El Faro http://elfaro.net Periodismo independiente y audaz de El Salvador y Centroamerica con noticias, reportajes, investigac es Copyright 2017, El Faro Sat, 29 Apr 2017 09:38:53 +0100 El Faro “Los seguidores de Trump me gritaban: ‘Vete a tu país, india de mierda’” Leila Macor (AFP) / El Faro http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000026227.jpg http://www.elfaro.net/es/201704/internacionales/20321/“Los-seguidores-de-Trump-me-gritaban-‘Vete-a-tu-país-india-de-mierda’”.htm El presidente de Estados Unidos prometió expulsar a millones y quitar fondos federales a las ‘ciudades santuario’. Para analistas y activistas, esta batería de medidas gubernamentales se ha traducido en un aumento de incidentes de odio en cuestión de semanas. Elena, una nicaragüense en Miami, ilustra un drama compartido por miles de salvadoreños, mexicanos, filipinos...

<p>This file photo taken on February 15, 2017 shows a section of the US/Mexico border fence seen at San Luis Río Colorado, Sonora state, in northwestern Mexico. With debate raging in the United States and Mexico over President Donald Trump's plan to build a wall along the nations' border, AFP photographers decided to take a closer look. So they drove the drove the nearly 1,750 miles along the border and photographed what they saw, with Washington-based Jim Watson on the US side and Tijuana-based Guillermo Arias and Mexico City-based Yuri Cortez on the Mexican side. Muro - México - Estados Unidos - Frontera.</p>

Imagen del muro que ya divide Estados Unidos y México a la altura del municipio de San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora. Foto Guillermo Arias (AFP).

Miami, Florida, ESTADOS UNIDOS. Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, Elena ha dejado de pasear con su familia. Los insultos de los seguidores del presidente le infunden miedo, y ahora esta nicaragüense trata de salir de su casa sólo para trabajar. El 8 de noviembre, cuando Trump venció a Hillary Clinton en las elecciones presidenciales, cambió radicalmente la vida de esta niñera en Miami que pide ser llamada Elena.

“Desde que este hombre ganó, me mantengo en bajo perfil porque ahora tengo miedo de que me lastimen”, cuenta la mujer de 39 años, madre de una niña estadounidense de 11 y de una joven sin papeles de 22.

Ese mismo día la insultaron en las calles de Little Havana. “Los seguidores de Trump me gritaban: ‘Vete a tu país, india de mierda’”, dice Elena. Se lo dijeron en español. Fue un grupo de cubanoamericanos, una comunidad en su mayoría seguidora de Trump y a cuyo apoyo se atribuye en parte la victoria del magnate inmobiliario.

Desde entonces, en la calle y en las redes sociales, el esquema se ha repetido.

“Antes salíamos mucho en familia, a comer o pasear, pero eso se acabó. Más por mi nena. Es que te entra mucho miedo”, dice Elena.

Trump ha prometido deportar a millones de personas, intenta prohibir la entrada a los ciudadanos de algunos países de mayoría musulmana y quiere quitarle los fondos federales a las ciudades “santuario” que protegen a sus habitantes indocumentados.

Para analistas y activistas, el fenómeno es transparente: estas medidas del presidente se han traducido en un aumento de incidentes de odio en cuestión de semanas.

Ahora el vandalismo contra las mezquitas es frecuente y, entre los hispanos, las consecuencias se ven sobre todo en las escuelas, donde los niños son acosados por su procedencia.

Un racismo profundo

De acuerdo al Southern Policy Law Center (SPLC), del 9 de noviembre al 31 de marzo hubo 1,863 incidentes de discriminación en el país. De ellos, 387 fueron contra los inmigrantes, 43 % de los cuales contra los latinos.

Según esta organización que vigila los grupos de odio, tales cifras sólo se comparan al ambiente de racismo que imperó luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Por ejemplo, el mesero de un restaurante en California exigió a una comensal una “prueba de residencia” antes de atenderla. En el estado de Washington, una mexicana fue amenazada con un cuchillo por un hombre que le exigía que volviera a su país. Y una argentina indocumentada en Nueva York recibió miles de mensajes de odio tras subir a Facebook su declaración de impuestos.

“La retórica de odio y de ataque a ciertas comunidades por parte de Trump ha autorizado a otros individuos a reaccionar de la misma manera”, dice Janet Hernández, de la oenegé de defensa de los inmigrantes Consejo Nacional de La Raza (NCLR).

Para Eduardo Gamarra, profesor de ciencias políticas de la Universidad Internacional de Florida, la corrección política de los estadounidenses “es una superficie muy delgada que data de poco más de 40 años atrás”, de la época de la lucha por los derechos civiles.

“Debajo de esa capa de pintura, seguimos siendo un país con un racismo muy profundo”, comenta. “Todo lo que ha hecho Trump ha sido sacar a la superficie ese racismo que existe en algunos sectores”. precisa.

Pánico en la comunidad

Por ahora las cifras no difieren demasiado respecto al gobierno anterior. En marzo de 2016 hubo 20,000 deportaciones, contra 18,000 el mismo mes de este año, de acuerdo a cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Barack Obama sigue siendo el presidente bajo cuyo gobierno se han realizado más deportaciones.

Sí ha aumentado, no obstante, la población en los centros de detención donde los inmigrantes aguardan la resolución de sus casos: en 2016 había más de 34,000 detenidos en todo el país, mientras para febrero de este año el ICE retenía un promedio diario de más de 41,000 indocumentados.

Pero a pesar de que no han tenido lugar deportaciones masivas y que Trump prometió respetar a los jóvenes indocumentados –apodados ‘dreamers’– que están protegidos contra la deportación, casos como el de Juan Manuel Montes desatan pánico en la comunidad.

Montes, deportado en febrero desde California, es visto por los activistas como el primer ‘dreamer’ en ser expulsado, aunque las autoridades aseguran que había perdido su protección migratoria al faltar a la ley antes de su detención.

“No tenemos los números todavía”, dice Hernández, “pero sí es un hecho el ambiente de miedo y de odio en el cual nuestras comunidades latinas e inmigrantes, y las minorías religiosas, están siendo atacadas”, advierte.

© Agence France-Presse

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Internacionales Fri, 28 Apr 2017 20:11:20 +0100 http://www.elfaro.net/es/201704/internacionales/20321/“Los-seguidores-de-Trump-me-gritaban-‘Vete-a-tu-país-india-de-mierda’”.htm
Hija de Ríos Montt se opone a la reforma de justicia para asegurar impunidad en Guatemala http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000026059.png http://www.elfaro.net/es/201704/columnas/20318/Hija-de-Ríos-Montt-se-opone-a-la-reforma-de-justicia-para-asegurar-impunidad-en-Guatemala.htm Todos los miércoles se realizan en Guatemala sesiones para discutir la reforma constitucional en el Congreso. El pasado 19 de abril, los guardias del palco del hemiciclo tenían la orden de permitir solamente el ingreso del grupo “Hoy por Guatemala”, comandado por Zury Ríos Sosa, la hija de Efraín Ríos Montt, el exdictador condenado por genocidio cuya sentencia luego fue revertida.

El 26, este grupo se amplió. Con pancartas que decian no querer que Guatemala se convirta en una Venezuela, ya que según ellos, a eso conduce la reforma constitucional. Contradictoriamemte, Zury Ríos dice esto a pesar de haber alentado las reformas durante las protestas de 2015. 

En 2013 la Corte de Constitucionalidad anuló la condena a 80 años de prisión a Ríos Montt. A partir de entonces el proceso se ha venido entrampando para evitar su reinicio, la defensa del exdictador se ha valido de un sistema de justicia débil, en donde las redes militares, corruptas y corporativas se han entrelazado para asegurar la impunidad del 98 por ciento de los casos del país.

Durante el juicio contra Ríos Montt, Zury Ríos, hábil exdiputada, se encargó de inyectarle miedo al sector empresarial asegurándole que si ocurría una condena, los próximos serían ellos. Luego el Estado realizaría una reforma agraria al mejor estilo de los maoístas, leninistas, estalinistas, y los grandes empresarios perderían todas sus fortunas históricas. Zury Ríos logró transmitir pánico. El sector privado en pleno le pidió a la Corte de Constitucionalidad que anulara la sentencia contra Ríos Montt y a los ocho días se les cumplió el deseo.

Esto reconcilió a las élites económicas y militares que luego de la guerra (finalizada en 1996) se habían distanciado a tal punto que cuando Ríos Montt presidió el Congreso y su partido gobernaba con Alfonso Portillo como mandatario, se eliminaron las barreras arancelarias a productos monopólicos como el azúcar y el pollo, que causaron una aversión inédita de parte de los empresarios contra esa administración.

Esta rencilla llegó a su pique el 24 de julio de 2003 cuando grupos con palos, comandados por diputados y parientes de Ríos Montt, acudieron a La Cañada (una de las colonias más exclusivas de la ciudad de Guatemala) y al edificio de Dionisio Gutiérrez, uno de los empresarios más importantes del país, amenazando y exigiendo que se inscribiera a Ríos Montt como candidato presidencial a pesar de que la Constitución lo prohibía. Este día fue calificado como Jueves Negro ya que murió un periodista entre el desasosiego provocado en toda la ciudad. Al final, la Corte de Constitucionalidad, cooptada por abogados afines a la familia Ríos, permitió la candidatura del exdictador, quedando lejos de los primeros puestos electorales.

Antes del Jueves Negro se dio una sesión en la misma corte en donde se discutió sobre la inscripción de Ríos Montt, y acudió como parte en una acción judicial la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. Tras la diligencia, en la sala de audiencias, diputados y parientes de Ríos Montt insultaron y empujaron a Menchú (“india, andá al mercado a vender tomates”) y la tensión se mantuvo hasta que llegaron fuerzas de seguridad para que Menchú y quienes la acompañaban pudieran abandonar el edificio.

Este hecho derivó en un juicio por discriminación en donde un nieto de Ríos Montt, Juan Carlos Ríos, junto a cuatro personas más, fueron sentenciados a tres años de cárcel.

Este mismo personaje, el nieto de Ríos Montt, llegó al Palco del Congreso, junto a su tía Zury y otros representantes del extremismo político de derecha, exigiendo que no se aprobara la reforma constitucional en temas de justicia. Calificaban como “marxistas” a ciertos diputados y les aplaudían a otros, ligados al expresidente encarcelado Otto Pérez Molina, que buscaban impedir la discusión de la reforma.

Avanzadas las horas, el 19 de abril entre pleitos, los congresistas rompieron quórum y se estancó el avance de la discusión. El 26, el diputado Luis Hernández (afín a Zury Ríos) subió al Palco a amedrentar a uno de los visitantes y entre discusiones acaloradas, se logró la aprobación de un artículo que fortalece la carrera judicial y le quita poder a los diputados para nombrar a magistrados, y esto no les gusta a los grupos de poder.

Este intento de cambiar las normas del sistema de justicia lleva al menos veinte años y ese esfuerzo se ha visto truncado una y otra vez por quienes se han beneficiado del sistema colapsado. Como Ríos Montt y sus redes. Su hijo, Enrique Ríos, ha entrampado un proceso de corrupción en su contraes de hace casi una década.

La última táctica de este sector (el mismo que en 2013 se trajo abajo la sentencia contra Ríos Montt) es una dosis más del ya ensayado discurso goebbeliano: apelar al miedo a Venezuela. Circulan audios y textos anónimos diciendo que el Consejo de Administración Judicial (ente que se crea con los cambios constitucionales) sería un paso para convertir a Guatemala en Venezuela, creando un Consejo parecido al que opera en el país del sur. Esta es otra mentira rotunda ya que la administración del sistema de justicia de Guatemala funciona igual al de la Venezuela de hoy, en donde todas las funciones están concentradas en el Tribunal Supremo de Justicia (artículo 267 de la Constitución venezolana).

Con estas modificaciones a la Constitución -únicamente en el área judicial- se busca modernizar el sistema para separar las funciones administrativas y judiciales y que de esta manera la Corte Suprema no pueda trasladar y nombrar jueces como parte de los acostumbrados favores políticos.

Cuando en la radio les preguntaron a algunas personas por qué habían llegado al Congreso a manifestar su repudio a la reforma constitucional, uno respondió:

-¡Para que Guatemala no se vuelva comunista!

-¿Y cómo va a suceder eso?

-Porque con la reforma los presidentes podrán estar en el poder hasta 15 años.

-Pero esta reforma solo es en el sector justicia, no tiene nada que ver con la presidencia.

- ...

En el fondo, esta independencia del poder judicial les afecta a los grupos que se sienten amenazados por la justicia ya que pierden influencia sobre las redes que se han venido desarticulando desde 2015 con cientos de capturas a funcionarios, empresarios y operadores que se han mantenido saqueando al Estado e impidiendo el desarrollo. Muestra de la incapacidad de juzgar, hay tres magistrados de la Corte Suprema procesados (dos en la cárcel) y una decena de jueces con casos abiertos por corrupción.

Al ver que la sociedad ha apoyado las investigaciones, saliendo a manifestar, organizándose y exigiendo justicia, sumado a que los grupos de la derecha progresista se empiezan a desmarcar de los extremistas, éstos apelan al miedo, al eterno recurso para mantener controladas y desnutridas a las sociedades.

*Álvaro Montenegro es periodista. Es uno de los siete guatemaltecos que crearon el movimiento #RenunciaYa, después rebautizado como #JusticiaYa, central en las protestas que impulsaron la renuncia del presidente de Guatemala Otto Pérez Molina.

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Columnas Fri, 28 Apr 2017 19:10:59 +0100 http://www.elfaro.net/es/201704/columnas/20318/Hija-de-Ríos-Montt-se-opone-a-la-reforma-de-justicia-para-asegurar-impunidad-en-Guatemala.htm
Las lecciones de la Tregua Chris van der Borgh y Wim Savenije http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000015467.jpg http://www.elfaro.net/es/201704/ef_academico/20319/Las-lecciones-de-la-Tregua.htm La Tregua con las pandillas durante la Administración Funes empezó con una reducción de 41 % en el número de homicidios. Además, a pesar de lo que se dijo más tarde, en sus inicios contaba con el apoyo de los principales partidos políticos. Sin embargo, la estrategia se desplomó. Es necesario analizar el éxito inicial y el posterior fracaso de esta iniciativa para extraer lecciones para futuras políticas.

El obispo castrense Fabio Colindres celebra una misa en la cárcel de Izalco, el 19 de junio de 2012. Desde que inició la tregua, la Conferencia Episcopal de El Salvador ha dejado claro en varias ocasiones que el proceso no es una gestión de la Iglesia Católica como institución, sino una empresa personal de Colindres. Foto: archivo El Faro.

El obispo Fabio Colindres celebra misa en la cárcel de Izalco el 19 de junio de 2012, en el marco de la Tregua. Foto archivo El Faro.

En marzo 2012, El Faro reveló que las dos principales pandillas callejeras en El Salvador (la Mara Salvatrucha y el Barrio 18) pactaron un cese de hostilidades o una tregua, facilitada por el gobierno. Para éste, la Tregua era una manera nueva de ocuparse del fenómeno pandilleril. En vez de tomar medidas drásticas –estilo ‘Mano dura’– contra las pandillas, asumió que los problemas de seguridad, que en buena parte fueron el resultado de violencia y extorsión pandilleril, no podían ser resueltos sin alguna clase de involucramiento de las pandillas mismas. La aprobación del proceso de la tregua por algunos oficiales de alto rango del gobierno salvadoreño y su disposición a tomar medidas para apoyarlo fueron clave para crear el espacio político de la tregua.

Durante las últimas décadas, las pandillas se han vuelto actores no-estatales influyentes que ejercen un tipo de control territorial en un sinnúmero de barrios populares y con una capacidad significativa para usar violencia y conseguir recursos. Las pandillas callejeras han existido por mucho tiempo en El Salvador, pero sus características cambiaron y el número de sus miembros aumentó rápidamente al terminar la guerra civil en 1992. El nuevo fenómeno ha sido influenciado profundamente por la migración masiva de salvadoreños a Estados Unidos. Jóvenes que regresaban de Estados Unidos ‘importaron’ la cultura pandilleril estadounidense a El Salvador y, en el proceso, la mayoría de las pandillas callejeras locales fueron absorbidas por las pandillas que se originaron en Estados Unidos; especialmente por la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. En 2013, fuentes cercanas a las pandillas estimaron la existencia de 60,000 pandilleros en los barrios y de aproximadamente 10,000 pandilleros en el sistema penal.

Las políticas gubernamentales frente a las pandillas han cambiado durante las últimas dos décadas. La tendencia general ha sido de un relativo descuido durante los años noventa, a un énfasis en abordajes de tolerancia cero en el inicio del nuevo milenio, a un reconocimiento que eran necesarios enfoques más integrados. No obstante, existen presiones fuertes en la sociedad salvadoreña para endurecer las políticas dirigidas a las pandillas, manifestando que las pandillas y la amenaza a la seguridad que representan, requieren medidas represivas –muchas veces de emergencia– extraordinarias. La Administración Funes (2009-2014) inicialmente buscó hacer lo contrario, huyendo de las políticas anti-pandillas de los gobiernos de ARENA anteriores, pero pronto recurrió de nuevo a medidas represivas para enfrentarlas. Por esa razón, la noticia de la Tregua en marzo 2012 fue una sorpresa, al igual que el hecho de que el Ministro de Justicia y Seguridad Pública aprobó la iniciativa y apoyó el proceso.

En un ‘working paper’ reciente, analizamos el proceso de la Tregua que inició, avanzó y se desmoronó, en gran medida, en el periodo de un año y medio. Los datos utilizados en la investigación fueron recolectados durante varios periodos de trabajo de campo entre 2012 y 2015. Durante la Tregua, entrevistamos a actores claves que estaban al favor del proceso (facilitadores, oficiales del gobierno y líderes de las pandillas), tanto al nivel local como nacional. Asimismo, entrevistamos a analistas, tomadores de decisiones, y académicos que tenían una actitud crítica; y utilizamos informes, publicaciones académicas y artículos periodísticos sobre el proceso de la tregua.

Argumentamos que lo que inició como una ventana de oportunidad pequeña, eventualmente no logró materializarse debido a una desconfianza generalizada en las pandillas y las políticas gubernamentales. El reconocimiento implícito del ‘poder de las pandillas’, que era parte integral de la Tregua, y el supuesto de que los responsables de la violencia deberían estar involucrados en la reducción de ella, fue visto con escepticismo por los medios de comunicación y la mayoría de la población salvadoreña. Se acusó al gobierno de negociar con criminales y terroristas, y de apoyar una “pax mafiosa”. La inclusión de actores no-estatales en el desarrollo y la implementación de una nueva política de seguridad, y la pluralidad de la iniciativa de la Tregua, fueron puntos de contención claves en los debates públicos.

En nuestro ‘working paper’ mostramos que, a pesar de un escepticismo popular amplio, la Tregua en realidad recibió apoyo político sustancial de los principales partidos políticos durante el primer año, hasta mayo–junio 2013. No obstante, ese apoyo era muy frágil. La espectacular reducción inicial de los homicidios, de 41 % en los meses después de implementada la Tregua, llevó al consentimiento político del proceso, pues era difícil desaprobar esos impresionantes resultados. Eso, sin embargo, no implicaba que era fácil para los protagonistas de la Tregua elaborar un ‘marco discursivo pro-tregua’ coherente que encontrara resonancia en la sociedad salvadoreña. Solo había una capacidad limitada para construir una infraestructura que respaldara el mantenimiento y la continuación de la Tregua. Por esa razón, quedó altamente vulnerable a la crítica. Después de que el fiscal general Luis Martínez y la Iglesia católica criticaron fuertemente el proceso en abril y mayo de 2013, en un contexto en el cual la campaña para las elecciones presidenciales agarraba intensidad, los partidos políticos dieron un giro de 180 grados y empezaron a renunciar a la iniciativa. En un periodo de tiempo muy corto, el apoyo a la Tregua se evaporó y la ventana de oportunidad que dio luz a la Tregua se cerró.

El caso de la Tregua entre pandillas en El Salvador demuestra las complejidades de una iniciativa que puede ser considerada como una ‘iniciativa de seguridad plural’ ad-hoc. El hecho que esa era una iniciativa plural, en la cual actores armados no-estatales y el gobierno cooperaban, era considerado como inaceptable por muchos e, incluso, una amenaza a la seguridad en sí misma. Así, la legitimidad de la iniciativa y la credibilidad de los participantes fueron cuestionados desde el inicio. Eso no debe ser una sorpresa, porque la Tregua fue en gran medida desarrollada y negociada entre bastidores, las condiciones y los acuerdos exactos nunca fueron conocidos por el público en general y, además, no existían mecanismos para monitorear la iniciativa.

No obstante, argumentamos que la afirmación de que la Tregua ha fracasado por completo puede ser demasiado fuerte. El proceso ha sido demasiado complejo para pronunciar un veredicto tan amplio. Tanto en el gobierno como en las pandillas, la posición frente al proceso fue mixta, variaba de apoyo a escepticismo y oposición. Aunque varios aspectos de la Tregua fallaron, también produjo algunos procesos interesantes y una serie de resultados que deberían ser evaluados y valorados críticamente.

La lección de la Tregua entre pandillas en El Salvador es que el apoyo a esa clase de ‘iniciativas de seguridad plural’ es muy limitado y que una reducción considerable de la tasa de homicidios no es siempre suficiente para construir una plataforma política capaz de aglutinar suficiente apoyo. Un proceso de tregua cuyo resultado fuera la institucionalización de una forma de seguridad híbrida era inaceptable para la mayoría de los salvadoreños. Un proceso de tregua que tuviera como objetivo restaurar el control del Estado podría alcanzar mayor aceptación. Pero un proceso de esa índole requiere más transparencia y reglas claras que definan la cooperación entre oficiales del gobierno y las estructuras pandilleriles, al nivel local y nacional, y que especifiquen cómo el imperio de la ley sería restablecido y, además, cómo este proceso sería monitoreado y por quién.

