El Faro http://elfaro.net Periodismo independiente y audaz de El Salvador y Centroamerica con noticias, reportajes, investigac es Copyright 2017, El Faro Wed, 23 Aug 2017 20:50:22 +0100 El Faro Ha muerto un hombre de la CIA http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000027234.JPG http://www.elfaro.net/es/201708/columnas/20785/Ha-muerto-un-hombre-de-la-CIA.htm El coronel salvadoreño Nicolás Carranza vivió ochenta y cuatro años y terminó sus días el pasado 2 de agosto de manera natural; acuerpado por su comunidad en Memphis, Tennessee, que tanto lo apreció.

Como millones de salvadoreños antes y después, emigró a Estados Unidos en 1985 buscando una nueva vida. Pero Carranza tuvo que ocultar la que había llevado e inventarse una nueva identidad. Había sido viceministro de Seguridad y jefe de la Policía de Hacienda en los años más oscuros de la guerra y tenía en su closet suficientes cadáveres y secretos como para echarle diez candados y enterrarlo.

El coronel Carranza, que había sido director de la telefónica estatal ANTEL, desde donde operaba servicios de inteligencia y escuchas telefónicas, ascendió a viceministro de Defensa después del golpe de Estado de 1979. Desde ahí controlaba los temidos cuerpos de seguridad pública salvadoreños: la Policía de Hacienda, la Policía Nacional, la Guardia Nacional y la Policía de Aduanas.

Según la larga investigación sobre Escuadrones de la Muerte que hicieron los periodistas Laurie Becklund y Craig Pyes, fue el mismo Carranza el que orquestó la salida del Ejército del mayor Roberto D’Aubuisson y le ayudó con el robo de los archivos de Ansesal. Lo quería afuera para hacer el trabajo sucio y continuó siendo su jefe directo. “Los militares veían con buenos ojos lo que D’Aubuisson estaba haciendo”, dijo Carranza a Pyes. “No había razón para perseguirlo mientras estaba combatiendo a los comunistas”. Carranza le abrió los cuarteles para que reclutara miembros para sus operaciones nocturnas.

A mediados de los ochentas el coronel Carranza declaró a un periódico estadounidense: “Los escuadrones de la muerte aparecieron primero en Brasil. Eran policías que mataban criminales. Nosotros también encontramos que el sistema de justicia no castigaba a los terroristas, así que tuvimos que tomar nuestras propias medidas”.

En cuanto fue nombrado viceministro, colocó a Francisco Morán al frente de la Policía de Hacienda, y era él quien le daba órdenes directas. Morán le servía de enlace con grupos de empresarios con los que formaban escuadrones de la muerte; y fue el responsable del asesinato de Mario Zamora.

Pero cuando se mudó a Estados Unidos, Carranza no solo ocultó sus crímenes, sino también sus maneras y se volvió un hombre de suaves modales. Cambió incluso de religión y se hizo miembro de la iglesia bautista local. Consiguió trabajo como vigilante del museo de arte Brooks y se presentó como un simpático, amable empleado siempre dispuesto a ayudar a los demás. En poco tiempo era ya reconocido en esa ciudad sureña de Estados Unidos como un destacado miembro de sus comunidades religiosa y profesional: generoso, solidario, comprensivo.

Su historia parece digna de películas sobre agentes o informantes de la CIA a los que la agencia necesita ocultar, y para ello les cambia la identidad, el nombre y los manda a vivir a un pueblito con un trabajo menor, de muy bajo perfil. El coronel Carranza no cambió de nombre. Pero, como él mismo confesó años después, había sido durante muchos años informante de la CIA.

Lo conocí una helada mañana de noviembre en Memphis, en 2005, cuando se defendía del juicio civil que le entablaron víctimas de sus torturas y la viuda de Manuel Franco, el líder del FDR al que él ordenó asesinar un cuarto de siglo antes, junto con otros cinco dirigentes.

Entre las pausas del juicio le pedí a Carranza una entrevista, me dijo que no. Su abogado, Robert Fargarson, me explicó que no podía dar ninguna declaración mientras enfrentaba el proceso.

El coronel ya estaba viejo entonces. Llegaba al juicio muy elegante, con un abrigo, bufanda y un gorro para protegerse del frío. Siempre caminaba del brazo de su esposa. Tenía ya la mirada un poco perdida y escuchaba las acusaciones en su contra con la cabeza agachada. El coronel era ya un hombre derrotado.

Una tarde, tras un receso, nos encontramos en el elevador. Dos pisos.

-Buenas tardes coronel…

-Buenas tardes.

Eso fue todo. Su abogado intervino: No puede hablar con usted. Se abrieron las puertas del ascensor y eso fue todo.

Durante todo el juicio, Carranza escuchaba las acusaciones en su contra y los testimonios de sus víctimas como si fuera él la víctima de una conspiración que no alcanzaba a comprender. El pecenista Alejandro Dagoberto Marroquín viajó para testificar que Carranza era tan bueno con sus prisioneros que frecuentemente pintaba las paredes de sus celdas para que los prisioneros estuvieran en un lugar más agradable. Uno de los sobrevivientes de esas celdas de tortura, Daniel Alvarado, confirmó lo de las pinturas, pero explicó que esto siempre sucedía antes de la visita de la Cruz Roja para tapar la sangre en las paredes.

En ese juicio fue encontrado culpable de crímenes contra la humanidad, asesinatos extrajudiciales y torturas. Los únicos sorprendidos fueron sus conocidos en la iglesia bautista de Memphis y sus compañeros de trabajo en el museo.

No es que Carranza no supiera lo que hizo. Es que no entendía por qué estaba siendo juzgado en Estados Unidos. Se lo dijo al juez: Solo me arrepiento de haber trabajado para la CIA.

Todo, todo lo que estaba siendo juzgado en esa sala, dijo, era del conocimiento de la inteligencia estadounidense. Tampoco esto era nuevo. Lo había dicho ya el exdirector de Ansesal, el coronel Roberto Santiváñez, en 1985, cuando lo acusó de montar, junto con el mayor Roberto d’Aubuisson, las estructuras paramilitares conocidas como Escuadrones de la Muerte. Poco después se supo que Carranza ganaba $90 mil dólares al año por sus servicios a la agencia estadounidense.

Su pertenencia a la CIA la reiteró el exembajador de Estados Unidos en El Salvador, Robert White, en una entrevista que le hice algunos años después: “Yo traté de que sacaran a Carranza de la CIA, pero no es fácil convencer a Langley (cuartel general de la CIA). Y también deberían investigar a los embajadores de Estados Unidos que ocultaron información sobre lo que aquí pasaba”, dijo.

Entre los informantes de los servicios de inteligencia estadounidenses estaban también el fundador de ANSESAL y ORDEN, el coronel Alberto Medrano; y su protegido Roberto d’Aubuisson. El lugarteniente de D’Aubuisson, Álvaro Saravia, confesó que la CIA proporcionaba armas a los grupos paramilitares. Como posteriormente revelaron la captura de un piloto caído en Nicaragua, y sobre todo las investigaciones sobre el narcotraficante hondureño Roberto Matta Ballesteros, la CIA también participó en operaciones de narcotráfico para financiar a la contra nicaragüense.

En Estados Unidos han sido juzgados ya cuatro militares salvadoreños acusados y encontrados culpables de violaciones a los derechos humanos durante la guerra (además de Carranza: el capitán Álvaro Saravia; el general Guillermo García y el coronel Eugenio Vides Casanova. Actualmente el coronel Inocencio Montano aguarda detenido en ese país su extradición a España para ser juzgado por el asesinato de los sacerdotes jesuitas en la UCA).

Pero ningún estadounidense ha sido juzgado jamás por su rol en las violaciones a los derechos humanos de los centroamericanos, que fueron múltiples y han sido debidamente registradas. Apenas han recibido castigo sus informantes locales, sus “gorilas” como alguna vez los llamó el embajador en El Salvador Dean Hinton.

El coronel Nicolás Carranza fue derrotado por sus acusadores, todos víctimas de los vejámenes que él supervisó y ordenó. Más que las declaraciones de los testigos en su contra, al coronel le indignó saberse solo, juzgado solo, encontrado culpable solo, sin la compañía de quienes conspiraron con él para cometer todos esos crímenes: sus aliados estadounidenses.

*Carlos Dada es periodista y fundador de El Faro. 

]]>
Columnas Wed, 23 Aug 2017 19:16:36 +0100 http://www.elfaro.net/es/201708/columnas/20785/Ha-muerto-un-hombre-de-la-CIA.htm
Los precandidatos que aplauden a monseñor Romero y al mayor D'Aubuisson http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_43_2000_1377/images%7Ccms-image-000027230.jpg http://www.elfaro.net/es/201708/ef_foto/20784/Los-precandidatos-que-aplauden-a-monseñor-Romero-y-al-mayor-D'Aubuisson.htm Javier Simán (al centro, camisa blanca) uno de los dos millonarios que compiten en una carrera no oficial por la candidatura del partido de derechas, Arena, homenajeó este miércoles 23 al mayor Roberto d'Aubuisson, junto a su principal contendiente, el empresario Carlos Calleja (a la derecha, en primer plano). Apenas hace 10 días, Simán viajó hasta Ciudad Barrios, en San Miguel, para participar de un homenaje a monseñor Óscar Arnulfo Romero, el arzobispo asesinado por un escuadrón de la muerte en marzo de 1980, con motivo del centenario de su nacimiento. La Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas señaló, en 1993, que el autor intelectual detrás del magnicidio fue D'Aubuisson, a quien hoy aplaudieron los dos contendientes. En abril de este año, Calleja también homenajeó a Romero en su cuenta oficial de redes sociales, cuando habló de la importancia de su legado histórico. Ambos contendientes aplauden tanto a la víctima como al señalado como victimario, en una carrera en la que buscan ganar simpatías en un país al que el crimen de Romero pareciera partir por la mitad. En la pose de este miércoles, Simán y Calleja le hablaron a la derecha más tradicional del partido Arena, durante la celebración de los 73 años de nacimiento del fundador de Arena, en el cementerio Los Ilustres, de San Salvador. Ambos entonaron a todo pulmón la marcha arenera y corearon estas líneas: "También me dijo el mayor d'Abuisson, que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar", una versión arenera de una estrofa de la canción El Rey. Junto a los precandidatos a la presidencia había alrededor de 100 personas, entre diputados, alcaldes, bases, candidatos y la familia del homenajeado. En las últimas dos semanas, Calleja y Simán han dejado atrás la timidez con la cual se lanzaron al ruedo político en junio, cuando ambos anunciaron sus intenciones de 'trabajar' por el país, pero sin hablar de banderas partidarias. EF Foto Wed, 23 Aug 2017 18:56:34 +0100 http://www.elfaro.net/es/201708/ef_foto/20784/Los-precandidatos-que-aplauden-a-monseñor-Romero-y-al-mayor-D'Aubuisson.htm Del palacio al presidio http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000027231.jpg http://www.elfaro.net/es/201708/columnas/20738/Del-palacio-al-presidio.htm En las últimas décadas, la mayoría de los presidentes identificados con la izquierda latinoamericana alcanzaron el poder gracias a la promoción de una agenda de respeto a la legalidad, combate frontal a la corrupción y denuncia de los abusos cometidos en el pasado. Tras los conflictos que asolaron la región en el siglo XXI, la derecha tradicional que gobernó a la región fue cuestionada por haberse enriquecido gracias a los procesos de privatización y por el ejercicio del clientilismo político entre las filas gubernamentales. Toda una trama de impunidad que aun persiste, pero que fue cobrada, elección tras elección, en las urnas.  

Pero a pesar de las declaraciones de principios fundadas en la etica pública, esta generación de presidentes latinoamericanos está concluyendo sus períodos enfrentando acusaciones de cometer los mismos abusos que un día denunciaron. El cobro de comisiones por la asignación de contratos de infraestructura, la apertura de cuentas en el extranjero -producto del enriquecimiento ilícito- y la tolerancia de mafias dedicadas a saquear fondos estatales ya no son actividades exclusivas de la derecha política. 

Los reportes noticiosos enumerando la cuantía de los fondos mal habidos, o los detalles sobre el abuso de poder y la creación de redes corruptas en Brasil, Perú y Panamá, llenan los encabezados de periódicos en todo el mundo, con las fotografías de los otrora hombres fuertes, ahora derrumbados de los pedestales del poder en sus respectivos países, ingresando, sonrientes o cabizbajos, a los tribunales o centros penitenciarios donde deben dar cuenta de sus actos tras sus pasos por los palacios de gobierno. 

Ejemplos sobran: la reciente condena a nueve años y medio que el expresidente brasileño Lula da Silva recibió, por los delitos de corrupción y blanqueo de dinero, trae aparejada, aunque todavía no se considera firme, la inhabilitación política por 19 años, lo que vendría a impedirle su eventual postulación para otro período presidencial. Al expresidente de Perú, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, por ahora sometidos a 18 meses de prisión preventiva, se les acusa de lavado de activos en perjuicio del Estado y de asociación ilícita para delinquir, cargos que ambos niegan, a pesar de que las investigaciones arrojan indicios de pagos de hasta 3 millones de dólares provenientes de la constructora brasileña Odebrecht y destinados al pago de la campaña presidencial de 2011, en la que  Humala resultó electo.

Las reacciones de los expresidentes del cono sur y de algunos en Centroamérica son variadas, pero casi todas muestras un denominador común: un tránsito que va, desde la negación de los cargos, pasando por las voces que llaman a sus prosélitos a mostrar resistencia contra las investigaciones judiciales en curso, hasta casos como el de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner que, vinculándose a sí misma con la figura de Eva Perón, ofrece el sacrificio de alejarse de su retiro para volver a competir por el poder, en un intento por reunificar al movimiento peronista y conquistar un puesto en el Senado, que le permita volver al poder en el 2019. Esta última es una postura mas bien de redención producto de la creencia en un destino manifiesto, mas allá de los obstáculos que debe enfrentar un político para ocupar nuevamente la presidencia.  

Por otra parte, las actitudes de negación, son más bien individuales. Aquí los expresidentes se burlan de las acusaciones en su contra y niegan haber administrado o controlado fondos públicos. Las acusaciones, dicen, son parte de un boicot. Por ejemplo, el presidente Lula negó todos los cargos, alegando que se trataba más bien de una componenda de la oposición política en su contra. Vale la pena recordar que su heredera política, la expresidenta Dilma Rouseff, fue destituida de su cargo por el delito de “fraude a la Constitución”, a lo que reaccionó haciendo uso de los mismos argumentos de su mentor, valiéndose de los medios de comunicación estatal, lo que de por si constituye un abuso de poder. 

Superada la “sorpresa” inicial, en la etapa de resistencia, los expresidentes ahora convertidos en imputados, ya enfrentaron “su día en la corte” o al menos han paseado por una delegación policial, ya tienen algún conocimiento de las pruebas en su contra y conocen la identidad de los testigos de cargo. En esta segunda fase, los imputados apelan al apoyo de las bases de sus partidos políticos,  se expresan haciendo uso de plazas, avenidas y cualquier otro espacio público y manifiestan estar dispuestos a enfrentarse cara a cara con sus detractores.

Es en la etapa de resistencia, por ejemplo, que la expresidenta Kirchner enfrenta su tercera causa judicial, tras dejar el poder que ocupó durante dos períodos consecutivos (2007-2015). Kirchner fue acusada desde inicios del presente año por los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles y lavado de dinero, expresando ante los medios de comunicación que “las causas son parte de una persecución política del gobierno de Mauricio Macri y sectores afines del Poder Judicial”.

Finalmente, los otrora presidentes señalados por corrupción, buscan la redención al asumir el papel de mártires de su propia causa.  En esta etapa, además de mártires, los perseguidos convierten la causa judicial en una materialización de los conspiraciones en su contra, toda vez que la suma de testigos, informes periciales y riqueza acumulada en sus cuentas personales, constituyen piezas de un complot regional más grande, que facilitará a la derecha continental destruir su legado para retomar el poder. Como se dijo antes, la ex presidenta Kirchner transita hacia esta etapa, inspirada por encuestas recientes que le reconocen un margen de apoyo del 30 al 40% de los votantes argentinos, y que sigue siendo respaldada para las elecciones de 2019 por el partido peronista, a pesar de las investigaciones por corrupción que siguen apareciendo en su contra y que involucran a algunos de sus más cercanos familiares y políticos allegados.

En Centroamérica también padecemos de expresidentes que niegan las acusaciones en su contra, se resisten y andan buscando la redención entre sus huestes, pero a diferencia de países con instituciones más fuertes, la negación se vale de la debilidad tradicional en las instituciones encargadas de combatir la corrupción y su consecuencia: el enriquecimiento ilícito. Y no pasa nada o pasa muy poco. Y cuando algo ocurre, para bien o para mal, es con la ayuda de instancias internacionales. 

En septiembre de 2015, el expresidente Otto Pérez Molina, negó las acusaciones en su contra y felicitó al Ministerio Público por identificar la red criminal conocida como “La Línea”, en una investigación también dirigida por la Cicig (Comisión Internacional contra la Impunidad) respaldada por Naciones Unidas. Otto Pérez Molina se dijo inocente, dijo que no recibió dinero de esa estructura, pero continúa tras las rejas, al igual que su vicepresidenta, Roxana Baldetti, acusada de financiar su campaña con fondos del narcotráfico, y a punto de ser extraditada por petición de EUA.

Desde Estados Unidos hasta Panamá, el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) fue extraditado para enfrentar acusaciones por ordenar acciones de espionaje estatal contra sus opositores políticos, y además es investigado por la Corte Suprema de Justicia de su país, por la supuesta sobrefacturación en un contrato de 45 millones de dólares, destinados originalmente para la compra de comida deshidratada de las escuelas públicas. Martinelli rechazó estas denuncias en su contra, afirmando que "los casos que me tienen a mí en Panamá son políticos, no hay ninguna evidencia de ninguna especie".

Nuestros expresidentes se atrincheran en sus mansiones, o como Martinelli se refugian en Estados Unidos; o como el caso del expresidente salvadoreño, Mauricio Funes, optan por la huida clandestina hacia un país vecino, legitimada luego como una forma de “asilo político”, desde el que contarán su verdad sobre sus días en el poder.

 

San Salvador, 10 de agosto de 2017.

*Roberto Burgos Viale es investigador de El Faro y abogado de derechos humanos. Especialista en temas anticorrupción. 

]]>
Columnas Wed, 23 Aug 2017 17:39:45 +0100 http://www.elfaro.net/es/201708/columnas/20738/Del-palacio-al-presidio.htm
La travesía de los ‘romeristas’ http://www.elfaro.net/images/cms-image-000027229.JPG http://www.elfaro.net/es/201708/ef_foto/20782/La-travesía-de-los-‘romeristas’.htm Alrededor de dos mil personas recorrieron 157 kilómetros para conmemorar a monseñor Óscar Arnulfo Romero en una travesía que por tramos abandonó la fervosidad religiosa y se convirtió en una marcha que clamó justicia para el beato, cuyo magnicidio lleva 37 años en la impunidad. Los peregrinos salieron desde la Catedral Metropolitana, en el centro de San Salvador, el viernes 11 de agosto, y culminó en el municipio de Ciudad Barrios, en San Miguel, cuna del beato, el domingo 13. La festividad fue organizada por la Iglesia católica para conmemorar los 100 años del nacimiento de Romero. El cardenal Gregorio Rosa Chávez, que lideró la peregrinación, dijo que apuestan porque la actividad se convierta en una tradición. EF Foto Wed, 23 Aug 2017 16:35:21 +0100 http://www.elfaro.net/es/201708/ef_foto/20782/La-travesía-de-los-‘romeristas’.htm Incoherencias http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000027208.jpg http://www.elfaro.net/es/201708/el_farolero/20783/Incoherencias.htm La mirada de Otto a la posturas del diputado Ricardo Velásquez Parker. El Farolero Wed, 23 Aug 2017 15:51:45 +0100 http://www.elfaro.net/es/201708/el_farolero/20783/Incoherencias.htm Por qué Jimmy Morales quiere expulsar a Iván Velásquez del país Martín Rodríguez Pellecer (Nómada) http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000024570.jpg http://www.elfaro.net/es/201708/centroamerica/20781/Por-qué-Jimmy-Morales-quiere-expulsar-a-Iván-Velásquez-del-país.htm La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, lo denunció la noche del 22 de agosto en su cuenta de Facebook. Amenaza con renunciar si el presidente, Jimmy Morales, pide el próximo viernes al secretario general de la ONU, António Guterres, el retiro del comisionado Iván Velásquez al frente de la CICIG. ¿Pero qué llevaría al presidente más débil de la historia democrática a semejante suicidio político? Nómada habló con cuatro fuentes de alto nivel y estas son las razones que encontró.
Iván Velásquez, director de la CICIG, junto a José Luis Sanz, director de El Faro y Claudia Paz y Paz, exfiscal de Guatemala, durante la inauguración del Foro Centroamericano de Periodismo 2016. Foto archivo El Faro.
 
Iván Velásquez, director de la CICIG, junto a José Luis Sanz, director de El Faro y Claudia Paz y Paz, exfiscal de Guatemala, durante la inauguración del Foro Centroamericano de Periodismo 2016. Foto archivo El Faro.

Ciudad de Guatemala, GUATEMALA. Las cuatro fuentes de alto nivel consultadas por Nómada se encuentran a nivel ministerial, en la Fiscalía y en el cuerpo diplomático. Ante lo delicado de la crisis que parece avecinarse, accedieron a hablar bajo condición de reserva de sus nombres.

El presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, con excelentes conexiones en Washington, fue el primero en alertar del tema desde redes sociales. Y aunque en la Presidencia nadie responde oficialmente, las fuentes confirman que la cita ‘secreta’ que había pedido el presidente Jimmy Morales con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, quien es el único jefe de Iván Velásquez, fue para pedir un cambio de mando en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Esta vez, la preocupación del presidente no es el caso en contra de su hijo y su hermano por la defraudación por medio de facturas falsas del Registro de la Propiedad en tiempos de Anabella de León y el Partido Patriota en 2013. Tampoco es por defender a su círculo más cercano de asesores investigados por el Ministerio Público (el general César Dávila o el coronel Édgar Ovalle o el militar retirado y diputado Armando Melgar Padilla). Es algo más grave para la Presidencia.

“El presidente se enteró de que la CICIG y el Ministerio Público llevan semanas investigando el financiamiento electoral de la segunda vuelta de 2015 y que podrían llegar hasta él mismo”, coincidieron dos de las fuentes.

Si bien hasta septiembre de 2015, Jimmy Morales y su partido, el Frente de Convergencia Nacional (FCN), no necesitaron de una campaña electoral onerosa para pasar a la segunda vuelta con el 23 % de los votos, las finanzas del candidato y del partido dieron caravuelta en la competencia directa contra Sandra Torres, entre septiembre y octubre. El sector privado tradicional y emergente se acercaron al favorito en las encuestas para convertirse en el siguiente presidente y lo financiaron.

Así, de la noche a la mañana, los candidatos Jimmy Morales y Jafeth Cabrera tuvieron vallas publicitarias, helicópteros, fondos, hoteles a su disposición, oficinas y equipos para la transición.

Y todo apunta a que esos aportes de campaña no quedaron debidamente registrados. FCN-Nación no presentó los informes de financiamiento electoral al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de 2015 sino hasta junio de 2017, cuando ya habían sido denunciados ante el Ministerio Público (el equivalente a la Fiscalía General de la República en El Salvador) y habían sido advertidos de una posible cancelación del partido.

Esos aportes, entre septiembre y diciembre de 2015, fueron hechos cuando no se sabía que la CICIG y el Ministerio Público perseguirían el delito de financiamiento electoral ilícito. Esto cambió en junio de 2016 con el caso Cooptación del Estado contra el exbinomio de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, y en julio de 2017 con el caso Construcción y Corrupción contra el excandidato y exministro Alejandro Sinibaldi.

La CICIG y el Ministerio Público descubrieron las sofisticadas estructuras de canales, bancos, mineras, gasolineras, telefónicas y constructoras para financiar ilegalmente a candidatos para luego cobrar favores en contratos estatales.

Y ahora, confirman las fuentes de Nómada, el Ministerio Público y la CICIG están investigando las finanzas del entonces candidato presidencial Jimmy Morales y su partido FCN-Nación. Y tres de las fuentes aseguran que encontraron relación con el caso Cooptación y Corrupción.

“El presidente está muy nervioso y pensó que expulsar a Iván Velásquez sería la opción más fácil para salvarse”, agrega otra de las fuentes.

El momento político recuerda los meses entre diciembre de 2014 y abril de 2015, cuando el entonces presidente Otto Pérez Molina vacilaba en su apoyo a la CICIG, que con cada investigación se acercaba más a la oficina presidencial. En los últimos meses de 2014, la CICIG había llegado hasta el círculo más cercano de Pérez Molina. Acusó de manipular la justicia a Gudy Rivera, expresidente del Congreso, que ahora cumple una condena de 13 años. Y sacó a luz que el finado Byron Lima había tomado control de las cárceles durante la administración de su ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, hoy acusado por un caso de corrupción y a quien Estados Unidos solicita extraditar por vínculos con el narcotráfico.

El 14 de abril de 2015, dos días antes de que fuera publicado por la CICIG y el Ministerio Público el caso La Línea de la red de defraudación desde las aduanas, Pérez Molina hacía esta declaración a una radio cuando se negaba a renovar el mandato de la CICIG, ya a cargo de Iván Velásquez: “Algunos que me quieren presionar diciendo que el Presidente tiene miedo que siga la CICIG porque lo va a investigar. La CICIG no viene aquí a investigar a presidentes”.

Diez días después renovó el mandato de la CICIG. Y cuatro meses y medio después de esa declaración, Thelma Aldana pedía su orden de captura.

Otra de las fuentes cerró la entrevista para este reportaje con esta reflexión: “El dilema en el que están el presidente y algunos de los empresarios que financiaron ilegalmente la campaña de FCN es que no saben si alguien ya contó a las autoridades el método que usaron para esquivar la ley. Ante esta incertidumbre, Jimmy, hasta ayer, había optado por intentar expulsar a Iván Velásquez. Habrá que ver qué pasa en los próximos días, semanas y meses”.

Este análisis fue publicado originalmente el 23 de agosto de 2017 en Nómada.

]]>
Centroamérica Wed, 23 Aug 2017 11:13:58 +0100 http://www.elfaro.net/es/201708/centroamerica/20781/Por-qué-Jimmy-Morales-quiere-expulsar-a-Iván-Velásquez-del-país.htm
Guatemala | Jimmy Morales pediría a ONU salida de Iván Velásquez de la Cicig http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201708/360grados/20780/Guatemala-|-Jimmy-Morales-pediría-a-ONU-salida-de-Iván-Velásquez-de-la-Cicig.htm 360 grados Wed, 23 Aug 2017 09:18:01 +0100 http://www.elfaro.net/es/201708/360grados/20780/Guatemala-|-Jimmy-Morales-pediría-a-ONU-salida-de-Iván-Velásquez-de-la-Cicig.htm Revelan comunicaciones internas y crímenes de grupo de exterminio en la PNC http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_67_0_1753_1125/images%7Ccms-image-000027206.jpg http://www.elfaro.net/es/201708/el_salvador/20779/Revelan-comunicaciones-internas-y-crímenes-de-grupo-de-exterminio-en-la-PNC.htm Revista Factum monitoreó durante tres meses a dos grupos de chat en Whatsapp conformados por más de 40 policías de distintas unidades y comprobó la participación de una célula del grupo en tres homicidios, dos agresiones sexuales y al menos una extorsión. Las conversaciones internas dejan una enorme cantidad de indicios de una práctica extendida al interior de la PNC: ejecuciones extrajudiciales y alteración de escenas de homicidios. La Revista Factum ha probado la existencia de un grupo de exterminio al interior de la Policía Nacional Civil en una amplia investigación que narra la participación de agentes de la Fuerza Especializada de Reacción de El Salvador (FES) en tres homicidios, pero también detalla las comunicaciones y maneras de operar de una célula del grupo élite para combatir a las pandillas, creado por el gobierno de Salvador Sánchez Cerén en abril de 2016.

Según la historia, publicada el martes 22 de agosto, un miembro del grupo de exterminio decidió traicionar a sus compañeros y denunciar sus actividades ilícitas ante la Fiscalía General de la República (FGR), al mismo tiempo que les facilitó a los reporteros acceso a dos chats privados en el que abundan audios, videos y fotografías que narran indicios del cometimiento de un gran número de delitos, que van desde asesinatos, amenazas, hasta la falsificación de escenas del crimen.

En los chats, Factum comprobó la participación de al menos 40 policías que van desde el nivel básico hasta unidades especializadas, además de varios colaboradores civiles. Esta infiltración a las conversaciones privadas permitió entrar hasta la intimidad de un grupo de policías que también habla libremente de compra y venta de armas y torturas a pandilleros.

Durante más de tres meses, los investigadores pudieron seguir, en tiempo real, todas las conversaciones del grupo, mientras confirmaban la participación de una de las células de las FES en tres homicidios -según la versión oficial fueron 'enfrentamientos' entre pandilleros y policías-, dos agresiones sexuales y al menos una extorsión. 

La publicación, “En la intimidad del escuadrón de la muerte de la policía”, se acompaña del testimonio de Rastreador, un testigo civil que participó y colaboró directamente en las actividades del grupo de la FES; pero también de relatos de testigos que presenciaron las ejecuciones extrajudiciales del grupo, bases de datos de la PNC, del Instituto de Medicina Legal y expedientes judiciales.

En las conversaciones participan policías de distintas ramas policiales: desde elementos de seguridad pública, miembros de la Sección Táctica Operativa (STO) o miembros de la FES. Según el codirector de Revista Factum, César Castro Fagoaga, el seguimiento a las conversaciones sostenidas en esos chats, evidencia una lógica extendida al interior de la corporación policial: “Hemos descubierto una lógica implantada dentro de la policía, vimos las entrañas de un grupo de exterminio que nos permitió entrar a numerosos grupos en todo el país, por lo que podemos afirmar que hay una lógica de normalización de las ejecuciones extrajudiciales”, dijo.

Castro Fagoaga cita como ejemplo una de las intervenciones hechas en el grupo, en la que uno de los miembros llama la atención de sus compañeros por haber montado mal la escena de una ejecución extrajudicial en la que dejaron desnudo el cadáver de un supuesto pandillero: “Compañeros ay q tener cuidado con las fotos seamos listos para montar escenas para q no salga clavoz después (sic)", se lee en el chat.

“Hemos dado con un protocolo de extermino dentro de la PNC”, dice Castro Fagoaga. 

En el texto de la investigación se lee: “Los videos en estas páginas son explícitos y numerosos: un chico que se arrastra semidesnudo por un camino de tierra mientras un policía lo obliga a cantar; una chica forzada a hacer sentadillas mientras sostiene una enorme piedra sobre su cabeza; dos chicos arrodillados dentro de una delegación policial siendo mordidos por un perro y electrocutados por uniformados; cuatro chicos forzados a acostarse en un hormiguero; un pandillero recibiendo las patadas de un policía  en el estómago y las costillas mientras está esposado y en el suelo; un policía élite torturando con un cuchillo a un pandillero esposado, y una larga lista de manifestaciones de la brutalidad. No es difícil encontrar información como esta. Basta con buscar en Google con el reactivo 'policía salvadoreña torturando pandilleros'”.

La investigación también encontró relación entre los grupos de chat y páginas webs como Noticias de El Salvador y Máximo Gladiador SV, que reproducen las fotografías que circulan por el grupo y que son administradas por miembros del mismo. En esas páginas se presentan las imágenes como escenas de enfrentamientos entre fuerzas del orden y pandilleros.  

Revista Factum también relata cómo una de esas páginas llamada Grupo de Exterminio de Pandilleros El Salvador ha recibido financiamiento de parte de al menos una salvadoreña radicada en los Estados Unidos, que decidió colaborar económicamente para apoyar las actividades ilegales de policías. Los reporteros consiguieron ponerse en contacto con esta mujer, que confirmó los hechos.

Castro Fagoaga dijo que la investigación prueba la existencia de una inercia de tolerancia a estas prácticas al interior de la Policía y, en su opinión, es muy difícil que estas acciones ocurrieran sin el conocimiento del director de la FES, el inspector jefe Elvis Cisneros.

El director de la Policía, Howard Cotto, entrevistado por Revista Factum, dijo desconocer los hechos y se comprometió a investigarlos.

La revelación de Factum se convierte en una de las pruebas más contundentes de una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos que ha calado hondo en las filas de la PNC, en un contexto en el que desde el Gobierno se promueve una política represiva contra las pandillas. De hecho, esta investigación periodística es la sexta, en dos años, justo los años en los que el Gobierno apostó a una guerra contra las pandillas, en la que cuerpos de seguridad del Estado aparecen retratados en el cometimiento de homicidios en "enfrentamientos" con pandilleros, como llama la versión oficial a estos casos.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha condenado, en tres de estos casos, la práctica de "ejecuciones extralegales". Hasta la fecha, la Fiscalía ha llevado a juicio a los policías involucrados en uno de los casos y ha abierto dos expedientes de investigación para dos de los cinco casos restantes. 

En julio de 2015, febrero de 2016 y marzo de 2017, El Faro reveló cómo agentes de la Policía terminaron matando a un total de 14 personas en tres distintos operativos ocurridos en los municidios de San José Villanueva, Zaragoza (La Libertad) y San Pedro Masahuat (La Paz), en presuntos "enfrentamientos" con pandilleros.

En el primero de los casos, la Policía masacró a ocho personas: seis pandilleros, una menor de edad y Dennis Alexander Martínez, el mandador de una finca, la finca San Blas, que no era pandillero.

En el segundo, agentes mataron a cuatro jóvenes, uno de ellos un trabajador que dormía en su propia casa. Este último fue sorprendido por tres sujetos que entraron a su propiedad perseguidos por los policías. Los agentes no distinguieron y lo mataron junto al resto, pese al ruego de sus familiares.

En el tercer caso, policías mataron a una pareja de esposos, familiares de un agente de la PNC. Cuando este último fue a reconocer a sus familiares, descubrió ajusticiamientos y una escena alterada por sus propios compañeros.  

En octubre de 2015, La Prensa Gráfica también publicó una investigación que narra los homicidios con disparos a quemarropa de cinco hombres, en un operativo conjunto entre elementos de la Policía y de la Fuerza Armada en el cantón Pajales, en Panchimalco. 

En mayo de 2017, Factum también publicó el reportaje 'A Chepe también lo mató la Policía', en el que se narra el homicidio de José Mauricio Salazar, una persona con discapacidad que fue abatida en el municipio de Zaragoza, La Libertad. 

 

 

 

 

]]>
El Salvador Wed, 23 Aug 2017 01:57:46 +0100 http://www.elfaro.net/es/201708/el_salvador/20779/Revelan-comunicaciones-internas-y-crímenes-de-grupo-de-exterminio-en-la-PNC.htm
Fiscalía de Luis Martínez pagó $7 millones a empresa de banquero al que investigaba por lavado http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1333/images%7Ccms-image-000027011.JPG http://www.elfaro.net/es/201708/el_salvador/20639/Fiscalía-de-Luis-Martínez-pagó-$7-millones-a-empresa-de-banquero-al-que-investigaba-por-lavado.htm En octubre de 2013, fiscales especiales señalaron al banquero Mauricio Samayoa por el millonario desvío de fondos donados por Taiwán hacia la campaña presidencial de Arena. Decían que se configuraba un "caso especial de lavado de dinero". Cuatro meses después, el fiscal Luis Martínez cerraba una compraventa inmobiliaria con una empresa presidida por Samayoa. La Fiscalía de Luis Martínez nunca acusó al banquero. En 2014, el fiscal general de la República, Luis Martínez, utilizó 7 millones de dólares de los fondos de la Fiscalía General de la República (FGR) para comprar un terreno donde se preveía construir el nuevo edificio de la institución. El dinero salió de un fondo destinado al combate al lavado de dinero y terminó en las arcas de una empresa que era dirigida por un banquero investigado, justo en ese momento y por esa misma Fiscalía, por un caso especial de lavado de dinero y activos, en el que también estaban involucrados el expresidente Francisco Flores y varios dirigentes del partido Arena.

Martínez suscribió el 17 de febrero de 2014 la compra del terreno de 4.4 manzanas a la Corporación Montelena, empresa fundada en 1996 por José Mauricio Felipe Samayoa Rivas y otros empresarios. La compañía se dedica, principalmente, a la administración de un cementerio. Cuando la Fiscalía compró el inmueble, Samayoa Rivas era socio, vicepresidente de la directiva y representante legal de la Corporación Montelena. El banquero, que falleció en junio de 2015 en Miami, Estados Unidos, era el presidente del Banco Cuscatlán de El Salvador cuando este sirvió de trampolín para desviar 10 millones de dólares donados por Taiwán hacia la campaña de Arena para la elección presidencial de 2004.

"La sociedad Corporación Montelena, antes Parque Jardín Las Rosas, desmembra un lote sin número de otro de mayor extensión (…) Por el precio de siete millones de dólares que su representada manifiesta haber recibido a su entera satisfacción de la Fiscalía General de la República. Presente desde el inicio de la escritura el licenciado Luis Antonio Martínez González, en su calidad de fiscal general de la República”, dice la escritura de compraventa.

Terreno donde se pretende construir el nuevo edificio de la Fiscalía General de la República. Ubicado en la residencial Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán. Foto: Víctor Peña
 
Terreno donde se pretende construir el nuevo edificio de la Fiscalía General de la República. Ubicado en la residencial Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán. Foto: Víctor Peña

11 días antes de la adquisición del terreno, el 6 de febrero de 2014, la Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía había pedido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tramitar una solicitud de información ante las autoridades de Bahamas para obtener información sobre unas operaciones financieras del Cuscatlan International Bank & Trust Ltd, domiciliado en la isla, pero parte de las empresas que pertenecían al holding del grupo financiero Cuscatlán: la Corporación UBC, radicada en Panamá y que presidía Samayoa Rivas. 

El 5 de octubre de 2013, cuatro meses antes de que el exfiscal Martínez comprara el terreno a Corporación Montelena, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía había abierto una investigación sobre un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que emitió The International Bank of Miami el 28 de octubre de 2003. En ese documento ya se atribuía a Samayoa el delito de "caso especial de lavado de dinero". El reporte reseñaba una transacción financiera que había realizado el Cuscatlan International Bank & Trust Ltd por un monto de cinco millones de dólares. La investigación de la UIF perfiló entre octubre y diciembre de 2013 a tres protagonistas claves en el desvío del dinero donado por Taiwán en 2003, que estaba destinado a programas de ayuda social y para atender a las víctimas de los terremotos de 2001: el expresidente de la República, Francisco Flores; el presidente de UBC, José Mauricio Felipe Samayoa Rivas; y el presidente del Centro de Estudios Políticos “Dr. José Antonio Rodríguez Porth” (CEP) —del partido Arena—, Gerardo Antonio Balzaretti Kriete.

El CEP abrió una cuenta en el Cuscatlan International Bank & Trust Ltd. Ese banco, domiciliado en Bahamas, era además una de las siete empresas que formaban el Grupo Financiero Cuscatlán de Costa Rica. A la Fiscalía le aparecería, de nuevo, el nombre de Samayoa Rivas relacionado en la trama, esta vez como vicepresidente de este grupo financiero. En la cuenta del banco de Bahamas fueron depositados cuatro cheques, que sumaban un total de 10 millones de dólares, que Taiwán giró a nombre del expresidente Flores. "No sabía para qué eran esos cheques, sólo me dijeron que era ayuda que el expresidente Flores había gestionado para el partido", dijo Balzaretti Kriete cuando declaró ante una comisión especial de la Asamblea Legislativa, en junio de 2014.

Seis meses antes, el mismo expresidente Flores había declarado a los diputados de la comisión especial que él había gestionado la ayuda ante Taiwán y que él se había asegurado de que los fondos llegaran a los destinatarios previstos. Cuando los legisladores le preguntaron quién o cuál institución había vigilado el buen uso del dinero, Flores dijo que él lo había manejado todo y sin controles ajenos. El mismo año, en octubre, El Faro reveló que el dinero había sido desviado hacia la campaña presidencial del partido Arena y detalló quiénes habían recibido cheques y los montos para sumar casi 10 millones de dólares.

El Faro no logró documentar la fecha exacta en que los fiscales antilavado pidieron a la Unidad de Asuntos Internacionales activar el mecanismo diplomático de investigación contra la empresa de Samayoa Rivas, pero el 6 de febrero de 2014, 11 días antes de la compra del inmueble, la Unidad de Asuntos Internacionales envió la petición de investigación a la Corte Suprema de Justicia. Los fiscales buscaban la siguiente información: detalles sobre las operaciones del Cuscatlan International Bank & Trust Ltd y detalles sobre cuatro viajes que el expresidente Flores realizó a Bahamas, entre el 27 de octubre de 2004 y el 28 de marzo de 2013.

Todos los movimientos de las investigaciones eran del conocimiento directo del exfiscal Martínez. De hecho, la Fiscalía tiene un memorándum en el que se consigna que la investigación del ROS comenzó en la Comisión Especial que investigaba el caso CEL-Enel, pero fue Martínez quien dio la orden verbal para que el caso pasara a la UIF, en octubre de 2013, cuando ya existía un borrador de petición de información a los Estados Unidos sobre el ROS que involucraba al Cuscatlan International Bank & Trust Ltd.

El 13 de febrero de 2014, cuatro días antes de que la Fiscalía pagara los 7 millones de dólares a la Corporación Montelena, la Corte Suprema de Justicia autorizó enviar la solicitud de información al Departamento de Supervisión del Banco Central y a la Fiscalía de Bahamas para recabar más información sobre la empresa de Samayoa Rivas.

La semana del 17 de julio recién pasado, El Faro contactó a Manuel Cruz, abogado del exfiscal Martínez, para obtener una versión sobre la compra del inmueble a la Corporación Montelena. El abogado dijo que no brindaría declaraciones al respecto. El exfiscal Martínez está detenido en el centro penal La Esperanza, por dos casos: favorecer en unos procesos judiciales al empresario Enrique Rais y divulgar conversaciones íntimas, obtenidas por medio de escuchas telefónicas, de Antonio Rodríguez, conocido como el Padre Toño, condenado por introducir objetos ilícitos a una cárcel durante una negociación con las pandillas.

Desde el viernes 21 de julio de 2017, el exfiscal Martínez también tiene una investigación judicial abierta por enriquecimiento ilícito. Los fiscales dijeron que el exfuncionario, su esposa Carla Francesca García Rossi de Martínez y su hijo Luis Carlos Martínez García no pueden justificar 486 mil 213 dólares. La Fiscalía tiene un cuarto expediente contra el exfiscal: el caso 28-UIF-2016 por el delito de lavado de dinero. "Dicha persona está siendo investigada y al momento se han detectado suficientes indicios sobre la existencia del delito calificado provisionalmente como lavado de dinero y activos", dice un oficio del expediente al que tuvo acceso este periódico.

