El Faro http://elfaro.net Periodismo independiente y audaz de El Salvador y Centroamerica con noticias, reportajes, investigac es Copyright 2018, El Faro Sun, 23 Sep 2018 19:52:07 +0100 El Faro Ver, oír y linchar en Chichicastenango http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000029961.jpg http://www.elfaro.net/es/201809/centroamerica/22441/Ver-oír-y-linchar-en-Chichicastenango.htm La pandilla 18 y la Mara Salvatrucha eran a finales de los noventa una realidad cada vez más asfixiante en Chichicastenango, la más populosa de las ciudades del departamento del Quiché, en Guatemala. Pero el fenómeno de las maras se estrelló contra la cosmovisión maya k'iche', que tiene en la fortaleza de la comunidad uno de sus pilares. Hoy, Chichi (170 000 habitantes) es una de las ciudades menos homicidas en la región más homicida del mundo –el Triángulo Norte de Centroamérica–, con una tasa de asesinatos inferior a la de Chile, Bélgica o Canadá. ¿Quiere saber por qué? [SPOILER ALERT. Esta crónica reconstruye el asesinato de un niño llamado Jafet Absalón Xirum Chinol, ocurrido el 18 de octubre de 2017 en el cantón Pachoj del municipio de Chichicastenango, en Guatemala. Absalón tenía 12 años. Lo asesinaron pandilleros de la 18. La crónica narra también las convulsiones que aquella muerte provocó en el cantón y en la ciudad entera –de amplia mayoría indígena, de la etnia maya k'iche'–, y cómo las comunidades organizadas investigaron por cuenta propia el asesinato del niño, y lo vengaron a su manera: con linchamientos brutales primero, con gasolina y fuego después. Todo eso se relata en esta larga crónica, y se destripa en este primer párrafo por la convicción de que lo importante del relato no es su sangriento desenlace –por inspirador o inhumano que parezca–, sino sus pliegues y recovecos. Lo verdaderamente importante son los porqués.]

Escalinata de la iglesia de Santo Tomás, el corazón de Chichicastenango, la más populosa de las ciudades del Quiché, en Guatemala. La imagen se tomó a las 6 de la mañana de un domingo, día de mercado. Foto Roberto Valencia (El Faro).
 
Escalinata de la iglesia de Santo Tomás, el corazón de Chichicastenango, la más populosa de las ciudades del Quiché, en Guatemala. La imagen se tomó a las 6 de la mañana de un domingo, día de mercado. Foto Roberto Valencia (El Faro).

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El niño entró en la casa creyéndola vacía, pero había tres hombres.

Absalón –12 años, 120 centímetros, indígena, piel morena, pelo liso y negro, ojos café– había salido rumbo a la escuela del cantón, una especie de centro comunal multiusos en el que también se paga la factura del agua. Así se lo había ordenado en la mañana Miguel Xirum, su padre.

Hasta entonces, aquel miércoles para Absalón había sido un día intrascendente, olvidable. Se había despedido temprano de sus padres, que atienden un negocio propio en el centro de Chichicastenango; había asistido a clases en su escuela, la Flavio Rodas Noriega; y luego se había regresado al cantón, a esperar que entrada la noche la familia regresara. La rutina. Lo único fuera del guion había sido ir a pagar la factura. Ese rato aprovecharon los tres hombres para colarse en la casa.

Sobre el papel iba a ser un robo limpio, en una vivienda vacía, en un cantón apenas transitado de la periferia de Chichi. Los ladrones eran tres: Juan Senté (alias) Tucán y Dustyn Daniel Xiquín Cabrera (a) el Dustyn, dos veteranos de la 18, casi treintañeros; con ellos estaba César Armando Chicoj Xirum, la mayoría de edad recién cumplida y primo de Absalón, seguramente el que sugirió lo sencillo que sería hurtar en esa casa. Hubo un cuarto involucrado, aunque él no subió hasta el cantón Pachoj: Carlos León Macario, amputado de una pierna, el más viejo de los cuatro, dieciochero también.

El robo era un robo entre pobres: pobres de solemnidad robando pertenencias a pobres un poco menos pobres. Se llevaron un televisor marca Polaroid de 14 pulgadas, un equipo de música, un huipil y otras prendas indígenas valiosas, y 5 000 quetzales en efectivo, unos 650 dólares. El contratiempo que lo alteró todo fue la irrupción del niño.

Cuando apareció –pants oscuros, camiseta de manga larga color vino, tenis rojos–, los tres hombres lo sometieron y lo amarraron. Absalón reconoció a su primo. La tensión y la ansiedad se dispararon. Asesinarlo emergió como la mejor opción. El Tucán comenzó a estrangularlo. Veinticuatro horas después, con la espalda deshecha a puros latigazos, César Armando diría que quiso salvar la vida de su primo, que agarró los brazos al Tucán, pero este lo apartó de un empujón, y que se salió de la casa para no verlo.

Las últimas palabras que César Armando alcanzó a oír en boca de su primo Absalón fueron: “No, no me hagan eso”.

Sacaron el cadáver y lo arrojaron en una zanja.

El Tucán, el Dustyn y César Armando acapararon cuanto pudieron (el televisor, el equipo de música, el huipil, los quetzales) y luego se esfumaron. Pero aquella huida –todo el hurto– resultó desaguisada y torpe: la chumpa color café de uno de los ladrones quedó olvidada en la casa.

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“Noticias así resuenan tanto –me dijo Tevalán Tzoc– porque no ocurren seguido, porque acá la comunidad protege a su gente”.

Augusto Tevalán Tzoc (1975, 6 de junio) es el responsable –comandante, le dicen– de la filial Chichicastenango de los Bomberos Municipales Departamentales, un cuerpo de socorro similar a Comandos de Salvamento de El Salvador. Es un hombre que convive con la violencia y sus consecuencias.

Cuando me senté con él, yo ni siquiera sabía que el niño se llamaba Absalón. Habían pasado casi tres semanas del asesinato y, aunque aquella muerte me había aparecido un día antes en pláticas informales en el mercado, fue la plática con Tevalán Tzoc la que me permitió dimensionar el rechazo feroz que entre los chichicastecos generó aquel infanticidio.

Chichi es una ciudad muy tranquila, en parámetros del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador), la región que Naciones Unidas etiquetó como la más violenta del mundo. Cuando el 18 de octubre de 2017 asesinaron a Absalón, los chichicastecos llevaban más de dos años sin enterrar a un menor asesinado.

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En realidad, todo el departamento del Quiché –del que Chichi es la ciudad más poblada– es muy tranquilo. En 2017, Quiché –1.2 millones de personas– reportó 3 homicidios por cada 100 000 habitantes, por debajo de Chile, Uruguay, Estados Unidos y de varios países europeos. Guatemala en su conjunto cerró con 26 homicidios por cada 100 000 habitantes. Honduras, con 44 asesinatos cada 100 000 hondureños. Y El Salvador, con 60 homicidios por cada 100 000 salvadoreños.

Pero 2017 no fue un año anómalo o una rareza estadística. Quiché y otros departamentos chapines en los que la etnia maya k'iche' es mayoría absoluta (Totonicapán, Sololá, Alta Verapaz, Huehuetenango…) presentan números de violencia homicida más propios de Europa occidental que del Triángulo Norte. En Chichi –ciudad que ronda los 170 000 habitantes– hubo sólo tres asesinatos en 2017, ninguno con arma de fuego; un homicidio en 2016; dos en 2015. Y así.

Cuando los números de asesinatos son esos, las preocupaciones son otras. “En el mercado te pueden abrir la cartera”, me dijo Tevalán Tzoc. Los robos armados son atípicos. Las extorsiones, algo exótico. Y las pandillas, un fenómeno abortado del que apenas quedan brasas.

Tevalán Tzoc: “Cuando una comunidad quiere investigar algo hasta el final, lo hace. Se van a buscar al sospechoso y hasta que él diga: yo fui”.

Luego me enumeró un listado de linchamientos ocurridos en Chichi y otros municipios cercanos en los últimos años. La plática terminó con una advertencia: “En Pachoj se han organizado por lo que pasó y no quieren ver a un desconocido después de las 6 de la tarde. Si usted va, le aseguro que tendría problemas”.

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La chumpa color café de uno de los ladrones quedó olvidada en la casa. Y en una de sus bolsas, un teléfono.

Miguel Xirum, el padre de Absalón, llegó a la casa tipo 8.30 de la noche. Las ventanas habían sido forzadas, el desorden dentro de la casa reforzaba la idea del robo, y –lo que más lo alteró– su hijo no estaba a una hora en la que debía estar. Lo llamó a gritos, pero nada. De 35 años, Miguel era miembro del Cocode del sector alto del cantón Pachoj. Más luego se detallará, pero los Cocodes (acrónimo de Consejo Comunitario de Desarrollo) son sistemas de organización comunal claves en Guatemala, que funcionan con especial diligencia en los lugares con mayor presencia indígena. Miguel telefoneó a otros integrantes del Cocode, que de inmediato fueron a ayudar en lo que hasta entonces se creía que nomás era un hurto.

La llamada en la subestación 71-21 de la Policía Nacional Civil (PNC) cayó a las 9.01 de la noche. La denuncia aún era por robo. Pero en los 40 minutos que los tres agentes asignados tardaron en subir a Pachoj, en la otra punta de la ciudad, los vecinos hallaron el cuerpo.

El Tucán no lo había alejado mucho: 25 metros al norte de la casa, según el parte policial. Si el grupo de personas que respondió a la solicitud de ayuda de Miguel no lo halló antes fue, por un lado, porque era noche cerrada y luna nueva, con escasísima visibilidad; y por otro, porque lo arrojaron en una zanja llena de vegetación.

Cuando el Toyota Hilux QUI-074 de la PNC llegó, los ánimos estaban ya caldeados. Algo difícil de digerir en una comunidad como el robo a uno de sus vecinos respetados ya se había convertido en el asesinato de un niño. La noticia se regó por Chichi en un chasquido. Llegaron los socorristas para sacar el cuerpo de la zanja; llegaron algunos periodistas movidos por tan inusual homicidio; y llegaron más y más vecinos del propio cantón, de cantones aledaños y de otros no tan cercanos. Luego, tipo 11, llegó el Ministerio Público encabezado por Wendy Tiú, la fiscal de turno. Más luego, pasada la medionoche, llegó otro pick-up de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC, con el oficial Salvador Hernández Ramírez al frente.

Recogieron algunas evidencias y, tipo 12.30 de la madrugada, cargaron al niño Absalón en la cama del pick-up QUI-074 y se lo llevaron al Hospital Santa Elena de Santa Cruz del Quiché, la cabecera departamental, para que al día siguiente le hicieran la autopsia.

En la diligencia policial que se redactó, la No 627-2017, se plasmó un dato en apariencia intrascendente: “Por rumores públicos se escuchaba que dicho menor fue eliminado físicamente por un pandillero que reside en este municipio, de nombre Dustin Daniel Xiquín Cabrera”. El Dustyn.

Firmes en la arraigada convicción de que la mejor justicia es la que aplica la comunidad, los vecinos habían trasteado el teléfono que hallaron en la chumpa color café olvidada, habían marcado algunos números memorizados en el aparato, y creían tener información suficiente para resolver el asesinato por cuenta propia. El siguiente día, jueves 19 de octubre, sería un día largo.

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En Chichi hay maras y hay mareros, pero cuesta hallar similitudes entre el fenómeno de pandillerismo de esta ciudad y el que condiciona la vida –y la muerte– de decenas de miles de personas en San Salvador, en San Pedro Sula, en San Miguel, en Ciudad de Guatemala,…

Placazos  alusivos a la pandilla 18 pintados en los alrededores del estadio municipal de Chichicastenango. Son frescos, lo que indica algún tipo de actividad de esta pandilla en la ciudad. Foto Roberto Valencia (El Faro).
 
Placazos  alusivos a la pandilla 18 pintados en los alrededores del estadio municipal de Chichicastenango. Son frescos, lo que indica algún tipo de actividad de esta pandilla en la ciudad. Foto Roberto Valencia (El Faro).

En las paredes de tal o cual barrio o cantón de Chichi aparecenplacazos cada tanto: los mismos trazos y temáticas, las mismas letras y números. Pero en la práctica son poco más que pura travesura. Basta una jornada de civismo promovida por cualquier escuela para pintar encima a niños sonrientes abrazados, coloridas flores-arcoíris-soles, o lemas que proponen amor, tolerancia y respeto mutuo, como sucedió en los alrededores del estadio municipal. Las cachuchas con visera plana las usa cualquier patojo chichicasteco. Supe de un joven que estaba parando un grupo afín a la 18 en un cantón; ese joven era uno de los lustrabotas del parque central. El desaguisado en la casa de Absalón, ejecutado por la que podría considerarse la clica más activa y los pandilleros más curtidos, evidencia que muy poco tiene que ver la versión actual de las maras de Chichi con lo que se vive en el resto de Centroamérica.

No siempre fue así.

Los primeros dieciocheros y emeeses en el Quiché irrumpieron también en los noventa. Para el cambio de siglo, un sector importante de la juventud de Chichi, de Santa Cruz, de Nebaj y de otros núcleos urbanos importantes del departamento se había dejado seducir por las maras. Había pandillas menores, como Los Metálicas o Los Limonadas, pero las dos referenciales eran el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13). “La MS estaba en la mitad de Chichi”, me dijo Benjamín, activo entonces, 35 años ahora, ex de la 18.

Chichi está bien comunicada con Ciudad de Guatemala por carretera. El vaivén de buses es infinito. Y en los buses, gente. Y entre la gente, pandilleros. Ese flujo y algún que otro deportado hicieron que surgieran varias clicas que con los años también pararon, mataron, violaron y controlaron, pero siempre conscientes de que lo grueso estaba en la capital (“para subir de nivel era de ir a Guatemala y de matar a alguien”, me dijo Benjamín) y en El Salvador (“en El Salvador son las Ligas Mayores”, me dijo Luis, activo entonces, 30 años ahora, ex de la MS-13).

Nombres de pandilleros de aquellos años son el Eddy, el Macario, David, el Johnny, el Sokom ak'al, el Pechuga, el Tucán… La mayoría están muertos o retirados. No todos.

“Aquello pudo controlarse, y la clave fue la iglesia cristiana evangélica”, me dijo Emanuel Pérez, el director de Estudios Bíblicos ASELSI, una organización que trabajó con pandilleros y dio cabida a expandilleros. “Dios ama a este gente”, dijo.

Las iglesias ayudaron y puede que incluso dios, si en verdad existe. Pero hay otro factor poderoso que influyó en que se pusiera freno a la expansión y a la radicalización de las pandillas. “Las comunidades organizadas también ayudaron, y es que los muchachos se dieron cuenta de que la gente es muy violenta”, dijo Emanuel Pérez.

Debajo de esos murales infantiles que apelan a la equidad, a la tolerancia y al amor había placazos de la 18. Una escuela cercana organizó una jornada de civismo y repintó el muro sin temor alguno, algo poco probable en ciudades en las que el fenómeno de las maras está mucho más desarrollado. Foto Roberto Valencia (El Faro).
 
Debajo de esos murales infantiles que apelan a la equidad, a la tolerancia y al amor había placazos de la 18. Una escuela cercana organizó una jornada de civismo y repintó el muro sin temor alguno, algo poco probable en ciudades en las que el fenómeno de las maras está mucho más desarrollado. Foto Roberto Valencia (El Faro).

Los últimos quince años están salpicados de linchamientos en Chichi. Al Sokom ak'al lo quemaron vivo frente a la iglesia de Santo Tomás, el mero corazón de la ciudad. Años después, las comunidades vapulearon a dos pandilleros y quemaron a otro más; dicen que sobre uno de ellos, moribundo, la gente hacía cola para saltarle encima desde la escalinata de la iglesia. En el cantón Camanchaj, en enero de 2009, también golpearon y quemaron a otros tres hombres. Y así.

Algo así sucedió en Pachoj tras el asesinato de Absalón.

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El jueves 19 de octubre pintaba un día largo, y lo fue.

Absalón, en la morgue. Pero Pachoj quiso vengar su muerte, y más de 200 vecinos –del cantón los más, pero no sólo– se congregaron a primerísima hora en torno a la familia doliente.

Del celular hallado en la chumpa color café olvidada se extrajo información precisa. Parte de la turba se dirigió al cantón Patulup I, a la casa de César Armando, el primo. En su cuarto encontraron un par de bocinas del equipo de música robado. La turba lo agarró, lo intimidó y se lo llevó a Pachoj. No tardó en confesar lo hecho el día anterior y sin mucha insistencia delató a sus compinches: el Dustyn, el Tucán y Macario.

La turba se disgregó para buscar a los tres, pero sólo halló a Macario, en su casa del cantón Chilimá. También se lo llevaron a Pachoj.

Juntos César Armando y Macario, la turba los interrogó y les aplicó el castigo maya.

A César Armando lo azotaron con ganas. Su espalda, su cuello y en menor medida su pecho quedaron atravesados por líneas sanguinolentas y amoratadas, algunas de ellas reventadas en sangre, como si alguno de los látigos o varas tuviera alguna púa. Sólo mirarlo será un tormento, pero comparado con lo que le hicieron a Macario, a César Armando le salió barato.

A Carlos León Macario lo molieron a golpes. Cuatro o cinco veces más latigazos y más marcados que a su compañero de linchamiento. También lo golpearon en el rostro y se recrearon con los tatuajes que tenía. El de su brazo derecho, alusivo a la 18, quedó irreconocible, como si hubieran querido borrárselo con una cuchilla. La espalda, toda color vino tinto, y con tantas salidas de sangre que Ángel Ernesto Vargas Maldonado, el oficial de la PNC que recibió aquel cuerpo derrotado, pidió a los agentes que no lo sentaran dentro del pick-up QUI-074, sino que lo cargaran en la cama, para no ensangrentar los asientos.

Puras piltrafas, pero César Armando y Macario salieron vivos del cantón Pachoj aquel jueves. Los retuvieron horas eternas, pero la comunidad acordó llamar a la PNC y entregarlos.

“Por la gravedad de las heridas, fueron trasladados a la emergencia del Hospital Nacional Santa Elena de Santa Cruz del Quiché, en donde Carlos León Macario quedó internado en la sala de observaciones con la custodia policial respectiva”, consignó el reporte policial.

Los dejaron salir vivos de Pachoj por una razón: la comunidad ya tenía el nombre del asesino.

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En 1935 se estrenó ‘Las nuevas aventuras de Tarzán’, rodada en “las extrañas selvas de Guatemala”, decía uno de los afiches promocionales. Parte de la película transcurre en Chichicastenango, la “aldea indígena” en la que se conocen Lord Greystoke (Tarzán) y un tal padre Muller. En el filme se ve la iglesia de Santo Tomás –tal cual hoy.

En 1941, en plena II Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos pagó a Walt Disney y a sus colaboradores más cercanos una larga gira por Latinoamérica, como embajadores de buena voluntad. Una de las escalas fue Chichicastenango, donde grabaron un minidocumental que se recrea en el indigenismo, y en el que también aparece altanera la iglesia de Santo Tomás, con su escalinata llena de hombres y mujeres que queman incienso en latas que balancean para esparcir los humos –tal cual hoy.

Hoy, ocho décadas después, el centro de Chichi no luce tan distinto. Similares ropajes, edificios, andares, fisionomías… Chichi es (aún) un lugar de esencias, la capital espiritual de la etnia maya k'iche'. El Popol Vuh, su libro sagrado, fue hallado acá. Su ordenadamente caótico mercado –jueves y domingo– es una explosión de colores y olores, con la magia propia –pros y contras– de lo no moldeado para enamorar a los turistas. Un día de mercado hallás a docenas de chelones con sus cámaras, sus alturas, su piel lechosa y sus calcetines blancos, pero (aún) resultan un elemento disonante.

“Aquí siempre hemos sido más organizados –me dijo Ren Ixcamparij–; siempre, ancestralmente, y es por los indígenas”.

Jimmy Ronald Ren Ixcamparij (1973, 22 de mayo) ha sido periodista, político prominente (diputado por el Partido Patriota en la legislatura 2012-16) y empresario. Es un rostro conocido de la ciudad, alguien influyente, y vive en una gran casa en el cantón Chucam. Cuando lo entrevisté, era uno de los miembros del Cocode.

Ya se apuntó: Cocode es el acrónimo de Consejo Comunitario de Desarrollo. Los Cocodes están a la base del Sistema de Consejos de Desarrollo, un organigrama legislado y financiado por el Estado guatemalteco. Hay Cocodes en toda Guatemala, pero no funcionan igual en Zacapa o Chiquimula que en Quiché o Totonicapán. Como regla general, la ecuación es esta: a mayor porcentaje de población indígena, mayor involucramiento de los vecinos.

Los Cocodes y la cosmovisión maya (para los que la comunidad es un valor supremo) congeniaron, bien para decidir en asamblea qué calle hay que adoquinar, bien para aplicar el castigo maya a algún trasgresor. En Chichi, los Cocodes son poder ejecutivo.

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“Ser parte del Cocode es una obligación que todos ejercemos por dos años, y cuando se convoca a una reunión, que lleguen todos los vecinos mayores de edad es obligatorio”, me dijo Ren Ixcamparij, a quien también le pareció muy mala idea –fue muy enfático– que yo fuera a Pachoj a reportear, estando los ánimos caldeados aún.

Desde la academia, tampoco se cree que sea casualidad que los departamentos de mayoría indígena sean año con año los menos violentos de Guatemala. El investigador Carlos Mendoza (1972, 13 de febrero) lo expresa así: “Mi hipótesis tiene que ver con las instituciones informales de los pueblos indígenas, que incluyen mecanismos propios para la resolución de conflictos”.

Mendoza investiga la violencia homicida desde hace dos décadas y ha firmado trabajos específicos sobre linchamientos: “Con los linchamientos parece haber un efecto de contagio, en el que un municipio o cantón que escucha que en otro lincharon a alguien y que por eso ya no pasa nada ahí, entonces como que copian el método, y se da cierto contagio geográfico”.

¿Los linchamientos terminan siendo un sistema efectivo de control? “Esa es una hipótesis que sería interesante comprobar: que son disuasivos para otro tipo de hechos delictivos”, respondió Mendoza.

***

La comunidad ya tenía el nombre del asesino cuando el cantón Pachoj se fue a dormir el jueves 19 de octubre. El día siguiente era el entierro del niño Absalón.

Un grupo de hombres carga el ataúd con el cuerpo del niño Absalón, en la entrada al cementerio municipal de Chichicastenango. El entierro tuvo lugar el 20 de octubre de 2017 y fue multitudinario. Foto cortesía Canal 4 Chichi.
 
Un grupo de hombres carga el ataúd con el cuerpo del niño Absalón, en la entrada al cementerio municipal de Chichicastenango. El entierro tuvo lugar el 20 de octubre de 2017 y fue multitudinario. Foto cortesía Canal 4 Chichi.

No habían pasado ni 48 horas desde el asesinato, y la ciudad seguía en shock. Eso hizo que el último paseo de Absalón por Chichi pareciera, más que un funeral, una multitudinaria manifestación de rechazo a la violencia y de solidaridad y respeto hacia la familia.

El cementerio municipal es muy céntrico, a apenas cuatro cuadras de la iglesia de Santo Tomás. Después de la hora de almuerzo, cientos, miles de chichicastecos –mujeres en su mayoría– acompañaron el paso del ataúd cargado por hombres. Flores de colores vivos y de vivos colores también los atuendos de la inmensa mayoría. Y sobre la multitud, en volandas, la caja gris brillante con Absalón adentro, la foto del niño sonriente pegada al frente, y un suéter azul amarrado encima.

La marcha atravesó buena parte del colorido cementerio. El modestísimo panteón de la familia Chinol, de 12 nichos, lo estrenó Absalón. Recién lo habían levantado y ni siquiera pintado estaba. Lo introdujeron en el hueco de la esquina inferior izquierda. Tres semanas después, aún no habían colocado lápida ni inscripción alguna, pero acababa de pasar el Día de Muertos, y frente al nicho había jarros con flores, hojas de pino y de zempasúchil (las anaranjadas que se ven en ‘Coco’, la película de Disney) regadas en el suelo, y también fruta y una bebida en un vaso tapado, quizá horchata.

“Quiero agradecer a todo el pueblo porque… de verdad… tiene un corazón amoroso”, dijo tras el entierro Manuel Morales, tío de Absalón: “Veo a un pueblo que de verdad está apoyando”.