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Chris van der Borgh es Assistant Professor en el Centre for Conflict Studies en la Universidad de Utrecht, Países Bajos. Wim Savenije es miembro de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - Argentina, Buenos Aires. Esta entrega se basa en el trabajo, “The Truce Between the Mara Salvatrucha and the 18th Street Gang in El Salvador: From Opportunity to Failure.” Working Paper, University of Utrecht, Centre for Conflict Studies, October 2016. https://flacso-gt.academia.edu/WimSavenije. Editor responsable de esta entrega: Erik Ching.

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EF Académico Fri, 28 Apr 2017 11:59:18 +0100 http://www.elfaro.net/es/201704/ef_academico/20319/Las-lecciones-de-la-Tregua.htm
La FNPI lamenta la muerte de Miguel Angel Bastenier, uno de sus más insignes maestros http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201704/360grados/20317/La-FNPI-lamenta-la-muerte-de-Miguel-Angel-Bastenier-uno-de-sus-más-insignes-maestros.htm 360 grados Fri, 28 Apr 2017 10:58:45 +0100 http://www.elfaro.net/es/201704/360grados/20317/La-FNPI-lamenta-la-muerte-de-Miguel-Angel-Bastenier-uno-de-sus-más-insignes-maestros.htm FMLN nombra a Néstor Castaneda como paladín de la ética gubernamental http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000026569.jpg http://www.elfaro.net/es/201704/el_salvador/20316/FMLN-nombra-a-Néstor-Castaneda-como-paladín-de-la-ética-gubernamental.htm Con la ayuda de Arena y otros dos partidos de derecha, el FMLN eligió a Néstor Castaneda como presidente del Tribunal de Ética Gubernamental. En 2005, este exmagistrado no se opuso a la resolución de la Corte Suprema de Justicia que bloqueó a la sección de Probidad que investigaba al expresidente Francisco Flores. Cuando fue magistrado de la Sala de lo Constitucional, Castaneda se abstuvo de anular el mecanismo de la partida secreta.

Néstor Castaneda fue elegido como presidente del Tribunal de Ética Gubernamental el 27 de abril de 2017. Fue juramentado por el presidente de la Asamblea Legislativa Guillermo Gallegos. Foto: Asamblea Legislativa

Néstor Castaneda fue elegido como presidente del Tribunal de Ética Gubernamental el 27 de abril de 2017. Fue juramentado por el presidente de la Asamblea Legislativa Guillermo Gallegos. Foto: Asamblea Legislativa

El partido de gobierno, el FMLN, pero también Arena, Gana y PCN, nombraron como auditor de la conducta ética de los funcionarios públicos a un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que en 2005 no se opuso a una resolución que le quitó facultades a la sección de Probidad para que esta pidiera informes a los bancos sobre las cuentas de los exfuncionarios, y que a la postre cortó una investigación contra el expresidente Francisco Flores -y a su gabinete- por "irregularidades" en su patrimonio. 

José Mauricio Néstor Castaneda, además, cuando formó parte de la Sala de lo Constitucional se abstuvo de anular la partida secreta, un mecanismo irregular de asignación de millones de dólares de fondos públicos, utilizados sin fiscalización por la presidencia de la República. 

En un acuerdo logrado en la mañana de este jueves 26, y que supuso el descarte de las candidaturas de la ex procuradora de Derechos Humanos, Batrice de Carrillo, y del fiscal anticorrupción, Andrés Amaya, los partidos escogieron al exmagistrado de la CSJ (2003-2012) Castaneda, un viejo aliado del expresidente de la Corte, Agustín García Calderón, hoy procesado en un juicio por enriquecimiento ilícito. 

Contrario al discurso anticorrupción contra los gobiernos de Arena, esta vez al FMLN no tuvo reparos para encumbrar a este exmagistrado que no se opuso al bloqueo que la Corte Plena hizo a una investigación contra el expresidente Flores, en junio de 2005. Más de ocho años después, esa investigación fue resucitada por la Fiscalía y derivó en la acusación por el desvío de más de 10 millones de dólares y lavado de dinero de fondos donados por Taiwán a El Salvador.

En la víspera de la votación, en una entrevista televisiva en el programa Frente a Frente de la Telecorporación Salvadoreña, el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, le recordaba al diputado arenero, Norman Quijano, que si de verdad Arena buscaba la transparencia, debían de dar cuentas por esos fondos, de los cuales una parte sirvió para financiar la campaña presidencial de Antonio Saca (presidente entre 2004 y 2009).

Martínez, sin embargo, quizá no contaba con que sus compañeros de partido, los diputados en la Asamblea, no se recordarían -o si hicieron los que no recordaban- que Castaneda formó parte de la Corte que sepultó la primera investigación al patrimonio del expresidente Flores. Según un magistrado de la actual Corte, Castaneda fue uno de los diez magistrados que le quitó potestades a la sección de Probidad, en medio de una investigación contra Flores y su gabinete. El Faro ha tenido acceso a una copia de la transcripción de la discusión de aquella sesión, pero en esta no aparece ninguna intervención de Castaneda. Al consultar al exmagistrado René Fortín Magaña, uno de los opositores de la medida, si Castaneda estuvo a favor o en contra de suprimir facultades a la sección de Probidad, este responde: "Él (Castaneda) no estaba dentro de los que votamos en contra de la resolución de la Corte que suprimió las facultades a Probidad", dice. 

En la cuenta oficial de Twitter del grupo parlamentario del FMLN, el partido escribió que "José Nestor Castaneda es el propfesional (sic) que el FMLN propone para considerar Presidente de Tribunal de Ética Gubernamental".

El diputado del FMLN Santiago Flores incluso habló de los valores que recoge el exmagistrado Castaneda. "Él ha funcionado como miembro del TEG. Es un hombre de derecha. En eso estamos claros, pero al valorar su trayectoria tiene los valores suficientes para que el FMLN lo reconozca que puede hacer un papel correctamente", dijo.

La Corte que debilitó a Probidad

En 2013, fiscales vinculados al caso por el desvío de más de 10 millones de dólares donados por la república de Taiwán dijeron a El Faro que las mismas conclusiones a las que ellos habían llegado pudieron haber sido resueltas ocho años antes, cuando la seción de Probidad de la CSJ investigaba, en 2005, el patrimonio del expresidente Flores.

Cuando la Corte quitó del camino a la sección de Probidad con la venia de 10 magistrados, Castaneda llevaba dos años en el máximo órgano de justicia del país. Ingresó como magistrado de la Sala de lo Penal en el año 2003.

La resolución que suprimió facultades a la sección de Probidad fue tomada el 9 de junio de 2005, en una acalorada sesión en la que el entonces presidente de la Corte, Agustín García Calderón, defendió la decisión diciendo que "no hay ninguna apariencia por ningún motivo de ceder a ninguna presión externa, de los bancos ni de nadie".  

En un artículo publicado en la revista ECA (diciembre de 2012), el actual magistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, hizo un recuento de aquella jornada. "(...) el jefe de dicha oficina intentó indagar transacciones bancarias, pero fue limitado y frenado, en su intento de profundizar las investigaciones, por la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, liderada por el presidente de la misma, Agustín García Calderón, junto a los magistrados Uilices del Dios Guzmán Canjura, Miguel Ángel Cardoza, Mauricio Velasco, Néstor Castaneda, Julio Enrique Acosta en otros". 

En concreto, la sección de Probidad había pedido a los bancos del país informes de las cuentas de los funcionarios investigados, desde el expresidente Flores, su secretario privado, el exvicepresidente Carlos Quintanilla y otros funcionarios del gabinete. 

En una resolución controversial, y a solicitud de los bancos, esa Corte le quitó a Probidad la potestad de pedir informes bancarios, con lo cual se derrumbó la investigación en contra de Flores y su gabinete, y se congelaron otras 213 investigaciones contra otros funcionarios del Estado. En octubre de 2015 trascendió que aquella Corte de García Calderón ya nunca más auditó al expresidente Flores, ni a Antonio Saca ni a Mauricio Funes. 

La decisión de la Corte en 2005 tuvo un precedente oscuro, a juicio de los magistrados que votaron en contra y del que fuera, en aquella época, jefe de la entidad, Eduardo Cáceres. La presidenta de uno de los bancos (Banco Salvadoreño) que objetaba las facultades de Probidad era María Eugenia Brizuela de Ávila, excanciller del gobierno de Flores, quien también estaba señalada en el informe de Probidad.

En contra de la medida estuvieron los exmagistrados René Fortín Magaña, Marcel Orestes Posada (hasta este jueves presidente del TEG), Victoria Marina de Avilés y Mirna Perla. Un quinto magistrado, José Napoleón Rodríguez, se abstuvo de votar en aquella ocasión.

Tuvieron que pasar nueve años para que en 2014 la CSJ le devolviera a Probidad las facultades que le fueron suprimidas, y desde entonces eso ha producido juicios por enriquecimiento ilícito en contra de dos expresidentes, del mismo expresidente de la Corte, Agustín García Calderón, y otros funcionarios del Estado, entre presidentes de instituciones gubernamentales y diputados. 

En la plenaria de este jueves 27, contrario a lo que se hubiera podido esperar, fueron diputados de Arena y no del FMLN quienes objetaron la decisión de la mayoría en la Asamblea, y de su propio partido, al escoger a Castaneda, una figura que representa "más de lo mismo".

Castaneda fue electo con 60 votos. Una de las diputadas que se abstuvo de votar fue la arenera Paty Valdivieso, quien dijo que no quiso votar porque consideraba que era necesario un cambio en el Tribunal de Ética Gubernamental, que debía llegar gente nueva. "¿Por qué me abstuve? No se ve que se muevan casos emblemáticos en el TEG como, por ejemplo, el caso de los terrenos de Sigfrido Reyes o el caso Funes con Polistepeque. Me habría gustado darle una oportunidad a personas nuevas como el fiscal anticorrupción Andrés Amaya", dijo Valdivieso.

El diputado Johny Wright anticipó, tres horas antes de que se diera la votación para elegir a Castaneda, de que no se podía esperar mucho del resultado de esta elección de segundo grado y evitó brindar una valoración sobre la idoneidad de Castaneda para el cargo. "Hay que atenerse a una realidad, en la elección de funcionarios de segundo grado no se ha podido romper con la dinámica de la negociación política. Sin entrar en detalle sobre la idoneidad -de Nestor Castaneda-, si hay algo cierto es que es posible que no sea electo el más idóneo", dijo. 

—¿Considera que hay diputados interesados en elegir a alguien que no investigue faltas de funcionarios ni inhabilite candidaturas?-preguntó El Faro.

—Podría darse como se ha dado en elecciones de segundo grado. Esa es una falla del sistema y de las reglas del juego-respondió Wright. 

—¿Cree que esta elección del TEG va a terminar en más de lo mismo, que va a resultar en la elección de una persona que no va a ir tras las faltas de funcionarios, alguien que les va a dar vía libre de cara a las próximas elecciones?

—Por supuesto que puede resultar en eso. Si me atrevo a cantarle el resultado, diría que va a quedar electo el que tiene mayor favor político. Si yo fuera a apostar, dado que no ha cambiado nada la forma de elegir funcionarios de segundo grado, puedo decir que no podemos más que esperar más de lo mismo. 

Castaneda no se opuso a la partida secreta

Néstor Castaneda cobró mayor notoriedad entre 2009 y 2012, años en los que formó parte de la Sala de lo Constitucional liderada por  Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Florentín Meléndez y Rodolfo Gónzalez, cuatro magistrados que desde 2009 han emitido sendas resoluciones que han sacudido el escenario político y jurídico del país, entre las cuales destacan la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, las candidaturas independientes para diputaciones, el voto por rostro, entre otras.

Castaneda, sobreviviente de la era de García Calderón, recaló en esa Sala convirtiéndose en el voto disidente, y se abstuvo de votar o votó en contra de resoluciones que atacaban la falta de transparencia. Por ejemplo, Castaneda fue el único que se abstuvo en uno de los fallos más controversiales de la Sala al inicio de su periodo, y con el cual se eliminó la figura de la partida secreta, un mecanismo mediante el cual el Ejecutivo disponía de millones de dólares en remanentes de otras entidades del Estado sin pasar por la autorización de la Asamblea Legislativa. El uso de esa partida secreta favoreció al pago de sobresueldos a funcionarios del Estado o fue utilizada para financiar actividades que se han escapado de la fiscalización de las entidades contraloras. 

En los gobiernos de Armando Calderón Sol, Francisco Flores y Antonio Saca, esos gastos reservados ascendieron a 504 millones de dólares de los contribuyentes sin justificación. Tras la eliminación de esa "partida secreta", que Castaneda se negó a votar, el gobierno de Mauricio Funes encontró un nuevo mecanismo para la utilización de gastos reservados sin pasar por la venia de la Asamblea, convirtiendo la suya en la presidencia que más fondos reservados ha utilizado sin rendirle cuentas a nadie (351.02 millones). 

En 2009, en las vísperas de la renovación de la nueva CSJ, Castaneda también fue uno de los magistrados de esa Corte de García Calderón que votaron a favor para que este, y otros cuatro magistrados más, se llevaran 122 mil dólares (entre 28 mil y 20 mil dólares por cabeza) en una maniobra que la Corte de Cuentas declaró ilegal, pero que nunca persiguió. El truco consistió en aceptar la renuncia de los cinco magistrados que culmiban su periodo de nueve años ese junio de 2009, días antes de que esa fecha se cumpliera. Con esa maniobra, estos magistrados obtuvieron el beneficio de seis meses de salario extra en concepto de bonificación por retiro que permite la ley de la carrera judicial. Si ellos no hubieran renunciado a sus cargos, días antes de que finalizara su mandato, el Estado se habría ahorrado 122 mil dólares. Los exmagistrados beneficiados fueron Agustín García Calderón,  Julio Acosta Baires, Victoria Marina de Avilés, Mauricio Alfredo Clará y Mauricio Ernesto Velasco Zelaya.

En mayo 2012, un mes antes de dejar su cargo, Castaneda también votó en contra, desde la Corte Plena, de una solicitud de extradición en contra de la cúpula militar vinculada al asesinato de los sacerdotes jesuitas, hecho ocurrido en noviembre de 1989 en las instalaciones de la Universidad Centroamericana. Él, y el resto de magistrados que firmaron esa resolución, fueron señalados por la Procuraduría de Derechos Humanos, por la obstaculización de la justicia en uno de los casos más emblemáticos del fin de la guerra.

Dos meses después, en agosto, Castaneda fue juramentado por el expresidente Mauricio Funes como miembro del TEG. Cuatro años más tarde, el FMLN y el resto de partidos lo hacen presidente de la institución que por ley está obligada a fiscalizar las conductas de los funcionarios del Estado e imponer multas de ser encontrados culpables de faltas éticas.

Este Tribunal, por ejemplo, conoció y sancionó al exfiscal general en el caso de los vuelos de Luis Martínez en los aviones del empresario Enrique Rais. También conoció del caso del diputado de Arena, David Reyes, quien prestó a su hermana un vehículo de la Asamblea Legislativa para que se fuera de vacaciones. 

En el corto plazo, el caso más emblemático que dirimirá Castaneda toca al hombre que este jueves lo juramentó en el cargo, y con quien estrechó manos. Castaneda y su Tribunal deberán definir si el presidente la Asamblea, Guillermo Gallegos, cometió una falta al votar y firmar, en dos ocasiones, para que la Asamblea Legislativa regalara, a través de los presupuestos generales de 2015 y 2016, 550 mil dólares a la asociación Apdemes, fundada y dirigida por la esposa de Guillermo Gallegos y otros empleados de la Asamblea que son asesores de Gallegos y al mismo tiempo miembros del partido Gana. 

La demanda contra Gallegos fue interpuesta por ciudadanos días después de que El Faro revelara el reportaje 'Asamblea regala medio millón de dólares a asociación de esposa de Guillermo Gallegos'.  

Cuando salió del órgano judicial, Castaneda intentó convertirse en fiscal general de la República, pero fue descartado en la elección que entronizó al exfiscal Luis Martínez, ahora detenido en el centro penal La Esperanza, mientra avanza un caso en su contra por una trama de venta de justicia. En un editorial de la UCA del 7 de diciembre de 2012, esta institución cuestionó la falta de independencia de Castaneda y criticó que los diputados lo tuvieran en cuenta para el cargo. "La propuesta de abrir listas propone a un oscuro magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Néstor Castaneda, a quien por su fidelidad a intereses políticos mientras ejercía como juez en la Sala de lo Constitucional lo han premiado pasándolo al Tribunal de Ética Gubernamental", reseñaba la universidad. 

Para Francisco Merino, del PCN, no es un problema que públicamente Castaneda haya recibido este tipo de señalamientos. "Eso de las voces disonantes es porque vivimos en democracia. Es bueno que las haya: quiere decir que se fijan en las personas. Si no hay voces en contra de alguien es porque pasa desapercibido", dijo Merino, quien recientemente acompañó una marcha en la ciudad de Metapán a favor del alcalde prófugo Juan Umaña, vinculado en una investigación por lavado de dinero de más de 200 millones de dólares, junto al empresario José Adán Salazar Umaña, 'Chepe Diablo'. Tanto el alcalde como el empresario han sido vinculados, durante más de una década, como líderes del cártel de Texis.

*Nota de la Redacción: en la versión original de este artículo se consignó que el exmagistrado Castaneda participó del bloqueó que suprimió las atribuciones de la sección de Probidad de la CSJ, en junio de 2005. Un escrito de un magistrado de la CSJ actual lo vinculaba a ese hecho, pero nueva información obtenida en la CSJ plantea que el magistrado pudo haber sido representado por un suplente el día en que se tomó la resolución. Lo cierto es que según la transcripción de la sesión del 9 de junio de 2005, Castaneda no aparece objetando la medida, y uno de los exmagistrados de aquella época asegura que Castaneda no formó parte del grupo de magistrados que se opuso a esa resolución. 

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El Salvador Fri, 28 Apr 2017 09:28:29 +0100 http://www.elfaro.net/es/201704/el_salvador/20316/FMLN-nombra-a-Néstor-Castaneda-como-paladín-de-la-ética-gubernamental.htm
“El problema es priorizar la sostenibilidad financiera sobre el derecho de tener un retiro digno” http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000026568.jpg http://www.elfaro.net/es/201704/ef_radio/20314/“El-problema-es-priorizar-la-sostenibilidad-financiera-sobre-el-derecho-de-tener-un-retiro-digno”.htm En este programa hablamos con Saira Barrera, economista y docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas sobre la situación laboral, salario mínimo y pensiones en El Salvador. ]]> EF Radio Thu, 27 Apr 2017 17:37:53 +0100 http://www.elfaro.net/es/201704/ef_radio/20314/“El-problema-es-priorizar-la-sostenibilidad-financiera-sobre-el-derecho-de-tener-un-retiro-digno”.htm Muere Soberana, la única puma del Zoológico Nacional de El Salvador http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201704/360grados/20315/Muere-Soberana-la-única-puma-del-Zoológico-Nacional-de-El-Salvador.htm 360 grados Thu, 27 Apr 2017 15:12:41 +0100 http://www.elfaro.net/es/201704/360grados/20315/Muere-Soberana-la-única-puma-del-Zoológico-Nacional-de-El-Salvador.htm Retorno forzado a Afganistán Abdul Majeed (AFP) http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000026566.jpg http://www.elfaro.net/es/201704/ef_foto/20313/Retorno-forzado-a-Afganistán.htm Un niño y cinco mujeres vestidas con burkas esperan su turno para realizar trámites en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ubicada en la ciudad de Peshawar. Son ciudadanos afganos que, huyendo de la violencia en su país, se refugiaron años atrás en campamentos levantados en Pakistán. Desde hace varios meses, las autoridades paquistaníes han comenzado a desmantelar algunos de esos campamentos y a devolver a sus residentes a Afganistán, país que aún se halla en guerra contra los talibanes y que está teniendo que lidiar con el regreso forzado de cientos de miles de refugiados. EF Foto Thu, 27 Apr 2017 14:07:52 +0100 http://www.elfaro.net/es/201704/ef_foto/20313/Retorno-forzado-a-Afganistán.htm La derecha guatemalteca busca más candados contra el matrimonio homosexual y el aborto http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000012105.jpg http://www.elfaro.net/es/201704/centroamerica/20312/La-derecha-guatemalteca-busca-más-candados-contra-el-matrimonio-homosexual-y-el-aborto.htm Un grupo de diputados guatemaltecos conservadores, liderados por el opositor Aníbal Rojas, presentó este jueves 27 de abril en el Congreso una propuesta de ley para imposibilitar el matrimonio homosexual y endurecer las sanciones penales contra el aborto. Ciudad de Guatemala, GUATEMALA. “Creemos en un país con valores firmemente establecidos en Dios y en pro de la vida (no al aborto) y en matrimonios hombre-mujer, como lo es nuestro diseño original”, justificó en su cuenta de Facebook la reforma de ley el diputado ultraconservador Aníbal Rojas, tras presentar la propuesta en el Congreso.

La iniciativa, respaldada con 30,000 firmas de ciudadanos en un país de más de 16 millones de habitantes, busca reformar el Código Civil guatemalteco para prohibir “expresamente” el matrimonio homosexual en este país centroamericano con fuerte influencia de las iglesias católica y evangélica.