La misma semana del 17 de julio, El Faro también solicitó, por medio de un correo electrónico y por medio de una llamada telefónica, una entrevista con algún representante de la Corporación Montelena. Al cierre de esta nota no hubo respuesta. 

¿De dónde salieron los $7 millones?

En marzo de 2009, Walter y otros dos guatemaltecos llegaron a la Hacienda El Recolado, en el cantón Penitente Abajo, Zacatecoluca. La esposa de José Romero, el vigilante de la hacienda, recuerda que uno de los guatemaltecos los invitó al restaurante La Pirraya, en Usulután. A su regreso, al final del día, notaron que los guatemaltecos que se quedaron en la hacienda habían construido una improvisada galera de láminas y que, bajo la leña, la tierra estaba removida. En agosto de 2009, los guatemaltecos se fueron y no dieron mayores detalles a José y a la esposa de este sobre el propósito de la galera.

Casi un año después, el 1 de septiembre de 2010, policías antinarcóticos llegaron a la Hacienda El Recolado en busca de armas y dinero. No encontraron armas, pero bajo aquella improvisada galera encontraron 8.1 millones de dólares y 1.6 millones de euros, dentro de dos barriles, uno azul y otro negro. 11 días después, la Policía ubicó otro barril enterrado en San Juan Opico. El dinero decomisado sumó 14.5 millones de dólares.

Jorge González, entonces juez especializado de instrucción contra el crimen organizado, ahora en la cárcel por liberar a unos narcotraficantes, dio un plazo de un mes para que "la persona que crea tener derecho sobre los bienes se presente a solicitarlos". Nadie se presentó. Entonces, el 8 de octubre de 2010, el juez ordenó que los 14.5 millones pasaran a formar parte del “patrimonio especial” de la Fiscalía, tal como lo dispone la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos.

La ley establece cinco formas en las que se puede utilizar ese dinero: reforzar financieramente a las instituciones que combaten el narcotráfico y el lavado de dinero; recompensas a personas que ayuden a resolver casos de lavado de dinero; protección a víctimas y testigos; programas de rehabilitación de víctimas de la drogadicción; y prevención de la drogadicción infantil y juvenil.

El 3 de mayo de 2017, El Faro pidió a la Fiscalía que respondiera a lo siguiente: ¿Quién decidió comprar el terreno en Santa Elena? ¿De qué partida presupuestaria salió el dinero? ¿Cuáles fueron los controles que se aplicaron al negocio entre el exfiscal Martínez y el banquero investigado por lavado de dinero? Samayoa Rivas firmó el documento de compra-venta en su calidad de representante legal de la Corporación Montelena.

La Fiscalía respondió que los 7 millones de dólares para la compra del inmueble en Santa Elena eran parte de los fondos provenientes de un decomiso que les entregó el Tribunal Especializado de San Miguel, es decir, del dinero que se encontró en los barriles. El dinero ingresó a un "patrimonio especial" que, gracias al reglamento de la UIF aprobado en 2007, es manejado al arbitrio del fiscal general. Nadie controla sus decisiones.

El reglamento dice que el fiscal general "tiene plena capacidad jurídica" para determinar el destino de los bienes y que basta un acuerdo para determinar su asignación. La decisión de gastar 7 millones de dólares en la compra del inmueble fue una decisión del exfiscal Martínez. Las gestiones de ese negocio ocurrieron al mismo tiempo en que investigaba al vendedor del terreno por lavado de dinero. 

El 17 de diciembre de 2013, por ejemplo, Martínez pidió al Ministerio de Hacienda un valúo del terreno de Montelena, representada por Samayoa Rivas. Cuando el exfiscal maniobraba para concretar la compra habían pasado 71 días de la apertura de la investigación en la UIF por el Reporte de Operación Sospechosa que emitió The International Bank of Miami, banco donde el Cuscatlan International Bank & Trust Ltd de Bahamas tenía abierta una cuenta que usaba para el pago de algunos cheques al partido Arena. 

"Estoy de acuerdo en que los cheques emitidos de mi (nuestra) cuenta con Cuscatlan International Bank & Trust Ltd pueden ser pagados por medio de una cuenta que el banco mantiene con The International Bank of Miami NA. Sin embargo, yo (nosotros) entiendo que mi (nuestra) relación bancaria de la cuenta es con el banco y no con The International Bank of Miami NA", decía la cláusula 13 del contrato por una cuenta PTA (Payable Through Account) que firmaron Balzaretti Kriete y otros tres dirigentes de Arena.

En un oficio confidencial que data del 7 de enero de 2014, la Dirección General del Ministerio de Hacienda informó a la Fiscalía que solo puede hacer valúos por la venta, permuta o dación en pago de los bienes del Estado. Hacienda dijo que no hay disposiciones legales para el valúo que pedía Martínez, pero en aras de una "colaboración interinstitucional" estimó que la propiedad de Montelena valía 7.7 millones de dólares. Ese valúo llegó al despacho del fiscal el 7 de enero de 2014, día en que el expresidente Flores compareció ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa. Ahí, dijo que parte de la ayuda de Taiwán para atender a las víctimas de los terremotos de 2001 fue entregada en "costalitos" y que el dinero llegó a “los destinatarios”.

La solicitud de información que El Faro presentó a la Fiscalía también pedía que se detallara los controles o requisitos que se aplicaron al negocio entre la empresa de Samayoa Rivas y el exfiscal Martínez. Cuando una institución pública compra papelería o combustible o computadoras, o cualquier otro bien por montos superiores a los 4 mil 800 dólares, debe cumplir con las disposiciones de una ley de adquisiciones. En el caso del exfiscal Martínez, quien gastó 7 millones de dólares en la compra de un inmueble, no se aplicó ningún control. "No fue por licitación pública, debido a que la compra de inmuebles no está regulada en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)", respondió la Fiscalía.

Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, una organización no gubernamental que trabaja temas de transparencia como el financiamiento de los partidos políticos, considera que la compra de inmuebles por parte de las instituciones públicas debe estar sujeta al control de la LACAP. "La ley garantiza que haya transparencia en la adquisición, sino, ¿cómo vamos a garantizar que los funcionarios hagan buen uso de los fondos públicos?", cuestiona. Para Escobar, la falta de control en la adquisición de inmuebles abre las puertas a la discrecionalidad. "Si tuviera razón la Fiscalía de que la LACAP no cubre bienes inmuebles, entonces la Asamblea Legislativa tiene una tarea pendiente, tiene que establecer una regulación ya sea en la LACAP o en una ley especial. ¿Por qué no pueden existir ofertas públicas de los inmuebles que va a recibir el Estado?".

El banquero intocable

El 30 de abril de 2014 habían pasado tres meses después de la compra y el exfiscal Martínez ya había entregado el cheque por 7 millones de dólares a Samayoa Rivas como representante de la Corporación Montelena. En esa fecha, la UIF presentó el resultado de su investigación sobre el desvío de los donativos de Taiwán ante un juez. Los fiscales acusaban al expresidente de la República, Francisco Flores, del manejo irregular de 15 millones de dólares de la cooperación taiwanesa (10 millones usados en la campaña presidencial de Antonio Saca y 5 millones adicionales cuyo paradero se desconoce).

Al final, Flores fue el único acusado ante un juez. La Fiscalía le imputó peculado (apropiarse de recursos del Estado) y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el documento de la Fiscalía hacía referencia explícita al involucramiento de otras personas, entre ellas el expresidente del Banco Cuscatlán. "El señor José Mauricio Felipe Samayoa Rivas, en su calidad de director presidente propietario del Banco Cuscatlán de El Salvador, tuvo una decisiva participación para solapar la procedencia ilegal de los fondos que se transfirieron al Consejo Ejecutivo Nacional del partido Arena (COENA)".

Los fiscales dijeron que la conducta del banquero infringió el primer inciso del artículo 5 de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos. El literal A dice lo siguiente: "Ocultar o disfrazar en cualquier forma la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad aparentemente legal de los fondos". La administración Martínez consignó en el requerimiento que el banquero cometió el delito de caso especial de lavado de dinero y activos, pero extrañamente nunca lo acusó de tal ilícito.

Bertha De León, la exquerellante en el proceso judicial contra Francisco Flores, considera que el negocio inmobiliario entre el exfiscal Martínez y Samayoa Rivas, se suma a una larga cadena de indicios que demuestran el desinterés de la Fiscalía por profundizar en las investigaciones. "Definitivamente, si este negocio se realizó en este tiempo, con esa persona que según la relación de los hechos estaba siendo investigada, para mí es un conflicto de interés clarísimo y habría que investigar si hay delito". Para De León, la Fiscalía tuvo que haber procesado a todos los involucrados en la triangulación del dinero que la misma institución perfiló en el caso. "No acusar por lavado de dinero fue una maniobra de obstaculización y protección de los demás imputados", dice. 

De León recuerda que solicitaron a la Asamblea Legislativa separar del caso contra Flores al exfiscal general por omisiones en la investigación, pero su petición no encontró respaldo en ningún partido político ni en el sistema judicial. "Hasta la fecha, la Asamblea Legislativa no se pronunció, ¿y sabe qué? Fuimos a la Sala de lo Constitucional a decir que nos violentaron nuestro derecho de petición y respuesta, y tampoco la Sala nos contestó. La Sala se calló todo el tiempo que pudo y al final dijo que como ya no estaba en el cargo, ya no tenía sentido resolver. En ese caso quedó evidenciado que cuando todo el sistema se confabula, se garantiza la impunidad".

El expresidente Flores fue el único procesado por el desvío de los donativos de Taiwán, pero falleció días antes del juicio, en enero de 2016. En el caso de Samayoa Rivas, el requerimiento lo menciona como protagonista de lavado de dinero, pero la Fiscalía tampoco lo acusó de tal delito y falleció en junio de 2015. En el caso del presidente del CEP, Balzaretti Kriete, y otros dirigentes de Arena que tenían firma autorizada en la cuenta que recibió los millones de Taiwán, no hay ningún documento fiscal o judicial que los acuse por su participación en esa trama. "Sigue siendo un tema vigente: ¿por qué no procesan a esta gente? ¿por qué se limitó a Francisco Flores?", cuestiona De León, que asegura que hay documentos y testimonios que confirman que Francisco Flores no fue el único implicado en el desvío del dinero de Taiwán.

 

]]>
El Salvador Tue, 22 Aug 2017 18:09:54 +0100 http://www.elfaro.net/es/201708/el_salvador/20639/Fiscalía-de-Luis-Martínez-pagó-$7-millones-a-empresa-de-banquero-al-que-investigaba-por-lavado.htm
“Las cárceles salvadoreñas son lugares donde las personas son objeto de tortura” http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000027205.jpg http://www.elfaro.net/es/201708/ef_radio/20778/“Las-cárceles-salvadoreñas-son-lugares-donde-las-personas-son-objeto-de-tortura”.htm El sábado 19 de agosto el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, presentó las celdas de “aislamiento total” como una medida disuasiva para quienes atenten contra los agentes de seguridad del Estado. ¿Violan esas celdas la Constitución y las disposiciones internacionales contra la tortura? Sobre esto conversamos con Héctor Carrillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de Fespad, y Omar Flores, coordinador del programa de derechos económicos, sociales y culturales de Fespad. El sábado 19 de agosto el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, presentó las celdas de “aislamiento total” como una medida disuasiva para quienes atenten contra los agentes de seguridad del Estado. ¿Violan esas celdas la Constitución y las disposiciones internacionales contra la tortura? Sobre esto conversamos con Héctor Carrillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de Fespad, y Omar Flores, coordinador del programa de derechos económicos, sociales y culturales de Fespad.

]]>
EF Radio Tue, 22 Aug 2017 17:00:55 +0100 http://www.elfaro.net/es/201708/ef_radio/20778/“Las-cárceles-salvadoreñas-son-lugares-donde-las-personas-son-objeto-de-tortura”.htm
“El arte transforma comunidades, por eso Al Lado Arte Residencia apoya a los artistas” http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000027204.jpg http://www.elfaro.net/es/201708/ef_radio/20777/“El-arte-transforma-comunidades-por-eso-Al-Lado-Arte-Residencia-apoya-a-los-artistas”.htm En La Contraportada de este martes conversamos con Paula Álvarez, gestora cultural de Al Lado Arte Residencia, un espacio que ofrece alojamiento y asesoría a artistas locales y turistas culturales. También conversamos con Alexander Reyes de Virgin Art Tatoo, un proyecto de apoyo financiero a artistas. EF Radio Tue, 22 Aug 2017 16:54:15 +0100 http://www.elfaro.net/es/201708/ef_radio/20777/“El-arte-transforma-comunidades-por-eso-Al-Lado-Arte-Residencia-apoya-a-los-artistas”.htm “Lo que es” resulta ya insoportable http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000026028.jpg http://www.elfaro.net/es/201708/el_agora/20773/“Lo-que-es”-resulta-ya-insoportable.htm ¿Recurre constantemente a las muletillas? Ana María Nafría le quiere pedir un favor: ahórreselas. Una en particular: "lo que es".
La lingüista Ana María Nafría y el lexicógrafo Francisco Domínguez en salón de la Real Academia de la Lengua Española en La Casa de Las Academias. Foto: Fred Ramos
 
La lingüista Ana María Nafría y el lexicógrafo Francisco Domínguez en salón de la Real Academia de la Lengua Española en La Casa de Las Academias. Foto: Fred Ramos

Francisco: ¡Hola!, Ana María. ¿Alguna novedad?

Ana María: Sí, te cuento: esta mañana, escuché por la TV la narración de un rescatista acerca de un accidente automovilístico: El carro se despeñó por lo que es este barranco. Nosotros recibimos lo que es la llamada de auxilio y llegamos bien rápido. Sacamos al señor de lo que es el carro, lo amarramos en lo que es la camilla y lo subimos...

F: ¡Deténgase! No soporto más su historia con tanta repetición de muletillas.

AM: Esa reacción tuve yo al escuchar al rescatista. No lo soporté. Y es que ya estamos saturados de oír esa frasecita, pues, por desgracia, en cualquier canal de TV o estación de radio que escuches, ocurre lo mismo. Se ha extendido terriblemente esta muletilla, ¡qué contagiosa! Me pregunto si habrá alguien que no se haya contagiado todavía. Entré en una librería preguntando por un libro de cocina y me respondió el empleado: Tenemos lo que es la serie de Cocina fácil Y yo salí corriendo de la librería sin decir ni adiós.

F: ¿Y para qué sirve decirla? No aporta nada a la expresión, puesto que, si la eliminamos, estaremos comunicando exactamente el mismo contenido, aunque ya sin martillar los oídos de nuestro interlocutor: El carro se despeñó por este barranco. Nosotros recibimos la llamada de auxilio y llegamos bien rápido. Sacamos al señor del carro, lo amarramos en la camilla y lo subimos..., o bien, Tenemos la serie de Cocina fácil

AM: Precisamente, no sirve para nada; es un gran estorbo, porque afea enormemente la expresión de quien la utiliza y lo deja malparado, por no decir que hace el ridículo.

F: Y esas tres palabras (lo que es) ¿siempre constituyen una muletilla, es decir, siempre sobran?

AM: No, esas tres palabras pueden no constituir una muletilla, es decir, puede tratarse de otra clase de términos —aunque se escriban igual— y ser imprescindibles en una frase determinada, por ejemplo: Han encontrado nuevos vestigios precolombinos en Santa Tecla, lo que es interesante para investigar más acerca de nuestros ancestros. No puedes eliminar lo subrayado, no tendría sentido el resto. En este caso, estamos ante un pronombre relativo cuyo antecedente es todo el segmento que le precede en esa oración. Podemos sustituir el relativo, así: “lo cual es”, pero resulta imposible eliminarlo porque sí aporta contenido.

F: ¿Qué les aconsejamos a quienes lean este diálogo para que puedan evitar la muletilla mencionada al expresarse?

AM: Simplemente eso: que la eviten, que no la digan, ¡POR FAVOR! Y en caso de duda, que hagan la prueba mencionada: si pueden sustituir el segmento por “lo cual es”, está correcto. Caso contrario, tachen, borren, eliminen…, no atormenten a su interlocutor.

F: ¿Tenemos más muletillas?

AM: Por desgracia sí, pero ya estamos tan habituados a escucharlas que nuestro cerebro no se altera tanto, como este… este… cómo se llama… cómo se llama… Escribamos algunos ejemplos:

-          Esta mañana, esteee… al subir al bus… esteee… una señora empezó a gritar pidiendo auxilio... esteee… porque le acababan de robar su cartera.

-          A mí me pasó algo parecido hace como un mes…esteee…cómo se llama…yo veía cómo un joven…esteee…cómo se llama… le estaba sacando el pisto a una anciana y…

F: Y si no aportan nada, sino que interrumpen la expresión, ¿por qué usamos muletillas?

AM: Por no dejar ver que necesitamos pensar por momentos antes de hablar o que no encontramos la palabra que necesitamos decir en ese instante… Entonces, en esos segundos, echamos mano de estas palabras que llenan el vacío momentáneo. ¡Con lo maravilloso que es el silencio!, es decir, no pasa nada por quedarse pensando en la palabra adecuada, en la idea que quiero expresar. Nadie nos obliga a hablar a la carrera. Lo importante es decir las ideas claras y usar las palabras precisas. Nuestro interlocutor agradecerá que le evitemos el tormento de las muletillas.

F: Pero siendo realistas, ¿cree usted que es posible eliminar las muletillas?

AM: Se puede tanto eliminarlas si ya las usas como evitar el contagio al escucharlas en la boca de otro. Solo se requiere ser consciente de las palabras que estás usando al expresarte.

F: La veo muy optimista.

AM: Si tú y yo podemos evitarlas, cualquiera puede hacerlo. Es cuestión de voluntad.


Sobre los autores

Hace treinta años, los caminos de Ana María Nafría y Francisco Domínguez se cruzaron gracias a las palabras. En 1986, él ingresó a la carrera de Filosofía de la Universidad Centroamericana (UCA) y recibió clases de Lingüística con ella. Su desempeño en la cátedra fue excepcional y Ana María decidió reclutarlo como instructor los cinco años siguientes y luego contratarlo como profesor. Desde entonces, mantienen un diálogo constante sobre los errores que encuentran en los textos que corrigen. Esta experiencia les dio la idea de escribir estos artículos.

Cuando a Ana María se le pregunta qué le gusta, ella responde: “Me entusiasma facilitar a mis estudiantes la comprensión de la estructura de la lengua española”. Ella estudió Filología Moderna en la Universidad de Salamanca y Filosofía Iberoamericana en la UCA, donde ha trabajado durante más de cuarenta años. Es miembro de número de la Academia Salvadoreña de la Lengua.

A Francisco le gustan las novelas de Hesse y Kundera, el cine francés y la música barroca. Además de Filosofía, él estudió Lingüística en la Universidad Complutense y Lexicografía Hispánica en la Real Academia Española. Desde septiembre 2016 es becario de la Academia Salvadoreña de la Lengua.

Ambos trabajan como profesores del área de lenguaje en universidades privadas. Ella en la UCA y él, desde hace diez años, en la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN). Por sus aulas han desfilado periodistas de El Faro y de otros medios del país.

El Faro presenta estos “Diálogos gramaticales”, una serie que se actualizará cada quince días.

]]>
El Ágora Mon, 21 Aug 2017 18:06:02 +0100 http://www.elfaro.net/es/201708/el_agora/20773/“Lo-que-es”-resulta-ya-insoportable.htm
D’Aubuisson defiende a su padre como uno de los tecleños más ilustres de la historia http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000027203.JPG http://www.elfaro.net/es/201708/el_salvador/20767/D’Aubuisson-defiende-a-su-padre-como-uno-de-los-tecleños-más-ilustres-de-la-historia.htm Isaías Mata, concejal efemelenista en Santa Tecla, dice que nunca se debatió la inclusión del mayor Roberto d’Aubuisson entre los 25 “tecleños ilustres”, y que él se enteró cuando la placa-homenaje ya estaba instalada. El Ayuntamiento de Zaragoza (España), que financió el ensalzamiento sin pretenderlo, tampoco esconde su malestar: “Este tipo de obras no obedecen a los objetivos que tiene la cooperación al desarrollo”.
El alcalde D’Aubuisson se ha comprometido a borrar la referencia al Ayuntamiento de Zaragoza en la placa que homenajea a su padre, pero el mayor D’Aubuisson seguirá entre los 25
 
El alcalde D’Aubuisson se ha comprometido a borrar la referencia al Ayuntamiento de Zaragoza en la placa que homenajea a su padre, pero el mayor D’Aubuisson seguirá entre los 25 "tecleños ilustres" en la historia de la ciudad. Foto Víctor Peña.

No hay marcha atrás. El mayor Roberto d’Aubuisson Arrieta, señalado como autor intelectual del asesinato del beato Óscar Arnulfo Romero, y padre del actual alcalde, seguirá teniendo su placa-homenaje en el paseo El Carmen, devenida la arteria más emblemática de Santa Tecla. “El mayor legado de mi padre fue su apuesta por la democracia”, lo justifica el alcalde Roberto d’Aubuisson en una carta enviada el 10 de agosto al Ayuntamiento de Zaragoza (España), institución que –sin saberlo– financió el homenaje.

La placa se inauguró el 24 de enero de 2017, como parte de una iniciativa cultural llamada el ‘Paseo de los Ilustres’, sobre la cuadra situada frente a la iglesia El Carmen. El Faro reveló el pasado 10 de agosto que el Ayuntamiento de Zaragoza reclamó a la Alcaldía de Santa Tecla por haber utilizado fondos de la cooperación -y haber impreso el logo de la entidad- en un homenaje al fundador del partido Arena, señalado de haber cometido crímenes de lesa humanidad, como está considerado el magnicidio de Monseñor Romero.