Luego sucedió algo extraño. Detrás del panteón de los Chinol hay un barranco y una quebrada llena de vegetación. Alguien creyó reconocer al Tucán y al Dustyn al otro lado, salidos de sus escondites para ver de lejos el entierro, confiados en la distancia. Calcularon mal. Docenas de hombres iniciaron una improvisada cacería de los dos pandilleros que terminó con suerte dispareja: el Dustyn escapó, no así el Tucán.

Como si nada, ante centenares de ojos, la turba se lo llevó a Pachoj.

***

Acá todos han hablado claro: no vayás a Pachoj, no vayás a Pachoj. Anómalo coro con tonos pavorosos: ¡Al cantón Pachoj, no!

Yo no hago caso.

Mañana torno a’l Salvador, ¿cómo no andar al cantón d’Absalón? Poco loco acaso, no hago caso a las notas anotadas tras hablar con tanto morador, tras tantas jornadas acá. Aparco los asombros acaparados y opto por trasladar la razón al cantón, para captar, para hallar, para confrontar.

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Son las ocho algo pasadas ya, con sol. Ando yo solo. Nomás alcanzo Pachoj, vacas. Poco más allá, acobarda la pancarta roja colgada lado a lado. “Sector organizado”, aclama. Pavor. Todo como abandonado. Árbol frondoso, árbol alto, árbol con hojas… Ando solo por la rampa. Pavor. Ando más. Calma rara, como pocas. Pasan los patojos, mala corazonada. Yo ando más y más, con pavor, franco pavor. Poblador con cara larga asoma. Hablo: “Busco a don Mario Lindo, del Cocode, ¿lo conoce?” La grabadora graba. Habla poco, hosco, como no cómodo. Raro, todo raro acá. Ando más. Más pobladoras con pocas palabras, rostros amargos. “A don Mario, ¿lo conocen?” Callan las más, los más. Pavor. Yo ya paso los ocho años tratando con las maras, con tarados, con malvados, con soldado matón. Nada comparado con pavor pasado ahora, andando solo por Pachoj. Nada. Avanzo poco a poco a poco, sacando las palabras como con sacacorchos. Logro andar hasta la casa. ¡Toc, toc! “¿Vive acá don Mario Lindo?”. Ahora no’stá. Sonoro fracaso. Yo acabo acá. Ahora, para abajo, algo más calmado. Bajan dos mototax rojos, alzo la mano, lo paro, lo abordo. A Santo Tomás, por favor, a la plaza.

Atrás, cantón d’Absalón.

Atrás, cantón Pachoj.

Atrás, pavor.

Trabajoso contar cabal-cabal lo soportado allá, tan trabajoso como narrar sólo con la ‘a’, con la ‘o’.

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La turba se llevó al Tucán a Pachoj. A plena luz del día. Serían las 4 de la tarde cuando lo agarraron tras la persecución vertiginosa por el cantón Chucam, contiguo al cementerio.

Sobre lo que ocurrió aquella tarde-noche en el juicio popular sumario hay distintas versiones.

Unos dijeron que lo mataron nomás llegar, que los vecinos ya tenían certeza absoluta de era el estrangulador de Absalón y no había mucho más que agregar. Otros, los más, dijeron que no, que al Tucán lo mantuvieron vivo por horas, sometido a un interrogatorio-linchamiento feroz, motivado por un primitivo sentimiento de venganza que concluyó en una sentencia a morir rociado de gasolina y quemado vivo. Y algotros dijeron que entre el linchamiento y la quema hubo tiempo, valor y ganas para arrastrarlo con un pick-up por algunas calles, amarrado de pies y manos, antes de prenderle fuego.

Sea como fuere, la historia no difiere en lo fundamental: los vecinos de Pachoj mataron al Tucán por considerarlo la persona que ahorcó a Jafet Absalón Xirum Chinol, un niño de 12 años asesinado por el simple hecho de entrar en su propia casa cuando la estaban desvalijando tres hombres, tres pandilleros de la 18.

Un selecto grupo de hombres designado por la comunidad se encargó después de hacer desaparecer aquella amalgama de músculos, huesos y órganos sanguinolentos –quizá calcinados– que pocas horas antes eran un hombre apodado el Tucán.

***

La subestación 71-21 de la PNC está en la salida hacia Santa Cruz. Es un edificio austero de una altura, pintado con los colores institucionales, y que alberga una pequeña bartolina. No hay cárceles en Chichicastenango.

“Aquí lo que más se da es la violencia intrafamiliar”, me dijo la agente Heidy Cristina Loarca Sajquim, designada por el subinspector Santiago Xiloj –máxima autoridad en la 71-21– para darme respuestas.

Los indicadores de delincuencia en Chichi son primermundistas, pero no por un despliegue o una efectividad policiales extraordinarias. La subestación atiende el casco urbano y 52 de los 90 cantones, a unas 145 000 personas. Por todo, hay asignados 25 policías en turnos rotativos. Naciones Unidas sugiere como cifra idónea 30 policías por cada 10 000 vecinos. En la 71-21 hay 2 por cada 10 000. Eso no quita que esta sea una de las ciudades más tranquilas de Centroamérica.

La PNC en Chichi es, en una interpretación benévola, una autoridad complementaria a las comunidades organizadas. Aunque quizá lo correcto sea decir que son una autoridad subordinada. Cuando platiqué con Loarca Sajquim, se cumplían cabal tres semanas desde el asesinato del Absalón, y era vox populi que el Tucán había sido linchado. “Del Tucán no sabemos nada, pero hay rumores de que lo mataron”, me dijo, como si nada.

El año 2017 terminará y la muerte del Tucán no se consignará en ningún informe oficial sobre la violencia homicida en Guatemala. Es un homicidio que oficialmente nunca sucedió.

***

A Juan Senté (a) el Tucán la comunidad lo mató pocas horas después del entierro del niño Absalón. “Ni su propio hermano se anima a buscarlo”, me dijo un vecino del cantón Panchoj bajo estricta condición de que no publicara su nombre.

A Carlos León Macario y a César Armando Chicoj Xirum el Ministerio Público les abrió un proceso formal después del brutal correctivo que les aplicó la comunidad.

El cuarto de los dieciocheros, Dustyn Daniel Xiquin Cabrera (a) el Dustyn, desapareció. Yo estuve en Chichi la primera quincena de noviembre, y su paradero era un misterio. Unos aseguraban que había sido linchado y quemado junto al Tucán, pero los más metidos en el tema me dijeron que había logrado huir de la ciudad y salvar así su vida. El 12 de junio de 2018, ocho meses desde el asesinato, el Dustyn reapareció en Santa Cruz del Quiché. La PNC lo detuvo después de que intentara asaltar una tienda con una navaja. Un grupo de vecinos organizados llegó a la delegación para aplicarle el castigo maya, pero la Policía esta vez lo impidió. Y todo esto ocurrió sin que ni pobladores ni autoridades repararan en que era el mismo Dustyn involucrado en el robo en la casa de Absalón.

En Pachoj, la frustración y la venganza desembocaron en una mayor organización. El sábado 21 de octubre hubo una reunión de asistencia obligatoria, junto a la escuela. Llegaron unos 250 vecinos y acordaron crear tres grupos de patrullaje, uno para cada sector del cantón. De 8 de la noche a 4 de la madrugada. Armados y comunicados. Sólo hombres, unos 15 o 20 por patrulla. El k’iche’ como lengua para entenderse. Patrullar no es voluntario. Sólo con una enfermedad o algo realmente incapacitante alguien puede librarse. Todo para impedir que de noche ingresen personas ajenas al cantón.

“Los delincuentes ya se enteraron de que no somos una comunidad débil”, me dijo uno de los patrulleros del sector III.

Los linchamientos de alguna manera tienen una vocación preventiva. Por eso lo que le hicieron al Tucán era vox populi en toda la ciudad. Quieren que lo que hizo la comunidad lo sepa el ladrón, el violador, el marero.

Tras los trágicos sucesos de octubre de 2017 en el cantón Pachoj, se sucedieron uno, dos, tres y hasta siete meses sin que se reportara un tan solo homicidio en Chichicastenango o en alguno de sus 90 cantones. Siete meses. No es poca cosa hablando del Triángulo Norte de Centroamérica.

Imagen de la 8.ª calle de Chichicastenango, la que va desde la iglesia de Santo Tomás hasta el cementerio municipal, separados por 400 metros. Foto Roberto Valencia (El Faro).
 
Imagen de la 8.ª calle de Chichicastenango, la que va desde la iglesia de Santo Tomás hasta el cementerio municipal, separados por 400 metros. Foto Roberto Valencia (El Faro).

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El autor de este artículo, el periodista de El Faro Roberto Valencia, acaba de publicar ‘Carta desde Zacatraz’, un libro-crónica que aborda en casi 400 páginas el surgimiento y desarrollo del fenómeno de las maras en El Salvador, a través de la historia de vida del pandillero Gustavo Adolfo Parada Morales (a) el Directo. ‘Carta desde Zacatraz’ está disponible en La Tienda de El Faro, y la plataforma Amazon lo distribuye en España, Estados Unidos, Canadá, Italia, Reino Unido, Francia, Alemania y Japón. También existe la versión Kindle.

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Centroamérica Sun, 23 Sep 2018 18:38:25 +0100 http://www.elfaro.net/es/201809/centroamerica/22441/Ver-oír-y-linchar-en-Chichicastenango.htm
La Policía despide con honores a Carla Ayala, su víctima Foto Carlos Barrera / Texto Gabriela Cáceres http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000030106.jpg http://www.elfaro.net/es/201809/ef_foto/22477/La-Policía-despide-con-honores-a-Carla-Ayala-su-víctima.htm Nueve meses después de su desaparición y asesinato, la Policía Nacional Civil (PNC) protagonizó un entierro con honores para Carla Ayala, la agente asesinada por otro policía, la agente desamparada por otros agentes que permitieron al victimario llevarse su cuerpo y fugarse. El viernes 21 de septiembre, la institución convocó a un centenar de agentes de tres delegaciones distintas para acompañar a la familia de Ayala y rendir honores en el cortejo fúnebre, antes del entierro en un cementerio de la capital. Carla Ayala fue secuestrada, desaparecida y asesinada el 29 de diciembre de 2017 por un agente del Grupo de Reacción Policial (GRP), un grupo élite desintegrado luego del caso y del encubrimiento. En las horas previas a su desaparición, Ayala había departido en una fiesta navideña organizada por el GRP. Según la investigación, Juan José Castillo Arévalo (a) Samurái actuó con la complicidad de otros policías, pero las autoridades todavía no logran resolver el misterio y la red de encubrimientos que permitieron que Arévalo se diera a la fuga. El caso Carla Ayala ahora se persigue en tribunales tipificado como feminicidio agravado, hay seis capturados, pero Samurái continúa prófugo. Las falsas informaciones que las autoridades recavaron a lo largo de estos nueve meses incluso provocaron que, en febrero, exhumaran la osamenta de otra persona en el cementerio de San Francisco Javier, Usulután. Luego de más indagaciones, los restos de Ayala fueron encontrados en el caserío Los Ríos del cantón Los Hornos (mismo municipio) a inicios de septiembre. Arnau Baulenas, coordinador del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) y acusador particular en este caso, señala que el crimen de Carla Ayala no cierra con el hallazgo de su cadáver, y que la Policía debería de tomar este caso como un parteaguas para dar respuestas contundentes para depurar a la corporación policial. "No estamos con casos aislados. Estamos ante una práctica, relativamente sistemática, de abuso de los derechos humanos donde el presunto victimario es agente de la PNC", dijo Baulenas a El Faro. EF Foto Sat, 22 Sep 2018 21:47:25 +0100 http://www.elfaro.net/es/201809/ef_foto/22477/La-Policía-despide-con-honores-a-Carla-Ayala-su-víctima.htm Cita bíblica http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_302_183_1318_861/images%7Ccms-image-000030105.jpg http://www.elfaro.net/es/201809/el_farolero/22476/Cita-bíblica.htm La mirada de Otto a la participación del diputado Francisco Merino en la comitiva estatal que viajará a Roma a la canonización de monseñor Óscar Arnulfo Romero. El Farolero Fri, 21 Sep 2018 18:44:15 +0100 http://www.elfaro.net/es/201809/el_farolero/22476/Cita-bíblica.htm La ruta del cambio y la democracia para Nicaragua http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000027528.jpg http://www.elfaro.net/es/201809/columnas/22474/La-ruta-del-cambio-y-la-democracia-para-Nicaragua.htm 1. ¿Puede Ortega llegar a 2021 con la crisis económico-social?

“Vamos ganando”, corea la gente en las calles, y en efecto se puede palpar en el ambiente la derrota estratégica del presidente Daniel Ortega como Jefe Supremo de la represión. Su fracaso radica en que después de haber perpetrado el peor baño de sangre en la historia nacional en tiempos de paz, lo único que le puede ofrecer al país es la amenaza de seguir en el poder como un dictador temido y sanguinario. Pero la posibilidad de llegar a 2021 representa un escenario cada vez menos viable para Ortega. No solo porque, pese a la represión, la protesta cívica se mantiene viva, como una llama que crece y nunca se apaga; sino porque la crisis política que estalló el 18 de abril se ha convertido ya en una crisis económica que a su vez está incubando una crisis social, que también acarrea consecuencias políticas.

La violencia desatada por el régimen para sofocar la rebelión cívica abrió una herida irreparable y sepultó las bases mínimas de la confianza que sostienen la economía y la convivencia social. Destruida la confianza por la matanza, y agravada por la persecución de la protesta cívica y la impunidad de los crímenes del régimen, sus efectos en la economía han sido devastadores. El frenazo económico ocurrido en los últimos cinco meses confirma que se están apagando los principales motores de la economía privada. En un país que carece de recursos naturales extraordinarios, en un entorno de aislamiento internacional y sanciones económicas a través de los organismos multilaterales, no existen otras fuentes sustitutas para reactivar la economía.

El debate entre los economistas y empresarios sobre la fuga de capitales y la pérdida de reservas internacionales, no es sobre el diagnóstico del problema –todos coinciden que sin una salida política, no hay soluciones económicas– sino más bien sobre los plazos en que colapsará el sistema, si este puede aguantar cuatro, siete, o nueve meses, y cuáles serán sus consecuencias.

Los críticos advierten el riesgo inminente de un desbarajuste de las variables sociales más sensibles que afectan a la población: el empobrecimiento y la pérdida de empleos, el alza en el nivel de precios, el incremento del endeudamiento, la reducción de los subsidios al transporte urbano y la energía eléctrica, con el impacto adicional de la crisis de la caficultura y las reformas al INSS, que agravarán el desempleo en el campo y la ciudad. Los partidarios del gobierno, en cambio, alegan que la economía informal y la migración funcionan como la válvula de escape de nuestra crisis económica estructural, y que el sector público aún cuenta con un margen de acción para recortar gastos y recaudar recursos con políticas cada vez más recesivas, para postergar la crisis hasta finales de 2020.

Lo que nadie discute es que el país ya entró en recesión económica con la pérdida de 347,000 empleos. Según The Economist Intelligence Unit, la economía registrará un decrecimiento de –3.4 % en 2018, para una caída total del producto de 8.4 %–, y las medidas gubernamentales de mitigación más bien podrían desatar una mayor contracción económica, que afectará a las bases de apoyo del régimen, incluyendo a los empleados estatales.

No es posible establecer una relación de causalidad directa entre una dinámica de conflictividad social y demandas políticas, pero si los reclamos derivados de la crisis económica se entrelazan con los agravios políticos acumulados por la matanza de abril, esta combinación puede representar un formidable desafío para el régimen. Ortega ha perdido la capacidad de generar consensos para sofocar y cooptar una protesta popular. También ha demostrado que no tiene ningún escrúpulo para matar, perseguir, y reprimir con violencia la protesta cívica. La pregunta de cara al futuro inmediato es si las fuerzas vivas de la sociedad nicaragüense —incluidos los sandinistas que aspiran a sobrevivir a la familia Ortega-Murillo— tendrán esta vez la determinación y la capacidad para frenar la represión y evitar una nueva matanza.

2. La nueva escalada represiva y los plazos de salida

Al cumplirse los primeros cinco meses de la revolución pacífica, es evidente que el régimen carece de voluntad política para restablecer el Diálogo Nacional. Aunque no cuenta con los recursos estatales de Maduro, Ortega está replicando la estrategia de control y represión de Venezuela, con un resultado más o menos semejante: el éxodo de los opositores perseguidos y el descalabro de la economía. Con la consigna “el comandante se queda”, dinamitó todos los puentes que le habrían permitido negociar una salida política, colocando al régimen en un punto de no retorno, en el que el FSLN y su Gobierno ahora están atados a su propia suerte política. El 19 de julio, descalificó como “golpistas” a los obispos de la Conferencia Episcopal, a quienes a finales de abril les pidió desesperadamente que fueran mediadores de un Diálogo Nacional. En agosto, después de solicitar las gestiones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expulsó del país a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, cuyo informe confirmó que en Nicaragua no hay indicios de un “golpe de Estado”, sino una masacre estatal y actos de represión policial y paramilitar. En septiembre demandó la “renuncia” de su antiguo aliado, el secretario general de la OEA Luis Almagro, cuando este exigió elecciones anticipadas y, finalmente, reconoció que “en Nicaragua se viene instalando una dictadura”.

A pesar de que las cárceles están llenas de presos políticos acusados de “terrorismo” por haber participado en la protesta cívica, no se puede descartar una escalada represiva aún peor en el cierre de 2018. Mientras Estados Unidos contempla aplicar sanciones políticas y económicas contra el Gobierno y sus allegados, al amparo de la nueva legislación que aprobarán el Congreso y el Senado norteamericano la próxima semana, la lógica de Ortega siempre será escalar la represión. Su “Ley para el Financiamiento del Terrorismo” amenaza con reprimir a decenas de organizaciones sociales, empresariales, fundaciones democráticas, y medios de comunicación, aduciendo que al recibir donaciones internacionales incurren en el presunto delito de “terrorismo y conspiración golpista”.

La estrategia oficial de retaliación apunta a generar un nuevo ciclo de represión-protestas-represión, prolongando la agonía económica. Sin embargo, aún es posible construir una salida política antes de 2021, si se logra la unidad en la acción de tres fuerzas fundamentales. Estas son: la fuerza política de movilización social de los autoconvocados, la Alianza Cívica, y la Articulación de Movimientos Sociales; el músculo económico y la presión de los grandes empresarios; y el distanciamiento de la familia Ortega-Murillo de un sector importante del Frente Sandinista: los empleados públicos y la burocracia del Estado.

De la convergencia de estas tres fuerzas, y del apoyo simultáneo que ejerza la comunidad internacional para aislar a la dictadura, depende la posibilidad de acortar el plazo de salida de Ortega, y lograr una negociación que conduzca a elecciones anticipadas. La presión externa y la crisis económica, por separado, nunca lograrán modificar el rumbo autoritario del régimen, mientras las fuerzas domésticas no asuman el riesgo de convertirse en actores del cambio democrático.

3. Los escenarios de la crisis y el fin de la dictadura

La salida a la crisis de desgobierno que vive Nicaragua se debate entre dos posibles escenarios: Ortega se mantiene en el poder hasta 2021, a punta de represión y tres años consecutivos de recesión económica dejando un país colapsado, o antes de 2021 se producen nuevos estallidos de protesta cívica, vinculados a la crisis política y al descalabro causado por la crisis económica y social, que desembocarían en negociaciones, reformas y elecciones anticipadas.

En ambos desenlaces, tras una reforma electoral que permita una elección razonablemente transparente, el orteguismo, reducido a una minoría política, perdería inexorablemente la presidencia y la mayoría legislativa. Pero seguiría “gobernando desde abajo”, con sus bandas paramilitares, el control de los poderes del Estado, y el chantaje del caos, a cambio de amnistías, prebendas políticas y cuotas de poder.

De lo anterior, se deriva una conclusión para la ruta del cambio democrático de la rebelión de abril, y es que cualquier propuesta de transición a la democracia con justicia, y de recuperación económica con paz social, requiere no solo la salida de Ortega del poder, sino que además profundas reformas políticas que le impidan al caudillo y sus huestes hacer ingobernable el país. No bastaría con derrotar al orteguismo en unas elecciones, sino que el nuevo liderazgo democrático que surja del movimiento Azul y Blanco deberá obtener en las urnas una mayoría abrumadora, que le otorgue un mandato político indiscutible para convocar a la comunidad internacional a un plan de asistencia extraordinaria, a fin de apoyar la implementación de las reformas que permitan desmantelar la herencia de las estructuras dictatoriales.

A diferencia de la revolución armada que en 1979 barrió con la Guardia Nacional y las demás instituciones de la dictadura de Somoza, la revolución pacífica se propone llegar al poder por los votos y reformar las instituciones desde la raíz. Pero el desarme de las bandas paramilitares, el sometimiento de los represores y criminales ante la justicia, y el combate a la corrupción sin impunidad, requiere el desmontaje de las estructuras dictatoriales, empezando por la depuración y reforma integral de la Policía Nacional, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, y la Contraloría General de la República. Para emprender estos y otros cambios, cobijados bajo una reforma constitucional que tenga como referencia la Constitución de 1995, el nuevo gobierno democrático requerirá el apoyo de una entidad supranacional de investigación con un alcance incluso mayor que la actual Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. De lo contrario, es impensable que se puedan sentar las bases de la estabilidad con democracia y someter ante la justicia a los culpables de la matanza. En consecuencia, el verdadero cambio comienza con el desmontaje de la dictadura y el fin de la impunidad, después de la salida de Ortega del poder, y esto solo será posible con un plan de asistencia multilateral que cuente con el respaldo de la ONU, la OEA, la Unión Europea y otros actores internacionales.

*Carlos Fernando Chamorro es director del periódico Confidencial de Nicaragua. 

Carlos Fernando Chamorro es director del periódico Confidencial de Nicaragua. 
 
Carlos Fernando Chamorro es director del periódico Confidencial de Nicaragua. 