“El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer, así nacidos, se unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo”, señala la propuesta de reforma.

Rojas, del partido derechista Visión con Valores (VIVA), propuso también elevar de tres a 10 años la pena máxima de cárcel para las mujeres que “de propósito” practiquen el aborto.

Aunque la propuesta admite el aborto terapéutico cuando la vida de la madre esté en riesgo, establece que se debe contar con el diagnóstico de dos médicos gineco-obstetras.

Rojas y los diputados que lo apoyan también pretenden que la postura oficial de Guatemala en foros internacionales sea contra el aborto y el matrimonio homosexual.

En febrero pasado, el gobierno y algunos grupos sociales y religiosos rechazaron la presencia del barco de la organización Women on Waves, que realiza abortos gratuitos. Los activistas abandonaron el país sin realizar ningún procedimiento.

© Agence France-Presse

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Centroamérica Thu, 27 Apr 2017 12:34:40 +0100 http://www.elfaro.net/es/201704/centroamerica/20312/La-derecha-guatemalteca-busca-más-candados-contra-el-matrimonio-homosexual-y-el-aborto.htm
El inédito camino que deberá recorrer Venezuela para desvincularse de la OEA http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201704/360grados/20311/El-inédito-camino-que-deberá-recorrer-Venezuela-para-desvincularse-de-la-OEA.htm 360 grados Thu, 27 Apr 2017 09:14:52 +0100 http://www.elfaro.net/es/201704/360grados/20311/El-inédito-camino-que-deberá-recorrer-Venezuela-para-desvincularse-de-la-OEA.htm ONU investiga esquemas globales de evasión fiscal en Panamá http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201704/360grados/20310/ONU-investiga-esquemas-globales-de-evasión-fiscal-en-Panamá.htm 360 grados Thu, 27 Apr 2017 09:06:57 +0100 http://www.elfaro.net/es/201704/360grados/20310/ONU-investiga-esquemas-globales-de-evasión-fiscal-en-Panamá.htm 28 países de la UE dejaron de recaudar 237,000 millones, según informe del Parlamento Europeo sobre la investigación 'Panama Papers' http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201704/360grados/20309/28-países-de-la-UE-dejaron-de-recaudar-237000-millones-según-informe-del-Parlamento-Europeo-sobre-la-investigación-'Panama-Papers'.htm 360 grados Thu, 27 Apr 2017 08:42:38 +0100 http://www.elfaro.net/es/201704/360grados/20309/28-países-de-la-UE-dejaron-de-recaudar-237000-millones-según-informe-del-Parlamento-Europeo-sobre-la-investigación-'Panama-Papers'.htm La Casa Blanca presenta un plan de reforma de impuestos que beneficia a las corporaciones http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201704/360grados/20306/La-Casa-Blanca-presenta-un-plan-de-reforma-de-impuestos-que-beneficia-a-las-corporaciones.htm 360 grados Wed, 26 Apr 2017 15:32:39 +0100 http://www.elfaro.net/es/201704/360grados/20306/La-Casa-Blanca-presenta-un-plan-de-reforma-de-impuestos-que-beneficia-a-las-corporaciones.htm Un juguete llamado El Salvador http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000026553.jpg http://www.elfaro.net/es/201704/el_farolero/20305/Un-juguete-llamado-El-Salvador.htm La mirada de Otto a los juegos de Arena y el FMLN en un país en crisis. El Farolero Tue, 25 Apr 2017 18:55:43 +0100 http://www.elfaro.net/es/201704/el_farolero/20305/Un-juguete-llamado-El-Salvador.htm Corte Plena rechaza petición de Sigfrido Reyes de recusar a dos magistrados http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201704/360grados/20304/Corte-Plena-rechaza-petición-de-Sigfrido-Reyes-de-recusar-a-dos-magistrados.htm 360 grados Tue, 25 Apr 2017 17:00:26 +0100 http://www.elfaro.net/es/201704/360grados/20304/Corte-Plena-rechaza-petición-de-Sigfrido-Reyes-de-recusar-a-dos-magistrados.htm Cien días ya con Trump Jerome Cartillier (AFP) / El Faro http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000026552.jpg http://www.elfaro.net/es/201704/internacionales/20302/Cien-días-ya-con-Trump.htm Desde los estrepitosos tropiezos en el Congreso hasta sus súbitos e inesperados cambios de política, Donald Trump claramente se vio enfrentado a un difícil aprendizaje en sus primeros meses en la Casa Blanca. Y aunque el nuevo presidente estadounidense mostró capacidad de cambiar tanto el tono como sus opiniones, hasta ahora ha encontrado enormes dificultades de transmitir una visión global articulada.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto Jim Watson (AFP).

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto Jim Watson (AFP).

Washington, ESTADOS UNIDOS. El presidente que prometió a los estadounidenses que con él en la Casa Blanca se “cansarán de vencer”, llega a la simbólica marca de los 100 días en el poder, que se cumplen el sábado 29 de abril, con la necesidad de enfrentar la dura realidad del ejercicio del poder.

Al aproximarse a la marca de los 100 días, Trump ya es el más impopular presidente estadounidense en la historia moderna.

El empresario de 70 años, cuya elección provocó oleadas de preocupación en todo el mundo, aún se aferra a su estilo impredecible y su retórica arrasadora de que hizo gala en la campaña electoral.

Y sin embargo el otrora aspirante que prometió “drenar el pantano”, en una referencia a la burocracia enquistada en Washington, no tuvo otra salida que reconocer que tiene uno de los empleos más difíciles del mundo.

Si durante la campaña desató ovaciones al proponer eliminar de un plumazo el sistema de seguros médicos que heredó de Barack Obama, pocas semanas después de instalarse en la Casa Blanca tuvo que admitir: “Nadie pensaba que la salud médica sea un tema tan complicado”.

Más recientemente, recibió al presidente chino, Xi Jinping, con quien pretendía discutir la situación en Corea del Norte, pero rápidamente percibió la increíble complejidad del asunto: “Después de escucharlo por 10 minutos, me dí cuenta de que no es tan simple”, dijo.

Soy flexible”

Todos los ex presidentes ya lo han dicho: instalarse en la casona blanca en la avenida Pensilvania número 1600 es un golpe que hace que todo el sistema deba reacomodarse.

“Hay algo único en este empleo que todo presidente enfrenta: que tú piensas una cosa cuando llegas, pero luego las presiones del trabajo o las realidades del mundo se muestran diferentes de lo que pensabas”, dijo recientemente el exmandatario George W. Bush.

Trump no escapó a ese proceso, y tal vez lo único que se mantiene intacto es su hábito de publicar andanadas de mensajes en la red Twitter, muchos de ellos inspirados en la red de televisión ultra conservadora Fox News.

Para Trump –quien llegó a la presidencia de Estados Unidos sin nunca antes haber ocupado un cargo político y carecer de cualquier experiencia política o militar–, el abordaje de estar abierto a la evolución parece funcionar. “Yo cambio y soy flexible, estoy orgulloso de mi flexibilidad”, dijo poco antes de autorizar el lanzamiento de 59 misiles contra Siria.

Esto es tan evidente que hasta el diario Washington Post, generalmente muy crítico del nuevo presidente, publicó recientemente un editorial en que saludó que Trump haya cambiado de posición en temas fundamentales para el país, como las relaciones con China, Rusia o las naciones de la OTAN.

“Cuando un presidente pasa de estar completamente equivocado a estar absolutamente correcto sobre temas tan importantes, la respuesta adecuada no es burlarse sino celebrar, aunque sea con cautela”, publicó el diario.

El Trumpismo

La forma y el estilo señalan que Trump es un presidente diferente de todos los que lo antecedieron. En una sorprendente entrevista que ofreció en marzo a la revista Time en que defendió sus alocadas afirmaciones, no tuvo problemas en afirmar: “¿Qué le puedo decir? Tengo la tendencia a tener razón”.

Con tres meses en la Casa Blanca, muchos de sus detractores consideran que un perfil de Trump escrito por el escritor Philip Roth para la revista The New Yorker en enero era adecuada y justa. En ese artículo, Roth describió a Trump como un presidente “ignorante en lo que se refiere al gobierno, a historia, a filosofía, al arte, incapaz de expresar o reconocer sutileza... y dueño de un vocabulario de 77 palabras”.

Esto ha dado lugar a que se hable de “Trumpismo”, la capacidad de comunicarse con consignas simples.

Entre los logros de sus primeros 100 días de gobierno se destaca la nominación exitosa del juez federal Neil Gorsuch para ocupar una plaza en la Suprema Corte, un nombramiento que definió un perfil para ese tribunal.

Sin embargo, Trump se ha referido a la marca de los 100 días de gobierno como a un “estándar ridículo”, aún cuando fuentes de su equipo coinciden en señalar que se trata de un indicador importante sobre la vitalidad de la nueva administración.

© Agence France-Presse

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Internacionales Tue, 25 Apr 2017 16:50:21 +0100 http://www.elfaro.net/es/201704/internacionales/20302/Cien-días-ya-con-Trump.htm
“No podemos seguir en esta dinámica de ponerle una curita a la crisis fiscal de El Salvador” http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000026551.jpg http://www.elfaro.net/es/201704/ef_radio/20303/“No-podemos-seguir-en-esta-dinámica-de-ponerle-una-curita-a-la-crisis-fiscal-de-El-Salvador”.htm En La Portada, el diputado Juan Valiente expuso las razones por las que la fracción legislativa de Arena se abstuvo de votar por la reorientación de 57 millones de dólares para enfrentar el impago. En Bajo la Lupa, hablamos con representantes del movimiento ciudadano Proyecto Cero, Claudia Ortiz y Guillermo Miranda. ]]> EF Radio Tue, 25 Apr 2017 16:45:09 +0100 http://www.elfaro.net/es/201704/ef_radio/20303/“No-podemos-seguir-en-esta-dinámica-de-ponerle-una-curita-a-la-crisis-fiscal-de-El-Salvador”.htm “La vida de la madre debe defenderse como la del bebé” http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000025851.jpg http://www.elfaro.net/es/201704/el_salvador/20297/“La-vida-de-la-madre-debe-defenderse-como-la-del-bebé”.htm El diputado Juan Valiente reta, una vez más, a su partido. Esta vez se acerca a las cuatro causales que buscan despenalizar el aborto en el país y dice que Arena está dispuesta a debatirlo internamente. Valiente también pide educación sexual de calidad, métodos anticonceptivos incluidos, para prevenir embarazos en niñas y adolescentes.

Diputado Juan Valiente, elegido bajo la bandera de Arena, por el departamento de La Libertad, en marzo de 2015. Su cargo termina en 2018. Foto: Fred Ramos / Archivo El Faro

Diputado Juan Valiente, elegido bajo la bandera de Arena, por el departamento de La Libertad, en marzo de 2015. Su cargo termina en 2018. Foto: Fred Ramos / Archivo El Faro

El diputado de Arena, Juan Valiente, ha roto con el discurso oficial sobre uno de los temas tabú en la derecha salvadoreña, y habla de la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre embarazada está en peligro. La postura de Valiente ha generando una escalada de críticas en redes sociales en las que, supuestos correligionarios, usuarios civiles y asociaciones que se dicen 'provida' lo acusan de traidor y señalan que dejaran de apoyarlo en una eventual candidatura para las elecciones de 2018.

Valiente ha dicho que así como el Estado debe garantizarle la sobrevivencia al bebé que está por nacer, de igual manera debe generar las condiciones que permitan preservar la vida de la madre. Su postura y sus declaraciones fueron ventiladas este lunes 24 por la mañana, cuando el legislador por La Libertad participó en una jornada a favor de la despenalización del aborto en El Salvador. Inmediatamente después, las redes sociales explotaron en su contra, dado que su postura confronta con el ideario tradicional en Arena, un partido que se autodenomina defensor de los valores cristianos. Para Valiente no hay incongruencia entre los partidos de Arena y dichos valores: "La vida es la vida, hay que defender tanto la de la madre como la del bebé", dice.

Las palabras de Valiente retan a un partido que impulsó la reforma constitucional de 1998, según la cual la vida vale desde el instante de la concepción, no desde el momento del parto como lo establecía la Constitución anterior. Reta, además, a una camada de diputados, compañeros de fracción de Valiente, que incluso apoyan o impulsan reformas que buscan castigar con más años de cárcel a las mujeres que, con la ley actual, sean señaladas y condenadas por un aborto."Los principios que se deben compartir vienen desde 1981, desde que surgió el partido", ha dicho el vicepresidente de Arena Rolando Alvarenga, pero Valiente dice que el derecho a la vida de la madre es igual de importante. "Mi postura es perfectamente congruente con los principios del partido, estoy promoviendo el derecho a la vida", declaró Valiente a El Faro este lunes. 

En redes sociales, hubo tuits que intentaron poner en duda la fidelidad de Valiente a los principios areneros: "El movimiento provida en El Salvador no confía más en el diputado por su clara y abierta traición a sus promesas de campaña", le reclamaba la organización denominada "Movimiento provida" a través de su cuenta @vida_sv. Valiente decidió contestar algunas provocaciones aunque ignoró tantas otras. "Siempre defiendo la vida. La vida del bebé y la vida de la madre", respondió el diputado. Y más tarde publicó: "No entiendo la objeción a una gestión legislativa consciente, bajo mis valores cristianos y abierta a los ciudadanos. Hay que escuchar!".

Queda por ver cómo Arena asimilará este discurso desafiante cuando hace tan solo seis semanas el partido exigió la renuncia a Andy Failer, el director de comunicaciones del órgano de la juventud arenera, la Juventud Republicana Nacionalista (JRN), después de que él facilitara una entrevista con este periódico en la que parte del ideario arenero fue desafiado por los jóvenes, en una entrevista en la que ellos hablaron abiertamente de una propuesta de reforma que busca insertar en el código penal cuatro causales para permitir el aborto. Con la renuncia de Failer, otros cuatro miembros de la directiva juvenil renunciaron a sus cargos en protesta contra la dirigencia. Todos ellos fueron atacados en redes sociales por sus posturas que contravenían lo que parece ser el credo consensuado entre areneros. Un ideario que rechaza el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto en cualquier circunstancia o que al menos parece preocupado de que todas sus comunicaciones pasen por los filtros institucionales. 

Valiente declara a El Faro que el tema hay que discutirlo tanto dentro del partido como afuera. Esta no será la primera vez que este diputado impone la agenda de discusión en su partido como resultado, dice él, de seguir sus principios y su conciencia. 

Valiente ha causado escozor al interior de Arena por algunas de sus posturas y decisiones en su trabajo legislativo. En 2016, Valiente desclasificó la lista de empleados de la Asamblea Legislativa muchos de los cuales son contratados por los partidos políticos de manera discrecional, y la acción provocó reclamos dentro de la bancada. Lo mismo ocurrió cuando Valiente se pronunció, de nuevo con ayuda de las redes sociales, contra beneficios de los que gozan los diputados como el seguro médico privado. Hace mes y medio, cuando los directivos de la JRN renunciaron a sus cargos, Valiente se salió del discurso de la dirigencia y salió a respaldarlos: "ARENA ha perdido en este proceso y hemos retrocedido en nuestra capacidad de ser una alternativa política real para los jóvenes del país!", escribió el 8 de marzo. En el partido también le han reclamado que haya brindado entrevistas en los que ha reclamado mayor coherencia.

Esta nueva controversia ocurre en momentos en que el partido está inmerso en el primer capítulo de un proceso de primarias internas, en las que él busca reelegirse como candidato para las elecciones de 2018.

En Arena parece un pecado defender el derecho de la madre sobre el del no nacido. Y usted lo ha hecho esta mañana. ¿Cómo toma las críticas? 

Bueno, primero, no está claro que sean críticas de Arena. Algunas provienen de movimientos provida, quizás liderados por uno que se identifica como VidaSV, para quienes no es posible tener acercamientos con aquellas personas que piensan diferente a nosotros. Hoy en la mañana me acerqué a un evento de organizaciones de mujeres sobre el tema de las cuatro causales que están promoviendo para despenalizar el aborto, para recibir de ellas cartas dirigidas a mi persona, firmadas por diferentes mujeres del departamento de La Libertad. Mi mensaje hacia ellos iba en tres direcciones: la primera es que es tan importante la vida del bebé como la vida de la madre, entonces uno de los temas que debemos buscar que nos una es la importancia de defender del bebé pero también defender la vida de la madre. Porque aparentemente los que se oponen a la modificación legal es porque valoran de una manera superior la vida del bebé, y los que promueven la despenalización parece que valoran de una manera superior la vida de la madre, pero la vida es vida, la vida del bebé, como la vida de la madre, deben ser valores a defender. El segundo mensaje que les di fue que cuando había riesgo de la madre, la madre tenía todo el derecho de recibir todo el tratamiento médico necesario, independientemente de si estuviera embarazada o no. Si una mujer enfrenta un riesgo a su vida, tiene derecho a recibir el tratamiento médico y tenemos que garantizar que las leyes así lo reflejen. Hay, en este tema, opiniones encontradas. Hay unos abogados que consideran que con la legislación eso está cubierto, y hay otros que no. Y el tercer mensaje que les di iba orientado a que el objetivo más grande que tenemos que buscar es disminuir los embarazos no deseados. Y que en ese esfuerzo todo lo que podamos hacer en el sentido de la prevención, de la educación sexual,  de acompañamiento a los jóvenes, para disminuir la violencia sexual que existe en nuestro país y los encuentros sexuales que puedan provocar embarazos no deseados... todo ello es de suma importancia para proteger la vida.

¿Qué le diría a la gente que dice que bajo ninguna circunstancia una madre puede anteponer su vida a la de su hijo, o que además la madre debe sacrificar su salud incluso cuando el feto no es viable?

Son dos cosas diferentes. La primera tiene que ver con el riesgo a la vida que puede enfrentar una mujer y una mujer embarazada, y ahí yo te diría que incluso en la misma Iglesia católica, el derecho canónico reconoce una exclusión a la pena de excomunión por aborto que se conoce como doble efecto. Y se refiere a cuando por un tratamiento médico requerido para salvar la vida de la madre como doble efecto, se pierde la vida del bebé. Ahí, de acuerdo a la Iglesia católica, ni siquiera existe delito. Entonces, creo que es necesario que reconozcamos que la vida del bebé crece y se desarrolla en una mujer, y por tanto también es necesario garantizar que se hagan todos los esfuerzos posibles para garantizar la vida de la mujer. Ahora, cuando una mujer, conociendo los riesgos, incluso los riesgos para su vida, que pueda tener el no recibir un tratamiento y decide reducir al mínimo el riesgo para el bebé, eso es loable y debe ser respetado de la misma manera en que debe ser respetado en el caso de un cáncer uterino, o que tiene un embarazo ectópico que requiere un tratamiento quirúrgico que seguramente derivará en el fallecimiento del bebé.

Usted también habla de disminuir los embarazos no deseados. ¿Incluye dentro del abanico de posibilidades para lograr este objetivo que se promueva una educación sexual más agresiva en las escuelas?

Se necesita que en las escuelas del país haya una educación sexual adecuada desde los últimos años de primaria. Muchas veces se confunde la educación sexual con la ideología de género, lo cual es diferente, pero ciertamente creo que haríamos mucho bien a nuestras niñas y niños si hay una educación sexual adecuada. En colegios privados de San Salvador, la educación sexual comienza entre tercer y cuarto grado, y entonces no veo por qué no va a ser posible que en las escuelas públicas tengamos programas similares que los que existen en San Salvador, y que sacrifiquemos en la ignorancia a nuestros niños y niñas.

Esa educación supongo, tendría que incluir uso de métodos anticonceptivos.

Por supuesto. Algunos de nosotros, que somos católicos, creemos que la mejor protección es la abstinencia y esperar el momento adecuado de madurez física y la madurez emocional. Pero no tenemos que obligar a que todas las niñas o jóvenes mujeres crean lo mismo que nosotros. Y sí, como funcionarios tenemos que garantizar que tengan de manera accesible métodos para protegerse para cuando ellas decidan tener una vida sexual activa, especialmente, aquellas mujeres que son mayores de edad.

¿Cómo cree que tomará el partido Arena estas declaraciones?

Mis planteamientos son totalmente consistentes con los principios de Arena. Si uno lee los principios de Arena, en la defensa de la vida, creo que son muy consistentes con los principios. Por supuesto que en toda institución, no solo en un partido político, sino en toda institución de la sociedad hay a veces posiciones que se defienden sin sustento, sin fundamento, simplemente porque es más fácil defender afirmaciones sin sustento que atreverse a discutir el sustrato, el fundamento, de las opiniones y de las sugerencias y de las posiciones políticas de las personas. Sí creo que todos los partidos políticos, Arena incluido, tenemos que avanzar en el sentido de permitir que discusiones de este nivel se tengan. Arena ha estado en el proceso de organizar debates internos sobre diversos temas, obviamente, con su principio y su ideología, pero está dispuesta a debatir internamente con las instituciones o con organizaciones exteriores sobre diversos temas controversiales.

Uno leyendo los principios del partido, ve que Arena se autodenomina un protector de la vida.

Así es.

En los noventa, el partido promovió la reforma constitucional para que se entendiera que la vida comenzaba a partir del instante de la concepción. ¿Eso no debe tomarse como que el partido se casó con esa interpretación?