Apenas unas horas después de la publicación del reportaje, el alcalde D’Aubuisson escribió una extensa carta a Zaragoza para dar su versión de los hechos y para explicar que removerá el logo del ayuntamiento español de la placa de su padre, algo que habían solicitado desde enero pasado.

“En aras de mantener abiertas nuestras relaciones de cooperación (…), esta municipalidad procederá a cubrir el logo del Ayuntamiento de Zaragoza de la placa correspondiente a mi padre, el mayor Roberto d’Aubuisson, y en cuanto se haya realizado dicho cambio enviaremos constancia del mismo, no obstante no estar de acuerdo con su solicitud”, reza la misiva.

El Faro ha corroborado que hasta el 20 de agosto, 10 días después de adquirir el compromiso, la placa aún mantenía el identificativo del ayuntamiento español.

Que el mayor D’Aubuisson haya sido nombrado “tecleño ilustre” no ha supuesto mayores sobresaltos en la sociedad salvadoreña, una sociedad que digiere reconocimientos públicos a personajes como el teniente coronel Domingo Monterrosa, involucrado en la masacre de El Mozote; o en la que alguien señalado de participar en el asesinato del poeta Roque Dalton se desempeña como secretario de la Presidencia, como es el caso de Jorge Meléndez.

Óscar Órtiz, vicepresidente de la República, efemelenista y exalcalde de Santa Tecla, asistió al homenaje y elogió al alcalde D’Aubuisson por su iniciativa.

Concejal del FMLN desmiente al alcalde

La carta, de tres páginas de extensión y 17 párrafos, trata de presentar el homenaje como algo consensuado y avalado por el FMLN, que desde el año 2015 es oposición en la Alcaldía de Santa Tecla. El listado de los 25 tecleños ilustres, dice el alcalde D’Aubuisson, lo discutió y lo aprobó el Instituto Municipal Tecleño para el Arte y la Cultura (IMTECU), en el que participan concejales efemelenistas y de otros partidos: “Cabe mencionar que este servidor no participó de tales reuniones, pues, por mis múltiples obligaciones, delegué mi representación en el concejal del FMLN, Isaías Mata, cuya única objeción a la lista de ilustres fue que se debía incluir a más mujeres”.

El Faro contactó a Isaías Mata, quien desmonta por completo la versión del alcalde D’Aubuisson. “En las reuniones del IMTECU conocimos algunos nombres de los ilustres, como José Damián Villacorta, Francisco Dueñas, José María San Martín y Toño Salazar, pero en ningún momento nos presentaron el nombre del mayor D’Aubuisson”, dice Mata. “Jamás”, enfatiza.

El concejal efemelenista asegura que él se enteró de que el fundador de ARENA era uno de los 25 “tecleños ilustres” cuando la placa estaba ya instalada en el paseo El Carmen, y se inclina a pensar que los piropos de su correligionario Óscar Ortiz al proyecto los hizo sin saber que el mayor D’Aubuisson había sido incluido.

La mayor parte de la carta firmada por el alcalde D’Aubuisson se destina a defender el legado del mayor D’Aubuisson y a justificar su inclusión entre los ciudadanos más destacados en la historia de Santa Tecla. “Su mensaje de paz –dice su hijo– se concentra en una frase que unió a los salvadoreños en los momentos más oscuros del conflicto armado: ‘El arma más poderosa de los hombres libres es el voto’, y su pensamiento se resume en tres palabras que guían al partido político que fundó: paz, progreso y libertad”.

El alcalde D’Aubuisson se esfuerza por desvincular a su padre del asesinato de Romero, que califica como un “horrendo magnicidio”. Se escuda en que nunca fue condenado en un tribunal y en que, sin esa condena judicial, debe primar la presunción de inocencia.

Sin embargo, la idea de que el mayor D’Aubuisson es uno de los asesinos intelectuales del hoy beato tiene sólidos pilares. La veterana académica estadounidense Terry Karl, una de las personas que más y mejor ha estudiado la guerra civil salvadoreña, asegura que el propio mayor le admitió en una plática su satisfacción por el asesinato: “La persona que mató a Monseñor Romero es un héroe, eso es lo que me dijo él”.

En 2010, El Faro publicó la investigación ‘Así matamos a Monseñor Romero’, en la que también se documenta la participación del mayor D’Aubuisson.

Aunque, más allá de reportes de académicos o periodistas, el documento al que más se apela para probar el involucramiento es el informe que elaboró la Comisión de la Verdad que Naciones Unidas promovió como parte de los Acuerdos de Paz: “El exmayor Roberto D’Aubuisson dio la orden de asesinar al arzobispo y dio instrucciones precisas a miembros de su entorno de seguridad, actuando como ‘escuadrón de la muerte’, de organizar y supervisar la ejecución del asesinato”.

En la carta enviada a Zaragoza, el alcalde D’Aubuisson se refiere con desprecio a ese informe: “Mi padre fallece luego de los Acuerdos de Paz y, sin derecho a respuesta, lo vinculan falsamente con tan horrendo hecho en un informe no vinculante de la mal llamada ‘Comisión de la Verdad’, en la que se refieren a lo que ‘dicen algunas gentes’ y no a pruebas reales o a testigos creíbles”.

“Mi padre condenó el magnicidio desde el momento que sucedió hasta el último día de su vida”, dice su hijo.

Consecuencias con Zaragoza

La persona a la que el alcalde D’Aubuisson dirige la carta es Yolanda Mañas Ballestín, jefa de Servicios Sociales Especializados de la Alcaldía de Zaragoza, la responsable de administrar y supervisar los fondos que la institución destina para cooperación al desarrollo en todo el mundo.

Consultada, Mañas Ballestín dijo que están a la espera de que eliminen el logo de su ciudad de la placa del mayor D’Aubuisson: “Si no se retira el logotipo en la placa de su padre, habría problemas”.

El Ayuntamiento de Zaragoza es uno de los que más fondos ha donado a Santa Tecla en los últimos 15 años, al punto de haber financiado proyectos presentados por la alcaldía tecleña en 2006, 2007, 2011 y 2014.

“Creemos que este tipo de obras (el llamado ‘Paseo de los Ilustres’) no obedecen a los objetivos que tiene la cooperación al desarrollo”, dice Mañas Ballestín, y concluye: “De esta experiencia vamos a aprender, y a partir de ahora haremos un seguimiento más preciso de los proyectos que nos presenten, para que esto no se vaya a repetir”.

]]>
El Salvador Mon, 21 Aug 2017 17:46:52 +0100 http://www.elfaro.net/es/201708/el_salvador/20767/D’Aubuisson-defiende-a-su-padre-como-uno-de-los-tecleños-más-ilustres-de-la-historia.htm
Prudencia Ayala, una mujer terca, imprudente y ridícula Olga Vásquez Monzón http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000027202.jpg http://www.elfaro.net/es/201708/ef_academico/20775/Prudencia-Ayala-una-mujer-terca-imprudente-y-ridícula.htm La candidatura presidencial de Prudencia Ayala en 1930 es un hito histórico que no ha sido valorado suficientemente. Su iniciativa provocó una importante discusión sobre el alcance de la ciudadanía, la naturaleza de la democracia y el significado de la igualdad. El documento que se incluye perdona a “los políticos que me han ridiculizado” mostrando una nobleza y magnanimidad ejemplares. El 20 de mayo de 1930, un diario guatemalteco anunció la candidatura de Prudencia Ayala a la presidencia de El Salvador. José A. Quiñones, director del periódico, dejó clara su postura con relación a la participación política de las mujeres cuando afirmó que: “Eso de que el sexo femenino esté fuera de la ley, restringido de los derechos de ciudadano, es notoria injusticia de parte de nuestros legisladores porque nos exhibe como irracionales”.

Que Prudencia Ayala no pudo inscribirse como candidata a la presidencia de El Salvador es un hecho bastante conocido. Pero el contexto, las razones y, sobre todo, las implicaciones del rechazo de su candidatura no ha sido motivo de reflexión entre quienes proclaman su nombre como una de las primeras defensoras de los derechos de las mujeres. Si bien su figura apoyada en “un bastoncito de bambú” ha pasado a formar parte del imaginario colectivo salvadoreño gracias al esfuerzo de conservación y divulgación de instituciones como el MUPI, la academia no ha profundizado en el alcance que tuvo su iniciativa no solo para la historia de las mujeres sino para la historia nacional.

La revisión de algunos periódicos y documentos de aquel período permite una aproximación al complejo escenario en el que esta salvadoreña hizo pública su aspiración a la presidencia. En un primer acercamiento, este texto propone más que lamentar el fracaso de su aspiración, resaltar la audacia de una mujer que no solo puso al descubierto los límites y ambigüedades de la incipiente democracia salvadoreña sino que forzó la maquinaria institucional a reflexionar sobre un tema fundamental para la construcción de la sociedad incluso en la actualidad.

El contexto electoral de 1930

Autores como Víctor Bulmer-Thomas y Patricia Alvarenga coinciden en señalar que el presidente Pío Romero Bosque se mostró comprometido a favor de elecciones libres, lo que no significa la ausencia de presiones por parte de algunos sectores. A finales de mayo de 1930, la Asociación Promotora de la Industria Nacional (Apradelain) dirigió una carta a Romero Bosque para manifestar su preocupación ante la pluralidad de candidatos inscritos. Si bien reconocían la diversidad como muestra de la libertad electoral firmemente garantizada por el presidente, la Apredalain temía que esta diera paso a “la peor de las anarquías generadora de grandes males para el pueblo salvadoreño”. Por ello pidieron al presidente convocar una serie de charlas entre los candidatos para conciliar los intereses de los diferentes partidos políticos y evitar así “profundas divisiones en la familia salvadoreña”, según informó el periódico Patria del 29 de mayo de 1930. Dos días después, el editorial del periódico El Día mostraba la misma preocupación. Sin embargo, el único nombre que mencionan es el de Prudencia Ayala:

“¡Seis candidatos a estas horas! ¿Y se han fijado o se han puesto a pensar en el papel ridículo que estamos haciendo ante los demás países centroamericanos? ¿Quién no puede ser candidato a la Presidencia hoy día? Hoy solo quien no quiere no figura en la planilla de candidatos. A la vuelta de cada esquina se topa uno, dándose en las narices con todo un señor candidato a la primera magistratura.

Lo anterior no reza con los dos o los tres candidatos que saltaron primero a la arena de la consideración pública. Son los últimos los que han convertido en chabacanada el debate electoral. Y con los últimos, desde el cuarto, una pareja de desequilibrados que anda por esos mundos de Dios. … los últimos cuatro en salir están demostrando con claridad meridiana que han perdido bastantes quilates del poco seso que tenían o que se les suponía. Y más de alguno de los últimos cuatro candidatos está a la par en lo imprudente y terco con la Prudencia, que ha venido a poner la nota de mayor ridículo en esta hora que debiera haber sido de pugna para los más elevados sentimientos patrióticos, con un cabal sentido de las responsabilidades”.

La solicitud de inscripción de Prudencia Ayala

A principios del mes de julio, varios periódicos informaron que Prudencia Ayala había llegado a San Salvador para participar en las reuniones de candidatos convocadas por el presidente. El Diario de Oriente de San Miguel señala que el día que llegó, ella “vestía un traje azul y llevaba un bastoncito de bambú. Sonriente descendió del carro en que viajaba y se dirigió al grupo de amigos y amigas que le aguardaban”. La nota señala que doña Prudencia rondaba los cuarenta años, era “soltera y de regular estatura”. Según el periódico Patria, un numeroso grupo de ciudadanos de todo el país ya estaba trabajando a favor de su candidatura. No debe extrañar entonces que El Espectador de San Salvador informara que “los estudiantes ovacionaron hoy a la Prudencia Ayala” cuando pasó frente a la UES. El mismo periódico explica que el entusiasmo que despertaba en la gente se debía a que hablaba “con fogosidad” y externaba “ideas muy atrevidas sobre el feminismo”.

De hecho, un mes antes, Ayala había anunciado su candidatura en el periódico Redención femenina, “pensando seriamente en el estado inferior en que está colocado el sexo femenino”. El 9° punto de su programa de gobierno señalaba su compromiso con la lucha por la equidad de derechos de las mujeres: “El elemento femenino obtendrá de hecho el derecho político para identificar la soberanía de la Nación en los dos sexos, en desarrollo de la política cívico social que instruya al ciudadano”.

Mientras el periódico Patria, cuyo director era Alberto Masferrer, apoyó a Prudencia Ayala argumentando que defendía “una causa justa y noble, cual es el derecho de la mujer a ser elector y ocupar altos puestos”, otros periódicos resaltaron el problema jurídico que suponía su candidatura. En octubre de 1930, el Diario Latino detalló que el alcalde municipal trasladaría “al Ministerio de Gobernación la solicitud de doña Prudencia, ya que el de ella es un caso especialísimo pues las leyes no conceden estos derechos a la mujer”. La solicitud pasó a manos del poder ejecutivo quien debía autorizar su participación “en la actual contienda cívica, ya como simple votante o como fuerza de opinión política a la par de los otros candidatos”.

Mientras esperaba la resolución del ejecutivo, la candidata continuó trabajando en la divulgación de sus ideas. El 25 de octubre dictó una conferencia sobre Derechos Políticos de la Mujer en un parque de Santa Tecla. En el texto, que apareció publicado cuatro días después en el Diario del Salvador, Ayala reconocía que “la política del actual gobernante ha dado a la mujer, oportunidad de salir a la palestra a poner la pica en Flandes en las elecciones como candidato, para probar su competencia ciudadana que le acredite su personalidad política”. Según señala, aquella era una gran oportunidad para que la nación salvadoreña mostrara “al mundo civilizado sus capacidades cívicas en la política de armonía social que acredite a la nación por su cultura, ya que el gobernante ha mostrado su valor cívico garantizando la libertad ciudadana en las elecciones”.

Para Ayala, la serie de candidatos a la presidencia de la República no constituían “abuso a la constitución, sino evolución política del espíritu democrático”. Más que un problema veía en esta apertura la condición de posibilidad para la participación política en equidad, por lo que afirma: “el surgimiento de la candidatura femenina es manifestación del espíritu del derecho ciudadano que por naturaleza humana es legal en el hombre y la mujer”.

A partir de una minuciosa lectura de los capítulos y títulos de la Constitución política, la aspirante a candidata concluye que “no hay razón para que el elemento femenino no pueda dar su voto en las elecciones puesto que está calificada como ciudadana en el título V de la ciudadanía”. Para ella, la aspiración de la mujer a la primera Magistratura de la nación era “legal y muy justa”.

A partir de esta constatación señala como “indecoroso para la dignidad humana y lesivo a la soberanía nacional” el hecho de que la mujer siguiera siendo “máquina de propaganda política en las elecciones” cuando debía “concurrir a la campaña política dignamente como ciudadana y no como cosa, y desde esta campaña electoral debe calificarse como ciudadana para dar su voto”.

El rechazo de la candidatura

El 31 de octubre, el titular del diario La Época anunció que el poder ejecutivo había emitido su resolución sobre la solicitud de Prudencia Ayala: “La ciudadanía no corresponde a la mujer pues no está dotada de derechos femeninos”. La respuesta oficial enviada desde el Palacio Nacional iba firmada por Manuel Mendoza:

Sobre la consulta del Alcalde si debía inscribir en el libro de registro de ciudadanos a una señora salvadoreña que lo solicitaba: “El Ejecutivo es de parecer que no procede la solicitud. Se funda en que cuando fue dictada la Constitución Política (3 de agosto de 1886), la mujer salvadoreña no podía ejercer por sí, varios de los derechos civiles. Por el hecho del matrimonio quedaba sujeta a la potestad marital; y no obstante lo mucho que se ha legislado en su favor, todavía rigen disposiciones legales que la mantienen en situación jurídica inferior a la del hombre, como las de que no puede ser procurador ni testigo en instrumento público. Esas circunstancias demuestran que los constituyentes de 1886 no concedieron a la mujer una calidad, como la de ciudadanía, que la habilita para ejercer derechos y contraer obligaciones de más trascendencia que las civiles”.

El asunto no terminó ahí. No conforme con la resolución del ejecutivo, Ayala ocupó la atención del más alto tribunal de justicia de la república. El titular del diario La Prensa del 7 de noviembre de 1930 lo sintetizó de esta manera: “Doña Prudencia da a los magistrados un tema para pensar hondo”. Según el redactor de la nota, el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia manifestó “que en la sesión de ese día, los señores magistrados empezarían a estudiar la cuestión con todo detenimiento”. Sin embargo, según el magistrado presidente, todo apuntaba a que el mismo criterio que había orientado la resolución del ejecutivo prevalecería en los señores magistrados, por lo que la solicitud de la señora Ayala sería declarada fuera de lugar. Y así fue.

El 19 de noviembre de 1930, el periódico La Época publicó en primera plana: “Recházase lo pedido por la Prudencia”. La edición de ese día del Diario Latino expuso el texto completo: “La Corte sienta la tesis de que no es aquel Tribunal el competente para el arreglo de esta clase de asuntos, pues no tiene facultades para declarar en sentencia definitiva si la mujer salvadoreña puede ejercer los derechos políticos que confiere la ciudadanía, por ser atribución de una Asamblea Constituyente como encargada de interpretar de manera auténtica y de un modo general obligatorio la Constitución y las Leyes Constitutivas de la República”.

El razonamiento de los magistrados se sustenta en la distinción entre derechos individuales y políticos. Según señalan, los derechos individuales eran los referidos a la persona en lo que concernía a la libertad personal, la propiedad y el honor; mientras que los derechos políticos eran los que la persona tenía como miembro de una nación y la capacitaban para desempeñar empleos públicos, ejercer sufragio y demás derechos inherentes a la ciudadanía. De ahí que, según ellos, “el sufragio no es un derecho individual como el de la propiedad o el honor, sino una forma de representación política reflexiva más amplia”. Más que un derecho, consideraban que el sufragio y la representación política eran un deber, “una función política para cuyo desempeño no puede mirar a su interés o finalidad partidaria”.

Se percibe con claridad que a la base de esta distinción de derechos está la antigua discusión que asignaba los asuntos públicos a los varones y los privados a las mujeres. De hecho, la autoras Diana Deere y Magdalena León mostraron que en el siglo XIX, tanto México como los Estados centroamericanos tuvieron una postura progresista en lo referente al derecho privado de propiedad y herencia de las mujeres. Sin embargo, en lo que se refiere a su participación política, la corriente del liberalismo fue la más reacia. Pese a ello, ha sido la osadía de ciertas mujeres la que a lo largo de la historia ha forzado la transformación de las instituciones sociales. Así como en el siglo XIX, la ingeniera Antonia Navarro mostró al mundo la capacidad intelectual de las mujeres, a principios del siglo XX fue la ciudadana Prudencia Ayala quien evidenció los límites de una democracia que aún, en pleno siglo XXI, no ha logrado la plena inclusión de la diversidad de rostros que componen el mosaico nacional.

Los siguientes documentos, ambos de 1930, nos dan indicios de la nobleza y sensibilidad de Prudencia Ayala.

CARTA ABIERTA

A los salvadoreños

Salvadoreños: La política del presidente doctor don Pío Romero Bosque, es un amplio campo electoral donde surgen mis ideales democráticos en una lucha sin tregua…

La candidata Prudencia Ayala se separa del campo político del momento, por no haber sido calificada como ciudadana salvadoreña, que en ley y en justicia le pertenece en su derecho ciudadano, y si en algo he fastidiado a los políticos, perdóneme almas mías que no lo he hecho en mala intención, sino en el deber de un principio cívico para defender los principios del derecho individual que le asiste a la mujer.

Me alejo almas mías con el corazón satisfecho de haber entrado en combate para obtener el triunfo de mi derecho ciudadano. Me alejo grata de los políticos que han prestado atención a la justicia que reclamo en el campo de la ley. La patria exige la práctica, de la justicia, el cumplimiento de la ley en su más completo significado cívico social entre hombres y mujeres, para equilibrar los valores morales de la nación civilizada. Así la alegría embarga mi esperanza en el próximo futuro electoral. Por el momento al no haber sido calificada como ciudadana, quedo sin nacionalidad, figurando en el mundo de los hombres como habitante del planeta terrestre a mi albeldrío ¡Vive Dios, mi amplia libertad!...

Los políticos que me han ridiculizado quedan perdonados con todo corazón, para que ellos, perdonen mis entusiasmos cívicos si con ello les ofendo. Los que me calumnien, los perdono con solo que me manden los periódicos donde echen los sapos y gatos para ver si es verdad lo que digan, para desmentir o rectificar. Así en esta moralidad e inteligencia queda firme en el combate vuestra obsecuente y S. S.

Prudencia Ayala

La Época, Diario de la tarde , San Salvador, noviembre 25 de 1930

Imagen cortesía del Museo de la Palabra y la Imagen (Mupi).
 
Imagen cortesía del Museo de la Palabra y la Imagen (Mupi).
 

Ofrenda

Por Prudencia Ayala

Yo te ofrezco, Señor, para tu gloria

mi virgen corazón afrodisíaco

yo te ofrezco el perfil de mi sonrisa

y la tierna caricia de mi halago.

Tú bien sabes, Señor, que el contubernio

ni la turbia epilepsia me han manchado,

soy un copo de nieve en plena selva,

un lindo copo de algodón lozano.

Eso del capirucho y la cuchara,

son cosas que el Destino me ha mandado,

para curar las llagas de la Patria

y salvar este pueblo soberano.

Cual otra Juana del pasado tiempo

expulsaré del templo a los sicarios,

al conjuro nomás de una candela

prendida en lo más hondo del breviario.