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Columnas Fri, 21 Sep 2018 17:48:31 +0100 http://www.elfaro.net/es/201809/columnas/22474/La-ruta-del-cambio-y-la-democracia-para-Nicaragua.htm
“Los diputados del FMLN no reconocen el desplazamiento por violencia” http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000030104.JPG http://www.elfaro.net/es/201809/ef_radio/22473/“Los-diputados-del-FMLN-no-reconocen-el-desplazamiento-por-violencia”.htm El 13 de julio de este año, la Sala de lo Constitucional ordenó al Ejecutivo que reconozca el desplazamiento forzado por razones de violencia, y a la Asamblea Legislativa que legisle para atender a las víctimas de este fenómeno. Dos meses después, la Asamblea no ha entrado a discutir el tema, pese a que ya hay una propuesta de ley para proteger a víctimas de desplazamiento interno forzado por razones de violencia. Este jueves 20 de septiembre, conversamos en la portada de El Faro Radio con la directora regional de programas de la oenegé Cristosal, Celia Medrano. Cristosal forma parte de las organizaciones que han presentado el proyecto de ley, en un contexto en el que el gobierno de Salvador Sánchez Cerén se rehúsa a reconocer el fenómeno, pese a los llamados de organizaciones nacionales e internacionales. Cristosal teme que la propuesta de ley se estanque en la Asamblea Legislativa por cálculos políticos ante la elecciones presidenciales de febrero de 2019. "Reconocer que hay desplazamiento por violencia significa para el Gobierno aceptar que no han sido capaz de garantizar la efectividad en la seguridad pública", dijo Medrano. La representante también señala que los diputados del FMLN, el partido de gobierno, no reconocen la existencia de la problemática. EF Radio Fri, 21 Sep 2018 11:28:14 +0100 http://www.elfaro.net/es/201809/ef_radio/22473/“Los-diputados-del-FMLN-no-reconocen-el-desplazamiento-por-violencia”.htm "Lu Fortis": la apuesta musical de una DJ salvadoreña http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000030093.JPG http://www.elfaro.net/es/201809/ef_radio/22468/Lu-Fortis-la-apuesta-musical-de-una-DJ-salvadoreña.htm En la contraportada de El Faro Radio del jueves 20 de septiembre, conversamos con la productora de eventos y DJ salvadoreña Luciana Fortis, conocida como "Lu Fortis". La DJ, que actualmente mezcla para Radio Femenina, narró cómo llegó al mundo de la música electrónica y qué caracteriza su apuesta en escena. “Queremos seguir ofreciéndole algo diferente al público salvadoreño en cuanto a música y experiencias auditivas", dijo Fortis. EF Radio Fri, 21 Sep 2018 10:25:37 +0100 http://www.elfaro.net/es/201809/ef_radio/22468/Lu-Fortis-la-apuesta-musical-de-una-DJ-salvadoreña.htm Guatemala comienza a despertar Carlos Alonzo (AFP) http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_14_2000_1346/images%7Ccms-image-000030095.jpg http://www.elfaro.net/es/201809/ef_foto/22470/Guatemala-comienza-a-despertar.htm Los estudiantes universitarios de Guatemala marcharon juntos para exigir la renuncia del presidente Jimmy Morales este jueves 20 de septiembre. Alumnos de la Universidad San Carlos, en su mayoría, expresaron con carteles y consignas el rechazo a la gestión de Morales y su gabinete. "¡Fuera Jimmy!", gritaban en coro, aunque los noticieros de televisión mostraban a sus audiencias que la marcha era por la autonomía universitaria (no era cierto). El miércoles en la noche, además, la Corte de Constitucionalidad le aclaró a Morales que debe permitir el ingreso del comisionado Iván Velásquez, jefe de la CICIG, a territorio guatemalteco por mandato judicial. Además, la Organización de las Naciones Unidas manifestó que mantiene su confianza en Velásquez como dirigente de la CICIG y lo mantendrá al frente. Todo esto sucedió mientras Morales y sus ministros Enrique Degenhart (Gobernación) y Sandra Jovel (Relaciones Exteriores) ocupan cuantos recursos juridicos encuentran para impedir el regreso de Velásquez y debilitar a la CICIG. Los estudiantes y miles de ciudadanos más salieron a las calles para pedir que Morales se marche del cargo y que Velásquez regrese al país. EF Foto Thu, 20 Sep 2018 20:09:05 +0100 http://www.elfaro.net/es/201809/ef_foto/22470/Guatemala-comienza-a-despertar.htm ¿Está la izquierda en la izquierda? http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201809/360grados/22471/¿Está-la-izquierda-en-la-izquierda.htm 360 grados Thu, 20 Sep 2018 18:15:02 +0100 http://www.elfaro.net/es/201809/360grados/22471/¿Está-la-izquierda-en-la-izquierda.htm Un lugar más digno para los niños que necesitan hemodiálisis http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000030094.jpg http://www.elfaro.net/es/201809/ef_foto/22469/Un-lugar-más-digno-para-los-niños-que-necesitan-hemodiálisis.htm Así luce ahora la sala de hemodiálisis del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, la única de este tipo en el sistema público de salud de El Salvador, recién remodelada tras una inversión de casi 40 000 dólares. Niños de todo el país se desplazan dos o tres veces por semana para filtrar su sangre en este lugar, la única forma de garantizar su vida, dadas las limitaciones que hay para realizar trasplantes de riñón en el país. La insuficiencia renal es un problema creciente, y se realizan en promedio 295 sesiones de hemodiálisis cada mes en este espacio, según señaló Ana Elizabeth Cañas, nefróloga del Bloom. A partir de ahora lo harán en mejores condiciones, tras la completa reconstrucción de la sala, que incluso ha sido decorada “con ambientación pediátrica”, dijo Cañas. Los casi $39 421 invertidos fueron donados por la Fundación Fourteen Angel’s El Salvador, una oenegé radicada en el estado de California (Estados Unidos), fundada por la salvadoreña Reina Serrano. Sólo los pacientes y el personal sanitario pueden ingresar en la sala; la fotografía se tomó a través de un vidrio y con un lente angular. EF Foto Thu, 20 Sep 2018 18:11:37 +0100 http://www.elfaro.net/es/201809/ef_foto/22469/Un-lugar-más-digno-para-los-niños-que-necesitan-hemodiálisis.htm ¿Cómo empezó todo esto? http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000023431.jpg http://www.elfaro.net/es/201809/columnas/22467/¿Cómo-empezó-todo-esto.htm El miércoles 18 de abril, la escena de un anciano jubilado que cae al suelo agredido por agentes del régimen de Daniel Ortega queda registrada en un teléfono celular, y de pronto está en miles de pantallas de teléfonos celulares en todo el país. La reserva biológica río Indio-río Maíz es parte de la zona núcleo de la reserva de biosfera de Río San Juan, declarada por la UNESCO como parte de la red mundial de áreas protegidas. Tiene una extensión de 300.000 hectáreas de selva virgen, habitada por centenares de especies, y se extiende al sur de Nicaragua entre el río San Juan, que delimita la frontera con Costa Rica, y el Río Punta Gorda, hacia las llanuras pantanosas de la costa del mar Caribe.

Aunque es un área protegida, se halla constantemente en la mira de los llamados colonos, partidas de campesinos a veces, y las más negociantes de tierras que burlan a las autoridades forestales, o gozan de su protección, para derribar los árboles, sembrar primero maíz, y cuando la débil capa de tierra vegetal se agota, convertir el suelo en pastizales para ganado. La limpia del terreno conlleva el uso del fuego, lo que suele provocar incendios, favorecidos por los vientos.

Los invasores se enfrentan a los indígenas que defienden la selva porque es su hábitat, no pocas veces arrasando sus comunidades y asesinándolos. Y los árboles tumbados a consecuencia de la invasión, representan otro jugoso negocio en las sombras.

El martes 3 de abril de este año comenzó un nuevo incendio, otra vez provocado por los depredadores. Esta vez el fuego llegó a afectar más de 5.000 hectáreas, de acuerdo a las imágenes satelitales, aunque el gobierno minimizó otra vez la catástrofe. Negar la magnitud de los incendio ha sido una forma de ocultar sus causas, el descuido y la corrupción, algo que no pasa desapercibido ni para los ecologistas ni para los jóvenes en las universidades.

La primera protesta se dio el miércoles 4 de abril en León, cuando los estudiantes encabezaron una marcha que fue atacada, como de costumbre, por las turbas del gobierno. Al día siguiente unos 300 estudiantes intentaron salir de la Universidad Centroamericana en Managua hacia la Asamblea Nacional, llevando pancartas donde se leía SOS INDIO MAÍZ, ORTEGA NEGLIGENTE, ALERTA, DESASTRE ECOLÓGICO. Pero la Juventud Sandinista organizó una “caminata ambiental” y les salió al paso; entonces cambiaron el rumbo, pero de todos modos se hallaron con un contingente de antimotines que los obligó a replegarse de regreso a la universidad.

El régimen dejaba en claro una vez más su intolerancia cerrada ante cualquier protesta, aunque fuera en defensa de la naturaleza: “las calles son del pueblo”, había sido la consigna convertida en regla por años, y esto quería decir, las calles son de las organizaciones del partido en el poder. Un monopolio impuesto a la fuerza con el respaldo policial.

Los comunicados oficiales proclamaban que el Ejército Nacional estaba a cargo de la situación, a punto de ser controlada. El lunes 9 de abril fue rechazada la oferta del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica de enviar un contingente especializado. Sólo fue aceptado el apoyo de un helicóptero cisterna enviado por el gobierno de México.

En las fotografías aéreas y los videos, las inmensas columnas de humo se expanden como si se tratara de una poderosa erupción volcánica, visibles por kilómetros a la redonda, prueba de la magnitud del desastre.

El miércoles 11 de abril, una leve lluvia empezó a caer sobre la selva, y ayudó a amainar el fuego, que terminó por extinguirse. Pero el daño a la reserva era irreversible. Y las tierras quemadas, quedaban otra vez listas para ser convertidas en maizales y después en fincas de ganado.

En el estado de felicidad perpetua que ofrece la filosofía del socialismo esotérico del régimen, las causas nobles, como defender la integridad de una reserva ecológica, venían a resultar causas prohibidas. O respaldar a los jubilados en sus reclamos. Eso quedó patente a los pocos días, cuando el 16 de abril se reformó la ley de la seguridad social para gravar con un impuesto del 5% las pensiones.

El miércoles 18 de abril un grupo de ancianos salió a protestar en León contra el decreto presidencial que los esquilmaba, pero cuando llegaron al lugar acordado ya estaban allí las fuerzas de choque. Uno de los viejos, que porta una pancarta, fue derribado al pavimento, y en el video que se hizo viral entonces puede advertirse como uno de los esbirros lo aprisiona del cuello mientras otro lo empuja con violencia.

Sus compañeros de la marcha lo ayudan a levantarse, lo defienden, y los reclamos contra los agresores suben de tono. Si la intención era agredirlo en el suelo y arrebatarle la pancarta, ya no pudieron hacerlo. Cayó con la pancarta en las manos, y se levantó con ella en las manos.

La escena de un anciano jubilado que cae al suelo agredido por agentes del régimen queda registrada en un teléfono celular, y de pronto está en miles de pantallas de teléfonos celulares en todo el país.

Esa misma tarde, unas 300 personas, entre ellos decenas de universitarios que acompañan a más jubilados, se congregan a protestar en las afueras del centro comercial Camino de Oriente en Managua. Todos se han citado allí a través de las redes, con lo que surgirá una palabra desde entonces clave: autoconvocados.

Las fuerzas de choque, ahora multiplicadas, vuelven a aparecer agrediendo indiscriminadamente a los manifestantes, garrotazos, pedradas, golpes de puño, navajazos. Ese 18 de abril se volverá una fecha histórica, porque es cuando estalla la rebelión desarmada que en los días siguientes tendrá un terrible saldo de muertos, porque la policía y las fuerzas de choque, rebasadas por las multitudes, disparan indiscriminadamente con armas de fuego.

Pronto aparecerán los francotiradores, y los paramilitares encapuchados con fusiles de guerra, hasta que en los siguientes cien días el número de muertos alcanzará más de 400.

El incendio criminal de una selva. Un anciano derribado al suelo que a pesar de todo no suelta el cartelón donde reclama por su pensión cercenada. Puertas de escape a una larga acumulación de agravios.

Masatepe, septiembre 2018

 

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Columnas Thu, 20 Sep 2018 17:22:22 +0100 http://www.elfaro.net/es/201809/columnas/22467/¿Cómo-empezó-todo-esto.htm
Corte le aclara al gobierno de Morales que Iván Velásquez puede regresar a Guatemala http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000029945.jpg http://www.elfaro.net/es/201809/centroamerica/22466/Corte-le-aclara-al-gobierno-de-Morales-que-Iván-Velásquez-puede-regresar-a-Guatemala.htm El secretario general de Naciones Unidas ratificó su confianza en Iván Velásquez para dirigir la CICIG, después de que el gabinete de Jimmy Morales pidió cambiar de comisionado. La propuesta de la ONU es nombrar un comisionado adjunto. Luego, la Corte de Constitucionalidad aclaró su ambigua sentencia y detalló que el Gobierno no puede prohibir la entrada de Velásquez. Mientras tanto, la sociedad civil inició una movilización de apoyo a la CICIG en distintos puntos del territorio. Ya no hay interpretación posible. La resolución del 16 de septiembre en la que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad dejaban sin efecto la decisión del Gobierno de prohibir la entrada del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez Gómez, fue aclarada la noche del miércoles 19 de septiembre. El comisionado, nombrado y ratificado por las Naciones Unidas (ONU) es Iván Velásquez, por lo tanto, a pesar de los deseos contrarios del Gobierno, podrá regresar al país en cualquier momento sin que ninguna autoridad se lo impida.

El fallo definitivo de la Corte ha sido un duro revés para el presidente Jimmy Morales, su gabinete y los militares, políticos y empresarios que le apoyan en su intento de deshacerse de Velásquez y la CICIG. Una batalla perdida, de la cual aún se desconoce cómo reaccionará.

Los jueces se pronunciaron así en respuesta al recurso de ampliación planteado por el abogado Alfonso Carrillo, que el martes por la mañana presentó la acción con el objetivo de que se aclarara si en el fallo emitido el pasado domingo, la Corte se refería a Iván Velásquez Gómez, comisionado de la CICIG desde 2014, o, como interpretó el Gobierno, debía nombrarse un nuevo titular de la Comisión.

En la aclaración del fallo inicial, el tribunal constitucional conminó a las autoridades a que observen que “la instrucción de prohibir el ingreso al país del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez Gómez, ha dejado de surtir efectos”.

La resolución tuvo dos votos razonados disidentes. El de Dina Ochoa y el de Neftaly Aldana, los dos magistrados más cercanos al oficialismo. Esta afinidad y sus votos en contra explican por qué se demoró la discusión alrededor del amparo planteado por Carrillo y por qué la sentencia del 16 de septiembre no mencionaba al comisionado con nombres y apellidos, y jugaba con la imprecisión y ambigüedad que dio lugar a diversas interpretaciones.

Los magistrados señalan ahora que la Corte omitió pronunciarse sobre una de las peticiones de Alfonso Carrillo en el amparo que resolvieron el domingo, y lo corrigen de la siguiente forma: “se ordena al presidente de la República, al ministro de Gobernación, al ministro de la Defensa Nacional, al director de la Policía Nacional Civil, al subdirector de control migratorio de la Director General de Migración, a cualquier otra autoridad o jefes migratorios que se abstengan de emitir u obedecer órdenes que impidan el ingreso al territorio guatemalteco del comisionado”, resuelven ahora.

Además, ordenó notificar la disposición “a los funcionarios mencionados en la literal anterior y a la Ministra de Relaciones Exteriores”; es decir, a la canciller Sandra Patricia Jovel Polanco. La ministra, desde hace un año, ha abanderado la causa del Ejecutivo por evitar que el incómodo Velásquez siga al frente de la comisión internacional que ha desbaratado a los aparatos clandestinos que se han incrustado en las estructuras del Estado.

La aclaración de la Corte también señala que el ingreso de Velásquez no está supeditado a que se agoten las vías de negociación del Ejecutivo con la ONU, como había asumido el Gobierno. Luego puntualiza que la designación del jefe de la Comisión “es un acto que corresponde decidir y ejecutar al Secretario General de Naciones Unidas”, tal y como se estable en el acuerdo de creación de la CICIG. Aunque no se menciona como tal, este punto podría leerse como una respuesta a la decisión del Gobierno de exigir al secretario general de ese organismo, António Guterres, que en un plazo de 48 horas enviara una nómina de candidatos a comisionado (para sustituir a Velásquez).

El tribunal pone ahora presión sobre el Gobierno y lanza una advertencia: “En caso de ejecutar actos contrarios a los que ha dispuesto esta Corte, tanto en este auto como en el del 16 de septiembre incurrirán en las responsabilidades de ley”.

En los considerandos de la resolución, los magistrados consideran oportuno citar el artículo 78 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en el que se indica que la desobediencia, retardo u oposición a un fallo dictado en un proceso de amparo de parte de un funcionario o empleado del Estado, es causa legal de destitución, “salvo lo dispuesto en el artículo 50 de la ley de la materia con relación a los funcionarios que ejercen cargos por elección popular”. Es decir que si el presidente Jimmy Morales desobedece el fallo, se deberá iniciar proceso de antejuicio en su contra; y si lo hace cualquier otro funcionario, será destituido de inmediato.

Se trató de obtener una respuesta de Alfredo Brito, secretario de Comunicación de la Presidencia, acerca de las próximas acciones del Gobierno, pero no respondió a las llamadas telefónicas.

La Corte de Constitucionalidad aún no ha conocido los recursos planteados el martes por el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y por la organización Acción Ciudadana, en los que pidieron que se ordene inmediatamente el encausamiento para la destitución de Jovel y de Enrique Degenhart, ministro de Gobernación, y que se certifique lo conducente para iniciar el proceso penal por la posible comisión del delito de abuso de autoridad y desobediencia. Esta fue la condición puesta por la fiscal general, Consuelo Porras, para que el Ministerio Público iniciase actuaciones en contra de los funcionarios que el pasado lunes ratificaron la decisión del gobierno de impedir el ingreso de Velásquez.

Rodas también solicitó que se certifique lo conducente en el caso del presidente Morales, para que el Ministerio Público pueda iniciar investigaciones en su contra por no acatar la sentencia del 16 de septiembre.

La respuesta de la ONU y una decisión pendiente

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, respondió dentro del plazo de las 48 horas que la canciller Jovel le había fijado en la nota diplomática enviada el pasado lunes. Pero no lo hizo en los términos exigidos por el Gobierno. En lugar de enviar la nómina de candidatos elegibles para sustituir a Velásquez, a quien el Gobierno desconoció como tal desde el 3 de septiembre, Guterres ratificó en el cargo al jurista colombiano.

El Secretario General se fundamentó en el punto cien de la Carta Fundacional de la organización internacional, el cual establece que “en el cumplimiento de sus deberes, el Secretario General y el personal de la Secretaría no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organización, y se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionarios internacionales responsables únicamente ante la Organización”

Jovel le había impuesto varios mandatos, en un tono poco habitual en el ámbito diplomático: nombrar una nómina de candidatos, a pesar de que la elección del comisionado es competencia del Secretario General; explicar a los donantes de la CICIG que el jurista colombiano quedaba fuera; y abstenerse de dar declaraciones públicas “unilaterales”.

Guterres respondió al ultimátum del Ejecutivo con una carta dirigida al presidente Morales y no a la canciller Jovel, en la que señaló que "habiendo sido informado de la posición del Gobierno y de la reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad, no encuentro razón para retirar la confianza existente en el comisionado Iván Velásquez".

Además de ratificar a Velásquez como cabeza de la CICIG, reiteró la posibilidad de que siga ejerciendo su cargo a distancia, desde el extranjero, y lo instó a que escoja a un comisionado adjunto para que sea su brazo ejecutor en Guatemala. "Tomando en consideración la situación de facto por la que se encuentra impedido de realizar su trabajo en Guatemala, he pedido al comisionado que nombre un comisionado adjunto o comisionada adjunta que pueda continuar las labores en el país, tras consultar con las autoridades", señaló el Secretario General.

No sería la primera vez que existe esa figura en la agencia anticorrupción. En 2016, la jurista peruana Carmen Rosa Villa ejerció como número dos de Velásquez hasta su renuncia, cuando el puesto no se mantuvo.

A pesar de que Morales decidió no renovar el mandato de la CICIG, Guterres señaló en su respuesta que la agencia "ha sido considerada ampliamente exitosa en su apoyo a los esfuerzos nacionales para combatir la impunidad y fortalecer las instituciones nacionales encargadas de investigar y enjuiciar crímenes". Recordó que ha mantenido un diálogo con las autoridades de Guatemala y se mostró dispuesto a seguir hablando con el Ejecutivo para “desarrollar formas de abordar sus preocupaciones”.

Cabe recordar que el motivo para impedir el regreso de Velásquez fue un informe elaborado por el Consejo de Seguridad Nacional en el que se le considera una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública, cuyos argumentos no fueron dados a conocer por el Gobierno.

Además, tanto Morales como Jovel han lanzado acusaciones contra funcionarios de la CICIG por, supuestamente, haber cometido delitos. La Canciller llegó a calificar a la comisión de ser una “estructura paralela”, apropiándose del lenguaje de los investigadores y dejando entrever que la misma se había convertido en un aparato similar a los que había venido a combatir.

Estas afirmaciones provocaron la reacción de Juan Francisco Sandoval, responsable de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que es la que trabaja codo a codo junto a la Cicig, que denunció a Jovel por supuestos delitos de falsedad ideológica y acusaciones falsas. La Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público ha iniciado una investigación al respecto.

Antes de conocer la resolución de la Corte de Constitucionalidad, el vocero de la CICIG, Matías Ponce, había señalado que Velásquez “ha estado en todo momento en pleno uso de sus funciones”, que “esta semana mantiene una agenda de trabajo en Estados Unidos” y que la comisión seguirá “trabajando en el marco de nuestra competencia”.

La pregunta fundamental de la jornada, sin embargo, aún no ha sido respondida por los funcionarios de la CICIG y del Gobierno: ¿Qué hará el comisionado después de haber recibido el aval explícito de la Corte para regresar al país? ¿Acatará el Ejecutivo el fallo sin chistar?

El pasado martes, en Guatemala y en Washington, corrió con fuerza el rumor de que el gabinete de Gobierno pretendía denunciar al acuerdo que dio vida a la CICIG por medio de un acuerdo gubernativo. La canciller Jovel y el secretario Brito negaron tal extremo, pero el temor se mantiene en círculos políticos y diplomáticos.

En el fondo, deshacerse de la CICIG ha sido el objetivo del mandatario y sus aliados en el denominado “pacto de corruptos” desde septiembre del año pasado, cuando Morales, sin éxito, declaró persona non grata a Velásquez para expulsarlo del país.

Presionado por la investigación contra su hijo y su hermano y con el tercer antejuicio de su presidencia en manos de la comisión pesquisidora del Congreso, Morales podría jugarse esa carta, pero poner fin al tratado de manera unilateral no sería tan fácil, porque acuerdos de este tipo son vinculantes y en ningún punto del convenio entre la ONU y Guatemala se prevé esta posibilidad; y porque la creación de la CICIG y su reglamentación tienen rango de ley nacional después del aval del Congreso en 2007. Una decisión ejecutiva no puede ponerse por encima de lo aprobado en el legislativo.

Cuando Guterres ratificó al fiscal colombiano en su puesto, la reacción del Gobierno fue tibia. El secretario Brito dijo que el equipo jurídico de la Cancillería estaba analizando la respuesta del Secretario General. Para entonces aún no había llegado el contundente posicionamiento de la Corte. En ese momento, el margen era escaso. Ahora, y a falta de que un quiebre argumental alargue la crisis, parece que las opciones son nulas.

Las últimas dos semanas han tenido algo de partida de ajedrez en la que cada movimiento de pieza cerraba más la partida.

Vaticinar cuál puede ser la reacción del Ejecutivo es entrar en el pantanoso terreno de la política ficción. Lo concreto ahora mismo es que el Ejecutivo por mandato judicial debe permitir el regreso de Velásquez. Aunque hace más de dos semanas, Jimmy Morales, rodeado del alto mando del Ejército, aseguraba que no acataría “órdenes ilegales”.

Cualquier que sea su posición, el Gobierno tendrá que decir algo en una jornada en la que está prevista una multitudinaria movilización de apoyo a la CICIG, que ha sido convocada por grupos estudiantiles, organizaciones campesinas y colectivos sociales. Las que han sido contundentes en manifestar su rechazo a las protestas son las cámaras empresariales que han mantenido un velado apoyo a las decisiones del Gobierno respecto a la CICIG.

Manifestantes convocados por las organizaciones sociales guatemaltecas, llegaron frente al Palacio Nacional de la Cultura en apoyo al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, a quien el gobierno guatemalteco le ha prohibido el ingreso a su territorio. Foto de El Faro, por Víctor Peña.
 
Manifestantes convocados por las organizaciones sociales guatemaltecas, llegaron frente al Palacio Nacional de la Cultura en apoyo al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, a quien el gobierno guatemalteco le ha prohibido el ingreso a su territorio. Foto de El Faro, por Víctor Peña.

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Centroamérica Thu, 20 Sep 2018 12:21:49 +0100 http://www.elfaro.net/es/201809/centroamerica/22466/Corte-le-aclara-al-gobierno-de-Morales-que-Iván-Velásquez-puede-regresar-a-Guatemala.htm
Cómo y por qué iniciaron así las relaciones con Beijín http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201809/360grados/22465/Cómo-y-por-qué-iniciaron-así-las-relaciones-con-Beijín.htm 360 grados Thu, 20 Sep 2018 10:09:50 +0100 http://www.elfaro.net/es/201809/360grados/22465/Cómo-y-por-qué-iniciaron-así-las-relaciones-con-Beijín.htm Recortes http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_93_291_818_774/images%7Ccms-image-000030092.jpg http://www.elfaro.net/es/201809/el_farolero/22463/Recortes.htm La mirada de Otto al recorte en Educación en el borrador del proyecto de presupuesto para 2019. El Farolero Wed, 19 Sep 2018 17:46:55 +0100 http://www.elfaro.net/es/201809/el_farolero/22463/Recortes.htm “Yo no hubiera votado por Carmen Aída Lazo” http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_1716_1143/images%7Ccms-image-000030085.jpg http://www.elfaro.net/es/201809/el_salvador/22444/“Yo-no-hubiera-votado-por-Carmen-Aída-Lazo”.htm Eeileen Romero, la nueva diputada del PCN, duda de que Carmen Aída Lazo, la economista y candidata a la vicepresidencia de su partido, sea la mejor carta de la coalición de derechas para las elecciones de 2019. Ella incluso confiesa que de haber acudido a las internas en las que se aprobó su candidatura, no hubiera votado por su nominación. Según Romero, eran mejores cartas el secretario general del PCN, Manuel Rodríguez o el diputado Mario Ponce.
Eeileen Romero, diputada del partido PCN. 
 
Eeileen Romero, diputada del partido PCN. 