Siento que es una postura completamente consistente con la defensa de la vida, y además es una postura bastante consistente con la sentencia de la Sala de lo Constitucional que tienen que ver con este tema. Por supuesto, entendemos que la vida comienza en la concepción, y que el bebé por nacer tiene derecho a la vida desde ese instante. Sin embargo, la última sentencia de la Sala de lo Constitucional de enero de este año nos dice que igual derecho tiene la madre a su hijo, y que cuando hay conflicto de derecho somos los legisladores los llamados a establecer desde el punto de vista legal las medidas que garanticen de mejor manera la vida de la madre como la vida del hijo. Fue una sentencia sobre los derechos del bebé por nacer, porque hubo una demanda que cuestionaba si el bebé no nacido tenía derecho a la herencia si ya era persona, entonces la Sala sacó una sentencia donde aclaraba que el derecho a la vida, por supuesto, lo adquiere en el instante de la concepción, pero que los demás derechos tienen que irlos desarrollando y ganando conforme el mismo bebé se desarrolle y crece. Es en el momento del nacimiento que se convierte en persona frente a la sociedad y adquiere identidad y, entonces, adquiere también derechos sucesorales respecto a herencias y otros derechos. No todo es automático al instante de la concepción.

¿El partido tiene instancias para discutir estos temas? En el caso de la JRN, ellos parece que tiraron la toalla, que no quisieron discutir ninguno de sus puntos de vista internamente.

Los jóvenes no se fueron del partido y entonces muchos de ellos, probablemente, van a seguir tratando de contribuir al debate interno para desarrollar posiciones que de alguna manera defiendan los derechos tanto de la madre como del bebé, y yo creo que hay movimientos recientes dentro del partido para crear espacios adecuados precisamente para discutir estos temas.

¿Ha recibido apoyo de algún diputado o diputada?

No, tal vez el miércoles que tengamos la reunión de fracción quieran comentar sobre el tema, pero en principio mantengo y sostengo que mi posición es consistente con la Constitución de la República y con nuestros estatutos, principios y valores del partido.

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El Salvador Tue, 25 Apr 2017 09:49:39 +0100 http://www.elfaro.net/es/201704/el_salvador/20297/“La-vida-de-la-madre-debe-defenderse-como-la-del-bebé”.htm
Trump y la Mara Salvatrucha http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000024496.jpg http://www.elfaro.net/es/201704/columnas/20300/Trump-y-la-Mara-Salvatrucha.htm Siguiendo su costumbre de comunicar políticas de Estado en 140 caracteres, el presidente estadounidense Donald Trump escribió la semana pasada en un tweet que “las débiles políticas migratorias de la administración Obama permitieron a malas pandillas MS 13 formarse en ciudades a través de Estados Unidos. ¡Las estamos removiendo rápidamente!”.

En los últimos años las pandillas, y particularmente la Mara Salvatrucha, parecen haberse extendido en territorio estadounidense y, sobre todo, han aumentado los homicidios. Pero es difícil saber a qué políticas de la administración Obama se refiere el actual presidente Trump, porque no ha vuelto a decir nada, salvo anunciar una guerra frontal contra las llamadas ciudades santuario.

Ningún otro presidente norteamericano deportó a tantos centroamericanos como lo hizo Obama. El presidente del “cambio” lanzó masivas redadas contra inmigrantes latinoamericanos y terminó repitiendo el discurso falso e irresponsable que ahora solo multiplica Trump. Porque las deportaciones masivas no han mejorado en nada la situación ni en Estados Unidos ni en Centroamérica. Y porque las pandillas son un producto estadounidense.

Lo que ha hecho Obama y lo que hace ahora Trump es inmoral por origen y por consecuencia.

Por consecuencia porque ambos saben, o deberían saber, que las maras son la principal causa de la incontrolable violencia en el triángulo norte centroamericano. Que nuestros países no tienen ya capacidad de seguir recibiendo pandilleros. Todos los discursos de ayuda financiera y de “asocios para el crecimiento” sirven de poco si no se detienen las deportaciones. Pero no solo porque nos envían a criminales que no tenemos más capacidad de recibir, sino porque las pandillas son un problema que ellos nos exportaron. Y esta es la inmoralidad por origen:

Las pandillas, tanto el Barrio 18 como la MS-13, nacieron en las calles de Los Ángeles ante la mirada permisiva de los estadounidenses. Y se nutrieron, además, de miles de niños, niños centroamericanos que llegaron allá huyendo de las sangrientas guerras que los Estados Unidos financiaron y asesoraron en el istmo centroamericano.

Cientos de miles de salvadoreños salieron en los años ochenta huyendo de las atrocidades de la guerra, la mayoría de ellas cometidas por tropas entrenadas, financiadas y defendidas por Estados Unidos. Las víctimas salieron apoyadas por organizaciones de la sociedad civil y algunos gobiernos europeos. Terminaron en California, y después en la capital estadounidense, porque allá encontraron redes de apoyo civiles o familiares, no gubernamentales. Estados Unidos inflamó la guerra pero dejó desamparados a los cientos de miles que huyeron. Entre ellos los niños que crecieron en las calles angelinas protegidos por las pandillas a las que se adhirieron.

Al final de la guerra, los norteamericanos iniciaron las deportaciones masivas. Sabían, y no nos lo dijeron, que estaban enviando a criminales a un país sin instituciones ni recursos, recién salido de una década de guerra, con el tejido social totalmente roto, con miles de armas circulando; y que ni siquiera contaba con una policía efectiva, porque la PNC acababa de nacer. Sabían a quiénes nos enviaban pero se negaron a compartir siquiera sus expedientes criminales.

Consecuencia lógica, las pandillas angelinas pronto multiplicaron sus membresías en el triángulo norte del istmo. Estados Unidos siguió con las deportaciones masivas, que no han parado ni siquiera ahora, cuando es ya indudable que son la principal causa de las tasas de homicidio que nos tienen en primer lugar mundial.

Si ellos, que tienen el país con más recursos del mundo, los cuerpos de inteligencia más sofisticados, la tecnología más avanzada y las fuerzas de seguridad pública mejor dotadas, no han sido capaces de desmantelar a las pandillas, ¿qué les hace pensar que países como los nuestros lo pueden resolver? ¿O solo se están lavando las manos y enviándonos el problema sabiendo que no tenemos ya ninguna capacidad para hacerle frente?

Nunca ha habido en esta discusión un enfoque de corresponsabilidad estadounidense, porque eso implicaría también asumir las consecuencias. Y no parecen dispuestos a eso, ni sobre su papel en la guerra ni sobre su responsabilidad sobre nuestra actual situación.

Pero aún si solo les preocupan sus intereses, no hay nada que permita concluir que estas acciones han mejorado la vida de los estadounidenses. Por el contrario, solo ha empujado a cientos de miles de centroamericanos a huir y aumentar considerablemente las filas de los indocumentados en Estados Unidos, sin mejorar en nada la vida en los barrios estadounidenses controlados por pandillas.

Trump, que inició su campaña a la Casa Blanca llamando “bad hombres” a los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos, intenta hoy activamente deportar a todos aquellos que se encuentran en Estados Unidos sin papeles. Los pandilleros son solo un pretexto para declarar la guerra a las ciudades santuario que se han negado a aplicar la cacería del nuevo presidente contra indocumentados.

Según el New York Times, el plan de Trump prevé expulsar a entre 2 y 3 millones de indocumentados, de los cuales apenas el cinco por ciento tiene en su record algún antecedente criminal. Nadie, ni Estados Unidos ni los países de origen, se beneficiará de ello. Como nadie se benefició de las deportaciones masivas de Obama. Es un plan que ya ha demostrado su fracaso. Lo que Estados Unidos necesita es una reforma migratoria integral. Y lo que el triángulo norte necesita es el fin de las deportaciones.

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Columnas Tue, 25 Apr 2017 08:37:31 +0100 http://www.elfaro.net/es/201704/columnas/20300/Trump-y-la-Mara-Salvatrucha.htm
Honduras no quiere bosque, quiere aceite de palma Nelson Rauda, Ximena Villagrán y Raúl Sánchez http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_168_0_937_512/images%7Ccms-image-000026555.jpg http://www.elfaro.net/es/201704/centroamerica/20080/Honduras-no-quiere-bosque-quiere-aceite-de-palma.htm La palma africana se duplicó en Honduras entre 2004 y 2016. El gobierno le abre las puertas y permite a los empresarios casi todo. Los campesinos anhelan cultivarla, porque es más redituable que el resto de cultivos, pero nadie piensa en las consecuencias ambientales que ya se sienten en pueblos contaminados o sin agua, o que se estancan en su desarrollo ante la voracidad empresarial, revela esta investigación de El Faro y eldiario.es. “El engranaje internacional ha continuado funcionando: los países al servicio de las mercancías, los hombres al servicio de las cosas”.
(Eduardo Galeano, 1978)

Al final del túnel de manglar hay un tesoro escondido. La pequeña lancha avanza por encima de las ninfas, detrás de un cormorán herido que se ha separado de su bandada y descansa aquí, en la reserva forestal de la Laguna de los Micos. La embarcación navega con dificultad sobre el agua enlodada, en un canal estrecho y poco profundo. Al final del túnel aparecen, imponentes, las  palmeras. Miden entre 15 y 20 metros, cientos, miles de ellas, un ejército de árboles que desafía la prohibición de sembrar palma africana en el parque nacional Blanca Jeannete Kawas.

 

El ambientalista Osmán Orellana (26 años), Yanet Alvarado (34) y Guillermo Garay (36), a su llegada a la aldea Cola de Mico. Para llegar hay que atravesar un crique de 800 metros de longitud, que atraviesa el manglar y conecta la laguna de Los Micos con la reserva forestal Blanca Jeannete Kawas, en el municipio de Tela, Atlántida, Honduras./ Foto El Faro: Víctor Peña

El ambientalista Osmán Orellana (26 años), Yanet Alvarado (34) y Guillermo Garay (36), a su llegada a la aldea Cola de Mico. Para llegar hay que atravesar un crique de 800 metros de longitud, que atraviesa el manglar y conecta la laguna de Los Micos con la reserva forestal Blanca Jeannete Kawas, en el municipio de Tela, Atlántida, Honduras./ Foto El Faro: Víctor Peña

 

El dueño de esta plantación escondida es Salomón Urbina, un campesino de 64 años. Para encontrar las 11 hectáreas de Monchito, como le gusta que lo llamen, hay que esforzarse dentro del bosque, hasta dar con uno de estos parches que se van volviendo más y más comunes en el mapa vegetal de Honduras y, al mismo tiempo, en el mapa de su corrupción. El parque Kawas tiene una extensión de 79,381 hectáreas y, pese a que la ley lo prohíbe, alberga 3,478 hectáreas de palma. Los árboles ya llevan 30 años aquí, junto a Monchito, que se entretiene con una de sus mascotas: Serafín, un mono capuchino al que mantiene encadenado.

Honduras no quiere bosque, quiere aceite de palma. Entre 2004 y 2017, la superficie de palma africana (Elaeis guineensis) se duplicó en el país, pasando de 69,000 hectáreas a cerca de 150 mil hectáreas, el tamaño de la ciudad de México. El presidente Juan Orlando Hernández prometió a inicio de su gobierno, en 2013, duplicar  los cultivos, así como la cantidad de plantas procesadoras, que en este momento son 15.

No le importa a Honduras, ni a su presidente, el efecto contaminante y depredador de la palma, que a Europa parece indignarle. En junio de 2015, Segolene Royal, entonces ministra de Ecología de Francia, pidió boicotear la popular crema Nutella, quizá uno de los más representativos productos hechos con aceite de palma y sus derivados, como un mensaje político en contra de explotaciones como la del parque Kawas. “El creciente número de cultivos de aceite de palma es perjudicial para el medio ambiente porque lentamente ha reemplazado a otros árboles”, dijo entonces Royal. Si usted va ahora mismo a su alacena o a su baño seguramente encontrará productos hechos con palma: margarina, helado, chocolates, papas fritas, champú, jabón…

Gráfico de la evolución del crecimiento de cultivo de palma en Honduras

Gráfico de la evolución del crecimiento de cultivo de palma en Honduras

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Tela, donde está el parque Kawas, es pionera en el cultivo en Honduras. Fue al jardín botánico Lancetilla, en el mismo municipio, donde en 1927 llegó, extraña, la primera planta de palma africana.

Un siglo después, espoleados por la política gubernamental, los productores se expanden y buscan nuevos terrenos para sembrar. Muchas veces no importa si son de ellos, o si están en una ladera o, a la orilla de un riachuelo en medio de un parque nacional, como el de Monchito.

 

Monchito es habitante de la aldea Cola de Mico, dentro de la reserva forestal Blanca Jeannete Kawas, en Tela, Honduras. Monchito es un veterano de 64 años, que ha pasado 30 años de su vida cultivando palma dentro de una reserva forestal, con permiso del Estado. / Foto El Faro: Víctor Peña

Monchito es habitante de la aldea Cola de Mico, dentro de la reserva forestal Blanca Jeannete Kawas, en Tela, Honduras. Monchito es un veterano de 64 años, que ha pasado 30 años de su vida cultivando palma dentro de una reserva forestal, con permiso del Estado. / Foto El Faro: Víctor Peña

 

Dejar la siembra de palma a discreción del productor genera  problemas. En El Progreso, la palma en las montañas ha contribuido a que un río casi se seque, desabasteciendo de agua a toda la ciudad. La comunidad garífuna de Miami -la de Honduras, no de Estados Unidos - ya sufre los riesgos de la pérdida de  seguridad alimentaria, un mal que especialistas pronostican para todo el país por el monocultivo de palma. En Atlántida, al norte del caribe hondureño, las reservas forestales pierden terreno. Y las personas que denuncian esto lo hacen en un país catalogado como el más peligroso del mundo para los defensores ambientales.

En Honduras hay al menos 7,000 hectáreas de palma sembradas en parques nacionales, de acuerdo con esta investigación. Al menos la mitad de ellas está en el Kawas. Los productores son personas como Monchito: campesinos que le apuestan al monocultivo de moda en Honduras en tierras propias y ajenas. Como Monchito, en Kawas, Ramiro en el terreno adyacente, o Israel Maldonado en El Astillero, Elías Espinoza en Pagoales, Rufino Orellana en la aldea Miscely y… Hasta ellos llega una industria que en 2014 significó 317 millones de dólares, colocando a Honduras como octavo en exportaciones a nivel mundial y a la palma como su cuarto principal producto de exportación.

 

Cuando en 1994 el Congreso de Honduras declaró esta área de 97,000 hectáreas como zona protegida, Monchito ya estaba aquí. El decreto de creación del parque hizo 157 excepciones para personas que tenían tierra en el área. El acuerdo era que podían seguir residiendo en el parque, e incluso cultivando. Los abogados llaman a estos acuerdos contratos de usufructo.

“Lo que falta es regular cada uno de los contratos de usufructo, individuales”, dice Nelbin Bustamante, de la fundación Prolansate, que es co-administradora del Parque Kawas, junto con el estatal Instituto de Conservación Forestal (ICF). Pero esto es Honduras, entonces los contratos no están regulados y cada quien hace lo que quiere. “A don Salomón le deberían decir: usted tiene esta plantación y en tanto tiempo ya no puede volver a sembrarla, o si puede sembrarla tiene que ir recuperando”. Recuperar el uso agrícola en áreas forestales es una obligación del Estado, según el artículo 94 de la Ley Forestal hondureña.

Recuperar además tiene otro sentido cuando se trata de palma. Sus raíces crecen horizontalmente, a unos 50 centímetros de la superficie, y forman una especie de tapete bajo tierra. Ese crecimiento impide su coexistencia con otras especies. Los ambientalistas y expertos entienden esto. Los campesinos, en cambio, se decantan por el rentable negocio de la palma, sin detenerse a pensar en los riesgos para la biodiversidad o incluso la seguridad alimentaria. Ellos dejan de sembrar maíz, frijol o plátano por sembrar palma. En la carrera por la tierra, las especies nativas de los bosques tropicales hondureños van perdiendo contra la palma por una diferencia apabullante.

En 2015 el precio de la palma era de unos 40 a 60 dólares por tonelada, pero en 2016 el promedio fue de unos 108 dólares por tonelada. Un cultivo de palma puede llegar a producir entre 18 y 20 toneladas de fruta por hectárea, anualmente, según datos de la Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica (ANAFAE). Al precio con el que cerró 2016, Monchito bien podría recibir unos 23,000 dólares anuales por sus 11 hectáreas sembradas. Pero él explica que la producción escasea entre noviembre y marzo, cuando recoge entre cinco y seis toneladas cada 15 días. El pico de la producción es durante junio y octubre, donde calcula que su producción se duplica.

El debate ambientalismo versus desarrollo es ajeno a los productores. Para ellos la palma los beneficia más que cualquier otro cultivo. Monchito solo se encoge de hombros cuando se le pregunta si la palma daña el ambiente.

Tres empresas controlan el 61 % de la producción de aceite en el país: Corporación Dinant, Grupo Jaremar y Aceydesa. En teoría, la ley prohíbe a las empresas comprar fruta producida en terrenos no habilitados, pero en la práctica la ley no existe. Monchito muestra en su celular un mensaje recibido un día antes. “Grupo Jaremar y Agrotor avisa a sus productores que a partir del 2 de diciembre el precio de la tonelada de fruta sube Lps. 150”.

El reparto del mercado de aceite de palma en Honduras.

El reparto del mercado de aceite de palma en Honduras.

Monchito hasta tiene un código de identificación y un acuerdo muy conveniente con Jaremar. En vez de que sea él quien lleva la fruta hasta la fábrica, Jaremar envía empleados a recogerla, le pesa la fruta y le transfiere el pago a su cuenta bancaria. La demanda del fruto es tan grande que incluye servicio a domicilio. Para Monchito, que solía ser ganadero, no hay comparación posible. “Si me roban la vaca me arruinan la vida. La palma es mejor negocio”, dice. Muchas personas han usado la misma lógica: La Prensa reportaba en 2013 una disminución de un 40 % de la producción ganadera en el norte de Honduras. Los ganaderos aspiran a ser palmeros.

 

El cultivo de palma africana es más atractivo económicamente que otras actividades agropecuarias, como la crianza de ganado. Este campo donde pasta ganado está ubicado en la comunidad Pagoales, del municipio de San Francisco, Atlántida, Honduras./ Foto El Faro: Víctor Peña

El cultivo de palma africana es más atractivo económicamente que otras actividades agropecuarias, como la crianza de ganado. Este campo donde pasta ganado está en la comunidad Pagoales, del municipio de San Francisco, Atlántida, Honduras./ Foto El Faro: Víctor Peña

 

La fiebre por la palma inunda el Atlántico hondureño. Los autos en la carretera esquivan un camión que transporta el fruto y luego otro y otro… La estación de bus es cortesía de Hondupalma. La venta de pollo frito se llama El Palmar; el hotel, Las Palmas. Hasta el escudo episcopal de la diócesis de Yoro, departamento de la costa hondureña, incluye una palma africana en primer plano, con montañas que representan las reservas forestales al fondo.

El riachuelo es la única manera de salir y entrar de este terreno en el que Monchito seguirá sembrando palma dentro de una reserva forestal. Ver este lugar ayuda a comprender por qué los bomberos no pudieron llegar hasta aquí cuando el bosque se incendiaba. Cuando se le pregunta por el siniestro, Monchito lo minimiza. “Eso toda la vida se ha quemado. Hasta 15 días se mantenía prendido ese boquerón. Hoy solo fueron cuatro”, dice.

Bosque en llamas

A finales de marzo de 2016, un incendio provocado devoró 219 hectáreas del Parque Kawas. El incendio duró cinco días y comenzó cerca de la Laguna de los Micos. Las autoridades encontraron combustible, machetes y palma africana recién sembrada, de unos cinco meses de edad. Alguien quería seguir sembrando adentro del Kawas y decidió prenderle fuego al bosque.

Cuando el incendio fue detectado, el Estado se movió lento para detener las llamas. Así lo recuerda Francois Philippe Ligeard, un regidor del partido liberal en el municipio de Tela. Ligeard parece más ambientalista que político.

Los manglares impedían el paso a las motobombas, el gobierno no aparecía, Ligeard estaba desesperado. Pidió ayuda a la fuerza de tarea Bravo, destacada en una base militar con un nombre a priori: “palmerola”, ubicada en el municipio de Comayagua, a 200 kilómetros de Tela. Aunque ellos querían ayudar, no podían acatar órdenes de una municipalidad. Ligeard buscó al Comité de Protección Civil de Honduras, y a la milicia. Al segundo día le informaron que el incendio no podía controlarse con un solo helicóptero. Hasta el tercer día el gobierno pidió ayuda a los estadounidenses.

—Entonces, cuando le dan la luz verde a los gringos, mire, cayeron como de película. Dos (helicópteros) chinook, dos Black Hawk. Después se sumó otro chinook más- recuerda Ligeard mientras busca en su computadora videos y fotos de la operación.

El presidente prometió capturas, pero un año después no ha habido ni una. Nadie sabe quiénes provocaron el incendio, pero toda Honduras supo qué querían.

 

—La palma africana es muy rentable. Y lo es más si usted siembra en un terreno que no le costó un peso. Muchas siembras ilegales son hechas por terratenientes y muchos de estos terratenientes trabajan para políticos, para gente del gobierno o incluso para narcotraficantes”, dice Ligeard.

La última de las sospechas no es gratuita. Por la Atlántida está uno de los corredores más importantes de la droga que desde Suramérica hace escala en el caribe hondureño, antes de saltar hacia Estados Unidos. Las autoridades ya han detectado pistas clandestinas para avionetas cargadas con droga en medio de las plantaciones de palma.