Esta ofrenda de mártir virgencita

recíbela Señor, con ambas manos:

Si del polvo me hiciste vuelvo al polvo

sepultando en mi polvo a los gusanos.

El Espectador, 26 de julio de 1930

*Olga Vásquez Monzón es docente universitaria e investigadora. Imparte clases en la Universidad de El Salvador y la Universidad Centroamericana 'José Simeón Cañas'​.

]]>
EF Académico Mon, 21 Aug 2017 17:19:56 +0100 http://www.elfaro.net/es/201708/ef_academico/20775/Prudencia-Ayala-una-mujer-terca-imprudente-y-ridícula.htm
El aborto terapéutico, una práctica legal y extendida en casi toda América Latina http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000027201.jpg http://www.elfaro.net/es/201708/internacionales/20776/El-aborto-terapéutico-una-práctica-legal-y-extendida-en-casi-toda-América-Latina.htm Con la luz verde dada este lunes por el Tribunal Constitucional de Chile, las chilenas tendrán la posibilidad de abortar cuando hayan sido violadas, cuando el feto sea inviable o cuando el embarazo ponga en peligro sus vidas. En el continente americano solo salvadoreñas, haitianas, hondureñas, nicaragüenses, dominicanas y surinamesas tienen completamente prohibido interrumpir el embarazo.
Activistas proaborto celebran este 21 de agosto en Santiago la luz verde del Tribunal Constitucional de Chile a la nueva ley que permite la interrupción del embarazo bajo tres causales. Foto Claudio Reyes (AFP).
 
Activistas proaborto celebran este 21 de agosto en Santiago la luz verde del Tribunal Constitucional de Chile a la nueva ley que permite la interrupción del embarazo bajo tres causales. Foto Claudio Reyes (AFP).

Santiago, CHILE. El aborto en caso de riesgo de vida para la madre es una práctica extendida en América Latina, a la que ahora se suma Chile, dejando a El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam como las únicas seis naciones en las que está prohibido en cualquier situación.

Desde 1965 en Cuba el aborto es legal y gratuito, mientras que en Uruguay desde 2012 las mujeres pueden interrumpir el embarazo durante sus primeras 12 semanas en forma gratuita en las instituciones de salud del país.

Para acceder al procedimiento, las uruguayas deben entrevistarse con un equipo interdisciplinario que les informa sobre los riesgos, alternativas, programas de apoyo a la maternidad y de adopción.

Después de la luz verde que recibió este lunes 21 de agosto del Tribunal Constitucional tras un tenso y extendido debate, Chile se convirtió en el último país en despenalizar en América Latina el aborto en caso de riesgo de vida para la madre, inviabilidad fetal o violación, poniendo fin a una prohibición impuesta al final de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

En Brasil está permitido en tres casos: embarazo de un feto con malformaciones cerebrales, con riesgo de muerte para la mujer y por violación. Pero a fines de noviembre de 2016 el Supremo Tribunal Federal (STF) emitió un fallo en el que consideró “inconstitucional” criminalizar el aborto voluntario en el primer trimestre de embarazo.

Aunque la decisión es válida sólo para un caso ocurrido en Río de Janeiro, se cree que podría sentar jurisprudencia en un país azotado en los últimos años por el virus del zika –que puede provocar malformaciones fetales– y en el que en 2015 casi medio millón de mujeres abortaron en su mayoría de forma clandestina, según Human Wrights Watch (HRW).

En Argentina, el aborto está despenalizado cuando el embarazo es producto de una violación o está en peligro la salud de la mujer, aunque los médicos se pueden negar alegando objeción de conciencia. Según estimaciones de varias oenegés, cada año se realizan unos 500,000 abortos en este país.

En Perú, la interrupción del embarazo es ilegal salvo riesgo de vida de la madre, al igual que en Guatemala, Costa Rica y Paraguay.

En Bolivia está permitido cuando el embarazo hubiere sido consecuencia de una violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, y en caso de riesgo de vida de la madre.

En Ecuador, además de riesgo de vida para la madre, se permite cuando el embarazo es producto de una violación en mujeres con discapacidad mental, mientras que en Panamá se admite en tres causales: si hay malformación del feto, peligro para la madre o si el embarazo ha sido producto de una violación.

En México, el aborto es libre por decisión de la mujer en las 12 primeras semanas de gestación sólo en la Ciudad de México, por lo que muchas mujeres viajan a la capital para practicárselo.

En todo el país es legal cuando es producto de una violación, pero la legislación varía según el estado al tomar en cuenta distintas causas: riesgo para la vida, alteraciones del producto, inseminación artificial no consentida o situación económica. Desde 2009, se estima que cada año se realizan un millón de abortos en todo México, según el instituto privado el Colegio de México.

En El Salvador no hay forma alguna de interrumpir un embarazo legalmente, si bien en la Asamblea Legislativa hay en la actualidad dos propuestas que permitirían hacerlo bajo determinadas causales.

© Agence France-Presse

]]>
Internacionales Mon, 21 Aug 2017 17:03:17 +0100 http://www.elfaro.net/es/201708/internacionales/20776/El-aborto-terapéutico-una-práctica-legal-y-extendida-en-casi-toda-América-Latina.htm
Derecho a la salud para pocas, muerte y cárcel para muchas http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000027199.jpg http://www.elfaro.net/es/201708/columnas/20774/Derecho-a-la-salud-para-pocas-muerte-y-cárcel-para-muchas.htm El jueves 17 de agosto, el diputado Johnny Wright presentó a la Asamblea Legislativa una nueva propuesta para reformar al artículo 133 del código penal. La modesta iniciativa pretende despenalizar el aborto solo en dos de las cuatro causales contenidas en la propuesta introducida el año pasado por la legisladora Lorena Peña: cuando la vida de la madre está en peligro y cuando una menor de edad está embarazada a causa de una violación.

Como era de esperar, la posible aprobación de la moción ha desatado un vendaval de apoyos y críticas que se han hecho escuchar en medios de comunicación y en las redes sociales. Pero ¿qué significaría en términos legales y prácticos un dictamen favorable para la reforma?

Sería un primer paso para comenzar a extender a todas las mujeres de El Salvador un derecho que hasta ahora solo ha ejercido una minoría: las embarazadas de clases medias y altas que usan servicios de salud privados. De acuerdo a la DIGESTYC, solo el 15.8 de la población usa clínicas u hospitales privados.

¿Cuántos de ustedes lectores, lectoras, que como yo tienen acceso a hospitales privados, conocen a alguien que ha sido atendida por un embarazo ectópico, que tuvo un aborto espontáneo o que perdió a su bebé cuando la gestación ya estaba muy avanzada? ¿Cuántos de ustedes tienen alguna conocida que sí pudo interrumpir su embarazo al enterarse que su hijo o hija sufría una malformación genética grave? ¿Cuántas de sus conocidas fueron del hospital a sus casas para ser consoladas por sus parejas y familia? ¿Cuántas de ellas terminaron en la cárcel o muertas por no ser atendidas a tiempo? Me atrevo a pensar que ninguna.

Por eso el verdadero problema es de desigualdad, porque en nuestro país la prohibición absoluta del aborto solo es absoluta para las mujeres que no tienen los recursos económicos suficientes para acceder a servicios del sector privado. Ellas son las que sufren las consecuencias de la atmósfera de inseguridad jurídica que ha creado el artículo 133 del código penal. Son ellas las que recurren a abortos inseguros o las que, dentro del sistema de salud público, corren el riesgo de morir por embarazos ectópicos, o ser desahuciadas por no recibir tratamientos para enfermedades como cáncer o insuficiencia renal. Ellas son las obligadas a sufrir gestaciones completas con bebés que son inviables con la vida o a tener hijos de sus violadores. Solo ellas terminan en la cárcel por un problema obstétrico.

Los datos no mienten. Para el 2016, el MINSAL reportó cuatro mujeres muertas por embarazos ectópicos. Del total de muertes, el 39% tuvo por causa un problema de salud preexistente o de reciente aparición. La mayoría de muertes (77%) fueron catalogadas como prevenibles. Esa mayoría, ese 77% no debería haber muerto. Hasta el 2011, 129 mujeres habían sido procesadas por aborto u homicidio agravado, 26 recibieron condenas entre 11 y 40 años de cárcel. Todas son de sectores económicos pobres. Las organizaciones de mujeres afirman que muchas de ellas en realidad tuvieron problemas obstétricos no atendidos. Este fue el caso de María Teresa Rivera, una mujer sentenciada a 40 años de prisión. Cuatro años después su sentencia fue revisada y anulada. Ante la insistente persecución de la fiscalía, en el 2017 recibió asilo político en Suecia por ser considerarla una perseguida del estado a causa de la penalización del aborto. La deuda de nuestro Estado para con las mujeres es enorme.

La aprobación para despenalizar dos de las causales sería un abono a esa deuda. Ya es hora que nuestros diputados abran los ojos ante las consecuencias atroces que ha provocado la criminalización de todo tipo de aborto. Es hora que cumplan con su deber y con la recomendación urgente de la Sala de lo Constitucional (310-2013) para hacer explícitos los casos en que puede ser invocado el artículo 27 del código penal, que garantiza la no persecución penal de ciertas acciones. Apenas sería una paso, pero uno muy importante, para reducir la brecha de desigualdad entre las mujeres que tienen recursos para salvaguardar su salud, sin ser perseguidas por la ley, y las que no los tienen.

*Laura Aguirre es estudiante de doctorado en sociología en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Su tesis, enmarcada dentro de perspectivas feministas críticas, está enfocada en las mujeres migrantes que trabajan en el comercio sexual de la frontera sur de México. Su trabajo también abarca la sexualidad, el cuerpo, la raza, la identidad y la desigualdad social.

]]>
Columnas Mon, 21 Aug 2017 15:25:06 +0100 http://www.elfaro.net/es/201708/columnas/20774/Derecho-a-la-salud-para-pocas-muerte-y-cárcel-para-muchas.htm
La eclipsemanía Drew Angerer (AFP) http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000027198.jpg http://www.elfaro.net/es/201708/ef_foto/20772/La-eclipsemanía.htm Un grupo de personas observan el eclipse solar en el observatorio del centro Rockefeller este 21 de agosto en la ciudad de New York. En estados unidos el eclipse fue observado de forma total, mientras que en Centroamérica se vio de manera parcial. La última vez que en Centroamérica se produjo un eclipse solar de forma total fue el 11 de julio de 1991 que tuvo una duración seis minutos. EF Foto Mon, 21 Aug 2017 14:29:23 +0100 http://www.elfaro.net/es/201708/ef_foto/20772/La-eclipsemanía.htm Cinco confesiones que colocan a Lula, Funes y Vanda en una campaña pagada con dinero sucio http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000026860.jpg http://www.elfaro.net/es/201708/el_salvador/20381/Cinco-confesiones-que-colocan-a-Lula-Funes-y-Vanda-en-una-campaña-pagada-con-dinero-sucio.htm En una serie de confesiones grabadas en video, Joao Santana y Mónica Moura, los publicistas brasileños que dirigieron la campaña de Funes en 2009, aseguran que el expresidente y su esposa gestionaron contribuciones a través del Partido de los Trabajadores y de Lula da Silva, en ese entonces presidente de Brasil. El relato de los publicistas coincide con el de tres de los seis principales ejecutivos de la oficina de sobornos de Odebrecht. Ante fiscales brasileños, los ejecutivos relataron que la campaña de Funes se nutrió con al menos 3 milllones de dólares del esquema de corrupción más grande en la historia de América Latina. En 2008, el publicista Joao Santana estaba por cerrar una campaña electoral en Sao Paulo cuando el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, le encargó que dirigiera la de un exentrevistador salvadoreño que, a la luz de las encuestas, daba por primera vez a la izquierda latinoamericana una oportunidad realista de ganar la Presidencia de El Salvador. Nueve años más tarde, las declaraciones rendidas ante el Ministerio Público Federal de Brasil por tres ejecutivos de la constructora Odebrecht y por dos publicistas brasileños que lavaban dinero de esa empresa, detallan las gestiones que según ellos hicieron en su momento el candidato presidencial Mauricio Funes y su esposa, Vanda Pignato, para obtener financiamiento de campaña por al menos 3 millones de dólares que, hoy se sabe, provenían de la oficina de sobornos de Odebrecht.

Las declaraciones rendidas ante la justicia brasileña por esas cinco personas procesadas dentro de la investigación por el mayor caso de corrupción en la historia de Brasil detallan los esfuerzos que Funes, su exesposa y el expresidente Lula hicieron para obtener ayuda que permitiera fortalecer la última etapa de la campaña electoral del candidato del FMLN. El Faro tuvo acceso a las transcripciones y videos del caso y en uno de los videos Santana confisa que cuando recibió la petición, su primera reacción fue de rechazo. "Le dije al presidente Lula: Estoy muy cansado. Quiero salir de esta campaña de Marta Suplicy en Sao Paulo, quiero ir a Nueva York para hacer un curso allí", relató a los fiscales. Lula, dice Santana, le insistió. "En caso de que el FMLN pueda triunfar, usted es la persona indicada. Él (Mauricio Funes) es una persona de izquierda. Piense en eso y no se preocupe, que nosotros garantizamos todo", le dijo.

La esposa de Santana, Mónica Moura, también ayudó al Ministerio Público a reconstruir lo que sucedió aquellos días, y su declaración contradice la versión que ha dado hasta ahora la exesposa de Funes en cuanto a que ella nunca hizo gestiones para obtener financiamiento para la campaña: "A finales de 2008 Vanda nos buscó. Nos hizo una visita allí donde era la productora en Sao Paulo. No la conocíamos a ella. Dijo que estaba muy feliz porque íbamos a ir a El Salvador y porque Lula hablaba mucho de Joao debido a que en 2006 habíamos ganado la reelección como presidente", declaró Mónica Moura.

Cuando Lula encargó la misión a Santana, Mauricio Funes competía contra un Rodrigo Ávila que representaba al principal partido de derechas, que estaba por cumplir 20 años de gobierno. Las encuestas mostraban que después de los fracasos de las candidaturas del ex movimiento guerrillero de 1994, 1999 y 2004, Arena por primera vez corría riesgo real de perder. De hecho, Funes comenzó a aparecer con ventaja en encuestadoras como LPG Datos. Una ventaja precaria, pero que parecía consistente. Con su propaganda, el partido Arena intentaba persuadir al votante de que si Funes ganaba sería un aliado de Fidel Castro y Hugo Chávez. Con la suya, Funes marcaba distancia de Chávez y se alineaba más con el presidente brasileño. Entre números que mostraban que cualquiera podía triunfar en marzo de 2009, cada centavo invertido en publicidad iba a ser decisivo.

En ese contexto Lula intentó dar un empujón final a aquel candidato que estaba casado con su vieja amiga Vanda Pignato, que también tuvo militancia en el Partido de los Trabajadores desde su nacimiento en 1980. Nueve años después de aquel empujón, la justicia brasileña ha establecido que aquellos 3 millones de dólares que financiaron la campaña de Funes provenían de una partida presupuestaria secreta administrada por el Partido de los Trabajadores (PT), y que esta se alimentaba de sobornos pagados por la constructora Odebrecht para garantizar la obtención de contratos con la estatal Petrobras.

Lula y Santana han sido condenados por lavado de dinero en la operación bautizada como "Lava Jato" (Lava autos, en español), que investiga una conspiración para corromper funcionarios y políticos a lo largo de los últimos 20 años aprovechando la gran disponibilidad de recursos de la gigantesca empresa Petrobras. Dentro de Lava Jato la justicia brasileña identificó la existencia de un cártel formado por 16 empresas para obtener millonarios contratos con Petrobras mediante el pago de sobornos. Una de esas empresas es la constructora Odebrecht, a la que se le ha detectado sobornos por más de 3 mil 370 millones de dólares.

Cuando las primeras investigaciones de Lava Jato vieron la luz pública en 2014, el Ministerio Público brasileño decidió crear una fuerza de tareas ad hoc, y estableció su sede en la ciudad de Curitiba, en el estado de Paraná. El Tribunal de Justicia de Paraná ha emprendido más de mil procedimientos judiciales relacionados con Lava Jato, incluidos los de Lula y Santana, y una de sus conclusiones es que, los 5.3 millones de reales (equivalentes a 3 millones de dólares al tipo de cambio de 2008) que costó la participación de Santana y Moura a la campaña electoral de Funes salieron de la partida presupuestaria administrada por el PT que se nutría de sobornos. "Campaña de El Salvador - Pago intermediado por Lula - Empresa Odebrecht", se titula uno de los anexos de la investigación. El favor de Lula a Funes y su esposa se hizo con dinero sucio.

Funes dice que ni él ni sus allegados pagaron un solo centavo por el aporte de Santana a la campaña electoral. El Faro le preguntó si el apoyo de Lula para gestionar la participación de Santana en la campaña implicaba que adquirió algún tipo de compromiso en caso de que ganara la presidencia, y lo negó. "Yo no le ofrecí nada a Odebrecht, al PT o al expresidente Lula en caso de que ganara las elecciones", respondió este 15 de agosto a una consulta que le hizo El Faro vía mensaje directo de Twitter.

Los documentos y vídeos públicos sobre las pesquisas muestran que, al abordar el caso de El Salvador, los fiscales brasileños nunca preguntan a los ejecutivos de Odebrecht si pidieron a Funes algo a cambio del aporte para su campaña.

Los tres ejecutivos de Odebrecht cuyas declaraciones perfilan la mano brasileña moviendo la campaña salvadoreña son Marcelo Odebrecht, Hilberto Silva y Fernando Migliaccio. Son las tres personas de más alto rango de la oficina Operaciones Estructuradas, que era la dependencia de Odebrecht responsable de manejar los sobornos. Marcelo Odebrecht, Hilberto Silva, Fernando Migliaccio, Joao Santana y Mónica Moura señalan que Lula delegó en su exministro de Hacienda Antonio Palocci la coordinación de la ayuda pedida por Funes y Vanda Pignato.

El aporte brasileño a la campaña de Funes se puede segmentar en dos partes: la primera, cuando Santana se hizo cargo de la campaña. Aunque Mónica Moura en su declaración ante los fiscales brasileños habla de "finales de 2008" el inicio de su relación con la campaña de Funes, varias fuentes salvadoreñas que participaron en ella y que luego integraron el equipo de gobierno hablan de junio de ese año. El segundo aporte se produce ya en 2009, cuando había publicidad producida por Santana y Moura, pero no había dinero para pagar espacio en medios.

Una de las tareas del exministro Palocci fue enviar dinero aportado por Odebrecht a un empresario cercano a Funes en El Salvador que sirvió para comprar pauta televisiva en el tramo final de la campaña. Las declaraciones no identifican a ese empresario que sirvió de intermediario y tampoco permiten aclarar si la compra de espacios en medios se costeó bajo el total de los 3 millones de dólares o si requirió de un desembolso adicional de Odebrecht.

Hasta este momento, mientras la operación Lava Jato continúa, ya muestra cifras astronómicas: el Ministerio Público Federal de Brasil informa que desde marzo de 2014 ha abierto 1,765 procedimientos, ha girado 844 pedidos de captura, ha pedido prisión preventiva para 97 personas y busca repatriar a Brasil el equivalente a unos 12 mil millones de dólares, al tipo de cambio actual. Esto, porque Lava Jato ha determinado que el cártel de corrupción operó no solo en Brasil, sino también en el exterior. Solo Odebrecht incurrió en sobornos en una decena de países de Latinoamérica y en dos de África. Los sobornos en el exterior, tal como en Brasil, iban dirigidos a funcionarios o políticos de partidos ideológicamente afines al PT.

Odebrecht fue fundada en 1944 por Norberto Odebrecht y es una de las 10 constructoras más grandes de América Latina. En 2008, poco antes del llamado de Lula a Santana para ir a El Salvador, asumió la presidencia de la compañía Marcelo Odebrecht, nieto de Norberto.   

Las tres fuentes salvadoreñas -que pidieron hablar bajo condición de anonimato por razones de seguridad- afirmaron que Santana y Moura llegaron a El Salvador a poner orden en un momento tenso de la campaña porque había conflictos entre el candidato presidencial -que solo se inscribió como militante del FMLN para cumplir un requisito de ley- y su partido, debido a diferencias ideológicas y a la falta de acuerdos sobre qué debía decirse en las piezas de campaña. "En una semana, el candidato tuvo que salir varias veces en programas de televisión a llamar a la calma y a desmentir a dirigentes del FMLN sobre los planes que implementaría si era electo", recuerda uno de estos ex funcionarios.

Las declaraciones de Santana y Moura que constan en vídeos perfilan a un Santana carente de interés alguno en trabajar en una campaña que no suponía un negocio codiciable. Santana alega que ni siquiera sabía que existía un país llamado El Salvador. Y Moura explica que cobraron "muy barato". Y cuando los fiscales le preguntan por qué lo hicieron, añade que estaban atendiendo un pedido del presidente Lula y que Vanda Pignato subrayaba que el FMLN era un partido muy pobre. "Vanda lloriqueaba y decía que el partido no tenía dinero", declara Moura.

Santana dice que conoció a Funes y Vanda Pignato cuando estos lo visitaron en 2008, poco después del encargo de Lula, aunque no da fechas, y los fiscales tampoco se muestran muy interesados en conocer demasiados detalles.

La conexión salvadoreña

Las investigaciones en Brasil revelan que la amistad entre Vanda Pignato y el expresidente Lula, y entre Pignato y un ejecutivo de Odebrecht fueron clave para obtener el financiamiento a la campaña.

