencia para esa primera jornada también están algunos de los negociadores de los Acuerdos de Paz. Entre estos la diputada efemelenista Nidia Díaz, a pesar de que el presidente de la República se encuentra en una afrenta pública y directa con el FMLN. Se intentó contactarla para esta publicación, pero no respondió llamadas ni mensajes de texto.  A la lista se suman Dagoberto Gutierrez, Oscar Santamaría y David Escobar Galindo. 

El 9 de febrero de 2020, luego de haberse tomado el Salón Azul acompañado de militares armados, Bukele se despidió de sus simpatizantes ubicados afuera del recinto legislativo. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
El 9 de febrero de 2020, luego de haberse tomado el Salón Azul acompañado de militares armados, Bukele se despidió de sus simpatizantes ubicados afuera del recinto legislativo. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

Consultas bajo sospecha

A la discusión que pretende generar el Gobierno también se invitarían a los diferentes poderes del Estado y organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo con el plan metodológico trazado por la Vicepresidencia. Sin embargo, hasta la fecha ni el despacho de la Fiscalía de la República ni la Asamblea Legislativa han recibido invitación alguna. 

El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, no es tímido en reconocer que está en contra de que se realice este tipo de debate alrededor de la Constitución. “No hay ambiente propicio para una reforma constitucional. El ambiente está cargado de mucha ideología política y la Constitución no debe reformarse pensando en un proyecto político que acabe con el espíritu democrático”, dice.

Ponce no confía en las intenciones de estas reformas. “¿Cuál puede ser la intención de impulsar reformas? La Constitución no da trabajo, no da medicinas, tampoco da casas y autos. Las mejoras se buscan a través de perfeccionar las leyes y elegir mejores representantes”, sostiene.

La sospecha que despierta en Ponce esta revisión a la Constitución es que Nayib Bukele busque una reelección a través de este mecanismo . “Al contrario, debemos fortalecer la alternancia en el poder, pilar fundamental de un Estado Democrático, Repúblicano y de Derecho”, sostiene. “Lo que él quiere es perpetuarse en el poder”, dijo a TCS el 9 de septiembre la diputada Arenera Margarita Escobar. 

La Constitución ya estipula en el artículo 248 que “no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de Gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”. 

El estado de alerta  cuando se habla de estas reformas también es compartido por cinco de las siete organizaciones de sociedad civil que la Vicepresidencia pretende invitar a la jornada de reflexión sobre la Constitución.  De acuerdo con El Mundo, el Centro de Estudios Jurídicos, la Fundación Democracia, Transparencia  Justicia, Acción Ciudadana, FUNDE, FUSADES y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional se pronunciaron exigiendo que se respete la Constitución en lugar de reformarla. 

René Hernández Valiente, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, declaró que a su juicio, la designación de Ulloa hecha por Bukele “contiene una absoluta inconstitucionalidad” ya que el único órgano que cuenta con iniciativa de ley para reformar la Constitución es la Asamblea Legislativa.

En un comunicado del 10 de septiembre, la Vicepresidencia aseguró que “no hay ninguna propuesta de reformar y cambiar el sistema político (republicano) del país, el sistema de Gobierno y mucho menos eliminar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”. Un día después, en conferencia de prensa, el vicepresidente Ulloa dijo que tendría que someterse a estudio toda la Constitución. 

“No podemos seguir con una Constitución que fue creada hace 70 años, que tuvo ajustes en el 83 y otros en el 92 y luego otros remiendos”, alegó.  “Esas reformas de parche distorsionan todo el sistema y la Constitución debe estar articulada”, aseguró. Cuando un periodista le preguntó cuáles serían las normas a someter a estudio, el vicepresidente aseguró que “todas, desde el preámbulo hasta el final”. 

Ulloa resucita una vieja idea 

La designación del vicepresidente Félix Ulloa como coordinador de un proceso de reformas constitucionales fue anunciada por el presidente Bukele el 24 de agosto, y formalizada en el Diario Oficial el 1 de septiembre.  Sin embargo, la gesta reformista no es algo nuevo en la mente de Félix Ulloa. Ya en 1992, el Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES) presentó una jornada con el tema “Una nueva constitución para un nuevo país”. Hasta 2018 Ulloa fungió como presidente de dicho instituto. 

En 2012, en declaraciones a la revista Debate, Ulloa dijo que “El Salvador necesita una nueva constitución”, en un contexto en el que la Asamblea Legislativa liderada por el FMLN intentaba boicotear a la Sala de lo Constitucional, luego de que esta eliminara en 2011 la partida secreta, y que en 2012 declarara inconstitucional la elección como fiscal general de Ástor Escalante, entre otros fallos que sacudieron al sistema político. Apoyados por la Presidencia de Mauricio Funes, en 2011 la Asamblea incluso intentó quitar facultades a la Sala al aprobar el decreto 743, que ordenaba que todas los fallos del tribunal debían ser dados por unanimidad. 

Ulloa entonces ya hacía un llamado a Funes para convocar una Asamblea Constituyente: “Él podría dejar como legado una nueva Constitución para un nuevo país”, decía entonces el abogado. En esos años, el ahora subdirector del IDHUCA, Manuel Escalante coincidía en que “la historia salvadoreña demuestra que es necesaria una profunda reforma constitucional que le establezca mejores o nuevos controles al poder público que ejercen los distintos órganos constitucionales”. 

Ocho años después, Escalante considera que las reformas siguen siendo importantes, pero en el contexto actual también es importante señalar quién la está planteando y cómo se está poniendo el tema sobre la mesa. 

“No veo ningún inconveniente en cuánto quién está impulsando la reflexión, siempre y cuando esa propuesta se tramite de acuerdo a la constitución”, asegura Escalante. El problema, dice, es que este proceso ha iniciado “desde el oscurantismo,con poca transparencia”. Él opina que “toda propuesta constitucional debe haber una discusión social previa. Son discusiones políticas sociales y no partidarias”.

Ulloa dice que habría preferido que el estudio sobre las reformas a la Constitución se realizara desde las sombras: “Yo no quería que se hiciera público porque es un trabajo que no requiere cámaras, no hay que comunicarlo porque hay que hacerlo sistemáticamente, de manera sostenida en  debate cerrados porque son temas técnicos”, dijo ante los medios de comunicación que le consultaron por el tema en la mañana del  11 de septiembre.  Horas más tarde, el vicepresidente dijo a El Faro que su frase fue descontextualizada. “Después de que pasaran las elecciones íbamos a debatir abiertamente para que no se contamine con la campaña electoral”, dijo ante las cámaras. Así, explicó que esperaba tener un debate abierto sobre este tema, hasta seis meses después de iniciado su estudio constitucional, en febrero de 2021. 

La Constitución establece que los cambios a la carta magna deben ser aprobados en el curso de dos períodos legislativos. Una primera votación de mayoría simple (43 votos) y una segunda, en el período legislativo siguiente, por mayoría calificada (56 votos). En la legislatura que termina, el gobierno de Bukele no tiene la aritmética a su favor y necesitaría negociar con Arena o el FMLN para alcanzar mayoría simple. Según las encuestas, el partido Nuevas Ideas lidera en solitario las preferencias para las elecciones legislativas de 2021, y apunta a convertirse en el partido mayoritario en la próxima legislatura. 

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El Salvador Thu, 17 Sep 2020 16:32:31 +0100 http://www.elfaro.net/es/202009/el_salvador/24825/Gobierno-quiere-una-constitución-que-cambie-el-funcionamiento-de-la-Sala-de-lo-Constitucional.htm
El nacionalismo en disputa http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000034443.jpg http://www.elfaro.net/es/202009/columnas/24824/El-nacionalismo-en-disputa.htm El retorno al ‘América primero’ no es un proyecto continental americano. La pregunta es si Estados Unidos puede prescindir de esa ambición, tomando en cuenta su pérdida de supremacía geopolítica y la creciente rivalidad de potencias extranjeras. Tras décadas de ser marginado y vilipendiado el nacionalismo está nuevamente de moda. Su demonización fue en gran medida promovida y difundida por los dos grandes exponentes ideológicos de la geopolítica global durante el período pos Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, quienes pregonaban la ideología liberal, liderada por Estados Unidos, promoviendo valores universales en relación a la democracia y los mercados sin fronteras. Segundo, desde las visiones marxistas, lideradas por la Unión Soviética, desde donde se buscaba la construcción de un socialismo mundial. Ambas corrientes combatían al nacionalismo, considerado como arcaico, elitista, proteccionista, estatista o fascista.

Los grandes adversarios ideológicos del 'nacionalismo' están hoy en crisis, al igual que la idea de la ‘globalización’. Esto abre la puerta al retorno de visiones culturales nacionales, en algunos casos empaquetadas dentro de dimensiones civilizatorias. El objetivo es agrupar sociedades o comunidades más allá de un espacio territorial nacional, a modo de fundamentar proyectos de expansión geopolítica. No es que no quieran ser globales, su problema es que hoy en día carecen de fuerza para serlo.

En este contexto, hay un intento de reconstrucción desde abajo, proyectándose transnacionalmente en espacios 'civilizatorios'. Un ejemplo reciente fue el intento de construir un nuevo ‘estado islámico’ en el marco de una suerte de civilización árabe-musulmana. Otro, es la reconstrucción de Rusia en una dimensión nacional (y geopolítica) euroasiática. Es interesante también la autoidentificación de China como una ‘estado-civilización’. Se trata de proyectos que buscan ir más allá del formato occidental de estado-nación Westfaliano, algo en cierta forma anunciado durante los años noventa por Samuel Huntington.

Se mantiene una tendencia a simplificar al nacionalismo como un fenómeno fascista y ‘populista’, que hoy en día se ve ligado a la llamada ‘derecha alternativa’ (conocida en inglés como alt-right) estadounidense. La hegemonía global de Estados Unidos está debilitada y la potencia busca recomponer su dominio bajo un nuevo modelo. Por un lado, reconstruyendo una dimensión nacional estadounidense en el llamado ‘America first’. Por otro, conectándolo a una proyección a escala global denominada ‘civilización judeo-cristiana’. Pero el nacionalismo no es monopolio de las grandes potencias y puede y debe ser también una herramienta para pensar geopolítica y desarrollo desde la periferia.

 
"La derecha alternativa no creen en la libertad de expresión" se lee en el cartel durante una manifestación en contra del nacionalismo blanco, ocurrida en Washington D.C. el 6 de julio 2019. Foto: Alastair Pike / AFP.

Dimensiones del nacionalismo

El ‘nacionalismo’ no debe ser visto en forma ‘unidimensional’. Existe en espacios de ‘estados nacionales’, así como en proyecciones regionales o globales que se pueden denominar espacios ‘supra-nacionales’ o de ‘quinta frontera’. El sentimiento nacionalista puede ser usado para fomentar rivalidades, así como promover esfuerzos conjuntos, valorando el bienestar del compatriota como propio. De ahí que los estados, especialmente las grandes potencias, busquen ampliar su esfera de poder con nacionalismos de quinta frontera. Es una forma efectiva de generar lazos de solidaridad y comunidad nacional que permiten ejercer formas de ‘poder blando’ (soft power) o hegemonía cultural.

El nacionalismo ha sido, y es, también vital para los países en desarrollo a modo de generar lazos de solidaridad que faciliten la integración interna en un estado. Por ejemplo, en el marco de un proyecto de desarrollo social e industrial a largo plazo. Una forma de compensar las limitaciones nacionales periféricas es por medio de la ‘integración regional’, cuyo éxito a largo plazo depende de la construcción de un nacionalismo de ‘quinta frontera’.

Un tercer aspecto a resaltar es la conexión del nacionalismo a lo económico. Tradicionalmente se ha criticado desde el Marxismo su falta de ‘solidaridad’ con respecto a perspectivas de ‘clases sociales sin fronteras’. Y desde lo ‘liberal’ se lo ha contrapuesto al homo economicus y la ‘racionalidad’ de un equilibrio ‘óptimo’ de las fuerzas de mercado. Pero esta demonización del nacionalismo es desigual. Ninguna de las grandes potencias, desde el surgimiento del sistema capitalista, ha llegado a la supremacía sin medidas proteccionistas justificadas por planteos nacionalistas y civilizatorios.

Finalmente, la dimensión ideológica del nacionalismo no es un fenómeno de ‘derecha’ o ‘izquierda’ ya que lo encontraremos en la ‘imaginación’ de todos los estados nacionales modernos. Lo vemos en la invocación del ‘sueño americano’, en las visiones europeas de supremacía civilizacional, en el ejército rojo peleando por la ‘gran madre patria’. El nacionalismo es un instrumento efectivo que apela a sentimientos profundos, conmueve a las masas, confronta y también une. Todo depende del uso que se le dé.

Nuestra cosa (latino)americana

América ha tenido naciones (y naciones-estado) de diferentes dimensiones desde antes de la colonización. A partir de la llegada de los europeos se regeneraron las ideas nacionales y surgió la conexión entre ideas nacionales y proyección global. Quizás, la más potente en este sentido fue la identidad nacional y global católica. Con la independencia hubo un nuevo proceso de imaginación y reconexión. Surgieron nuevos estados-nacionales y Estados Unidos logró crear un exitoso proyecto de desarrollo económico y unidad. En el caso Hispanoamericano se construyó lo que Felipe Herrera llamó la ‘nación fragmentada’ que buscaba compensar las limitaciones geopolíticas con nuevos lazos supra-nacionales de integración regional.

Inicialmente, Estados Unidos intentó proyectar su dimensión nacional en una quinta frontera americana, creando el Panamericanismo. Pero durante el siglo XX este proyecto perdió prioridad ante el proyecto de hegemonía global estadounidense. En la actualidad, el retorno al ‘América primero’ no es un proyecto continental americano. La pregunta es si Estados Unidos puede prescindir de esa ambición, tomando en cuenta su pérdida de supremacía geopolítica y la creciente rivalidad de potencias extranjeras, para actuar en su esfera más interna de poder; el continente americano.

El viejo nacionalismo estadounidense no es suficiente para generar apoyo y solidaridad, ni siquiera a nivel nacional. Si el proceso de multipolaridad global continúa y se acentúa su pérdida de poder global, no hay que descartar el retorno de Estados Unidos a buscar una nueva cohesión regional. El viejo camino panamericano del siglo XIX podría ser un camino a seguir, si el ‘América primero’ hiciera referencia al continente. Por ahora este no es el caso, se ha optado por la línea de ‘Estados Unidos first’, no por la construcción de una comunidad americana.

En América Latina, el declive de sus proyectos de integración regional se produce al mismo tiempo que se enfrentan múltiples crisis; económica, pandemia y confrontaciones globales entre Estados Unidos y China. Ante estos desafíos comunes es vital concebir un proyecto de desarrollo nacional  conectado a la dimensión regional y global. Pero el éxito de un proyecto regional supranacional está ligado a una ‘comunidad imaginada’, una dimensión nacional de ‘quinta frontera’. El que América Latina haya perdido la dirección del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se debe fundamentalmente a una falta de visión sobre el papel del banco y. sobre todo, de la región con respecto sí misma. Vale la pena recordar las ideas del primer presidente del BID, el chileno Felipe Herrera, que veía al banco como “más que un banco”. El BID era para Herrera el “banco de la integración”, un instrumento de desarrollo del “pueblo continental” latinoamericano en la construcción de un estado común.


*Andrés Rivarola Puntigliano es historiador económico y profesor titular en Estudios Latinoamericananos. Director del Instituto Nórdicos de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Estocolmo. Sus temas de investigación son geopolítica y desarrollo.

www.latinoamerica21.com, un proyecto plural que difunde diferentes visiones de América Latina.

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Columnas Wed, 16 Sep 2020 16:12:17 +0100 http://www.elfaro.net/es/202009/columnas/24824/El-nacionalismo-en-disputa.htm
La evasión se combate con leyes no con mentiras - Por Ricardo Castaneda http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/202009/360grados/24820/La-evasión-se-combate-con-leyes-no-con-mentiras---Por-Ricardo-Castaneda.htm 360 grados Wed, 16 Sep 2020 11:37:47 +0100 http://www.elfaro.net/es/202009/360grados/24820/La-evasión-se-combate-con-leyes-no-con-mentiras---Por-Ricardo-Castaneda.htm Encuesta UFG confirma a Nuevas Ideas como primera fuerza en solitario http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000034438.jpg http://www.elfaro.net/es/202009/el_salvador/24817/Encuesta-UFG-confirma-a-Nuevas-Ideas-como-primera-fuerza-en-solitario.htm El 48 % de los consultados en una encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) respondió que si las elecciones legislativas “fueran este domingo”, votarían por Nuevas Ideas. A cinco meses para los comicios, el resto de partidos la tienen cuesta arriba. Un 4.3% dijo que votaría por Arena y solo el 3.3% por el FMLN. El PCN apenas logra el 1.1%, mientras que el PDC y los nuevos en contienda (Nuestro Tiempo y Vamos) quedan por debajo del 1% en las preferencias. La encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia revela que el partido Nuevas Ideas, impulsado por el presidente Nayib Bukele y dirigido por sus familiares y funcionarios, lidera las intenciones de voto para los comicios legislativos de 2021 con el 48 % de las preferencias.

Presentada el lunes 14, esta es la primera encuesta pre-electoral del CEC y recoge las opiniones de 1,305 personas entrevistadas a nivel nacional entre el 2 y el 6 de septiembre de 2020. Según la ficha técnica, tiene un error muestral de 2.5 % y un nivel de confianza del 95 %.

El 48 % de los consultados dijo que si las elecciones legislativas “fueran este domingo”, votarían por Nuevas Ideas. La diferencia con el resto de partidos es abrumadora. El principal colista, con 6.1 % de preferencias, es Gana, el partido de derechas formado por diputados tránsfugas de Arena y devenido en aliado del partido de izquierdas FMLN en los 10 años que este gobernó el país. 

A cinco meses para los comicios, el panorama para la oposición es cuesta arriba. Un 4.3 % dijo que votaría por Arena, mientras que un 3.3 % por el FMLN. El PCN apenas logra el 1.1 %, mientras que el PDC, la figura de "independientes" y los nuevos partidos en contienda  (Nuestro Tiempo y Vamos) quedan por debajo del 1 % en las preferencias. El 17.8 % no contestó o no respondió, el 13 % dijo que no iría a votar y el 3.8 % dijo que anularía su voto. 

En la misma encuesta, sin embargo, hay un virtual empate entre quienes opinan que la nueva Asamblea debe estar equilibrada y aquellos que prefieren una legislatura a favor de Bukele. El 47.4 % opinó que debería haber una mayoría que respalde al gobierno, mientras que un 46.2 % dice que el equilibrio sería lo más conveniente para el país.

Imagen tomada de Revista Disruptiva.
 
Imagen tomada de Revista Disruptiva.

A nivel de alcaldías, la diferencia entre Nuevas Ideas y sus adversarios se mantiene, aunque Arena, que controla la mayoría de las 262 municipalidades del país, muestra un leve despunte. El 45.7 % votaría por Nuevas Ideas; el 9.3 % por Arena; 6.9 % por Gana y 5.9 % por el FMLN. Del resto de partidos, solo el PCN supera el 1 % en intención de voto. 

A nivel nacional, el 76.38 % respondió que irá a votar; el 12.71 % no está “muy seguro”; el 9.11 % dice que no irá a votar y el 1.80 % no sabe o no responde.

La encuesta del CEC no desentona con las mediciones de otras casas encuestadoras que ya señalaban a Nuevas Ideas como el favorito en las preferencias. En febrero 2020, LPG Datos de La Prensa Gráfica reveló que el 39.7 % votaría por Nuevas Ideas y un 57 % preferiría una Asamblea con más diputados del Gobierno. 

Según el último sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA, un 30 % de personas simpatizan con Nuevas Ideas. El resto de banderas del espectro político se reparten el 10 % y  solo aparecen nombradas -26 puntos abajo- las del FMLN (3.8 %) y de Arena (3.5 %). En esta otra encuesta, realizada a seis meses de la contienda, la mayoría de las personas encuestadas (59.7 %) dijo que no tenía un partido político preferido.

Óscar Picardo Joao, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI-UFG) plantea que los resultados de la encuesta podrían explicarse con varios factores, entre los que destaca una especie de "resentimiento social" contra los partidos políticos tradicionales y sus episodios de corrupción; y a la capitalización de ese resentimiento hecho por el presidente Nayib Bukele, "que se ha presentado como una especie de salvador de esta situación".

Picardo Joao también señala que "el reparto de la ayuda (durante la cuarentena) también genera un efecto de gobierno cercano a la gente, cosa que otros gobiernos en el pasado en otras crisis no lograron. Este Gobierno hizo esa apuesta".

Simpatizantes de Nayib Bukele protestan en las afueras del Centro de Gobierno contra los diputados de la Asamblea Legislativa momentos antes de la interpelación al ministro de Defensa Rene Francis Merino Monroy, el 21 de agosto 2020, Merino Monroy fue citado por el congreso para explicar su participación, y la de soldados fuertemente armados, en la toma militar de la Asamblea ocurrida el 9 de febrero. Foto de Yuri Cortez / AFP.
 
Simpatizantes de Nayib Bukele protestan en las afueras del Centro de Gobierno contra los diputados de la Asamblea Legislativa momentos antes de la interpelación al ministro de Defensa Rene Francis Merino Monroy, el 21 de agosto 2020, Merino Monroy fue citado por el congreso para explicar su participación, y la de soldados fuertemente armados, en la toma militar de la Asamblea ocurrida el 9 de febrero. Foto de Yuri Cortez / AFP.

¿Se viene una aplanadora cian?

El Centro de Estudios Ciudadanos, fuera de la encuesta, hizo proyecciones a partir de los resultados y proyectó que que de mantenerse esta tendencia la alianza Nuevas Ideas-Gana alcanzaría 70 diputados. Ese dato, celebrado por dichos partidos y algunos de sus principales candidatos, ha sido cuestionado por expertos.

Jeannete Aguilar, quien dirigió el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (Iudop), sostiene que se necesitan mediciones más certeras por departamento para encontrar mejores aproximaciones. “Ninguna encuesta con una muestra nacional como esta (sin una sobre muestra en la mayoría de departamentos), puede hacer interpretación del comportamiento departamental, porque los márgenes de error son elevados”, señaló en su cuenta oficial de Twitter. 

Edwin Segura, editor jefe de LPG Datos, también cuestiona esa proyección dado que el margen de error en muestras tan reducidas por departamento es enorme. "Cada vez que yo hago un cruce reduzco el tamaño de la muestra. Por lo que pude ver ahí, hay departamentos en el que tienen 33 entrevistas. El margen de error si yo hago 33 entrevistas es enorme", plantea.

"Desde un punto de vista técnico, ahí hay un error porque no se pueden hacer esos cruces sin tener ciertas precauciones", agrega Segura. "¿De qué precauciones estamos hablando? Una muestra es la representación de un universo y entonces el universo es nacional. Si yo quiero tener datos para un universo más pequeño, lo que tengo que hacer es encuestas departamentales. Incluso en el departamento menos poblado, que puede ser San Vicente o Cabañas, me sentiría cómodo haciendo mínimo 500 encuestas por departamento. No una sobremuestra, como dicen, no, son encuestas locales", plantea.

Óscar Picardo Joao acepta que la proyección no fue parte de la encuesta y resultados, "sino un ejercicio periférico y con muchas limitaciones".

"Hay que tomarlo de una forma muy superficial, no como una verdad. No es un dato sólido, porque el error muestral para esa proyección es muy grande", dice.

Según Picardo Joao, hicieron el ejercicio para poner sobre la mesa lo que podría suceder, y esperan hacer una sobremuestra por departamentos en diciembre para cotejar resultados. "Lo que queríamos proyectar con ese análisis es como una especie de advertencia de lo que puede venir", dice. 

Desde 1985, cuando el Partido Demócrata Cristiano controlado por el entonces presidente José Napoleón Duarte logró la mayoría de escaños del congreso al ganar 33 de 60 posibles, nunca antes se ha vuelto a repetir un escenario en el que el partido de gobierno también controle al Legislativo. A aquella gesta se le conoció como “la aplanadora verde”, dada la repartición del poder a un solo partido en esos dos poderes del Estado. 

La estrategia de los antagonistas

En abril de 2019, dos meses después de su victoria en los comicios presidenciales, Bukele declaró a Nuevas Ideas en campaña y anunció que continuaría con el descrédito contra los partidos tradicionales (Arena y FMLN). Ese fue el tono de su primer mensaje a la nación como presidente electo, realizado a través de Facebook Live. 

Una vez sentado en la silla principal del Ejecutivo, Bukele no ha bajado la confrontación en cada maniobra del Ejecutivo en su relación con el legislativo. Pero por ahora, Bukele no cuenta con votos en la Asamblea para impulsar decretos por mayoría simple (43 votos) ni para acceder a créditos vía endeudamiento o definir elecciones de segundo grado (magistrados o fiscal general, por ejemplo) a través de una mayoría calificada (56 votos). 

Las elecciones de 2018 dejaron al partido de derechas, Arena, con el control del legislativo con 37 escaños. El izquierdistas FMLN sufrió ese año la primera debacle electoral al alcanzar apenas 23 diputados, en una de las peores contiendas de su historia democrática. El FMLN, que gobernó los últimos 10 años, es intrascendente en este periodo legislativo, a menos que logre pactar con su eterno rival, como ya ocurrió para definir magistrados a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Supremo Electoral, Fiscal General, Procurador de Derechos Humanos y magistrados a la Corte de Cuentas. 

Y sin embargo, esta legislatura le ha concedido a Bukele la mayoría de sus principales apuestas en negociaciones en las que a fuerza de presión mediática y negociaciones a puertas cerradas, Arena ha cedido y ha votado junto al bloque proBukele a cambio de beneficios puntuales. Por ejemplo, cuando el Ejecutivo negoció la aprobación del presupuesto 2020, o más reciente: la mayoría de los decretos clave de la emergencia por coronavirus, que le facilitaron al Gobierno restringir la libre circulación, utilizar fondos de emergencia sin los controles de la Ley de Adquisiciones y adquirir créditos hasta por 2,000 millones de dólares.

Gana, el partido que llevó a Bukele  al poder, actualmente cuenta con 10 diputados. Junto a cuatro diputados de Arena (que han sido relegados de esa fracción por sus cercanías con el Gobierno); un puñado de diputados del PCN y el diputado Juan José Martel de Cambio Democrático se queda corto para inclinar balanzas.

Gana es dirigido por el diputado Guillermo Gallegos, sobre quien pesa actualmente un proceso sancionatorio en el Tribunal de Ética Gubernamental por la contratación de un familiar en la Asamblea. Tan solo una raya más en la ficha de Gallegos, que en realidad llegó a compartir trabajo con 11 parientes que han sido contratados en la Asamblea y ha logrado salvarse de una investigación por enriquecimiento ilícito por más de 3 millones de dólares injustificados en su patrimonio. Entre 2014 y 2016 protagonizó la asignación de 550 mil dólares provenientes del presupuesto de la nación a una oenegé fantasma fundada por su esposa, y una segunda asignación de 600 mil dólares a otra asociación fantasma desde donde despachaba una de sus asistentes. 

Para Óscar Picardo Joao, uno de los datos "que más preocupa" es que la medición refleja una "desfiguración" del baremo que utiliza la población para definir a sus candidatos favoritos. "Cuando evaluamos una pareja de candidatos por cada uno de los partidos políticos, incluyendo a personas nuevas sin pasado político, con perfiles técnicos, quien obtuvo una mayor aprobación de la gente fue Guillermo Gallegos", dice.

Detrás de Gana también está Herbert Saca, un oscuro operador político y primo del expresidente Antonio Saca. Sobre este partido, en octubre de 2018, en plena contienda presidencial, Bukele llegó a decir que “puede que haya gente que nos castigue por aliarnos con Gana”, pero ahora hasta van coaligados en siete departamentos para alcanzar escaños legislativos y otro puñado de coaliciones en municipios clave del país.

8.6 de nota en el manejo de la pandemia 

Tras el cierre de fronteras para intentar frenar la pandemia, aplaudido por expertos, el Gobierno tropezó con la instauración  de centros de cuarentena. A medida que avanzó su propuesta de contención, las denuncias por violaciones a los derechos humanos en dichos centros y en la vía pública (por abusos de la fuerza policial y militar) cobraron notoriedad incluso internacional. Más tarde, el colapso en el sistema de salud, denunciado por el gremio médico, evidenció la falta de un verdadero plan. Sin embargo, para los encuestados la gestión de Bukele en la pandemia estuvo bien hecha y fue calificada con un 8.67. 

En el mismo periodo, el nuevo Gobierno se llenó de contrataciones irregulares en la compra de insumos médicos que favorecieron a empresas de funcionarios, de familiares de funcionarios o de políticos afines a Bukele. Pese a la abundancia de casos, el 52 % opina que estos no afectarán a Nuevas Ideas en 2021.

Detrás de buena parte de la gestión de la pandemia y de esas contrataciones estuvo el ministro de Salud, Francisco Alabí. En uno de los casos más llamativos, Alabí contrató por 225 mil dólares a una empresa dirigida por sus familiares para dotar de botas de hule a los médicos. 

Alabí recibió una nota de 8.48 por su manejo de la gestión del sistema de salud durante la COVID 19. 

Para Óscar Picardo Joao, la estrategia mediática, la presencia constante en redes sociales y toda la maquinaria del Ejecutivo disponible a su favor configura "un escenario favorable para su imagen y reputación, que se ha blindado y logra convertir toda la crítica (los casos de corrupción, el 9 de febrero) en una campaña en contra del presidente", dice. 