El 22 de julio, más del 90 % de la base del Partido de Concertación Nacional (PCN) ungió a la economista Carmen Aída Lazo como la candidata a la vicepresidencia por la coalición de derechas que lidera el partido Arena. A la votación, realizada a nivel nacional y en la que participaron más de 6 mil militantes, no acudió Eeileen Romero, la nueva diputada pecenista por San Salvador (y la segunda más votada del partido en las elecciones municipales y legislativas de marzo de 2018). Romero dice que no acudió porque “ese día me enfermé”.

En esta entrevista, Romero confiesa que no está convencida de que Lazo haya sido la mejor carta de su partido y dice que, de haber acudido a las internas, ella “no” hubiera votado a su favor. La diputada cree que el secretario general del partido, Manuel Rodríguez; o al veterano diputado, Mario Ponce, eran mejores cartas que la economista y decana de la Escuela Superior de Economía (ESEN) para acompañar a Carlos Calleja. Y ella no es la única en el PCN que pidió un pura sangre pecenista para completar la fórmula. En la definición de la coalición, hubo dirigentes que pelearon la plaza para un pecenista, pero en la negociación terminó imponiéndose la carta propuesta por Arena. Aunque Rodríguez y Ponce terminaron apoyando la candidatura (de hecho la mayoría en el partido, que ahora promueve a Lazo en la mayoría de eventos oficiales), la diputada Romero no tiene reparos en cuestionar esa decisión: “poner a un candidato, solo por ponerlo, es irresponsable”, dice.

La nueva diputada se declara como una activista por los derechos de las personas con discapacidad desde 1997, y no tiene reparos en definir a su partido, el PCN, como un “un carrito en la vía” que le sirvió para un fin: llegar a la Asamblea “para mejorar al país”. A juzgar por sus respuestas, ella no padece de una fiebre ideológica que la amarre al PCN. De hecho, estuvo a punto de competir por el PDC y confiesa que pudo haberse afiliado “a cualquiera: Arena, FMLN”, dice.

Según un informe de Acción de Ciudadana en el que se midió la inversión en campañas electorales en la campaña de 2018, Romero apareció como primera en la lista por San Salvador, con una inversión de cerca de 90 mil dólares. Consultada por el financiamiento de su campaña, la diputada asegura que una parte se la pagó su diputada suplente, Zayda Reyes, y la otra parte su partido. Romero no aclara de cuánto fue el monto que la suplente Reyes le financió ni tampoco cuánto le dio el partido. Cuando El Faro la buscó para que justificara por qué y bajo qué condiciones su suplente le pagó su campaña, Romero negó dar una respuesta.

¿Se siente representada con los principios del PCN? ¿Por qué?

Sí, claro. Me permiten tener criterio propio y es un principio fundamental en nuestro país para poder ejercer el derecho legislativo. Porque si te imponen, entonces te coartan.

¿Cuando usted entró el PCN tomó en cuenta a personajes como Juan Umaña (exalcalde prófugo, acusado por lavado de dinero y vinculado al Cártel de Texis), Wilber Rivera (exdiputado suplente, condenado por narcotráfico)? Antes de ingresar al PCN, ¿usted consideró el pasado que tiene este partido?

Fíjate que a mi me gusta ver lo positivo. Lo negativo, una vez yo no me involucre en eso, no hay problema. Porque si nosotros huimos de los partidos por los errores del pasado, nunca los vamos a sanear, nunca vamos a limpiar el Derecho.

Si me está diciendo que quiere ser una cara diferente olvidando el pasado de los partidos ¿hubiera buscado otro partido político? Por ejemplo Arena, el FMLN, Gana...

Por eso estoy haciendo el llamado a que los jóvenes entremos a los partidos a hacer la diferencia.

¿Usted hubiera buscado a estos otros partidos?

Trabajé durante cinco… No, durante tres años cuando estaba el gobierno de Arena en el Ministerio de Trabajo. Luego, entró el Frente.

No es lo mismo trabajar bajo la administración de un gobierno u otro a...

He trabajado con diferentes partidos y me hubiera podido afiliar a cualquiera de ellos: Arena, el FMLN, a cualquiera. Porque todos son un carrito que está en la vía para el mejoramiento de nuestro país. Debido a mi ideología como cristiana, por eso es que yo opté por tocar la puerta del Partido de Concertación Nacional.

Cree que su opinión ha influido en la toma de decisión de este partido.

Sí, ¿no te has fijado que hay más armonía? No solo en el partido. En la Asamblea total.

¿Me pudiera dar un ejemplo específico?

En la comisión de trabajo, así se aprueban las cosas (chasquea los dedos). Pero porque trato de que ellos, cuando comienzan a discutir los dos grandes poderes: Arena y el FMLN, intervengo. De repente, ni sienten cuando ya levantan la mano porque les doy explicaciones reales. Aquí también, igual.

En el caso del partido, ¿en qué situaciones?

Nosotros tenemos unas reuniones antes de la plenaria, donde discutimos la agenda y entre todos aportamos nuestras ideas. Y todos tomamos en una forma unánime las decisiones y cuando no estamos de acuerdo, vamos (al) empate. Lo desempatamos por medio del jefe.

¿Qué garantías hay de que Eeileen Romero no se convertirá en una Cristina López?

Por el trabajo que he estado haciendo, y por las piezas de correspondencia que he metido, (eso) indica que estoy cumpliendo con lo que prometí en la campaña.

Entonces, ¿López no cumplió con lo que prometió?

No puedo responder por sus actos.

Antes de ser candidata a diputada por el PCN, buscó al diputado (Rodolfo) Parker, ¿cierto?

Él me buscó a mí. La situación de un candidato con discapacidad es diferente a la situación de un candidato sin discapacidad. Requiere de menos gastos un candidato sin discapacidad, se va en bus y va a hacer campaña. En cambio, yo necesitaba vehículo y gasolina. El PDC estaba pasando por una etapa económica agobiante. Hablamos (con Parker) y fue un acuerdo mutuo. Le dije que si me permitía ir a tocar las puertas con el licenciado Mauricio Rodríguez (secretario general del PCN). Él me dijo que sí.

¿Usted rechazó la oferta del PDC?

Fue un acuerdo mutuo. No era porque yo lo pidiera, sino la necesidad del movimiento, pues. Fui a los 19 mercados.

(El diputado Parker confirmó que sí había conversado con Romero sobre su posible candidatura, pero que nunca llegaron a una propuesta concreta).

El informe de Acción Ciudadana plantea que usted gastó más de 80 000 dólares ($88,261) en campaña, por encima del resto de diputados. ¿Quienes fueron sus financistas?

Mi suplente me ayudó con las vallas publicitarias.

Diputada, el informe solo incluye radio y televisión, no vallas publicitarias. Eso es extra.

Mire hay un montón de diputados que los odian a ustedes y yo quiero hacer las cosas diferentes por eso es que acepté la entrevista.

¿Entonces quién financió los $80 000?

Ya le dije que mi suplente la pagó y otra parte es de lo que me dio el partido. Yo a usted no le he dado ni $0.05 para que me entreviste. Estoy agradecida con los medios porque me ayudó (sic) a llegar donde yo no pude.

(La suplente de la diputada Romero es Zayda Lourdes Reyes Avilés. De acuerdo con su hoja de vida disponible en Gobierno Abierto, fue gerente de Urban City, una empresa dedicada a la colocación de vallas publicitarias en la capital).

¿Qué cosas específicamente está haciendo por las personas con discapacidad?

Estoy analizando las diferentes iniciativas para vaciarla en una sola. Estamos hablando de la ley de inclusión para las personas con discapacidad, que es la última. La ley de equiparación de oportunidades, que hay como cinco iniciativas de reforma que están engavetadas. Y había otra que era la ley de derechos de personas con discapacidad. Son tres leyes diferentes en las cuales las vamos a vaciar en una sola.

A otro medio, usted dijo que era difícil el acceso a la sede del partido.

No, momento. Yo no las di. Ellos lo dijeron.

Entonces aclare eso.

Se hizo una entrevista y ellos escogieron el lugar. La sede del partido tiene gradas. Es de segunda planta. Se hizo en medio, en el jardín. Yo creo que lo hicieron adrede. Creo que alguien, internamente, lo hizo adrede para hacer ver mal al partido y hacer ver como que una grada me iba a detener.

¿No considera que el partido debería de acoplar las instalaciones para usted?

Es necesario hacerla accesible no solo por mí, sino por todas las personas con discapacidad que llegan a ejercer su derecho en la participación en la política. Sí, es necesario.

¿Y ya se los ha hecho saber a los dirigentes del partido?

Sí, y por eso es que estamos haciendo una nueva sede para la departamental de San Salvador. Estamos haciéndola totalmente accesible para que yo pueda acercarme también a la población de nuestro partido, sin necesidad de subir o bajar gradas.

¿Está a favor de las medidas extraordinarias?

Estoy a favor en un 50 %... No: 75 %, porque protegemos a la nación de que salgan órdenes que los dañan (a los salvadoreños). Pero no estoy de acuerdo, porque separan a las familias.

Algunos organismos internacionales han reconocido a la violación de derechos humanos (por esas medidas).

Exacto y por eso no me gusta. Y por eso es ese 25 % que no me gusta, porque están violentando los derechos humanos de las familias.

(Esta entrevista se realizó en dos momentos. En un primer momento, la Asamblea estaba por discutir las medidas extraordinarias como una política permanente, que fueron aprobadas a mediados de agosto).

¿Usted votaría diferente a su bancada con el tema de las medidas extraordinarias?

Estoy poniendo los pro y los contra. En un dado caso yo decidiera votar diferente, lo hago.

Incluso organismos internacionales como Naciones Unidas han señalado que no se aprueben las medidas extraordinarias porque es una violación a derechos humanos. Y esto no es una medida en la que sea un sinónimo o un resultado inmediato que porque se aprueben van a solventar...

Ajá está situación, entonces ahí es donde me tienen en balanza y quizás me voy a enfermar ja, ja, ja. ¡Ah, mentiras!

Ja, ja, ja.

Para no ir...

(El Faro abordó de nuevo a la diputada Eeileen Romero un día después de la plenaria del jueves 16 de agosto, el día en que se aprobó la reforma a la ley penitenciaria que hizo permanente algunas de las medidas que se pensaron solo como extraordinarias).

¿Por qué se ausentó para la votación?

En el momento de la votación me encontraba en la clínica empresarial de la Asamblea poniéndome una terapia respiratoria, debido a que me encuentro mal de salud —de los bronquios—. Si hubieran dudas, se puede confirmar en la clínica de la Asamblea.

(Romero ya no permitió más repreguntas: “Hasta que no salga esta entrevista no la vuelvo a recibir”, dijo).

Eeileen Romero, diputada del partido PCN. 
 
Eeileen Romero, diputada del partido PCN. 

¿Cuántos asesores tiene?

Un asesor y una diputada suplente

¿El salario de diputado es su única fuente de ingreso?

Sí, corazón.

Supongo que, como abogada, ha estudiado los perfiles de los candidatos a magitrados. ¿Respalda la lista del coronel Antonio Almendáriz?

He propuesto algunos de ellos (aspirantes).

¿Como por ejemplo?

No te lo puedo decir, porque entonces se va a malinterpretar. He participado en la elección pero por su capacidades. Recordá que, como abogada, vengo votando tres veces por los (aspirantes a) magistrados. Entonces tú ya tienes los candidatos chequeados: quiénes sí pueden funcionar y quiénes no pueden funcionar.

En el caso de la procuradora, Sonia de Madriz, ¿cuáles son los parámetros que toma para que diga que tiene las capacidades?

Los méritos que ella tiene son el conocimiento en derecho civil y su recorrido en la Procuraduría.

¿Usted participó en las internas para la elección de Carmen Aída Lazo?

Fíjate que ese día me enfermé. No pude ir. No fui a votar.

Pero, de no haberse enfermado...

Ja, ja, ja. Me enfermé, de verdad.

¿Hubiera votado por ella?

No.

¿Por qué?

Hoy sí hasta ahí te llego. Así que quede...

Sabemos que...

Su servidora propuso al licenciado Manuel Rodríguez, que es una persona que a mí me consta que trabaja por el pueblo, tiene una gran sabiduría de Dios, tiene mucho conocimiento. Y también propuse al diputado Ponce, que también es otra persona que el pueblo lo quiere. Y a mí me consta. En cambio, poner a un candidato solo por ponerlo es irresponsable. No voy a poner a un candidato en el cual no sé si vaya a tener la capacidad para trabajar por el pueblo.

¿Duda de la capacidad de Carmen Aída?

No me malinterpretes. Te estoy dando el ejemplo (de Manuel Rodríguez y Mario Ponce) que a mí me consta cómo trabajan por el pueblo salvadoreño. Es lo único que yo buscaba. Lastimosamente, una golondrina no hace verano, ¿verdad?

¿Por qué considera que Carmen Aída no debería...?

No conozco a Carmen.

¿Votaría para que fuera reelecto el actual Fiscal General de la República?

Ja, ja, ja. Si no amanezco viva, va a ser tu culpa. Ja, ja, ja. Son bromas

¿Entonces votaría por el actual fiscal?

Es necesario darle una oportunidad a los otros abogados. Los abogados nos creemos (se creen) Matusalén, que toda la vida van a estar ahí. También hay más gente capaz.

Si me está diciendo que no debe de haber reelección, ¿no cree que eso también aplica para los diputados? Porque algunos llevan muchos periodos siendo diputados.

No, eso solo debería de aplicar para la Fiscalía. Este fiscal ha sido eficiente pero no demasiado eficiente. Por eso lo evalúo con un 50 % positivo.

Pero el 50 % no me dice nada.

Ja, ja, ja. No diré más.

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El Salvador Tue, 18 Sep 2018 19:18:16 +0100 http://www.elfaro.net/es/201809/el_salvador/22444/“Yo-no-hubiera-votado-por-Carmen-Aída-Lazo”.htm
“Los cheques originales indican que este caso no se cierra con la condena de Saca” http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_4032_2689/images%7Ccms-image-000030087.jpg http://www.elfaro.net/es/201809/ef_radio/22460/“Los-cheques-originales-indican-que-este-caso-no-se-cierra-con-la-condena-de-Saca”.htm En la portada de El Faro Radio del martes 18 de septiembre, conversamos con los periodistas de El Faro, Sergio Arauz y Jimmy Alvarado. Ambos forman parte del equipo que reveló los 2,000 cheques originales autorizados por la administración del expresidente Elías Antonio Saca a 171 destinatarios, sin registro contable oficial y sin ningún tipo de fiscalización. Los montos contenidos en estos cheques suman el 41 % de los $300 millones por los que Saca fue condenado a 10 años de prisión, por el delito de peculado y lavado de dinero. La investigación de El Faro revela nuevos nombres de personas naturales y de empresas que no fueron mencionadas durante el proceso judicial contra el exmandatario. Según Alvarado y Arauz, los hallazgos indican que hay otras irregularidades alrededor de la gestión de Saca que deberán ser investigadas por la Fiscalía. EF Radio Tue, 18 Sep 2018 17:36:53 +0100 http://www.elfaro.net/es/201809/ef_radio/22460/“Los-cheques-originales-indican-que-este-caso-no-se-cierra-con-la-condena-de-Saca”.htm ‘Polvo de gallo’: retrato escénico del abuso sexual en El Salvador http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_4032_2689/images%7Ccms-image-000030084.jpg http://www.elfaro.net/es/201809/ef_radio/22459/‘Polvo-de-gallo’-retrato-escénico-del-abuso-sexual-en-El-Salvador.htm El jueves 20 de septiembre de 2018 se estrena la obra ‘Polvo de gallo’, producida por el cineasta Julio López junto al grupo de artes escénicas Teatro del Azoro. En la contraportada de El Faro Radio, conversamos con López y con una de las actrices participantes, Paola Miranda. Ambos cuentan sobre cómo fue el proceso de creación del proyecto. Esta es una obra que intercala lenguajes cinematógráficos y teatrales, y que resalta la situación de mujeres víctimas de abuso sexual en El Salvador. “En una ciudad, el gobierno ha decidido regular los abusos sexuales y todas las mujeres deben recibir un citatorio. La historia inicia cuando la chica principal lo recibe y debe enfrentarse a ello", contó Miranda. La obra se presentará en el teatro Luis Poma de San Salvador. EF Radio Tue, 18 Sep 2018 17:31:52 +0100 http://www.elfaro.net/es/201809/ef_radio/22459/‘Polvo-de-gallo’-retrato-escénico-del-abuso-sexual-en-El-Salvador.htm ¿Está la izquierda en la izquierda? http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000025877.JPG http://www.elfaro.net/es/201809/columnas/22461/¿Está-la-izquierda-en-la-izquierda.htm Entre los 60 y 80 la izquierda era sinónimo de intelectualidad. Pese a las etiquetas críticas de “revisionistas”, “pequeño burgués”, “intelectual orgánico”, “tecnócrata” o “analista simbólico”, la élite pensante académica y cultural, sobre todo la que vivía alojada en las universidades públicas y en los centros de pensamiento —generalmente bares— estaba inclinada al pensamiento socialista o marxista. Economistas, sociólogos, poetas, cantautores, antropólogos, escultores, arquitectos, pintores, médicos entre muchos otros, conformaban un bloque de intelectualismo relevante de vanguardia, constructor de una opinión pública elevada. Este bloque daba soporte a los movimientos revolucionarios militares o guerrilleros, sindicatos y otras expresiones de lucha. Era la generación comprometida.

Lo más importante en esa época era la dimensión radical y ética- Ser consecuente y sobre todo solidario con las masas de obreros y pobres campesinos. A ningún dirigente de izquierda se le pasaba por la mente hacer trabajo de campo en una camioneta de lujo o andar con relojes Rólex. Incluso hubo “conversos” que renunciaron a sus comodidades, privilegios y herencias; otros, se fueron a la clandestinidad. Los que eran menos (en cantidad), no pensaban en hacer dinero o incrementar su patrimonio, porque su ideal era aportar a la teoría, escribir o pintar un símbolo de la rebeldía y ayudar a los más pobres y necesitados. Se llegó a escribir y a pensar en una “civilización de la pobreza”, y en una considerable cantidad de utopías.

Algunos padres y abuelos decían: “mientras estés en la universidad serás comunista y al graduarte te transformarás en capitalista. Cuando no tenés nada es fácil ser socialista y repartir lo ajeno, pero cuando lográs un capital o ahorro es difícil que quieras distribuir lo que te ha costado”. Esta premonición se fue transformando en realidad.

Muchos líderes históricos de la izquierda, una vez concluida la lucha revolucionaria, fueron cambiando. Algunos se hicieron capitalistas —e hipercapitalistas— o empresarios. Una vez incorporados los movimientos guerrilleros a los partidos políticos descubrieron dos cosas inimaginables: dinero y poder. Esto arruinó sus valores e ideales. Mientras tanto, los intelectuales que no sudaron la camisa en la guerra y entre las balas, fueron acusados de “arribistas” y excluidos de los nuevos procesos políticos, quedándose así con el poder los dirigentes militares, que bien sabían de tácticas y estrategias en la montaña o selva y poco de administrar asuntos públicos y privados.

En este contexto la izquierda fue evolucionando. Dejaron de leer a Trotski y a Gramsci, abandonaron la lucha de clases, y desde las taxonomías de marxismo clásico —leninista, maoísta, etc.— llegaron al adefesio del Socialismo del Siglo XXI. En este punto aparecieron ciertos mesías extravagantes outsiders sin antecedentes: Chávez, Kirchner, Maduro, Correa, Funes y otros con pasado pero sin principios: Ortega y Lula de Silva (excluimos deliberadamente de esta lista a Evo Morales y Pepe Mujica). La mayoría de ellos venía con limitadas credenciales de izquierda. En dos plumazos se hicieron millonarios a costa de los erarios públicos; actualmente, viven como lo que criticaron en su juventud.

A finales de los 90 el académico Joaquín Brunner constató una crisis de la figura tradicional del intelectual, tan valorada por unos (los propios intelectuales) y tan vilipendiada por otros, es decir, por todas las variadas y renovadas formas de antiintelectualismo. Pero su mirada se detenía sobre el análisis de la oposición entre dos modelos de trabajo intelectual: la ingeniería social (simbólica y teórica) y la autorregulación de contextos posmodernos (información y conocimiento). Se deben tomar en cuenta también las “tensiones dinámicas” entre los tiempos políticos y los tiempos académicos-científicos-culturales. El político se rige por lo pragmático, mientras que lo académico por lo ideal, los teóricos y lo que sucede en las aulas o laboratorios. Conciliar estos dos mundos es difícil y aquí se agudiza la crisis y ruptura. A pesar de lo irreal, lo académico-cultural-científico resguarda su ética y sus valores, mientras que lo político se comienza a regir por las variables poder y dinero.

Como se anotó, una vez concluidas las luchas revolucionarias militares, los movimientos radicales guerrilleros, sindicales y organizaciones sociales de izquierda se transformaron en partidos políticos, bajos los principios teóricos socialistas: un Estado más robusto que controle la voracidad del mercado, opción preferencial por los pobres, la revolución continua por otros medios combativos democráticos, erradicar las hegemonías oligárquicas y los oligopolios del mercado, etcétera.

Mucha gente que votó por los gobiernos de izquierda se basó en los siguientes axiomas: a) esta gente representa un verdadero cambio; b) han vivido en circunstancias difíciles y tienen sensibilidad; c) al menos en educación, ciencia y cultura propondrán una verdadera revolución y transformaciones; d) tienen valores y principios acrisolados en la guerra, no son simple burgueses acomodados; e) no van a robar, pues su ideología se los impide; f) no serán corruptos como los de derecha; g) esta gente se basa en fortalecer el Estado y no el mercado. Estos entre muchos otros axiomas.

En este contexto, al poco tiempo de haber asumido la izquierda en algunos gobiernos de Latinoamérica, el desarrollo de la gran crisis política contemporánea se puede describir en los siguientes términos: 1) anteponer los intereses del poder y del dinero sobre los valores, principios socialistas y necesidades de la gente; 2) enriquecerse con los fondos públicos, robando y generando corrupción; 3) seguir pregonando y manchando el discurso de izquierda socialista.

Al oído de la izquierda Latinoamericana, en el XXXI Congreso ALAS de CLACSO, Pepe Mujica comentaba: “la condición humana vive un permanente duelo en la historia, producto del egoísmo propio de la persona (…) El vivir en sociedad nos trae problemas y un inmenso repertorio de soluciones (…) Nunca estaremos derrotados, porque nunca triunfaremos definitivamente (…) La política no es una profesión, sino una necesidad casi biológica para solucionar o administrar los conflictos de la sociedad (…) La forma de vivir tiene que expresar la forma de pensar: Puedes optar en vivir como piensas, o terminaras pensando como vives. No hay personas insustituibles, lo insustituible son las causas. Somos imperfectos, pero tenemos una lucha dentro de nosotros. No vamos a crear un mundo mejor sino luchamos dentro de nosotros”. ¿Se entiende?

Gran parte de la izquierda ya no está en la izquierda. Se ha transformado en un movimiento opositor que lucha por la hegemonía oligárquica. Así como el síndrome de Estocolmo, se enamoraron de su peor enemigo. La izquierda fue una revolución de 360°: llegamos al punto de donde partimos, sin cambiar nada. Los pobres siguen pobres y los ricos son los mismos, sólo que ahora hay unos nuevos miembros del club.

En la segunda parte de este texto, el tema central será la mutación que ha tenido la derecha política. Durante todo este tiempo, desde el fin de la Guerra Fría y los Escuadrones de la Muerte, la derecha también tuvo una segunda oportunidad al poder. De eso también hablaremos.

* Óscar Picardo Joao  ( opicardo@asu.edu )  es investigador y especialista en política educativa. Licenciado en Filosofía, con maestrías en Teología y Educación y  Doctorado en Didáctica y Organización Escolar;  en la actualidad dirige el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia.  Foto El Faro: Víctor Peña
 
* Óscar Picardo Joao  ( opicardo@asu.edu )  es investigador y especialista en política educativa. Licenciado en Filosofía, con maestrías en Teología y Educación y  Doctorado en Didáctica y Organización Escolar;  en la actualidad dirige el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia.  Foto El Faro: Víctor Peña

*Óscar Picardo Joao (opicardo@asu.edues investigador y especialista en política educativa. Licenciado en Filosofía, con maestrías en Teología y Educación y Doctorado en Didáctica y Organización Escolar; en la actualidad dirige el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia.