Días después del incendio, cuando Ligeard presentó la denuncia por el siniestro en la Fiscalía, un hombre se le acercó en el embarcadero de Tela. “Me dijeron que me calmara, que no me metiera mucho a pedo porque iba a terminar como Jeanette Kawas”.

A Jeanette Kawas la asesinaron el 6 de febrero de 1995, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó a Honduras en 2009 por este crimen. Kawas  se oponía a la siembra de palma en áreas protegidas y a la tala ilegal de bosque. Es conocida como la primera mártir ambiental de Honduras. El Parque Kawas lleva su nombre porque la CIDH obligó a Honduras a aplicar algunas medidas de reparación tras su crimen.

Otra de las medidas, que se aplica a cuenta gotas, es el apoyo para el funcionamiento y protección del parque. Alba Ocampo, jefa regional de la ICF en Tela, explica que según su plan de manejo debería tener a 23 empleados en el parque, pero el presupuesto da solo para dos personas, dos vehículos, dos lanchas y una motocicleta para un parque de 79 mil hectáreas.

En 2016, Honduras destinó $203 millones de dólares al ICF, algo así como el 0.4 % de  su presupuesto general. Con ese dinero, la oficina tiene que arreglárselas para la administración de otro centenar de áreas protegidas en todo el país. En el Kawas, la fundación Prolansate –fundada por la ambientalista mártir- siempre está en busca de proyectos para financiarse, pero es inútil. El último proyecto buscaba reactivar el cobro de la entrada para los turistas ($5 para extranjeros, $1 para hondureños), pero fue bloqueado. Una de las entradas al parque conecta con Indura, un lujoso resort de playa y club de golf en el caribe. El presidente Juan Orlando Hernández alegó que el peaje a los clientes de Indura estaba “deteniendo el turismo". En la versión de la alcaldía de Tela, el reclamo no vino de JOH, sino de los ejecutivos de Indura. El caso es que el cobro se detuvo y el sostén del parque también. Elbin Bustamante, de Prolansate, se sintió frustrado. “Es como un doble discurso. ¿Contra quién estamos luchando?”, se pregunta.

Atlántida feudal

Para llegar a Pagoales, a la casa de Elías Espinoza, hay que cruzar un  interminable cultivo privado de palma africana. Ese terreno es del Grupo Jaremar, la empresa de René Morales, un terrateniente que controla un cuarto de la producción total de aceite de palma en Honduras. Como la palma se siembra de manera simétrica y equidistante, si uno no está acostumbrado es fácil desorientarse.

 

Elías Espinoza da de comer a sus gallinas, en su vivienda sumergida en un mar de palma africana, cerca de la fabrica CAICESA, propiedad de Grupo Jaremar./ Foto El Faro: Víctor Peña

Elías Espinoza da de comer a sus gallinas, en su vivienda sumergida en un mar de palma africana, cerca de la fabrica CAICESA, propiedad de Grupo Jaremar./ Foto El Faro: Víctor Peña

 

Elías cultiva palma en 38 de las 89 manzanas de su terreno, pero también cultiva maíz y también siembra plátano; cuida a los cerdos y ordeña a las vacas; mata serpientes barba amarilla; mantiene la única ambulancia de la zona: su pick up; transporta a los heridos de serpientes que no pudo matar, a veces al hospital, a veces donde una curandera. Elías también es una especie de representante que aboga por la comunidad ante Jaremar. Por ejemplo, negocia con la empresa para que la comunidad tenga energía eléctrica.

Pagoales es uno de estos territorios pobres en los que el Estado ha delegado el desarrollo de las comunidades a empresas privadas. En el reino de la palma, la industria gobierna. La producción de palma se traduce en réditos económicos (exportaciones, impuestos, generación de empleos) y en capital político, cuando los partidos o el presidente hablan de crecimiento económico y combate a la pobreza. A cambio, las empresas obtienen un amplio margen de maniobra y controles muy laxos en el terreno. El residuo de esta operación lo cargan pobladores de comunidades como Pagoales, donde viven 200 personas en un radio de tres kilómetros. El resultado son esquemas de vida feudales, en donde el suministro de servicios básicos queda a merced de la buena voluntad empresarial. Jaremar tiene una planta de procesamiento, pero los vecinos no tienen energía eléctrica.

“El gobierno abandonó las inversiones en el área rural desde hace años”, explica Celso Flores, un fiscal de agua de la localidad. Elías Espinoza ha negociado durante años para que la comunidad tenga electricidad, sin la cual es como si vivieran como en el medioevo. Para averiguar por qué no hay electricidad las preguntas se dirigen hacia la empresa palmera de la zona, no a la alcaldía.

La comunidad quiere la conexión al sistema de cableado eléctrico cerca de la planta Jaremar, donde termina la red de postes y cables. Jaremar se niega y propone un lugar que está alejado unos dos kilómetros. Según Israel Laínez, gerente administrativo de la planta, la oposición no es malintencionada. Él asegura que conectarse a la red eléctrica que alimenta a la planta les daría energía a una tarifa industrial, más cara, y al mismo tiempo penalizaría a la empresa, porque está prohibido por ley utilizar energía para residencias cuando está destinada a la industria. Para Espinoza es cuestión de voluntad: de la empresa y del Estado. “Yo he ido a otras partes del país y quedo admirado: Hay aldeas que son más remotas y hay energía eléctrica. Y en estas aldeas que están más cerca, no hay”, dice.

 

Quinel por donde corren las aguas risiduales de la fabrica de extracción de aceite, CAICESA, cerca de la comunidad de Pagoales, en el municipio de San Francisco, departamento de Atlántida, Honduras. La empresa CAICESA pertene a Grupo Jaremar, empresa que controla la cuarta parte de la producción de palma en Honduras./ Foto El Faro: Víctor Peña

Quinel por donde corren las aguas risiduales de la fabrica de extracción de aceite, CAICESA, cerca de la comunidad de Pagoales, en el municipio de San Francisco, departamento de Atlántida, Honduras. La empresa CAICESA pertene a Grupo Jaremar, empresa que controla la cuarta parte de la producción de palma en Honduras./ Foto El Faro: Víctor Peña

 

Quizá algo cambie pronto. Honduras busca una certificación internacional RSPO (la Mesa Redonda para la Sostenibilidad del Aceite de Palma, por sus siglas en inglés) para toda su producción, pero solo algunas empresas lo han conseguido. Las reglas de la certificación indican que “se deben demostrar las contribuciones al desarrollo local basadas en los resultados de consulta con comunidades locales”. Además, las propias reglas de Jaremar lo comprometen a “contribuir al desarrollo económico y social de los lugares donde operamos”. Laínez explica que Jaremar solo daría permiso a que la comunidad derribe palmeras para realizar el proyecto de alumbrado, pero no ayuda económica. “En la responsabilidad social empresarial tenemos otros pilares y no se enfoca necesariamente en ese tipo de ayuda”, dice Laínez. Para eso la comunidad tendría que hacer otro proceso y una solicitud formal, sujeta a aprobación de la dirección de la empresa.

El gran terrateniente sigue vivo

El modo de vida finquero también tiene otras expresiones modernas. Hasta mediados de  los 40, a los trabajadores de las fincas de los países del Triángulo Norte centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador), se les pagaba con monedas acuñadas con el nombre de la finca y que solo tenían valor en la finca. En 2017, esta práctica todavía sucede en la comunidad El Astillero, en la Atlántida. La finca en cuestión es la planta Leán de la Corporación Dinant.

Dinant es la empresa palmera más grande de Honduras, con un 28.5 % del mercado y tres plantas procesadoras. El 8 de marzo de 2017, el Gobierno entregó dos premios a Dinant por ser ‘el mayor exportador’ al resto del mundo. “Agradezco al presidente Juan Orlando Hernández por promover las condiciones económicas que han permitido a Dinant lograr un importante éxito nacional e internacional”, dijo el presidente ejecutivo de Dinant, Mauricio Facussé, heredero del emporio del otrora gran terrateniente hondureño: Miguel Facussé, fallecido en junio de 2015, a los 91 años. Las opiniones sobre el terrateniente son diversas. Hay quienes lo recuerdan como el visionario creador de un imperio de productos alimenticios y de limpieza que llevan en su ADN el aceite de la palma en Centroamérica, México y Colombia. Otros lo tildan como un capitalista despótico, el “tío Mike”, pues uno de sus sobrinos fue presidente de Honduras entre 1998 y 2002. También se le acusa de ordenar el asesinato o la desaparición de unos 150 campesinos en un conflicto de tierras palmeras entre Dinant y los campesinos organizados del valle del Aguán. Dinant rechaza esa acusación de manera rotunda. Sucede con Facussé un fenómeno extraño en Honduras: se habla de él como si estuviera vivo.

 

Un cayuquero traslada a un habitante por el río Leán, en Atlántida, Honduras. El joven cayuquero asegura que los habitantes han decidido no bañarse río abajo debido a la contaminación que causa una planta procesadora de Dinant, una de las principales productoras de aceite de palma. / Foto El Faro: Víctor Peña

Un cayuquero traslada a un habitante por el río Leán, en Atlántida, Honduras. El joven cayuquero asegura que los habitantes han decidido no bañarse río abajo debido a la contaminación que causa una planta procesadora de Dinant, una de las principales productoras de aceite de palma. / Foto El Faro: Víctor Peña

 

“Él es el que tiene rodeado de palma. Nos tiene asfixiados”, dice Alejandrina Aguilera, 39 años, catequista en la comunidad El Astillero. Aguilera es una ambientalista sin la protección que da un cargo oenegero. Ella ha asumido la complicada posición de denunciar los abusos ambientales y laborales en una comunidad que cohabita con una planta de Dinant cercana al río Lean. Su esposo trabaja como guardia de la planta Dinant, pero eso no le genera conflictos.

Aguilera es la que describe la versión moderna del modelo finquero. Ella cuenta el caso de un joven, con dos hijos, empleado de Dinant por 1,400 lempiras, unos $60 a la semana. Hay semanas en las que ese emplado solo recibe tres lempiras, unos 13 centavos de dólar.

“Dinant tiene una tienda de consumo, y ahí supuestamente les dan más barato y les dan el producto de la empresa. O sea que ahí el mismo dinero del empleado le vuelve a quedar a la empresa”, denuncia Aguilera. La catequista aconseja a ese empleado para que no compre en esa tienda, pero el trato es opcional y la decisión personal.  

Desde noviembre de 2016, este periódico gestionó una entrevista con Roger Pineda, vocero de Dinant, sin éxito. El 8 de febrero se envió un correo electrónico a Pineda para preguntar por esta práctica, pero a la fecha no ha habido  respuesta.

Vivir en El Astillero implica aprender a memorizar las épocas en que el Leán se desbordará, algo que Aguilera asegura no pasaba hace 20 años. Las temperaturas han aumentado debido a la deforestación de especies nativas. Ocasionalmente, el viento trae un olor que Aguilera solo atina a describir como “tener heces en la nariz”. Aguilera culpa a la palma.

“Aquí nadie denuncia porque aquí tienen un método de dejar rojo a las personas”, asegura Aguilera. Dejar rojo: hacer que una persona no sea elegible para tener un trabajo en la empresa. En la práctica, es casi una condena a la inanición en un mercado laboral tan limitado.  A su esposo lo dejaron rojo cinco años, antes de que lo perdonaran. Sobrevivieron sembrando hortalizas, y de la ganadería. Y con ello otro resquicio del sistema feudal: la empresa alquila terrenos.

La empresa deja porciones de tierra libres de palma, terrenos que suelen inundarse cuando el río Leán se desborda, zonas dañinas para la palma. “No hay nada de tierra libre. La fiscalización es tal que los guardias reportan si alguien no tiene permiso de sembrar, y la oficina local ejecuta los cobros”, denuncia Aguilera.

Usos de la tierra como los de El Astillero afectan la seguridad alimentaria, denuncia Octavio Sánchez, el coordinador de ANAFAE. Sánchez cree que la agresiva política de expansión de palma es contradictoria con las necesidades de la población. Mientras el 70 % de la palma es exportada, “hay cultivos que son fundamentales para la dieta del hondureño como maíz y frijoles que apenas cubren la demanda nacional”. En el caso del maíz, Sánchez dice que el 50 % de la demanda interna es cubierta con importaciones estadounidenses. “Es una lógica que no tiene sentido”, dice.

Hablar en contra de una de las industrias más fuertes en Honduras puede ser peligroso. Sobre todo en este país acostumbrado a matar a sus ambientalistas. Una investigación de Global Witness revela que 123 ambientalistas han sido asesinados en Honduras desde 2009, Berta Cáceres la más famosa de esa lista. Pero la sangría empezó mucho antes. Basta recordar que Jeanette Kawas, en 1995, fue la primera.

Alejandrina Aguilera se sabe marcada, sobre todo porque su denuncia ha sido escuchada por representantes de las Naciones Unidas o del Banco Mundial, institución que ha financiado los proyectos palmeros de Dinant. Cuando se le pregunta si teme por su vida, ella responde con una broma: “Me dice mi esposo: ‘no ande hablando mucho que la van a matar. Si la mataran a usted sola… pero nos van a matar a todos’. Ja ja ja”.

El principal opositor de Aguilera es uno de sus vecinos.  “Usted no hable mucho, porque entonces va a perder el trabajo su esposo”, le amenazó alguna vez Reinaldo Huete, el hijo de uno de los últimos opositores  de los terratenientes de El Astillero.

El rebelde que claudicó

En 1991, Felipe Huete, el padre de Reinaldo, fue asesinado junto a otras cuatro personas por reclamar su derecho a la tierra. Huete y sus compañeros integraban el grupo El Astillero, desde 1977 propietario legal de las tierras  por las que se volvieron mártires, según un informe del Human Rights Watch. Los terrenos de El Astillero habían pasado por una serie de transferencias ilegales hasta que llegaron al poder del coronel Leonel Galindo. Frustrados por esas maniobras amparadas por el Estado, Huete y sus compañeros irrumpieron en los terrenos en disputa para forzar una negociación con el Instituto Nacional Agrario (INA). “Decidieron invadir porque vieron que no iban a recuperar por vías legales”, dice Reinaldo Huete, testigo ocular de la masacre.

 

Reinaldo Huete es supervisor de calidad de la la fabrica de extraccción de aceite de palma africana Dinant, en el valle de Leán. Reinaldo abandonó la lucha de su padre por necesidad, para sacar adelante a su familia, dice. Él gana unos 15,000 lempiras al mes APROXIMADO EN DÓLARES incluidas las horas extras, que le sirven para darle educación y alimentación de calidad a sus hijos. / Foto El Faro: Víctor Peña

Reinaldo Huete es supervisor de calidad de la la fabrica de extraccción de aceite de palma africana Dinant, en el valle de Leán. Reinaldo abandonó la lucha de su padre por necesidad, para sacar adelante a su familia, dice. Él gana unos 640 dólares al mes incluidas las horas extras, que le sirven para darle educación y alimentación de calidad a sus hijos. / Foto El Faro: Víctor Peña

 

Un batallón del ejército liderado por Galindo ejecutó a los campesinos. Este crimen, como es costumbre en Honduras, está impune.

Treinta años antes de la masacre de El Astillero, en 1962, el gobierno hondureño había promulgado la Ley de Reforma Agraria. Esta ley permitía el uso de tierras nacionales para cultivos, y una década más tarde fue reforzada con otra ley que prohibió a las cooperativas vender las tierras adjudicadas. Esas leyes impedían la concentración de tierra en pocas manos. En 1991, cuando asesinaron a Felipe Huete, Honduras preparaba la contrarreforma agraria de 1992, un proceso en el que muchos de los campesinos se quedaron sin sus tierras (vendiéndolas, o siendo despojados de ellas con maniobras oscuras). Una decisión política neoliberal para promover la inversión empresarial.

Fueron esas maniobras amparadas por el Estado las que permitieron la actual distribución del mercado de la palma africana en Honduras. Un 0.5 % de los productores –los grandes- controlan la mitad  (casi el 46%) de la palma sembrada, según estimaciones del Gobierno. Algunas cooperativas, como Coapalma y Hondupalma, sobrevivieron a la contrarreforma y controlan ahora un 19 % de la producción de aceite. Lo hacen, además, sacando pecho de su modelo de sostenibilidad.

Esa contrarreforma devino en una estrategia nacional: el negocio de la palma como salvoconducto al desarrollo. Las empresas han sabido evangelizar a los agricultores, prometiendo bonanzas, tesoros, creando hordas de palmeros. Aquellos que no logran entrar al negocio se asfixian. Eso le pasó a Reinaldo Huete, el rebelde que claudicó.

 

Representación de la muerte del líder campesino Felipe Huete, quien fue asesinado el 3 de mayo de 1991, durante la contrareforma agraria de Honduras, que puso en conflicto a campesinos y terratenientes. Junto a Felipe fueron asesinados Siriaco Huete, Cruz Chacón, Salomón González y Martín Huete. Los cuerpos descansan en la iglesia católica Mártires del Astillero, en la comunidad El Astillero, que antes tenía el nombre de Aguas Calientes. La comunidad está ubicada a 100 metros de la planta procesadora de Dinant, ubicada a las orillas del río Lean, en el Valle de Lean, municipio de Arizona, Atlántida, Honduras. / Foto El Faro: Víctor Peña

Representación de la muerte del líder campesino Felipe Huete, quien fue asesinado el 3 de mayo de 1991, durante la contrareforma agraria de Honduras, que puso en conflicto a campesinos y terratenientes. La comunidad está ubicada a 100 metros de la planta procesadora de Dinant, ubicada a las orillas del río Lean, en el Valle de Lean, municipio de Arizona, Atlántida, Honduras. / Foto El Faro: Víctor Peña

 

Así como la palma impide que otros cultivos crezcan cerca de ella, la economía palmera complica la existencia a aquellos que pretenden vivir al margen. Agobiado por las deudas, porque el cultivo de cualquier otra planta que no sea palma africana no produce beneficios ni sustento, en octubre de 2010 Reinaldo terminó trabajando para un terrateniente. Desde hace seis años es supervisor para Dinant en El Astillero. Dinant había conquistado a un líder comunal.

“Medio mundo sabe que no va a salir adelante haciendo agricultura”, dice. Él recuerda con agrura su última cosecha de maíz. Usa los dedos de las manos para hacer cuentas. “Salí para atrás. Aquí es bueno para sembrar maíz, pero mercado no tenemos, entonces estamos fregados”,  dice.

Hoy Reinaldo ataja cada balón que Alejandrina Aguilera, la catequista, dispara. Cuando ella denuncia que las plantaciones de palma han elevado la temperatura, por la devastación del bosque natural, Reinaldo dice que solo se han cambiado los potreros por palma, pero que “siempre está verde”. Cuando la ambientalista denuncia que la deforestación ha incrementado los desbordes del río Leán, Reinaldo responde que eso siempre ha sucedido. Si la catequista menciona que hay un mal olor en la comunidad, Reinaldo dice que mal olor siempre ha habido, solo que antes era de ganado, y ahora proviene de un sistema de fertilización y riego que, aunque huela mal, está certificado.

 

En el río Leán, en el Valle de Leán, una sustancia viscoza se mezcla con las aguas del río. La sustancia proviene de un quinel de la planta Dinant, ubicada en la comunidad El Astillero, municipio de Arizona, Honduras./ Foto El Faro: Víctor Peña

En el río Leán, en el Valle de Leán, una sustancia viscoza se mezcla con las aguas del río. La sustancia proviene de un quinel de la planta Dinant, ubicada en la comunidad El Astillero, municipio de Arizona, Honduras./ Foto El Faro: Víctor Peña

 

En la arenilla que hay a la orilla de un riachuelo contiguo a la planta Dinant se forma una emulsión brillante, una mezcla viscosa que se asemeja al agua con aceite.  Carlos, un cayuquero de 16 años, dice que la comunidad ha renunciado a bañarse río abajo por la contaminación. Pero Reinaldo lo niega todo. “Aquí no hay ninguna cuestión que se tire al río”, dice, antes de plantear que quizá aquella emulsión era aceite expulsado por la fruta que se agolpa en los camiones transportadores. Cuando se le pregunta por el humo blanco que la planta expulsa, dice que la caldera se ha profesionalizado con miras a la certificación, de forma que eso es “humo purificado”. La plática con Reinaldo se diluirá en un discurso de buenas prácticas empresariales y de cómo Facussé “no es el monstruo explotador” que muchos creen.

—Si su padre viviera, ¿qué cree que le diría?

—De repente, viéndolo desde aquí al tiempo, me diría que por qué vendí la tierra.

—¿Se lo reclamaría?

—Yo le diría a él que qué hago entonces con la tierra si no voy a producir para mantener a mis hijos. Si yo me quedo con la tierra, no pongo a estudiar a mis hijas.

El Progreso sin agua

Hay una caseta de peaje en San Manuel, entre San Pedro Sula, considerada la ciudad más importante de la economía hondureña, y El Progreso, la primera estación de la ruta palmera antes del litoral Atlántico. Los hondureños denuncian que los peajes son ilegales, pero el gobierno defiende los socios público- privados que los administran. La decisión final está en manos de una Corte Constitucional que ya permitió al presidente Hernández reelegirse, aunque la Constitución lo prohibía. Mientras tanto, en la caseta de San Manuel ocurren pequeños actos de rebeldía a diario. Arengados por activistas con altavoces y micrófonos, miles de conductores se saltan a la fuerza el pago de 19 lempiras (casi un dólar).