Con reportes de Jonathan Laguán

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El Salvador Tue, 15 Sep 2020 15:35:58 +0100 http://www.elfaro.net/es/202009/el_salvador/24817/Encuesta-UFG-confirma-a-Nuevas-Ideas-como-primera-fuerza-en-solitario.htm
Un juicio de verdad para el coronel Montano http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000034440.jpeg http://www.elfaro.net/es/202009/columnas/24818/Un-juicio-de-verdad-para-el-coronel-Montano.htm El esclarecimiento de la verdad para buscar la justicia es vital si El Salvador desea en realidad construir un mejor porvenir con una base sólida de conocer nuestro pasado y nuestros errores, para romper el ciclo de impunidad. Participar como testigo en el juicio contra el coronel Inocente Orlando Montano, por el asesinato de los sacerdotes jesuitas, me trajo recuerdos que tenía décadas de no sentir con tanta intensidad.

Me recordó el sentimiento de incredulidad que tuve al enterarme, la mañana del 16 de noviembre de 1989, que miembros de la Fuerza Armada de El Salvador eran responsables de esos asesinatos. Esa misma incredulidad me hizo desplazarme junto al jefe de operaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), donde yo estaba destacado, y otros acompañantes, al campus de la UCA para ver la escena del crimen con mis propios ojos. Pero aun viendo esa escena tan chocante en todo sentido de humanidad, todavía no podía asimilar que otros miembros de la misma Fuerza Armada a la que yo pertenecía habían sido capaces de levantar de sus camas y asesinar, a sangre fría, a ocho civiles desarmados. Entre ellos, una madre queriendo proteger a su hija de las balas con su propio cuerpo hasta su último aliento.

Me pregunté a mí mismo qué clase de bestias eran capaces de hacer eso. En eso estaba cuando me encontré con un sacerdote profesor de la UCA. Creyendo que todo mundo sabía, al igual que yo, que miembros de la Fuerza Armada habían cometido los asesinatos, le dije: “Lo siento mucho. Pero quiero que sepa que no todos somos iguales”.

En ese momento no imaginé que el Alto Mando de la Fuerza Armada de El Salvador intentaría encubrir la autoría del crimen. Tampoco imaginé que el Alto Mando iba a arriesgar todo lo que se había aprendido y ganado durante nueve años de conflicto, perdiendo poco a poco el apoyo que se tenía en Washington, a costa de prolongar el conflicto armado por la debilidad y el desgaste institucional que ese crimen le ocasionó a la Fuerza Armada a nivel internacional, por proteger a quienes habían ordenado y cometido esos asesinatos.

Tampoco imaginé que habría una investigación diseñada desde el principio para no descubrir nada, con testigos que llegaban a declarar una historia dictada por los abogados defensores de los acusados, con investigadores que no hacían las preguntas que tenían que hacer. Tanto así que el propio embajador de los Estados Unidos en El Salvador, William Walker, me pidió frustrado y molesto, un día de mayo de 1991, que le llevara un ultimátum al ministro de Defensa, el general Ponce: o el Alto Mando comenzaba a colaborar en serio con la investigación o la Embajada le retiraba el apoyo y protección al general Ponce. Al final, fueron acusados algunos, pero no todos. Y el resultado del juicio celebrado en El Salvador en 1991 fue tan ilógico que parecía arreglado.

Ahora, 31 años después del crimen, la Audiencia Nacional de España tuvo ante sí abundante evidencia que no estaba disponible antes: documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos, organizados y analizados por personas expertas que dieron testimonio como peritos; numerosos testigos que no habían sido escuchados antes, y un miembro del entonces Alto Mando de la Fuerza Armada como acusado: el coronel Montano.

Tomando en cuenta toda la evidencia documental, testimonios sobre los hechos, y testimonios periciales, el tribunal de tres jueces emitió una sentencia unánime que declaró culpable al coronel Montano, condenándolo a 133 años de prisión por el asesinato de los cinco sacerdotes jesuitas que tenían nacionalidad española.

En esa sentencia, el tribunal dio como probado que la decisión de asesinar a Ellacuría y no dejar testigos fue una decisión de grupo, tomada por los miembros del Alto Mando, incluyendo al coronel Montano, y transmitida al coronel Benavides, entonces director de la Escuela Militar, quien a su vez la hizo del conocimiento de los otros oficiales asignados a la Escuela Militar y la transmitió al comandante de la unidad que ejecutaría la orden.

Ahora, después del juicio en España, se comprende el sentido perverso de ese encubrimiento que fue mantenido a toda costa, a un terrible costo para la Fuerza Armada: el Alto Mando estaba involucrado en la autoría intelectual y se estaba protegiendo a sí mismo, sacrificando a toda la Fuerza Armada para protegerse ellos.

Un principio elemental de la disciplina militar es que le corresponde al superior asumir la responsabilidad por las órdenes que dictare. Ese principio está escrito en la Ordenanza del Ejército salvadoreño, pero no fue practicado por el Alto Mando de la Fuerza Armada de El Salvador. Los superiores se escudaron detrás de los subordinados. Durante el juicio en España, el coronel Montano tomó la palabra al final de los testimonios y tuvo la oportunidad de hacer un tardío, pero aún posible, reconocimiento de su participación y sus errores. No lo hizo. Al contrario: responsabilizó a “los soldados” de cometer esos asesinatos.

A finales de mayo de 1991 rendí testimonio ante el Juez Cuarto de lo Penal, en ese remedo de juicio que se hizo en El Salvador. Fui el último oficial de la DNI que declaró.

Dos meses antes de mi testimonio ante el juez Cuarto de lo Penal, en la víspera de mi primera declaración extrajudicial, el entonces viceministro de Defensa, el general Zepeda, me dio instrucciones de que me reportara al departamento jurídico del ministerio de Defensa, para que los abogados defensores de los acusados me dijeran lo que yo tenía que decir. Como expliqué al tribunal de la Audiencia Nacional, yo no seguí esas instrucciones y no me reporté al departamento jurídico, pues ningún abogado me iba a decir lo que yo tenía que declarar. Al día siguiente, me reporté a la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos. Mi sorpresa fue que el investigador que me interrogó no me hizo ninguna pregunta que me debería haber hecho si en realidad quería investigar lo que sucedió. Fui yo quien le sugirió las preguntas que para que yo pudiera contestar lo que sabía.

El pobre hombre parecía asustado. Todos los oficiales que me precedieron habían repetido la misma historia que les habían dicho que dijeran, que no era lo que en realidad había pasado. Yo dije la verdad. Eso causó mucha preocupación a varios oficiales amigos míos por mi seguridad personal. Pero en vez de estar atemorizado, les envié un mensaje exhortándoles a decir la verdad y diciéndoles que, a mi juicio, la mayor responsabilidad debía recaer sobre la persona que dio la orden, sin importar que nos inspire lástima, por el grave daño que le había ocasionado a la Fuerza Armada y al país.

El tribunal de la Audiencia Nacional de España ha dado el primer paso, dando como probado que fue una decisión colectiva y condenando a uno de los miembros del Alto Mando, estableciendo esa mayor responsabilidad que debe existir para quienes dieron ese tipo de órdenes ilegales.

El esclarecimiento de la verdad para buscar la justicia es vital si El Salvador desea en realidad construir un mejor porvenir con una base sólida de conocer nuestro pasado y nuestros errores, para romper el ciclo de impunidad. Sería excelente que el sistema de Justicia de El Salvador pudiera dar los siguientes pasos para buscar esa verdad y esa justicia, aprovechando todo lo que se ha aprendido en el juicio en España.

Algunas personas me han preguntado por qué acepté el citatorio del tribunal para participar como testigo en este juicio. La respuesta es que porque era lo correcto. La lealtad de un militar profesional es hacia su país. Ser fiel a la institución armada no implica callar o encubrir los crímenes que cometen sus miembros, incluyendo superiores, sino velar porque se mantenga el honor de la Fuerza Armada, repudiando a quienes lo manchan con sus crímenes.

Luis Parada es un exmilitar salvadoreño, graduado de la Academia Militar de Estados Unidos (West Point) con una licenciatura en Seguridad Nacional y Asuntos Públicos (1984); maestría en Gobierno (Ciencias Políticas), con énfasis en transiciones a la democracia, Georgetown University (1994); doctorado en derecho (J.D.), Georgetown University Law Center (2001). El 11 de febrero de 2020, Parada renunció a su grado militar de capitán para sentirse en completa libertad de expresar su opinión sobre las actuaciones del ministro de Defensa en los eventos del 9 de febrero, tomando en cuenta la gravedad de la amenaza que esos eventos representan para la continuidad del sistema democrático en El Salvador.
 
Luis Parada es un exmilitar salvadoreño, graduado de la Academia Militar de Estados Unidos (West Point) con una licenciatura en Seguridad Nacional y Asuntos Públicos (1984); maestría en Gobierno (Ciencias Políticas), con énfasis en transiciones a la democracia, Georgetown University (1994); doctorado en derecho (J.D.), Georgetown University Law Center (2001). El 11 de febrero de 2020, Parada renunció a su grado militar de capitán para sentirse en completa libertad de expresar su opinión sobre las actuaciones del ministro de Defensa en los eventos del 9 de febrero, tomando en cuenta la gravedad de la amenaza que esos eventos representan para la continuidad del sistema democrático en El Salvador.

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Columnas Tue, 15 Sep 2020 11:37:28 +0100 http://www.elfaro.net/es/202009/columnas/24818/Un-juicio-de-verdad-para-el-coronel-Montano.htm
La sentencia del caso jesuitas refuerza las sospechas sobre el papel de Cristiani http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000034429.jpg http://www.elfaro.net/es/202009/el_salvador/24816/La-sentencia-del-caso-jesuitas-refuerza-las-sospechas-sobre-el-papel-de-Cristiani.htm La Audiencia Nacional de España condenó al coronel Montano a 133 años de cárcel por el caso jesuitas, pero el fallo va más allá: convierte en verdad jurídica la participación de otros autores intelectuales del Alto Mando y redimensiona el protagonismo del expresidente Alfredo Cristiani en el caso, al punto de ser señalado como parte de un grupo que causó "alarma, alteración grave de la paz y la convivencia ciudadana". La UCA espera que el fallo sea retomado por el sistema de justicia para reabrir el caso contra el resto de autores intelectuales en El Salvador. Lucía incómodo, nervioso, muy diferente a la versión sólida e imperturbable de sí mismo que había dominado durante las jornadas del juicio en junio y julio. Ahora, a minutos de escuchar su sentencia, el coronel Inocente Orlando Montano Morales parecía un hombre disminuido, abandonado a su suerte. En el centro de esa gran sala de vistas, sin más sostén que su silla de ruedas, escuchó la introducción del magistrado Fernando Muelleres (“Sentencia número 17/2020, en Madrid, a 11 de septiembre de 2020…”) antes de perturbarse. Pareció que se retorcía en su silla. Estiraba el brazo derecho, lo barría sobre la mesa frente a él. Se enderezaba, miraba al suelo, se recostaba en el respaldo, volvía a erguirse, hasta que todo acabó. “Por la autoridad que nos confiere la Constitución Española, fallamos, que debemos condenar y condenamos a Inocente Orlando Montano a las penas, por cada uno de los cinco delitos, de veintiséis años, ocho meses y un día de reclusión”, prosiguió Muerelles, y entonces el coronel se balanceó hacia adelante, para lograr que su silla se deslizara y volvió a estirar su brazo derecho, como pidiendo la palabra, como queriendo sujetar el micrófono que estaba dispuesto al centro de la sala, pero ya no había espacio. El juicio por el caso jesuitas había culminado. 

Tras escuchar el veredicto, el ex viceministro de Seguridad Pública (1989-1992) se inclinó hacia adelante, se giró hacia su izquierda como buscando a alguien, o quizás para cerciorarse una vez más que estaba solo, que ahí donde pudieron haber estado sentados sus compañeros de armas, también acusados y buscados por la Audiencia Nacional, en realidad no había nadie más. 31 años después, abandonado a su suerte, muy lejos de aquella imagen como el tercer hombre más importante de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, Montano fue condenado solo, cuando en realidad el fallo del caso jesuitas convierte en verdad jurídica la participación de otros militares como autores intelectuales del crimen y redimensiona el protagonismo del expresidente Alfredo Cristiani en este caso. Todos los que no estuvieron junto a Montano han sido protegidos por el sistema de justicia salvadoreño desde aquella madrugada de noviembre de 1989, cuando soldados del Batallón Atlacatl asesinaron a los sacerdotes jesuitas, una empleda de la UCA y la hija de esta. 

En el último día del juicio, a mediados de julio, Montano había aprovechado su derecho a la última palabra para enaltecer a sus compañeros de La Tandona. “Nunca violamos derechos humanos”, dijo aquella vez. Este viernes, probablemente los habría enaltecido igual, pero nadie le dio la palabra. En cuatro minutos y 40 segundos, la Audiencia había cambiado la historia. La Sala de lo Penal, sección segunda, condenó al que hasta ahora es el único militar salvadoreño al que se le ha demostrado, en un proceso con todas las garantías, su responsabilidad por la masacre de la UCA de noviembre de 1989. Montano ya no es más un coronel acusado, un presunto criminal, alguien que goza de la presunción de inocencia. Todo se ha esfumado. Este hombre de 77 años, suéter color ocre, pantalón y zapatos oscuros, se convirtió, oficialmente, en un culpable, un responsable, un autor mediato.

Pero Montano no es el único. Dice la sentencia que el exviceministro, junto a otros oficiales del Alto Mando, cometieron graves delitos que causaron alarma y conmoción social con el único fin de conservar su poder político, militar y económico. Y además, dice la sentencia, intentaron hacer creer a la opinión pública que tanto Ignacio Ellacuría como el resto de sacerdotes pertenecían al liderazgo intelectual del FMLN y que estos eran agentes de una confabulación socialista-comunista “que tenía como fin terminar con los valores aceptados como propios y absolutos por quienes detentaban el poder” y que, por tanto, había que ejecutarlos extrajudicialmente. En los preámbulos del juicio, Montano había intentado diseñar una estrategia de defensa que atara su suerte a la del expresidente Cristiani, contra quien hay sospechas de su participación y encubrimiento en el crimen desde 1989. A Cristiani, la Audiencia lo ubica como parte del poder que tomó decisiones. La audiencia también da como válidos informes de peritos que lo ubican como un protagonista para el que resulta "poco creíble" que no se haya enterado de lo que estaba ocurriendo en la noche y madrugada del 16 de noviembre de 1989. Citando a un testigo clave en el caso, el fallo señala que Cristiani no detuvo el operativo.

En primer foco, en su relación de hechos probados, la Audiencia también habla de una docena de militares con cargos y puestos específicos que tuvieron alguna participación en el crimen, y de un poder político encabezado por Cristiani que confabuló antes, durante y después del crimen. 

El coronel Inocente Montano fue condenado a 133 años de cárcel por la masacre de los padres jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la madrugada del 16 de noviembre de 1989. La Audiencia Nacional Española declaró que Montano fue un autor principal de la masacre. El 11 de septiembre de 2020, la Sala Segundo de lo Penal de la Audiencia Nacional Esañola, declaró a Montano, de 77 años, como el autor de cinco asesinatos. Foto de El Faro: Transmisión de la Audiencia Nacional Española. 
 
El coronel Inocente Montano fue condenado a 133 años de cárcel por la masacre de los padres jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la madrugada del 16 de noviembre de 1989. La Audiencia Nacional Española declaró que Montano fue un autor principal de la masacre. El 11 de septiembre de 2020, la Sala Segundo de lo Penal de la Audiencia Nacional Esañola, declaró a Montano, de 77 años, como el autor de cinco asesinatos. Foto de El Faro: Transmisión de la Audiencia Nacional Española. 

Cronología de un crimen probado por la Audiencia Nacional

Alrededor de las 7:00 p.m. del 15 de noviembre de 1989, el subteniente Gonzalo Guevara Cerritos de la Unidad de Comandos del Batallón Atlacatl se encontraba en la Escuela Militar cuando ordenó a ocho hombres que lo acompañaran al Centro Técnico de Instrucción Policial (Cetipol), en Santa Tecla. Salieron de la Escuela Militar y al llegar recogieron 15 cajas con uniformes nuevos, “modelo de lujo”, hechos en Estados Unidos y “botas de montaña”. Aquello era un aliciente para los miembros del Atlacatl que iban a participar en la misión programada para más noche. Al regresar a la Escuela Militar, los uniformes los repartieron entre las tropas elegidas previamente. Mientras, a unos kilómetros de distancia, en las instalaciones del Estado Mayor, veinticuatro oficiales de alto rango seguían reunidos debatiendo cómo acelerar la respuesta a la ofensiva guerrillera que cumplía su cuarto día de asedio a la capital. Todos eran los comandantes de unidades destacadas en el departamento de San Salvador.

El ministro Rafael Humberto Larios veía amenazas crecientes: “Hay peligro del país por la acción de la OEA y ONU que van a solicitar un cese de fuego y eso favorecería al FMLN para ganar espacio y tiempo y triunfarán diplomáticamente y sería una libanización del conflicto: San Salvador sería igual a Beirut”, dijo, según apuntes que tomó el director de la Escuela Militar que fueron incorporados al juicio como prueba documental. “Ha llegado el momento de definir la situación que está dada en San Salvador ya que está en juego la supervivencia del país y de la Fuerza Armada, por lo tanto deberíamos tomar acciones definitivas contra el FMLN”, agregó. Y por último, dijo que había hecho una propuesta al presidente Cristiani: “Cerremos un día el país al mundo, solucionamos militarmente el problema y al día siguiente, abrimos el país nuevamente al mundo”.

En ese momento, Larios cedió la palabra al resto de comandantes. El comandante general de la Fuerza Aérea, Juan Rafael Bustillo, conocido por sus posturas reaccionarias, no defraudó con sus propuestas: “Por 10 años se ha buscado una solución política al conflicto y no se ha logrado; hoy la solución del conflicto tiene que ser militar y después puede dársele la oportunidad de decidir a los políticos. Hay que organizar las defensas civiles para que todo ciudadano pase a defenderse. No debemos tener paños tibios. No debemos permitir que las organizaciones humanitarias interfieran nuestras acciones”.

Luego replicaron más comandantes. Guillermo Benavides, el director de la Escuela Militar, no anotó sus nombres, pero era claro que se veía venir una noche de cuchillos largos. “Es preferible terminar con nuestros enemigos, antes de que ellos terminen con nosotros”, dijo alguien. Otro replicó: “Matemos el mayor número de terroristas hoy, no importa morir después”. “Si no procedemos con ellos, ellos nos van a asesinar”, dijo otro. Y otro sentenció: “Si nos dan luz verde, se entiende que vamos a afilar los machetes, para proceder como una noche de cuchillos largos”.

Entonces habló el gran líder de La Tandona, el primero de la clase, el jefe del Estado Mayor: el coronel René Emilio Ponce. “Actuemos o no actuemos ahora, siempre nos van a señalar que no respetamos los derechos humanos. Hay autorización para proceder con la eliminación de cabecillas, sindicalistas y reconocidos miembros líderes del FMLN, en sus respectivos sectores de responsabilidad. No quiero informes por radio, si no, mañana me dan parte”, dijo.

La sentencia dice que en esa reunión también se tomó la decisión de bombardear haciendo uso de la Fuerza Aérea y artillería y tanques para desalojar al FMLN de las zonas que ocupaba. El ministro de Defensa, prosigue el fallo, siendo el de mayor antigëdad y con el cargo más alto, resumió las conclusiones de aquella sesión de oficiales. “Compañeros: ¡La decisión de lo que vamos a hacer esta noche, la vamos a tomar todos juntos!, que levante la mano el que no está de acuerdo”, dijo. Nadie levantó la mano. La reunión finalizó con los oficiales tomados de la mano, rezando, y solicitando "iluminación divina". El viceministro de Defensa le pidió al director de la Policía Nacional, Dionisio Machuca, que elevara una plegaria. Este eligió el libro Romanos 13: “De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos”, dice uno de sus pasajes.

Después vino la reunión más importante. La Audiencia Nacional estableció como hecho probado que parte de los oficiales que habían estado en la reunión general siguieron charlando entre sí en pequeños grupos. René Emilio Ponce, el jefe del Estado Mayor Conjunto, estaba de pie junto con el jefe de la Fuerza Aérea, Juan Rafael Bustillo; el coronel jefe de la Primera Brigada de Infantería, Francisco Elena Fuentes; el viceministro Zepeda; y el viceministro Montano, cuando dio la orden de asesinar a Ellacuría. De esta segunda reunión, de nuevo, el coronel Benavides hizo un resumen en apuntes posteriores:

Montano, según Benavides, fue quien lo llamó a incorporarse a ese pequeño cónclave: "¿Sabés que el padre Ellacuría está en la UCA?”, le preguntó. Benavides respondió que no, y Montano prosiguió: “Ya regresó de España”, en alusión al viaje que Ellacuría había hecho a Barcelona y Berlín, para recibir un premio de derechos humanos y brindar un discurso en el parlamento, respectivamente. Ponce entonces terció la conversación: “Hay que proceder a su eliminación sin testigos…”, dijo, en referencia a Ellacuría. Benavides señaló que no tenía gente especial para cumplir la misión, que solo tenía una unidad comando del Atlacatl que, según estaba previsto, partiría en breve a otro lugar. Ponce entonces emitió una contra orden al comandante del Batallón, Óscar León Linares. “Hasta mañana mandar a recoger la gente del Atlacatl”, dijo Ponce, y ordenó que fuera el director adjunto de la Escuela Militar, coronel Camilo Hernandez, quien planificara la operación por “su experiencia en esos trabajos”.

Ningún oficial protestó o señaló la ilegalidad de la acción comandada por Ponce, según la resolución. Y por esa razón, la Audiencia ya les otorga el mismo grado de responsabilidad que Montano, es decir, el grado de coautores, porque tuvieron “dominio del hecho” y no hicieron nada para detenerlo, siendo una acción ilegal.

Ponce dio la orden pero no fue el único en aprobarla, dice la sentencia. “Si bien no se tomaba ninguna decisión de importancia sin el conocimiento y la aprobación del Jefe del Estado Mayor, este buscaba consensos en lo que respecta a una estrecha colaboración con sus propios 'compadres' de 'la tandona”', reza la resolución. Dentro del grupo de La Tandona, el liderazgo lo ejercía un círculo reducido de oficiales, denominados “los compadres”. Estos eran Montano, Ponce, Juan Orlando Zepeda, viceministro de Defensa; y Juan Carlos Carrillo, director de la Guardia Nacional. Todos ellos tenían en común su absoluto rechazo a las negociaciones de paz entre el Gobierno y el FMLN, dice la Audiencia. La Audiencia también certificó como verdad, que también había consensos que se construían entre miembros de varias tandas, pero se respetaba la jerarquía y el tiempo en la institución. Por eso Larios había construido el consenso en la reunión anterior. 

En su relación de hechos que da por probados, la sentencia señala que hubo cuatro reuniones a lo largo del día 15 de noviembre. En ellas, señala la participación no solo de Montano sino también de al menos 12 otros militares salvadoreños, a quienes no identifica con nombre y apellido sino solo su cargo. Se trata no solo de soldados del Batallón Atlacatl, sino también de oficiales de inteligencia y oficiales de los Cuerpos de Seguridad. 

Una de las pruebas documentales que la Audiencia tomó como insumo para su fallo es un documento que la Comisión de la Verdad usó durante sus investigaciones de los más de 22,000 denuncias de violaciones a derechos humanos. No se trata del informe "De la locura a la esperanza" sino, al parecer, de un documento que alguien más elaboró y entregó como insumo. La Audiencia decidió transcribir íntegramente ese documento por su "importancia y trascendencia". Y en él se enlistan los nombres de unos 35 militares a quienes se les señala alguna participación en los hechos. 

El fallo reconoce como víctimas no solo a los cinco sacerdotes jesuitas españoles por los que se emitió condena (Ignacio Ellacuría, Juan Ramón Moreno, Amando López, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró) sino también por las tres víctimas de nacionalidad salvadoreña que fueron expulsadas de la lista de víctima por Estados Unidos, al momento de la extradición: el sacerdote nacido en Chalchuapa Joaquín López y López, la cocinera de la escuela de teología de la UCA, Julia Elba Ramos, y su hija Celina Mariceth, estudiante de bachillerato comercial, de 16 años. Para 2017, año de la extradición de Montano, la ley española ya solo permitía que los casos en la Audiencia Nacional siguieran adelante si entre las víctimas se encontraban víctimas de nacionalidad española.

El coronel Inocente Montano fue condenado a 133 años de cárcel por la masacre de los padres jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la madrugada del 16 de noviembre de 1989. La Audiencia Nacional Española declaró que Montano fue un autor principal de la masacre. El 11 de septiembre de 2020, la Sala Segundo de lo Penal de la Audiencia Nacional Esañola, declaró a Montano, de 77 años, como el autor de cinco asesinatos. Foto de El Faro: Transmisión de la Audiencia Nacional Española. 
 
El coronel Inocente Montano fue condenado a 133 años de cárcel por la masacre de los padres jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la madrugada del 16 de noviembre de 1989. La Audiencia Nacional Española declaró que Montano fue un autor principal de la masacre. El 11 de septiembre de 2020, la Sala Segundo de lo Penal de la Audiencia Nacional Esañola, declaró a Montano, de 77 años, como el autor de cinco asesinatos. Foto de El Faro: Transmisión de la Audiencia Nacional Española. 

“No es creíble que Cristiani no supiera”

El presidente Alfredio Cristiani, durante la transición del 15 al 16 de noviembre, permaneció reunido con miembros del Alto Mando justo después de aquella reunión en la que Ponce había ordenado asesinar a Ellacuría. Estuvo reunido con ellos, desde las 11 p.m. del 15 a las 00:30 a.m. del 16 de noviembre. Después visitó el Centro de Operaciones Conjuntas de la Fuerza Armada (COCFA), en las instalaciones del Ministerio de Defensa, donde estuvo junto a su secretario privado, Arturo Tona. El COCFA era el lugar donde invariablemente llegaba toda la información sobre cada acción emprendida por todas las unidades del Ejército.

Ahí el presidente esperó “que se impartieran las nuevas órdenes y regresó a la residencia de su secretario a las 2:33 a.m. aproximadamente”, según se lee de la sentencia. Algunos militares asignados al COFCA esa noche sí escucharon los disparos en la UCA aquella madrugada del 16 de noviembre. “Quedó establecido que en el Estado Mayor se escuchaban perfectamente los disparos y las detonaciones en la UCA, y que los integrantes del Alto Mando estaban presentes en el Estado Mayor”, dice el documento que sirvió de insumo a la Comisión de la Verdad. En otras palabras, la Audiencia da credibilidad a que todos los presentes en el COFCA, Cristiani incluido, habrían escuchado los disparos que provenían de la UCA en la madrugada del 16. 

Sobre el papel de Cristiani en el caso, el fallo también confirma lo dicho por el testigo estrella del juicio, el teniente Yusshy René Mendoza. Este oficial estaba asignado a la Escuela Militar y el 15 de noviembre por la noche fue designado para acompañar al Atlacatl en su irrupción a la UCA. El teniente Mendoza narró en el juicio lo que el director de la Escuela le explicó sobre las órdenes recibidas y emanadas por el Alto Mando. Mendoza explicó que el presidente Cristiani podía haber emitido una contraorden si no estaba de acuerdo con la estrategia de asesinar a civiles identificados como cabecillas de la insurgencia. “No hubo contraorden”, dijo Mendoza.

La sentencia, en la sección de hechos probados, también describe otros momentos en los que el presidente participó. Por ejemplo, el fallo cita cuando el Subsecretario de Estado estadounidense para Latinoamérica, Bernard Aronson, telegrafió el 14 de noviembre al embajador de EE. UU. William Walker, para reprocharle las amenazas que contra Ellacuría y la UCA se vertían en la cadena nacional de radio cuya señal piloto se emitía de la Radio Cuscatlán, controlada por la Fuerza Armada. "[Transmítale] al presidente Cristiani el deseo de la Administración estadounidense de que su gobierno, dentro de los límites de la libertad de prensa, no permitiese la emisión de tales amenazas en un medio de comunicación controlado por el gobierno", decía Aronson en su mensaje.

Cristiani, según la perito del juicio, la profesora de Stanford Terry Lynn Karl, “necesariamente estuvo implicado en el asesinato”. Karl aportó dos informes para el juicio en Madrid. Uno elaborado en 2010 y otro elaborado en 2015, este último más centrado en la figura de Montano. En su primer informe, Karl involucra a Cristiani en los hechos y para ello se basa en diversos elementos: en que las amenazas públicas desde la radio durante los tres días anteriores a los asesinatos fueron retransmitidas no solo en la Radio Cuscatlán, sino también a través del Centro de Información Nacional (CIN) del gobierno.

El 13 de noviembre, añade Karl en el primer informe, Cristiani aprobó la orden de registrar el campus de la UCA. Cristiani explicó en el juicio de 1990-1991 que lo ordenó porque tenía información de que había guerrilleros en la universidad, cosa que resultó falsa.

“El presidente permaneció en las instalaciones y en el Estado Mayor apenas a unos metros de distancia- durante algo más de tres horas- mientras se consumaba el asesinato a una distancia que permitía oír los disparos. Por todo lo expuesto, sostengo que la denegación del Presidente Cristiani de su implicación en estos asesinatos no es creíble”, escribió Karl. 