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Columnas Tue, 18 Sep 2018 17:23:31 +0100 http://www.elfaro.net/es/201809/columnas/22461/¿Está-la-izquierda-en-la-izquierda.htm
Todos los cheques, todos los destinatarios http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000030083.jpg http://www.elfaro.net/es/201809/el_salvador/22458/Todos-los-cheques-todos-los-destinatarios.htm El Faro tuvo en sus manos miles de cheques que explican con detalle adónde fue a parar el 41% de los $300 millones por los que se ha condenado a prisión el expresidente Antonio Saca. Estos cheques estaban dirigidos a un total de 171 destinatarios entre empresas y particulares, muchos de los cuales no aparecieron nombrados en el juicio contra Saca ni en su cobertura mediática. El Salvador Tue, 18 Sep 2018 12:11:44 +0100 http://www.elfaro.net/es/201809/el_salvador/22458/Todos-los-cheques-todos-los-destinatarios.htm Gobierno de Guatemala desobedece mandato judicial y no permitirá el regreso de Iván Velásquez http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000030081.jpg http://www.elfaro.net/es/201809/centroamerica/22457/Gobierno-de-Guatemala-desobedece-mandato-judicial-y-no-permitirá-el-regreso-de-Iván-Velásquez.htm El máximo tribunal de Guatemala deja sin efecto la decisión del presidente Jimmy Morales de impedir la entrada al país del comisionado de la comisión internacional contra la impunidad, Iván Velásquez. El funcionario de origen colombiano viajó a Estados Unidos pocos días después de que el mandatario anunciara la no renovación del mandato del organismo de Naciones Unidas, que termina en septiembre de 2019. La cancillería pidió a la ONU que mande una lista de posibles sustitutos de Velásquez para dirigir la comisión. La Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto de forma provisional la orden que dio el presidente Jimmy Morales de prohibir el ingreso a territorio guatemalteco del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), el colombiano Iván Velásquez. El organismo está adscrito a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que mantiene a Velásquez como jefe de la comisión.

La presidenta del máximo tribunal, la magistrada Dina Ochoa, dijo en rueda de prensa la noche del domingo 16 de septiembre que ese organismo aceptó un recurso de amparo presentado por el abogado independiente Alejandro Portillo contra la decisión de Morales.

Portillo argumentó que existe un precedente jurídico, pues la Corte de Constitucionalidad ya había aceptado en 2017 una acción que promovió la Procuraduría de Derechos Humanos, después de que el presidente Morales declaró persona non grata al comisionado Velásquez el 27 de ese agosto de ese mismo año.

Pero el gabinete de Morales no procederá en esa vía con tanta facilidad. El gobierno de Guatemala anunció este lunes que sigue prohibiendo el ingreso al país del jefe de la CICIG. “El ciudadano colombiano Iván Velásquez (jefe de la comisión antimafias) no ingresará al territorio nacional”, dijo a periodistas el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart.

El ministro aseguró que Migración solo permitirá el ingreso a un nuevo “comisionado que sea electo a través de un proceso en armonía entre las partes, las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala”. Con este fin, la canciller guatemalteca Sandra Jovel pidió a las autoridades de la ONU —por órdenes de la Presidencia— que envíen una lista de posibles sustitutos de Velásquez en un período de 48 horas, o dos días.

Consuelo Porras, la fiscal general de Guatemala, indicó que la CC deberá determinar si hubo desobediencia por parte del Ejecutivo a la disposición de la Corte.

En 2017 fue diferente. Luego que la Corte de Constitucionalidad aceptó el amparo de la Procuraduría, el Ejecutivo se vio obligado a dar marcha atrás con la decisión de declararlo persona non grata. Ese amparo, sin embargo, fue el génesis para otra crisis política en Guatemala, especialmente desde aquellos sectores sociales que consideraron la hostilidad contra Velásquez como un retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Sin importar el apoyo que muchos ciudadanos dieron al jefe de la CICIG, el presidente Morales comenzó a debilitar a ese organismo. En esta tarea lo ayudó Degenhart, al frente de Gobernación desde enero 2018. Entre varios cambios que implementaron, el gobierno guatemalteco recortó la cantidad de policías que daba seguridad en el perímetro de las oficinas de la CICIG y además les retiraron al menos una decena de investigadores policiales de inteligencia.

Después de esta sucesión de acciones fue que llegó el anuncio del 31 de agosto de este año. Morales volvió a la carga y aseguró que no pedirá a la ONU una nueva ampliación, de 2019 a 2021, del mandato de la CICIG.

Cuatro días después, Morales prohibió el ingreso al país de Velásquez, quien se encontraba de viaje en Nueva York y Washington en esos días. El secretario general de la ONU, António Guterres, lo respaldó al mantenerlo en el cargo e indicar que seguirá en funciones desde el extranjero.

La magistrada Ochoa explicó que con la resolución de 2017 se creó una jurisprudencia y para prohibir el ingreso al país del jurista colombiano se tenían que agotar todas las negociaciones diplomáticas entre el gobierno guatemalteco y la ONU. Afirmó además que la unánime decisión de los cinco magistrados del tribunal se apega a la “interpretación final del alcance de la Carta Magna” de este país centroamericano.

En tanto, el vocero de la Corte, Santiago Palomo, comentó que los magistrados rechazaron varios amparos sobre la no renovación del mandato de la CICIG, bajo el argumento de que el acuerdo establece que es una decisión del Estado guatemalteco y está en su derecho de no hacerlo.

A su vez, el vocero de la Cicig, el uruguayo Matías Ponce, comentó en una declaración que respetan y promueven “el respeto de las decisiones judiciales dictadas por la Corte de Constitucionalidad”.

La “CICIG sigue trabajando con normalidad en el marco de su acuerdo. El Comisionado está trabajando en Nueva York siguiendo la decisión del Secretario General y esperamos, según el fallo de la Corte de Constitucionalidad, que pueda retornar en breve plazo a Guatemala”, puntualizó. Al ser consultado sobre la negativa del Ejecutivo a proceder según el mandato de la Corte, Ponce prefirió no comentar sobre esa situación en particular.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, calificó como “una excelente noticia” la decisión de la CC y hasta se había adelantado a dar la bienvenida a Velásquez para “seguir desde Guatemala la lucha contra la corrupción y la impunidad”.

La decisión de la Corte de Constitucionalidad ocurre un día después que el presidente Jimmy Morales se blindara de fuerzas de seguridad del Estado para dar su discurso por el día de la independencia , el sábado 15 de septiembre. El mandatario envió un mensaje donde dividió al país entre buenos y malos, descalificó a los ciudadanos que se manifiestan contra la corrupción y atacó a los medios de comunicación. “Hace un año, malos guatemaltecos, junto a algunos malos extranjeros, quisieron secuestrar nuestra bandera y quién sabe qué hubieran hecho con ella si se lo hubiéramos permitido”, arrancó el mandatario, en referencia a las protestas de 2017, cuando miles de guatemaltecos salieron a las calles a exigir el respeto al trabajo de la CICIG.

“¿Qué querían esos? ¿Qué buscaban? Lo mismo que ahora. Provocar una confrontación entre hermanos. Hermanos verdaderos: no nos dejemos provocar”, sentenció el presidente en medio de consignas de ciudadanos que reclamaban su renuncia.

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, Juan Francisco Sandoval, ha sido otro de los funcionarios que ha reclamado la permanencia de la Comisión en su país. Sería “un retroceso para la justicia” guatemalteca, asegura.

“El ejercicio de la persecución penal lo tiene el Ministerio Público y la Comisión nos ha apoyado con equipos de investigadores policiales, analistas criminales y analistas financieros, entre guatemaltecos y extranjeros. Pero las estructuras que se lograron desarticular desde que está la Comisión, no hubiéramos podido desarticularlas sin ella”, dijo en entrevista con El Faro la primera semana de septiembre.

A diferencia del año pasado, esta vez las calles de Guatemala se mantuvieron sosegadas luego que el presidente Jimmy Morales anunciara la decisión de no renovar el mandato de la CICIG en cadena nacional y acuerpado por miembros de alto rango de las fuerzas armadas. No fue sino hasta el sábado, durante la celebración de la independencia, que miles de ciudadanos volvieron a mostrar su nivel de organización para las protestas. Y no fue sino hasta el pasado domingo 16 que finalmente se confirmó una fórmula legal para exigir el regreso de Velásquez.

La presidenta de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, Dina Ochoa, en la rueda de prensa del domingo 16 de septiembre de 2018 donde se anunció la nueva decisión del máximo tribunal. Ochoa estuvo acompañada de los magistrados Boanerge Mejia y Goloria Porras.
 
La presidenta de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, Dina Ochoa, en la rueda de prensa del domingo 16 de septiembre de 2018 donde se anunció la nueva decisión del máximo tribunal. Ochoa estuvo acompañada de los magistrados Boanerge Mejia y Goloria Porras.

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Centroamérica Mon, 17 Sep 2018 17:29:23 +0100 http://www.elfaro.net/es/201809/centroamerica/22457/Gobierno-de-Guatemala-desobedece-mandato-judicial-y-no-permitirá-el-regreso-de-Iván-Velásquez.htm
Cómo y por qué iniciaron así las relaciones con Beijín http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000025956.JPG http://www.elfaro.net/es/201809/columnas/22436/Cómo-y-por-qué-iniciaron-así-las-relaciones-con-Beijín.htm El 20 de agosto pasado, el gobierno de El Salvador abrió relaciones diplomáticas con la República Popular China (RPCH). Pero la manera en que se ejecutó esta maniobra deja muchas inquietudes. Por ejemplo, ¿por qué el secretismo con el que se ha tratado el asunto con el público? Además, como parte del acuerdo quedó establecido que El Salvador debía romper el vínculo diplomático con Taiwán. El acto de apertura de relaciones que el gobierno salvadoreño acaba de realizar no es un acto soberano, sino un acto sujeto a una condicionalidad que implica negación de la soberanía patria.

El comportamiento del gobierno salvadoreño para dar este paso también debe ser analizado. Me permito hacer tres observaciones, tomando en cuenta que la actitud que el gobierno ha adoptado es la de no explicar ni argumentar el cambio, y que por lo tanto, se presta a la especulación, especialmente en cuanto a los motivos de ello.

Tratar de averiguar las razones que el gobierno tuvo para este viraje en lo que ha sido una clara posición de nuestra política internacional a lo largo de más de 60 años, sin importar el color político del gobierno de turno, es algo difícil. Lo primero que hay que criticar es la falta de transparencia de las autoridades, que se han negado a un diálogo serio sobre el tema.

Creo que el discurso del presidente Sánchez Cerén anunciando el cambio dejó mas interrogantes que respuestas. Un análisis de las razones que adujo para el cambio son fácilmente objetables. Por un lado, pretender que una relación de cooperación con la RPCH nos dará transferencia de tecnología, significa ignorar el hecho que una de las criticas mas serias que se le hace a la cooperación de ese gobierno con países del tercer mundo es precisamente su casi nula disposición a compartir tecnologías y su inveterada costumbre de realizar sus proyectos con mano de obra traída desde su continente, reduciendo así las posibilidades de ampliar y entrenar el empleo en nuestros países. Por otra parte, asumir que el cambio de relaciones diplomáticas va a significar un aumento de cooperación para El Salvador es una hipótesis de muy dudosa constatación; al contrario, los casos de Costa rica y Pakistán mas bien nos dan una alerta para no dejarnos entusiasmar con las ofertas que la RPCH hace al momento de abrir relaciones con nosotros, pues suelen ser de muy dudoso o incompleto cumplimiento. El caso de Costa Rica así lo muestra: de las tres ayudas más importantes que le ofrecieron para romper con Taiwán en 2007, solo se ha cumplido una, que es la construcción del Estadio. Pero la construcción de la refinería de petróleo nunca se ha materializado y la carretera nunca se ha completado. Nótese que el caso de Costa Rica fue el último de una serie de iniciativas políticas de la RPCH para privar al gobierno de Taiwán de relaciones diplomáticas ofreciendo muchas dádivas de cooperación, pero que un par de años después, han sido abandonadas. Ahora son algunos gobiernos, como el nuestro, los que han tomado la iniciativa de acercarse a Beijín ofreciendo cortar la relación con Taiwán. Asimismo, recientemente el gobierno de Pakistán recurrió al Fondo Monetario Internacional para solicitar financiamiento que le permita liquidar préstamos que le hizo Beijín y que ahora considera innecesarios y onerosos.

El secretismo con el que el gobierno ha manejado el tema, incluso absteniéndose se informarle a su embajadora en Taipéi de lo que venía —ya que ella se enteró por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán— acercan más a un operativo de espionaje que a una acción diplomática.

Una segunda observación es la inoportunidad del hecho: estamos iniciando una campaña electoral, en la que los partidos se preparan para montar su propaganda. Lo que el gobierno ha hecho es, en primer lugar, ponerle una zancadilla a su propio candidato. Cuando fue ministro de Relaciones Exteriores por más de ocho años, argumentó a favor de mantener las relaciones con Taiwán y hoy, apenas renuncia y pasa a ser el candidato del partido, ese partido —y gobierno— sale contradiciéndolo y poniéndolo en una situación difícil, en la que tuvo que aceptar que no le parecía la forma como se había hecho. Por otra parte, están las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán. Él señaló que la razón para la ruptura de relaciones con su país fue porque se negaron a donar $120 millones para la campaña del partido en el gobierno y también se negaron a hacerse cargo del Puerto La Unión. La donación es quizá la observación más grave, pues si fuera cierto, el gobierno salvadoreño está violando flagrantemente la ley, ya que las contribuciones de gobiernos extranjeros para una campaña electoral están totalmente prohibidas. Finalmente, la presencia del líder del FMLN en la ceremonia de apertura de relaciones en Beijín, dizque en su calidad de designado a la presidencia, no deja de ser sospechosa pues, que sepamos, nunca ha realizado misiones diplomáticas en calidad de designado y su presencia en esa ceremonia más bien le hace coro a lo que el ministro taiwanés declaró. Lo sorprendente es que, ante semejante embrollo, la Asamblea Legislativa es incapaz de cumplir con su papel constitucional que, según el artículo 131, numeral 32, le manda “nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional”. Creer que es suficiente cumplimiento de sus deberes otorgarle un diploma de despedida a la embajadora de Taiwán es un pobre servicio al Estado de Derecho y a nuestra Constitución.

En todo caso, la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿por qué ahora? El Salvador no necesita tan urgentemente a China Popular como para no esperarse hasta después de las elecciones, si es que hay razones para hacer el cambio. La ruptura de relaciones requería la creación de un mínimo nivel de consenso antes de implementarla; al menos, para tratar de paliar el rechazo generalizado de los actores políticos y sociales con que ha sido recibida. También para evitar exponer a la opinión pública los pronunciamientos públicos negativos, de igual carácter improvisado y no estudiado, como la declaratoria de Arena de restaurar las relaciones con Taiwán si es que gana las elecciones. Estos temas deben estar por encima de la campaña electoral, son decisiones de Estado y no simple material para ganar votos.

Una tercera observación es la naturaleza improvisada de la acción gubernamental. Ya señalé la necesidad de tener razones de peso y urgencia para tomar la decisión de ruptura de relaciones con cualquier gobierno. Pero si se va a hacer, es necesario proceder conforme a modos de operación propios de la acción diplomática; no solo porque es importante respetar las normas de conducta de la diplomacia —a no ser que esté de por medio la soberanía del país—, sino también porque hay que preservar el buen nombre de nuestra diplomacia. Esto es importante, sobre todo, porque somos parte de una historia diplomática que tiene momentos de reconocimiento en la comunidad internacional, como es el papel del doctor José Gustavo Guerrero, incansable defensor del principio de la soberanía nacional y primer presidente de la Corte Internacional de Justicia; o del doctor Reynaldo Galindo Pohl, insigne defensor de una política exterior inteligente pero apegada a los principios del buen gobierno; así como el doctor Alfredo Martínez Moreno, que continúa instruyéndonos y luchando por un honesto camino para la patria. Lo actuado por este ministerio de Relaciones Exteriores, en este caso, no es digno de alabanza sino de vergüenza frente a la comunidad internacional.

Todo indica que la improvisación, la incapacidad de prever las consecuencias y el poco respeto a —o ignorancia sobre— las prácticas diplomáticas, así como urgencias políticas, empujaron al partido en el gobierno, y al gobierno mismo, a dar este mal paso.

* Rubén Zamora es el exembajador de El Salvador en Estados Unidos y exembajador para El Salvador en Naciones Unidas. Fue el fundador de Convergencia Democrática y primer candidato presidencial por el FMLN para las elecciones de 1994.

Rubén Zamora es el exembajador de El Salvador en Estados Unidos y exembajador para El Salvador en Naciones Unidas. Fue el fundador de Convergencia Democrática y primer candidato presidencial por el FMLN para las elecciones de 1994. Foto El Faro: Víctor Peña
 
Rubén Zamora es el exembajador de El Salvador en Estados Unidos y exembajador para El Salvador en Naciones Unidas. Fue el fundador de Convergencia Democrática y primer candidato presidencial por el FMLN para las elecciones de 1994. Foto El Faro: Víctor Peña

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Columnas Mon, 17 Sep 2018 06:10:54 +0100 http://www.elfaro.net/es/201809/columnas/22436/Cómo-y-por-qué-iniciaron-así-las-relaciones-con-Beijín.htm
La WWE del centro http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000030053.jpg http://www.elfaro.net/es/201809/ef_tv/22455/La-WWE-del-centro.htm Cada domingo por la noche, un parqueo en el centro de San Salvador se convierte en arena de lucha libre. Por unas horas, motoristas, vendedores y obreros se transforman en personajes exóticos para dar un espectáculo y demostrar sus destrezas. Son héroes efímeros para un público fiel que jalea los nombres míticos de los luchadores y transmite la afición a sus hijos. Los asistentes pagan $2 y los luchadores se llevan $15 por pelea. Las lesiones y la falta de recursos no han frenado nunca el espectáculo.

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EF TV Sun, 16 Sep 2018 15:31:28 +0100 http://www.elfaro.net/es/201809/ef_tv/22455/La-WWE-del-centro.htm
La partida secreta de Saca, resumida en 25 cheques del Banco Hipotecario http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000030056.jpg http://www.elfaro.net/es/201809/ef_foto/22454/La-partida-secreta-de-Saca-resumida-en-25-cheques-del-Banco-Hipotecario.htm Los cheques y otros documentos originales con los que el Gobierno de Antonio Saca pagó a través del Banco Hipotecario $123.7 millones de la partida secreta llegaron a manos de El Faro casi una década después de que un funcionario de Capres los almacenara y guardara, fuera de registros oficiales. En total son 2,714 cheques por $118.8 millones y otras órdenes de pago por $4.9 millones más, que no solo confirman la forma en que operó la estructura de corrupción del útimo gobierno del partido Arena, sino que revelan destinatarios y entregas de dinero que no eran públicas hasta hoy. Este es un adelanto, en 25 imágenes, de cómo y a quiénes se entregó ilegalmente dinero público entre 2004 y 2009. EF Foto Sun, 16 Sep 2018 07:47:40 +0100 http://www.elfaro.net/es/201809/ef_foto/22454/La-partida-secreta-de-Saca-resumida-en-25-cheques-del-Banco-Hipotecario.htm Jimmy Morales llena la plaza de policías el 15 de septiembre para protegerse de las protestas Alberto Pradilla / Plaza Pública http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000030055.jpg http://www.elfaro.net/es/201809/centroamerica/22456/Jimmy-Morales-llena-la-plaza-de-policías-el-15-de-septiembre-para-protegerse-de-las-protestas.htm El presidente de Guatemala utilizó su discurso del día de la independencia para dividir el país entre buenos y malos, descalificó a los ciudadanos que se manifiestan contra la corrupción y la impunidad, y atacó a los medios de comunicación. Horas antes, cientos de policías y militares habían tomado la plaza cívica de la capital para evitar la presencia de manifestantes. El Ministerio Público ha abierto de oficio dos expedientes para determinar si la presencia policial violó los derechos ciudadanos de manifestación y expresión. No fue fácil escuchar el discurso del presidente, Jimmy Morales, tras la izada de bandera que conmemora el 197 aniversario de la independencia centroamericana. A pesar del equipo de sonido, a la voz del mandatario le costaba trabajo elevarse sobre los gritos de decenas de manifestantes que exigían su renuncia en la Plaza de la Constitución, escenario de los actos oficiales. La decisión de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la prohibición de ingresar al país al comisionado Iván Velásquez, ha generado descontento. Una reacción ciudadana similar a la de hace un año. Entonces, el denominado “pacto de corruptos” en el Congreso y el intento de Morales de declarar “non grato” al comisionado, llevaron a cientos de personas a tomar la plaza y obligar a suspender la izada. En esta ocasión, el acto se realizó sin interrupciones, pero el presidente tuvo que aguantar su hora larga de duración entre consignas de cientos de ciudadanos que reclaman su renuncia.

Desde tres horas antes, decenas de estudiantes universitarios y activistas de colectivos urbanos, se concentraron en la plaza del Obelisco, al sur de la ciudad, y desde ahí marcharon hacia el centro de la capital para manifestar su rechazo al mandatario. Los manifestantes, que al llegar a la Plaza de la Constitución se incrementaron en número a alrededor de medio millar, reclamaron a Morales por impedir el ingreso de Velásquez al país para evitar que continúe al frente de la Cicig, por no renovar el mandato de esa comisión para un próximo período, y para que los diputados del Congreso accedan a retirarle la inmunidad para que sea investigado por el Ministerio Público por financiamiento electoral ilícito.

Consciente de estar en terreno hostil y protegido por un despliegue de seguridad no visto hace años —integrado por cientos de policías, soldados, kaibiles y antidisturbios militares—, Morales lanzó un discurso amenazante. Dividió a los guatemaltecos entre buenos y malos (estos últimos, apoyados por “malos extranjeros”), jugó con la idea de la confrontación social y atacó a los medios de comunicación.

“Hace un año, malos guatemaltecos, junto a algunos malos extranjeros, quisieron secuestrar nuestra bandera, y quién sabe qué hubieran hecho con ella si se lo hubiéramos permitido”, arrancó el mandatario.

El relato del presidente tenía un punto de realismo mágico. Según su visión de los hechos acontecidos en la misma plaza en 2017, una “horda de gente que atacaba y destruía, diciéndose pacifista”, quiso “secuestrar” la enseña nacional con aviesas intenciones. “Gracias al nacionalismo y profesionalismo” de los cadetes militares encargados de custodiarla, “no lo lograron”.

“Cómo pueden ser llamados pacifistas los que gritan oprobios, destruyen y aterrorizan”, dijo.

“Cómo pueden decir que luchan por la justicia guatemalteca cuando izan una bandera ajena a la nuestra en la plaza un 14 de septiembre”, añadió.

“¿Qué querían esos? ¿Qué buscaban? Lo mismo que ahora. Provocar una confrontación entre hermanos. Hermanos verdaderos, no nos dejemos provocar”, sentenció.

El discurso de Morales apenas era perceptible. Las consignas en contra (¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Jimmy Morales a los tribunales! ¡Jimmy cobarde, el pueblo está que arde!), gritadas al unísono por los manifestantes, impedían que sus palabras fueran legibles.

Para saber qué es lo que buscan los manifestantes, Morales no lo tenía difícil. Se encontraban a unas decenas de metros, detrás de la barrera de tres filas de policías civiles y militares. En sus carteles, mensajes contra la corrupción, la impunidad, la desigualdad y la pobreza, de apoyo a la Cicig y de exigencia de renuncia del mandatario. Era sencillo saber qué querían. Morales, sin embargo, prefirió no acercarse para averiguarlo con sus propios ojos. Y, por si acaso, decidió matar también al mensajero.

El palco donde todas las autoridades del Estado asistieron al alza de la bandera nacional. Foto: Simone Dalmasso / Plaza Pública 
 
El palco donde todas las autoridades del Estado asistieron al alza de la bandera nacional. Foto: Simone Dalmasso / Plaza Pública 

“Es preocupante el silencio, la manipulación de la información, la imposición de falsos valores. No me preocupa el grito de los iracundos, me preocupa el silencio de los medios de comunicación. ¿Por qué la violencia provocada por esos pequeños grupos desestabilizadores es minimizada por los medios de comunicación nacionales e internacionales?”, se quejó.

Una vez Morales había descrito al malchapín, tocaba hablar del bueno, el “verdadero”, los suyos, a quienes el presidente definió como “la mayoría silenciosa”.

“Esa mayoría silenciosa que cuando marcha no abusa, cuando marcha hace saber su pensamiento en paz, concordia e inteligencia. ¿Qué es lo que quiere esa gran mayoría de guatemaltecos? Quiere la familia, la vida y el cumplimiento del orden natural de las cosas”, dijo el presidente, tratando de aprovechar la marcha celebrada contra el aborto y el matrimonio igualitario el pasado 2 de septiembre.