Cuando en mayo de 2017 fueron conocidas las confesiones de Santana y Moura sobre los pagos de Odebrecht, estos ya habían sido condenados a ocho años y cuatro meses de prisión por lavado de dinero. Un mes más tarde, fueron condenados nuevamente por lavado de dinero. La primera vez debido a que los pagos por sus servicios durante la campaña para la presidenta Dilma Rousseff provenían de sobornos pagados por una empresa que integró el cártel investigado por Lava Jato. La condena de junio obedeció a que habían recibido dinero sucio de Odebrecht como pago por servicios de publicidad.

¿Cómo la justicia brasileña llegó hasta El Salvador en sus investigaciones Lava Jato? En mayo de 2014, la Policía Federal de Brasil encontró un reporte contable de la oficina Operaciones Estructuradas, que indicaba la existencia de una cuenta secreta compuesta por sobornos de Odebrecht al Partido de los Trabajadores por 128.5 millones de reales de la que salía dinero que era destinado a donaciones para campañas electorales en Brasil y en otros países como Perú y El Salvador. Con ese dinero, en Brasil se financió, por ejemplo, la campaña de Marta Suplicy para la alcaldía de Sao Paulo; en Perú, la de Ollanta Humala para la presidencia, y en El Salvador, la de Funes. En junio de 2017 la justicia brasileña condenó a Antonio Palloci -el exministro de Hacienda de Lula y luego operador político del PT durante su gobierno (2003-2011)- a 12 años de prisión por corrupción y lavado de dinero. Palocci, según las investigaciones, administraba esa cuenta de la que salían los pagos para Santana y Moura.

Uno de los insumos para la condena contra Santana, Moura y Palocci fue la declaración que rindieron los tres ejecutivos de Operaciones Estructuradas respecto de aquel reporte contable que tenía una anotación que llamaba la atención de los fiscales: "Evento El Salvador vía Feira". Los tres admitieron que esa anotación se refería a un aporte a la campaña de Mauricio Funes, por medio de Santana y Moura.

Hilberto Silva, en su declaración del 6 de marzo de 2017, reveló que quien intermedió la relación para convencerlos de hacer el aporte en 2008 a la campaña en El Salvador fue el superintendente de Odebrecht en Panamá, André Rabelo. Dijo que la primera llamada provino de Rabelo y que después llegó la llamada de Lula. "Yo supe que la campaña en El Salvador estaba siendo realizada a petición de André Rabelo, nuestro superintendente en Panamá, quien tenía una relación de amistad con la esposa del candidato de El Salvador", puede leerse en la página 88 de la confesión de Silva.

Los tres ex funcionarios del gobierno Funes -que acordaron hablar bajo condición de anonimato- señalan que el estratega brasileño Joao Santana hizo las primeras visitas a El Salvador en 2008, aunque no precisan la fecha, y que con él llegó un equipo de primer nivel a producir la campaña. Coinciden en que la producción de las piezas de campaña corría por cuenta del equipo del gurú brasileño y que el FMLN y el movimiento Amigos de Mauricio se encargaban de pagar pauta para colocar las piezas en los medios de comunicación de mayor difusión. Funes aseguró el 12 de mayo de 2017 a El Faro que ni él ni el FMLN ni los Amigos de Mauricio pagaron los honorarios de Santana y de su equipo. "Como he dicho en otras ocasiones: ni el FMLN, ni Amigos de Mauricio, ni Vanda, ni yo recibimos dinero alguno de parte de Odebrecht o de cualquier otra empresa brasileña para la campaña y tampoco durante mi gobierno o después de él. No voy a reaccionar ante declaraciones de testigos criteriados que suelen decir cualquier cosa para lograr beneficios procesales. Si Joao Santana o Mónica Moura recibieron dinero de esa empresa, es un asunto por el que ellos deben responder ante las autoridades brasileñas. Yo no tengo por qué opinar sobre el tema", respondió vía mensaje directo de Twitter

Cuando El Faro consultó a una de estas tres personas -que además trabajó en el Movimiento Amigos de Mauricio- si hubo gestiones para que Odebrecht aportara a la campaña, manifestó que no sabía porque la información sobre las empresas que aportaban a la campaña era manejada por exclusivamente Mauricio Funes y Vanda Pignato, que se reservaban el derecho a compartir esa información.

Mauricio Funes buscó distanciarse de los spots de Arena -que lo comparaban con Hugo Chávez- con una serie de videos en los que el candidato del FMLN afirmaba que se había reunido con líderes de Argentina, Brasil y Chile, y en los que aparecía en esos países. 
 
Mauricio Funes buscó distanciarse de los spots de Arena -que lo comparaban con Hugo Chávez- con una serie de videos en los que el candidato del FMLN afirmaba que se había reunido con líderes de Argentina, Brasil y Chile, y en los que aparecía en esos países. 

A inicios de 2009, en un esfuerzo por restar efectividad a los spots de Arena que comparaban a Funes con Hugo Chávez y que señalaban que iba a expropiar bienes de forma masiva una vez asumiera el poder, el equipo de Santana respondió con una campaña que enfatizaba las comparaciones de Funes con Lula. Dos de los exfuncionarios de la administración Funes afirmaron a El Faro que los spots en los que Funes aparecía en Sao Paulo, en Buenos Aires y en Santiago de Chile y en los que sugería que podía esperarse que su forma de gobernar se asemejara a las de Lula, Kírchner y Bachelet, se produjeron en tiempo récord de un día y que eso fue posible gracias a la ayuda de Brasil. "Nosotros veíamos que el equipo de Santana hacía grandes producciones durante la campaña, pero desconocíamos de dónde sacaban el dinero", afirmó uno de los exfuncionarios. El segundo dijo que solo sabían que el respaldo tenía origen en Brasil: "Toda la ayuda vino de Brasil para producir la campaña". Mauricio Funes aseguró a El Faro que no pagaron un solo centavo a Santana y su equipo, pero se rehusó a explicar quién lo hizo.

Cuando había avanzado la producción en El Salvador, el dinero para comprar espacios en televisión se agotó, dice Santana. Por eso, Funes le pidió auxilio monetario a inicios de 2009, petición que Santana trasladó a Lula. Mónica Moura lo recuerda con detalles: "El partido (FMLN) no tenía ya dinero para colocar publicidad en los medios de comunicación. Y Lula tenía que ayudar y dar dinero, no para nosotros, porque eso ya estaba arreglado, sino para comprar pauta. Joao habló con Emilio Odebrecht -a petición de Lula- y Emilio le dijo que no iba a tratar temas de dinero con él sino con Antonio Palocci. Ese dinero lo mandaron para El Salvador a través de la cuenta de un empresario que ayudaba a Mauricio Funes en esa época. Ese dinero llegó allá, pero ahí no participé yo", relató Moura.

El Faro consultó por correo electrónico a dos empresarios cercanos a Funes si fueron ellos quienes recibieron el aporte de Odebrecht. Miguel Menéndez (conocido como "Mecafé") fue uno de los mecenas de la candidatura de Funes, y negó que él hubiera sido el puente. "En ningún momento he recibido donativo por parte del Sr. Emilio Odebrecht para realizar compra de pauta publicitaria en televisión para la campaña de Mauricio Funes", contestó Menéndez. El empresario Nicolás Salume Babún no respondió si él o su padre, Nicolás Salume Barake (quien aparte de dar un aporte de 3 millones de dólares en la etapa final de la campaña fue nombrado primer designado a la presidencia por Funes), tuvieron algo que ver.

Sobre el "Evento El Salvador vía Feira", Santana relató a los fiscales lo que recordaba: "A finales de 2008 recibí la visita del entonces candidato Mauricio Funes y de la esposa Vanda, que es brasileña. Pidieron que hiciera su campaña. Yo no los conocía". Añadió que después se reunió con Lula para reiterarle lo que le había dicho cuando el presidente brasileño le pidió la misión la primera vez: que no quería asumir la tarea.

Mónica Moura explicó a los investigadores el interés de Lula en "aquel paisito": "La mujer de ese candidato era brasileña, afiliada al PT desde el principio. Fue fundadora del PT. Lula dijo que tenía una relación muy buena con ella y quería ayudar".

-¿Cómo es el nombre de la mujer? -le preguntó un fiscal a Mónica Moura.

-Vanda Pignato -respondió.

Moura describe que fue tanta la insistencia de Lula que Santana terminó accediendo.

 

Según la confesión de Mónica Moura, Joao  Santana y su equipo cobraron 3 millones de dólares por la campaña de Mauricio Funes.
 
Según la confesión de Mónica Moura, Joao  Santana y su equipo cobraron 3 millones de dólares por la campaña de Mauricio Funes.

 

Marcelo Odebrecht planteó lo mismo cuando fue consultado sobre el interés del PT en ayudar a los salvadoreños. "Porque tenían afinidad ideológica y la esposa del candidato era una de las fundadoras del PT o estaba relacionada. Ellos pidieron 5 millones... y yo les dije OK, pero bájenle a esa cifra".

Moura dice que el equivalente a un millón de dólares fue pagado directamente por Odebrecht y que los 2 millones restantes fueron pagados por Antonio Palocci, quien envió a un emisario, Juscellino Dorado, para que les entregara el dinero en un centro comercial, en Iguatemi. "Todo el pago se hizo en Brasil. Ellos (Mauricio y Vanda) no tenían para pagar, entonces era un drama para hacer la campaña allí, pero fue una campaña barata".

-¿Y por qué el partido (el FMLN) no pagó? -pregunto un fiscal a Moura.

-Ellos no tenían dinero. Eran muy pobres.

-¿Qué habló Vanda con ustedes?

-Vanda solo lloriqueaba. Decía que el partido era pequeño, que no tenía dinero, que además de ser de izquierda no tenía apoyo de los empresarios.

Vanda Pignato dijo a El Faro en abril de 2017, que ella no se ocupó de ningún tema relacionado con la publicidad ni durante la campaña ni durante la presidencia de Funes. También negó haber intermediado en Brasil para conseguir financiamiento para la campaña. Moura sostiene que la visita de Pignato a Brasil logró que Santana se incorporara a la campaña y que el precio que cobrara "fuera bajo".

La versión de Moura difiere un poco de la que ofreció Fernando Migliaccio, uno de los ejecutivos de Operaciones Estructuradas. El 9 de agosto de 2016 Migliaccio dijo a los fiscales que él fue el encargado de pagarle a Mónica Moura por los servicios prestados en las campañas de Angola, República Dominicana, Panamá, El Salvador, Venezuela y Brasil, y precisó que los pagos se hicieron en el exterior. Moura en cambio habla de pagos que recibió en efectivo en Brasil y de pagos hacia El Salvador en los que ella afirma no haber intervenido...

Santana recuerda la solución en el cierre de campaña

Santana hizo referencia a un episodio en el que, ya en 2009, el FMLN iba a la delantera en las encuestas, pero por muy poco: "Pasó algo al final de la campaña. En El Salvador, los medios son comprados, es decir, cada partido político compra en la televisión un espacio. En ese momento, estábamos con la campaña muy bien colocada e íbamos a la delantera. Teníamos mucha producción que la gente montó con una estructura muy buena en la televisión... pero no tenían dinero para pagar más pauta en la televisión...", relató a los fiscales.

En febrero de 2009, cuando quedaba un mes para la elección, LPG Datos mostraba que Funes tenía una ventaja de 2.9 puntos porcentuales sobre Rodrigo Ávila, pero en el equipo del candidato de izquierdas había temor de que la ventaja se esfumara en los días finales. "El partido sentía que podía ganar la elección. Estaban entusiasmados, pero no tenían dinero.... Arena bombardeaba con todo lo que tenía la televisión, con publicidad de pésima calidad, pero todo el día", dijo Moura al Ministerio Público.

Para entonces, Santana había pasado del desinterés inicial al entusiamos profundo. "Yo estaba plena, emocional y profesionalmente involucrado en la campaña. Si usted hace una campaña, va a querer ganar".

En ese momento crucial, relató, Funes le pidió que intercediara ante Lula: "Mauricio habló conmigo. ¿Pueden hablar con Lula para ver cómo nos puede ayudar?", dice Santana que le preguntó el candidato. Al parecer, Funes o Vanda no habían podido contactarse de nuevo con el presidente brasileño. "Mirá, Mauricio, es una cosa que nunca hago, pero ya que no puedes hablar con él, yo hablaré con él", le contestó Santana.

Uno de los tres ex funcionarios que trabajó en la campaña -que acordó hablar bajo condición de anonimato con El Faro- asegura que el FMLN recortó el aporte a la campaña después de la derrota de la alcaldesa de San Salvador, Violeta Menjívar, en enero de 2009, cuando buscaba la reelección. Dice que Boris Eserski, el empresario de la Telecorporación Salvadoreña (TCS), habló por teléfono a Funes para informarle que ya no le iba a pautar piezas de campaña hasta que saldara su deuda en un momento en el que faltaba poco más de un mes para la elección presidencial. En esos aprietos se encontraba el candidato que mostraba una precaria ventaja sobre su contendiente arenero en el cierre de campaña. El Faro buscó por correo electrónico y por teléfono la versión de Carlos Aguilar, un ejecutivo de TCS, sobre este episodio, pero al cierre de esta nota no había respuesta.

En una reunión en el Palacio Planalto –Casa Presidencial- en Brasilia, Joao Santana discutió la situación con el presidente Lula da Silva. "El buggy se quedó sin combustible. Todo lo que se hizo allí... Si no se tiene dinero para comprar espacios en medios, no tiene sentido. Por eso estoy acá, porque usted puede ayudar. Sin dinero para comprar espacio en los medios, no va a ganar la elección", dijo Santana a Lula.

El presidente le dio instrucciones: le pidió que contactara a Emilio Odebrecht -el padre de Marcelo Odebrecht- para solucionar el problema con una inyección de fondos para la campaña. "Telefonea a Emilio (Odebrecht). Gilberto Carvalho va a hablar con Emilio y le va a decir que usted le va a hablar para tratar un tema urgente", dijo Lula a Santana. Gilberto Carvalho era como el secretario privado del presidente.

Según Santana, esa plática resolvió el problema y cuando él regresó a El Salvador ya había dinero para seguir pautando en medios. "Le dije a Emilio (Odebrecht): quiero tratar un tema que Gilberto trató con usted. Lo sé. Lo sé, pero ya le dije al jefe que prefiero hablar con el italiano, pero quedate tranquilo, respondió. Para mí fue un alivio porque nunca traté este tipo de acuerdo y luego fue resuelto vía subsidiaria de Panamá. El dinero llegó. No sé cómo. El dinero llegó a la campaña y cuando regresé ya había señales de que se compró pauta".

Mónica Moura amplió sobre este punto. "El dinero llegó a través de la cuenta de un empresario que ayudaba a Mauricio Funes en esa época. Al final nuestro equipo saturó de propaganda la televisión y la radio y así ganamos la campaña. Nos dio una buena imagen... esa campaña en la que casi no ganamos dinero, nos dio proyección en la región, a causa de ella fuimos invitados a hacer una campaña en República Dominicana".

El Faro consultó a Funes quién fue el empresario cercano a él -que según Moura- recibió el dinero de Odebrecht para comprar pauta. Le consultó si se trataba de Miguel Menéndez o de Nicolás Salume. "Yo no tengo conocimiento de que Miguel Menéndez o don Nicolás Salume hayan recibido algún aporte económico para mi campaña de parte de Emilio Odebrecht o de su empresa. Si Mónica Moura asegura que eso ocurrió es cosa de ella y deberá demostrarlo ante las autoridades brasileñas. En mi opinión no basta con asegurarlo sin presentar pruebas de ello. Los aportes que para la campaña presidencial 2009 hicieron Miguel Menéndez y don Nicolás Salume, hasta donde yo tengo conocimiento, salieron de su propio patrimonio".

"De acuerdo a las confesiones transcritas, los montos de la cuenta general que mantenía el Grupo Odebrecht y agentes políticos del Partido de los Trabajadores fue usado para... financiar la campaña en un país extranjero a través de pagos a Joao Cerqueira de Santana Filho (en El Salvador, 5.3 millones de reales), etc", dice una de las enumeraciones de la sentencia del 26 de junio de 2017.

El 15 de agosto, Funes dijo a El Faro que no era cierto que Odebrecht pagara pauta televisiva en El Salvador. "Pueden verificar esa información con las empresas de comunicación que transmitieron nuestra publicidad en ese entonces para corroborar quién pagó por la pauta publicitaria y encontrarán que no figura ningún ejecutivo de Odebrecht. Todo se pagó con fondos del FMLN o de los Amigos de Mauricio".

En la noche del triunfo electoral (marzo 2009), Funes le habló al público congregado en la plaza Masferrer de la capital salvadoreña: “Agradezco, y quiero esta noche hacer un testimonio público a mi asesor y amigo, Joao Santana, su esposa y su formidable equipo de producción y de trabajo. ¡Muchas gracias!”. Santana recordó en su declaración lo desafiante de aquella campaña. "Fue una campaña pequeña, muy difícil de ganar, un gran desafío profesional, pero se cobró poco".

El 20 de junio, El Faro pidió vía mensaje directo de Twitter al expresidente Funes que se pronunciara sobre las confesiones de Marcelo Odebrecht, Hilberto Silva, Fernando Migliaccio, Mónica Moura y Joao Santana que los señalan a él y a su exesposa como los gestores de ayuda para la campaña ante el expresidnete Lula. El Faro también les consultó sobre el presunto rol de André Rabelo como el contacto clave de Vanda Pignato, y ambos se rehusaron a responder. La secretaria de inclusión social comunicó por medio de su asistente de prensa que no podía brindar una entrevista, ya que estaba sometida a tratamiento médico que le impedía atender la petición.

El 20 de julio, El Faro volvió a pedir una entrevista a Pignato través de correos electrónicos y de mensajes a su encargada de prensa. Esta vez no hubo ninguna respuesta. El 27 de julio, en una entrevista en el programa radial Pencho y Aída, Pignato negó los señalamientos desde Brasil. "No hay nada. Es un afán político por querer meterme en problemas no solo en Brasil sino aquí. ¿Cuántas veces que me llaman para preguntar? Siempre por lo mismo de Odebrecht. Yo ya les dije a todos que no trabajé en el área de recaudación de fondos. Cuando era primera dama no estaba en el área de comunicaciones. No puedo responder por cosas que no sabía".

Pignato enfatizó en ese programa de radio que no había pruebas de beneficios para Odebrecht en El Salvador. "En el caso de El Salvador no hay ninguna construcción ni ningún beneficio para Odebrecht. Diferente es para los otros países donde hay construcciones y nosotros ya lo  explicamos muchas veces", dijo.

La confesión de Joao Santana vincula directamente a Lula como intermediario en el pago de Odebrecht a la campaña de Mauricio Funes.
 
La confesión de Joao Santana vincula directamente a Lula como intermediario en el pago de Odebrecht a la campaña de Mauricio Funes.



Empresas "Lava Jato" en El Salvador

Lula fue sucedido en la presidencia de Brasil en enero de 2011. El 31 de agosto de ese año, visitó El Salvador para dar una ponencia en Fusades titulada "El papel de la empresa privada para el desenvolvimiento social y el combate a la pobreza: la experiencia del gobierno de Lula". Según la memoria de labores del Instituto Luiz Inacio Lula Da Silva, ese viaje fue pagado por la empresa Queiroz Galvao S.A., una constructora que se asoció con Andritz Hydro Inepar y que dos años después ganó el contrato para construir la expansión de la presa hidroeléctrica 5 de Noviembre. La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) -la empresa estatal que administra las presas hidroeléctricas en El Salvador- pagó a este asocio 189.37 millones de dólares por la obra y además adjudicó un contrato por 9.2 millones de dólares a la filial en El Salvador de la empresa brasileña Intertechne para supervisar la construcción. 

Queiroz Galvao es una de las compañías mencionadas en las investigaciones del Ministerio Público brasileño como integrantes del cártel que sobornaba alrededor de la estabal Petrobras.

La sucursal en El Salvador de Intertechne reportó ante el Registro de Comercio que tenía cuentas por cobrar a Odebrecht que en 2009 ascendían a 2 mil 181 dólares, en 2010 a 1 mil 857 dólares y en 2011 a 1 mil 857 dólares. "No tengo conocimiento de eso. De hecho no conozco a los ejecutivos de Intertechne en El Salvador y menos me reuní con ellos. La relación de CEL con las empresas que ganan un contrato, sean estas nacionales o extranjeras, es de exclusiva responsabilidad de CEL y no tienen nada que ver con el Presidente de la República", dijo Funes.

Hace dos años, cuando Funes fue criticado por la contratación de Intertechne para hacer diseños de presas hidroeléctricas, el exmandatario salió en defensa de esa empresa, que además de supervisar la construcción de la 5 de Noviembre también hizo planos para la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral. "La oferta de la empresa Intertechne no fue la más alta y era la de mayor experiencia en diseños de presas. Ignorancia o mala fe de", le respondió Funes en Twitter a la diputada de Arena Karla Hernández el 15 de agosto de 2015.

Funes responsabilizó a la Junta Directiva de la CEL por las contrataciones para realizar obras y manifestó que él no tuvo injerencia en las decisiones que fueron tomadas. "La asignación del proyecto de expansión de la central 5 de Noviembre al consorcio brasileño liderado por Queiroz Galvao fue una decisión de la Junta Directiva de CEL en la que por ley no tengo ningún papel que jugar en tanto presidente de la República. Yo no puedo presionar o inducir a que la Junta Directiva de una empresa autónoma como es CEL tome una decisión de esa naturaleza en un sentido o en otro. De hecho, la decisión fue avalada por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), a través de su representante en ese entonces en CEL, el señor Tomas Hawk. Entiendo que CEL se inclinó por Queiroz Galvao luego de un minucioso análisis de su oferta", respondió a El Faro.