Terrorismo de Estado

Al final de su sentencia, la Audiencia misma concluye que Cristiani tiene algún grado de participación. “Nos encontramos, por tanto, ante la existencia de un grupo, estable y permanente que, desde las más altas estructuras del poder en El Salvador, compuesto por el propio Presidente de la República, por el Ministro de Defensa, el Viceministro de Defensa, el Viceministro de Seguridad Pública, el Jefe del Estado Mayor y el Subjefe de Estado Mayor, que, con la colaboración y apoyo de los oficiales de alto rango que, pertenecientes a la llamada “Tandona” (…) causaron la alarma, alteración grave de la paz y la convivencia ciudadana, cercenando el camino hacia el diálogo y la paz”.

Los magistrados sostienen que el caso de los jesuitas de la UCA es un ejemplo de violencia que se ejerce desde el aparato del Estado, lo que suele denominarse como “terrorismo desde el Estado”. Identifican el origen de la violencia en el Alto Mando de las Fuerzas Armadas, y sostienen que ahí “se adoptó la decisión de, arrogándose ilegal e ilegítimamente el monopolio de la violencia que corresponde al Estado, y con el único fin de crear terror en la población, y alterar gravemente la paz pública, perpetuarse en sus posiciones de privilegio dentro de las estructuras de poder en El Salvador, cometiendo los crímenes desde el poder y a través de los medios que le suministra el Estado”.

Sobre las razones para ordenar el crimen, el fallo dice que, en general, dentro de las filas del Ejército había oficiales de línea dura que rechazaban cualquier posibilidad de encontrar una salida negociada a la guerra con el FMLN. Entre estos oficiales estaban los miembros de La Tandona, incluyendo Montano. El rechazo, decían, se debía a que una eventual negociación implicaría una depuración de la Fuerza Armada, tal cual era una de las principales exigencias del FMLN.

Montano, de hecho, terminó depurado del Ejército y tuvo que abandonar el Gobierno antes de que este terminara su período, en 1992, después de la firma de los Acuerdos de Paz. Obtuvo una plaza como agregado militar en la embajada salvadoreña en México.

Montano y algunos miembros del Alto Mando “al ver amenazada su situación de poder y de control en los planos militar, político, social y económico del país, y dada la envergadura y éxito que estaba encontrando la ofensiva [del FMLN] decidieron ejecutar a Ellacuría”, reza el fallo.

La animadversión contra él era porque era “la persona que de forma más intensa y efectiva impulsaba” las negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla. La UCA fue receptáculo de esa animadversión y solo en el año 89, fue víctima de 49 registros por parte de militares, amenazas de muerte y atentado, dice la sentencia.

El “único fin” de La Tandona era perpetuar “sus privilegiadas posiciones”, y por eso “cometieron los asesinatos después de intentar hacer creer a la opinión pública que tanto Ignacio Ellacuría como el resto de sacerdotes que trabajaban como profesores de la UCA, especialmente Ignacio Martín Baró y Segundo Montes Mozo, pertenecían al liderazgo intelectual del FMLN”, reza la página 51 del fallo.

¿Justicia en El Salvador?

El fallo confirmó, como lo hizo el Tribunal Supremo en 2015, que el juicio ocurrido en El Salvador entre 1990 y 1991 no tuvo las garantías necesarias de independencia e imparcialidad. “No existió una investigación diligente y eficaz sobre lo ocurrido, ni un proceso imparcial y objetivo”, dice la Audiencia Nacional.

Los magistrados apuntaron diversos indicios por los cuales creen que el juicio salvadoreño (por el que se castigó a Guillermo Benavides y a Yusshy Mendoza en 1991 a 30 años) no garantizó el castigo y persecución efectiva de sus responsables, sino más bien su sustracción a la justicia. “Existieron dilaciones de la Comisión Investigación de Hechos Delictivos en obtener documentos, parte de los cuales así pudieron ser destruidos; la ocultación de datos al juez instructor por parte de dicha comisión; la renuncia de los Fiscales del caso porque el Fiscal General les ordenaba no impulsar el procedimiento, no informar a la prensa, y les separaba de su previo trabajo conjunto y en equipo o no les permitía interrogar a determinados testigos militares importantes; las presiones externas durante el desarrollo del juicio oral, o las amenazas denunciadas por los miembros del jurado”, escribió la Audiencia.

Según dijo el teniente Mendoza en el juicio, las investigaciones fueron truncadas casi desde el inicio a través de asesores jurídicos contratados para ese fin, entre ellos el abogado del Ejército (y hoy diputado) Rodolfo Parker que, según Mendoza, habría sustraído su declaración inicial. Mendoza relató que cuando declaró ante la comisión apareció Parker, entonces asesor jurídico de la Comisión de Honor del Ejército. “De repente llega el abogado Rodolfo Parker, como que pone atención a lo que yo estaba declarando y dice: ‘No, no, no… esas declaraciones no pueden ir así...". Según Mendoza, Parker le pidió cambiar la declaración para no vincular a ningún miembro del Alto Mando.

Consultado por El Faro, el 8 de julio, el diputado Parker dijo que rechazaba la versión de Mendoza: “Eso es absolutamente falso, yo era asesor de la Comisión de Honor. Nunca fui abogado, consultor ni nada de la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos”. La Comisión de Honor era una instancia militar creada para investigar administrativamente los delitos del fuero militar. Parker fue nombrado como asesor de dicha comisión aunque después de unos días de trabajo fue comisionado a apoyar también a la Comisión Investigadora. Parker dijo a este periódico que la Comisión de Honor trabajó durante siete días, entrevistando oficiales. “Una vez la Comisión de Honor tuvo una noción de lo que realmente había ocurrido, entonces encomendé a la CIHD: ‘Tomen las declaraciones porque tenemos todos los indicios de que esto ocurrió de esta manera’”. A partir de ahí, según el hoy diputado, ni él ni nadie de la Comisión de Honor tuvo contacto con los oficiales. “¿Cómo iba a participar en la toma de declaraciones? ¿A titulo de qué? Nunca participé con ningún oficial, con ninguno de los miembros de la unidad, en la toma de declaraciones. No tuve contacto físico ni sé en qué salón les tomaron las declaraciones”, dijo.

Parker ha sido blanco de críticas por parte del Ejecutivo salvadoreño. “Sos un vil criminal”, llegó a escribirle el presidente Bukele al diputado Parker, en redes sociales. El ministro de Defensa Francis Merino Monroy, durante una interpelación en la Asamblea Legislativa hace unas semanas, también increpó a Parker por el papel que, según el juicio de Madrid, tuvo en el caso. No obstante, fue la administración Bukele la que en julio de 2019, a un mes de haber tomado posesión, homenajeó a un militar acusado de ser uno de los autores intelectuales de la masacre, el general Juan Orlando Zepeda, exviceministro de Defensa.

Tras el juicio de Madrid, la discusión parece centrarse en si es posible enjuiciar el caso en El Salvador. “Los hechos se han descrito tal cual ocurrieron, ahí [en el fallo] están los nombres de los responsables. Eso obliga moralmente a la sociedad a seguir el proceso aquí”, dijo Andreu Oliva, rector de la UCA, en una conferencia de prensa ofrecida el mismo viernes del fallo. 

El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), dirigida por un jesuita que fue compañero de los sacerdotes asesinados, José María Tojeira, ha pedido a los tribunales salvadoreños que se reabra un caso que ellos plantearon en el año 2000 y que fue archivado por el juez argumentando la prescripción del plazo para investigar. A finales de 2017, el año en el que la Sala de lo Constitucional eliminó la amnistía para crímenes de guerra, el Idhuca y luego la Fiscalía pidieron la reapertura del caso pero los defensores de los militares acusados han interpuesto diversas apelaciones y el caso está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia las resuelva.

Benjamín Cuéllar, exdirector del IDHUCA y a quien le tocó bregar contra viento y marea en los años 90 y 2000 con el caso, dice que la condena contra Montano es también "una condena histórica, moral y política de sus compañeros de La Tandona". Cuéllar fue de las personas que, ante la imposibilidad de conseguir justicia en El Salvador, elevó el caso a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la misma Audiencia Nacional. En esto, se alió con Almudena Bernabéu (ahora querellante particular del Guernica Center) y Manuel Ollé (de la Asociación Pro Derechos Humanos de España). 

“Es una medida de justicia para alentar lo que algunos jueces y fiscales valientes en El Salvador están haciendo. Además hay consideraciones de coautoría que describen las actividades criminales de La Tandona y eso es positivo. Hay muchos elementos que ojalá puedan contribuir a algunos de los procesos para que se reabran o para los que ya están abiertos”, dijo a El Faro, la abogada Bernabéu. 

“No se ha intentado sustituir la justicia salvadoreña sino de complementarla en aquellas obligaciones internacionales que tienen todos los tribunales nacionales cuando se comete un crimen de estas características. Ojalá El Salvador a partir de este momento reinicie los juicios que quedaron frustrados como consecuencia de la impunidad”, opinó Manuel Ollé, a la Radio del País Vasco, el lugar de donde era originario el padre Ignacio Ellacuría.

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El Salvador Tue, 15 Sep 2020 09:54:01 +0100 http://www.elfaro.net/es/202009/el_salvador/24816/La-sentencia-del-caso-jesuitas-refuerza-las-sospechas-sobre-el-papel-de-Cristiani.htm
El Faro presenta amparo Constitucional contra Hacienda por solicitud de datos no tributarios http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_61_2000_1394/images%7Ccms-image-000034436.jpg http://www.elfaro.net/es/202009/el_salvador/24815/El-Faro-presenta-amparo-Constitucional-contra-Hacienda-por-solicitud-de-datos-no-tributarios.htm El viernes 11 de septiembre, El Faro presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema una demanda de amparo por la agresiva auditoría del Ministerio de Hacienda que recibe desde hace dos meses. El periódico considera que la intención de esta fiscalización excede lo tributario y solicitó medidas cautelares para evitar que Hacienda le siga exigiendo información no contable, relacionada con el funcionamiento interno del medio. También, adelantándose a posibles acciones legales, el miércoles 9 este periódico entregó voluntariamente a la Fiscalía parte de los documentos publicados que sustentan su investigación sobre la negociación del gobierno con la Mara Salvatrucha. Los abogados de Trípode SA de CV, sociedad propietaria del periódico El Faro, presentaron este viernes 11 de septiembre ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de amparo por la auditoría a la que le está sometiendo el Ministerio de hacienda a este periódico. En su demanda, el periódico argumenta que la citada auditoría incluye solicitudes de información que exceden el interés tributario, como los libros completos de actas de Junta Directiva de El Faro, que incluyen discusiones de índole editorial, o los informes intermedios de ejecución de proyectos con fundaciones y organismos internacionales de cooperación.

El Faro, según el escrito presentado a la Sala de lo Constitucional, considera que el Ejecutivo está “utilizando el poder de fiscalización del Estado con fines distintos a los recaudatorios”, y advierte que sus acciones pueden derivar en “una forma de censura o restricción indirecta a las libertades de expresión e información”. La demanda incluye la solicitud de medidas cautelares para evitar que el periódico sea sancionado, o incluso sean allanadas sus oficinas, mientras se analiza su obligación o no de entregar toda la información solicitada por Hacienda.

El pasado 20 de julio, el departamento de investigación penal de la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda informó a El Faro de la apertura de un proceso de auditoría tributaria a su contabilidad de los ejercicios 2014, 2016, 2017 y 2018. Desde un inicio, El Faro brindó en los plazos solicitados los datos y documentos relacionados con temas contables y tributarios. Entre la información proporcionada a las autoridades están los estados financieros (balance general, estado de resultados y estado de cambios en el patrimonio), conciliaciones bancarias, planillas de personal, contratos, y las facturas o recibos que respaldan todos los ingresos y gastos del periódico en los citados años, entre otra documentación.

Sin embargo, el periódico objetó desde un primer momento que la auditoría se remontara a ejercicios anteriores a los tres años que, por ley, pueden ser sometidos a auditoría. Y cuestionó que los requerimientos incluyeran todos sus libros de actas de Junta Directiva. Por ello presentó apelaciones a los requerimientos, que fueron desestimadas por el Ministerio.

Nuevos requerimientos

El pasado 3 de septiembre, en medio de una campaña de acusaciones contra El Faro por parte del presidente de la República, que llamó a este periódico “basura” y le acusó de planear una “cortina de humo” con sus publicaciones, Hacienda hizo un nuevo requerimiento de información. En él exige al periodico intercambios de carácter privado con organizaciones internacionales que lo financian, o la identidad de todos los suscriptores que son parte del programa de "Excavadores ciudadanos”. Este periódico considera que estos datos tampoco tienen relevancia tributaria y teme que puedan ser usados por el gobierno con fines distintos a los que corresponden a una auditoría.

Arnau Baulenas, uno de los abogados de El Faro, teme que la intención de fondo sea “la restricción a la libertad de expresión”. “Hacienda puede iniciar un proceso de fiscalización contra cualquier empresa o persona, pero con los fines que establece la ley”, explicó Baulenas. “No se puede aprovechar de tener la potestad de iniciar un proceso de auditoría para pedir que se le entregue información que no tiene relevancia para su investigación, y que tiene un impacto mayor por ser la empresa auditada un periódico, un medio digital”.

La demanda de amparo hace referencia a varias resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para señalar que “dentro de las restricciones indirectas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión se comprende también el uso de las facultades legales de la Hacienda Pública, con una clara desviación de poder que no busca recaudar los ingresos tributarios del Fisco sino amedrentar, acosar o incluso configurar arbitrariamente la comisión de supuestos delitos”. Esta fiscalización a El Faro sucede en un momento en el que diversos medios de comunicación y periodistas independientes han denunciado ataques cibernéticos, seguimientos, robos selectivos y campañas de acoso desde el entorno gubernamental.

Jose Luis Sanz, director de El Faro, coincide en que parte de la información solicitada por el Ministerio de Hacienda “parece estar alejada” del objetivo normal de una auditoría. “Nuestros abogados y asesores tributarios temen que las solicitudes puedan ir dirigidas a afectar, de alguna manera, las operaciones del periódico o de las personas y organizaciones que sostienen nuestro funcionamiento”, afirmó Sanz.

Esta no es la primera auditoría que El Faro enfrenta en los últimos años. En 2018, durante el Gobierno de Salvador Sánchez Ceren, Hacienda ya abrió una auditoría a la contabilidad del ejercicio 2015 de Trípode SA de CV, de la que finalmente el ministerio desistió. Aquel año, este medio llegó a enfrentar de forma simultánea hasta tres auditorías por parte del Gobierno: una de Hacienda, otra del Ministerio de Trabajo y otra más del Ministerio de Economía.

El Faro pidió a Vilma Chávez, encargada de comunicaciones del Ministerio de Hacienda, una reacción a la solicitud de amparo realizada por El Faro, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

En Nicaragua, el sábado 12 de septiembre, el Gobierno de Daniel Ortega embargó a través de su Dirección General de Ingresos (DGI) el Canal 12, uno de los pocos medios televisivos libre de control estatal en el país, después de imponerle de manera irregular una multa de 21 millones de córdobas (unos 600.000 dólares al cambio oficial) por presunta evasión de impuestos. En los últimos meses, el régimen nicaragüense también auditó e impuso una multa millonaria a Canal 10, que deberán pagar ocho millones de córdobas según el periódico El País . Ambos medios han sido críticos en los últimos dos años con las violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejecutivo. La Sociedad Interamericana de Prensa ha condenado el embargo .

Documentos de la negociación con la MS-13

También a través de sus abogados, seis días después de la publicación de la investigación “Gobierno de Bukele lleva un año negociando con la MS-13 reducción de homicidios y apoyo electoral” , El Faro entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) parte de la documentación en su poder que sustenta el reportaje.

Tras haber anunciado la apertura de una investigación sobre las revelaciones hechas por El Faro, la Fiscalía allanó el lunes 7 de septiembre la sede central de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), así como las penitenciarías de Izalco, en Sonsonate, y Zacatecoluca, en La Paz, para incautar documentos y computadoras. Ante estas actuaciones, el miércoles 9 de septiembre, a las 11:30 de la mañana, el abogado Arnau Baulenas presentó en las oficinas de la FGR un documento dirigido al fiscal general, Raúl Melara, con el que este periódico le proporciona copia de los documentos oficiales ya publicados.

José Luis Sanz explicó que, a lo largo de los años, en múltiples ocasiones la Fiscalía ha solicitado formalmente al periódico copias notariadas de documentos ya publicados para incorporarlos a sus expedientes de investigación de posibles casos de corrupción, revelados a través de investigaciones periodísticas. Aclaró sin embargo que el periódico nunca comparte información que comprometa a sus fuentes o que vaya más allá de los datos o hechos publicados, y que en este caso la información se entregó “por iniciativa propia”.

“Vista la campaña de descrédito que se ha abierto desde el Ejecutivo contra nuestra publicación, y la celeridad con la que está actuando la Fiscalía, nos pareció prudente adelantarnos a la segura petición de esos documentos”, dijo el director de El Faro.

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El Salvador Mon, 14 Sep 2020 21:10:21 +0100 http://www.elfaro.net/es/202009/el_salvador/24815/El-Faro-presenta-amparo-Constitucional-contra-Hacienda-por-solicitud-de-datos-no-tributarios.htm
Bloquear el acceso a los archivos militares constituye desacato y complicidad - Por Celia Medrano http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/202009/360grados/24814/Bloquear-el-acceso-a-los-archivos-militares-constituye-desacato-y-complicidad---Por-Celia-Medrano.htm 360 grados Mon, 14 Sep 2020 17:40:23 +0100 http://www.elfaro.net/es/202009/360grados/24814/Bloquear-el-acceso-a-los-archivos-militares-constituye-desacato-y-complicidad---Por-Celia-Medrano.htm Una alianza por la verdad y la transparencia - Por Carlos Fernando Chamorro http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/202009/360grados/24813/Una-alianza-por-la-verdad-y-la-transparencia---Por-Carlos-Fernando-Chamorro.htm 360 grados Mon, 14 Sep 2020 17:37:45 +0100 http://www.elfaro.net/es/202009/360grados/24813/Una-alianza-por-la-verdad-y-la-transparencia---Por-Carlos-Fernando-Chamorro.htm Fiscalizar el poder hasta que duela, a quien sea - Por Mónica González http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/202009/360grados/24812/Fiscalizar-el-poder-hasta-que-duela-a-quien-sea---Por-Mónica-González.htm 360 grados Mon, 14 Sep 2020 17:36:13 +0100 http://www.elfaro.net/es/202009/360grados/24812/Fiscalizar-el-poder-hasta-que-duela-a-quien-sea---Por-Mónica-González.htm ¿Somos realmente ciudadanos útiles? - Por Dalia Chévez http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/202009/360grados/24811/¿Somos-realmente-ciudadanos-útiles---Por-Dalia-Chévez.htm 360 grados Mon, 14 Sep 2020 17:32:11 +0100 http://www.elfaro.net/es/202009/360grados/24811/¿Somos-realmente-ciudadanos-útiles---Por-Dalia-Chévez.htm La evasión se combate con leyes no con mentiras http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000033642.jpg http://www.elfaro.net/es/202009/columnas/24810/La-evasión-se-combate-con-leyes-no-con-mentiras.htm Durante décadas, a la administración pública no le había interesado combatir de manera frontal la evasión. Era más fácil ver ganar a la selección nacional de fútbol que ver la condena a un gran evasor. Las noches de los domingos suelen representar una tensa calma, pero la del 15 de agosto no lo fue. «@FGR_SV ordena detención por el delito de Evasión de Impuestos por más de $293 millones» señalaba un tuit de la cuenta de la Fiscalía General de la República. Minutos después, en la misma red social, el presidente de la República indicaba «$293 millones de dólares de evasión fiscal, de una empresa propiedad 100 % de la familia Simán. Sí, $293 MILLONES DE DÓLARES» y el Ministro de Hacienda remataba: «Vamos a ser fuertes con este tipo de casos, son $293 millones en tan solo un año».

Fácilmente este anuncio se podría haber convertido en una de las noticias del año –y vaya que 2020 ha dado titulares–, no solo por el monto evadido, sino porque lo había hecho una sola empresa, ¡en un año! Sin embargo, la aseveración era mentira, pues en realidad los $293 millones eran el valor total de las rentas gravables y el monto evadido ascendía solo a $5.3 millones. Este monto de evasión de una sola empresa en un año igual es altísimo, ya que con esos fondos se podría triplicar, por ejemplo, el presupuesto destinado para el programa de Atención a Educación de la Primera Infancia. El problema de este tipo de mentiras intencionales (dudo que sea por ignorancia), es que la lucha contra la evasión se tiñe de campaña electoral y se instrumentaliza, restando legitimidad a un esfuerzo que debería ser acompañado por toda la sociedad.

Durante décadas, a la administración pública no le había interesado combatir de manera frontal la evasión. Era más fácil ver ganar a la selección nacional de fútbol que ver la condena a un gran evasor. Que el Ministerio de Hacienda presente ahora diversos casos de evasión es plausible, pero debe de hacerse con toda la seriedad posible.

La evasión de impuestos también es corrupción. El hecho de que una persona o empresa no pague los impuestos que le corresponden, tiene los mismos efectos que el accionar de un funcionario que comete un acto de corrupción, como realizar compras sobrevaloradas. En estos casos, la gravedad es por partida doble, ya que ese dinero que deja de percibir el Estado son oportunidades de inversión perdidas por la ausencia de esos recursos, lo que se traduce en escuelas con infraestructura deficiente para una educación de calidad u hospitales que no contarán con insumos médicos necesarios para garantizarle la vida a las personas.

De acuerdo a las últimas estimaciones del Ministerio de Hacienda, en 2018 la evasión del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios (conocido como IVA) fue de alrededor de $500 millones. Del impuesto sobre la renta (ISR), en cambio, aunque no hay estimaciones oficiales, esta pudo rondar los $700 millones. Quiere decir que en un solo año el país dejó de percibir unos $1200 millones a causa de la evasión.

Tomando esto como base, la cantidad evadida en 2018 representó más de la quinta parte del Presupuesto General de la Nación de ese año. Los montos evadidos son más altos que lo que como sociedad destinamos para financiar el Ministerio de Educación o el de Salud. Incluso en el caso hipotético en el que no existiera evasión, el país no hubiera necesitado endeudarse para financiar sus presupuestos en las últimas décadas, considerando que los niveles de evasión no han variado significativamente.

Siendo honestos, la evasión es una forma elegante de llamarle al hurto descarado y consciente de recursos al Estado. Al no declarar IVA, quien funge como agente retenedor comete un hurto, porque cuando una persona llega a la tienda o a un supermercado y compra café, azúcar, gaseosa o cualquier otro producto, no le preguntan si quiere o no pagar el IVA, porque ya va cobrado el 13 %. Es importante recalcar esto, ya que se ha construido e instalado la narrativa de que quienes pagan impuestos solo son unos cuantos, y por lo tanto son ellos quienes deben de tomar las decisiones más importantes en el país, obviando que en realidad todas las personas pagamos impuestos, particularmente el IVA. La falta de autorreconocimiento como contribuyentes, pagadores de impuestos, ha provocado que para muchas personas la evasión no sea un problema, porque por desconocimiento no saben que son víctimas de este delito.

En el caso de la evasión del Impuesto Sobre la Renta, esta se da cuando una empresa le retiene al trabajador su impuesto (los conocidos “descuentos de renta”) y no lo traslada al fisco; cuando una empresa traslada sus ganancias a un paraíso fiscal; cuando una empresa presenta, adrede, estados financieros falsos para pagar menos impuestos; cuando un profesional no declara ingresos que percibió. También son culpables de este delito aquellas personas y empresas del sector informal que tienen altas ganancias sin tributar por ello.

Esto es resultado directo del marco legal vigente que favorece a los evasores. En caso extremo que se compruebe que una persona evadió el pago de impuestos (eso implica varios años, en la mayoría de los casos) bastará con que pague el monto evadido más la mora, pero no recibirá una sanción penal, como si sucede en la mayoría de países desarrollados. También es consecuencia de una administración tributaria diseñada para ir a pescar a la pecera, pero temerosa de ir al mar a cazar a los grandes tiburones.

Por ello, si en realidad quiere lucharse de manera frontal contra la evasión, la apuesta del Ejecutivo debería de ser la aprobación de una Política Antievasión, donde se incluyan mediciones anuales y certeras de la evasión del ISR y el IVA, para saber si se está avanzando o retrocediendo. Es fundamental hacer una serie de cambios legales para aplicar el régimen penal tributario, además de la regulación de los precios de transferencia – este es uno de los mecanismos que utilizan evasores para declarar pedidas en el país, para luego trasladar sus ganancias a paraísos fiscales–, así como el establecimiento del principio de renta mundial en el ISR.

Se debe, además, concretar la facturación electrónica y poner en línea las cajas registradoras y los terminales punto de venta (POS) con el Ministerio de Hacienda. Adicionalmente, El Salvador debe acompañar los esfuerzos internacionales indispensables para tener mejor resultados en la reducción de los delitos fiscales.

Todo esto se verá fortalecido en la medida en la que también exista un cambio cultural. Hasta ahora, la evasión ha sido parte de la normalidad, tolerada y aceptada por la sociedad, e incluso aplaudida y defendida. Pero esa evasión es una de las causas que ha provocado tener un Estado sin recursos suficientes, particularmente, para contar con un sistema de salud que garantice la vida a todas las personas. Ahora que la pandemia ha mostrado, de la forma más cruda y dolorosa, los problemas que se tienen como sociedad, no se puede seguir aceptando el hurto a través de la evasión.

En un contexto donde la situación fiscal es muy crítica, donde algunos ya empiezan a plantear la necesidad de la reducción del gasto público, que incluye el gasto social y la inversión pública, para cuadrar las cifras fiscales. Lo mejor que el Estado puede empezar a hacer es garantizar que todas las personas y empresas cumplan con sus obligaciones tributarias. El show y las mentiras montadas hasta ahora serán apenas de beneficio electoral para unos pocos.

Ricardo Castaneda Ancheta es economista sénior y Coordinador para El Salvador y Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
 
Ricardo Castaneda Ancheta es economista sénior y Coordinador para El Salvador y Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

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Columnas Mon, 14 Sep 2020 17:08:15 +0100 http://www.elfaro.net/es/202009/columnas/24810/La-evasión-se-combate-con-leyes-no-con-mentiras.htm
Bloquear el acceso a los archivos militares constituye desacato y complicidad http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000033022.jpg http://www.elfaro.net/es/202009/columnas/24806/Bloquear-el-acceso-a-los-archivos-militares-constituye-desacato-y-complicidad.htm Continuar negando el acceso a quienes buscan verdad, justicia y reparación a los archivos de las fuerzas armadas es estar a favor de la impunidad. Es estar del lado de criminales que actuaron bajo el manto del terrorismo de Estado y eso es complicidad. Continuar negando el acceso a quienes buscan verdad, justicia y reparación a los archivos de las fuerzas armadas involucradas en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, cometidos durante el conflicto armado, es una acción parcializada. Es estar a favor de la impunidad. Es estar del lado de criminales que actuaron bajo el manto del terrorismo de Estado y eso es complicidad.

El Decreto 486, prácticamente una Ley de autoamnistía dada en 1993, dejó engavetada la posibilidad de iniciar oportunamente la judicialización de procesos encaminados a sentar el precedente de que la impunidad ya no sería el pan de cada día en el país. Dos décadas después, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sentenció, por fin, la inconstitucionalidad de esa ley e instó a dar los primeros pasos de justicia transicional, entre ellos, abrir los archivos militares a las víctimas y a la justicia para que se investiguen los casos de graves violaciones a derechos humanos. El Estado, encabezado por el presidente de la República -en su calidad de Comandante General de la Fuerza Armada-, no ha cumplido con esta orden, cometiendo con ello desobediencia a la sentencia.

El juez de instrucción que dirige el proceso 238/1990, iniciado por la denuncia de dos víctimas sobrevivientes de la masacre de El Mozote y reabierto desde el 2016, fue claro ante el representante de Casa Presidencial en la última audiencia celebrada sobre el caso de que su resolución para realizar inspecciones a instalaciones militares con el objeto de localizar archivos relacionados con la operación “Rescate” no es ni una petición y mucho menos una súplica. Es una orden de obligatorio cumplimiento para cualquier autoridad, incluyendo al presidente. También lo es la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía emitida por la Sala de lo Constitucional.

Más de 40 víctimas directas y presenciales han declarado en el proceso y han pedido que se abran los archivos existentes a la década en que la masacre de El Mozote fue perpetrada en 1981. El Juez Jorge Guzmán ha peticionado informes al Ministerio de la Defensa Nacional que pudiesen colaborar en la identificación de los posibles responsables de estos hechos. A juicio del juez, la inspección de los archivos militares es una de las diligencias más importante y es necesaria porque mucha de la información relevante para el esclarecimiento de estos hechos no fue proporcionada o fue proporcionada incompleta.