Desde el inicio de la crisis abierta por su guerra contra la Cicig, no ha habido declaración de Morales que no haga referencia a estos conceptos, aunque nada tuviesen que ver con lo tratado en el resto de la alocución. El objetivo es claro: dividir el país entre una minoría ruidosa y el resto, el que sigue las tradiciones, obedece las leyes y ama su país. Un relato que pasa por alto la corrupción y que ubica la discusión en términos patrioteros de “o conmigo, o contra mí”.

Quizás una de las metáforas de la jornada la regaló Iván Díaz, gobernador del departamento de Guatemala, quien antecedió a Morales en el uso de la palabra. A voz en grito, como retando a los manifestantes, leyó punto a punto el Acta de Independencia de hace 197 años. Esa que en su primer punto declara que “Siendo la Independencia del Gobierno Español la voluntad general del pueblo de Guatemala y sin prejuicio de los que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, el señor jefe Político la mande publicar para prevenir las consecuencias que serían terribles en caso de que la proclamase de hecho el mismo Pueblo”.

Al otro lado de la barrera de policías, bien separados de los representantes oficiales, los descontentos insistían en exigir la dimisión del presidente. Eran menos que hace un año y no llegaron a tomar la plaza, pero lograron que las autoridades sentadas en el palco tuviesen que verlos y oírlos.

“Cuando llegamos al parque, calculo que éramos más de mil personas. Y para la intimidación que hubo durante la última semana, fue un buen número”, dijo Mynor Alonzo, dirigente de USAC Es Pueblo, una de las organizaciones que convocó a la marcha.

“La lluvia nos perjudicó, y además es un día laboral para muchas personas”, agregó Gabriel Wer, dirigente del colectivo Justicia Ya. “No es que esperemos un número específico de personas, lo que queremos es que la gente que se mueve del Obelisco para el parque tenga la oportunidad de manifestar y expresar su rechazo si así lo quieren”, agregó Briseida Milián Lemus, también de Justicia Ya.

Durante el recorrido de los manifestantes, decenas de automovilistas bocinaban en señal de apoyo y un grupo de estudiantes de un Instituto Nacional de Educación Básica se detuvo para apoyar al grupo gritando “¡Fuera Jimmy!”.

Al pasar frente al Ministerio de Gobernación, en la Sexta Avenida, los manifestaron se encontraron con un contingente de policías que desde la mañana rodeaba el edificio. Se enfilaron a la Plaza, a un costado de la fuente, y se toparon con las vallas de seguridad que cortaban su paso. La bandera era izada por cadetes de la Escuela Politécnica y el número de agentes les triplicaba.

Los manifestantes actuaron cautelosos frente a la temerosa presencia de las fuerzas de seguridad. 

Dos expedientes del MP por el control policial

A diferencia de hace un año, Morales logró dar su discurso. La bandera fue izada y los fastos oficiales pudieron desarrollarse, aún en medio de los gritos de protesta. Para evitar un desborde ciudadano como el que ocurrió en 2017, desde primera hora de la mañana un amplio operativo de seguridad fue montado en los alrededores de la Plaza de la Constitución, cerrando todos sus accesos. Uno de los agentes que custodiaba la entrada a la plaza por la Sexta Avenida y que no quiso identificarse reconoció que el dispositivo estaba motivado por los antecedentes.

Tanta policía no resultó una sorpresa. Días antes, Esteban Moranga, responsable del desfile que se celebra el sábado, había anunciado que la policía impediría el paso a participantes con mantas o carteles que declaren “non grato” o cuestionen al presidente. Querían así evitar lo ocurrido en Quetzaltenango, donde los mensajes contra el Gobierno mostrados por estudiantes en la feria Xelafer provocaron que Morales terminase por declinar su participación en los actos.

El despliegue fue inusitado. Únicamente se permitía el ingreso al parque por la octava calle, donde quien traspasaba el cordón era registrado, incluso los niños, los padres con bebés en brazos y los estudiantes que participarían en las celebraciones. Sobre las 15:00 horas, un nutrido grupo de antimotines militares irrumpió en la plaza y se resguardó en el parqueo subterráneo. Un kaibilal mando, que no quiso identificarse, explicó que solo actuarían en caso de que la fuerza pública, es decir, la policía, se viese desbordada, “como ocurrió el año pasado”. No portaban armas de fuego y aseguró que, en caso de disolver a manifestantes, solo emplearían gases lacrimógenos.

Tal exhibición de fuerza policial generó la reacción del Ministerio Público. El fiscal Yonni Morales, de la Fiscalía de Delitos Administrativos, se personó en el lugar, junto a cuatro investigadores, para tomar declaración a agentes de la Secretaría de Administración y Seguridad de la Presidencia presentes, pero apenas si logró su objetivo. Los agentes le impidieron el paso y se negaron a dar declaraciones oficiales.

Horas después, por medio de un comunicado oficial, el Ministerio Público anunció que había abierto “de oficio” dos expedientes de investigación: uno por limitar el acceso al área mediante la colocación de vallas y agentes uniformados, que impedía la libre locomoción de los ciudadanos. El segundo, por la prohibición de la libre expresión del pensamiento. Las actuaciones podrían constituir delitos por “Resoluciones Violatorias a la Constitución” y “Abuso de autoridad”.

El artículo 35 de la Constitución de la República garantiza la “libre emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa”. Además, la Carta Magna reitera que este derecho “no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna”.

El artículo 423 del Código Penal castiga a los funcionarios o empleados públicos que dicten resoluciones u órdenes “contrarias a las disposiciones expresas de la Constitución”.

Prohibir la entrada en un espacio público con carteles contrarios al presidente podría entrar en esta tipificación.

Plaza Pública quiso hablar con representantes de la policía y Gobernación para saber quién dio la orden de blindar la plaza y cuántos agentes participaron en el dispositivo, pero no hubo respuesta. El oficial Pablo Castillo, vocero de la policía, explicó que los datos se ofrecerán a partir del lunes. Será entonces cuando el Ministerio Público avance con sus investigaciones.

La crisis política se incrementó hace dos semanas luego de que Morales, acuerpado por el alto mando militar, anunciara que no renovará el mandato de la Cicig y asegurara que no aceptará ninguna “orden ilegal” en alusión a una eventual disposición de la Corte de Constitucionalidad para que diera marcha atrás al respecto.

Se prevé que las manifestaciones ciudadanas continúen durante los próximos días, y que el tribunal constitucional resuelva los recursos que diversas organizaciones han planteado en contra de Morales, para saldar la crisis. O para empeorarla.


Con la colaboración de Angel Mazariegos Rivas.

 

*Este texto fue publicado originalmente en el periódico guatemalteco Plaza Pública.

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Centroamérica Sat, 15 Sep 2018 20:43:57 +0100 http://www.elfaro.net/es/201809/centroamerica/22456/Jimmy-Morales-llena-la-plaza-de-policías-el-15-de-septiembre-para-protegerse-de-las-protestas.htm
Los cheques originales de la corrupción de Saca http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000030007.jpg http://www.elfaro.net/es/201809/el_salvador/22448/Los-cheques-originales-de-la-corrupción-de-Saca.htm El Faro tuvo en sus manos miles de cheques que explican con detalle adónde fue a parar el 41% de los $300 millones por los que se ha condenado a prisión el expresidente Antonio Saca. Estos cheques estaban dirigidos a un total de 171 destinatarios entre empresas y particulares, muchos de los cuales no aparecieron nombrados en el juicio contra Saca ni en su cobertura mediática. El Faro tuvo acceso a 2,714 cheques originales del Banco Hipotecario que suman pagos por $118.8 millones, de los 300 salidos de la partida secreta del Gobierno de Antonio Saca, por cuyo uso ilegal el expresidente fue condenado este miércoles 12 de septiembre a diez años de prisión por lavado de dinero y peculado. Los cheques, que un funcionario del gobierno de Saca almacenó fuera de registro oficial, son la materia prima de la corrupción de Saca, y revelan información no dada a conocer durante el juicio sobre cómo el último de los presidentes de Arena repartió de forma arbitraria millones de dólares de dinero público a más de un centenar de destinatarios.

El análisis de estos cheques revela pagos y destinatarios que no fueron tema de discusión ni en el juicio contra Saca y su círculo más cercano de funcionarios ni en la cobertura mediática del caso: entregas de dinero a obispos católicos; decenas de miles de dólares entregados en secreto a la oenegé de la esposa de Saca, que ya recibía financiamiento del Estado por vías formales; cientos de cheques para agencias de publicidad que no fueron capaces de mostrar contratos que respaldaran esos montos; o pagos millonarios a la empresa Galvanissa, de la que es propietario el exnadador olímpico Francisco Suriano Siu, a quien Saca se refería en público como su amigo.

El Faro analizó 2,714 cheques originales del Banco Hipotecario. Foto: Carlos Barrera 
 
El Faro analizó 2,714 cheques originales del Banco Hipotecario. Foto: Carlos Barrera 

Los miles de cheques llegaron a manos de El Faro agrupados en 27 paquetes. El total del dinero por el que fue condenado Saca salía, según probó la Fiscalía, de dos cuentas estatales que entre 2004 y 2009 nutrieron, entre otras, cinco cuentas personales del Banco Hipotecario a nombre del exjefe de la Unidad Financiera Institucional (UFI) de Casa Presidencial (Capres), Francisco Rodríguez Arteaga, condenado también este miércoles a cinco años de cárcel por los mismos delitos de Saca. De esas cinco cuentas, entre el 7 de junio de 2007 y el 31 de marzo de 2009, se emitieron estos 2,714 cheques para un total de 171 destinatarios distintos.

Los cheques del Banco Hipotecario tienen las firmas de puño y letra de quien los emitió y, en muchos casos, nombre y firma de quien los recibió o endosó. El Faro los recibió envueltos en sobres con los estados de cuenta del Banco Hipotecario. Son los documentos originales de las copias electrónicas que recibió la Fiscalía General de la República (FGR) por parte del banco, y permiten analizar con detalle cuánto, cuándo y con qué frecuencia esta maquinaria de corrupción entregaba dinero a diferentes personas, empresas y organizaciones.  

Los 2,714 cheques los llenó y autorizó Rodríguez Arteaga, contador de oficio. Su jefe directo, el entonces secretario privado de Saca, Elmer Charlaix, es quien le ordenaba emitir cheques, transferir pagos y contar miles de dólares en efectivo que luego organizaba en sobres de manila, según quedó consignado en el proceso judicial.

Los cheques llegaron principalmente a manos de exfuncionarios de esa administración, pero también a exmiembros del Batallón Presidencial y a empresas encuestadoras. La encuestadora salvadoreña Data Research recibió $505,000 de la partida secreta de la Presidencia Saca en 17 cheques de entre $2,300 y $50,000. En el último año de gestión, también la encuestadora mexicana Consulta Mitofsky recibió 10 cheques por la cantidad 11,300 cada uno, y uno más de $20,600, hasta sumar $124,300. El Faro contactó por correo electrónico a ambas empresas para preguntar el tipo de encuesta que habían hecho para la Presidencia con ese dinero y pedirles los contratos que justifican ese servicio. Data Research prometió una entrevista en los próximos días. Mitofsky no había respondido en el momento del cierre de este material.  

Otros destinatarios eran miembros del Batallón Presidencial, el destacamento militar encargado de la seguridad del presidente y su familia. En entrevista con El Faro, un alto cargo del Ejército describe a los integrantes de este Batallón como “mayordomos armados: cargan maletines, hacen de choferes, la compra del súper, lo que el presidente les encomiende”. Todos los miembros de este equipo tienen un salario que sale del Ministerio de Defensa. El jefe del Batallón Presidencial durante el gobierno de Saca, el coronel René Erwing Herrera Mena, recibió 106 cheques del Banco Hipotecario por un monto de $859,241. Cuatro de esos cheques eran por $22,000, y fueron endosados (cobrados) por la Pagaduría del Ministerio de la Defensa Nacional. Sin embargo, la mayoría (102 de los 106 cheques) fueron cobrados por terceras personas, algunas de ellas particulares sin aparente relación con el Gobierno de El Salvador (como un ciudadano guatemalteco con empresas offshore en Panamá) y, otros, miembros del Batallón Presidencial que estaban bajo el mando del coronel Herrera Mena. El Faro buscó al coronel para que explicara en qué gastó ese dinero, pero el Ministerio de Defensa informó que el militar ha fallecido.

Pedro Edgardo Portillo, un coronel del Batallón Presidencial que cobró un cheque de $7,853, declaró a El Faro que utilizó ese dinero para la compra de munición, gasto que, según dijo, liquidó con facturas ante Élmer Charlaix. Otra parte, aseguró el militar, se utilizó para comprar una lavadora de ropa, cocinas y “un montón de remodelaciones” del espacio de Casa Presidencial donde permanecía el Batallón, así como para la reparación de helicópteros de la presidencia. Otro oficial que cobró un cheque por más de $23,000, el mayor Edgar Napoleón Hernández, explicó a El Faro que la Presidencia les entregaba dinero cuando cumplían misiones de “avanzada” en el extranjero, es decir, cuando viajaban días antes de que el Presidente lo hiciera, con el fin de organizar su dispositivo de seguridad: esos pagos servía, dijo, para cubrir costos de hotel, alimentación y alquiler de vehículos. “Generalmente íbamos cinco en avanzada, se llevaba el dinero en efectivo, se repartía y luego se liquidaba, Pero le soy sincero, no recuerdo haber recibido tal cantidad ($23,000). Me parece demasiado alto”, explicó Hernández.

Por el uso ilegal de un total de 300 millones de dólares fueron sentenciadas a cárcel y a la devolución de sumas millonarias, además de Antonio Saca, otras seis personas: el exsecretario privado de la Presidencia Élmer Charlaix; el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia Julio Rank; el expresidente de la Administración de Acueductos y Alcantarillados César Funes; y tres empleados de la Presidencia, que recibieron penas similares o mayores incluso que la del presidente y sus altos funcionarios.

 

Envíos al extranjero

El Faro recibió junto con los cheques otros documentos originales del Banco Hipotecario (cheques de gerencia, notas de abono y notas de cargo por $2.4 millones; y constancias de $2.5 millones más en transferencias cablegráficas a cuentas extranjeras) que añaden desembolsos por $4.9 millones a los $118.8 contenidos en los cheques, hasta sumar $123.7 millones.

Un cheque de gerencia es un documento emitido en una sucursal bancaria ante la solicitud formal de un cliente, sin importar si este posee un talonario propio de una cuenta corriente. La diferencia sustantiva entre un cheque normal de talonario y uno de gerencia es el emisor: en el primer caso, es el titular de una cuenta bancaria específica; en el segundo, es el gerente de cualquier sucursal bancaria quien queda consignado como emisor.

Durante el proceso contra Saca y allegados, los peritos de la FGR determinaron que se realizaron tres transacciones en las que se emitieron cheques de gerencia por un total $606,000 desde las cuentas de Rodríguez Arteaga en el Banco Hipotecario. Ante la falta de copias de los cheques en cuestión, la Fiscalía solo pudo identificar dos destinatarios a partir de las cartas de solicitud de emisión de cheques de gerencia recibidas por el banco. La información original obtenida por este periódico revela más detalles que no constan en la investigación oficial.

Además de las solicitudes de emisión de cheques de gerencia, en el legajo de documentos había información en comprobantes originales de notas de débito y notas de cargo. En estos documentos está registrada la emisión de al menos 278 cheques de gerencia consignados en 21 comprobantes, por un monto total de 2.4 millones de dólares.

Entre sus destinatarios destacan tres transferencias a empresas del expresentador de televisión Jorge Hernández y su familia. Actualmente, Hernández está siendo procesado por lavado de dinero, pero la Fiscalía no ha dado avances sobre ese caso. Las empresas Unicentro, de la que Hernández es propietario, y Marketing and Service, propiedad de su esposa, recibieron un total de $450,000 en cheques de gerencia en tres transacciones de $150,000 cada una hechas entre el 27 de marzo y el 12 de junio de 2008, cuando Hernández era aún el principal entrevistador de Frente a Frente, el programa matutino de la Telecorporación Salvadoreña, televisora de la que era además Vicepresidente de Noticias.  

Hay también solicitudes de cheques de gerencia a nombre de monseñor Fernando Saénz Lacalle y monseñor Romeo Tovar Astorga. El primero fungió como arzobispo de San Salvador entre 1995 y 2008. Astorga fue obispo de Santa Ana hasta 2016. Actualmente, ambos están retirados de funciones por su avanzada edad.

También, desde las cuentas de Rodríguez Arteaga en el Banco Hipotecario fueron transferidos $262,000 al extranjero en distintos conceptos declarados y hacia diversos destinatarios. Entre ellos figuran al menos dos compañías estadounidenses que proporcionan entrenamiento en simuladores de vuelo y mantenimiento de aeronaves: Helicopter Textron Inc. y FlightSafety International. También hay constancia de  transferencias por $118,000 a las empresas Executive Jet Management y Hop-A-Jet WorldWide Jet Charter, que prestan servicios de alquiler de helicópteros y jets privados.

Figura además un pago del 18 de julio de 2008 por $14,000 al hotel Ritz-Carlton, frente al Parque Central de Nueva York (Estados Unidos), donde el precio por noche oscila entre los $1,000 y los $6,000.

Hubo también transferencias a firmas de abogados con sede en Florida (Estados Unidos) y en París (Francia) y a consultores financieros y legales en México que suman $846,000. En este rubro destacan $22,000 enviados en una sola transferencia a los diseñadores de moda colombianos Ayerbe & Quintana. Se trata de la misma firma que elaboró, según notas periodísticas, los trajes con los que en el predecesor de Saca, el expresidente Francisco Flores, y su esposa Lourdes de Flores asistieron la boda del príncipe Alberto de Mónaco y Charlene Wittstock en julio de 2011.

Entre los documentos obtenidos por este periódico existen comprobantes de transferencias cablegráficas de las cuales no es posible determinar el destino, porque solo registran el monto. Esas transferencias suman $1.2 millones.

Cheques para los obispos

Los registros del Banco Hipotecario dejan constancia de pagos provenientes de la partida secreta a miembros de la alta jerarquía de la Iglesia Católica. Dos obispos cobraron sin que se registrara la razón del pago, un total de $6,000 cada uno entre 2007 y 2008.

El 26 de julio de 2007, el entonces obispo de Santa Ana, Romeo Tovar Astorga, recibió de las cuentas de la partida secreta en el Banco Hipotecario un cheque de $3,000. El 22 de julio de 2008, quedó constancia de que le entregaron otro por el mismo monto. Fernando Sáenz Lacalle, entonces arzobispo de San Salvador, recibió el 19 de julio de 2007 un cheque por $3,000, y el 14 de julio de 2008 otro por la misma cantidad.

Uno de los condenados que guarda prisión en el sector nueve del penal La Esperanza, conocido como Mariona, habló con El Faro a cambio de ocultar su identidad. Explicó, a través de su abogado, que los pagos hacia estos dirigentes de la iglesia eran un “complemento”, concepto que usaban en Casa Presidencial para referirse a los sobresueldos, dinero en efectivo que no se declaraba y que complementaba el salario formal de los funcionarios. Ese mismo término se usaba para designar pagos del Ejecutivo a personas ajenas a la función pública. “Son sueldos como de pensión por ser capellanes del Ejército. También hubo pagos en efectivo”, dijo la fuente, que participó en la distribución de estos fondos. Fuentes aseguran que tanto Tovar Astorga como Sáenz Lacalle fungieron en algún momento, en décadas pasadas, como capellanes castrenses, y aseguran que se mantiene como costumbre en Casa Presidencial seguir realizando algunos pagos de "complemento" a pesar del paso de los años.

Sáenz Lacalle ejerció como arzobispo metropolitano de San Salvador entre el 13 de mayo de 1995 y el 27 de diciembre de 2008. Es la segunda vez que su nombre y el del Arzobispado aparecen como destinatarios de dinero público entregado sin fiscalización por Casa Presidencial. El 20 de diciembre de 1995, cuando el presidente era el también arenero Armando Calderón Sol, quedó registrado en los “Libros de la Partida Secreta” la emisión de un cheque por 5 millones de colones ($571,428) a favor de “la Iglesia Católica, Arquidiócesis de San Salvador”. Esos libros eran un registro manual e informal que se llevaba en aquel entonces por empleados de la Presidencia para llevar control del dinero que entregaban a diferentes personas y entidades.

Entre el 6 y el 11 de septiembre, El Faro envió correos e hizo llamadas al Arzobispado de San Salvador y a la Conferencia Episcopal para solicitar una explicación sobre por qué obispos recibieron fondos públicos de la partida secreta, y para conocer si la Iglesia Católica sabía y repite esta práctica. La respuesta dada en el Arzobispado por una secretaria fue que era mejor dirigir las interrogantes a la Conferencia Episcopal. “Mire él (Sáenz Lacalle) está delicado de salud y no creemos que sea oportuno pasar el mensaje”, explicó. En la Conferencia Episcopal, otra secretaria respondió que monseñor Fabio Colindres es el único vocero autorizado para hablar del tema, pero que está fuera del país y no podía responder a las interrogantes.

Sáenz Lacalle solía elogiar algunas de las medidas de la administración Saca, y se caracterizó por ser conservador en sus posiciones y poco dado a la polémica en temas políticos. "Creo que es buena la medida y que todos hagamos también un esfuerzo de austeridad para evitar gastos inútiles y superfluos cuando hay tanta pobreza", dijo en la misa dominical del 15 de mayo de 2005, según registró en una nota la Agencia EFE. Días antes, Saca había anunciado algunas medidas de austeridad en su gobierno. A inicios de 2009, Saca le entregó la orden nacional José Matías Delgado, en el grado de Gran Cruz, Placa de Plata. "La más alta distinción que nuestro país otorga a los ciudadanos que se han identificado profundamente con las necesidades de nuestra gente", dijo el expresidente en la ceremonia de entrega.

La administración Saca también usó fondos de la partida secreta para patrocinar a una fundación católica: la Asociación Ágape de El Salvador. El 22 de abril de 2008, entregó $6,000 del dinero de los salvadoreños en concepto de patrocinio de la Presidencia al 11º. Banquete del Amor ÁGAPE-2008. El Faro solicitó justificantes de ese pago a la oficina de comunicaciones de ÁGAPE. “Cada patrocinador del  banquete tiene derecho a que se incluya su marca en promocionales del evento en radio y televisión”, contestó la encargada de comunicaciones de la asociación este martes 11 de septiembre, vía correo. En la respuesta adjuntan copias de los promocionales, en los que figura Presidencia como patrocinador del evento a través del cual recogen fondos para los hogares de ancianos que administra dicha asociación.

La cercanía de la Fundación Ágape, liderada por el religioso católico Flavián Mucci, con gobiernos de Arena tiene antecedentes importantes. En 1998 la Fundación recibió como regalo del gobierno de Calderón Sol, sin ningún tipo de licitación o justificación legal, la asignación de la frecuencia del Canal 8 de televisión.

El millón secreto para la oenegé de Ana Ligia de Saca

“La calidad de vida de la familia salvadoreña mejorará sustancialmente cuando logremos romper la espiral de la violencia (…) Lograrlo no puede ser solo responsabilidad de las instituciones, tiene que participar activamente la ciudadanía”, dijo Saca el primero de junio de 2004, cuando juramentó como Presidente de la República. Tres meses después de aquel discurso, Saca entregó un cheque de $17,142.86 de la partida secreta a una organización no gubernamental que decía trabajar en proyectos a favor de los salvadoreños: la Asociación Familias en Progreso, una oenegé que presidía su esposa, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, que aun después de la condena de su marido enfrenta un proceso por lavado de dinero.

La Asociación Familias en Progreso recibió en total, durante el gobierno Saca, $1.5 millones de dinero público, pero apenas un 30% de ese dinero quedó registrado en la contabilidad de Casa Presidencial. Oficialmente, la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia registra que la oenegé de la exprimera dama recibió 20 cheques que suman $468,426.76, en concepto de donación. El dinero salió de dos cuentas del Tesoro Público, una en el banco Cuscatlán y otra en el Agrícola. Ese es, por así decirlo, el flujo formal registrado.