Honduras es un país lleno de gente que, si puede, se saltará las trancas impuestas por el Estado. Lo hacen los conductores que atraviesan el peaje de San Manuel, lo hacen las grandes empresas palmeras y los pequeños productores expandiendo las fronteras de sus cultivos. Lo hace el Estado con sus jueces y fiscales ambientales pasivos, los gobiernos municipales permisivos, todo con la justificación de incentivar una industria que produce cientos de millones de dólares. Pero llega un punto en que, de tanto empujar y saltar trancas, el equilibrio se rompe. Así es que El Progreso se está quedando sin agua.

El Progreso descansa bajo la sierra Mico Quemado, un área protegida desde 1994. Enrique Gámez Panchamé, aliado de la Fundación Mico Quemado, es uno de los que mejor conoce las condiciones de la sierra. Este hombre de 75 años es dueño del hotel Casa Blanca y es un ambientalista empedernido que viste como un guardabosque.

Gámez Panchamé recita las especies de árboles que poblaban las montañas de Mico Quemado cuando él era un niño: “teca, el indio, eso abundaba allá, el caoba...”. Recita de memoria más de diez especie nativas antes de revelar su principal preocupación. El río Pelo, que abastecía a la mitad de los progreseños,  ha perdido el 80 % de su caudal. “Progreso se ha visto obligado a hacer perforaciones en el valle para poder sobrevivir. Ahora estamos alimentándonos en más del 60 % del agua que consumimos de pozos subterráneos”, dice.

La Fundación Mico Quemado atribuye el problema a la deforestación: hay 69 comunidades viviendo en la sierra, unas 40 mil familias. Se talan árboles para ocupar leña, para crear pequeños cultivos y, por supuesto, para sembrar palma africana. La sierra Mico Quemado, una zona productora de agua, no soporta la carga palmera: una planta adulta puede consumir entre 25 y 30  litros al día y genera condiciones para la erosión. El gobierno hondureño lo sabe. En 2014, el presidente Hernández ordenó militarizar la montaña para detener la tala. Dos años después, en un recorrido de cuatro horas por la sierra no encontramos a un solo soldado.

“Nadie le va a dar un voto a un político por estar protegiendo un bosque. Ellos son felices hablando de la pobreza, tú lo sabes, es la materia prima de los políticos”, dice Gámez Panchamé.

Sembrar contracorriente

A mitad de la sierra Mico Quemado, en un sector conocido como Brisas del Norte, cuatro trabajadores cargan un camión con el fruto de la palma. Su jefe es Rómulo Guzmán, un hombre de 61 años que ya va de retirada en este negocio. Guzmán calza botas de hule, viste unos jeans desgastados, una camiseta azul y una gorra con los colores de la bandera hondureña. Se metió al negocio de la palma en 2010, cuando el precio de la tonelada de palma rozó los 180 dólares, el más alto en los últimos siete años.

 

Rómulo Burgos recoge junto a sus empleados el fruto de palma africana. Burgos es un agricultor de la la aldea Brisas del Norte, del municipio de Progreso, en el departamento de Yoro./ Foto El Faro: Víctor Peña

Rómulo Burgos recoge junto a sus empleados el fruto de palma africana. Burgos es un agricultor de la la aldea Brisas del Norte, del municipio de Progreso, en el departamento de Yoro./ Foto El Faro: Víctor Peña

 

A Rómulo le dio fiebre de palma, pero tras seis años consecutivos -sembrando 23 manzanas de palma- no contó con “el picudo”, nombre que los locales le dan a un insecto que ataca a las palmeras. Fue el picudo, y no una preocupación ambiental, lo que ha provocado su retirada. La fiebre por la palma continúa, pero a Rómulo le ha dado por sembrar cacao.

Sus mejores plantas están en unas laderas pronunciadas de la sierra. “Esto es una belleza. Estoy encantado”, dice. Vende a $1.60 la libra de cacao. Una persona puede cosechar mil libras en dos días. Dice que la siembra de cacao es más fácil que la palma, menos peligrosa, la planta está menos propensa a las enfermedades. Lo último en su lista de beneficios tiene que ver con el medioambiente. “Cuando la palma colapse, ya tengo la tortilla segura. Yo no quiero llegar a viejito con bordón y no tener nada. Mejor ahorita que todavía puedo luchar”, dice Rómulo.

Mientras avanzamos hacia la cúspide de la sierra, nuestro guía de la Fundación Mico Quemado se entretiene con Rómulo en una charla sobre buenas prácticas ambientales para sembrar cacao. Nosotros recordamos el augurio que depara a agricultores como Rómulo aquel ambientalista empedernido del hotel Casa Blanca.

“Tiene que haber una política de Estado, que involucre inversiones considerables y educación para la gente que vive en esas zonas. ¿Cómo les vas a decir que no sigan destruyendo? ¿De qué van a vivir?”, nos había dicho Gámez Panchamé, antes de despedirnos. “El cacao es atractivo, pero esa gente no sabe cómo cultivarlo, no tienen la materia prima, no tienen la semilla certificada, no tienen nada”, había dicho.

Desde la cima de la sierra se observa un tapete verde que lo cubre casi todo. Las plantaciones de palma solo son interrumpidas al fondo por una franja azul interminable. Es el Caribe. Hasta ahí no llegará la palma, a menos que los hondureños encuentren la forma de sembrarla en el océano.

 

Vista de la extensión de cultivo de palma africana, desde el sector de la aldea Brisas del Norte, en el municipio de Progreso, Yoro, Honduras. En primer plano se observan unos cultivos jóvenes de palma, a mas de 800 metros de altura, que es límite para la palma. Al fondo, la mancha verde, son plantaciones de palma que se extienden por el caribe hondureño./ Foto El Faro: Víctor Peña

Vista de la extensión de cultivo de palma africana, desde el sector de la aldea Brisas del Norte, en el municipio de Progreso, Yoro, Honduras. En primer plano se observan unos cultivos jóvenes de palma, a mas de 800 metros de altura, que es límite para la palma. Al fondo, la mancha verde, son plantaciones de palma que se extienden por el caribe hondureño./ Foto El Faro: Víctor Peña

 

 

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Centroamérica Tue, 25 Apr 2017 07:30:20 +0100 http://www.elfaro.net/es/201704/centroamerica/20080/Honduras-no-quiere-bosque-quiere-aceite-de-palma.htm
El cartel del azúcar de Guatemala Gabriel Labrador, Ximena Villagrán, Raúl Sánchez y Jimmy Alvarado http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_230_0_1084_569/images%7Ccms-image-000026554.jpg http://www.elfaro.net/es/201704/centroamerica/20091/El-cartel-del-azúcar-de-Guatemala.htm En Guatemala, 12 ingenios actúan como un oligopolio, un cartel con profundas conexiones políticas y cuyo poder suelen resentir las comunidades en el campo, revela una investigación de El Faro y eldiario.es. El cartel es el cuarto exportador de azúcar más grande del mundo y las autoridades sospechan que tienen prácticas de evasión al fisco, en gran medida, por el uso de offshores en paraísos fiscales. El 18 de julio de 2012, un abogado en Panamá y una asistente en Ciudad de Guatemala acordaron la creación de tres sociedades opacas para uno de los emporios azucareros del país. Fernando Díaz, de la firma panameña Mossack Fonseca, escribió a Mercedes Irving-Bell, asistente de María Eugenia Campollo, empresaria guatemalteca dueña de la planta de producción de azúcar, el ingenio Madre Tierra, para cerrar el trato: “Según lo conversado, estaríamos incorporando las compañías Roydon Trading Company, Wellon Sugar Commercial, American Trade Incorporated. Nos confirma y procedemos acordemente”, escribió Díaz. Al día siguiente, Irving-Bell dio la autorización: “Gracias Fernando, me parecen bien los nombres. Sds, M”.

Esa semana, Mossack Fonseca inscribió cada empresa en un paraíso fiscal distinto. Roydon Trading Company, en Panamá; Wellon Sugar Commercial, en Islas Vírgenes Británicas; American Trade Incorporated, en Bahamas. La actividad de Wellon Sugar Commercial “es el comercio del azúcar”, escribió otra ejecutiva de la empresa en otro correo.

Como ocurriría con las 214 mil sociedades creadas en paraísos fiscales con la ayuda de Mossack Fonseca, investigada internacionalmente por sus actividades, las empresas vinculadas al Grupo Campollo serían dirigidas por directores de fachada, de nacionalidad panameña. Ellos representarían los intereses de los hermanos Campollo: María Eugenia, Ramón, Ricardo y Rosa María.

Entre 2007 y 2015, el Grupo Campollo, dueño del ingenio Madre Tierra, creó 121 empresas offshore con un capital autorizado total de 282 millones de dólares. 47 sociedades están vinculadas al comercio del azúcar, con un capital que suma 113 millones. Madre Tierra está detrás del 7.2% del total de caña molida producida en Guatemala desde 1983. Es el séptimo productor, de los 12 que hay en Guatemala.

Guatemala es el segundo exportador de azúcar en Latinoamérica, después del gigante de Brasil. La industria guatemalteca no está exenta de violaciones laborales y daños al medioambiente que han sido denunciados en juzgados locales pero también ante instancias como Naciones Unidas o la Unión Europea. En la imagen, trabajadores cortan la caña en una porción de las 17 mil hectáreas de cultivo que tiene el ingenio Madre Tierra, propiedad de la familia Campollo, ubicado en el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, departamento de Escuintla. 

Guatemala es el segundo exportador de azúcar en Latinoamérica, después del gigante de Brasil. La industria guatemalteca no está exenta de violaciones laborales y daños al medioambiente que han sido denunciados en juzgados locales pero también ante instancias como Naciones Unidas o la Unión Europea. En la imagen, trabajadores cortan la caña en una porción de las 17 mil hectáreas de cultivo que tiene el ingenio Madre Tierra, propiedad de la familia Campollo, ubicado en el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, departamento de Escuintla. 

La creación de offshores en paraísos fiscales es legal aunque detrás de la práctica las autoridades sospechan que se busca evadir al fisco de los países en donde se concentra la actividad empresarial de los dueños de las compañías. En el caso del azúcar, que el negocio salga de las fronteras guatemaltecas contradice la identidad que la industria intenta proyectar cuando su logo y eslogan hablan del bienestar nacional. “Desarrollo para todos”, dicen los azucareros, que no tienen problemas en usar sociedades fuera de borda.

Además de las sociedades offshore de los Campollo, esta investigación encontró vínculos de otros nueve ingenios guatemaltecos con sociedades en paraísos fiscales. Los administradores, propietarios o empresas que participan como accionistas de los ingenios aparecen como directivos en empresas offshore. Esta actividad ha llamado la atención de las autoridades pero se declaran incapaces de fiscalizarla por estar fuera de las fronteras guatemaltecas.

Los azucareros son un grupo poderoso, tradicionalmente emparentado con el poder político, en un país con enormes problemas para recaudar impuestos de sus 2,100 mayores contribuyentes. Guatemala es el país con la menor recaudación fiscal de Latinoamérica. La autoridades reconocen que garantizar que “contribuyentes especiales” como la industria azucarera paguen lo que corresponde es, por ahora, imposible.

En Guatemala, hay expertos, exjefes de la Superintendencia de la Administración Tributaria (SAT), empresarios, empleados de ingenios y organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), de la ONU, que sostienen que la industria azucarera es un cartel a toda regla que se aprovecha de la debilidad estatal, un “oligopolio colusorio” porque varias empresas se comportan como una para tener una posición ventajosa en el mercado.

Desde 1983, siete familias han estado detrás del 88% de la caña molida en Guatemala: Los Herrera (ingenios Pantaleón y Concepción), los Leal (Magdalena), los Botrán (Santa Ana), Los García (La Unión), Los Weissenberg Campollo (El Pilar), los Campollo (Madre Tierra), los González Bauer - Hertzsch (Palo Gordo). Todas estas familias están vinculadas con sociedades en Panamá.

Los propietarios, administradores o directivos de 10 ingenios azucareros de Guatemala (de los 12 que hay activos) aparecen como directivos de empresas en paraísos fiscales. En este esquema se muestran las relaciones entre nueve ingenios y las empresas offshore. El décimo ingenio, Madre Tierra, es propiedad de los hermanos Campollo Codina que, según la filtración de correos electrónicos conocida como Panamá Papers, crearon una red de 121 sociedades fuera de borda. 

Los propietarios, administradores o directivos de 10 ingenios azucareros de Guatemala (de los 12 que hay activos) aparecen como directivos de empresas en paraísos fiscales. En este esquema se muestran las relaciones entre nueve ingenios y las empresas offshore. El décimo ingenio, Madre Tierra, es propiedad de los hermanos Campollo Codina que, según la filtración de correos electrónicos conocida como Panamá Papers, crearon una red de 121 sociedades fuera de borda. 

Que 10 de los 12 ingenios guatemaltecos estén relacionados directamente con empresas offshore casa a la perfección con el perfil de una industria que también ha financiado campañas de presidentes y diputados, que ha puesto funcionarios en puestos claves de Gobierno, bloqueado leyes como la que regula el uso del agua, o promovido otras como una que reducirá el pago de impuestos sobre el azúcar que se exporta y otros productos agrícolas. Y el Estado responde siempre que se declara incapaz para fiscalizar la industria como debería.

Durante dos meses se buscaron entrevistas con las 12 empresas azucareras para que detallaran sus vínculos con el poder, sus conflictos laborales y medioambientales y el uso que dan sus administradores a empresas offshore. A excepción de Madre Tierra, el resto de ingenios guardó silencio.

La respuesta de Madre Tierra fue tajante: “No tenemos ningún interés en llevar a cabo dicha entrevista, debido a que la empresa es de carácter PRIVADO y como tal sus operaciones tanto comerciales y mercantiles son de su exclusiva CONFIDENCIALIDAD Y COMPETENCIA (sic)”, escribió en un correo electrónico el abogado de la empresa, Marvin Sandoval.

Entre noviembre y febrero, todos los años, la costa sur en Guatemala recibe alrededor de 30 mil cortadores. Son los meses de zafra, los más importantes de la industria que aporta el 3% de la economía nacional. Guatemala se ha hecho un nombre internacional gracias a su azúcar: es el cuarto más grande exportador en el mundo. En la imagen, el Ingenio Tululá, una de las 12 plantas activas de Guatemala, en el departamento de Suchitepéquez, en la costa sur. /Foto El Faro: Víctor Peña

Entre noviembre y febrero, todos los años, la costa sur en Guatemala recibe alrededor de 30 mil cortadores. Son los meses de zafra, los más importantes de la industria que aporta el 3% de la economía nacional. Guatemala se ha hecho un nombre internacional gracias a su azúcar: es el cuarto más grande exportador en el mundo. En la imagen, el Ingenio Tululá, una de las 12 plantas activas de Guatemala, en el departamento de Suchitepéquez, en la costa sur. /Foto El Faro: Víctor Peña

Las offshore de Moncho, Richard, Rosita y Magena

Madre Tierra comenzó a cultivar caña de azúcar en 1963, y desde la zafra 1982-1983 ha molido 35 millones de toneladas de caña, según el Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación del Azúcar (Cengicaña). Los Campollo también tienen ingenios en Costa Rica y República Dominicana, inversiones en petróleo, palma africana, etanol, generación de electricidad, y bienes raíces.

MT Holdings Capital INC, una sociedad en Islas Vírgenes Británicas, ejerce la propiedad sobre el ingenio en una red de empresas que se explica mejor si se tiene en mente a la matrioska, la muñeca rusa que en su interior guarda otra muñeca, que a su vez guarda otra muñeca… Madre Tierra es propiedad de Central Agro Industrial Guatemalteca S.A. (Caigsa). Esta, a su vez, es propiedad de dos empresas panameñas: Gran Flora Internacional S.A. y Perlino Internacional S.A. Y ambas son hijas de MT Holdings Capital INC.

Los hermanos Campollo son accionistas de esta holding, según los correos de Mossack Fonseca. Un documento muestra que el 13 de febrero de 2009 la holding entregó 12,500 acciones a cada uno de los hermanos, a “Moncho”, “Richard”, “Rosita” y “Magena”, como les llama, según los correos, el abogado de la familia, José Buitrón. “Magena” es María Eugenia Campollo, aquella empresaria cuya asistente se comunicaba con el abogado de Mossack Fonseca para pactar el nacimiento de tres offshore.

MT Holdings Capital INC es la segunda offshore más grande de los Campollo. Tiene un capital autorizado de 55 millones de dólares, según los Panamá Papers, una serie de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung y analizados por más de 100 medios informativos de todo el mundo, entre ellos El Faro, como parte de una investigación de casi un año coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Diego Velasco (28) es un trabajador temporal del ingenio Madre Tierra, propiedad de los hermanos Campollo, y que está ubicado en el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, departamento de Escuintla. Cerca de 30 mil cortadores son contratados en tiempos de zafra, y algunos no llegan a ganar el salario mínimo. Diego es afortunado: dice ganar 11 dólares al día por una jornada de 12 horas. /Foto El Faro: Víctor Peña

Diego Velasco (28) es un trabajador temporal del ingenio Madre Tierra, propiedad de los hermanos Campollo, y que está ubicado en el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, departamento de Escuintla. Cerca de 30 mil cortadores son contratados en tiempos de zafra, y algunos no llegan a ganar el salario mínimo. Diego es afortunado: dice ganar 11 dólares al día por una jornada de 12 horas. /Foto El Faro: Víctor Peña

La tarde del 25 de abril de 2013, el abogado de Mossack, Fernando Díaz, escribió un correo a la asistente de “Magena” Campollo que confirma que uno de los ingenios más grandes de Guatemala hace uso de offshores para la compra y venta de azúcar en el mercado internacional.

Díaz necesitaba actualizar los datos generales de dos sociedades de los Campollo: Alkins Sugar Trading Limited y Jenlick Trading Limited, con domicilio en Islas Vírgenes Británicas. “Quería preguntarle con relación a estas dos compañías trading, si me puede mencionar 1 o 2 países con los que estaría haciendo negocio”, escribió el abogado Díaz a la asistente Irving-Bell. Un día después, la respuesta fue: “Fernando: sería Guatemala y República Dominicana hasta ahora. Sds m”.

En los correos de Díaz, aparece dibujada de esta manera la actividad Jenlick Trading Limited: “La sociedad se dedica a la intermediación de transacciones para negocios relacionados con la compraventa de azúcar en Centroamérica, Europa y Asia”, según escribió el abogado. La misma actividad se redactó para Alkin Sugar Trading Limited.

Otro documento de Mossack Fonseca, de agosto de 2011, muestra cómo la estructura de las sociedades de los Campollo termina en fundaciones con nombre sugerentes: Fundación Jesús en ti confío, Fundación El niño Jesús, Elwood Foundation, Izabal Foundation.

Las fundaciones en Panamá, un paraíso fiscal, no tienen un dueño y pueden ser propietarias de cualquier activo y encubren mucho más a sus beneficiarios finales. Por ejemplo, el reglamento de la Fundación Niño Jesús, creada en 2008, tiene como beneficiaria de todos sus activos a María Eugenia Campollo y como sustitutos a sus hijos.

Otro uso que los Campollo dan a sus offshore es la suscripción de préstamos. Gala Assets Corporation, sociedad panameña propiedad de los Campollo dedicada a la generación de energía y a negocios de azúcar, estaba tramitando un préstamo con el banco guatemalteco GyT Continental por 75 millones de dólares a principios de 2015. Un correo del 5 de febrero de 2015, muestra que la empresa del ingenio Madre Tierra, Central Agro Industrial Guatemalteca y sus dueñas offshore iban a garantizar el 73% del préstamo con su propio capital.

Esta tabla muestra todos los ingenios que han estado detrás de la producción del azúcar en Guatemala desde 1982 y el porcentaje de la caña molida de la que son responsables. Desde 2015, hay 12 empresas activas. Fuente: Cengicaña

Esta tabla muestra todos los ingenios que han estado detrás de la producción del azúcar en Guatemala desde 1982 y el porcentaje de la caña molida de la que son responsables. Desde 2015, hay 12 empresas activas. Fuente: Cengicaña

Azúcar marca offshore

Así como los Campollo y su telaraña de 121 sociedades en paraísos fiscales, representantes o administradores de otros nueve ingenios guatemaltecos aparecen vinculados a 31 empresas domiciliadas en Panamá, según lograron documentar eldiario.es y El Faro.

De todas las refinerías de azúcar en Guatemala, las únicas de las que esta investigación no ha encontrado vínculos con paraísos fiscales son los pequeños ingenios de La Sonrisa y Santa Teresa, que desde 1983 sólo han aportado el 0.5% de la molienda de caña, unas 2.2 millones toneladas.

Al otro lado del espectro, dos corporaciones (grupo Pantaleón-Concepción e Ingenio Magdalena) que han controlado alrededor del 47% de la producción de caña en Guatemala en los últimos cinco años son las que tienen más vínculos con paraísos fiscales, según se descubrió. El grupo Pantaleón es un gigante construido hace 147 años y que en 1980 compró al ingenio Concepción; y Magdalena, antes de dedicarse al azúcar en 1983, producía mieles para ron. Los nombres de las offshore relacionadas son similares al de las sociedades en Guatemala: Ingenio Magdalena S.A., The Pantaleon Group INC, Pantaleon Land Holding...

Los dueños de Pantaleón están vinculados a ocho empresas en Panamá y la matriz del grupo está domiciliada en Islas Vírgenes Británicas, según acredita un documento de la Comisión para la Defensa de la Competencia en Honduras. Pantaleón ha sido el máximo moledor de caña de Guatemala en las últimas tres décadas: 91.3 millones de toneladas, el 26% de la molienda total. Entre 2008 y 2010, el ingenio recibió dos préstamos del International Finance Corporation (IFC ), entidad del Banco Mundial, a través de su matriz en Islas Vírgenes, Pantaleón Sugar Holdings Company Limited, por 130 millones de dólares. Es decir, el Banco Mundial otorgó un crédito a una sociedad en un paraíso fiscal.