El juez Guzmán rebate el argumento de abogados defensores de los militares y del Gobierno que insisten en calificar como documentos secretos los archivos militares apelando a la Constitución de la República, la seguridad nacional, la soberanía y defensa del Estado. Combinando en el proceso principios de normativa internacional con la legislación interna, el juez plantea que no puede invocarse el carácter de reserva de una información cuando se trate de investigación de graves violaciones a los derechos humanos, aspecto también recogido en el artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

En su informe sobre la visita In Situ realizada a El Salvador en diciembre 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que: “… la falta de diligencia para desclasificar estos archivos constituye un gran obstáculo para la reconstrucción de la verdad de lo sucedido en el conflicto. Del mismo modo, constituye un serio condicionamiento para alcanzar la justicia en los casos de graves violaciones a los derechos humanos que se encuentran en fase de investigación”. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, al adoptar el  conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos a través de la lucha contra la impunidad, estableció que es obligación de los Estados asumir medidas adecuadas para sistematizar, preservar, reconstruir y tener a disposición los archivos históricos que contribuyan al esclarecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, ocurridas en contextos de guerra y conflicto armado. Señaló también la obligación de garantizar la colaboración de las instancias públicas en relación a cualquier otro documento o provisión de información necesario en los procesos investigativos judiciales o extrajudiciales que así lo requieran. Por su parte, el Relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, ha dicho también que en El Salvador “se necesita una acción más decidida para ayudar a reparar el legado de abusos que dejó el conflicto”.

Pesa sobre los responsables de la preservación y custodia de estos documentos una medida cautelar que reitera que ocultar estos archivos obstaculiza a la justicia en favor de impedir la identificación de los responsables de hechos como El Mozote, en particular de los responsables al más alto nivel de estructuras castrenses. El conocer estos documentos permite un mayor entendimiento sobre las redes de actuación que no fueron aislados, sino que respondieron a políticas de terrorismo de Estado. Es precisamente esto lo que está en juego. Es claro que los actores con poder que dirigieron estas acciones en el pasado cuentan con suficiente poder e influencia ahora para bloquear todo intento contra la impunidad de la que gozan. Contra ello se alzan las mismas víctimas y sus familiares, así como un valiente juez que ha entendido la transcendencia histórica que se ventila en su pequeño tribunal de instrucción de San Francisco Gotera en el departamento de Morazán.

Celia Medrano es periodista salvadoreña con especialidad en derechos humanos, educación para la paz y gestión pública.
 
Celia Medrano es periodista salvadoreña con especialidad en derechos humanos, educación para la paz y gestión pública.

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Columnas Fri, 11 Sep 2020 18:27:13 +0100 http://www.elfaro.net/es/202009/columnas/24806/Bloquear-el-acceso-a-los-archivos-militares-constituye-desacato-y-complicidad.htm
Magaña concilió con víctimas e intentó frenar solicitud de antejuicio http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1333/images%7Ccms-image-000034339.JPG http://www.elfaro.net/es/202009/el_salvador/24802/Magaña-concilió-con-víctimas-e-intentó-frenar-solicitud-de-antejuicio.htm La Policía y la Fiscalía concluyeron que el diputado Arturo Magaña fue el responsable del choque que provocó la muerte de Francisco Moya y lesiones en otros cuatro jóvenes. Cuatro días después del accidente, el diputado indemnizó a los padres de Moya y a dos de las afectadas. Luego su defensa intentó que la Fiscalía frenara la solicitud de antejuicio, pero esta fue presentada el 9 de septiembre pasado. Un día después de que la Fiscalía presentó una solicitud de antejuicio en la Asamblea Legislativa contra Arturo Magaña, involucrado en un aparatoso choque automovilístico en el que falleció una persona, el diputado escribió en su cuenta de Twitter que renunciaría al fuero porque quiere someterse a la justicia como cualquier persona. Sin embargo, no dijo que para ese momento ya había conciliado con tres de las cinco víctimas del choque ocurrido en la madrugada del sábado 29 de agosto de 2020, y que su defensa intentó convencer a la Fiscalía de que la solicitud de antejuicio ya no era procedente. 

Una de las conciliaciones fue con los padres del joven fallecido, José Moya, quien junto a otra joven iba a bordo del auto deportivo que conducía Magaña. Moya era uno de sus mejores amigos. Magaña también concilió con dos pasajeras que iban a bordo de la camioneta conducida por un tercer joven de 24 años, según tres documentos notariales que El Faro tiene en su poder y que han sido validados por el abogado defensor del legislador. La conciliación ocurrió el 2 de septiembre de 2020, cuatro días después del accidente y dos días después que la Policía Nacional Civil (PNC) concluyera que Magaña había sido el responsable porque no respetó la señal del semáforo ubicado entre la 79 avenida norte y la 9a calle poniente.

La Fiscalía pide el retiro del fuero contra Magaña para poder procesarlo por homicidio culposo. El día del accidente, la Policía no llegó a la escena con celeridad ni buscó a Magaña, que se movilizó a un hospital ubicado a 100 kilómetros de la escena, para practicarle exámenes toxicológicos. De hecho, mientras la Fiscalía tenía una batalla legal con la jueza de Ahuachapán para que ordenara la realización de estos exámenes, el diputado ya había conciliado con tres de las víctimas.

Con los padres de José Moya, el  diputado se comprometió a pagar los gastos fúnebres e indemnización “que cubre en su totalidad la responsabilidad civil derivada del homicidio culposo”, según el acta notarial del “acuerdo conciliatorio extrajudicial”. De hecho, en ese mismo documento, dice que su abogado entregó ese día la cantidad de dinero que acordaron. La defensa no quiso revelar los montos "para proteger a la familia". Dos días después,  Mario Machado, abogado de Magaña, presentó un escrito dirigido al fiscal general, Raúl Melara, donde le dice que no es necesario promover una causa penal porque ya hay un acuerdo legal con los padres de la víctima. “De promoverse el proceso de antejuicio sería con el objeto de pedir en sede judicial una homologación del acuerdo conciliatorio que ha sido relacionado, y consecuentemente, para solicitar un sobreseimiento definitivo en relación al único delito grave que se le atribuye”, se lee en el documento.

Este periódico consultó a Machado si su cliente concilió con las víctimas porque se considera responsable del hecho. “En términos legales una conciliación no es sinónimo de admisión de culpa ni de responsabilidad. Es un arreglo moral que Arturo tomó la decisión de realizar y no darle lugar a un pleito judicial”, dijo el abogado. La Fiscalía está al tanto del arreglo extrajudicial, pero considera que no es procedente porque para que sea legal debe ser presentado ante un juzgado, por eso es que ha promovido el antejuicio. El Código Procesal Penal, en su artículo 38, establece que el homicidio culposo es conciliable. Fuentes judiciales explicaron a El Faro que un acuerdo de este tipo es válido para evitar llegar a los juzgados “y el acta de conciliación debe realizarse frente a un notario que da fe y ahí termina todo”. 

PNC y Fiscalía: Magaña provocó el accidente

En la madrugada del sábado 29 de agosto, el diputado y sus dos amigos habían pasado a una gasolinera a comprar dos cervezas, según relató una de las víctimas del accidente. Inmediatamente después se condujeron con rumbo hacia la 79 avenida norte y la 9a calle poniente. La testigo no recuerda qué pasó “porque tenía mucho sueño”, está reseñado en uno de los partes policiales del caso.

El relato de esta testigo apunta a una presunta ingesta de bebidas alcohólicas. De hecho, la misma Fiscalía menciona en la acusación que adentro del carro de Magaña fueron encontradas dos botellas de licor de jengibre, pero el examen practicado por las autoridades a Magaña, 10 días después del incidente, dio negativo. 

El conductor de la camioneta impactada por el deportivo conducido por Magaña aseguró que “al llegar a la intersección con la 9a calle poniente por precaución disminuyó velocidad, aunque el semáforo para él se encontraba en verde, luego él siguió despacio y no observó a ningún vehículo cuando de repente sintió el golpe en la parte delantera de su vehículo provocando que volcara”, se lee en la hoja de daños personales del afectado que la PNC elaboró el 29 de agosto a las 5 de la tarde. La Policía concluyó que “él por la imprudencia de no respetar la luz roja del semáforo y no tomar en cuenta todas las medidas seguridad necesarias, infringiendo así lo establecido en el artículo 124 del Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial, causa por la cual fue a colisionar”, se lee en el parte policial.

La Fiscalía acusa al diputado de lesiones culposas en perjuicio de los jóvenes que iban a bordo de la camioneta color gris, pero el requerimiento será presentado cuando su periodo como diputado termine porque la pena del delito es menor. Es decir, la Fiscalía no pide que se le quite el fuero por ese delito, sino únicamente por el homicidio culposo.

Sin embargo, Magaña también concilió con dos de los ocupantes de la camioneta. En el acta notarial “de no autorización de previa instancia particular” a la que este periódico tuvo acceso,  se establece que dos jóvenes recibieron dinero por las lesiones que ocasionó el accidente y “por medio del escrito señala que no tienen nada que reclamar al señor Magaña”. Con el conductor de la camioneta, el diputado no logró llegar a ningún acuerdo conciliatorio.

La otra ocupante del vehículo deportivo, amiga de Magaña, decidió no presentar cargos en su contra, según los escritos: “manifiesta que es de su voluntad no considerarse ofendida por las lesiones sufridas en su integridad física por lo que manifiesta no autoriza a la Fiscalía el inicio del ejercicio de la acción penal”, se lee en el acta policial que El Faro tiene en su poder

Fiscalía cuestiona a una Policía que actuó con falencias

El accidente de tránsito ocurrió a las 5:00 a.m., pero el reporte policial indica que fue reportado al sistema 911 a las 7:13 minutos de la mañana del sábado y dos policías llegaron a la escena a las 8:10 a.m. A esa hora los agentes no encontraron a Magaña ni al resto de lesionados. Sin embargo, en el lugar estaba el padre del joven quien conducía la camioneta, que informó que su hijo se encontraba ingresado en el Hospital Merliot. 

Luego enviaron a otros policías “para que fueran a verificar a diferentes hospitales a tratar de encontrar a los otros lesionados” y fue de esta manera que a las 3:00 de la tarde, en el hospital Rosales, ubicaron a la joven que viajaba junto con Magaña y también dieron con el paradero de José Moya, que falleció a las 8:00 de la noche de ese mismo sábado. Para ese momento la Policía ya había informado en su cuenta de Twitter que el funcionario sería presentado a la Asamblea Legislativa, cuando en realidad estaba internado en un  hospital en Ahuachapán.

La Fiscalía ya había denunciado la falta de colaboración de la Policía y por ello ordenó una investigación de oficio para obligar a la institución que colabore con el caso. De hecho, en documento de ante juicio, la Fiscalía denuncia que la falta de compromiso por parte de la PNC se perdieron elementos probatorios para acusar a Magaña de los delitos de conducción peligrosa de vehículos automotores y tenencia portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. “Dentro de las falencias más relevantes del actuar de la Policía encontramos que se recibieron varias llamadas desde las 5:00 de la mañana y hasta las 7:19 enviaron a un equipo para que se haga presente en el lugar de los hechos. La falta de fijación del arma de fuego propiedad del diputado y dos botellas de licor de jengibre que se encontraban en el vehículo”.

A pesar que la Policía ubicó a Magaña, no le practicaron un examen toxicológico para determinar si manejaba bajo los efectos del alcohol o drogas. Incluso, la Fiscalía pidió al día siguiente que le practicarán los exámenes pero la jueza de Paz de Ahuachapán se opuso a realizarlo porque se trata de un diputado. Fue hasta diez días después que, por orden de la Cámara de lo Penal Occidente, el Instituto de Medicina Legal realizó esos exámenes. Según una nota de La Prensa Gráfica, el resultado dio negativo.

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El Salvador Fri, 11 Sep 2020 18:19:40 +0100 http://www.elfaro.net/es/202009/el_salvador/24802/Magaña-concilió-con-víctimas-e-intentó-frenar-solicitud-de-antejuicio.htm
Una luz para el camino http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_778_821_1477_1286/images%7Ccms-image-000034432.jpg http://www.elfaro.net/es/202009/el_farolero/24805/Una-luz-para-el-camino.htm La mirada de Otto a la condena en el caso jesuitas contra Inocente Orlando Montano, ex viceministro de Defensa. El Farolero Fri, 11 Sep 2020 16:04:48 +0100 http://www.elfaro.net/es/202009/el_farolero/24805/Una-luz-para-el-camino.htm Bukele confecciona un IAIP menos transparente vía decretos ejecutivos http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000034424.jpg http://www.elfaro.net/es/202009/el_salvador/24803/Bukele-confecciona-un-IAIP-menos-transparente-vía-decretos-ejecutivos.htm Presidencia ha interferido de nuevo en el Instituto de Acceso a la Información y esta vez ha logrado dividir a los comisionados con unas reformas que dan más poder al presidente del Instituto y bloquea las impugnaciones a los comisionados nombrados por Bukele. A tono con la arremetida contra el IAIP, el Ejecutivo también ha blindado los procesos de compra con reformas a la Lacap. Tres comisionados y expertos advierten graves retrocesos en transparencia. Casa Presidencial reformó el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública a través de un decreto presidencial para dar más poder al presidente del IAIP, en detrimento de las decisiones colegiadas en el pleno del instituto. Las reformas, además, fueron realizadas de manera coincidente con el nombramiento de un quinto comisionado para la institución. Los cambios, advierten los expertos, han eliminado la posibilidad de impugnar a los candidatos a comisionados de los cuales el presidente de la República escoge a un propietario y un suplente. 

La nueva ofensiva contra el IAIP es coherente con una apuesta de Casa Presidencial para interferir en los asuntos del Instituto, que por ley es autónomo y es la máxima autoridad en materia de acceso a la información pública. La diferencia, ahora, estriba en lo que pareciera ser una primera batalla ganada por Bukele: al interior del ente colegiado, la reforma ha dividido a los comisionados propietarios. 

Este 10 de septiembre, además, Bukele nombró como nuevo comisionado en representación del gremio de periodistas a Luis Javier Suárez, exgerente de operaciones de la Superintendencia General de Energía y Telecomunicaciones (Siget), una instancia del Ejecutivo. Suárez llegó propuesto por la Asociación de Periodistas Independientes de El Salvador (Aspies), la organización que también participó, a inicios de año, de la elección irregular de Juan Carlos Rodríguez Turcios, un hombre de confianza del ministro de Gobernación Mario Durán. Turcios duró solo 48 horas en el cargo, luego de constantes recusaciones en su contra por falta de independencia. Suárez, al igual que Turcios, fue elegido como candidato a comisionado en una votación secreta e irregular que ha sido cuestionada porque no respetó los procedimientos de ley. 

Este jueves 10, Suárez y Gerardo José Guerrero Larín se presentaon a su primer día de trabajo como comisionado propietario y suplente en el IAIP, respectivamente. Ambos comisionados fueron juramentado en el cargo por el presidente Bukele el día 9. 

Guerrero no quiso dar declaraciones. Suárez, en cambio, fue cuestionado sobre el secretismo con el que desarrolló la asamblea general en la que fue electo, a lo que él respondió que la asamblea es información "pública y se puede solicitar el video por acceso a la información”, según publicó la Revista Gato Encerrado. Respecto a las reformas, según el mismo medio, respondió que las desconocía y que tenía que estudiar en qué consisten. “Estos reglamentos no son pétreos, se pueden reformar”, dijo.

Las reformas al Relaip entraron en vigencia justo cuando el proceso de selección de Suárez y Guerrero estaba a mitad de camino. El 31 de agosto, cuando las reformas entraron en vigencia, faltaba un día para la celebración de la asamblea donde serían votados. 

El Ejecutivo es un ente obligado a acatar la LAIP y las decisiones del IAIP en materia de acceso a la información pública, pero desde que llegó el nuevo Gobierno ha presionado al Instituto para obtener información privilegiada. En noviembre de 2019, René Cárcamo, entonces presidente del IAIP, renunció tras las denuncias de filtración de información confidencial del IAIP hacia Capres. 

En ese episodio, como en la elección de Rodríguez Turcios de febrero, la mayoría de los comisionados en el pleno del IAIP actuaron en sintonía, cuestionando las intromisiones de Capres. Ahora, Bukele ha logrado una fisura. En la mañana del 10 de septiembre, las comisionadas Liduvina Escobar, Yanira Cortez y Andrés Grégori criticaron la medida en una conferencia en la que no participó el presidente del IAIP, Ricardo José Gómez, recién juramentado por Bukele y convertido en presidente del ente garante de la transparencia. Goméz es ahora, según dispone el reglamento, el funcionario con más poder en el IAIP.

Inmediatamente después de la conferencia de sus compañeros, Gómez dio su postura en solitario desde la misma sede del IAIP. Él no cuestionó la reforma. Solo dijo que “debía estudiarse a profundidad”.

Gómez fue uno de los candidatos elegidos de la terna presentada por la universidades. Fue propuesto por la Universidad Francisco Gavidia. Fue procurador adjunto en tiempos de Raquel Guevara, entre 2016-2019. Hace un par de semanas, fue cuestionado en redes sociales por una supuesta reunión en Casa Presidencial a la que habría sido convocado. Inmediatamente se defendió diciendo que ejercerá su cargo con independencia. En su conferencia de esta mañana, Gómez dijo que era demostrable que no había sostenido una reunión de ese tipo si se solicitaba su registro de ingresos y salidas del IAIP.

La reforma al reglamento y la división en el organismo colegiado ocurre una semana después de que Casa Presidencial adelantara un día la elección de los candidatos a comisionados representantes del gremio de periodistas. En secreto, Capres convocó a una votación secreta para que dos asociaciones de periodistas escogieran sus cartas, de las cuales Bukele nombraría al quinto miembro del IAIP y su suplente. Capres no permitió presencia de observadores ni respondió una impugnación del proceso enviada el 2 de septiembre por la APES, que ha cuestionado esa elección por ir en contra de la ley y reglamentos de LAIP.

Yanira Cortez (blanco), Liduvina Escobar (amarillo) y Andrés Grégori leyeron este 10 de septiembre de 2020 un comunicado con el que rechazaron las reformas al Relaip impulsadas por la Prsidencia. El pleno del IAIP se dividió en torno a esas reformas. El presidente Ricardo Gómez dijo que no podía pronunciarse sin haber estudiado las reformas.Foto: Gabriel Labrador / El Faro
 
Yanira Cortez (blanco), Liduvina Escobar (amarillo) y Andrés Grégori leyeron este 10 de septiembre de 2020 un comunicado con el que rechazaron las reformas al Relaip impulsadas por la Prsidencia. El pleno del IAIP se dividió en torno a esas reformas. El presidente Ricardo Gómez dijo que no podía pronunciarse sin haber estudiado las reformas.Foto: Gabriel Labrador / El Faro

Dos IAIP

El decreto 34 fue firmado el 26 de agosto de 2020 y entró en vigencia el 31, día en que fue publicado en el Diario Oficial. Otorga más funciones y poderes al presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, debilitando al pleno del instituto y a la toma de decisiones colegiadas. Además, las reformas eliminan la posibilidad a la ciudadanía de impugnar a un candidato a comisionado cuando consideren que no cumplen con los requisitos de ley.

Los comisionados Liduvina Escobar, Yanira Cortez y Andrés Grégori comunicaron este jueves 10 la postura que, según dijeron, fue adoptada por el pleno el miércoles 9 en sesión extraordinaria, por mayoría. Cuestionan que las reformas representan menoscabo a la autonomía administrativa del IAIP y hay un riesgo de desprotección del derecho de acceso a la información pública. 

Los comisionados insinuaron que no cumplirán con esas reformas. "Nuestro espectro funcional se limita a lo dispuesto en la ley por lo que la creación y la asignación de nuevas funciones en instrumentos infralegales, así como la modificación de la sustancia y espíritu de aquellas consagradas en la Ley, resulta incompatible con el espíritu de dicho principio", dijo la comisionada Escobar.

"Los hechos de corrupción señalados por ustedes los medios pone en duda la legitimidad del Estado, y cuando eso pasa, el IAIP es garantía de transparencia y por eso es que precisamente estamos en este conflicto sobre el reglamento", señaló la comisionada Cortez, para mostrar su descontento con las reformas.

El primer artículo del decreto modifica el procedimiento a seguir cuando un ciudadano solicita información pública y le es denegada por estar clasificada como reservada. Antes de la reforma, el reglamento establecía que el IAIP podía conocer y resolver una controversia de este tipo. Con el cambio se le exige al ciudadano que si no está conforme con la reserva impuesta a cierta información, que apele frente a la institución respectiva y solo en ese caso, la controversia puede ser de conocimiento del IAIP. “Antes cuando la información era declarada reservada, te ibas directo al instituto. Hoy no, hoy resulta que tenés que agotar un recurso. Es ponerle más trabas a la ciudadanía, obstaculizar el ejercicio de su derecho”, explica la abogada constitucionalista Ruth Eleonora López.

"Con suma preocupación advertimos un riesgo para la eficaz protección de los derechos que por ley estamos mandados a proteger y garantizar", dijo la comisionada Escobar. El pronunciamiento de los comisionados dicen que que en este tema, la reforma puede significar una contradicción con la LAIP, pues el artículo 58 literal g le da potestad al pleno para "resolver controversias en relación a la clasificación y desclasificación de información reservada".

El segundo artículo se refiere a las facultades del presidente del IAIP. Por ley, el cargo de la persona que preside el IAIP es designado por la presidencia de la República y tiene una única función: representar legalmente al instituto. Ahora, tras lo decidido por Bukele, el presidente del Instituto pasa a tener 10 funciones, entre las que resalta “custodiar toda la información administrativa recibida o generada por el pleno y la dirigida o generada por su cargo” y “emitir y conducir la política institucional de comunicaciones del instituto”. 

En este aspecto, la reforma marca un retroceso respecto del funcionamiento colegiado del IAIP. A raíz del escándalo por permitir que el IAIP filtrara información confidencial a Casa Presidencial en junio de 2019, el pleno de comisionados acordó restringir las potestades únicas del presidente del IAIP. La nueva reforma vigente otorga nuevas atribuciones al presidente. 

Según los comisionados, la reforma al reglamento pone en riesgo la autonomía del pleno del IAIP, y hace que el instituto se vuelva presidencialista. "La reforma puede suponer un menoscabo a la potestad normativa respecto del desarrollo de los aspectos internos de organización del IAIP, y por ende, a la autonomía administrativa", dijo Escobar. Su colega Cortez dijo que con base al principio jurídico de "buena fe" los Estados no deben  obstaculizar el cumplimiento de ninguna ley, y eso es lo que está ocurriendo con los cambios planteados por Bukele.

“El presidente de la República está tomando atribuciones que no le corresponden: está legislando y está tomando competencias que son de la Asamblea Legislativa”, sostiene Wilson Sandoval, de ALAC. La organización Acción Ciudadana y el Grupo Promotor de la LAIP ya han presentado sendos escritos a la Sala de lo Constitucional donde solicitan que se deje sin efecto las reformas al reglamento. "Las reformas representan un grave retroceso para el derecho de acceso a la información pública", dijo el Grupo Promotor, en un comunicado este jueves 10.

El presidente del IAIP, el comisionado Gómez dijo que aún estaba estudiando el calado de las reformas y que no podía emitir una opinión definitiva, pero que en todo caso, este análisis debía hacerse "de forma mesurada". El Faro le preguntó si no era un retroceso que se eliminara la posibilidad de impugnación de las candidaturas, y que respecto de la reserva de información se le añadiera un paso al ciudadano para apelara cuando se le negara información aduciendo reserva. "No he dicho que las valoro de manera positiva o que si son un retroceso. He insistido en que hay que hacer una evaluación. La mejor forma de abordar este análisis es con mesura", dijo Gómez.

El presidente Gómez insistió en que si alguien no se siente conforme con la reforma puede recurrir a instancias como la Sala de lo Constitucional. Explicó que la reforma que anula las posibilidades de impugnación de candidaturas, de todas maneras, no afecta ningún proceso en marcha y que eso brinda tiempo por si alguien quiere impugnar el reglamento. Acerca de la reforma sobre la reserva de información dijo lo mismo, que por el momento el IAIP no tenía ninguna controversia de ese tipo en marcha.

Gómez dijo que estaba claro de que un reglamento no podía estar por encima de una ley secundaria. Explicó que si en su análisis de las reformas encuentra que el reglamento está reformando la LAIP no lo aplicará. "Descarto por completo que vaya a afectarse el IAIP", dijo. "Nos mantendremos trabajando bajo los mismos principios generales y frente a la corrupción tenemos que tener la misma dinámica de trabajo como institución", agregó. 

El Grupo Promotor de la LAIP, que también cuestionó la eleccción de los nuevos comisionados, presentó el mismo jueves 10 una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas al reglamento RELAIP ante la Sala de lo Contitucional. Advierten que el reglamento es un obstáculo para el acceso a la información de la ciudanía y debilita al Instituto.

El presidente del IAIP, Ricardo Gómez, no se atrevió a cuestionar las reformas al reglamento de la LAIP pues dijo que debía estudiarlas más a fondo. Foto: Gabriel Labardor / El Faro.
 
El presidente del IAIP, Ricardo Gómez, no se atrevió a cuestionar las reformas al reglamento de la LAIP pues dijo que debía estudiarlas más a fondo. Foto: Gabriel Labardor / El Faro.

Compras públicas más opacas

Uno de los principales mandatos del IAIP es velar por la entrega de información pública al ciudadano, sobre todo de aquella relativa al manejo de fondos públicos en el Estado. A tono con la ofensiva en el IAIP, el gobierno de Bukele también ha reformado el reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (Lacap). Con la reforma, aseguran los expertos, los procesos de compras de bienes e insumos se ven más opacos y abren la puerta a irregularidades. 

Entre otras cosas, el Ejecutivo permitió que las instituciones del Estado reciban ofertas de contratistas a través de correo electrónico, sin necesidad de que el registro quede documentado en el sistema Comprasal.  “Las reformas tienen toda la intención de quitar herramientas, permitir menos información a la ciudadanía, principalmente al periodismo de investigación, para no ser objeto de escrutinio y de fiscalización”, considera Xenia Hernández, abogada experta en transparencia del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ). 

Comprasal es un sitio en línea, administrado por Hacienda, que permite  llevar controles sobre las etapas de los procesos de compra: convocatoria, retiro de bases, adendas o enmiendas, recepción de ofertas, evaluación de ofertas, publicación del resultado, recurso de revisión y contratación del proveedor. Al ser electrónico, las acciones de las oficinas de gobierno y de los proveedores, en cada etapa, quedan documentadas de manera cronológica en el sistema y el resultado del proceso puede ser consultado por el público a través de un buscador en línea. 

El 17 de agosto, Presidencia publicó en el Diario Oficial un decreto que ordena que para las compras por libre gestión y por contratación directa ya no será necesario documentar la recepción de ofertas en el sistema, porque las instituciones podrán recibir estos documentos de los proveedores a través de correos electrónico o en físico. Así quedó establecido en el “Decreto 30, Reformas al Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales”.

Las compras por libre gestión ocurren cuando el gobierno invita a un grupo de proveedores a presentar ofertas y selecciona la mejor en base a criterios de evaluación. La contratación directa se utiliza en situaciones de calamidad pública, desastre, urgencia o porque la licitación fue declarada desierta en dos ocasiones.

El 1 de septiembre, la Fundación para el Desarrollo (Funde) denunció que la reforma es ilegal, porque contraviene la Lacap. “La utilización de correo electrónico compromete la transparencia en materia de adquisiciones y contrataciones en la modalidad de libre gestión y contratación directa. No establecen las garantías de autenticidad, integridad y conservación de la información”, dice el comunicado.

La reforma establece que “el correo electrónico está habilitado para la presentación de ofertas o cotizaciones” y la “institución contratante podrá exigir la oferta o cotización en original y documentación en físico a los participantes durante la evaluación y reservándose el derecho la institución contratante de exigir la oferta o cotización en original y documentación en físico a los participantes durante la evaluación”.

Funde dijo que la reforma abre la puerta a la corrupción. “Facilita la manipulación, alteración o destrucción de la información así como evita la obligación de su publicidad”, expresó.

Xenia Hernández insiste en que la reforma abre nuevos espacios de opacidad al gobierno y reduce la contraloría. “La reforma puede impedir que tengamos acceso a información íntegra y veraz, porque queda a merced del gobierno de turno que entreguen aquella información que les resulte conveniente. Puede permitir al gobierno seguir realizando arbitrariedades, irregularidades, abuso de fondos públicos sin que la población conozca qué está pasando”, dijo.

 


El Gobierno de las “otras cositas”

“Todos los días sacan otra cosita, como la gotita, para que la gente vaya pensando ‘ah, estos han de ser iguales’. Por supuesto no vamos a ser tan idiotas de ser iguales que ellos”, dijo el presidente Nayib Bukele el 27 de agosto en conferencia de prensa. Se expresó así para demarcarse de las comparaciones de su gobierno con las administraciones anteriores de Arena y el FMLN. Ese día, el mandatario se encontraba acompañado del embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, cuando un periodista le cuestionó sobre unos ventiladores respiratorios que fueron donados por el país norteamericano y robados en Florida. Bukele aprovechó la pregunta  para descalificar las irregularidades en el manejo del erario público.

En los últimos cuatro meses, investigaciones periodísticas han revelado la existencia de contrataciones irregulares en el Ejecutivo que han favorecido a funcionarios, familiares de funcionarios o políticos afines al gobierno Bukele.  “¿Es realmente un compromiso por la transparencia y por la institucionalidad y por proteger los fondos públicos? No. Están en campaña electoral”, dijo. 

Bukele no habló de ello en esa conferencia, pero esa misma semana Casa Presidencial ya había confeccionado en secreto las reformas al reglamento de la LACAP. 

Durante la pandemia, (y mientras se encontraba vigente la Ley de estado de emergencia que le permitía al Gobierno saltarse la Lacap), el Gobierno realizó contratos por cientos de miles de dólares para adquirir insumos médicos con empresas ligadas a funcionarios. En julio se conoció que el ministro de Salud, Francisco Alabí, autorizó el pago de $225 mil a una empresa de sus familiares en concepto de botas de hule para el personal médico. Entonces, las voces críticas no dudaron en indicar que dicha compra constituyó una falta a Ley de Ética Gubernamental, que inhibe a los funcionarios de ofertar como contratistas para el Estado. 