El expresidente Saca escucha a su abogado Mario Machado minutos antes ser condenado a 10 años de cárcel, este 12 de septiembre de 2018. Foto: Fred Ramos
 
El expresidente Saca escucha a su abogado Mario Machado minutos antes ser condenado a 10 años de cárcel, este 12 de septiembre de 2018. Foto: Fred Ramos

Pero en 2007, según consta en los cheques originales que El Faro analizó, la Asociación Familias en Progreso comenzó a recibir dinero público por partida doble. Recibía donaciones que quedaban registradas en el presupuesto y al mismo tiempo recibía dinero a escondidas proveniente de la partida secreta. Por ejemplo: El 5 de octubre de 2007 el gobierno donó a la oenegé de la exprimera dama $22,479 dólares que quedaron registrados en la contabilidad oficial; dos semanas más tarde, el 19 de octubre de 2007, la oenegé recibió debajo de la mesa otro cheque, del Banco Hipotecario, por un monto de $65,000. Ese dinero provenía de la partida secreta.

Entre el 19 de octubre y el 10 de diciembre de 2007 la Asociación Familias en Progreso recibió tres cheques más por un monto de $65,000 cada uno. En 2008, la organización recibió otros 12 cheques por la misma cantidad. El último cheque documentado por El Faro data del 24 de febrero de 2009, cuatro meses antes de que Saca saliera del cargo, y es por el mismo monto que los anteriores.

Los cheques fueron cobrados por compensación (depositar o cobrar un cheque en un banco distinto del emisor) en una agencia del Banco de América Central ubicada en la colonia Escalón, y depositados en una cuenta de la oenegé. Al revisar el reverso de los cheques, no aparece el número de documento de identidad de la persona que realizó el trámite de cobro, como tradicionalmente lo exigen los bancos. Lo único que aparece es un sello en el que se lee: “Asociación Familias en Progreso Dirección Ejecutiva”.

El Faro revisó 17 cheques que la Asociación Familias en Progreso recibió de la partida secreta entre el 19 de octubre de 2007 y el 24 de febrero de 2009. La oenegé que presidía Ana Ligia de Saca recibió en ese periodo $1.1 millones desde una cuenta del Banco Hipotecario registrada a nombre del contador Rodríguez Arteaga. No hay registros de cómo la organización utilizó ese dinero.

La última dirección conocida de Familias en Progreso es ahora ocupada por la Secretaría de Inclusión Social. La oenegé de la exprimera dama ejecutó proyectos junto a la Secretaría Nacional de la Familia, dirigida también por Ana Ligia de Saca, y predecesora de la actual Secretaría. El Faro preguntó a la oficina de la Secretaría de Inclusión Social si existen documentos de la organización de la esposa de Saca. La empleada a la que designaron para responder afirmó que no tienen registros de dicha oenegé. Aquella entidad se esfumó.

El Faro también buscó a la exprimera dama para que diera explicaciones. Ana Ligia de Saca es procesada actualmente por el delito de lavado de dinero y enfrentará una audiencia el próximo mes de noviembre. Su abogado defensor, Miguel Ángel Flores Durel, dijo a este periódico que los desembolsos a la oenegé no fueron investigados en la pericia que ordenó el juez y que no forman parte de la acusación de la Fiscalía, y que por lo tanto prefería no comentar sobre el tema. Se limitó a decir que pedirá el cierre del caso a favor de la exprimera dama.

La acusación que la Fiscalía ha presentado ante el Juzgado Séptimo de Instrucción hace la siguiente referencia al dinero que recibió la Asociación Familias en Progreso: “El dinero no fue registrado en Casa Presidencial como producto de donaciones, fue realizado al margen de la ley y no existió control alguno sobre el uso del mismo (por parte de la Corte de Cuentas)”.

Ana Ligia de Saca fue presidenta de la Asociación Familias en Progreso desde junio de 2004 hasta mayo de 2009. Según un informe de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, la oenegé fue creada en 1994, durante el gobierno de Armando Calderón Sol, con el nombre de Bienestar Familiar. En 1999, el gobierno de Francisco Flores la renombró como Asociación Familias en Progreso; la presidía la exprimera dama Lourdes de Flores. Era, pues, la organización de las primeras damas.

Pablo Gómez, la última pista de 85 millones

La mayoría de los cheques a los que accedió El Faro, 1,691 que suman $85.2 millones, fueron cobrados por Pablo Gómez, un empleado público al que varios de sus compañeros llegaron a describir como un "motorista de confianza" de los secretarios privados de diferentes presidentes, incluido Saca. Gómez trabajó en su cargo dentro de Presidencia desde 1994 hasta su arresto en 2016. Es decir, fue empleado de Capres desde la administración del arenero Calderón Sol hasta la del efemelenista y actual presidente Salvador Sánchez Cerén. Este contador es el primero en el ranking de personas que cobraron cheques del Banco Hipotecario. También recibió la mayor condena en la sentencia judicial del miércoles 12 de septiembre.

Su trabajo consistía en cambiar cientos de cheques por dinero en efectivo. Millones de dólares que, a lo largo de los meses, metía en maletines y llevaba a la oficina de su jefe, el también contador Rodríguez Arteaga, que trabajó en la Unidad Financiera de la Presidencia desde 1989, bajo la presidencia del arenero Alfredo Cristiani, y que desde 1994 tuvo el cargo de jefe de esa unidad hasta su arresto en 2016.

Pablo Gómez, contador del secretario privado de la presidencia y Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la Unidad Financiera de Casa Presidencial, en el quinquenio del presidente Elías Antonio Saca. Durante la audiencia inicial, el 3 de noviembre de 2016, acusado del delito de peculado. Foto de El Faro, por Víctor Peña.
 
Pablo Gómez, contador del secretario privado de la presidencia y Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la Unidad Financiera de Casa Presidencial, en el quinquenio del presidente Elías Antonio Saca. Durante la audiencia inicial, el 3 de noviembre de 2016, acusado del delito de peculado. Foto de El Faro, por Víctor Peña.

El salario oficial del contador Gómez nunca sobrepasó los $1,500 al mes. Se transportaba en un microbús Nissan Vanette de 1988, cuyo costo en el mercado actual ronda los $2,500. Vivía en una modesta casa en Santa Tecla que financió el Fondo Social para la Vivienda y, debido a su delgadez, sus amigos cercanos lo conocen con el sobrenombre de "Viento".   

Gómez sacó del Banco Hipotecario durante la administración Saca, por orden de su jefe, $85 millones en efectivo, cuyo rastro se ha perdido. Uno de los abogados de Saca, Mario Machado, según una publicación de Revista Factum, afirmó que alrededor de $50 millones de la partida secreta de su defendido se utilizaron para pagar sobresueldos a funcionarios y otras personas. El dinero para esos pagos lo sacaba del banco Gómez. En marzo de 2013, este periódico publicó un reportaje sobre el pago de un complemento salarial en efectivo, en billetes de 100 dólares y sin pagar impuestos, a ministros, viceministros y otros cargos medios del gobierno de Saca. Esa práctica no se dio solo durante las administraciones de Arena. En noviembre de 2016, María Isabel Rodríguez, entonces ministra de Salud del gobierno del efemelenista Mauricio Funes, admitió que recibía sobresueldos al igual que otros funcionarios.

Una persona que fue testigo de la entrega durante años de este complemento ilegal, y que habló con El Faro bajo condición de anonimato, confirma que una parte del dinero que Gómez sacaba del Banco Hipotecario iba a ese rubro: “Viento llegaba a la oficina con maletas de cuero volteado, casi más grandes que él, de esas que uno compra de emergencia para viajar, ahí llegaba el dinero. Se lo entregaba a don Fran (Rodríguez Arteaga), y ahí en su oficina es que lo metían en máquinas de contar billetes”. Gómez es, pues, el último rastro del dinero. Cobraba cheques de distintas cuentas bancarias de la partida secreta, llenaba con dinero en efectivo bolsas que llevaba a las oficinas principales de Casa presidencial, a un par de puertas del despacho del Presidente de la República, y ese dinero luego se repartía sin dejar comprobantes formales, de mano en mano.

Rodríguez Arteaga era el encargado de armar los paquetes que se entregarían a diversos destinatarios. “El secretario (privado de la Presidencia, Charlaix) le entregaba (a Rodríguez Arteaga) unas hojas de papel bond con nombres de personas y montos. Don Fran metía en sobres de manila el dinero en efectivo que le ordenaba organizar el secretario. A veces entregaba él, y a veces entregaba el secretario”, cuenta el testigo a El Faro.

Gómez y Rodríguez Arteaga eran personajes claves, pero los de más bajo rango en la maquinaria que asistía a los presidentes para el manejo discrecional de millones de dólares. Estos dos empleados públicos se han defendido argumentando que solo siguieron órdenes sin tener ningún poder de toma de decisiones ni beneficio económico del saqueo. La Fiscalía logró condenarlos sin presentar pruebas de que ninguno de los dos se haya enriquecido. Los condenaron por lavado de dinero, por haber cumplido roles dentro del sistema de retiro de dinero en efectivo y repartición de éste a terceros.

 

Los 230 cheques para la maquinaria publicitaria

Ocho agencias de publicidad recibieron $10 millones en cheques del Banco Hipotecario emitidos entre el 14 de junio de 2007 y el 4 de abril de 2009. La empresa que más se benefició de estos fondos de la partida secreta fue América Publicidad. Esta empresa recibió $2.6 millones que fueron transferidos entre el 17 de junio de 2007 y el 31 de marzo de 2009 a través de 105 cheques.

Junto con América Publicidad aparecen también ANLE y Funes y Asociados. A estas tres agencias la Fiscalía las acusa de participar en el esquema de lavado de dinero del expresidente Saca. La audiencia contra ellas será en noviembre. Sin que existieran contratos, recibían fondos públicos de la partida secreta y los triangulaban, luego de quedarse una parte, hacia las empresas radiales del expresidente Saca, según la versión fiscal ratificada por el expresidente en su confesión.

El 16 de febrero de 2017, la Fiscalía acusó a los publicistas Rolando Alberto Durán Acevedo (América Publicidad), José Antonio Armando Lemus (ANLE Publicidad) y Gerardo Antonio Funes Durán (Funes y Asociados) de lavar dinero. Gerardo Funes es hermano del expresidente de Anda César Funes. En los registros del Banco Hipotecario consta que ANLE recibió, entre el 16 de junio de 2007 y el 31 de marzo de 2009, 20 cheques que suman $2 millones; Funes y Asociados recibió, entre el 19 de junio de 2007 y el 10 de diciembre de 2007, 30 cheques por un total de $750,000.

En los cheques de la partida secreta analizados por El Faro aparecen otras agencias de publicidad. La Corporación Redes recibió, entre el 9 de julio de 2007 y el 3 de diciembre de 2008, 52 cheques por un total de $345,000. Esta empresa pertenecía a William Hándal, exministro de Hacienda de la administración Saca, quien falleció en julio de 2017.

La empresa Receptor Comunicación Integrada, de Manuel Meléndez, recibió $1.17 millones. Meléndez ha participado en las campañas electorales que llevaron a candidatos areneros a la presidencia desde 1989. Fue jefe de campaña del actual diputado Norman Quijano cuando este ganó la comuna capitalina en 2009.

Otra empresa publicitaria que aparece como receptora de fondos de la partida secreta durante el gobierno de Saca es Campaña S.A de C.V. Esta empresa fue el resultado de una alianza entre dos zares de la publicidad, Juan Federico Salaverría y Enzo Bianchi, que en 2003 se unieron para gestionar la campaña electoral del partido Arena de cara a las presidenciales de 2004. Salaverría es presidente de la agencia Publicidad Comercial; Bianchi, de Molina Bianchi y Asociados.

Salaverría y Bianchi dieron una entrevista a El Faro el pasado martes 11 de septiembre. En ella confirmaron que el primer contrato de Campaña S.A. de C.V. fue con la candidatura de Arena en 2004, que llevó a Antonio Saca a la presidencia. Admiten que, tras el triunfo de Saca, sus respectivas empresas recibieron contratos de publicidad de Casa Presidencial, pero explican que Campaña no contaba con uno de los requisitos que la industria de la publicidad exige para pautar en medios de comunicación: una fianza.

Por eso, alegan, al principio la empresa que cobraba por servicios de publicidad a la Presidencia de Antonio Saca era Bianchi y Asociados, aunque Campaña S.A de C.V. fuera, dicen, la que prestaba los servicios. “Al inicio, hubo la necesidad de facturar a nombre de Molina Bianchi hasta que Campaña fuera reconocida como agencia de publicidad con derecho a crédito en los diversos medios del país, y comenzara a prestar los servicios de publicidad política en forma directa a entidades de gobierno”, dicen Bianchi y Salaverría. Cuando se les pidieron comprobantes que justificaran los cheques entregados (contratos, procesos de licitación, etc), contestaron: “no poseemos en nuestros registros dichos contratos. Sin embargo, fueron entregados por la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia a la Fiscalía General de la República”.

En un peritaje presentado durante el juicio contra Saca, la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales de Capres aseguró sin embargo que Campaña recibió entre 2004 y 2009 un total de $3.1 millones sobre los que no hay documentos de justificación, y que por tanto fueron negociados al margen de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones. Ese dinero salió, según el peritaje de la Fiscalía, de cuentas del Citibank y del Hipotecario. Las cuentas del Hipotecario estaban a nombre de Rodríguez Arteaga.  

Según los documentos que tuvo El Faro, la agencia de publicidad Molina Bianchi recibió tres cheques del Banco Hipotecario, por un total de $828,000; y Campaña S.A de C.V recibió 13 cheques, por un total de $2.17 millones de la partida secreta.

Salaverría y Bianchi entregaron a El Faro un listado extenso de los servicios que la agencia Campaña prestó a la Presidencia entre enero de 2007 y mayo de 2009. Entre ellos está la campaña de publicidad lanzada en enero de 2007 por el Ejecutivo al cumplirse los dos años y medio de gestión de Saca. Luego, en mayo de 2007, Campaña produjo, según sus propietarios, comerciales sobre la prórroga del Tratado de Protección Temporal (TPS), así como otras campañas. Pese a la abundante información entregada, y el ofrecimiento de mostrar facturas por estos servicios, los publicistas no pudieron presentar contratos que justificaran la entrega de los cheques de la partida secreta.

Los dos publicistas niegan en todo caso la versión del testigo protegido de la Fiscalía, Prometeo, que confesó haber participado en acuerdos con el expresidente Saca para recibir pagos por servicios de publicidad a cambio de triangular fondos públicos a las radios del Grupo Samix, propiedad de Saca. Prometeo dijo que al menos diez agencias de publicidad participaron en este esquema de lavado de dinero, e incluyó en el listado a Campaña S.A de C.V.  

“Categóricamente expresamos que no. Nunca se realizó ningún pago (desde Campaña S.A. de C.V.) a las radioemisoras y/o sociedades que conformaban Grupo Samix”, contestaron Bianchi y Salaverría a El Faro por escrito.

Apex BBDO, cuyo propietario es Sherman Calvo, también recibió dos cheques del Banco Hipotecario que suman algo más de $200,000. El Faro pidió a Calvo la documentación que respalda esos pagos. Calvo era, hasta inicios de este año, director de información del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) del partido Arena. Su oficina mostró documentos de una licitación conjunta de Capres y el Ministerio de Seguridad por $250,000, que coincide con las fechas del pago.

Los nombres que no resaltaron en el juicio

Francisco Suriano Siu (hijo) es uno de los nadadores olímpicos más reconocidos del país. El día que se retiró de la natación, en diciembre de 2008, el entonces candidato presidencial de Arena, Saca, llegó a un evento para dar unas palabras. Lo calificó como “un gran amigo”. Hoy, Suriano es dirigente y vocero de Grupo Ferromax, una corporación conocida comercialmente como Galvanissa, el proveedor más grande de hierro, lamina y techos del país, con inversiones en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Fue fundada por Francisco Suriano Siu (padre). El exnadador es socio y directivo de la empresa.

Galvanissa recibió 54 cheques del Banco Hipotecario provenientes de la partida secreta que suman $1.6 millones. La empresa está en el ranking de los diez destinatarios de estos cheques que recibieron más dinero de la partida secreta de saca a través de este banco.

La empresa recibió cheques de entre $15,000 y $45,000 entre enero de 2008 y enero de 2009, casi de forma mensual. Aunque Galvanissa aparece en múltiples cheques de los que tuvo en poder El Faro, en el peritaje financiero de la Fiscalía no está en el mapa de investigados.

El jueves 6 de septiembre, El Faro llamó en dos ocasiones a los teléfonos de la oficina de Suriano hijo para pedirle explicaciones. Su asistente aseguró que estaba de viaje, pero que había anotado las preguntas: ¿Por qué recibió pagos y cheques de la Presidencia siendo una empresa privada de construcción? ¿Tiene documentos que respalden la razón de dichos cheques? Su asistente también tomó nota del nombre del periodista de El Faro y del número de teléfono al que Suriano podía responder. El pasado lunes 10 de septiembre, El Faro escribió un correo personal a Suriano para pedir de nuevo su versión. Seis días después de la primera petición, y a unas horas de la publicación de este material, un abogado habló en representación de Galvanissa y aseguró que tenía certeza de que todas las actividades de la empresa que representa estaban respaldadas por documentos. El Faro preguntó por contratos que justificaran el dinero público entregado por la Presidencia de Saca y el abogado respondió que lo mejor sería pactar una reunión en los próximos días.   

El secretario de la juventud que confesó sus sobresueldos

Durante la audiencia del tramo final del juicio contra Saca, ocho exfuncionarios de su administración admitieron a la Fiscalía que, mientras estuvieron en sus cargos, recibieron sobresueldos mensuales que eran pagados con fondos de Casa Presidencial y entregados en la oficina del exsecretario privado de la Presidencia, Charlaix. Algunos de los funcionarios reconocieron que nunca declararon ese dinero al Ministerio de Hacienda, porque esa era la directriz desde Presidencia.

Carlos Alemán, secretario de juventud durante una parte de la gestión de Saca, aparece como uno de los cinco principales receptores de cheques del Banco Hipotecario que El Faro revisó. Recibió 88 cheques que suman $2.4 millones.

En su defensa, durante su comparecencia ante la Fiscalía, alegó que parte de esos fondos eran sobresueldo.  

Alemán trascendió a la esfera pública tras la Cumbre Iberoamericana de la Juventud celebrada en el país en 2008, cuando violó la política de austeridad anunciada paradójicamente por la administración Saca y autorizó pagos a precios inexplicables para promocionar la cumbre. Por ejemplo, pagó $35,000 por hojas volantes cuyo precio de mercado no sobrepasaba los $1,000.

En mayo de este año, Revista Factum publicó una parte del testimonio de Alemán ante los fiscales. Admitió que recibía una prestación adicional de $2,500 a su salario, ya que no tenía asignado ningún vehículo, combustible ni celular “que tenían los otros funcionarios regularmente”. Explicó que ese dinero lo recibió a través de cheques “los primeros cuatro o cinco meses”, porque después se lo entregaron “en efectivo” desde la Unidad Financiera, administrada por Rodríguez Arteaga. Esa explicación no alcanza para cubrir los $2.4 millones recibidos, según constató El Faro, solo en cheques del Hipotecario.  

Alemán asumió como secretario de Juventud el 20 de  junio de 2007. Dijo a la Fiscalía que su sobresueldo era de $2, 500 dólares, y trabajó 47 meses en el cargo. Es decir, presuntamente recibió sobresueldos por $117,000, de ser cierta su versión. Alemán también justificó ante los fiscales que la Secretaría de Juventud pagó deudas pendientes de proveedores con dineros que provenían de la Unidad Financiera, bajo orden de Charlaix. Es decir, dinero para el mantenimiento de la institución. Sin embargo, en el documento fiscal no aparece una cifra exacta de lo que según Alemán se destinó para la institución.

Recibió su primer cheque del Banco Hipotecario el 28 de junio de 2007, de $14,758. El 3 de diciembre de 2008, a un mes de las elecciones presidenciales, Alemán cobró en un solo día tres cheques de $50,000. Casi todos los cheques cobrados tenían su firma como endoso.

El Faro llamó al celular de Alemán en tres ocasiones y dos días distintos. Este lunes 10 de septiembre, contestó su teléfono y escuchó la petición de entrevista. Luego, sin decir una palabra, colgó.

Alemán es hoy parte de la estructura del partido Gana en el departamento de San Salvador, y estuvo en el grupo de dirigentes departamentales que se reunieron con el candidato presidencial, Nayib Bukele, el pasado siete de agosto. “Reunión del Directorio Departamental Ampliado de San Salvador, estableciendo lineamientos para el trabajo hacia EL TRIUNFO 2019 con nuestro líder @GGallegos24 y nuestro Candidato a la Presidencia @nayibbukele. UNIDOS POR EL SALVADOR”, escribió en su cuenta de twitter.

Durante declaraciones a la prensa este miércoles 12 de septiembre, los fiscales que llevaron el caso Saca aseguraron que el juicio ha dejado muchas puertas abiertas y que continuarán explorando la posibilidad de presentar más acusaciones, aunque no especificaron contra quién o quiénes.

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El Salvador Fri, 14 Sep 2018 21:01:11 +0100 http://www.elfaro.net/es/201809/el_salvador/22448/Los-cheques-originales-de-la-corrupción-de-Saca.htm
“Tener muchas frecuencias no hace anticompetitiva a una empresa de comunicación” http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000030002.jpg http://www.elfaro.net/es/201809/ef_radio/22450/“Tener-muchas-frecuencias-no-hace-anticompetitiva-a-una-empresa-de-comunicación”.htm El expresidente Elías Antonio Saca ya ha sido condenado a 10 años de prisión por corrupción y tras su caso ha quedado a la deriva el destino final de las 86 frecuencias que acumuló desde que se convirtió en empresario radial a finales de la década de los noventa. La Fiscalía ha anunciado que subastará esas frecuencias, y el debate sobre la concentración de medios y de posibles prácticas anticompetitivas atañe a la Superintendencia de Competencia. Este jueves 13, el superintendente Nelson Guzmán dijo que esperan ser consultados en este proceso. “Lo más seguro es que nos consulten (sobre radios en potestad del expresidente Saca) para llegar a una decisión final”, dijo. El caso de Saca y sus 86 frecuencias de radios, pero también las denuncias por asignación de frecuencias de un puñado de canales de señal abierta a unas sociedades ligadadas a la Telecorporación Salvadoreña, en 2010 y 2014, plantea la interrogante de si detrás de esas asignaciones hay riesgos de prácticas anticompetitivas. Guzmán señala que la acumulación por sí misma no es una prática anticompetititva, siempre y cuando la empresa, si domina el mercado, no impida el ingreso de otras compañías participantes. “El hecho de tener muchas frecuencias o repetidoras no lo hace anticompetitivo", dijo. Sobre este caso y otros relacionados a repartición de mercados, conversamos con el titular de esta institución y Gerardo Henríquez, de la Intendencia de Investigaciones. EF Radio Fri, 14 Sep 2018 16:47:38 +0100 http://www.elfaro.net/es/201809/ef_radio/22450/“Tener-muchas-frecuencias-no-hace-anticompetitiva-a-una-empresa-de-comunicación”.htm “La mitad de los niños salvadoreños entre 0 y 6 años vive en pobreza” http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_4032_2689/images%7Ccms-image-000030001.jpg http://www.elfaro.net/es/201809/ef_radio/22449/“La-mitad-de-los-niños-salvadoreños-entre-0-y-6-años-vive-en-pobreza”.htm La mitad de la población infantil en El Salvador vive con insuficientes recursos para su desarrollo pleno. Y en 20 años, dos de cada 10 de los niños que nacen en la actualidad sólo tendrán acceso a un trabajo decente según datos oficiales. En la contraportada de El Faro Radio conversamos con el especialista en políticas sociales de Unicef El Salvador, Jimmy Vásquez, quien apuntó esas cifras y señaló las políticas que el Estado debe priorizar para frenar las vulnerabilidades de la niñez salvadoreña. El miércoles 12 de septiembre, Unicef lanzó una serie de propuestas para fortalecer la inversión pública en la infancia a través de políticas de Estado. EF Radio Fri, 14 Sep 2018 14:45:04 +0100 http://www.elfaro.net/es/201809/ef_radio/22449/“La-mitad-de-los-niños-salvadoreños-entre-0-y-6-años-vive-en-pobreza”.htm Jóvenes con Todo vale la pena http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201809/360grados/22453/Jóvenes-con-Todo-vale-la-pena.htm 360 grados Thu, 13 Sep 2018 19:05:09 +0100 http://www.elfaro.net/es/201809/360grados/22453/Jóvenes-con-Todo-vale-la-pena.htm Jóvenes con Todo vale la pena http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_1333_888/images%7Ccms-image-000028498.jpg http://www.elfaro.net/es/201809/columnas/22452/Jóvenes-con-Todo-vale-la-pena.htm En junio de 2016, el gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén presentó el programa Jóvenes con Todo, que pretendía, según sus creadores, empoderar a jóvenes de escasos recursos a través de módulos comunes de aprendizaje, diplomados técnicos y un estipendio que les permitiera costearse su transporte y alimentos. Una semana después del anuncio publiqué en la Revista Factum una columna de opinión titulada “No queremos regalos, queremos oportunidades.” El argumento central de ese texto era que este tipo de programas solo servirían como parches temporales que no ayudarían a construir una solución a largo plazo y que si el gobierno no tomaba la decisión tajante de aumentar el porcentaje del PIB invertido en educación del 3.5 al 6%, nada sustancial cambiaría.