Mauricio Funes y Vanda Pignato (L) se reunieron el 9 de septiembre de 2009 en el Palacio Itamaraty en Brasilia con el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva durante una visita oficial que hicieron como mandatario y como primera dama. AFP PHOTO/Evaristo SA / AFP PHOTO / EVARISTO SA
 
Mauricio Funes y Vanda Pignato (L) se reunieron el 9 de septiembre de 2009 en el Palacio Itamaraty en Brasilia con el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva durante una visita oficial que hicieron como mandatario y como primera dama. AFP PHOTO/Evaristo SA / AFP PHOTO / EVARISTO SA

El Instituto Luiz Inacio Lula Da Silva que trajo al expresidente brasileño a El Salvador en 2011 es investigado por el Ministerio Público Federal de Brasil, porque recibió dinero del cártel descubierto por Lava Jato. "Entre 2011 y 2014, el Instituto Luiz Inacio Lula Da Silva recibió 34,940,522.15 reales brasileños. De ese monto, el 60 % son fondos pagados por las constructoras Camargo Correa, Odebrecht, Queiroz Galvao, OAS y Andrade Gutiérrez, todas investigadas en la operación Lava Jato", dice el requerimiento ante la justicia brasileña. Dos días antes de su viaje a El Salvador, Queiroz Galvao desembolsó a Lula 168 mil 592 reales (105 mil 535 dólares, según el cambio de 2011).

Durante el gobierno de Funes también destaca la adquisición de autobuses a un fabricante brasileño para el servicio del Sitramss. El Faro consultó al expresidente salvadoreño qué conversó con Lula durante las dos visitas que este hizo a El Salvador cuando él era mandatario. "En la primera ocasión se trató de una visita de Estado donde se abordaron diferentes aspectos de la relación bilateral entre Brasil y El Salvador poniendo énfasis en los exitosos programas sociales de Brasil para combatir la pobreza. En la segunda ocasión, ya como expresidente, Lula visitó el país para participar como invitado especial y padrino del lanzamiento del Programa Territorios de la Ciudadanía, en su versión salvadoreña. Un programa similar había sido implementado por el gobierno del ex pdte Lula años atrás. No tengo idea quién financió ambos viajes del expresidente. Y como los contratos de CEL no entran en el ámbito de las atribuciones y facultades del Presidente de la República, no fueron materia de análisis en ninguna reunión que sostuve con el expresidente Lula. En cuanto al crédito del BNDES para comprar los buses del Sitramss ese fue analizado por las autoridades del gabinete económico y financiero de mi gobierno, quiénes fueron debidamente informadas de la condición que pone el BNDES para otorgar un crédito a empresarios que no son de Brasil".

La única persona que fue interrogada sobre si Funes ofreció algo a cambio de ayudar a su campaña fue Mónica Moura, quien negó que el equipo de Santana haya recibido algún tipo de premio. "No. Nosotros no pedimos nada ni ellos lo dieron". Aunque después relató un episodio que explica cómo Santana se convirtió durante dos años y medio en el principal receptor de contratos de publicidad gubernamental con el gobierno de Funes.

Antes, ex funcionarios del ejecutivo durante el gobierno Funes explicaron a El Faro que el plan para entregar todo el pastel de contratos de publicidad del ejecutivo fue fraguado en la presidencia y fue ejecutado por una persona de absoluta confianza del presidente, Patricia Zablah, quien además fue una de las personas más cercanas de Funes durante su campaña y una de las encargadas de hacer los contactos con los grandes medios de comunicación. "Patricia manifestó que Mauricio Funes no podía someter su imagen de presidente a los publicistas de "derecha" del país que lo odian y que, por lo tanto, era necesario recurrir a una empresa de confianza", dice uno de ellos.

"Luego de que Mauricio se convirtió en presidente, él le pidió a Joao que le ayudara en la publicidad del gobierno, porque él era un hombre de izquierda y todas las agencias de publicidad que había ahí (en El Salvador), durante esos 20 años, todas habían trabajado para Arena y aún continuaban. Mauricio era desconfiado".

-¿Recibieron pagos por esto? -preguntó un fiscal.

-Ahí sí. Teníamos contrato. Todo era legal. Abrí una empresa allá en El Salvador -dijo Moura. 

Tras la campaña presidencial, Santana y Moura crearon la empresa Polistepeque S.A de C.V (Polistepeque Comunicación y Marketing S.A de C.V) en julio de 2009. Cuando asumió el cargo, Funes creó una estructura paralela a la Secretaría de Comunicaciones que siempre trabajó a la sombra y que se encargó de canalizar durante dos años y medio -sin ningún tipo de licitación- la publicidad del gobierno hacia la empresa de Joao Santana. Los contratos institución por institución comenzaron a llover a partir de mayo de 2010. 

Polistepeque cerró operaciones en enero de 2012. El ex secretario de comunicaciones David Rivas cuenta sobre una reunión pocos días antes de que cerraba oficinas Santana en la que el publicista brasileño se quejó de que los ingresos que obtenía en contratos con el gobierno le parecían bajos y Funes le respondió que se ubicara. "Ubicate, este no es ni Brasil ni Argentina, es El Salvador y no tenemos recursos". El empresario añadió que si esa era la única respuesta que iba a obtener, prefería cerrar su empresa en El Salvador. "Entonces andate", le dijo el presidente y así selló el fin de la relación entre Funes y Santana.

A pesar de los reclamos de Santana a Funes por los bajos ingresos, Polistepeque facturó 8.5 millones de dólares solo en sus primeros 19 meses en El Salvador, de los cuales al menos 5.6 millones provinieron de pagos por servicios de publicidad de 10 instituciones del Ejecutivo. Polistepeque formó parte de un grupo de empresas -constituidas fuera de Brasil por Moura y Santana- que fueron investigadas como parte de un proceso para determinar si habían evadido impuestos en Brasil. 

Un peritaje del 21 de enero de 2016 de la Policía Federal de Brasil -de referencia IPL 1985/2015-SR/DPF/PF- determinó que a nombre de Polistepeque fue adquirido un apartamento en Nueva York, ubicado en 245 19th Ave Apt 8W, New York, NY 10001. Está en una zona en la que -según sitios de bienes raíces- el precio promedio de cada apartamento es superior a un millón de dólares."Información de las autoridades americanas dan constancia que el inmueble en Nueva York se encuentra registrado a nombre de Polistepeque Comunicación y Marketing S.A de C.V (...) empresa constituida en El Salvador".


Este artículo es parte de la iniciativa "Investiga Lava Jato", un proyecto colaborativo de veinte periodistas para investigar el caso Lava Jato y sus conexiones con políticos de América Latina y África

20 periodistas de 11 países de América Latina y África se unieron para contar las implicaciones del caso Lava Jato.
 
20 periodistas de 11 países de América Latina y África se unieron para contar las implicaciones del caso Lava Jato.

Coordinadores del proyecto: Milagros Salazar de Convoca y Flávio Ferreira de Folha de Sao Paulo. Periodistas y medios aliados: Emilia Delfino, Perfil (Argentina), Ginna Morelo, Esteban Ponce de León, Óscar Agudelo (Colombia), Christian Zurita de Mil Hojas (Ecuador), Jimmy Alvarado, El Faro (El Salvador), Daniel Villatoro, Plaza Pública (Guatemala), Daniel Lizárraga y Raúl Olmos, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. México, Adérito Caldeira, Jornal Verdade (Mozambique), Sol Lauría. Con el soporte de datos de la Iniciativa Regional para el Periodismo de Investigación en las Américas de ICFJ/Connectas (Panamá). Oscar Libón, Miguel Gutiérrez, Mariana Quilca de Convoca (Perú), Lisseth Boon, Runrunes (Venezuela), Jesús Yajure, El Pitazo (Venezuela). Análisis de datos: Aramís Castro y Milagros Salazar de Convoca y Esteban Ponce de León. Ilustraciones e infografías: Orlando Tapia de Convoca. Desarrollo web:Víctor Anaya.

Nombre de documento Monto pagado a Polistepeque PDF
 Escritura Pública ante el Registro de Comercio de "Polistepeque S.A de C.V"
 Reportes contables centralizados en UNAC sobre pagos a Polistepeque y Acuerdo de Casa Presidencial para entregar sin licitación contratos. 2 y 3
 Contrato 1, Contrato 2 y Reporte Contable de pagos suscritos entre Polistepeque y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)  $581 mil 014.73 4
Contrato y reporte contable del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) suscrito con Polistepeque $189 mil 392.94  5
Contrato y reporte de pagos de Presidencia de la República y Secretaría de Cultura suscrito con Polistepeque   $1 millón 439 mil 005.05 6
 Contrato y reporte de pagos del Fondo Social para la Vivienda suscrito con Polistepeque $467 mil 383.94 7
Contrato y reporte de pago del Ministerio de Hacienda suscrito con Polistepeque  $1 millón 089 mil 704.98 8
Reporte de pago del Ministerio de Seguridad y Justicia a Polistepeque. El contrato es -según este ministerio- inexistente ya que no lo pudieron encontrar.   $1 millón 001 mil 718.49  9
Contrato y reporte de pago del Ministerio de Educación suscrito con Polistepeque.   $184 mil 373.18 10 
 Contrato y reporte de pago del Ministerio de Salud suscrito con Polistepeque.  $377 mil 870.69  11
 Contrato y reporte de pago del Fondo de Vivienda Popular (FONAVIPO) suscrito con Polistepeque.   $289 mil 908.77  12
TOTAL 5.6 millones de dólares   
]]>
El Salvador Sun, 20 Aug 2017 23:26:04 +0100 http://www.elfaro.net/es/201708/el_salvador/20381/Cinco-confesiones-que-colocan-a-Lula-Funes-y-Vanda-en-una-campaña-pagada-con-dinero-sucio.htm
Los musulmanes de Barcelona temen perder su oasis de convivencia Daniel Bosque (AFP) / El Faro http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000027157.jpg http://www.elfaro.net/es/201708/internacionales/20768/Los-musulmanes-de-Barcelona-temen-perder-su-oasis-de-convivencia.htm Comparado con la islamofobia creciente en otras sociedades europeas, como Reino Unido o Francia, Cataluña es un país en el que los migrantes musulmanes dicen sentirse bien recibidos. Los atentados yihadistas del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils han generado incertidumbre en una comunidad compuesta por unas 500,000 personas, si bien las primeras reacciones de los catalanes han sido positivas.
Omar sostiene un cartel que dice 'Soy musulmán, no terrorista', en una manifestación de repulsa convocada por migrantes musulmanes en Barcelona este 19 de agosto, dos días después de los ataques que provocaron 14 muertos, reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico. Foto Lluis Gené (AFP).
 
Omar sostiene un cartel que dice 'Soy musulmán, no terrorista', en una manifestación de repulsa convocada por migrantes musulmanes en Barcelona este 19 de agosto, dos días después de los ataques que provocaron 14 muertos, reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico. Foto Lluis Gené (AFP).

Barcelona, CATALUÑA. Se acerca la hora del rezo y el imán Raja Miah no espera mucha asistencia. Desde los atentados de Barcelona y Cambrils, la numerosa comunidad musulmana del barrio barcelonés del Raval teme perder la convivencia cultural imperante hasta ahora en Cataluña.

“La gente tiene mucho miedo”, explica Miah sentado en un cuarto diminuto mientras, justo al lado, una quincena de niños aprenden el Corán en esta modesta mezquita en el corazón del Raval, a apenas medio kilómetro de Las Ramblas, de luto desde el jueves.

“Hay mucho miedo, apenas salen. Muy poca gente viene a rezar. Normalmente somos unas cuarenta personas, anoche no éramos ni quince y por la mañana diez”, explica este imán de 23 años, llegado hace nueve años desde Bangladés.

La comunidad musulmana del país vivía hasta ahora en un oasis ante el auge de la islamofobia en Europa: los partidos de extrema derecha son completamente residuales y sólo un 4 % de los ciudadanos residentes en el Estado español considera la inmigración un problema, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, oficial).

Aun así, la ola de atentados del grupo yihadista Estado Islámico en Europa provocó un aumento de los incidentes islamófobos, pasando de 48 a 534 entre 2014 y 2015, según la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia.

Y ahora, después de los atropellos masivos que causaron 14 muertos y más de 120 heridos, temen que pueda ser peor.

Un incómodo silencio reinaba el sábado por la mañana de las zigzagueantes y habitualmente bulliciosas calles del Raval, un barrio popular y densamente poblado junto a Las Ramblas. La mitad de su población es migrante, con una extensa comunidad de Pakistán, Bangladés y Marruecos. “Los catalanes nos tratan bien, nos ayudan, nos hacen sentir en casa”, explica Raja.

Pero apenas unos minutos después del atentado de Barcelona ya empezó a sentir que algo cambiaba. Asustado, huía de los alrededores de Las Ramblas cuando lo paró la policía: “Es normal, me vieron con barba y la túnica y quisieron cachearme. Pero te sientes mal”, explica.

“Nos da miedo que pase como en Francia, Reino Unido u otros sitios”, donde los partidos de extrema derecha crecieron fuertemente en los últimos años, reconoce Islam Zahid, que a sus 22 años regenta un pequeño supermercado en una escondida calle donde sólo se escucha el ruido de unos críos jugando al fútbol.

Manifestación en Barcelona

Remontando Las Ramblas con su hija hacia una manifestación de la comunidad musulmana en repulsa de los atentados, el marroquí Marzouk Rouj asegura estar “hundido”.

En la concentración, justo al principio de la céntrica avenida, un centenar de personas, muchas con los ojos humedecidos, condenan los atentados reivindicados por la organización Estado Islámico. “No son musulmanes, son terroristas”, “Islam es paz”, gritaban.

“Llevo más años viviendo aquí que en mi país. Mis hijos van a la escuela aquí y no quiero que los miren mal por culpa de unos bárbaros”, dice Marzouk, empleado de la construcción de 39 años, que llegó de Nador cuando tenía 16.

Por la tarde, varios musulmanes hicieron una ofrenda floral en los homenajes espontáneos a las víctimas realizados en Las Ramblas.

“Al final los musulmanes somos las principales víctimas, tanto por las muertes como por la presión social”, explica Xantal Genovart, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Musulmanas de Cataluña.

En Cataluña vive más de medio millón de musulmanes.

Pese a todo, Mounir Benjelloun, presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, se muestra optimista: “Creo que España sabrá manejar y separar a los culpables para que no prospere ese mensaje xenófobo”.

Por el momento, las señales son positivas: el viernes una veintena de manifestantes contra el islam en las Ramblas tuvieron que retirarse cuando los viandantes les cerraron el paso a gritos de “¡Racistas no!”.

© Agence France-Presse

]]>
Internacionales Sat, 19 Aug 2017 17:18:08 +0100 http://www.elfaro.net/es/201708/internacionales/20768/Los-musulmanes-de-Barcelona-temen-perder-su-oasis-de-convivencia.htm
“Cuando el dinero se da a un candidato y va a influir en la política del país, eso es soborno” http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000026860.jpg http://www.elfaro.net/es/201708/ef_radio/20766/“Cuando-el-dinero-se-da-a-un-candidato-y-va-a-influir-en-la-política-del-país-eso-es-soborno”.htm En este bloque hablamos con el investigador de Funde, Jaime López, sobre el caso Odebrecht y cómo el dinero de esa compañía fue utilizado para financiar la campaña del expresidente Mauricio Funes. En este bloque hablamos con el investigador de Funde, Jaime López, sobre el caso Odebrecht y cómo el dinero de esa compañía fue utilizado para financiar la campaña del expresidente Mauricio Funes.

]]>
EF Radio Fri, 18 Aug 2017 11:45:06 +0100 http://www.elfaro.net/es/201708/ef_radio/20766/“Cuando-el-dinero-se-da-a-un-candidato-y-va-a-influir-en-la-política-del-país-eso-es-soborno”.htm
Diputados se tardan tres años para convencerse de proscribir el matrimonio infantil http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000027155.jpg http://www.elfaro.net/es/201708/el_salvador/20765/Diputados-se-tardan-tres-años-para-convencerse-de-proscribir-el-matrimonio-infantil.htm Tres años después de que Naciones Unidas pidiera al Estado salvadoreño que derogara los artículos que permitían el matrimonio infantil, los diputados por fin se pusieron de acuerdo para eliminar esta normativa. Hasta la fecha, el Código de Familia servía de pauta para que algunos jueces del país eximieran de responsabilidades a los victimarios en violaciones de menores comprobadas. Este jueves 17 de agosto, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de reformas históricas al Código de Familia en beneficio de las niñas y adolescentes salvadoreñas. Con 76 votos a favor, la Asamblea Legislativa cerró la puerta que permitía esquivar penas a los violadores de menores.

Las reformas contaron con el aval de todos los partidos, pese a que no todos los diputados dieron sus votos. La moción fue aprobada con 76 de 84 votos posibles. Una vez que el decreto sea sancionado por el presidente y publicado en el Diario Oficial, El Salvador erradicará por fin el matrimonio con menores de edad en caso de que hubiera un hijo de por medio o que la menor estuviera embarazada.

Desde 2014, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer en conjunto con el Comité de los Derechos del niño de Naciones Unidas habían urgido a El Salvador que reformara las leyes para impedir que las víctimas se casaran con sus agresores, pero fue hasta 2016 que los diputados se dispusieron a discutir la manera de erradicarlo.

Pese a que el Código Penal salvadoreño tipifica como delito de violación a menor o incapaz tener relaciones vía vaginal o anal con menores de 14 años, el Código de Familia establecía una salvedad para aquellos que lo hacían con la intención de formar una familia. Las reformas aprobadas hoy por el pleno desahucian, por ahora, la posibilidad de constituir en matrimonio estas uniones.

Las modificaciones aprobadas abarcan incluyen la derogación del inciso segundo del artículo 14 de la referida normativa, en el cual se establece que, excepcionalmente, “los menores de edad podrán contraer matrimonio si siendo púberes, tuvieren ya un hijo en común, o si la mujer estuviere embarazada”.

El embarazo a tempranas edades en muchos casos está vinculado con las uniones tempranas o matrimonio infantil. En 2015, el Mapa de Embarazos en niñas y adolescentes en El Salvador, del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), reveló que de las niñas que tenían 10 y 12 años, el 29 % ya estaban en unión antes del embarazo y el 17 % se encontraba con una pareja que tenía 10 o más años que ellas. De este grupo, 1 de cada 10 estaban unidas formalmente mediante el matrimonio.

Esta unión evidentemente perjudicial para los derechos de las niñas, sin embargo, ha sido considerado por años por los jueces como un motivo que anula el dolo del agresor. “Si va pensando en amor, ni por la edad puede saber que está cometiendo un delito”, dijo en enero a El Faro el juez Wilfredo Sagastume, del tribunal de sentencia de Cojutepeque.

El Faro reveló en enero de 2017 que el 90 % de las violaciones a menores de 15 años queda impune, en una investigación que dejó al descubierto la permisividad de los juzgadores en el Órgano Judicial. La presidenta de Sala de lo Penal, Doris Luz Rivas, aseguró a este periódico que fallos como el de Sagastume responden a “estereotipos patriarcales, machistas”. El Departamento de Investigación Judicial, según confirmaron distintas fuentes, inició un proceso contra algunos jueces por la interpretación de la ley a la hora de impartir justicia en favor de los victimarios, con el fin de depurar el sistema. Hasta la fecha aún no hay resultados.

A partir de la entrada en vigencia de estas reformas, que corrigen una normatica con más de 20 años de vigencia, los diputados corrigen la plana a los jueces, que se verán obligados a sacar de sus argumentos que el afán del imputado por formar una familia es causal suficiente para absolverlo de un delito de violación probado.

La reforma encontró en el partido Arena una evidencia de lo dubitativa que puede ser la fracción del principal partido de oposición a la hora de defender los derechos de la niñez. Un día antes de la votación, cuando todos los partidos ya estaban en sintonía para avalar el dictamen que sería votado en el pleno, Arena pidió un compás de espera para estudiar la propuesta. Al respecto, Mayteé Iraheta, diputada tricolor y secretaria de la Comisión de Familia, dijo que ella representaba al partido y que no podía dar una posición sin haber decidido antes junto a su fracción. Previo a la votación de este jueves, sin embargo, aseguró que siempre había estado de acuerdo con la prohibición del matrimonio infantil y que se congratulaba de que sus compañeros tricolores la hubieran apoyado unánimemente: “Soy una mujer satisfecha por el acuerdo que hemos logrado”.

Por su parte, la diputada efemelenista Karina Sosa se encargó de recordarles que la iniciativa de promover las reformas había entrado a la Asamblea en 2016 y les reprochó que después de 15 meses aún necesitaran tiempo extra. “Hemos cumplido con las niñas de El Salvador, que ya no serán sometidas al flagelo del matrimonio sin estar preparadas”, dijo.

Lorena Peña fue la encargada de dar iniciativa a la propuesta y si bien reconoció que esto significa un paso importante para garantizar los derechos de las niñas salvadoreñas, enfatizó en que no es suficiente, ya que si bien se les libera de unirse en matrimonio con sus agresores, eso no elimina las violaciones ni impide que tengan que llevar a término los embarazos. “Tenemos que seguir legislando para garantizar integralmente los derechos de los más vulnerables”, dijo.