La Ley de Ética tampoco fue respetada cuando el Ministerio de Salud hizo negocios con la empresa de reciclaje de plástico de Jorge Aguilar, quien entonces era el presidente del Fondo Ambiental de El Salvador. El funcionario vendió al ministerio de Salud protectores faciales valorados en 250 mil dólares. Cuando la noticia se divulgó,  Bukele “separó del cargo” a Aguilar, pero no hizo ningún reajuste dentro del ministerio que firmó el contrato. Salud, además, pagó 344 mil dólares por un lote de mascarillas quirúrgicas a una empresa fundada por el diputado René Gustavo Escalante. 

El 22 % de las 800,000 mascarillas que la empresa de familia Escalante vendió eran defectuosas. El lote de 179,489 mascarillas, con un costo de $77,180.27, requería cambio porque el insumo recibido no cumplía “con las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas tales como: inexistencia de plisado (pliegues que facilitan el acomodo en el rostro), medidas en su cuerpo menor a lo estipulado, sin costuras de cierres en los bordes del producto y material elástico de orejillas débil y delgado del producto”, documentó El Faro. 

Además de las compras irregulares que se han realizado en el ministerio de Salud, también ha trascendido información sobre las prioridades de gasto de esta cartera durante la pandemia. El medio Salud con Lupa reportó que el ministro de Salud emprendió en mayo un proyecto de remodelación de su oficina, con un costo de más de 54 mil dólares. Dentro de los gastos resaltaba la compra de un mueble que sirve como “estación de café”, con un precio de $1,300. “Es increíble que los que pasan todo el día poniendo el grito en el cielo por una cafetera, guardan un silencio cínico y cómplice, ante los más grandes actos de corrupción”, tuiteó Nayib Bukele en un intento de zanjar la conversación. 

Las irregularidades de este gobierno también han sido identificadas en el círculo cercano de la Presidencia. A pesar de que durante un año el gobierno publicitó que el  secretario jurídico de la presidencia trabajaba de manera “ad honorem”, El Faro reveló que el funcionario recibe un salario de $8 mil, casi tres mil dólares más de salario asignado por Ley al presidente de la República. Existen pruebas de cómo este gobierno está tratando con privilegios estatales a sus aliados. Este periódico también expuso cómo el Banco de Desarrollo de El Salvador, benefició a dos hermanos de la comisionada presidencial, pese a las advertencias internas de un conflicto de interés. Hasta la fecha, no se ha iniciado una investigación al respecto. 

Lejos de condenar las irregularidades, Bukele ha dado respaldo a funcionarios con negocios cuestionables. El 25 de abril, Salud otorgó un contrato para adquirir protectores faciales con un sobreprecio de hasta el 121%. La empresa a la que el ministerio le compró tenía por representantes legales a empleados del entonces viceministro de Ingresos, José Alejandro Zelaya. De acuerdo con fuentes fiscales, hay una investigación en curso por este contrato. A pesar de que Zelaya se encuentra siendo investigado, Nayib Bukele lo nombró ministro de Hacienda el 28 de julio pasado. 

“Lástima, porque este gobierno era el abanderado en el tema de la transparencia y en contra de la corrupción. Ahora, los principales pasos que están dando es en contra de esa propaganda o discurso que tenían”, reflexiona Xenia Hernández. 

El plan Cuscaltán, guía del gobierno de Bukele, hace hincapié en la transparencia como una de sus promesas. Según el plan, Bukele buscaría la modernización del Estado “con énfasis en la probidad, eficiencia, eficacia, transparencia y profesionalismo de los servidores públicos”. Sin embargo, esta declaración de intenciones no ha prosperado. Por ejemplo, el ministerio de Agricultura, liderado por Pablo Anliker, se ha resistido a ser auditado por la Corte de Cuentas en relación a los gastos de dicha cartera durante la pandemia. 

El 23 de julio, el Ejecutivo entregó una memoria de labores a la Asamblea Legislativa en la que mencionan que Agricultura llevó a cabo 207 procesos de compra, según la  “Tabla 21, Procesos de Adquisiciones y Compras MAG”. Son compras de víveres, granos básicos y otros productos por 273 millones de dólares no publicadas en el sitio de compras públicas, Comprasal. Es la cartera que más recursos usó del Fondo de Protección Civil y Prevención y Mitigación de Desastre (Fopromid) durante la emergencia. El presupuesto 2020 de Agricultura era de 63 millones de dólares y solo tenía contemplado en el rubro 54 bienes y servicios 24 millones para hacer compras. Recientemente, se conoció que el ministerio de Agricultura también compró $1.6 millones en alimentos a empresa de Koky Aguilar, cuando este aún era presidente del FONAES. Desde finales de mayo, personal de la Corte de Cuentas ha intentado, sin éxito, ingresar al MAG a realizar las auditorías correspondientes. Pablo Anliker ha logrado prorrogar el inicio de dicho examen aduciendo problemas de logística y de salud de los empleados. 

*Con reportes de Roxana Lazo 

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El Salvador Fri, 11 Sep 2020 09:06:16 +0100 http://www.elfaro.net/es/202009/el_salvador/24803/Bukele-confecciona-un-IAIP-menos-transparente-vía-decretos-ejecutivos.htm
Legisladores EUA a Bukele: “Nos alarman los ataques contra El Faro y medios independientes” http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1333/images%7Ccms-image-000032204.jpg http://www.elfaro.net/es/202009/el_salvador/24798/Legisladores-EUA-a-Bukele-“Nos-alarman-los-ataques-contra-El-Faro-y-medios-independientes”.htm La "creciente hostilidad" del Gobierno de Nayib Bukele contra medios de comunicación independientes y de investigación preocupa a un grupo de senadores y congresistas demócratas, que además dicen estar alarmados por los ataques contra El Faro desde instituciones del Ejecutivo. Los legisladores citan al Departamento de Estado y piden respeto a la libertad de prensa en el país. Michael Kozak, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que en El Salvador la independencia de los periodistas "debe ser respetada”. Un grupo de senadores y congresistas demócratas, liderados por Eliot L. Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, cuestionó al presidente Nayib Bukele “por la creciente hostilidad de su Gobierno hacia los medios de comunicación independientes y de investigación”.

En una carta enviada al mandatario este 10 de septiembre, los funcionarios instan a Bukele a proteger a la prensa independiente y a la libertad de prensa, al tiempo que dijeron estar “alarmados” por los ataques y hostigamientos contra El Faro registrados en los últimos meses desde instituciones del Ejecutivo.

“En particular, estamos alarmados por los recientes ataques contra El Faro, uno de los principales medios de investigación independientes de Centroamérica. El periodismo de primer nivel de El Faro es muy respetado no solo en El Salvador sino también en toda la comunidad internacional”, dice la misiva, firmada por diez congresistas y dos senadores.

En la carta, los funcionarios hacen eco de las denuncias por los ataques sufridos por este periódico a través de notas anónimas difundidas por La Página, un sitio web actualmente administrado por el Consejo Nacional de Administración de Bienes, una oficina del Estado, en las que acusan a un periodista de El Faro de una agresión sexual y al resto del staff del periódico de encubrimiento. La periodista aludida en esas publicaciones desmintió a La Página a través de un comunicado hecho público por sus abogados del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca). 

“Su gobierno ha atacado su credibilidad a través de artículos anónimos en los medios administrados por el gobierno. Además, estamos extremadamente preocupados por la agresiva auditoría de las finanzas de El Faro por parte de su Ministerio de Finanzas, que parece ser un esfuerzo por intimidarlos”, añade la misiva, en alusión a una auditoría iniciada en julio por el Ministerio de Hacienda y reseñada en el editorial “Bukele amenaza al periodismo”.

Hace una semana, este periódico reveló las negociaciones entre Gobierno de Bukele y la MS-13 para la reducción de homicidios y apoyo electoral. La publicación, respaldada con cientos de documentos oficiales del Gobierno, ha sido retomada por medios nacionales e internacionales.

Al respecto, los congresistas y senadores señalan que “tras la publicación de este artículo, el director de su prisión nacional, Osiris Luna, anunció que había dado acceso completo a la Fiscalía General para investigar ‘noticias difundidas maliciosamente’ que eran ‘totalmente falsas’”. Para los funcionarios, “estas acciones siguen un patrón de ataques a la prensa salvadoreña”.

El viernes 6 de septiembre, dos periodistas de El Faro y uno de Revista Factum fueron boqueados a una conferencia de prensa en Casa Presidencial. En la imagen, el periodista de El Faro Gabriel Labrador es detenido por un miembro del Estado Mayor Presidencial. Foto de Víctor Peña. 
 
El viernes 6 de septiembre, dos periodistas de El Faro y uno de Revista Factum fueron boqueados a una conferencia de prensa en Casa Presidencial. En la imagen, el periodista de El Faro Gabriel Labrador es detenido por un miembro del Estado Mayor Presidencial. Foto de Víctor Peña. 

Departamento de Estado valida denuncias contra Bukele

Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) desde 2019, ha denunciado que tras la llegada de Bukele al poder, en el país se han planteado retrocesos para el ejercicio del periodismo. Desde 2017, la APES ha registrado las vulneraciones a periodistas, y los datos revelan que con la llegada Bukele el número de vulneraciones aumentó en 381.25 % respecto al último año del gobierno de Salvador Sánchez Cerén. Según Cárcamo y la APES, las vulneraciones se centran en bloqueos de acceso a la información pública, ataques y acosos digitales y declaraciones estigmatizantes.

La denuncia de la APES, la asociación de periodistas con mayor representación en el país, provocó la instauración de una comisión legislativa en El Salvador para investigar los ataques a la prensa. Bukele y sus funcionarios han minimizado las denuncias, se han burlado de esa comisión y han señalado que su Gobierno respeta a la prensa y a los periodistas.

En Estados Unidos, el informe de la APES y los ataques contra medios y periodistas se han tomado en serio. “La Asociación Salvadoreña de Periodistas ha informado de más de 60 ataques documentados contra la prensa desde que asumió el cargo el año pasado. En particular, nos preocupan los ataques cibernéticos y los allanamientos dirigidos a los medios de comunicación que investigan la respuesta al COVID-19 de su gobierno”, dice la carta.

Además, los congresistas y senadores revelaron que la postura contra los ataques a la prensa independiente de El Salvador es compartida por el Departamento de Estado. Según el escrito, el 18 de mayo de 2020, el Departamento de Estado transmitió un documento al Congreso en el que se decía: “Los periodistas críticos con la política del gobierno enfrentan amenazas, muchas de las cuales son alimentadas por el trato que Bukele les da en las redes sociales. Estos esfuerzos, que incluyen la elección selectiva de retirar publicidad de los medios de comunicación críticos con sus políticas para dar forma al contenido, socavan el intercambio de puntos de vista sano y abierto que la libertad de prensa permite y no promueve la independencia de los medios".

Horas después de la divulgación de la misiva, Michael Kozak, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, se pronunció en su cuenta de Twitter. “Apoyamos el estado de derecho y las instituciones democráticas, y estamos trabajando con todas las ramas del El Salvador gobierno para reducir la violencia dentro de ese marco. Los periodistas realizan un trabajo crucial en una democracia y su independencia debe ser respetada”, escribió.

Albio Sires, representante demócrata del Congreso, también comparrtió en su cuenta oficial su respaldo a la misiva. “Hoy, me reuní con mis colegas para instar al presidente Nayib Bukele a que cese sus ataques contra El Faro”. En otro tuit añadió. “El Faro realiza reportajes de investigación sólidos e independientes. Es hora de que el presidente Nayib Bukele defienda los medios independientes y la prensa libre”.

Eliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, en una conferencia en el Capitolio, el 30 de junio.  Foto de Tasos Katopodis/Getty Images/AFP
 
Eliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, en una conferencia en el Capitolio, el 30 de junio.  Foto de Tasos Katopodis/Getty Images/AFP

“Una prensa libre es un pilar central de cualquier democracia”

Los funcionarios reseñaron, además, los ataques contra la página de la Revista GatoEncerrado, y las intromisiones y hurtos en las residencias de una periodista de dicho medio y del editor de la Revista Disruptiva, dirigida por el académico Óscar Picardo Joao.

El 21 de julio, el servidor de la revista Gato Encerrado recibió un ataque cibernético que botó su publicación durante más de seis horas. Una periodista de ese mismo medio, Julia Gavarrete, sufrió el robo de su computadora en su casa mientras ella cubría un evento, el hecho fue denunciado pero los ataques no cesaron. Ese mismo mes un hombre ingresó al apartamento de Óscar Luna, editor de la revista Disruptiva, y extrajo dos computadoras y un mapa de San José Villanueva, el municipio en el que la revista lleva a cabo un experimento de monitoreo de contagios de covid-19. Frente a estos hechos los congresistas y senadores se pronuncian con firmeza en el escrito. “Instamos a que se investiguen de inmediato estos incidentes”, demandan.

El documento de tres páginas señala que no son los primeros en advertir sobre este tipo de acciones, y según los congresistas y senadores, “el Departamento de Estado no es el único que comparte estas preocupaciones”. Ellos destacan que “El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han expresado sentimientos similares durante el año pasado”.

El relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, concluyó en una entrevista a El Faro que El Salvador ha tenido "más retrocesos que avances" en el primer año de gobierno de Nayib Bukele.

En diciembre de 2019, la CIDH hizo su visita in loco a El Salvador para evaluar la situación de los derechos humanos en el país. Como resultado, la visita dejó grandes recomendaciones para el Gobierno en materia de libertad de expresión. Pidió que el el Estado salvadoreño debe de “propiciar un entorno de trabajo seguro para los periodistas y el respeto de la independencia de los medios de comunicación, en particular, la independencia editorial, respetando los estándares internacionales en materia de acceso a la información pública”.

Dos días antes de la carta enviada a Bukele, la Federación Internacional de Periodistas también dijo que repudia las hostilidades a la prensa y mostró su solidaridad con su la APES, entidad que ha sido blanco de descalificaciones por parte de la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

Para los congresistas y senadores estadounidenses, “una prensa libre es un pilar central de cualquier democracia y es de suma importancia que nuestros países redoblen nuestro compromiso de proteger a los periodistas en el desempeño de su valiente trabajo todos los días”.

Al final de la misiva, instaron a Bukele a dar una respuesta seria para garantizar la libertad de prensa. “Si bien los desacuerdos entre los funcionarios del gobierno y los medios de comunicación seguramente ocurrirán en cualquier democracia, creemos que los gobiernos siempre deben garantizar el pleno respeto de la libertad de prensa. Le instamos a que trate nuestras inquietudes con la seriedad con la que las transmitimos”, concluyeron.

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El Salvador Thu, 10 Sep 2020 17:45:57 +0100 http://www.elfaro.net/es/202009/el_salvador/24798/Legisladores-EUA-a-Bukele-“Nos-alarman-los-ataques-contra-El-Faro-y-medios-independientes”.htm
Una alianza por la verdad y la transparencia http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000027528.jpg http://www.elfaro.net/es/202009/columnas/24799/Una-alianza-por-la-verdad-y-la-transparencia.htm La resistencia de la prensa no sería posible sin el apoyo y la confianza de las audiencias, a las que debemos nuestra credibilidad como periodistas profesionales. El pasado 8 de septiembre se conmemoró el Día Internacional del Periodista en homenaje al periodista checo Julius Fucik, quien fue encarcelado y torturado por la Gestapo en Checoslovaquia en 1942, y luego ejecutado por los nazis el 8 de septiembre de 1943 en Berlín, Alemania. El testimonio de vida de Fucik quedó inmortalizado en su Reportaje al pie de la horca que fue sacado hoja por hoja de la cárcel y publicado por primera vez en 1945.

En Confidencial celebramos el ejemplo de coraje y resistencia de Fucik y el legado del gran periodista nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por la dictadura somocista en 1978, que nos inspiran a mantener viva la llama de la libertad de prensa como “la primera de todas las libertades”.

Nos alienta, además, el periodismo que resiste los embates de las dictaduras latinoamericanas: Los nuevos medios digitales nacidos en Venezuela tras el asalto del chavismo: Armando Info, Efecto Cocuyo, El Pitazo, Runrunes, y ProDaVinci; la resiliente prensa independiente de Cuba: El Estornudo, 14yMedio, el Diario de Cuba, Periodismo de Barrio y Havana Times; y los medios y periodistas que están en la mira de los nuevos autoritarismos: el periódico digital El Faro de El Salvador, la revista Nexos de México, y el diario Folha de Sao Paulo, asediados por Bukele, López Obrador, y Bolsonaro, respectivamente, en tiempos de pandemia.

Desde Nicaragua, donde se hace periodismo bajo el riesgo de la agresión física, el asalto, los juicios espurios, y el asedio de policías y paramilitares, nos solidarizamos con nuestros colegas de El Salvador, Cuba, México, Venezuela, y Brasil, en esta vocación compartida por hacer periodismo de calidad a contrapelo del poder. Nuestra redacción sigue ocupada por la Policía desde hace 20 meses, de forma ilegal, y la difusión de nuestros programas en la televisión está prohibida por el régimen. Tampoco tenemos acceso a la información pública como mandatan la ley y la Constitución, sin embargo, continuamos fiscalizando al poder y mantenemos inalterable el compromiso de darle voz a las víctimas de la represión y la persecución de la dictadura.

Desde que estalló la insurrección cívica de abril, la resistencia de la prensa independiente en Nicaragua ha descansado en el coraje de los reporteros y su compromiso profesional, ético y político, con el apego a la verdad a cualquier costo, sin aceptar la censura o la autocensura. Bajo condiciones de asedio y persecución, el periodismo está ganando la batalla por la verdad frente a la maquinaria de propaganda y desinformación de los medios oficiales. Las historias, los testimonios, y las investigaciones de la prensa independiente sobre la corrupción del poder y las violaciones a los derechos humanos, y ahora sobre el manejo negligente de la crisis sanitaria, son mil veces más convincentes que el inverosímil monólogo diario de la vicepresidenta Rosario Murillo, que repiten en cadena los medios oficiales, y su discurso de odio para justificar la violencia represiva.

Pero la resistencia de la prensa no sería posible sin el apoyo y la confianza de las audiencias, a las que debemos nuestra credibilidad como periodistas profesionales. En abril de 2018, en Nicaragua se hermanó la libertad de expresión de los ciudadanos con la libertad de prensa de los periodistas. El empoderamiento ciudadano en la protesta y el uso de los teléfonos celulares y las redes sociales, generó un torrente de información e imágenes, sin el cual nunca habría sido posible cubrir la insurrección cívica en su dimensión nacional. Esa alianza entre ciudadanos y periodistas independientes sigue siendo necesaria ahora, cuando el régimen intenta imponer su relato de una supuesta normalidad a punta del fusil, mientras mantiene conculcadas todas las libertades.

Gracias a la confianza de los servidores públicos en los periodistas, la prensa independiente ha podido revelar lo que el régimen oculta sobre la pandemia de covid-19, la represión, la corrupción, y el descalabro del poder autoritario, después de tres años de recesión económica. Pero se necesita sumar a otros sectores, públicos y privados, en una cruzada nacional por la verdad y la transparencia, para recuperar el pleno ejercicio de las libertades públicas. Para enterrar el viejo modelo, la fracasada alianza con el régimen para hacer negocios privados a costa de institucionalidad y democracia, es imperativo un compromiso de los grandes y medianos empresarios con la transparencia y la rendición de cuentas del poder.

Periodistas independientes, ciudadanos, servidores públicos, y empresarios, debemos unirnos para revelar lo que el régimen oculta, para derrotar el secretismo y la mentira oficial. En Nicaragua no puede haber normalidad, elecciones, ni recuperación económica, con presos políticos y sin libertades públicas. El primer paso para desmontar el estado policial, es restablecer el derecho a la verdad y el acceso a la información pública.

Carlos Fernando Chamorro es director del periódico Confidencial de Nicaragua. 
 
Carlos Fernando Chamorro es director del periódico Confidencial de Nicaragua. 

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Columnas Thu, 10 Sep 2020 12:25:23 +0100 http://www.elfaro.net/es/202009/columnas/24799/Una-alianza-por-la-verdad-y-la-transparencia.htm
Una mesa de billar de mármol, televisores y consolas PS4 para el MOP http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000034413.jpg http://www.elfaro.net/es/202009/el_salvador/24794/Una-mesa-de-billar-de-mármol-televisores-y-consolas-PS4-para-el-MOP.htm El Ministerio de Obras Públicas gastó 6,279 dólares del erario público en una mesa de billar de mármol valorada en $3,277; dos televisores de alta gama por $2,004 y dos consolas PS4 con el juego Fifa 2019 incluido. La institución planteó la compra de urgencia para el "esparcimiento" de los empleados, según documentos oficiales, pero los equipos no han sido vistos en las instalaciones de la institución. A un mes de asumir el nuevo gobierno, Romeo Herrera, el ministro de Obras Públicas autorizó el pagó de 6,279 dólares del erario público en una mesa de billar de mármol valorada en $3,277; dos televisores de alta gama por $2,004 y dos consolas PS4 con el juego Fifa 2019 incluido.
 
Según documentos oficiales del MOP, estas compras se realizaron bajo el argumento de que los equipos serían destinados para el esparcimiento de los empleados de la institución. El domingo 25 de julio, el ministerio tramitó una cotización y solicitó comprar dos televisores de 65 pulgadas Android TV; dos mesas de billar metálicas; y dos consolas de videojuegos. El documento de cotización resaltaba la urgencia para las compras, y pedía que fuera entregado el producto “a más tardar el mismo día”. Es decir, el mismo domingo. 
Un solo documento de cotización firmado por el coordinador de la unidad de adquisiciones y contrataciones dice que requerían dos consolas de videojuegos con memoria de 8 GB, capacidad de almacenamiento de 500 GB. También pedían dos mesas de billar de metal, desmontable metálico, chasis y con 6 tacos de madera. Finalmente requerían dos televisores de 65 pulgadas 4K, puerto USB con la función de WIFI incluido.  
 
Según las especificaciones en los documentos oficiales a los que El Faro tuvo acceso, los insumos serían destinados para el esparcimiento de los empleados, pero fuentes de la institución que hablan con la condición de anonimato aseguran que en el área común de la institución no han visto los televisores ni la mesa de billar ni las consolas PS4.
 
Romeo Herrera, ministro de Obras Públicas, compró una mesa de billar de mármol y dos consolas PS4 cuyo paradero se desconoce. Foto: cortesía MOP.
 
Romeo Herrera, ministro de Obras Públicas, compró una mesa de billar de mármol y dos consolas PS4 cuyo paradero se desconoce. Foto: cortesía MOP.
 
Una mesa de billar de mármol

La cartera de Estado compró a “Mario Hétor Guillén Palomo - Billares de El Salvador” una mesa de billar de mármol valorada en 3,277 dólares. Según la orden de compra, piden que esté completamente equipada: con bolas, tacos, taquera, triangulo, porta tacos y yesos. Sin embargo, la compra realizada no coincide con la cotización. El documento pedía dos mesas de billar simples: de mueble desmontable, de chasis metálico y con 6 tacos de madera cada una. 
 
Vía telefónica, El Faro pidió una cotización de las mesas de billar solicitadas en la cotización del MOP (de chasis metálico) al número de teléfono consignado a Guillén Palomo en los documentos del ministerio. “No existe una mesa de billar de metal, las que hay son de madera, ninguna parte de la mesa es de metal. Eso no cumple con las reglas internacionales del billar”, dijo la persona que atendió al otro lado de la línea. Cuando se preguntó por la mesa de mármol, colgó la llamada. 
 
Romeo Herrera firmó otra orden de compra, fechada el mismo día, que también se saltó los requerimientos originales planteados por la unidad de adquisiciones. La apuesta, en principio, era adquirir dos consolas de videojuegos con memoria de 8GB. Al final, el ministerio optó con la empresa Prado por dos consolas con mayor capacidad de almacenamiento “SONY FIFA 2019 1TB PS4, disco duro de 1 TB, un control, 1 Dual shock 4 Un control inalámbrico Dual shock 4, capacidad de disco duro 1,000 GB, capacidad de almacenamiento 1,000 GB, Bluetooth habilitado, número de salidas HDKI 1, números de puertos USB 2, cable de vídeo, conectividad Wifi”. 
 
El MOP también había solicitado dos televisores de 65 pulgadas 4K Android. Al final, el Ministerio terminó comprando dos televisores  “de alta resolución para imagen nítida, la HRD activo para una escena vivida, smart”. Estos costaron 2,004 dólares en total (1,002.48 cada uno). El Faro consultó con la empresa Prado el precio de las consolas y los televisores y estos coincidieron con los precios que pagó el MOP. 
 
El Faro buscó una reacción del ministro de Obras Públicas a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto, pero  al cierre de esta nota no hubo respuesta. 
 
A El Diario de Hoy, Carlos Cea, gerente de comunicaciones, explicó que estas compras  se realizaron para “ equipar algunos cubos, que son infraestructura que estuvo promocionando la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, los cuales son espacios lúdicos y formativos pensados para jóvenes”, según consignó el medio en una nota publicada el 8 de septiembre.
 
Las órdenes de compra, sin embargo, estipulan  que la mesa de billar es un “suministro (...) para área de esparcimiento de los empleados del MOPT” y no para apoyar a la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, adscrita y con presupuesto dependiente del Ministerio de Gobernación, no de Obras Públicas. 
 
Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), afirma que es comprensible que dentro de las organizaciones se destine fondos para el esparcimiento de los empleados siempre y  cuando esté dentro de la transparencia. Sin embargo, Sandoval considera “anómala” la compra que realizó la cartera de Estado porque no coincide con lo que pidió el ministerio en la cotización. El experto agrega, además,  que “si los empleados no conocen de esos productos raya en un posible indicio de corrupción”.  
 
El ministerio maneja un presupuesto anual de $364 millones según la ley de presupuesto 2020 aprobado por la Asamblea Legislativa. Para los gastos de bienes y servicios se pronosticó un gasto de cerca de $4 millones para este año.
 
Los gastos en equipos de entretenimiento de alta gama no son los únicos usos sin explicación en la institución. En febrero de 2020 este periódico reveló que el viceministro de transporte, Saúl Castelar, cobra el doble del salario que corresponde según la ley con una plaza distinta a la de su cargo ad honorem. Cuatro meses después, el 8 de  junio, El Faro también reveló que el MOP contrató una oferta de 1.1 millón más cara para el anexo del Hospital de El Salvador, donde antes era CIFCO. 
 
El 6 de mayo, la Corte de Cuentas de la República (CCR) emitió un informe preliminar a la documentación para la auditoría de fondos utilizados durante la emergencia de varias instituciones del Ejecutivo, entre estas el MOP.  “Hay una falta de entrega de entrega o demora en proporcionar la información”, rezaba el escrito. Una semana después, un grupo de diputadas del FMLN presentaron otra denuncia a la ex presidenta de la CCR, Carmen Elena Rivas Landaverde, para fiscalizar los fondos y préstamos otorgados al MOP. 
 
 
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El Salvador Wed, 09 Sep 2020 13:04:29 +0100 http://www.elfaro.net/es/202009/el_salvador/24794/Una-mesa-de-billar-de-mármol-televisores-y-consolas-PS4-para-el-MOP.htm
Fiscalizar el poder hasta que duela, a quien sea http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000029015.jpg http://www.elfaro.net/es/202009/columnas/24795/Fiscalizar-el-poder-hasta-que-duela-a-quien-sea.htm El 3 de septiembre El Salvador volvió a hacer noticia en América y más allá. Esta vez no fue por un asesinato masivo ejecutado por pandilleros y tampoco por un hombre aferrado a su pequeña hija, arrastrados por la corriente de un río al intentar huir de la violencia y la miseria hacia Estados Unidos. La conmoción la provocó una investigación publicada por El Faro: “Gobierno de Bukele lleva un año negociando con la MS-13 reducción de homicidios y apoyo electoral”, de Carlos Martínez, Óscar Martínez, Sergio Arauz y Efren Lémus.

Las antenas rojas se encendieron en varias embajadas del continente en El Salvador, incluyendo la de Estados Unidos (país en el que la MS-13 figura en la lista de organizaciones terroristas); y en varias redacciones de medios en América y Europa. También en organismos de Derechos Humanos. El correo de esta Defensoría que había permanecido mustio se revitalizó.

¿De qué nos informa ese reportaje de El Faro? Que desde junio de 2019 representantes del Gobierno de Nayib Bukele y los principales cabecillas de la Mara Salvatrucha 13 (MS-13) en prisión, vienen negociando reducción de homicidios y “apoyo” al partido oficialista “Nuevas Ideas” para las elecciones legislativas de 2021, a cambio de beneficios de diversa índole, incluyendo los carcelarios.

El pacto registró sus primeros logros: se revirtió la decisión de juntar a miembros de pandillas contrarias en las mismas celdas (anunciada el 26 de abril pasado como “un plan para reducir los homicidios”) y reblandeció el régimen de máxima seguridad. Si el Gobierno logra con la ayuda de MS-13 el control del Poder Legislativo en las elecciones de febrero de 2021 habrá otros beneficios para los delincuentes. Esa sería la promesa.

¿Qué justifica la alarma roja que se expandió por diversos círculos políticos, diplomáticos y en medios de comunicación nacionales e internacionales? Al menos tres razones. La denuncia efectuada por El Faro no tiene fisura. Las pruebas de que el Gobierno de Bukele está negociando con la MS-13 son documentos oficiales. El Faro no solo exhibe todas las pruebas que sustentan sus dichos, sino que cumple con la obligada fase ética de llamar e insistir por diversas vías a quienes aparecen involucrados para que den su versión.