A finales de agosto, poco más de dos años después de esa publicación, tuve la oportunidad de visitar el Centro Juvenil de Zacamil, una de las sedes de programa Jóvenes con Todo, desarrollado por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE). Luego de mi visita y de analizar y entender las estadísticas de cobertura del programa, mi opinión de Jóvenes con Todo cambió drásticamente. Actualmente el programa da cobertura a 15,810 jóvenes en 11 sedes encargadas de atender 58 municipios.

Mi visita a la sede de Zacamil me permitió entender, de primera mano, cómo funciona el programa, las necesidades que atiende y a quienes atiende. Jovenes con Todo está diseñado en tres etapas: la primera etapa se concentra en conocer al joven: su historia, sus necesidades y los retos que enfrentará en el futuro. En esta etapa, el INJUVE hace una evaluación completa para analizar las condiciones socioeconómicas del joven, desde sus ingresos mensuales, pasando por su núcleo familiar, hasta el material que compone las paredes de su casa. A la sede juvenil de Zacamil llegan jóvenes con paredes de ladrillo, de barro y de lámina; llegan, también, jóvenes que apenas tienen un lugar donde pasar la noche.

Luego de evaluar las condiciones socioeconómicas del joven y su núcleo familiar, la institución da inicio a la segunda etapa, en la cual el joven realiza un módulo diseñado para identificar sus fortalezas, sus debilidades y las amenazas que rodean su entorno. A partir de los resultados de este módulo, los jóvenes diseñan un plan de vida en el cual establecen metas concretas y los pasos que deberán seguir para alcanzarlas. En mi visita, tuve la oportunidad de ver algunos de los planes de vida. Al leerlos, resaltaron dos elementos, que, aunque opuestos, eran constantes. Todos los planes de vida partían de un sueño: una carrera universitaria, un negocio propio, o, a veces, una vida libre de violencia. Resaltaban, también, las amenazas: la violencia, las pandillas y, a veces, muchas veces, los padres de familia.

La principal objeción de los críticos del programa, especialmente del partido Arena, fue que el estipendio inicial de $30 serviría, no para fomentar la creación de oportunidades, sino para “mantener” a los jóvenes salvadoreños que ni trabajan ni estudian, popularmente conocidos como ninis. En su tercera etapa, el programa hace justamente lo opuesto: los jóvenes pueden elegir entre docenas de cursos técnicos y pasantías para impulsar su ingreso al mercado laboral. Muchos de los jóvenes que participan en el programa, de hecho, estudian o trabajan, pero están ahí porque en el año 2018, ni un bachillerato ni un trabajo con salario mínimo son suficientes para subsistir. Para muchos de estos jóvenes, el programa no solo es una herramienta para conseguir trabajo, sino uno de los pocos recursos que el estado brinda para realmente conocer los retos y amenazas que el joven enfrenta diariamente. Sirve, también, como una oportunidad de aprender mecánica, diseño gráfico y construcción de sitios web, entre otros.

Esta columna no es un texto de propaganda. De hecho, sigo creyendo que el gobierno ha fracasado al no invertir lo que debería en educación y que el estado de algunas escuelas públicas le debería dar vergüenza a los más altos oficiales del ejecutivo. Sin embargo, este sí un reconocimiento a un programa que, en un país donde los jóvenes son los que más mueren y los que menos oportunidades tienen, es necesario y útil.

En las últimas dos semanas he tenido la oportunidad de hablar con miles de jóvenes como parte del proceso de recolección de firmas para constituir a Nuestro Tiempo, partido político en organización al cual pertenezco, como partido político. Esas conversaciones me han reafirmado que los jóvenes son esenciales para impulsar la evolución política que nuestro país necesita. A los jóvenes les exigimos: que no se metan a la pandilla, que estudien, que se involucren. Les exigimos tanto, pero les damos muy poco. Lo menos que podemos hacer es invertir en ellos.

*Héctor Silva Hernández es graduado de Ciencias Políticas de la Universidad de Massachusetts y coordinador de Asuntos Políticos para Nuestro Tiempo.
 
*Héctor Silva Hernández es graduado de Ciencias Políticas de la Universidad de Massachusetts y coordinador de Asuntos Políticos para Nuestro Tiempo.

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Columnas Thu, 13 Sep 2018 19:02:01 +0100 http://www.elfaro.net/es/201809/columnas/22452/Jóvenes-con-Todo-vale-la-pena.htm
El último presidente de Arena es el primero condenado por corrupción http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000029997.jpg http://www.elfaro.net/es/201809/el_salvador/22447/El-último-presidente-de-Arena-es-el-primero-condenado-por-corrupción.htm Tony Saca fue condenado a 10 años de prisión por actos de corrupción y deberá devolver al Estado 260 millones de dólares. Su caso es una paradoja: uno de sus subalternos recibirá una condena seis años mayor. Los defensores, que pactaron no apelarían la sentencia de cárcel, ya anunciaron un recurso para intentar revertir la condena civil.
El expresidente Elías Antonio (2004-2009)  Saca, minutos antes de que se instalara la audiencia en la que se reveló el fallo de su condena. 12 de septiembre de 2018.  Foto: Marvín Recinos / AFP  
 
El expresidente Elías Antonio (2004-2009)  Saca, minutos antes de que se instalara la audiencia en la que se reveló el fallo de su condena. 12 de septiembre de 2018.  Foto: Marvín Recinos / AFP  

Elías Antonio Saca supo que había sido condenado hasta que la jueza María del Pilar Ábrego de Archila sentenció que debe devolver 260 millones de dólares al Estado. Fue a las 3:50 de la tarde cuando se le descompuso el semblante, cuando cerró los ojos, golpeado, como lamentándose, luego de que la jueza leyera el monto al que está obligado a pagar como compensación por su participación en el desvío de más de 300 millones de dólares sustraídos de la Presidencia de la República hacia cuentas de terceros y de sus propias empresas. 

Este miércoles 12 de septiembre de 2018, el último presidente del partido de derechas, Arena, se convirtió en el primero condenado por corrupción. El Tribunal Segundo de Sentencia dio por probada la tesis de la Fiscalía, y por primera vez en 197 años de historia de la República, un tribunal dictamina que un presidente y sus más cercanos colaboradores practicaron de manera sistemática la corrupción, desde el día uno hasta los últimos días de la gestión presidencial. 

A Saca, el otrora hombre más poderoso en la derecha política salvadoreña (desde que en 2003 se convirtió en candidato de Arena también se convirtió en presidente de ese partido, y no dejó su puesto sino hasta 2008) parece no haberle afectado la condena que tendrá que pagar en prisión. Minutos antes del inicio de la audiencia, a las 2:00 de la tarde, su única preocupación era el asunto de la condena civil. Era lógico. Ya sabía que si los jueces daban por probada su confesión, su condena de cárcel iba a ser de 10 años, tal como habían acordado sus abogados y la Fiscalía el 7 de agosto. La incertidumbre del expresidente era sobre el golpe a sus finanzas, le preocupaba que los jueces lo condenaran a devolver millones. De eso habló largo y tendido con una de las abogadas presentes en la sala de audiencias 2B, del centro judicial capitalino: la representante de la Procuraduría General, Fredesvinda Álvarez, que a lo largo de las tres semanas de juicio siempre hizo guardia en las filas de la defensa, para servir de relevo por si alguno de los defensores particulares no llegaba a la sala. "Estuvimos comentando sobre la responsabilidad civil. Él decía que el tribunal tenía que determinar en abstracto la responsabilidad civil de cada uno, sin montos en específico", contó Álvarez, al finalizar la audiencia.

A las 3:40 de la tarde, cuando se leyó cuánto tiempo deberá de pagar cárcel, Saca ni se inmutó. Luego estuvo cruzado de brazos; con la cabeza hacia los lados: a veces a la derecha, a veces a la izquierda. Pero la calma se le acabó cuando la jueza de Archila leyó, uno a uno, los montos a devolver, correspondientes a cada imputado. “Se determina que todos los imputados son civilmente responsables”, dijo. Luego detalló que, en suma, los siete condenados pagarían al Estado 300 millones de dólares, aunque a Saca le correspondería pagar la mayor parte, casi el 87%. Todos los bienes congelados hasta el momento, de todos los procesados, pasan a manos del Estado, aunque hay un debate sobre las 88 concesiones de radio que operan en las empresas de Saca, un magnate de la radio en El Salvador.

Cuando escuchó la condena civil por 260 millones de dólares reaccionó de golpe. Cerró los ojos, luego enfocó su mirada en el estrado de jueces. Élmer Roberto Charlaix, exsecretario privado y quien estuvo a cargo de la partida secreta durante la administración 2004-2009, fue condenado a 10 años de cárcel y a pagar 15 millones de dólares. Julio Rank, exsecretario de comunicaciones y que nunca transparentó los gastos en publicidad de Capres, fue condenado a cinco años de cárcel y deberá devolver 8 millones de dólares; mientras que el exsecretario de juventud César Funes, además de los cinco años de cárcel, deberá pagar 886 mil dólares. Rank y Funes fueron condenados únicamente por el delito de lavado de dinero, mientras que Saca y Charlaix, también por el delito de peculado.

Charlaix ya ha sido condenado a pagar casi 18 millones de dólares por enriquecimiento ilícito en una cámara civil, aunque la sentencia está en apelación.

La comunicación del fallo duró aproximadamente hora y media. Julio Rank, el exsecretario de comunicaciones, fue el único que hizo gestos al escuchar la cuantía de lo que estaba obligado a pagar. Cuando la juez De Archila dijo que debía pagar 8 millones de dólares, volvió a ver al público, donde estaba ubicada la prensa, y comenzó a reírse como para demostrar su incredulidad.

Al finalizar la audiencia, ninguno de los ahora condenados quiso rendir declaración ante los medios. Saca dijo escuetamente “No”, ante la pregunta de si podía dar declaraciones, y en seguida siguió caminando hacia la parte anterior del salón de audiencias. Minutos más tarde, el fiscal general Douglas Meléndez publicó un video en redes sociales donde catalogaba el fallo como histórico. Para la historia queda la condena de un tribunal contra un expresidente que ocurrió gracias a la confesión del propio gobernante. 

El expresidente Elías Antonio Saca escucha a su abogado Mario Machado, minutos antes de que se instale la audiencia en donde se conoció la condena para el expresidente. 12 de septiembre de 2018. Foto: Marvin Recinos / AFP
 
El expresidente Elías Antonio Saca escucha a su abogado Mario Machado, minutos antes de que se instale la audiencia en donde se conoció la condena para el expresidente. 12 de septiembre de 2018. Foto: Marvin Recinos / AFP

Una condena, una paradoja

Tony Saca es quien más dinero deberá devolverle al Estado, pero no es quien más años guardará prisión por este caso, pese a que la Fiscalía siempre lo perfiló como el cerebro detrás de toda la trama de corrupción. En el juicio también fueron condenados los tres empleados de la Unidad Financiera Institucional (UFI) de la Presidencia de la República, y entre ellos, el eslabón más débil de la estructura es quien más años estará en la cárcel.

Pese a que su defensa alegó que ellos solo recibieron órdenes para diseñar y administrar la maquinaria que desvió el dinero público hacia cuentas irregulares, al jefe de la UFI, Francisco Rodríguez Arteaga, se le condenó a seis años de cárcel (tres años por lavado de dinero y tres, por peculado) y se le determinó una responsabilidad civil por 7 millones de dólares. El jefe de tesorería institucional, Jorge Herrera Castellanos, únicamente fue condenado a pagar 3 años de cárcel por lavado de dinero y deberá devolver 3 millones de dólares; y el último eslabón en la estructura de mando, el auxiliar contable de la UFI, Pablo Gómez, fue condenado a 16 años de cárcel y a pagar 5 millones de dólares.

Gómez fue el único de los siete procesados en el caso que no aceptó ningún trato con la Fiscalía, y por eso es que la condena en su contra es más abultada que cualquiera de los otros procesados, pues siguió un proceso ordinario y no uno abreviado. A diferencia de Gómez, el acuerdo entre la Fiscalía y los otros seis imputados incluía una disminución de la pena a cambio de una confesión pormenorizada de cómo participaron dentro de la estructura criminal que extrajo ilegalmente más de 300 millones de dólares. Gómez nunca quiso aceptar culpa. “No puedo traicionarme a mí mismo, yo soy inocente”, dijo Gómez a sus abogados, el 8 de agosto, el día en que sus compañeros de la UFI terminaron aceptando un trato con la Fiscalía. Saca, Charlaix, Rank y Funes llegaron a un acuerdo con la Fiscalía por lo menos un mes antes del inicio del juicio, el 7 de agosto.

Pablo Gómez era el encargado de ir a los bancos a canjear cheques o hacer transacciones millonarias en nombre de la Presidencia. Ahora irá a cárcel seis años más que el expresidente Saca, a pesar de que judicialmente se probó que el exmandatario había sido el cerebro de la maquinaria que ordeñó al Estado y que él, un bachiller contable comercial, obedeció órdenes.

Los jueces rechazaron que Gómez ignoraba lo que estaba haciendo y señalaron que su experiencia, de entonces 15 años en la UFI de Casa Presidencial, le daba el conocimiento suficiente para saber que su actuación era ilegal. Los jueces determinaron, con base a la experiencia y el sentido común -lo que denominan “sana crítica”, que Gómez tuvo que haber reflexionado en algún momento sobre por qué él era el designado para canjear, dos veces por semana, cheques de 50 mil dólares o depositarlos en otras cuentas, a sabiendas que esos pagos no se correspondían con servicios prestados al Estado. “El tribunal no puede advertir ese desconocimiento de Pablo Gómez, de decir ‘no sé por qué cambio cheques, no sé por qué debo abrir cuentas, por qué debo hacer transacciones y depósitos’”, dijo el juez José Luis Giammattei.

El tribunal confirmó que para extraer los 301 millones de dólares del Estado, Saca, sus exsecretarios y los empleados de la UFI fueron coautores. Para determinar el monto que debe devolver cada uno, los jueces tomaron en cuenta tanto el beneficio personal y el daño ocasionado a las finanzas públicas. En el caso de Pablo Gómez, aunque él demostró que no había obtenido un beneficio propio al manipular las cuentas por donde fluyó el dinero, los jueces consideraron que tuvo un rol relevante para el desfalco.

Los abogados defensores de los procesados anunciaron este miércoles que apelarán el fallo del tribunal de sentencia en relación a la condena civil. Parte del acuerdo con la Fiscalía para el procedimiento abreviado es que ninguno de los imputados apelaría el fallo condenatorio. Sin embargo, nada se dijo sobre la condena civil y eso es lo que intentarán revertir los defensores. "No estoy negando que hubo una deslealtad de [Saca] en la administración, pero no en esas cantidades. Lo que cabe aquí es una modificación de la cuantía", dijo Mario Machado, defensor de Saca, en relación a la condena de 260 millones. Para Machado, la condena civil debe ser en apego al beneficio directo obtenido.

Machado y otros defensores destacaron que uno de los jueces, José Luis Giammattei, también expuso que no estaba de acuerdo en la cuantía señalada para cada uno de los imputados. Giammattei expuso que según su criterio -al contrario de los otros dos jueces del tribunal- la responsabilidad civil de cada uno debía “determinarse en abstracto” debido a que un peritaje financiero no pudo determinar los montos para cada quién debido a que no tuvieron toda la información necesaria para ello. “La cuantía (a devolver) para cada uno debe ser señalada en abstracto para que un tribunal de lo civil ultime ese detalle para ser proporcional y justos en este caso”, dijo Giamattei durante el fallo.

Los jueces Alejandro Guevara y María del Pilar de Archila votaron de manera concurrente pero decidieron que sí era posible definir los montos para cada uno de los siete procesados.

Tony Saca en el cierre de campaña de las elecciones municipales y legislativas de marzo de 2006. Foto: Marlon Gómez/AFP. 
 
Tony Saca en el cierre de campaña de las elecciones municipales y legislativas de marzo de 2006. Foto: Marlon Gómez/AFP. 

La caída de Tony Saca

En su discurso de toma de posesión, el 1 de junio de 2004, Tony Saca prometió que en su gobierno no habría abusos de ningún tipo y que su gestión estaría enfocada al bienestar general. Aunque nunca mencionó la palabra corrupción, Saca sí hizo alusión a que no violaría la ley. “Haremos una gestión de valores: responsabilidad, solidaridad, justicia, orden y libertad. Los valores aludidos significan, en el ámbito institucional, honestidad escrupulosa en el desempeño de la gestión, respeto irrestricto a la legalidad en todas sus expresiones”, dijo, frente a una muchedumbre, en el anfiteatro del Cifco. Saca también dijo: “me comprometo solemnemente a impulsar un gobierno entregado al bienestar de la gente, atento a la suerte de los más necesitados y decidido a trabajar en esa línea de servicio, sin un solo minuto de descanso”. A 14 años de aquellas palabras, la justicia se ha encargado de desmentirlo y demostrar que si no descansó un minuto fue también para beneficiar con dinero público a su familia y sus allegados.

Nadie detuvo al poderoso Tony Saca en aquellos años. El ministro de Hacienda de entonces, que debió haber autorizado el uso de cuentas a nombre de los empleados de la UFI (en lugar de nombres de instituciones), prefirió renunciar en abril de 2006 en medio de un forcejeo en el gabinete de gobierno: Guillermo López Suárez, titular de Hacienda, Ana Vilma de Escobar, vicepresidenta y Eduardo Zablah, secretario técnico, formaban un bloque que cuestionaba al círculo íntimo del presidente por presuntas irregularidades en el Ejecutivo.

En su presidencia, Saca tenía como sus más cercanos colaboradores a un grupo íntimo, entre los que se encuentran tres de los ahora condenados (Élmer Charlaix, César Funes y Julio Rank). Pero ahora se sabe, por ejemplo, que el exministro de Hacienda fue uno de los beneficiados de la partida secreta de Saca. López Suárez, recibía sobresueldos, al igual que otros exfuncionarios y políticos de Arena , quienes recibieron decenas de miles de dólares libre de impuestos por año. En algunos casos, eso implicó ingresos por más de 300 mil dólares en cinco años.

Saca concentró muchísimo poder y ese poder también lo canalizaba en ratings de popularidad. Lo suyo fue hacer una simbiosis entre el gobierno y el partido. Uno nutría al otro, y él era el nexo, la figura, el emblema. Mientras estuvo en la Presidencia de la República también fue presidente del partido, y la dirigencia que le rodeaba también era su círculo de confianza en el Gobierno . Cuando Saca prometió erradicar la corrupción en su plan “Un país seguro” - o al menos así lo planteó en al menos 10 ocasiones en el proyecto de presupuesto de su primer año de gestión - nadie al parecer pudo convencerlo de seguir esa línea. En su quinquenio, Saca puso como bandera el combate a la criminalidad y a las pandillas, aunque ahora se sabe que el plan súper mano dura contra las pandillas fue más una estrategia de marketing que un plan con acciones y políticas claras. En aquellos años, hizo famosa una frase que utilizaba cada vez que se refería, en abstracto, contra los criminales. Aquella frase, en su caso, ahora resulta una ironía: “a los malacates se les acabó la fiesta”, decía.

En retrospectiva, la condena contra Saca es el culmen de los cuestionamientos en su contra que comenzaron a cobrar fuerza desde 2007, con los bandos enfrentados en el Ejecutivo; y afuera del ejecutivo y del partido Arena, cuando los grandes empresarios que históricamente habían encontrado en Arena un vehículo para satisfacer sus demandas, le pidieron que se apartara de la presidencia del partido y que permitiera pesos y contrapesos . Saca, sobra decirlo a estas alturas, no aceptó y culminó su mandato rodeado de sus funcionarios más leales pero enemistado con la Arena empresarial y con la Arena histórica.

En diciembre de 2009, fue expulsado del partido después de un proceso de dos semanas y a partir de entonces, la institución tricolor entró en una profunda crisis, tanto de identidad como financiera . Incluso la Embajada de Estados Unidos dijo a Washington que Arena entró en crisis luego de haber perdido el poder en 2009, dado que era un partido que se nutría del Estado. En el juicio contra Saca, los vínculos del dinero desviado con Arena apenas y se mencionarion. Saca, Charlaix y otros testigos confesaron haber utilizado dinero para Arena, la Fiscalía encontró montos hasta por 7 millones para el partido, pero la Fiscalía todavía no deja claro si esos movimientos están investigándose.

Toda aquel remezón entre 2009 y 2010 (la salida de Saca estuvo acompañada por el transfuguismo que dio vida al partido Gana) provocó profundos cambios en los estatutos de Arena, a partir del cual surgieron instancias como el Tribunal de ética y la Comisión Política . La premisa era que no volviera a ocurrir lo que pasó con Saca. Si un nuevo miembro de Arena llegaba al Ejecutivo, el partido quería estar seguro de poderlo controlar, algo que con Saca no pudieron. Arena señaló a Saca de haber malversado 219 millones de dólares -a raíz de una publicación de El Diario de Hoy que reveló el desvío de fondos públicos a Capres y su uso de manera discrecional- pero nunca presentó pruebas contundentes. Fue hasta la investigación de Probidad de la Corte Suprema de Justicia en 2016 que las primeras luces comenzaron a salir .

La salida de Saca de Arena también tuvo que ver con el nacimiento del partido Gana. A finales de 2009, la mitad de la bancada de Arena se convirtió en un bloque tránsfuga liderado por el diputado Guillermo Gallegos. En enero de 2010 surgió Gana, y detrás de ese partido estpa latente la sombra de Hebert Saca, el primo y operador político de Tony Saca.

La vinculación de Saca con Gana persiste hasta ahora, y cobró vigencia en estos meses, luego de que dos testigos en el caso de corrupción contra el expresidente Mauricio Funes uniera nodos entre Saca, Funes y Gana. Saca siempre negó esa vinculación, pero para las elecciones de 2014 aceptó ser el candidato a la presidencia de Unidad, un movimiento en el que se conjuntaron Gana, el PCN y PDC. Los testigos y la Fiscalía dan por hecho que esa última campaña de Tony Saca se pagó con fondos desviados desde la presidencia Funes, el primer presidente de izquierdas en El Salvador, y quien enfrenta una acusación por el desvío de más de 350 millones de dólares.

De esa otra investigación de la Fiscalía, se desprende que para beneficiarse y beneficiar a su círculo íntimo, Funes reutilizó el sistema de extracción de dinero que heredó de su antecesor, modificándolo o perfeccionándolo en algunos puntos, con la ayuda de los empleados de la UFI que este miércoles fueron condenados junto a Saca.

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El Salvador Thu, 13 Sep 2018 08:04:12 +0100 http://www.elfaro.net/es/201809/el_salvador/22447/El-último-presidente-de-Arena-es-el-primero-condenado-por-corrupción.htm
Las amenazas al patrimonio cultural salvadoreño http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000029992.jpg http://www.elfaro.net/es/201809/ef_radio/22445/Las-amenazas-al-patrimonio-cultural-salvadoreño.htm El director del Museo de Arte de El Salvador, Roberto Galicia, reflexiona en la portada de El Faro Radio sobre las amenazas al patrimonio cultural salvadoreño. Galicia, que también se dedica a la pintura, señala que hay deficiencias en la aplicabilidad de las leyes nacionales relacionadas con los bienes culturales y que la mayoría de los museos locales, por ejemplo, están funcionando en inmuebles que no fueron construidos inicialmente para ese propósito. “La gente ignora la ley y busca hacer su voluntad en los patrimonios de todos los salvadoreños, queriendo que prevalezcan sus beneficios personales o empresariales”, dice Galicia en referencia directa al caso conocido como Tacuscalco, donde una empresa destruyó vestigios de un sitio arqueológico que contenía tres mil años de historia. EF Radio Wed, 12 Sep 2018 18:15:59 +0100 http://www.elfaro.net/es/201809/ef_radio/22445/Las-amenazas-al-patrimonio-cultural-salvadoreño.htm