El 10% del territorio cultivable en Guatemala está lleno de caña de azúcar. Eso es tres veces el tamaño de la ciudad de Nueva York. La caña deja mejores réditos que cultivos como el café, y eso explica la sed por cultivarla. Los márgenes de ganancia en el mercado local y su exportación también son altos. Entre 2011 y 2016, el Estado guatemalteco recibió 708 millones de dólares en impuestos por parte de esta industria. En la imagen, un campo de caña en Nueva Cajolá, del municipio de Champerico, Retalhuleu. /Foto El Faro: Víctor Peña

El 10% del territorio cultivable en Guatemala está lleno de caña de azúcar. Eso es tres veces el tamaño de la ciudad de Nueva York. La caña deja mejores réditos que cultivos como el café, y eso explica la sed por cultivarla. Los márgenes de ganancia en el mercado local y su exportación también son altos. Entre 2011 y 2016, el Estado guatemalteco recibió 708 millones de dólares en impuestos por parte de esta industria. En la imagen, un campo de caña en Nueva Cajolá, del municipio de Champerico, Retalhuleu. /Foto El Faro: Víctor Peña

Hay ingenios cuyas offshore sirven para administrar los ingenios en Guatemala. Por ejemplo, el ingenio Trinidad, que se fusionó con la empresa San Diego en 2010, es arrendado por la sociedad Servicios Agropecuarios San Diego, y la dueña de esta, en un 50%, es otra en Panamá, denominada Santa Luisa International Group INC. Ninguna decisión como la suscripción de préstamos, contratos o la autorización para competir en licitaciones puede efectuarse sin aprobación de la offshore.

De los ingenios investigados, sólo se pudo tener detalles de las sociedades creadas para los Campollo, quienes resultaron afectados con la filtración de los correos de Mossack Fonseca. El resto de familias crearon sus firmas offshore con otros bufetes.

El monstruo que lo aplana todo

Si pudieran juntarse todas las plantaciones de caña en Guatemala, esa gran masa de tierra equivaldría a tres veces la ciudad de Nueva York. Es un monstruo verde de unos 2,687 kilómetros cuadrados, el 10% del área cultivada de Guatemala que supura injusticias sociales y violaciones laborales.

El cultivo de azúcar en Guatemala está poco industrializado. Las plantas de la caña, que pueden alcanzar los cinco metros de altura y consumen altas cantidades de agua, crecen durante aproximadamente seis meses en las fincas. La zafra o cosecha empieza con la quema de las plantaciones para debilitar el tallo de la caña, hacer más eficiente el corte y ahuyentar a los animales.

Tras la quema, miles de trabajadores entran a los terrenos y cortan con machetes las plantas mientras se llenan del hollín producido por el fuego. Cargan la caña y la llevan al punto de recolección, en largas jornadas de trabajo, algunas veces sin acceso a fuentes de agua o servicios sanitarios. La caña es transportada a los ingenios en “jaulas” a bordo de grandes camiones. Es en los ingenios donde se procesa la planta y se produce el azúcar y todos sus derivados.

Guatemala es un país donde la producción de azúcar es de bajo costo, comparado al resto del mundo. En parte, se explica por la mano de obra barata pero también por la cercanía entre ingenios, carreteras y puerto de exportación. En la Finca Cocales, municipio de Patulul, Suchitepéquez, camiones transportan la caña que terminará molida en el ingenio Palo Gordo. /Foto El Faro: Víctor Peña

Guatemala es un país donde la producción de azúcar es de bajo costo, comparado al resto del mundo. En parte, se explica por la mano de obra barata pero también por la cercanía entre ingenios, carreteras y puerto de exportación. En la Finca Cocales, municipio de Patulul, Suchitepéquez, camiones transportan la caña que terminará molida en el ingenio Palo Gordo. /Foto El Faro: Víctor Peña

Dos oficinas del gobierno de Estados Unidos califican a Guatemala como un país azucarero “de bajo costo”, lo cual se explica porque los ingenios han “fracasado” en el cumplimiento de las leyes laborales , según la agencia de tratados comerciales de la Casa Blanca.

En toda la industria, los sindicatos han desaparecido menos uno en el ingenio Palo Gordo, el octavo productor de caña molida, según datos de 2016.

Las denuncias medioambientales tampoco se hacen esperar. Entre 2012 y 2016, el ministerio de Medio Ambiente recibió 38 denuncias contra nueve ingenios, la mayoría de ellas relacionadas a la contaminación de agua.

El atropello medioambiental es proporcional a los réditos económicos que genera la producción de azúcar, opina Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas). “¿Quién no va a ser competitivo si el Estado le da subsidios indirectos cuando no cobra por el agua que usan? ¿Quién no va a tener esa rentabilidad si no han dejado que tengamos la ley general de aguas?”, cuestiona Melini, excandidato presidencial de un movimiento de izquierda.

El río Madre Vieja, uno de los más grandes de la costa sur de Guatemala es desviado frecuentemente para alimentar las plantaciones caña.

La industria azucarera guatemalteca representa el 3% de la economía total, unos 1,900 millones de dólares al año, según los propios azucareros, y eso en una nación en desarrollo no es poca cosa. La economía del azúcar en Guatemala es del mismo tamaño que el PIB total de Belice, su vecino. Hay 25 países con economías más pequeñas que la riqueza producida por el azúcar guatemalteco.

Los responsables de esta economía boyante son 12 ingenios activos que se distribuyen a lo largo de cuatro departamentos de la costa sur. Cogobiernan con un poder paralelo al de medio centenar de municipalidades. A veces sustituye al poder local, por ejemplo, en la salud donde sus clínicas atienden más de 50,000 consultas al año o en la educación donde sus escuelas preparan a más de 10,000 maestros en matemáticas.

Los movimientos del monstruo a veces son grandes y torpes y terminan causando desastres. Cuando eso ocurre, las comunidades se levantan, intentan hacerle frente, pero nunca ganan. La costa sur de Guatemala ha estado salpicada de estallidos sociales en los últimos años. Por el uso del agua, por la contaminación, por daños a la propiedad.

En enero de 2014 una comunidad de la etnia mam, en Nueva Cajolá, Champerico, amenazó con quemar los camiones cañeros que atravesaban y deterioraban la calle comunal. Los camiones eran del ingenio Magdalena, que produjo la cuarta parte de todo el azúcar guatemalteco en la última década. Lo que colmó la paciencia de la gente fue cuando derribaron postes y un cerco con el objetivo de acortar el camino. El intento de revuelta y protesta de los mam fue resuelto sin diálogos, pero con poder. En Guatemala nada detiene a la industria, que ha construido 250 mil kilómetros de calles internas dentro de sus propiedades para evitar a comunidades como la de Nueva Cajolá.

Rosalío López López (44) vive en el reasentamiento de Nueva Cajolá, en el municipio de Champerico, Retalhuleu. La contaminación de los ríos aledaños lo impulsó a organizar a esta comunidad, de la etnia mam, para exigirle los ingenios mesas de diálogo. En algún momento, como en enero de 2014, usaron medidas extremas para darse a respetar: amenazaron con quemarle los camiones a un ingenio si estos seguían pasando por la calle vecinal y si no reparaban un cerco que ellos habían roto. /Foto El Faro: Víctor Peña.

Rosalío López López (44) vive en el reasentamiento de Nueva Cajolá, en el municipio de Champerico, Retalhuleu. La contaminación de los ríos aledaños lo impulsó a organizar a esta comunidad, de la etnia mam, para exigirle los ingenios mesas de diálogo. En algún momento, como en enero de 2014, usaron medidas extremas para darse a respetar: amenazaron con quemarle los camiones a un ingenio si estos seguían pasando por la calle vecinal y si no reparaban un cerco que ellos habían roto. /Foto El Faro: Víctor Peña.

Negocios intocables

Entre 2011 y 2016, los azucareros entregaron en impuestos unos 708 millones de dólares por la producción de azúcar y de productos relacionados como la melaza. Pero el Estado no sabe decir si esa es la cantidad real en impuestos que le corresponde tributar a la industria.

“Solo haciéndoles una auditoría se puede saber si los azucareros pagan todos sus impuestos”, dice Abelardo Medina, exjefe de la Superintendencia de la Administración Tributaria (SAT). El actual jefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa lo dice claro: “No tenemos todas las herramientas para controlar la tributación del sector”.

“No me gustaría generalizar en decir que todos nos defraudan porque no es cierto, y tampoco puedo decir todos son los mejores exportadores porque tampoco es cierto”, añade.

Una base de datos de procesos judiciales, creada para esta investigación, muestra que ocho ingenios están involucrados en 78 procesos tributarios. El que tiene más es el ingenio Pantaleón con 25 casos, seguido del ingenio Magdalena, con 15. El acceso al contenido de estos casos es secreto en Guatemala.

Los antecesores de Solórzano Foppa en el cargo y un técnico que conoce del trabajo de los ingenios aseguran que la industria azucarera hace uso de empresas offshore para reducirse el pago de impuestos mediante procedimientos legales.
 
Los ingenios suelen utilizar las offshore como intermediarias ante el cliente final del lote de azúcar que venderán. De esa manera se abre la oportunidad de reducir el pago de impuestos sobre las rentas gravadas. Esto porque la factura que se reporta al Estado podría tener un monto o precio menor al que se acordó la compraventa de azúcar con el cliente final.

El exsuperintendente tributario Abelardo Medina, señala la posibilidad de elusión: “No es ningún secreto: lo que se utilizan son empresas subsidiarias, matrices, filiales, para disfrazar los negocios de las empresas en el extranjero y evitar el pago de impuestos. Simple”, dice.

Al viceministro de comercio exterior, Eduardo Lacs, se le consultó si la oficina del ministerio de Economía que está destacada permanentemente en las oficinas de Expogranel tiene una manera de controlar que no se le oculte al Estado los negocios de los exportadores. Expogranel es la empresa creada por los azucareros en los años 90 para tramitar las exportaciones y manejar las bodegas en Puerto Quetzal, el único puerto guatemalteco que exporta azúcar. “No nos compete el control de precios de transferencia u otros controles con fines fiscales. De esto se encargan las instituciones correspondientes, entre ellas la SAT”, respondió. Este periódico también buscó a Expogranel durante dos meses para una entrevista con el gerente Marcos Chang, pero nunca hubo respuesta.

El cultivo de caña es una carrera por la eficiencia. Por las limitaciones de espacio en Guatemala, a los 12 ingenios no les queda de otra que buscar cómo producir más azúcar con menos caña cultivada. Parte de las mejoras en el proceso incluye el riego con madurantes como la vinaza, un derivado del etanol, que aumenta la producción de azúcar. El factor negativo es que su olor contamina el aire y las comunidades de la costa sur se quejan por la contaminación de los mantos acuíferos. Este es un terreno contiguo al ingenio Palo Gordo, en Suchitepéquez./Foto El Faro: Víctor Peña

El cultivo de caña es una carrera por la eficiencia. Por las limitaciones de espacio en Guatemala, a los 12 ingenios no les queda de otra que buscar cómo producir más azúcar con menos caña cultivada. Parte de las mejoras en el proceso incluye el riego con madurantes como la vinaza, un derivado del etanol, que aumenta la producción de azúcar. El factor negativo es que su olor contamina el aire y las comunidades de la costa sur se quejan por la contaminación de los mantos acuíferos. Este es un terreno contiguo al ingenio Palo Gordo, en Suchitepéquez./Foto El Faro: Víctor Peña

El jefe de la SAT, Solórzano Foppa, señala en la entrevista limitantes para investigar:

—Las transacciones comerciales que los azucareros nos reportan se realizan con entidades fueras del país. Ese modelo se puede usar para defraudar y es una de las formas en las que no podemos acceder a la información.

—Si sacamos las facturas por las exportaciones de azúcar, ¿encontraríamos que la mitad de la azúcar se vende a paraísos fiscales en lugar de a los países clientes que dice el ministerio de Economía?

—No dudo que así sea. También la forma de exportación es muy distinta a la dirección de donde va finalmente el producto. Pero insisto, se dan transacciones válidas y hay una razón de ser comercial y financiera de por qué se necesitan offshore y otras herramientas. Ahora que la SAT tenga todas las armas para poderlo controlar no es cierto.

“Un cartel a toda regla”

Depende de a quién se le pregunte, la industria azucarera de Guatemala puede ser un cartel o un oligopolio, o bien nada parecido a eso sino solo una industria con un esquema de negocios sumamente eficiente y rentable.

Quienes sostienen que la industria del azúcar en Guatemala es un cártel son la Comisión Económica para América Latina (Cepal), dos exjefes de la SAT, un director de la Fundación para el Desarrollo Económico (Fundesa), y diversos investigadores y organizaciones como el Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, y la Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop). Para ellos, se trata de una industria en la que varias empresas actúan como una sola, se ponen de acuerdo para fijar precios y para otros aspectos del negocio, aprovechándose de una posición de poder en el mercado.

La Cepal lo tiene claro desde el año 2006. La institución concluyó que la industria del azúcar es engranaje casi perfecto en el que las partes de la cadena productiva se ponen de acuerdo desde el cultivo hasta la distribución. Y en el que “los ingenios funcionan como un cártel de distribución dentro del cual no hay competencia de precios”, dice el informe.

En Guatemala, pese a que existen 12 ingenios, no hay 12 marcas distintas de azúcar compitiendo en el mercado. Todos los ingenios mandan su grano molido a una única empresa, Máquinas Exactas, S.A., para su empaque y fortificación con vitamina y aquí es donde se distribuye al mercado en envoltorios de media docena de marcas.

“Somos socios para el bien del consumidor. El etiquetado, el peso exacto, todas esas son políticas llevadas de la mano con el ministerio, solicitadas por el ministerio”, justifica el vicepresidente de Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua), Armando Boesche. Cuando se le quiere hacer preguntas a los voceros de los ingenios, ellos responden que en su nombre solo habla Asazgua, que decide cuánta azúcar le toca producir a cada ingenio, es decir, controla la oferta en el mercado interno y controla el precio.

Boesche lo explica así: “El único control por razón constitucional es la exportación porque el ministerio de Economía y yo, como representante legal de Asazgua, debemos verificar que con cada exportación se esté cumpliendo con el abastecimiento del mercado nacional”, dice, tratando de matizar el poder que tienen para controlar el mercado.

El exjefe de la SAT, Abelardo Medina, tiene otra impresión del mercado del azúcar: “Como en nuestros países no tienen regulación apropiada, no hay una satisfacción del mercado interno porque primero exportan y sus excedentes los venden en el mercado local. Y como tampoco tienen competidor en el mercado, ponen el precio que quieran”.

De las 2.7 millones de toneladas de azúcar producidas entre 2015 y 2016 en Guatemala, el 27% se quedó en el mercado interno, según datos de Cengicaña. Y aquí otra característica del cartel es que el precio interno es sumamente rentable respecto de sus costos. Según la Cepal, los azucareros guatemaltecos compensan con las ventas internas lo que pierden cuando el precio de exportación está abajo. Asazgua se defiende diciendo que en Centroamérica, Guatemala es de los países que vende el azúcar más barato.

Expertos como Abelardo Medina sostienen que por la bonanza en el mercado interno los azucareros protegen la entrada de azúcar de otros países con medidas no arancelarias y la obligación de que todo el azúcar que entre a Guatemala esté fortificada con vitamina A. “Con eso no hay otro productor que pueda meter azúcar en el mercado local”, dice Medina.

Pero la verdadera mina de oro, sostienen todos los consultados para este reportaje, está en la exportación. Alrededor del 70% lo que se produce en Guatemala se envía a otros países. En 2015, los envíos de azúcar al mercado internacional sumaron 851 millones de dólares, según el ministerio de Economía. Esto es aproximadamente el 9% del presupuesto actual del gobierno de Guatemala.

Y hasta para exportar, el cartel azucarero también controla quién puede hacerlo y quién no. El requisito indispensable es ser accionista de Expogranel, la empresa de los azucareros que maneja las exportaciones de azúcar. El que no invierte en Expogranel, no exporta en el cuarto país que más exporta azúcar en todo el mundo. “( Es) un cartel en toda regla , con vía libre en un país donde la legislación de regulación de competencia lleva más de ocho años ‘congelada’ en el Congreso”, zanjaba un informe del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, IDEAR , de 2008. Nueve años después, la ley de competencia sigue siendo una deuda, y aun así, altos cargos del Estado se resisten a llamar al cartel del azúcar por su nombre.

“No tenemos elementos legales o económicos que puedan indicar que este sector es un oligopolio colusorio. “En nuestro país existen 15 productores y todos compiten en igualdad de condiciones en el mercado internacional”, respondió vía correo electrónico el viceministro de Comercio Exterior, Eduardo Lacs. En su respuesta Lacs incluía dos ingenios que se han fusionado con otros y un tercero que aún no está en funcionamiento.

La expansión del cultivo de caña en la costa sur ahoga a las comunidades más pobres. Unas 300 familias de la aldea Barrios I, del municipio de San Antonio, en Suchitepéquez, tienen un pleito legal con el dueño de una finca, sembrador de caña, que les ha restringido el paso en un camino vecinal. Para poder llegar al casco urbano, la gente debe usar otro camino, propiedad del ingenio Palo Gordo, al que ya han denunciado varias veces por contaminación. /Foto El Faro: Víctor Peña

La expansión del cultivo de caña en la costa sur ahoga a las comunidades más pobres. Unas 300 familias de la aldea Barrios I, del municipio de San Antonio, en Suchitepéquez, tienen un pleito legal con el dueño de una finca, sembrador de caña, que les ha restringido el paso en un camino vecinal. Para poder llegar al casco urbano, la gente debe usar otro camino, propiedad del ingenio Palo Gordo, al que ya han denunciado varias veces por contaminación. /Foto El Faro: Víctor Peña

Acabar con la competencia

El terrateniente y cultivador de caña José María Rodríguez Briz fue asesinado hace 25 años, el 23 de marzo de 1992 de un tiro en la cabeza, “en una emboscada” en su finca, según tituló el periódico local Prensa Libre. Originario de Cantabria, España, en los meses previos a su muerte enfrentó el rechazo de los ingenios guatemaltecos a su idea de abrir una nueva refinería de azúcar en el país, según contó a sus allegados. Rodríguez Briz proveía de caña a los ingenios de la costa sur y, en un momento, estos decidieron dejar de comprársela porque veían en él un serio y difícil competidor, con muchas tierras en Escuintla, departamento con la mayor área cultivada de caña.

Otras trabas la puso la banca: “José María encontró serias dificultades (…) también dentro del sistema financiero guatemalteco, muy ligado al azucarero, a la hora de obtener financiación para el nuevo negocio”, dice el excónsul honorario de Guatemala en Santander, España, Enrique Sánchez, cercano a la familia de Rodríguez Briz.

Los herederos de Rodríguez Briz, quienes se negaron a brindar una entrevista, se mudaron a Belice donde sí recibieron el apoyo que necesitaban, ahí fundaron Santander Sugar Group . “La familia era consciente de las dificultades para desarrollar el ingenio en Guatemala”, explica Sánchez, quien acompañó a la familia en el puerto de Santander, para el desembarque de 6 mil toneladas de azúcar de Belice en agosto de 2016.

“La industria azucarera en Guatemala está, casi en su totalidad, en manos de unas cuantas familias poderosas y acaudaladas, dominantes en el país, las que no ven con buenos ojos, como es lógico, el tener que repartir este negocio con nuevos ingenios”, dice Sánchez, familiar político de la familia Rodríguez. “La industria del azúcar es un círculo muy cerrado que no tolera, que no quiere que se amplíe con nuevos azucareros, y esos son los problemas que José María encontraba”, agrega.

El crimen nunca se resolvió, y aún hoy se sigue especulando sobre las causas de la muerte. El excónsul Sánchez se niega a señalar culpables, lo que dice sería una irresponsabilidad, pero dice que el rechazo de los ingenios a una nueva planta era el contexto dentro del cual se dio el asesinato de Rodríguez Briz. “Renunció… bueno, no renunció a su ilusión de poner un ingenio en Guatemala, no le dejaron terminar porque lo mataron”, dice.

Los bloqueos contra la competencia se repiten en el tiempo. En 2005, grandes cargamentos de azúcar provenientes de Cuba, acordados por el entonces presidente de Guatemala, Alfonso Portillo (2000-2004) fueron suspendidos cuando los azucareros así lo ordenaron. El vicepresidente de Asazgua, Armando Boesche, es uno de los que mejor puede contar aquella anécdota, ya que fue uno de los que ayudó a que la importación de azúcar cesara.

Guatemala consume el 30%, aproximadamente, del azúcar que produce, pero también importa el grano desde otros países. A principios de la década pasada, el entonces presidente Alfonso Portillo facilitó la importación de azúcar desde Cuba. El gráfico muestra la razón por la cual los azucareros guatemaltecos estaban molestos con esa decisión.

Guatemala consume el 30%, aproximadamente, del azúcar que produce, pero también importa el grano desde otros países. A principios de la década pasada, el entonces presidente Alfonso Portillo facilitó la importación de azúcar desde Cuba. El gráfico muestra la razón por la cual los azucareros guatemaltecos estaban molestos con esa decisión.

Los azucareros se oponían a aquella importación porque no habían participado del tratado negociado por el presidente Portillo; porque dicen que el azúcar cubana no venía fortificada con vitamina A, como lo ordena una ley que data de 1992. Esta ley también ordenó que se agregara yodo a la sal, para reducir enfermedades como la ceguera infantil y el bocio.