La segunda, las promesas hechas por funcionarios del Ejecutivo de derogar leyes y otorgar “beneficios” a los pandilleros a cambio de “apoyo” en los barrios para que el Gobierno logre el control del Congreso en las elecciones de febrero de 2021, violenta el Estado de Derecho y debilita aún más la democracia. En agosto de 2015 la Sala de lo Constitucional declaró organizaciones terroristas a la Mara Salvatrucha 13 y a Barrio 18 y declaró “inadmisible” cualquier negociación con estas organizaciones. Una resolución que obliga a los jueces a aplicar la Ley Contra Actos de Terrorismo a los pandilleros y también a sus financistas.

Y la tercera razón, porque negociar con delincuentes reducción de asesinatos como moneda de cambio de beneficios electorales, pone en riesgo la vida de miles de salvadoreños. Es lo que ocurrió después de que el Gobierno de Mauricio Funes (FMLN) negociara en secreto en 2012 una reducción de homicidios y apoyo electoral de las pandillas para las presidenciales de 2014. Resultado: la cifra de asesinatos bajó dos años, para dar paso a 2015, el año más letal de El Salvador, con una tasa de 103 homicidios por cada 100,000 habitantes.

El Faro reveló también esa historia de corrupción.

Lo ocurrido alertó a nuestros lectores. Incluso a aquellos que se mostraron impactados por la denuncia de abuso sexual hecha en contra de periodistas de este diario por el sitio web “La Página” (2 de julio pasado) y que han sido desmentidas durante la investigación de la Fiscalía, en un proceso que esta Defensora ha seguido acuciosamente.

“Gracias por su esfuerzo en la búsqueda del rendimiento de cuenta de los bienes del Estado. Mantengan la imparcialidad e idoneidad del periodismo cueste lo que cueste”, nos dice Mario Arévalo.

“La crítica que se les hace -dice Genoveva- es que ustedes no hablan de lo que realmente nos importa y nos afecta. Que solo les interesa denostar una y otra vez al gobierno de Nayib Bukele. Por favor, no dejen de investigar. Los necesitamos. Sin ustedes no hay democracia”.

El peligro en que se encuentra la democracia en El Salvador es una frase recurrente de los correos. Hay miedo a que no sepa la verdad. Un pequeño recorrido por lo publicado por distintos medios de El Salvador habla de la importancia de develar la corrupción: la otra pandemia

La investigación de Salud con Lupa: “El Salvador: La empresa de un funcionario público vendió protectores faciales al gobierno”, de Cecibel Romero, publicada el 17 de junio. El reportaje de Gato Encerrado: “Ministro Alabí compró $225 mil en botas para médicos a empresa de su familia”, de Carmen Valeria Escobar, publicado el 11 de julio. Dos reportajes de El Faro: “Gobierno compró $344 mil en mascarillas a empresa del diputado Escalante y su familia”, de Gabriel Labrador y Nelson Rauda, publicada el 25 de junio; y “Ministerio de Salud compró $3 millones en mascarillas a un vendedor de porcelana y cerámica”, de Sergio Arauz y Jimmy Alvarado, publicada el 30 de junio. Y “El Salvador.com” que se anota con dos investigaciones: “Empleados de viceministro de Ingresos vendieron a gobierno $750,000 en protectores faciales”, de Jorge Beltrán Luna, publicada el 22 de junio; y “Agricultura compró $1.6 millones en alimentos a empresa de Koky Aguilar siendo presidente del FONAES”, también de Beltrán Luna (26 de agosto).

Esquirlas llegan hasta España

El debilitamiento de la democracia en El Salvador repercutió también en España. En una editorial del prestigioso diario El País del 6 de septiembre “Una explicación necesaria”, se lee: “ Las documentadas revelaciones periodísticas de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, negoció con la principal banda criminal de su país, la Mara Salvatrucha 13 (MS-13), varios beneficios, incluyendo la modificación de leyes, a cambio de un descenso en la violencia y apoyo en las próximas elecciones, obligan al mandatario a dar amplias explicaciones y a la justicia del país centroamericano a investigar sobre su proceder y aportar la mayor transparencia posible sobre las conversaciones que han mantenido funcionarios de su Gobierno con los pandilleros ”.

Y continúa : “El problema, más allá del método y el precio a cambio de resultado, son las formas y la falta de transparencia. Gobiernos que antecedieron al de Bukele negociaron con las pandillas en una senda similar a la del mandatario, y el fracaso llevó al país a su año más violento”. Y acota : “Si el Gobierno decide que el camino pasa por conversar con los violentos, debe ser transparente y nunca convertirse en rehén de quien pretende socavar al Estado” .

Las pruebas de que el Gobierno de Bukele está negociando con la Mara Salvatrucha 13 están contenidas en 108 páginas de los libros de novedades de las cárceles de máxima seguridad de Zacatecoluca e Izalco Fase III. En ellas se constatan decenas de reuniones secretas entre funcionarios y líderes pandilleros entre el 18 de octubre de 2019 (cuatro meses después de que asumiera Bukele) y el viernes 7 de agosto pasado; además de informes de inteligencia que explican lo pactado. En esos registros aparecen los múltiples ingresos a Zacatecoluca e Izalco Fase III, del director general de Centros Penales, Osiris Luna, y del director de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín , acompañados de hombres encapuchados.

Carlos Marroquín conoce bien a los jefes de la MS-13. El 21 de diciembre de 2015, siendo funcionario de la alcaldía de San Salvador que encabezaba Bukele, se juntó con pandilleros en un local de Pizza Hut en San Salvador. Esa reunión fue revelada por El Faro en 2018 y va acompañada de una foto que lo muestra junto al concejal Mario Durán, hoy ministro de Gobernación, candidato a alcalde de la capital por “Nuevas Ideas” y jefe de Marroquín.

¿Por qué importa remitirse a esa cita? Porque uno de los pandilleros que se reunió con Marroquín en 2015 es Edwin Cedillos Rodríguez (“ Renuente”), hoy preso en Zacatecoluca por compra ilegal de decenas de fusiles para su pandilla y la planificación del asesinato de funcionarios públicos. El otro pandillero que participó de esa reunión de 2015 es Michael Hernández Estrada (35 años), “encargado de la línea política” de la Mara Salvatrucha-13. Su apodo: “White de Iberias”. Y uno de los encapuchados que ingresó junto a las autoridades de Gobierno al penal Izalco Fase III el pasado 7 de agosto.

El 2 de julio de 2019, Bukele lanzó la fase II de su plan Control Territorial, con el que prometió acabar con la delincuencia. A su lado estaba Carlos Marroquín, responsable de esa etapa desde la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social. Todo indicaba que el plan había dado resultados, pues 2020 exhibe un récord a la baja en homicidios desde los Acuerdos de Paz: entre enero y mayo hubo 519 asesinatos. En el mismo periodo del año pasado la cifra fue de 1,345 homicidios. Lo que la opinión pública nunca supo fue que en junio de 2019 se había iniciado la negociación secreta que El Faro reveló este 3 de septiembre.

La última revelación de El Faro no es lo único que preocupa a la opinión pública internacional y a lectores de este diario, como veremos a continuación. En la misma editorial del diario El País citada, se lee: “ Bukele llegó a la presidencia en junio del año pasado como un representante de la nueva política, con un lenguaje moderno en las formas y los fondos y como un soplo de aire fresco frente a un sistema de partidos imperante desde que el país centroamericano recuperó la democracia en 1992. Pero en este poco más de un año de mandato ha dado muestras de una deriva autoritaria caracterizada por un abierto enfrentamiento a los poderes Legislativo y Judicial cuyo punto más extremo fue la ocupación militar del Parlamento el pasado mes de febrero. El escándalo ahora conocido daña terriblemente a la Jefatura del Estado y es obligación de Bukele esclarecer completamente los hechos, no solo por su propio futuro personal, sino por el bien de las mismas instituciones de la democracia salvadoreña ”.

La misma preocupación por el debilitamiento de la democracia salvadoreña ha expresado en tres oportunidades en los últimos meses José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. El 17 de abril pasado, Vivanco alertó así sobre lo ocurrido en El Salvador: “Agentes de las fuerzas de seguridad encargados de hacer cumplir la cuarentena han detenido a cientos de personas en centros de contención, donde existe un mayor riesgo de propagar el contagio de Covid-19. El 15 de abril de 2020, la Corte Suprema dictó la última de tres sentencias que procuran frenar estos abusos, pero Bukele emitió declaraciones públicas después de cada una de ellas en las cuales desafía a la corte”.

Vivanco interpeló así a la OEA: “El desprecio manifiesto de Bukele por el papel que juega la Corte Suprema en la protección de derechos fundamentales debería encender todas las alarmas para que la OEA adopte medidas urgentes que prevengan un mayor deterioro del Estado de Derecho y la erosión de las instituciones democráticas”.

Hubo otro de nuestros lectores que reaccionó. José nos escribe:

“Quise participar de la denuncia de abuso sexual dentro de El Faro, noticia que apareció en la portada de ‘La Página’ el 2 de julio, con el siguiente comentario, pero fue rechazado: ‘El que esté libre de pecado ... La campaña para denigrar y difamar la misión/función periodística de El Faro está en marcha. ¿El fin justifica los medios, si o no? ¿Quiénes serán los siguientes? Una historia ‘más’ en el contexto de noticias sexuales cuyas víctimas y fuentes son casi siempre anónimas, dicho con el mayor de los respetos por la seguridad e integridad de las víctimas, de las fuentes. Sin embargo, los nombres de los dos acusados ya son del conocimiento del ‘patíbulo público’. ¡se trata de periodistas de El Faro! ¿En función de la ética profesional o ética periodística? Para terminar: El que esté libre de pecado ... La campaña para denigrar y difamar la misión/función periodística de El Faro está en marcha’ (este es un extracto). El fin justifica los medios, ¿sí o no? ¿Quiénes serán los siguientes? ¿El Centro Monseñor Romero? ¿La UCA? ¿Individuos (sexo masculino o femenino) con opiniones críticas o puntos de vista divergentes? Los felicito por su imparcialidad y objetivo trabajo periodístico”.

No opina lo mismo Mario Fernández: “Muy decepcionado de El Faro, de tener un equipo de periodistas abusadores de mujeres o complacientes frente a esas conductas… he visto cómo se acosaba a ciertas señoritas que eran cristianas, todo por estar en contra del aborto. Qué complaciente la postura del resto de compañeros”.

“Sin buen periodismo, no hay democracia. Y sin democracia no hay libertad”, escribe Edwin, quien pide: “No tengan miedo, los van a perseguir, pero esto nos importa a todos”. Algo similar opina Paulo, un estudiante universitario, quien nos mandó esto: “El poder hoy, mañana y siempre debe ser cuestionado/ Y no podemos, ingenuamente, ante tan mal saneamiento/ creer que las decisiones las toman sin discernimiento / cuando todo su proceder es fríamente calculado / Irónicamente, la moda, hoy, es estar desinformado/ Pobrecito mi país, parece estar aún condenado, a ser la burla de muchos y la finca de ‘salvadores’/ Esos que montan circos, para que aplaudan los seguidores” .

 

(La defensoría del lector de El Faro fue creada el 1 de junio de 2018 y se rige por un reglamento disponible aquí. Puede enviarle preguntas o comentarios a defensora@elfaro.net.)

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Columnas Tue, 08 Sep 2020 21:41:59 +0100 http://www.elfaro.net/es/202009/columnas/24795/Fiscalizar-el-poder-hasta-que-duela-a-quien-sea.htm
$3.5 millones de Salud a Lasca Design generaron “observación de transacción sospechosa” en EUA http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000034075.JPG http://www.elfaro.net/es/202009/el_salvador/24700/$35-millones-de-Salud-a-Lasca-Design-generaron-“observación-de-transacción-sospechosa”-en-EUA.htm Lasca Design, la empresa de porcelanas y cerámica a la que MINSAL compró 3 millones de mascarillas asegura que no puede entregarlas porque el banco Wells Fargo ha catalogado como “transacciones sospechosas” los pagos recibidos del gobierno de El Salvador en abril de 2020. A la fecha, Salud no responde si ya recibió los productos. El expediente de contratación revela además que Lasca Design fue recomendada por una empresa china que también incumplió un contrato de mascarillas con el Gobierno. Lasca Design, la importadora de cerámica y porcelanas contratada en abril pasado por el Ministerio de Salud para proveer 3 millones de mascarillas y mil termómetros por un total de $3.5 millones de dólares, informó al MINSAL a finales de mayo de un retraso en la entrega de los insumos médicos, porque un banco estadounidense congeló sus fondos debido a una observación de transacción sospechosa entre una cuenta del Estado salvadoreño y la cuenta de la empresa con sede en Miami, Florida.

Ariel Lasca, CEO de la compañía, explica en una carta enviada el 28 de mayo a Jesús Corea Barahona, jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI) del ministerio, que el banco Wells Fargo realizó una “observación de transacción sospechosa” en las transferencias del Estado salvadoreño hacia la empresa. “Dicha transferencia la habría considerado de origen ‘dudosa’, por lo que procedió, según protocolo bancario, al bloqueo de todos los fondos disponibles en la cuenta receptora, determinando el cierre de dicha cuenta y demorando la devolución de dichos fondos por el término de 30 días”, se lee en el documento que obtuvo El Faro gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública.

Los pagos del Gobierno a Lasca fueron realizados dos semanas antes de la entrega de los productos, programada para el 4 de mayo. En la carta, Lasca confirma la recepción de las transferencias cablegráficas cargadas a la cuenta del Banco Agrícola “MH-MSPAS Atención de Emergencias Ocasionadas por Desastres” en la cuenta de la empresa “Lasca Design del Wells Fargo Bank, N.A., en  420 Montgomery Street, San Francisco, California 94104, Estados Unidos”.

Según Lasca, fueron tres transferencias las que activaron la alerta del banco: el Invoice FL 1021 registra que la primera transferencia, del 21 de abril de 2020, por $495,000 en concepto de pago de 1.5 millones de mascarillas quirúrgicas. Tres días más tarde, se generó el Invoice FL 1026 por $3 millones para el pago de 1.5 millones de mascarillas KN95. El 24 de abril también se generó  el Invoice FL 1027, por  $41,050, por 1,000 termómetros.

Las órdenes de compra emitidas por Salud a favor de Lasca estipulan que las mascarillas y los termómetros entrarían a El Salvador, a través del Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero, siete días hábiles después de recibidos los desembolsos. En la primera semana de julio 2020, El Faro tuvo acceso a los expedientes de contratación de Lasca Design y hasta esa semana no había sido incorporada ninguna “acta de recepción” de los insumos en las bodegas del Ministerio de Salud. 

El 21 de julio, a través de Ley de Acceso a la Información, El Faro pidió al Ministerio las “actas de recepción” de las 3 millones de mascarillas (1.5 millones de KN95 y 1.5 millones de HDL 3 Ply) y de los 1000 termómetros. No hubo respuesta. El 25 de agosto, El Faro volvió a hacer la misma solicitud, pero tampoco hubo respuesta.  El 31 de agosto se enviaron preguntas al ministro de Salud, Francisco Alabí, a través de su jefe de comunicaciones, pero pasada una semana no hubo respuesta. El 31 de agosto también se consultó  por la recepción de los insumos a las administradoras de los contratos, pero tampoo hubo respuesta. Ariel Lasca tampoco respondió a las llamadas y mensajes de Whatsapp.

El Faro consultó a Wells Fargo Bank sobre la observación de transacción sospechosa narrada por Lasca, pero el banco respondió que no podían otorgar información sobre sus clientes. “No discutimos información sobre nuestros clientes o sus cuentas debido a la privacidad y confidencialidad del cliente. Wells Fargo monitorea constantemente las cuentas para detectar actividades potencialmente fraudulentas, y cuando se detecta dicha actividad, investigamos la actividad (incluida la comunicación con nuestros clientes y, si es necesario, con otras instituciones financieras) para determinar qué pasos se deben tomar si se sospecha fraude”, respondió por correo Rubén Pulido, vocero de la sucursal bancaria en San Francisco.

La "observación de transacción sospechosa" y la congelación de cuentas bancarias que narra Lasca en su carta al MINSAL coincide con el procedimiento empleado por los bancos y las autoridades estadounidenses ante movimientos irregulares en cuentas bancarias. Según el Bank Secrecy Act, cuando se detecta una operación sospechosa el banco emite un ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas en español o SAR, por sus siglas en inglés) y este es enviado la Financial Crimes Enforcement Network (Fincen), una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que investiga si la transacción es un caso de lavado de dinero o si hay indicios de otros delitos. El 18 de agosto, El Faro consultó por correo al Departamento del Tesoro y a Fincen si Ariel Lasca y Lasca Design LLC están bajo investigación por los pagos que llevó a cabo el gobierno de El Salvador. Al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Ross Delston, un abogado con dos décadas de experiencia y especialista en prevención de Lavado de Dinero, y quien ha actuado como perito en juicios por fraudes financieros en Washington DC, explica que los reportes de operaciones sospechosas emitidos por los bancos buscan dilucidar el motivo de las transacciones. “Si las respuestas no son satisfactorias, le piden al cliente que se vaya e informan a las autoridades para que investiguen”, dice.

Delston afirma que los bancos estadounidenses han puesto mucha atención a las compras de insumos médicos en la pandemia porque este tipo de operación puede ser la fachada para cometer fraudes. “Una práctica común es el ‘trade based money laundering’, cuando tratan de mover dinero fuera de un país con una transacción comercial que parece real, pero que con una llamada puede descubrirse que es una operación ficticia”, dijo. El especialista menciona que otra práctica común de fraude es cuando el proveedor miente al asegurar que cuenta con existencias de productos y pide el pago por adelantado. “Cuando una compañía hace este tipo de falsa aseveración, y además piden pago por adelantado, ese esquema es conocido como ‘advance fee fraud’ (fraude por honorario anticipado)  y ‘stockpile fraud’ (fraude de existencias)”.

Consultado sobre si es normal que un cliente sea informado por su propio banco sobre una investigación a sus cuentas, el experto contestó que no es normal que esto ocurra. “Es un crimen serio que un banco estadounidense informe a un cliente que ha sido emitida un reporte de operación sospechosa. Según las leyes 31 USA C5318(G)2 y 31USC Sections 5321 and 5322, la pena civil por revelar esta información es $100,000 y la ‘criminal penalty’ es $500,000 además de hasta 10 años de prisión para quien revela esta clase de información”. 

 

Tres versiones para explicar un incumplimiento de contrato

La empresa de cerámica y porcelana había pactado con el Ministerio de Salud entregar el 4 de mayo 1.5 millones de mascarillas quirúrgicas 3ply; 1.5 millones de mascarillas KN95 y mil termómetros. El Ceo de Lasca Design dio tres versiones para justificar la demora en la entrega de los insumos médicos y estas explicaciones están consignadas en tres cartas: la primera del 28 de abril (6 días antes de la fecha de entrega pactada); la segunda, del 20 de mayo y la última misiva del 28 de mayo. 

La carta del 28 de mayo, en la que Lasca informa de la "observación de transacción sospechosa" es la última información que consta en el expediente de compra de las mascarillas.

El primer retraso, según Lasca, fue provocado por la “gran demanda” y problemas logísticos. El 28 de abril, Lasca escribió al jefe de la UACI pidiendo una prórroga de 15 a 40 días para poder entregar todos los productos. “Fruto de la pandemia, las fábricas proveedoras sufrieron una demanda que excede toda posibilidad de producción. También fue afectado el abastecimiento de las materias primas. Agrava aún más la afectación de las transacciones burocráticas bancarias y el colapso de transporte debido al cierre de algunos puertos aéreos de salida, y la falta de compañías aéreas por la gran demanda”, escribió.

El ministro de Salud Francisco Alabí aceptó la versión de la empresa y concluyó que era “procedente conceder la prórroga ya que se comprueba la existencia de un caso fortuito o de fuerza mayor", según la resolución razonada 146/2020 del 30 de abril. 

En esa primera carta, Lasca prometió que el lunes 8 y el martes 9 de junio iban a cargar 1.5 millones de mascarillas quirúrgicas 3ply (de un contrato del 15 de abril); 500,000 mascarillas KN95 (una tercera parte del contrato del 16 de abril) y mil termómetros (de un tercer contrato del 21 de abril). Según Lasca, esos insumos iban a llegar al país entre el 16 y el 20 de junio. El millón de mascarillas KN95 restantes dijo que iban a cargarse para su envío entre el jueves 11 y 12 de junio, para ser recibidas entre el 19 y el 23 de ese mes.

El 26 de abril y el 30 de abril, el ministro Alabí firmó las resoluciones 146/2020 y 150/2020 con la que modificó la fecha de entrega de todas las mascarillas. Las quirúrgicas serían recibidas casi dos meses después de la firma del contrato (el 29 de junio) y las KN95 el 30 de junio.  

Casi un mes después de la primera prórroga, en una carta enviada el 20 de mayo, Lasca planteó un inconveniente con el primer pago de $495,000 por las 1.5 millones de mascarillas quirúrgicas: “Inesperadamente, Wells Fargo decidió enviarnos dicha cantidad a través de Cheque Certificado en lugar de permitirnos reenviar los fondos al fabricante de los bienes comprados. En estos momentos estamos esperando recibir dicho cheque en los próximos 8 a 10 días hábiles.  El fabricante ha sido informado de este retraso, pero hemos recibido garantías de que la fabricación se está procesando de acuerdo con el cronograma y la entrega no sufrirá más retrasos”.

Tras esta segunda carta, no hay constancia en los informes de una segunda modificación en los plazos de entrega ni de respuestas de Salud a esa misiva. Ocho días después, el empresario argentino envió la tercera carta en la que informó de la observación de operación sospechosa. Para esa carta, tampoco hay respuesta del Ministerio en el expediente de compra consultado por El Faro. 

 

Lasca llegó recomendada por una empresa que incumplió contrato

Lasca Design no fabrica insumos médicos y hasta antes de la pandemia tampoco los vendía. “Sí, es cierto que yo antes no vendía insumos médicos, pero a raíz de todo esto le hemos vendido a El Salvador y a otros gobiernos”, dijo Ariel Lasca a La Nación el 7 de agosto, en una nota que retoma una primera investigación de El Faro sobre esta contratación. 

Pero si ya es extraño que Salud haya contratado a una empresa de cerámica estadounidense para proveer insumos médicos chinos, es doblemente extraño que Lasca haya sido recomendada por una empresa china dedicada a la fabricación de máquinas expendedoras de juguetes que incumplió un primer contrato con la institución.

El 27 de marzo, en su último día como ministra de Salud, Ana Orellana Bendeck contrató por $990,000 a la empresa Shanghai Beyond Import and Export Co, Ltd. para proveer 3 millones de “3ply Medical Mask”, a $0.33 cada una. Según la Dirección Nacional de Hospitales, la “Necesidad y Justificación de Compra” era contar con 3 millones de mascarillas quirúrgicas para “abastecer a 30 hospitales, 752 unidades de salud y los centros de contención”, reseñó Karla Marina Díaz de Naves, coordinadora nacional de hospitales, en un documento firmado el 23 de marzo. 

Fundada en 2002, Shanghai Beyond ofrece en su catálogo la exportación de máquinas dispensadoras -de grúas metálicas- de alimentos enlatados, de condones y de juguetes, entre otros, según el portal Export Hub. En su historial no hay rastros de experiencia con insumos médicos. En Estados Unidos, según el portal Import Genius, ha hecho importaciones y exportaciones de plástico para vivienda, “plastic housing” y “valve housing”.

Lasca Design se convirtió en proveedor de mascarillas del Ministerio de Salud por recomendación de Shanghai Beyond Import and Export Co. La empresa china se dedica a la manufacturación de máquinas dispensadoras de juguetes y también fue contratada por Salud para proveer mascarillas, pero incumplió su contrato. 
 
Lasca Design se convirtió en proveedor de mascarillas del Ministerio de Salud por recomendación de Shanghai Beyond Import and Export Co. La empresa china se dedica a la manufacturación de máquinas dispensadoras de juguetes y también fue contratada por Salud para proveer mascarillas, pero incumplió su contrato. 

El 13 de abril, dos semanas después de la firma de la orden de compra, la empresa china escribió una carta en la que adujeron que el cierre de aeropuertos y la falta de acceso a una “carga privada” les impedía enviar la mitad del pedido. Salud respondió dos días después, el 15 de abril, con una modificación de contrato en la que aceptó que Shanghai Beyond solo entregara 1.5 millones de mascarillas. Salud también aceptó que la empresa china cediera el contrato para proveer la otra mitad a una empresa estadounidense. “Tenemos una compañía estadounidense Lasca Design Llc que puede terminar la producción por nosotros. Esa empresa tiene carga privada. Pueden mantener el precio de $0.33 por unidad”, se lee en la carta enviada por la empresa china.

El 15 de abril, dos días después de recibida la nota, Salud formalizó la contratación de la importadora y distribuidora de cerámica y porcelana. “Por lo que siendo un caso de fuerza mayor se deja sin efecto la ejecución del otro 50% cerrándose el negocio jurídico únicamente con la adquisición de 1 millón ½ de mascarillas a un precio unitario de $0.33”, dice la resolución 112/2020 firmada por el nuevo ministro Francisco Alabí. 

En el expediente de contratación no aparecen registros de que Salud haya realizado un sondeo de mercado con Lasca ni hay constancia de cotización ni de presentación de los certificados de la FDA de las mascarillas quirúrgicas. Tampoco hay información de la empresa que las iba a manufacturar.

Salud no solo terminó la relación comercial con Shanghai Beyond Import sino que aceptó la sugerencia de un proveedor que incumplió un contrato. El numeral II del artículo 158 de la Lacap establece castigos para los proveedores que incumplen sus obligaciones: pueden ser inhabilitado por dos años para participar en procesos de contratación en caso de “no suministrar o suministrar un bien, servicio u obra que no cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia pactadas en el contrato u orden de compra”. 

Sin embargo, el proceso de contratación no fue normado por la Lacap, sino por el decreto 606 que flexibilizó los procesos de contratación durante la pandemia, y que habilitó al Ministerio de Hacienda a reescribir las reglas de contratación. Salud usó el Lineamiento Específico para Compras de la Pandemia, en el que se estipula que basta con una resolución para terminar una obligación contractual de mutuo acuerdo. “Las partes contratantes podrán acordar la extinción de las obligaciones en cualquier momento siempre y cuando no concurra otra causa de terminación imputable al contratista y que por razones de interés público hagan innecesario o inconveniente la vigencia de la orden de compra (...) lo cual se hará constar en una resolución", dice el numeral 10 del Lineamiento.

Salud emitió una resolución para respaldar su decisión. "La empresa Shanghai Beyond Import and Export Co. Ltd, propone sea suministrado el otro cincuenta por ciento de dichas mascarillas, por parte de la empresa estadounidense Lasca Design Llc, la cual mantiene el mismo precio unitario y el producto es de la misma calidad (...) por lo que representa un gran beneficio para los intereses del Ministerio de Salud dicha adquisición por razones de interés público, pues asegura la misma calidad del producto y teniendo la disponibilidad presupuestaria por economía procesal es procedente adquirirlo en este mismo proceso", dice la resolución 112/2020 de 15 de abril, suscrita por el ministro Alabí.

En el expediente de compra a favor de Shangai Beyond, actualizado hasta la primera semana de julio, tampoco había constancia de las “actas de recepción” por las 1.5 millones de mascarillas que debía entregar. El Faro buscó la versión de la empresa china a través de preguntas en la plataforma de Export Hub, mensajes de Whatsapp y correos, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

El fabricante de KN95: un vendedor de tapetes para bebés

El teléfono en China de la empresa que Lasca Design reportó como el fabricante de mascarillas KN95 corresponde al teléfono de una empresa que se dedica a la fabricación de alfombras para bebé. 
 
El teléfono en China de la empresa que Lasca Design reportó como el fabricante de mascarillas KN95 corresponde al teléfono de una empresa que se dedica a la fabricación de alfombras para bebé. 

El 18 de abril, tres días después de haber recibido de Salud la mitad del contrato que incumplió la empresa Shanghai Beyond, Lasca Design envió una oferta para competir por otro contrato de $3 millones para abastecer al sistema con mascarillas KN95.

Iniciado el 10 de abril, este otro proceso de Salud ya tenía dos ofertas: una de Javi Performance Parts SL, un taller automotriz de España que en otros contratos con Salud salió favorecido hasta por $11 millones. Javi ofertó a $2,2 cada mascarilla y ofreció entregarlas en 30 días hábiles. También compitió Express Cargo Logistic-Imporalia con un precio de $3.4 por mascarilla y una entrega de 7 a 9 días hábiles. El 18 de abril, un día después del plazo estipulado para recibir ofertas, Lasca Design Llc envió por correo su oferta: $2 cada mascarilla, con un plazo de entrega de 7 días hábiles. 

Salud declaró ganadora a Lasca Design ese mismo 18 de abril. La UACI determinó que las primeras dos empresas no cumplían con los requisitos y seleccionó a la empresa de cerámica y porcelana. “El proveedor cuenta con la cantidad solicitada en un precio acorde al mercado”, dice el dictamen del 10 de abril de la Dirección Nacional de Hospitales.

En la descripción de su oferta, Lasca anexó un flyer de las mascarillas KN95. Fechado el 13 de abril de 2020, el documento es un certificado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para la empresa china Dongguan Beilemei Muyingyongpin Co., Ltd. Según el documento, la empresa está domiciliada en “NO.19TH SHAFU ROAD,SHAB DONGGUAN, Guangdong”. 

En la página web de la FDA, el certificado remite a un nombre: Jerry Zhu, corresponsal oficial de la compañía, cuyo número de teléfono es 86-186-80357695. El Faro habló a ese número para preguntar si esa compañía había fabricado las 1.5 millones de mascarillas KN95 para Lasca Design Llc. Un hombre que rechazó identificarse respondió de manera amable que le costaba expresarse en inglés y que prefería recibir las preguntas en un formulario habilitado en el sitio web  de su empresa. Antes de colgar, dijo: “Creo que se ha equivocado. No creo poderlo ayudar. Mi empresa no fabrica mascarillas. Hace alfombras de espuma para bebés”. 

Al consultar el sitio en internet de la compañía, facilitado por la persona que respondió la llamada, aparece el nombre comercial  “China Play Mat” y el nombre jurídico de  otra empresa “Shenzhen S2 Foam Products Co.,LTD”. El sitio web reporta en el “Contact Us” el mismo domicilio de la empresa registrada en la página de la FDA. En ese sitio web también aparece el mismo teléfono consignado en la FDA y el mismo nombre del representante de la empresa: Jerry Zhu. 

El Faro hizo llegar preguntas a Jerry Zhu a través del formulario de la página web y también envió un correo para indagar sobre la supuesta relación comercial de su empresa con Lasca Design para fabricar mascarillas KN95, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. 

10 días después de la asignación de este contrato, Lasca envió la primera de tres argumentaciones para explicar el retraso en la entrega de las mascarillas KN95. "Las fábricas proveedoras de insumos y productos suministrados a nuestra compañía sufrieron una demanda que excede toda posibilidad de producción (...)”.

 

Este reportaje forma parte de una investigación regional, liderada por la red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red PALTA), que integran La Diaria de Uruguay, OjoPúblico de Perú, Datasketch de Colombia, La Nación de Argentina, PODER de México, OjoConMiPisto de Guatemala y El Faro de El Salvador, apoyada en parte por Hivos y Open Contracting. Para leer sobre el sistema de compras y contrataciones de América Latina también puedes ingresar al sitio de la Red Palta.
 
Este reportaje forma parte de una investigación regional, liderada por la red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red PALTA), que integran La Diaria de Uruguay, OjoPúblico de Perú, Datasketch de Colombia, La Nación de Argentina, PODER de México, OjoConMiPisto de Guatemala y El Faro de El Salvador, apoyada en parte por Hivos y Open Contracting. Para leer sobre el sistema de compras y contrataciones de América Latina también puedes ingresar al sitio de la Red Palta.
 
Las compras de la pandemia
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El Salvador Tue, 08 Sep 2020 18:28:06 +0100 http://www.elfaro.net/es/202009/el_salvador/24700/$35-millones-de-Salud-a-Lasca-Design-generaron-“observación-de-transacción-sospechosa”-en-EUA.htm
Capitán, el niño está preocupado... - Por Sergio Ramírez http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/202009/360grados/24793/Capitán-el-niño-está-preocupado---Por-Sergio-Ramírez.htm 360 grados Tue, 08 Sep 2020 14:47:50 +0100 http://www.elfaro.net/es/202009/360grados/24793/Capitán-el-niño-está-preocupado---Por-Sergio-Ramírez.htm Los ciclos políticos - Por Joaquín Aguilar http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/202009/360grados/24792/Los-ciclos-políticos---Por-Joaquín-Aguilar.htm 360 grados Tue, 08 Sep 2020 14:46:19 +0100 http://www.elfaro.net/es/202009/360grados/24792/Los-ciclos-políticos---Por-Joaquín-Aguilar.htm Crisis hídrica, la gran ignorada durante la pandemia - Por María Noel Leoni http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/202009/360grados/24791/Crisis-hídrica-la-gran-ignorada-durante-la-pandemia---Por-María-Noel-Leoni.htm 360 grados Tue, 08 Sep 2020 14:44:59 +0100 http://www.elfaro.net/es/202009/360grados/24791/Crisis-hídrica-la-gran-ignorada-durante-la-pandemia---Por-María-Noel-Leoni.htm Sostener la caída de homicidios requiere inversión social - Por Eleno Castro http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/202009/360grados/24790/Sostener-la-caída-de-homicidios-requiere-inversión-social---Por-Eleno-Castro.htm 360 grados Tue, 08 Sep 2020 14:43:19 +0100 http://www.elfaro.net/es/202009/360grados/24790/Sostener-la-caída-de-homicidios-requiere-inversión-social---Por-Eleno-Castro.htm ¿Somos realmente ciudadanos útiles? http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000033696.jpg http://www.elfaro.net/es/202009/columnas/24789/¿Somos-realmente-ciudadanos-útiles.htm En un sistema de explotación, las vidas de los oprimidos figuran como una jugosa ganancia. Para dejar de ser víctimas y transformarnos en sujetos de la historia debemos evitar caer en la trampa del déficit de ciudadanía. El youtuber Marcelo Larín, asegura haber trabajado durante dos años con un grupo de extraterrestres nórdicos en la constelación del Cisne. En la actualidad, en un plano más terrenal, Larín figura como candidato a diputado por el partido Gana por el departamento de San Miguel. En su febril egocentrismo, Larín se presenta como un redentor político new age. Walter Araujo, por su parte, se niega a desaparecer, su adherencia a Nuevas Ideas es una movida estratégica para blanquear sus “pecados políticos”. El candidato Araujo es una figura polémica y actualmente enfrenta una investigación por un patrimonio no justificado de $1.4 millones. Además, es imposible obviar que fungió como presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena, el mismo partido de extrema derecha que Nayib Bukele cuenta entre “los mismos de siempre”.

¿Qué tienen en común estos dos precandidatos? La experiencia y el historial partidario es muy desigual, pero los dos perfiles coinciden en ser escandalosamente vergonzosos por explotar la extravagancia, la prepotencia y la charlatanería. ¿Cómo ha sido posible que hemos llegado a contemplar la posibilidad de designarles a esos dos precandidatos un cargo político? ¿Los partidos han admitido estas candidaturas para saldar deudas internas o más bien los suman porque se benefician del morbo y el ruido mediático?

Como ciudadanos deberíamos hacernos estas y otras preguntas, deberíamos increpar también a los candidatos y exigir información para evaluar si son competentes para los puestos a los que aspiran. Nosotros deberíamos crear plataformas ciudadanas para constatar que en verdad están comprometidos con lo que proclaman en sus discursos. Por ejemplo, el exprecandidato por el partido Vamos, Óscar Carranza, tenía como una de sus banderas la lucha por los derechos de las mujeres, mientras que en sus redes sociales evidenciaba una pobre comprensión del sujeto “mujer” y del feminismo. En su discurso partidario las mujeres éramos un elemento-adorno, un eslabón de una fórmula vacía y trillada, su verdadero posicionamiento continúa siendo patriarcal.

Ciudadanía: condición y actividad compartida

El concepto de ciudadanía ha tenido múltiples interpretaciones a lo largo de la historia y en las diferentes formaciones sociales. Para lo que aquí nos compete, partiré de una noción moderna de ciudadanía que será expuesta de dos maneras: como condición (enfoque jurídico-político) y como actividad (enfoque ético-político).

Como condición, en su dimensión intersubjetiva, la ciudadanía nos permite reconocernos como ciudadanos de un Estado —ciudadanos salvadoreños—, en una colectividad específica, dentro de la cual afrontamos y cargamos una realidad compartida: la realidad salvadoreña. Los ciudadanos poseen facultades para hacer efectivo su derecho político y son nacionales por nacimiento o naturalización. La ciudadanía como actividad, en cambio, implica una práctica: una vivencia ciudadana constante y responsable dirigida a tratar los asuntos públicos de interés común.

El planteamiento de la filósofa española Adela Cortina permite diferenciar cinco dimensiones de la ciudadanía: la política, la social, la económica, la civil y la intercultural. La ciudadanía es un hacer cargado de compromiso ético, es por ello que Cortina insta a que se reactive la “amistad cívica” aristotélica: una vinculación cordial que nos cohesione e incite a luchar juntos para alcanzar el bienestar común. En nuestra calidad de ciudadanos, vinculados a una comunidad política, podemos asumir mayor protagonismo al participar en plataformas civiles o al asociarnos a partidos políticos para incidir en las actividades y agendas del aparato gubernamental. Las responsabilidades de la ciudadanía política no son un manjar reservado para una pequeña élite política-partidaria ni la práctica ciudadana se salda al votar por quienes se postulan a los cargos públicos. La ciudadanía, como un modo de vida político activo, comprende una mayor amplitud de acción y concierne a niñas, niños, jóvenes y adultos.

El ciudadano —sea mayor de edad o no— puede monitorear a quienes resulten electos, volviéndose un observador crítico de las operaciones de la clase política a través del ejercicio de la contraloría ciudadana; puede hacer uso de su derecho a la libre asociación para participar activamente en movimientos civiles que exijan el respeto de los derechos humanos o que visibilicen las desigualdades e injusticias; puede participar, desde el ámbito comunitario, en la gestión de recursos económicos y humanos que posibiliten una práctica artística activista e incluyente en pro de los más desfavorecidos; puede contribuir en procesos de educación alternativa que animen a experimentar y apreciar las diferencias mediante el ensayo de enfoques pedagógicos que incluyan la interculturalidad y la diversidad… Las posibilidades pueden seguirse listando, para identificarlas debemos permitirnos ensayar un ethos creativo que nos encamine a la innovación social.

La escuela salvadoreña y la formación ciudadana
Según se establece en el artículo 56 de la Constitución salvadoreña “Todos los habitantes de la República tienen el derecho y el deber de recibir educación parvularia y básica que los capacite para desempeñarse como ciudadanos útiles”. A mí me llama particularmente la atención que se especifique “ciudadanos útiles”. Si la condición compartida de “ciudadanos”, por sí sola, no basta ¿cómo podría dimensionarse un proyecto educativo de país que apueste por convertirnos en “ciudadanos útiles”?

La escuela pública salvadoreña debería ser un espacio para la ciudadanía. En ella, podrían implementarse procesos educativos que procuren una cultura ciudadana de corresponsabilidad política acorde a las exigencias del siglo XXI. Sin embargo, desde el modelo de educación bancaria que predomina en nuestro sistema educativo, el cual reduce a los estudiantes a contenedores vacíos para llenarlos con datos archivísticos, es imposible proponer cualquier práctica de ciudadanía. Este tipo de educación doméstica, margina y oprime: es un hacer extremadamente violento que incapacita a los niños y jóvenes para descubrir, criticar y mejorar su realidad. En la experiencia lo constatamos: después de 14 años de formación escolar —repartidos en tres años de Educación Parvularia, nueve de Educación Básica y dos de Educación Media— quienes logramos completar nuestros estudios, al graduarnos fuimos arrojados al quehacer político, con derechos y deberes ciudadanos recién adquiridos al cumplir la mayoría de edad (Art. 71 de la Constitución), sin haber cultivado nuestra dimensión ciudadana en las aulas.

Para implementar un plan de “escuela para la ciudadanía”, debe empezar a entendérseles a las niñas, niños y adolescentes (NNA) no solo como sujetos de derecho, sino como “ciudadanos capaces de ejercer por sí mismos sus derechos de manera progresiva y responsable”, tal como ya lo establece la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia de El Salvador (2013-2023). Para comprender verdaderamente a los NNA como ciudadanos es necesario integrar en el corazón de nuestro sistema educativo público una Filosofía de la Educación liberadora, una que tenga como objetivo “aprender a construir el mundo juntos” (Cortina, 2009).

El peligro del déficit de ciudadanía
En la agenda de la clase política no se contempla la deuda en formación ciudadana; persiste, por el contrario, una concepción capitalista de la educación. El 7 de enero 2020, la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa valoró ampliar, nuevamente, el bachillerato general a tres años. Reinaldo Carballo (PDC) expresó que el objetivo de solicitar tal reajuste era ofrecer “un nuevo perfil, un muchacho que se pueda subir al vehículo de la cuarta revolución industrial” (Magaña, 2020). Es penoso que a estas alturas sigamos embarcados en el mito del progreso lineal e infinito. Somos un país productor de víctimas sacrificiales, porque a ese sistema injusto le ofrecemos nuestros jóvenes, a quienes etiquetamos como mano de obra barata y dócil.

En un sistema de explotación, las vidas de los oprimidos figuran como una jugosa ganancia. Para dejar de ser víctimas y transformarnos en sujetos de la historia debemos evitar caer en la trampa del déficit de ciudadanía. El déficit de ciudadanía sucede cuando aun teniendo el derecho no se alcanzan los beneficios. O, peor aún, cuando preferimos el tutelaje y nos limitamos a confiar ciegamente en los partidos y en el Estado, corriendo el riesgo de volvernos “ciudadanos-siervos” (Capella, 1993).

¿A quiénes beneficia, entonces, que no ejerzamos la ciudadanía?

A los que usan los partidos políticos como instrumentos para el enriquecimiento ilícito. A los que toman decisiones en nombre de la mayoría, pero se niegan a ser evaluados por ella. A los que dicen utilizar “sabiamente” nuestro dinero público, pero se ofenden al escuchar la palabra “transparencia”. A los que nos mal informan para sembrar la desunión y el odio al explotar la simplificación (burda) de los “buenos” y los “malos”. A los que gestionan en beneficio de unos pocos para ganarse su favor, a costa de despojar a los más necesitados. A los que reprimen para quedar de salvadores, en vez de apostar por educar y rehabilitar. A los que usan la máscara del funcionario “cool” para justificar su inmadurez y sus berrinches. A los que se niegan a escribir sus fantasiosos planes políticos mesiánicos, porque alegan que el lenguaje humano “los limita”. A los que les conviene que nos ofusquemos y desanimemos para evitar que imaginemos otros posibles futuros juntos. A los que expolian la cultura de los pueblos indígenas y los que prefieren unas expresiones artísticas oficilialistas, decorativas y mansas. A los que matan o reprimen a los diferentes, porque necesitan de sus “iguales” para seguir gozando de privilegios. A los que la memoria y la verdad no les favorecen porque los descubren como culpables.

Al no practicar la ciudadanía se empobrece y se degenera la democracia. Nada va a mejorar en el país si nos negamos a cargar con la cuota de realidad e historia que nos corresponde. Es por ello que en esta coyuntura urge dejar de sufrir pasivamente y empezar a exigir y construir —en nuestra calidad de ciudadanos activos— una escuela pública útil que de verdad forme ciudadanos salvadoreños reflexivos, resilientes, responsables, críticos, deliberantes y creativos.

Nuestra corrupta clase política y nuestra precaria realidad puede ser material de buenos memes, pero la burla no debe distraernos. Si aspiramos a otro El Salvador, más justo y con mayores oportunidades, alineado en una comprensión de desarrollo más humano, debemos comenzar a aprender y enseñar la ciudadanía para empoderarnos y responsabilizarnos de nuestra condición política.

Dalia Chévez es licenciada en Filosofía con una maestría en Gestión Estratégica de la Comunicación (UCA). Trabaja como docente, tallerista y gestora independiente.
 
Dalia Chévez es licenciada en Filosofía con una maestría en Gestión Estratégica de la Comunicación (UCA). Trabaja como docente, tallerista y gestora independiente.

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Columnas Tue, 08 Sep 2020 14:30:47 +0100 http://www.elfaro.net/es/202009/columnas/24789/¿Somos-realmente-ciudadanos-útiles.htm
Alison en el país de las adolescentes desaparecidas Gabriela Cáceres y Valeria Guzmán http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000034412.png http://www.elfaro.net/es/202009/el_salvador/24786/Alison-en-el-país-de-las-adolescentes-desaparecidas.htm 10,144 mujeres han sido reportadas como desaparecidas en los últimos ocho años. A diferencia de los hombres, para las mujeres la adolescencia es el rango de edad de mayor riesgo, con el 38.3 % de los casos. Las autoridades no pueden responder si todas están vivas o muertas, pero fiscales, policías, jueces y expertos apuntan a la realidad que mejor conocen: en territorios de pandillas, ellas corren peligro. El caso de Alison Renderos fue la primera gran alarma, pero el Estado no reaccionó. Alison Renderos está sentada en un sillón ubicado en un cuarto pequeño de una casa ubicada en la colonia Dos Puentes, en San Vicente. Tiene miedo. Llora. Es prisionera de un grupo de pandilleros del Barrio 18, algunos de ellos amigos de infancia. Alison quizá es consciente que ya ni la cercanía la salva, que algo malo pasará. “No me quiero quedar aquí”, suplica. Tres jóvenes la vigilan en el cuarto. Tienen orden de no dejarla salir, saben qué harán con ella, pero juegan a pronunciar falsas esperanzas. “Si esta morra intenta correr, aquí mismo la vamos a matar", dice uno de sus captores.

Son las 2 de la tarde del miércoles 9 de mayo de 2012.  Alison lleva  dos horas desaparecida.

Algunas horas antes, por la mañana, había participado en una competencia de lucha libre en su escuela. Esa fue la última vez que sus compañeros y entrenador la vieron con vida. Con 15 años, cursaba  9° grado en el Centro Escolar Doctor Darío Gonzalez cuando fue conducida, con engaños, hacia la casa de la colonia Dos Puentes. Atleta desde niña, integraba el equipo de lucha olímpica de la escuela. Había ganado una medalla de plata en los Juegos CODICADER; y otra de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en Panamá, en 2011. Prometía oro.

¿Cómo se explica que una atleta estudiantil, reconocida, haya terminado secuestrada por la clica Shadow Park Locos Sureños del Barrio 18? Para responder a esa pregunta es necesaria una breve explicación de país: en El Salvador, desde los noventa, las pandillas Barrio 18 (ahora dividida en dos facciones: Sureños y Revolucionarios) y la Mara Salvatrucha-13 se disputan territorios. Tras casi  30 años, sus clicas controlan barrios y colonias como las de Alison. Esas comunidades viven según sus reglas. Una de las principales manda que los habitantes del barrio no tengan lazos ni comunicación con los habitantes del barrio dominado por el enemigo. Las adolescentes corren los mismos riesgos que los varones si se acercan mucho a la clica, si cruzan fronteras, pero sobre ellas hay un riesgo extra: su condición de mujer. Alison, aseguran las autoridades y testigos que conocieron su caso, se acercó mucho a la clica, amén de sus relaciones desde la infancia con algunos pandilleros. Y a ello les llegó un rumor que Alison tenía vínculos con la pandilla contraria. Esa desconfianza la marcó. 

Retrato de Alison Renderos. Ilustración de Margarita Figueroa.
 
Retrato de Alison Renderos. Ilustración de Margarita Figueroa.

Un caso símbolo, una violencia ignorada

Alison no fue la primera joven que desapareció en el 2012. Su caso, sin embargo, fue notorio y permitió hablar de los desaparecidos por la nueva violencia. Hasta 2012, el concepto de los desaparecidos estaba más arraigado con la guerra civil.

La noticia de la desaparición de Alison se esparció, primero, por las calles de la colonia. Más tarde, su foto se distribuiría por redes sociales y sus datos aparecerían en los medios de comunicación. Se convirtió rápido en un caso símbolo, y movería una discusión política alrededor de las nuevas desapariciones. También pondría de manifiesto la influencia de la presión ciudadana para acelerar ciertas investigaciones. 

La discusión sobre el fenómeno, sin embargo, derivó en nada. Fue un pretexto político para dinamitar La Tregua, como se le llamó a la negociación del Gobierno del expresidente Mauricio Funes con las pandillas para reducir los homicidios a cambio de beneficios carcelarios. La derecha política alzó la bandera de los desaparecidos y el caso de Alison para señalar, sin pruebas, que detrás del desplome histórico de los homicidios en realidad había cadáveres escondidos por las pandillas. En respuesta, el primer Gobierno de izquierdas negó, pese a las denuncias, que las desapariciones fueran un fenómeno real.  En el 2012, la PNC registró 1,564 denuncias de desaparecimiento de personas. En medio de la discusión, la primera cifra oficial de la Policía no hizo sonar ninguna alarma.

Aquel año, el delito de desaparición aún no estaba contemplado en el Código Penal y continuó así hasta 2019. Pese a la constancia de los casos, hasta siete años después la clase política retomó la discusión. Esta vez de manera seria. Desde noviembre de 2019, ocho años después del caso de Alison, desaparecer personas en un contexto de privación de libertad ya es delito. Sin embargo, las adolescentes siguen desapareciendo en proporciones mucho mayores a la de los  jóvenes de su misma edad. Las precarias condiciones sociales, la cultura y la violencia sexual siguen presentes en los territorios de las pandillas. Al acecho. 

Ilustración de Margarita Figueroa
 
Ilustración de Margarita Figueroa

Secuestro y muerte

Alison se sabe sin salida. Y sabe que si se libra de sus captores el futuro para ella será cuesta arriba. No es fácil desprenderse de los lazos que atan a las pandillas en comunidades como la suya. Atribulada, en aquel cuarto en el que está retenida, suelta una frase desesperada. Insiste en que quiere irse:  “Si salgo de aquí me voy a matar”, dice.

Cinco minutos después, otro pandillero llega hasta la habitación, se le acerca y le pide que lo acompañe. Ella lo sigue hasta otro cuarto donde hay tres pandilleros más. Ahí, Daniel Ernesto García Durán, alías El Sombra, le reclama. La incriminan de haberlos traicionado con miembros de la Mara Salvatrucha (MS). Daniel tiene 24  años. Sus acompañantes son Cristian Noé Alvarenga Crespín, El Indio, de 25 años; y José David Monge Flores; de 22 años, El Humilde.

El Indio se le acerca sigilosamente por detrás y le coloca un cincho en el cuello. Alison no logra defenderse. El Indio la estrangula mientras El Humilde la sostiene para evitar que caiga al suelo. Alison es colocada sobre un colchón. Luego la desnudan. Después de abusar de ella y cortar su cuerpo, los pandilleros cargan un pick up de color verde con dos bolsas de plástico color negro. “La morra ya va palmada”, dice uno. Llevan el cuerpo mutilado hacia un cultivo de caña ubicado en el cantón San Antonio Tras el Cerro. Ahí lo recibe otro grupo de pandilleros que desde el mediodía había estado cavando un hoyo. 

El caso cobrará demasiada notoriedad durante los próximos 20 días en los que Alison se considerará una joven desaparecida. En San Vicente se organizarán marchas, pidiendo su retorno. La Policía solo por esa presión mediática se activará, un vecino contará que vio a un pandillero de la colonia cargando una piocha, ese pandillero se convertirá en testigo criteriado y dará la ubicación y paradero del cuerpo de Alison. 

 ¿Por qué las pandillas matan y desaparecen a una joven de su colonia? Ocho años después,  El Faro logró hablar con testigos directos del caso. Desde el anonimato, las fuentes reconstruyen las cercanías y la relación de Alison con algunos miembros de la pandilla; los celos de estos jóvenes, las reglas no escritas, la sentencia para una traición que se esparció por un rumor. De fondo, una de las fuentes dimensiona el riesgo al que están expuestas las jóvenes que se vinculan con la pandilla. “Ellas tienen que observar y saber que si cometen un error les va a pasar lo mismo o algo peor”, dice la fuente.

Gráfico para El Faro

10 mil denuncias de privación de libertad

En 2012, cuando Alison fue desaparecida y asesinada, la Fiscalía General de la República reportó  1,252  denuncias de privaciones de libertad de niñas, adolescentes y mujeres. A falta de tipificación penal para las nuevas desapariciones, la Fiscalía acepta que desde entonces tomó lista de las denuncias atribuyendo a los casos de desaparecidos el delito más próximo: la privación de libertad. A partir de aquel año,  en el que desaparecieron 507 adolescentes mujeres entre las edades de 13 a 17 años, las denuncias por privación de libertad aumentaron. En 2012, las adolescentes fueron el 40.5% de las denuncias de mujeres desaparecidas. Desde entonces, la adolescencia es el rango de edad más vulnerable para las mujeres. La entrada a la pubertad en las niñas supone el ingreso a una edad de riesgo.

Desde enero de 2012 hasta junio 2020, la Fiscalía recibió un total de 10,144 denuncias de privación de libertad de mujeres. En el mismo periodo, la institución registró la denuncia de 16,266 víctimas hombres por el mismo delito. Y aunque se denuncian más desapariciones de hombres, cuando las víctimas transitan por la adolescencia, por mucho desaparecen más las menores entre 13 y 17 años. 

En los últimos ocho años, del total de hombres reportados como privados de libertad, solo el 12.35 % son adolescentes. En contraparte, el porcentaje de adolescentes desaparecidas llega al 38.3%. Desde 2012 hasta mediados de 2020, se denunciaron 771 casos de niñas menores de 12 años que fueron privadas de libertad. En el mismo periodo, la cifra de adolescentes entre 13 y 17 se multiplica por cinco, alcanzando las 3,885 denuncias. 

Pasada la adolescencia, conforme las edades de las mujeres van aumentando, la frecuencia baja. Entre 2012 y junio de 2020, la Fiscalía recibió 2,437 denuncias de mujeres desaparecidas entre los 18 y 30 años y se han documentado 705 denuncias de mujeres de los 31 a los 40 años. El rango de edad con menos reportes es entre los 61 a 70 años, con un promedio de nueve denuncias por año.

2014 fue el año en que más mujeres desaparecidas se reportaron ante la Fiscalía. Ese año la institución  recibió 1,541 denuncias, de las cuales 621 eran adolescentes entre los 13 y 17 años.  Y aunque desde entonces los registros han bajado, las denuncias se han mantenido arriba del millar por año. Además,  el fenómeno respecto a las adolescentes se mantiene. Durante los últimos ocho años, las menores entre los 13 y 17 años son las que más se reportan como desaparecidas. En 2019, de un total de 1,068 denuncias, el 34% eran referidas a adolescentes. 

La sociedad salvadoreña suele culpabalizar a las jóvenes víctimas de pandillas. Ilustración de Margarita Figueroa.
 
La sociedad salvadoreña suele culpabalizar a las jóvenes víctimas de pandillas. Ilustración de Margarita Figueroa.

Presas fáciles

Hace ocho años, cuando Alison desapareció, no faltaron las voces que la incriminaron con grupos delictivos. Algunos la relacionaron con pandilleros tanto de la Mara Salvatrucha como del Barrio 18. Otros resaltaron la dedicación de la joven atleta al deporte que practicaba y la desligaron de cualquier pandilla. En la colonia donde vivía, es complicado establecer la frontera de quién no tiene ninguna relación con la pandilla y quién sí.

“Los que son pandilleros fueron mis compañeros en la escuela”, empieza por narrar una joven de la misma comunidad que Alison. Y es que la adolescencia, suele ser el momento donde los adolescentes se vuelven conscientes de las fronteras que deben respetar: “Cuando éramos niños, estaban en las canchas todos juntos, después ya no. De repente, se alejaban, no podía hablarles. Se decía: Si te llevas más con una pandilla, ya no puedes pasar por aquí”, explica una joven que creció en otra comunidad dominada por el control de las pandillas. Ese respeto por las reglas que les es exigido a los adolescentes fue la bomba que detonó el asesinato de Alison. A ella la acusaron de tener vínculos con la pandilla contraria. Pero el pecado de origen fue otro, uno que Alison no podía resistir: su relación con los jóvenes pandilleros de su propia colonia. 

En casos más extremos, las pandillas clasifican a las chicas en dos categorías, según un pandillero del Barrio 18 que conoció del caso de Alison y habla con la condición de anonimato. Las “bichas tira paro” normalmente son niñas entre las edades de 11 a 15 años que ayudan a la pandilla a recoger renta o bienes de la clica. “Nos mueven la marihuana y las armas. Y  tienen que dar amor si anda vacilando con la pandilla y toda la onda”, dice. Pero también están las “homegirls”, consideradas parte de la pandilla. ¿Hay nuevas pandilleras? Cuando las nuevas incorporaciones de mujeres son una nebulosa, este pandillero asegura que siguen reclutando jóvenes mujeres y ellas “tienen tatuado el número 18”. Para ingresar, él asegura que los requisitos no han cambiado con el paso del tiempo. Ellas escogen una de tres opciones: ser golpeada por 18 segundos en el caso del Barrio 18,  asesinar a un pandillero rival o  tener relaciones sexuales con integrantes de la estructura. “A ellas no se les puede tener ni de menos ni de más, porque ellas portan el Barrio 18. Ellas hacen pegada y toda la onda”, sostiene.

Según las autoridades, Alison tenía una relación con “El Sombra” y el rumor que circuló, sobre ella teniendo una relación con la pandilla contraria,  provocó que la asesinaran. Desde el 8 de mayo de 2012, los pandilleros ya habían contactado a las amigas de Alison para que la llevaran a la casa donde fue asesinada. Ellas, bajo amenaza, cumplieron. 

En la mayoría de contextos, las mujeres son vistas como objetos, explica Verónica Reyna, subdirectora del Observatorio de derechos humanos del Servicio Social Pasionista, una de las organizaciones con más terreno en materia de seguridad pública.  “Hay muchos temores en familias de comunidades en torno a las mujeres adolescentes, porque saben que pueden servir como botín de guerra. Hay poca capacidad de negarse a las demandas de ellos”, señala. Un agente de la Sección de Información y Estadísticas Policiales coincide:  “Si ellas le gustan a un pandillero, tienen que convivir con él. No hay vuelta atrás. O se van con él o les dicen que van a  matar a su familia. Se van y la pandilla les da un mínimo de protección”. 