El azúcar cubano se vendía a un precio más barato de los controlados por Asazgua, además Cuba no pagaba aranceles, mientras que el azúcar que Guatemala enviaba a la isla sí lo hacía. “Pedíamos, como siempre, igualdad de condiciones, eso es todo”, dice Boesche.

Boesche viajó a Cuba a principios de 2005, cuando en Guatemala ya mandaba otro presidente: Óscar Berger Perdomo, quien está emparentado con azucareros. En Cuba, Boesche asegura que se reunió con el presidente del gabinete Ricardo Cabrizas, uno de los hombres más fuertes después de Fidel Castro. Según Boesche, Cabrizas le confesó que “aquí, un presidente vino y dijo que ustedes (en Guatemala) iban a tener escasez de azúcar y que iban a necesitar importar azúcar. Tú no le puedes negar, si un presidente dice que va a necesitar azúcar, el azúcar al presidente”.

Un empresario guatemalteco que participó de aquella importación de azúcar cubana asegura que las últimas importaciones fueron en tiempos de Berger. “Cuando ganó Berger en las elecciones de noviembre del 2003, recuerdo que esa noche los de Asazgua le subieron 20 quetzales (unos 2.50 dólares) al saco de 50 kilogramos, era la manera de decirnos que el candidato de ellos había ganado, y ya con eso nosotros teníamos que salir del mercado, no podíamos traer un barco arriesgándonos a no poder descargar”, dice.

Este empresario asegura que alejado de cualquier trama de corrupción (Portillo fue condenado en Estados Unidos por un millonario desvío de fondos donados a Guatemala por la república de Taiwán), la idea del expresidente era contrarrestar al cártel del azúcar y beneficiar al consumidor final. “Sabíamos que nos estábamos metiendo con uno de los grupos más poderosos”, dice.

Martín Quinilla (22) se toma un descanso durante la jornada de corte de caña de azúcar en las propiedades del ingenio Madre Tierra, en el departamento de Escuintla. Guatemala es considerado internacionalmente como un país productor de azúcar " border="0"/>

Martín Quinilla (22) se toma un descanso durante la jornada de corte de caña de azúcar en las propiedades del ingenio Madre Tierra, en el departamento de Escuintla. Guatemala es considerado internacionalmente como un país productor de azúcar "de bajo costo", en parte por su laxo cumplimiento a las leyes laborales. /Foto El Faro: Víctor Peña

Portillo se negaba a conceder cita a los azucareros y había permitido que el azúcar cubano se vitaminara estando en Guatemala. Pero meses después de que Berger asumiera la presidencia, su ministro de Salud cerró la torre fortificadora ubicada en la almacenadora del ejército, Alsersa. “Fue una decisión política, nada más, no hubo justificación, la voluntad política de importar azúcar de Cuba desapareció con Berger”, se queja el empresario.

Asazgua admite que bloqueó la importación de azúcar de Cuba, pero que lo hizo por salud pública. “Lo que pedíamos es que si va a entrar azúcar, que la fortifiquen, que la empaquen y que tenga un proceso”, dice María Silvia Pineda, de la Fundazúcar, el brazo social de la Asociación de Azucareros con la que impulsan las políticas de responsabilidad empresarial. “¡Si va a entrar azúcar que no deteriore la salud del pueblo”, añade, Boesche, el vicepresidente de Asazgua.

La tierra es para el cartel

Guatemala tiene el 3% de su territorio sembrado con caña. Hay departamentos de la costa sur que han transformado su paisaje por la expansión de la caña. Suchitepéquez, por ejemplo, que en siete años cambió el 40% de sus tierras cultivables para sembrar caña, según un estudio de la socióloga Katja Winkler.

Cuando Guatemala cerró 36 años de guerra con los Acuerdos de Paz de 1996, comenzó la pugna por la distribución de la tierra. Con la constante expansión de los monocultivos como el azúcar, la palma africana, el banano, el melón y el hule, la presión sobre la tierra creció. En 2002, el 1.5% de fincas concentraban el 62.5% de la tierra cultivable, según el censo agropecuario de aquel momento. Para 2008, más de 1,500 conflictos por la tierra se habían registrado en la Procuraduría de Derechos Humanos, y un escuálido Fondo de Tierras de Guatemala, sin dinero suficiente para comprar tierra a buen precio y distribuirla mejor, no ha podido mejorar el panorama.

Cuando campesinos sin tierra han querido tomarse fincas azucareras para vivir, como ocurrió en 2010 en el valle del Polochic, a unas tres horas al norte de la ciudad de Guatemala, la respuesta de los azucareros ha sido llamar a su aliado más poderoso: el Estado.

El Estado y la industria azucarera han tenido en Guatemala una estrecha relación. Ejemplo de ello fue el violento desalojo de 732 familias de la etnia q'eqchí, en el Valle del Polochic, en marzo de 2011, sin que se respetaran los derechos humanos, como lo sancionó la OEA. El desalojo ocurrió porque una familia azucarera iba a instalar un ingenio ahí. Entre los desalojados estuvo José Caac Pop (39), quien una mañana de 2017, hace sonar la corneta para reunir a sus vecinos de la finca Miralvalle, donde también hubo desalojos. José y otras 500 familias siguen esperando reubicación por parte del Estado. /Foto El Faro: Víctor Peña

El Estado y la industria azucarera han tenido en Guatemala una estrecha relación. Ejemplo de ello fue el violento desalojo de 732 familias de la etnia q'eqchí, en el Valle del Polochic, en marzo de 2011, sin que se respetaran los derechos humanos, como lo sancionó la OEA. El desalojo ocurrió porque una familia azucarera iba a instalar un ingenio ahí. Entre los desalojados estuvo José Caac Pop (39), quien una mañana de 2017, hace sonar la corneta para reunir a sus vecinos de la finca Miralvalle, donde también hubo desalojos. José y otras 500 familias siguen esperando reubicación por parte del Estado. /Foto El Faro: Víctor Peña

Uno de los casos más emblemáticos ocurrió entre el 14 y el 19 de marzo de 2011, cuando cerca de 750 familias fueron sacadas de sus viviendas por soldados, policías y guardias privados de seguridad en el valle del Polochic. Hubo quema de chozas, quema de cultivos para consumo doméstico, y el asesinato extrajudicial del campesino Antonio Beb Ac.

Detrás del desalojo estaba la familia Widmann, cuyo patriarca Carlos Widmann Lagarde es cuñado del expresidente Berger. Los Widmann querían mover su ingenio Guadalupe de la costa sur al norte, y los campesinos que se habían instalado en esas tierras se los impedían.

El episodio fue sancionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no cumplir el protocolo para desalojo de asentamientos, pero a la fecha el Estado guatemalteco no le ha respondido a las víctimas ni ha logrado reubicarlos con acceso a tierra.

La comunidad es de la etnia q’eqchí’, casi nadie habla español pero a través de un traductor explican que siguen esperando por la ayuda del Fondo de Tierras. Hasta ahora solo unas 150 familias, de las 750, han recibido una casa del Estado.Y por eso esta comunidad sin servicios básicos no piensa abandonar el lugar después de seis años del desalojo. No importa el hambre, no importa el frío, que no hay comida… no importa la pobreza. “Nos vamos a quedar aquí porque Antonio (Beb Ac) aquí murió, aquí derramó la sangre, entonces ya está pagada esta tierra por él”, dice José Caal, uno de los líderes de la comunidad.

Los q’eqchí’ se quedarán en esa tierra hasta que los verdaderos dueños lo permitan o hasta que el Estado los reubique de una vez por todas. Esa tierra sigue siendo y seguirá siendo de los Widman, del ingenio SER Chabil Utzaj, de un cartel de 1,900 millones que no se deja vencer por nada ni por nadie.

*Nota de la Redacción: En la versión original de este texto se publicó que la familia Molina estaba detrás del ingenio La Unión. Aunque José Molina Calderón es socio y ha sido representante legal del ingenio, la familia fundadora de La Unión es la familia García, herederos de José García Paniagua. A partir de 2000, el ingenio es dirigido por directores externos a la familia García.

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Centroamérica Tue, 25 Apr 2017 07:17:51 +0100 http://www.elfaro.net/es/201704/centroamerica/20091/El-cartel-del-azúcar-de-Guatemala.htm
Numerología extraordinaria de la violencia http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_757_505/images%7Ccms-image-000026544.jpg http://www.elfaro.net/es/201704/columnas/20299/Numerología-extraordinaria-de-la-violencia.htm Se cumplió este mes de abril un año desde la implementación de las medidas extraordinarias contra la delincuencia. Según los datos manejados por el Gobierno, El Salvador registró una caída importante de crimen durante este periodo extraordinario: de 22 a 14 homicidios diarios, entre abril de 2016 y marzo de 2017. Escuchamos además que 200 municipios vieron mejoras en sus cifras de homicidios, que cayeron en cerca de un 60% promedio. Las órdenes de captura, los arrestos y las incautaciones de armas aumentaron significativamente.

Pero la noticia me provoca sentimientos encontrados. Por un lado siento esperanza, alivio por que los salvadoreños vivamos menos crímenes, menos muertes. Por otro, me preocupa que se atribuyan logros de paz a medidas fundamentalmente represivas. Creer que la violencia engendra la paz es como hacer el amor para proteger la virginidad.

Además, no existen relaciones lineares de causalidad en el tema de violencia. Dos menos dos nunca es igual a cero cuando se trata de ejecutar políticas. Nuestro problema de violencia, o nuestra brecha de paz, es un sistema complejo en el que interactúan múltiples factores y existen varios puntos de entrada, de influencia, sobre esos factores

Comencemos por que los datos, aparentemente duros, son relativos. Por un lado se ha registrado una notable reducción de crimen; por otro lado, San Salvador aún es la capital global de los homicidios para 2016, según el análisis publicado por El Economista y el renombrado Instituto Igarape de Brasil.

Hay otros números que también deberíamos de tomar en cuenta para apreciar si la seguridad ciudadana, entendida como una expresión del nivel de paz en El Salvador, está al aumento o no en estos tiempos de medidas extraordinarias. Por ejemplo, ¿cuántos privados de libertad tenemos por cada 100,000 habitantes, y cuál es la tasa de hacinamiento en las cárceles? La respuesta es que en El Salvador hay 35,000 privados de libertad, y la tasa de hacinamiento fue de alrededor del 300% en 2016. Por decirlo de otra manera, hay 300 personas viviendo en el espacio que nuestras propias leyes estipulan que le corresponde a uno.

Otra cifra indicativa es el número de confrontaciones entre los cuerpos de seguridad y supuestos delincuentes o pandilleros: en 2016 aumentaron de 514 a 650, lo cual pudiera verse con buenos ojos desde una lógica de combate armado al crímen, aunque esos enfrentamientos dejaron un alarmante saldo de más de 600 muertos, un aumento del 111% en comparación con 2015.

O el número de personas desaparecidas. O el de violaciones sexuales. Y no olvido los cerca de 50 policías que murieron de forma violenta en el mismo periodo. Son cifras que apuntan al agudizamiento de una guerra, no a los inicios de una paz.

En medio de tal complejidad, la sencillez con que las autoridades explican los resultados de sus medidas extraordinarias cimenta en la imaginación publica la noción de que las medidas visibles son inmediatamente efectivas, a pesar de que las investigaciones indican que, en cualquier parte del mundo, son los esfuerzos menos visibles y de larga duración los que producen resultados profundos y sostenibles para la seguridad ciudadana.

Es curioso cómo, década tras década, las conferencias de prensa se vuelven un deja vu: cambian los hombres y las banderas, pero las monótonas palabras siguen articulando formulas sencillas de manos duras, súperduras y tiempos extraordinarios que se vuelven ordinarios. Aplaudimos resultados que son nada más la punta del iceberg. No hacemos cálculo del impacto de estas medidas sobre el resto del sistema. No sabemos el monto de la factura que nos pasará el país más adelante.

Hay otros modelos. El índice de Paz Positiva, producido por el Institute for Economics and Peace aborda la paz con un enfoque de sistema: asume que la paz es como un organismo dentro del cual existen ocho pilares fundamentales en interacción simultánea. Las dinámicas positivas entre esos factores (que incluyen la calidad de gobierno, el clima de negocios, la distribución de recursos, el respeto a los derechos humanos, las relaciones con otros países, el acceso a la información, el capital humano y los niveles de corrupción) generan un grado de paz que refuerza además muchos otros aspectos de una sociedad exitosa. En este índice, El Salvador ocupa el puesto 66 de 160 países, con una calificación de “baja” paz positiva. Por cierto, el plan El Salvador Seguro también aplica un abordaje “sistémico” a la materia.

Más allá del saldo de la actual guerra, a los salvadoreños nos puede interesar saber si los números propios de una sociedad en paz, que goce de una paz positiva, están mejorando o no. Por ejemplo, ¿cuántos fiscales hay por cada 100,000 habitantes en El Salvador? Con 10.1 estamos a la vanguardia de Centroamérica. ¿Qué número de escuelas tiene programas extracurriculares y de prevención de violencia? Van en aumento. ¿Hay facilidad para conducir negocios en El Salvador? Se ha deteriorado el rango de 86 a 95 entre 2015 y 2016. ¿Cómo estamos en transparencia o corrupción estatal? Mal (acumulamos 36 de 90 puntos posibles en los indicadores de Transparencia Internacional), pero con tendencia a mejorar.

Simplificar lo complejo no puede ser el camino. Preséntenos los resultados que explican los efectos de la represión en todo el sistema, lo bueno y lo malo, para que los salvadoreños podamos medir seriamente si vale la pena seguir o no en lo extraordinario.

 

*Isabel de Sola es experta en facilitación de diálogo y fue directora asociada de Geopolítica y Seguridad Internacional en el Foro Económico Mundial. Es impulsora de la iniciativa ForoPaz, que busca promover herramientas de diálogo en El Salvador. Reside en Ginebra, Suiza.

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Columnas Mon, 24 Apr 2017 19:28:02 +0100 http://www.elfaro.net/es/201704/columnas/20299/Numerología-extraordinaria-de-la-violencia.htm
Cinco policías son enviados a juicio, en detención, por el caso San Blas http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201704/360grados/20298/Cinco-policías-son-enviados-a-juicio-en-detención-por-el-caso-San-Blas.htm 360 grados Mon, 24 Apr 2017 17:33:06 +0100 http://www.elfaro.net/es/201704/360grados/20298/Cinco-policías-son-enviados-a-juicio-en-detención-por-el-caso-San-Blas.htm ¿Quién es Marine Le Pen? María Elena Bucheli (AFP) / El Faro http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000026542.jpg http://www.elfaro.net/es/201704/internacionales/20295/¿Quién-es-Marine-Le-Pen.htm Hija del líder histórico de la extrema derecha francesa, Jean-Marie Le Pen, lloró de alegría cuando en 2002 su padre provocó un terremoto político pasando a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Francia. Quince años después, ella ha repetido la hazaña.

Marine Le Pen, candidata a la presidencia de Francia por el Frente Nacional. Foto Kenzo Tribouillard (AFP).

Marine Le Pen, candidata a la presidencia de Francia por el Frente Nacional. Foto Kenzo Tribouillard (AFP).

París, FRANCIA. Hay una diferencia sustancial entre Marine Le Pen y su padre. Mientras que Jean-Marie Le Pen nunca pensó realmente que pudiera llegar a ser jefe de Estado, su carismática hija y heredera política está convencida de que el próximo 7 de mayo, fecha en la que se celebrará el balotaje en las presidenciales, Francia tendrá a su primera presidenta.

La candidata del Frente Nacional (FN) ha sabido capitalizar el hartazgo de los franceses ante el desempleo y la inmigración, y aprovechar la ola nacionalista que en la última década se ha esparcido por Europa.

Esta abogada de 48 años promete, entre otras cosas, la suspensión de los acuerdos de libre circulación en el seno de la Unión Europea, la expulsión de los extranjeros sospechosos de radicalización y la supresión del ‘ius soli’, por el que en Francia se otorga la nacionalidad a todas las personas que nacen en territorio francés.

“En el fondo, si tuviera que definirme, creo que contestaría simplemente que soy intensa, orgullosa, fiel, evidentemente francesa. Tomo los insultos a Francia como si fueran contra mí directamente”, explica en su videoclip de campaña.

“¡Estamos en nuestra casa!”, repite a voz en cuello en los discursos que pronuncia durante sus mítines, a los que acude gente de todas las edades y clases sociales. Un lema que sus adversarios consideran como un grito de xenofobia. “Es un grito de amor a Francia”, contesta ella.

Desde que accedió al liderazgo del FN en 2011, sucediendo a su padre –del que se ha distanciado en los últimos tiempos–, Marine Le Pen ha purgado en gran medida al partido del antisemitismo que lo caracterizó durante décadas.

Se ha deshecho, al menos parcialmente, de los militantes antisemitas, de los nostálgicos de la Argelia colonial o hasta del régimen colaboracionista de Vichy y de los católicos integristas. Todos estos sectores figuraron durante más de tres décadas en la dirección del partido.

La estrategia ha dado sus frutos y, desde entonces, la formación ultraderechista ha mejorado sus resultados en todos los comicios.

“Antisistema”

Con su renovado discurso “patriótico” dirigido tanto a la derecha como a la izquierda, el FN se impuso holgadamente en Francia en las elecciones europeas y municipales de 2014, impulsado por el mismo movimiento popular antisistema que condujo al voto a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, así como a la elección de Donald Trump en Estados Unidos.

Oradora eficaz, Marine Le Pen sigue defendiendo en sus discursos las posiciones tradicionales de la extrema derecha contra la inmigración y el islam, pero ahora lo hace invocando al laicismo.

Ha abandonado, además, el tradicional discurso nacionalista pero económicamente liberal de su partido, y ahora se presenta como la defensora de los trabajadores franceses perjudicados por la globalización, el “libre comercio desleal” y la “dictadura de Europa”.

“Contra la derecha del dinero y la izquierda del dinero, soy la candidata de Francia y del pueblo”, declaró Le Pen en un debate televisivo.

En la recta final de la campaña ha endurecido su discurso en torno a los temas fundamentales del partido: la seguridad, la inmigración y la lucha antiterrorista.

Después del atentado en los Campos Elíseos de París, pidió una “respuesta global”, estimando que en los últimos años “los gobiernos de izquierda y derecha” han hecho todo para que perdamos la “guerra” contra el terrorismo.

Le Pen se ha mantenido entre los favoritos pese a la investigación abierta contra ella por un caso de presuntos empleos ficticios en el Parlamento Europeo, donde ocupa un escaño de eurodiputada, y sobre presuntas irregularidades en el financiamiento de campañas electorales pasadas.

Esta rubia de carácter firme se presenta como una “mujer moderna”. Es madre de tres hijos, se divorció dos veces y vive en la actualidad en pareja con uno de los dirigentes del FN, Louis Aliot.

© Agence France-Presse

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Internacionales Mon, 24 Apr 2017 15:19:27 +0100 http://www.elfaro.net/es/201704/internacionales/20295/¿Quién-es-Marine-Le-Pen.htm
Espere mañana reportajes de grandes plantaciones que en Guatemala y Honduras http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201704/360grados/20296/Espere-mañana-reportajes-de-grandes-plantaciones-que-en-Guatemala-y-Honduras.htm 360 grados Mon, 24 Apr 2017 15:15:57 +0100 http://www.elfaro.net/es/201704/360grados/20296/Espere-mañana-reportajes-de-grandes-plantaciones-que-en-Guatemala-y-Honduras.htm "El cuarto de los huesos", ganador del festival internacional de cine Indie Grits 2017 http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201704/360grados/20293/El-cuarto-de-los-huesos-ganador-del-festival-internacional-de-cine--Indie-Grits-2017.htm 360 grados Mon, 24 Apr 2017 13:28:20 +0100 http://www.elfaro.net/es/201704/360grados/20293/El-cuarto-de-los-huesos-ganador-del-festival-internacional-de-cine--Indie-Grits-2017.htm Se reactiva enjambre sísmico en el Gran San Salvador http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201704/360grados/20290/Se-reactiva-enjambre-sísmico-en-el-Gran-San-Salvador.htm 360 grados Sun, 23 Apr 2017 15:22:46 +0100 http://www.elfaro.net/es/201704/360grados/20290/Se-reactiva-enjambre-sísmico-en-el-Gran-San-Salvador.htm Candidato centrista encabeza primera vuelta presidencial en Francia http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201704/360grados/20291/Candidato-centrista-encabeza-primera-vuelta-presidencial-en-Francia.htm 360 grados Sun, 23 Apr 2017 15:22:22 +0100 http://www.elfaro.net/es/201704/360grados/20291/Candidato-centrista-encabeza-primera-vuelta-presidencial-en-Francia.htm Diputado del PCN respalda al alcalde de Metapán, que está prófugo http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201704/360grados/20286/Diputado-del-PCN-respalda-al-alcalde-de-Metapán-que-está-prófugo.htm 360 grados Sat, 22 Apr 2017 21:09:08 +0100 http://www.elfaro.net/es/201704/360grados/20286/Diputado-del-PCN-respalda-al-alcalde-de-Metapán-que-está-prófugo.htm Secretario de comunicaciones dice que pone a disposición su salario por la crisis fiscal http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201704/360grados/20287/Secretario-de-comunicaciones-dice-que-pone-a-disposición-su-salario-por-la-crisis-fiscal.htm 360 grados Sat, 22 Apr 2017 21:08:03 +0100 http://www.elfaro.net/es/201704/360grados/20287/Secretario-de-comunicaciones-dice-que-pone-a-disposición-su-salario-por-la-crisis-fiscal.htm