Graciela Sagastume, directora de la Unidad de la Niñez, Adolescencia y Mujer de la Fiscalía, cree que un buen porcentaje de desapariciones de niñas y adolescentes está relacionado a las huidas. “Hay muchos casos en los que las chicas desaparecen porque están siendo acosadas por pandilleros y su única alternativa para poder escaparse, es irse... muchas veces sin decirle a sus padres”, sostiene. La Fiscalía confiesa que no puede dar respuesta a todos los casos, pero la hipótesis de Sagastume para algunos de ellos no es descabellada. El Salvador es un país que experimenta el fenómeno de desplazamientos forzados por la violencia de las pandillas. Tras el asesinato de Alison, su familia tuvo que huir del país por amenazas. Seis años más tarde, Estela Renderos, de 20 años, fue secuestrada y asesinada. Estela era prima de Alison. Como con las desapariciones, el Estado no terminó de reconocer el nuevo fenómeno de desplazamientos forzados sino hasta 2019. 

El mensaje detrás de las desapariciones de jóvenes que habitan en territorio de pandillas cala hondo. En la pandilla, que se sepan las consecuencias, más que para ahuyentar a las jóvenes se usa como advertencia: “Con la pandilla no se debe jugar”, dice el pandillero del Barrio 18 cuando se le pide que explique por qué, en casos como el de Alison, la consecuencia es inapelable. “Si no se portan bien, se les desaparece”.

En diciembre de 2012, en el interior de un cañaveral en un cantón del municipio de Apopa, San Salvador, las autoridades rescataron la osamenta de una adolescente de entre 14 y 17 años. Este fue su último atuendo. La imagen forma parte del fotoreportaje 'El último atuendo de los desaparecidos', ganador del World Press Photo 2014. Imagen de Fred Ramos/ El Faro.
 
En diciembre de 2012, en el interior de un cañaveral en un cantón del municipio de Apopa, San Salvador, las autoridades rescataron la osamenta de una adolescente de entre 14 y 17 años. Este fue su último atuendo. La imagen forma parte del fotoreportaje 'El último atuendo de los desaparecidos', ganador del World Press Photo 2014. Imagen de Fred Ramos/ El Faro.

El limbo de las desaparecidas

No todos los casos de desapariciones se investigan ni se resuelven. En algunos casos, la búsqueda exhaustiva solo funciona para aquellas situaciones que causan “alarma social”, como sucedió con Alison Renderos. La pronta reacción de la Policía y Fiscalía permitió que en 20 días encontraran sus restos enterrados bajo la tierra. En una fosa aledaña, las autoridades también encontraron, sin querer, la osamenta de Leydi Patricia Monge Artiga, una joven de 22 años que tenía más de un mes desaparecida. 

Se sabe muy poco de Leydi. Fue vista por última vez afuera de la iglesia católica de Aguilares (municipio ubicado a 55 kilómetros de San Vicente), el 1 de abril de 2012. Un testigo relató a la Fiscalía que recibió la orden de cavar un hoyo para enterrar sus restos. Se presume que fue asesinada, como Alison, por una supuesta relación con la pandilla contraria. Leydi, como muchas otras, continuaría desaparecida de no ser por el hallazgo fortuito de su osamenta. La capacidad instalada no es suficiente para investigar todos los casos. “Si usted tiene 10 investigadores y 50 desaparecidos, ¿cómo van a investigar los 50 casos?”, se cuestiona un investigador policial.

En contraste, el caso mediático de Alison fue prioritario para la Policía. “Hubo presión arriba. Estaba en todos los medios de comunicación. Es una alarma social. Se nombró un equipo de investigadores y utilizamos los recursos necesarios y tecnológicos para ubicarla”, reconoce. En menos de un mes, lograron ubicar a una de las personas que participó en el asesinato. Así conocieron la ubicación del cuerpo de Alison y, por accidente, el de Leydi. 

La Fiscalía llevó a la zona al criminólogo Israel Ticas Chicas. Él encontró dos fosas  el 1°de junio de 2012. Cada una separada a 25 metros de distancia. Siete días después, el examen de ADN practicado al cuerpo enterrado en  la primera fosa, reveló que se trataba de Alison. Mientras que los otros restos correspondían a Leydi.  “Ambos cuerpos mostraban el mismo nivel de violencia a la hora de hacer la inhumación. No había diferencia entre el cuerpo de Alison y la muchacha que estaba a 25 metros”, dijo Ticas a El Faro.

A menos que la desaparecida reaparezca por sus propios medios, o que una investigación fortuita dé con el cadáver de una víctima, existe una gran posibilidad de que nunca se conozca el paradero de las desaparecidas. Y es que a pesar de que la Fiscalía recibió más de 10 mil denuncias en los últimos ocho años, no es capaz de brindar datos precisos sobre el destino de esas mujeres: ¿reaparecieron? ¿Están vivas? El Faro pidió conocer el número de casos que han sido archivados desde 2012 y el motivo por el que estos casos llegaron a archivo. La institución brindó estadísticas que permiten concluir que el 92% de las denuncias son enviadas al archivo, pero se excusó diciendo que “no es posible detallar si el archivo se debió a que la víctima fue encontrada viva o fallecida, ya que la información sobre si la víctima fue encontrada viva o muerta se encuentra registrada de manera automatizada en nuestras bases de datos a partir del año 2019”. 

El año pasado, 741 denuncias de mujeres privadas de libertad fueron archivadas por la Fiscalía, es decir el 69% del total anual. Sin embargo, esto no es sinónimo de que todas esas mujeres regresaron a sus casas. Eso solo ocurrió en 408 de los casos. Las otras denuncias fueron archivadas porque en cinco ocasiones la víctima apareció muerta, en 26 casos la investigación se engavetó porque “no se encontró” a la víctima y, además, 302 denuncias fueron a parar al mismo lugar sin que se especifique la razón. 

En febrero de 2013, al interior de un cañaveral, en otro cantón de Apopa, fue encontrada la osamenta de una joven de entre 17 y 18 años. Foto de Fred Ramos / El Faro para 'El último atuendo de los desaparecidos'. 
 
En febrero de 2013, al interior de un cañaveral, en otro cantón de Apopa, fue encontrada la osamenta de una joven de entre 17 y 18 años. Foto de Fred Ramos / El Faro para 'El último atuendo de los desaparecidos'. 

Víctimas de violencia sexual 

Mientras los pandilleros Little Killer y Little One colocaban bolsas plásticas negras sobre el patio donde luego desmembrarían el cuerpo de Alison, El Indio abusó sexualmente de la atleta. “Pero ya no se movía, ya estaba desmayada”, se lee en el expediente judicial. De acuerdo con varias fuentes consultadas, hay una estrecha relación entre las privaciones de libertad de adolescentes y hechos de violencia sexual. 

Una de las personas que plantea esta premisa es Verónica Salazar, una activista de los derechos de la mujer. Tiene once años de trabajar en una organización que brinda apoyo a mujeres violentadas en la zona paracentral del país. Por seguridad pide que no se identifique el municipio específico en el que está basada. Ella plantea que, a pesar de que las desapariciones deben tratarse con urgencia, no siempre sucede así. “Cuando se llega a la policía a reportar que una niña no ha llegado a la casa, la policía dice que se debe esperar 24 horas para tomar la denuncia. En 24 horas pueden pasar muchas cosas.  Luego regresan, pero ¿en qué situaciones regresan?”, se pregunta la activista.

Ella asegura haber colaborado de primera mano en casos de niñas y adolescentes que primero fueron reportadas como privadas de libertad y luego se descubrió, habían sido víctimas de violencia sexual. Hace alrededor de cuatro años tuvo conocimiento de cómo operaba un jefe de pandilla en  una comunidad, cuando una madre pidió ayuda para su hija de 15 años, que ya estaba en su segundo embarazo. “El jefe de la pandilla llegaba a la comunidad y elegía qué chica se iba con él a una casa. Esa es privación de libertad. Ellas no elegían irse con él”. Posteriormente, explica Salazar, se conoció que el jefe de la pandilla las obligaba a mantener relaciones sexuales. Por ello, hace hincapié en cuáles son las condiciones en que regresan a casa aquellas privadas de libertad que aparecen. 

Salazar además pone de ejemplo el caso de una niña de 11 años que fue reportada como privada de libertad en enero de este año en una comunidad de la zona paracentral. La madre de la niña llamó a la policía rural porque no la encontraba. Un vecino de 17 años relacionado a la pandilla de la zona la había llevado hacia la cancha de la comunidad, pero la madre no sabía eso. Cuando llamó a la policía, no se le tomó la denuncia y le pidieron esperar 24 horas para que la menor apareciera. “El tipo quería algo con la niña y lo hizo. Abusó sexualmente de ella. Y para la comunidad, la culpable es la niña. La negligencia ahí es por parte de la policía en no mostrarse competente en actuar inmediatamente”, denuncia la activista. 

En el casco urbano del municipio donde ocurrió este hecho, la versión que maneja el agente que tomó la denuncia es distinta. Ahí, él asegura que la niña confesó que mantenía una relación con el joven de 17 años y que ella accedió a irse con él y sostener relaciones sexuales.

“Hemos identificado que hay un fuerte estigma donde la población e incluso oenegés actúan con poca objetividad con la víctima cuando han tenido alguna vinculación con las pandillas. Para la sociedad, eso justifica que las priven de libertad o las agredan sexualmente”, señala Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista. 

Reyna también ha conocido casos de adolescentes que, tras una desaparición, regresan a sus casas con agresiones sexuales. “Nos han llegado varios casos de jóvenes adolescentes que desaparecen por unas horas y las encuentran con agresión sexual por parte de las pandillas. En los hombres la privación de libertad tiene otros objetivos: amenazar, sacar información... asesinar. Las  mujeres, al entrar a la adolescencia, se convierten en un objeto sexual al que la pandilla quiere acceder”, sostiene.

Que la denuncia por privación de libertad no avance hacia un proceso judicial, dice, es por miedo. “Al recuperar a la joven con vida, las familias no quieren meterse en problemas. Hay familias que se han desplazado y terminan ignorando el hecho. Si son adolescentes, la FGR tiene que realizar una investigación, pero el 99% de las familias que conozco te dicen que no quiere que se investigue porque saben que el victimario es de la pandilla”.

Gráfico para El Faro

Sin castigo 

La Fiscalía procesó a ocho pandilleros que participaron en la desaparición asesinato de Alison y Leydi por los delitos de feminicidio. El Juzgado Especializado de Sentencia B de San Salvador  los condenó a 30 años de cárcel por el homicidio de Alison. No fueron condenados por feminicidio porque la Fiscalía no logró probar que los pandilleros hubieran ejercido violencia por su condición de mujer. “En el feminicidio no solo hay que probar la muerte de una persona y que la muerte sea una mujer. Sino hay que probar un motivo, una condición más allá del dolo, que le llaman misoginia”, dice el juez que conoció el caso. Él insiste en que Fiscalía necesitaba más pruebas y agrega que “el contexto probatorio era el testigo criteriado y (en) la prueba científica, no se infería que hubo un odio o menosprecio hacia la joven”. 

Cuatro años después de la sentencia, el juez sostiene que la historia de Alison no alcanzó justicia gracias a una  investigación sólida, sino a un golpe de suerte por la declaración del testigo criteriado. “No fue una investigación. Fue al azar. Es decir que fue más un caso de suerte que por tema profesional o investigativo”, cuestiona.

Mientras el caso de Alison obtuvo justicia, los pandilleros que supuestamente participaron en la desaparición y asesinato de Leydi fueron absueltos. La prueba principal era el relato de un testigo criteriado que aseguró haber recibido la orden de cavar un hoyo para enterrar el cuerpo de  la víctima. Pero “no hubo prueba. No se individualizó”, dice el juez.

Y a pesar de que Alison fue privada de su libertad, la Fiscalía no procesó a ninguno de los involucrados por ese delito. El juez asegura que la Fiscalía tenía elementos para probarlo, pero decidieron no hacerlo. “Los jueces no podemos agregar cualquier delito de oficio por un tema de congruencia entre los hechos acusados  y los tenidos por probados. Usualmente los casos donde sí se han judicializado desapariciones ha sido a través de testigos criteriados”, dice. 

Antes de la entrada en vigencia del delito de desaparición de personas, en noviembre de 2019, la legislación solo reconocía la desaparición forzada, aquella que está definida como la que cometen agentes del Estado. ¿Qué pasaba, entonces, con los casos donde se presumía que el victimario era un pandillero o un civil? Las autoridades fiscales y policiales, hasta noviembre de 2019, clasificaban estas desapariciones bajo la figura de “privación de libertad”. 

“Esto implicaba mucha confusión porque la privación de libertad es aquella limitación ambulatoria de carácter temporal; en cambio, la desaparición de personas ya es con el propósito de ocultar a la víctima de carácter permanente”, reconoce la Directora de la Unidad Especializada para Personas Desaparecidas, Guadalupe de Echeverría.

Para el período comprendido entre enero 2012 y 2020, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no tiene registro del número total de condenas o absoluciones por el delito de privación de libertad. La Oficina de Información y Respuesta aduce que no todos los juzgados del país tienen el sistema adecuado para hacer el conteo; o que los secretarios de cada instancia judicial “no cuentan con el tiempo suficiente” para realizarlo.

Sin embargo, sí tienen información  de  los Tribunales de Sentencia de San Salvador, Chalatenango y San Miguel. Esas sedes registran un total de 122 casos por el delito de privación de libertad que terminaron en 85 sentencias condenatorias y 38 absolutorias. Según los datos, la mayoría de los imputados (179) son hombres y solo hay 17 mujeres. El Faro solicitó el número de casos que FGR ha presentado a sedes a juzgados a nivel nacional por el delito de desapariciones. Al cierre de este reportaje no hubo respuesta. 

De acuerdo con datos de la Fiscalía, la tendencia observada en los casos registrados como “privaciones de libertad” se mantiene ahora que otros casos se procesan bajo el nuevo delito de desaparición de personas. Solo en los primeros seis meses de este año, la Fiscalía ha registrado 68 denuncias de desapariciones de mujeres. El 32.5% eran adolescentes. Mientras que en este primer semestre hubo  145 hombres desaparecidos de los cuales el 8.96% son denuncias de varones entre los 13 y 17 años. 

A pesar de que desde el año pasado existe el delito de desaparición de personas, la Fiscalía no ha dejado de utilizar la calificación penal de privación de libertad cuando tiene una denuncia por desaparición. Un caso reciente fue el de dos adolescentes que fueron raptadas por supuestos pandilleros en Santa Ana, el 25 de julio de 2020. Según las autoridades, hubo testigos que llamaron a la policía y se montó un operativo. Pronto, las menores fueron localizadas con vida  en una finca en la colonia Teocinte ubicada en dicho departamento. Sus captores huyeron. La Fiscalía tiene una investigación abierta por el delito de privación de libertad. En otros 27 casos por el mismo delito,  la Fiscalía giró 116 órdenes de capturas contra miembros del Barrio 18 el 3 de septiembre de 2020.

La Fiscalía también administra desde 2013 en twitter un perfil llamado “Ángel Desaparecido”. Ahí se publican fotos, edades y otros detalles de menores que son reportados ante la institución como desaparecidos. Este agosto se publicó la información de cuatro casos. En las fotos se observan cuatro adolescentes que miran a una cámara. Rondan entre los 14 y 17 años...  

*Con reportes de Celia Pousset y Jimmy Alvarado


Lea más sobre la desaparición de mujeres en el Triángulo Norte de Centramérica:

Esta investigación forma parte de Estación del silencio, un proyecto transnacional coordinado por Agencia Ocote que investiga y reflexiona sobre las violencias contra las mujeres en Mesoamérica. Este texto es parte de la segunda entrega sobre desapariciones, en las que participan:  Agencia Ocote  (Guatemala),  elFaro  (El Salvador) y  ContraCorriente  (Honduras). Con el financiamiento de  Foundation for a Just Society , y el apoyo de  Oak Foundation  y  Fondo Centroamericano de Mujeres . 

 

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El Salvador Mon, 07 Sep 2020 13:12:12 +0100 http://www.elfaro.net/es/202009/el_salvador/24786/Alison-en-el-país-de-las-adolescentes-desaparecidas.htm
Capitán, el niño está preocupado... http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_259_2362_1833/images%7Ccms-image-000024217.jpg http://www.elfaro.net/es/202009/columnas/24788/Capitán-el-niño-está-preocupado.htm Los textos que se ponen a circular bajo el nombre de escritores célebres son, generalmente, propios de libros de autoayuda. Cartas sentimentales de despedida al final de la vida, reflexiones sobre lo que haríamos si pudiéramos vivir una segunda vez. Cualquiera de ustedes se habrá topado en las redes sociales con un texto atribuido a Gabriel García Márquez, supuestamente extraído de El amor en los tiempos del cólera, y que empieza de esta manera:

“–Capitán, el niño está preocupado y muy incómodo debido a la cuarentena que el puerto nos impuso.

–¿Qué te preocupa, muchacho? ¿No tienes suficiente comida? ¿No duermes lo suficiente?

–No es eso, Capitán. No puedo soportar no poder desembarcar y abrazar a mi familia. 

–Y si te dejan salir del barco y se contaminan, ¿cargarías con la culpa de infectar a alguien que no puede soportar la enfermedad...”

Muy al dedo para toda la suerte de consejos, máximas filosóficas y reflexiones morales que ha traído consigo la pandemia, y que si se reproduce tanto es porque satisface gustos literarios propios, o llena las expectativas de lo que queremos que alguien diga en nuestro nombre, pues coincide con lo que pensamos. Y mejor si lo hace García Márquez.

El verdadero autor de esta historia en la que el capitán termina afirmando que la primavera la llevamos dentro de nosotros mismos, se llama Alessandro Frezza, según algún acucioso ha ido a descubrir. Pero eso ya vale poco, porque en las redes las verdades no son fáciles de establecer, sobre todo si nadie sabe quién en Alessandro Frezza, quien pasa más bien a convertirse en el impostor. ¿Quién es ese italiano que trata de plagiar a García Márquez?

Los textos que se ponen a circular bajo el nombre de escritores célebres son, generalmente, propios de libros de autoayuda. Cartas sentimentales de despedida al final de la vida, reflexiones sobre lo que haríamos si pudiéramos vivir una segunda vez, viajes espirituales en busca de la verdad, que, al fin y al cabo, llevamos dentro de nosotros mismos. Todo dentro de los temas preferidos por Paulo Coelho, que tantos lectores sabe conquistar. Y este si es un misterio para mí: ¿por qué si Coelho goza de tanto prestigio en este terreno de los consejos sanos para bien vivir, nunca le atribuyen nada en las redes?

A finales del siglo pasado, cuando el mundo de la comunicación instantánea en que vivimos estaba aún en pañales, y García Márquez se hallaba bajo tratamiento médico por causa de un cáncer, los fabricantes de bulos hallaron una ocasión propicia para atribuirle una carta de despedida que se titulaba La marioneta y que empezaba:

“Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo…”

Se trataba de un texto que el ventrílocuo mexicano Johnny Welch ponía en boca de su muñeco “El Mofles” en sus presentaciones. García Márquez tuvo la oportunidad de hacer el desmentido: “Quiero decirles que estoy vivo y que lo único que me podría matar es que digan que yo escribí algo tan cursi”, dijo. Y Welch ripostó: “A mí El amor en los tiempos del cólera me parece un libro maravilloso. Pero maravillosamente cursi”. Luego ambos se encontraron y se reconciliaron. 

Los más socorridos a la hora de endilgarles textos que nunca escribieron son García Márquez y Jorge Luis Borges, aunque tampoco se libran José Saramago o Mario Benedetti.

Poco tiempo antes de la muerte de Borges, cuando aún vivíamos en la prehistoria de las redes sociales, se puso de moda un poema supuestamente suyo que aparecía en revistas del corazón, se reproducía en tarjetas de aniversario y colgaba como póster en las paredes de no pocas casas a las que me tocó entrar.

En ese poema, el falso Borges decía que si volviera a nacer comería más helados y menos habas, caminaría sobre la hierba húmeda, o metería los pies en la corriente de algún fresco arroyo o daría más vueltas en calesita. Borges se subió a un globo aerostático, pero es difícil imaginarlo montado al caballito de un carrusel. A su avanzada edad, parecía despedirse con un acto de contrición, como si hubiera desperdiciado su existencia en nimiedades y se declarara listo a escalar las montañas más altas en la próxima vida.

Se trataba a ojos vista de un Borges sospechoso, por edulcorado. Desde las alturas de su espléndido rigor verbal, parecía bajar en aquel poema al terreno del lugar común. Pero en las redes eso poco importa; lo que vale es el sentimentalismo sin cortapisas; la carta de despedida de García Márquez ni siquiera estaba escrita en clave de realismo mágico, pues no anunciaba un aguacero bíblico para el día de su muerte, y no llevaba, por tanto, sus señas de identidad.

La verdadera autora del poema atribuido a Borges era la estadounidense Nadine Stair, de nombre poco conocido. Se trataba de una confusión ocurrida en la redacción de un periódico de Buenos Aires, cuando ese poema, destinado a publicarse en un suplemento de variedades, apareció con el nombre de Borges gracias a esas magias negras que suelen ocurrir en las mesas de edición. 

Es posible trazar un rastro a estas invenciones. Suelen pasar primero a las redes como textos anónimos. A alguien le gusta, y lo despoja del nombre de su verdadero autor, pues le parece poco atractivo; en una siguiente ronda, a otro le parece de tanto mérito, que piensa que el anonimato no lo favorece, y que mejor debe agregársele una firma célebre. Es entonces cuando su difusión se multiplica, y será ya de ese autor para siempre, así mil desmentidos.

José Saramago jamás hubiere pensado que se le pudiera atribuir algo como “hijo es un ser que Dios nos prestó para un curso intensivo de como amar a alguien más que a nosotros mismos…”. Pero así consta en esos anales imperturbables que son las redes sociales.

Y quién convence a nadie que don Quijote jamás dijo “ladran, Sancho, señal de que cabalgamos”.

San Isidro de la Cruz Verde, septiembre 2020

Sergio Ramírez, escritor nicaragüense. Premio Carlos Fuentes, Premio Alfaguara de Novela y Premio Miguel de Cervantes.
 
Sergio Ramírez, escritor nicaragüense. Premio Carlos Fuentes, Premio Alfaguara de Novela y Premio Miguel de Cervantes.

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Columnas Mon, 07 Sep 2020 12:21:23 +0100 http://www.elfaro.net/es/202009/columnas/24788/Capitán-el-niño-está-preocupado.htm
Los ciclos políticos http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000030842.jpg http://www.elfaro.net/es/202009/columnas/24787/Los-ciclos-políticos.htm Bukele ha dejado en claro con sus acciones que no se sujetará a los contrapesos de poder establecidos en la Constitución vigente, la cual ha propiciado el más largo período de la historia con elecciones sin mayores cuestionamientos. En casi 200 años, El Salvador ha sido gobernado por 81 presidentes y siete Juntas de Gobierno, y ha estado regido por 14 constituciones. 24 presidentes y una Junta de Gobierno fueron derrocados, cinco presidentes depusieron el cargo y uno fue asesinado; 13 constituciones se definieron desde la Presidencia y una fue concertada con la oposición, para luego ser reformada con la insurgencia. El saldo resultante es aproximadamente de una presidencia inconclusa por cada tres de ellas, y de una constitución por cada 13 años. 

Las luchas por el control de la economía y el Estado definieron ciclos políticos con gobernantes de paso y constituciones sin peso, excepto cinco de ellas: la de 1824 que definió al Estado, la de 1841 que proclamó a la República, la de 1886 que le dio su carácter liberal, la de 1950 que la dotó de un perfil social, y la de 1983 que limitó el poder, mismo que reguló con su reforma en 1992. El resto fueron redactadas, fundamentalmente, para permitir la reelección del presidente de turno.

En los últimos 100 años, El Salvador ha vivido ocho ciclos políticos: la dinastía Meléndez Quiñónez, la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, el modernismo del Partido Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD), el asistencialismo del PCN, el reformismo del PDC, el neoliberalismo de Arena, el progresismo del FMLN, y el recién iniciado intento autoritario de Bukele. Todos los ciclos -con excepción del que está en curso- duraron de una a dos décadas, y en todos -salvo en el primero y en el último- se institucionalizaron políticas compensatorias, que si bien pesaron menos que sus desaciertos, tenían la intencionalidad sistémica de palearlos.

Entre otras, Martínez creó el Banco Central de Reserva y el Banco Hipotecario; el PRUD creó el ISSS y el Instituto de Vivienda Urbana; el PCN creó el INPEP y el Instituto Regulador de Abastecimientos; el PDC decretó la reforma agraria y bancaria, Arena creó la Defensoría del consumidor y la Red solidaria; y el FMLN, el programa de apoyo temporal al ingreso (Pati) y la pensión básica universal. Ninguna, salvo la reforma agraria y bancaria, tocó a la oligarquía, y a pesar de todas ellas, cada uno de estos seis ciclos finalizó. Los tres primeros en las calles, por una ingobernabilidad derivada de la concentración de poder y el uso desmedido de la fuerza. Y los tres últimos en las urnas por el desencanto de sus electores y el mal manejo de las expectativas.

En comparación a lo vivido por sus antecesores, Bukele no tendrá hoy por hoy a una oligarquía con la fortaleza política requerida para conspirar en su contra, pero si a un Ejército cada día más empoderado que podría llegar a hacerlo como en el pasado. No hay una resistencia social organizada, pero tampoco recursos para anticiparla; ni una insurgencia armada, pero tampoco dinero para enfrentarla; ni divisas, pero sí aval para gestionarlas por la emergencia sanitaria; ni un gobierno norteamericano presionando por la institucionalidad, pero sí la posibilidad de que pronto lo halla. Todo ello sobre la base de un innegable apoyo ciudadano y de un inigualable manejo de la agenda nacional, sin precedentes en la historia.

Este ciclo durará tanto como Bukele sea capaz de conjugar exitosamente esas dicotomías. A poco más de un año desde que llegó al poder, parece contar con todo para lograrlo, aunque ya presenta síntomas prematuros que lo ponen en duda, como el descenso del crecimiento económico y el ascenso de la deuda. La falta de acuerdos políticos para abordar ambos problemas se ha agravado en el contexto de una pandemia, cuyo abordaje sanitario pretende prolongar insosteniblemente. Económicamente ya se le desbordó y políticamente se le empieza a revertir.

Bukele ha dejado en claro con sus acciones que no se sujetará a los contrapesos de poder establecidos en la Constitución vigente, la cual, a pesar de no haber resuelto los problemas estructurales de fondo, ha propiciado el más largo período de la historia con elecciones sin mayores cuestionamientos, alternancias en el poder con la oposición sin grandes sobresaltos, mandatos presidenciales sin interrupción alguna y, hasta hace un año, la administración de las diferencias entre el oficialismo y la oposición menos traumática desde 1821.

Aprobar una nueva Constitución -tal cual la insinúa el círculo cercano y lo claman sus seguidores más absortos- difícilmente se orientará a una refundación del Estado, modificación del modelo económico o mantenimiento de los contrapesos de los últimos 37 años, sino -a juzgar por lo actuado en el último año, y lo valorado por algunos analistas- a dotar de un poder absoluto al presidente, facultarlo para la reelección, como en el ciclo de Martínez, o, en su defecto, posibilitar el traspaso de poder entre el clan Bukele, como en el ciclo de los Meléndez Quiñónez.

‪Si Bukele no logra mayoría en la Asamblea para reformar la Constitución o para gobernar sin límites, perderá legitimidad, dejará en entredicho su popularidad, y se verá obligado a concertar o condenado a la ingobernabilidad. Si la logra, perderá también, ya que se incrementará la conflictividad con su consecuente inestabilidad, lo cual puede llevar su presidencia a un desenlace similar al padecido por sus 30 antecesores, cuyos períodos quedaron inconclusos, o al de otros más que lo concluyeron con mucho desgaste.

El fin de cada uno de los ciclos parecía impensable a un año de iniciados, y no lo decidieron los gobiernos de turno por decreto ni por redes sociales, sino los ciudadanos en las urnas o en las calles. En 2021 los salvadoreños decidirán si le dan o no el poder absoluto a Bukele y a partir de ello, cuál será el escenario donde se escribirá el epílogo de este nuevo ciclo.

Joaquín Aguilar es sociólogo graduado de la UCA, con estudios de posgrado en cooperación internacional por la Universidad del País Vasco de España, y de Administración de empresas y mercadeo en ISEADE-FEPADE. Egresado de Ciencias políticas de la UCA. Fue gobernador departamental de La Libertad.
 
Joaquín Aguilar es sociólogo graduado de la UCA, con estudios de posgrado en cooperación internacional por la Universidad del País Vasco de España, y de Administración de empresas y mercadeo en ISEADE-FEPADE. Egresado de Ciencias políticas de la UCA. Fue gobernador departamental de La Libertad.

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Columnas Mon, 07 Sep 2020 11:30:59 +0100 http://www.elfaro.net/es/202009/columnas/24787/Los-ciclos-políticos.htm
"Míralo eh, míralo eh" http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_655_670_1650_1333/images%7Ccms-image-000034404.jpg http://www.elfaro.net/es/202009/el_farolero/24783/Míralo-eh-míralo-eh.htm La mirada de Otto a los señalamientos entre políticos de diálogo con pandillas. El Farolero Sun, 06 Sep 2020 09:38:50 +0100 http://www.elfaro.net/es/202009/el_farolero/24783/Míralo-eh-míralo-eh.htm