]]>
El Salvador Thu, 17 Aug 2017 22:07:33 +0100 http://www.elfaro.net/es/201708/el_salvador/20765/Diputados-se-tardan-tres-años-para-convencerse-de-proscribir-el-matrimonio-infantil.htm
Alianza entre diputados de derecha y el FMLN apunta hacia la despenalización del aborto Gabriel Labrador http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1326/images%7Ccms-image-000027156.JPG http://www.elfaro.net/es/201708/el_salvador/20764/Alianza-entre-diputados-de-derecha-y-el-FMLN-apunta-hacia-la-despenalización-del-aborto.htm Hasta el momento, tres diputados de Arena, dos del PCN, cinco de Gana y los 31 legisladores del FMLN están en sintonía para despenalizar el aborto a partir de dos de cuatro causales: para las mujeres que decidan abortar para preservar su vida y conservar su salud, y también cuando el embarazo sea producto de estupro o violación en una menor de edad. Dirigentes del FMLN y Gana cabildean para conseguir los dos votos que hacen falta para reformar el Código Penal. Diputados de Arena, FMLN, PCN y Gana preparan una reforma para despenalizar el aborto en dos casos: cuando sea la única manera de salvar la vida de la mujer y preservar su salud; y cuando el embarazo sea producto de una violación en una menor de edad, o estupro, es decir, aunque el coito se haya producido con la voluntad de la menor de edad. 

El cabildeo para alcanzar la votación ya ha logrado, según confirmaron a El Faro un grupo de diputados que han participado de las discusiones, 41 legisladores dispuestos a reformar el artículo 133 del Código Penal, en un maniobra que supone un encuentro entre las posturas del FMLN y un grupo de diputados de derecha, que estarían completamente dispuestos a alejarse del discurso tradicional y conservador de rechazo hacia cualquier práctica de aborto que durante más de dos décadas han abanderado los principales partidos de la oposición.

El primer peldaño en la maniobra lo escaló este jueves 17, por la tarde, el diputado de Arena Johnny Wright Sol, cuando presentó a la Asamblea una nueva propuesta de reforma, avalada tras bambalinas por otros diputados de derecha y que satisface al partido de gobierno, el FMLN, aun y cuando la propuesta solo recoge dos de las cuatro causales que el Frente viene pidiendo desde hace más de ocho meses. 

Acompañado por una de sus asistentes, Wright -quien en julio renunció a la reelección de su candidatura en Arena- dijo que esta propuesta para despenalizar estas dos causales de aborto "es un buen comienzo" para desentrampar el tema.

"Yo estoy a favor de las cuatro causales, pero creo que esto es un mínimo que puede servir como un avance importante", dijo a El Faro.

La propuesta viene a sumarse a un proyecto de reforma que el FMLN presentó el 11 de noviembre de 2016, aunque varía en algunos puntos. La propuesta que entonces presentó la diputada del Frente, Lorena Peña, establecía la despenalización para cuatro causales. La propuesta de Wright solo tiene dos de esas causales. Quedan por fuera la causal de cuando el embarazo sea producto de violación en mujer adulta y cuando la vida del feto, fuera del útero, sea inviable. 

Consultada sobre la nueva moción, y sobre la posibilidad de que los votos del FMLN se sumen a votos de un grupo de diputados de derecha para aprobar esta propuesta, Peña responde que le parece "positivo que cada día haya más diputados que coincidan en la importancia de defender los derechos de la mujer".

"Se hace más factible la posibilidad de aprobar algunas de las cuatro causales que están propuestas. Si solo fueran esas dos, ese ya sería un gran comienzo", dijo Peña a El Faro. 

Un grupo de diputados de derecha que ya discuten la propuesta confirmaron que hay al menos 41 votos a favor de la reforma: tres votos de diputados de Arena, los 31 votos del FMLN, cinco de Gana y dos del PCN (que en total sumarían, por ahora, 41 votos). Dirigentes de Gana y el FMLN estarían cabildeando en el partido naranja para conseguir los votos que hacen falta.

La propuesta de reforma debe ser discutida en la Comisión de legislación de la Asamblea y de ahí debe surgir un acuerdo para que esta suba al pleno de 84 diputados. Esta nueva propuesta ocurre en un contexto en el que organismos de derechos humanos a nivel local e internacional presionan a los legisladores para que reformen las leyes que atentan contra los derechos humanos de las salvadoreñas. En julio, dos congresistas estadounidenses enviaron una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, para que se aprueben reformas a favor del aborto. El Salvador es uno de cinco países que a nivel mundial prohíbe el aborto, y entre esos cinco es de los más estrictos a la hora de imponer penas para castigar su práctica. 

 

El jueves 17 de agosto de 2017 el diputado Johnny Wright, de Arena, y su jefa de staff, Gabriella Trigueros, presentaron en la Asamblea Legislativa una propuesta para despenalizar el aborto en caso de violación de menor o estupro, y cuando la vida de la mujer esté en peligro.
 
El jueves 17 de agosto de 2017 el diputado Johnny Wright, de Arena, y su jefa de staff, Gabriella Trigueros, presentaron en la Asamblea Legislativa una propuesta para despenalizar el aborto en caso de violación de menor o estupro, y cuando la vida de la mujer esté en peligro. "Me debo a los ciudadanos, y esto quizás no le conviene al partido pero sí a las personas para las que me debo, todos los ciudadanos", dijo Wright. Foto El Faro / Gabriel Labrador

"Uno debe recordar que los diputados nos debemos a todos los salvadoreños. Esta es una acción que a lo mejor no responde a los intereses del partido, pero recordemos que no todos los areneros coinciden en una prohibición absoluta del aborto. En los estatutos y principios del partido este tema no está en blanco y negro, se presta a interpretación, todo está sujeto a transformación y a cambio", dijo Wright, cuando se le consultó si pensaba que podían abrir un procedimiento disciplinario en su contra en Arena. 

Wright no es el único diputado que ha demostrado aperturas hacia el tema. En los últimos meses, el diputado Juan Valiente, quien junto a Wright renunció a su candidatura, en julio pasado, ha escuchado a organismos de derechos humanos que piden a la Asamblea que apruebe la despenalización para las cuatro causales que propone el FMLN. 

La despenalización del aborto en casos específicos se sacó del Código Penal en abril de 1997, a través de una reforma que impulsó, principalmente, el partido Arena y el ministro de Salud del entonces presidente Armando Calderón Sol, Eduardo Interiano.

Los abortos terapéuticos, éticos y eugenésicos habían sido avalados por el Código Penal que estuvo vigente entre 1973 y 1997. Sin embargo, con la reforma que entró en vigencia en 1998, los médicos debían hacer una interpretación del artículo 27 del Código Penal para practicar un aborto cuando la vida de la madre estuviera en peligro, cuando el embarazo fuera producto de una violación o cuando la vida del bebé fuera inviable. 

El artículo 27 del Código Penal establece un "Estado de necesidad" como excluyente de castigo penal. Ese artículo establece que cuando hay dos bienes jurídicos protegidos en conflicto (en el caso del aborto se contraponen la vida de la madre y la del feto) que sean de igual proporción, la manera de resolver eso es mediante la invocación del "Estado de necesidad".  

"Pese a esta interpretación que sí permitía los abortos en determinadas circunstancias, los doctores no se atreven a practicarlos porque dicen que no está explícitamente dicho que lo pueden hacer", dice Dennis Muñoz, abogado de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización Ciudadana del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, una de las organizaciones mocionantes. 

Un ejemplo de este impasse fue el caso "Beatriz" en 2013. En abril de ese año, la Agrupación Ciudadana presentó un amparo judicial ante la Sala de lo Constitucional por presunta violación al derecho de la salud debido a que, siendo paciente de lupus, esta mujer estaba embarazada y tenía complicaciones obstétricas. El feto de Beatriz era anaencefálico, es decir, que no tenía desarrollado el cerebro. Por las complicaciones de salud de la madre, los doctores dijeron que debían interrumpirle el embarazo pero para ello necesitaban "una autorización judicial". 

"Los doctores, en el caso Beatriz, desconocían que podían practicar el aborto por estar la vida de la madre en peligro, porque para ellos, el Código Penal debía decirlo explícitamente que se podía hacer y no va a haber castigo penal", dice Muñoz. 

La Sala de lo Constitucional también ha emitido dos precedentes en los cuales ha ratificado que los abortos, según tres causales, sí es posible efectuarlos, en base a la aplicación del Estado de necesidad contemplado en el artículo 27 del Código Penal. El primero es del 20 de noviembre de 2007, en la resolución de una demanda de inconstitucionalidad que había sido presentada en 1998, y en la que dos ciudadanos pedían que se declarara ilegal el Código Penal por "obviar" la regulación específica que avalara los abortos terapéuticos, eugenésicos y éticos. En ese entonces, los magistrados de la Sala no declararon ilegal al Código Penal, pero resolvieron que una vía para permitir la práctica de abortos en estas tres causales era mediante la aplicación del artículo 27 de esa ley.  

El segundo precedente de la Sala es de abril de 2011. Esta vez la Agrupación Ciudadana había solicitado a los magistrados que declararan ilegal el artículo 133 del Código Penal porque seguía ignorando una regulación específica para los abortos en casos de violación, de malformación del feto o de peligro de vida para la madre. La Sala ni siquiera admitió la demanda y ratificó lo que en su anterior resolucióon habían dictado: que los abortos en esos casos eran posibles siempre y cuando se invocara el estado de necesidad. 

Wright está conciente que hay un velo moral que impide al sistema de salud aplicar esta interpretación. "Lo importante es basar el debate alrededor de la salud y de la decisión de las mujeres. Los que han entrampado la discusión son diversos sectores, entre ellos, hay un sector religioso", señaló.

"Esta propuesta es una forma de desentrampar el tema que ya ha sido debatido. Esto tampoco es algo sumamente innovador o que abra la puerta a una postura ampliamente liberal en el caso de libertad que tiene una mujer para decidir entre tener un hijo o no. En cambio, es un régimen de exepciones mínimas", añadió Wright. 

Wright reconoce que la propuesta que presentó este jueves "es más limitada" respecto de la que presentó el FMLN. "Pero puede haber más coincidencias y apoyos más amplios que pueden motivar a un desentrampamiento de la discusión y hacer un intento en el pleno". 

El FMLN, Gana y PCN discutirán el tema y tendrán lista una postura a mediados de la próxima semana, detallaron diputados de dos de esos partidos. 

*Con reportes de Daniel Valencia

]]>
El Salvador Thu, 17 Aug 2017 21:52:28 +0100 http://www.elfaro.net/es/201708/el_salvador/20764/Alianza-entre-diputados-de-derecha-y-el-FMLN-apunta-hacia-la-despenalización-del-aborto.htm
Asamblea aprueba reformas que prohíben el matrimonio infantil http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201708/360grados/20763/Asamblea-aprueba-reformas-que-prohíben-el-matrimonio-infantil.htm 360 grados Thu, 17 Aug 2017 15:16:17 +0100 http://www.elfaro.net/es/201708/360grados/20763/Asamblea-aprueba-reformas-que-prohíben-el-matrimonio-infantil.htm España | Estado Islámico se atribuye el atentado en las Ramblas de Barcelona que dejó al menos 13 muertos http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201708/360grados/20762/España-|-Estado-Islámico-se-atribuye-el-atentado-en-las-Ramblas-de-Barcelona-que-dejó-al-menos-13-muertos.htm 360 grados Thu, 17 Aug 2017 15:14:28 +0100 http://www.elfaro.net/es/201708/360grados/20762/España-|-Estado-Islámico-se-atribuye-el-atentado-en-las-Ramblas-de-Barcelona-que-dejó-al-menos-13-muertos.htm Consejo de Ministros advierte a empleados estatales que sus prestaciones se verán afectadas por inconstitucionalidad del presupuesto http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201708/360grados/20761/Consejo-de-Ministros-advierte-a-empleados-estatales-que-sus-prestaciones-se-verán-afectadas-por-inconstitucionalidad-del-presupuesto.htm 360 grados Thu, 17 Aug 2017 10:36:26 +0100 http://www.elfaro.net/es/201708/360grados/20761/Consejo-de-Ministros-advierte-a-empleados-estatales-que-sus-prestaciones-se-verán-afectadas-por-inconstitucionalidad-del-presupuesto.htm Trump deporta a Usulután a dos ‘estadounidenses’ http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000027146.jpg http://www.elfaro.net/es/201708/el_salvador/20748/Trump-deporta-a-Usulután-a-dos-‘estadounidenses’.htm Diego y Lizandro Claros no son salvadoreños: son 'marylanders'. Se graduaron de una secundaria estadounidense, el país en que vivieron entre 2009 y 2017 y donde dejaron a su núcleo familiar, sus amigos, sus trabajos, becas universitarias y sus sueños. El 2 de agosto de este año, la administración de Donald Trump los deportó a su natal Jucuapa, Usulután, y ahora son extranjeros en el país que los parió. Sentados en las gradas del estadio Juan Francisco Barraza, en San Miguel, tres jóvenes conversan en un inglés fluido de cómo les iba en sus escuelas, en Estados Unidos, de cómo celebraron sus cumpleaños, en Estados Unidos, pero también de un tema más serio, que tiene que ver más con El Salvador. Uno de los jóvenes es estadounidense, hijo de migrantes salvadoreños; los otros dos son salvadoreños, pero tienen más en común con su interlocutor que con sus compatriotas. En la cancha del estadio, el Club Deportivo Dragón entrena con el balón cuando uno de los jóvenes intenta resolver una duda que los tiene inquietos desde hace seis días, cuando fueron deportados por el gobierno de Donald Trump.

— ¿Qué pasa con las pandillas? -pregunta Lizandro Claros, con la duda y el desconocimiento que tendría cualquier turista que pisa territorio salvadoreño.

Emilio Torres, el estadounidense hijo de salvadoreños, le responde con la normalidad de quien ya conoce cómo sobrevivir a un país con dos de las pandillas más poderosas del planeta. 

—Los van a ver por ahí, pero no les van a hacer nada- contesta Emilio, que desde hace varios meses radica en el país, y ya ha participado en un torneo vistiendo la camiseta de la sub 20 del Águila, de la Primera División del fútbol salvadoreño.

Lizandro Claros (izquierda) y su hermano Diego se alistan para la práctica del equipo sub 20 de Águila, el 8 de agosto. Foto: Fred Ramos
 
Lizandro Claros (izquierda) y su hermano Diego se alistan para la práctica del equipo sub 20 de Águila, el 8 de agosto. Foto: Fred Ramos

La pregunta de Lizandro retrata el hecho de que no es salvadoreño, aunque su pasaporte diga que sí lo es. Un salvadoreño sabe, desde hace mucho tiempo, que las pandillas condicionan la vida de todos los salvadoreños, sobre todo en los territorios donde tienen poder y control. Pero ni Lizandro ni su hermano Diego saben eso porque toda su vida está hecha allá, un país que los acogió cuando eran niños. Su familia, sus amistades, sus estudios, las becas universitarias y los trabajos que tenían quedaron a 5,300 kilómetros de distancia en Gaithersburg, Maryland. Más que salvadoreños, Diego y Lizandro son “marylanders”, como los llamó un senador demócrata.

Quizá Diego y Lizandro son mejor definidos por la etiqueta de ‘dreamers’ o soñadores: niños que entraron de manera irregular a los Estados Unidos, acompañando a sus padres, y que consideran a Estados Unidos como su patria, porque es todo cuanto han conocido. Pero la administración de Donald Trump solo los considera dos personas que quebraron la ley migratoria y por eso los deportó el 2 de agosto de año.

En Estados Unidos, los dreamers son pivotales en el debate de inmigración, tras algunos intentos fallidos en el Congreso de aprobar una ley que asegure su futuro de manera permanente. Actualmente, existe un programa de acción diferida que les permite protección de la deportación y permisos de trabajo: el DACA. Sin embargo, los Claros llegaron dos años muy tarde para poder aplicar a ese programa: uno de los requisitos para aplicar era haber entrado al país en 2007.

Los Claros son parte de un número muy grande: en los primeros siete meses de este año, Estados Unidos deportó a unos 9 mil salvadoreños, según datos de la Cancillería de El Salvador. Pero la deportación de ellos dos provocó protestas de organizaciones defensoras de migrantes y de políticos. ¿Por qué? Porque Lizandro y Diego no solo habían evadido problemas con la ley:  “Estos chicos no hicieron nada malo — pero esa barra es muy baja. Estos chicos sobresalieron”, dijo al Washington Post, Heather Bradley, una profesora que trabajó con ambos. Además de su currículo escolar, la habilidad de Lizandro para el fútbol le había ganado una beca universitaria. Diego también tenía una beca, aunque no gracias al fútbol.

Por eso, precedidos por su fama y ayudados por algunos amigos, tres días después de su arribo a El Salvador comenzaron a entrenar con el Águila, quizá el más tradicional de los equipos de oriente, con 15 campeonatos nacionales.

"Realmente les estamos dando todo el apoyo porque, aparte de que son nuestros paisanos, son buenos futbolistas", dice Salomón Quintanilla, entrenador auxiliar de la categoría de reservas del Águila. "Tienen condiciones fantásticas para estar jugando y para llegar a pelearle la posición a los jugadores que tenemos, también liderazgo dentro de la cancha y fuera", agrega Quintanilla. Águila tiene su principal interés en Lizandro, que cumple con el requisito de la edad para integrar el equipo. Pero, de momento, ambos han optado por jugar en el Club Deportivo España, de la Tercera División y que juega de local en San Buenaventura, a solo dos kilómetros de su nueva casa. A diferencia de la mayoría de los deportados que ha recibido el país este año, los Claros han tenido algo de suerte. 

Lizandro (izquierda) y Diego Claros conversan con El Faro en la casa de sus tíos, en Jucuapa, Usulután. Los hermanos regresaron a vivir ahí desde que fueron deportados a principios de agosto. Foto: El Faro/ Fred Ramos
 
Lizandro (izquierda) y Diego Claros conversan con El Faro en la casa de sus tíos, en Jucuapa, Usulután. Los hermanos regresaron a vivir ahí desde que fueron deportados a principios de agosto. Foto: El Faro/ Fred Ramos

Diego y Lizandro son extranjeros en un país que dejaron como niños en 2009. Lizandro, ahora de 19, tenía 10 años; Diego, ahora de 22, tenía 12. El Salvador en 2009 ya era un país con una epidemia de violencia, pero con una leve esperanza: la exguerrilla del FMLN acababa de llegar a la presidencia, tras 20 años de gobierno del derechista Arena, con una campaña que ofertó cambios, similar a la que llevó a Barack Obama a la Casa Blanca en 2008. Nueve años más tarde, esos cambios no llegaron: el poder de las pandillas ha aumentado y el FMLN ha hecho lo mismo que Arena respecto a las finanzas estatales, la inversión en educación y la transparencia de la gestión pública. El presidente de Arena que terminó su periodo en 2009 está preso; y el del FMLN que empezó su periodo en 2009 está asilado en Nicaragua, mientras es acusado de corrupción en El Salvador. En esencia, el país es el mismo, excepto en algunos aspectos, que están peor.

Los hermanos Claros son ajenos a esta realidad. Ninguno de los dos tiene arraigos en este país. Si hubiera elecciones este domingo, no sabrían por quién votar. No saben quién es el presidente y del país solo conocen a monseñor Óscar Romero, a punto de ser declarado santo por la iglesia católica. Ellos aseguran que ya no recuerdan el himno nacional. Cuando se fueron no hablaban inglés, pero ahora se desenvuelven mucho mejor en inglés que en español. Cuando hablan en español mezclan palabras y conceptos del inglés con un español que se resiste a olvidar que a veces la ese es reemplazada, en algunas palabras, con un sonido similar al de la jota.  Lizandro dice “indecidido” por decir indeciso (que en inglés es undecided); Diego usa librería para referirse a una biblioteca (que en inglés es library).  

Su sueño empezó en 2009, cuando entraron con pasaportes fraudulentos en un vuelo que aterrizó en Nueva York. “Solo nos dijeron que nos subiéramos al avión y que pronto íbamos a estar  con nuestros familiares”, dice Lizandro.

Los documentos alterados pasaron el filtro de las autoridades salvadoreñas pero no de los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Los retuvieron una noche, en la que los ficharon por intentar cometer fraude de migración. Sin embargo, nunca fueron acusados penalmente porque eran menores de edad. Los admitieron en el país, donde se reunieron con sus padres y sus hermanos.

Con reparos, Estados Unidos adoptó a los Claros y les proveyó educación en la secundaria Quince Orchard, además de oportunidades de educación universitaria y trabajos. Pero la justicia estadounidense nunca los aceptó. Los Claros intentaron obtener un asilo, pero tres años después de su ingreso, un juez de migración decidió que la petición no tenía sustento. Los casos de asilo en Estados Unidos ofrecen opciones a personas con miedos basados en su raza, religión, nacionalidad o acciones políticas. Los Claros no encajaban fácilmente en ninguna de estas causas, y dicen que la abogada que tenían abandonó el caso.

La familia Claros no estaba escapando de la violencia, como lo hacen muchos salvadoreños que emigran a Estados Unidos.  El padre estaba en Estados Unidos desde en 1998, trabaja en construcción y está acogido al TPS, un programa temporal que beneficia a unos 200 mil salvadoreños y está a punto de desaparecer. Su madre, Lucía, le siguió años después. Su hermano mayor Jonathan trabaja en construcción y su hermana Fátima es una ‘dreamer’, acogida al DACA, un programa que también está en riesgo por la administración Trump. Diego y Lizandro viajaron para reunirse con su familia.

La versión del sueño americano a Lizandro le llegó a través del fútbol. A los tres años de estar en Estados Unidos, empezó a jugar en la escuela de Ronald Cerritos, un exdelantero y exseleccionado salvadoreño que jugó 10 temporadas en la liga mayor estadounidense. De ahí, Claros, defensa central, fue reclutado en su escuela secundaria para jugar en Bethesda, un club élite con 30 años de experiencia. “Yo pensaba que era algo bueno antes pero cuando llegué,  jugadores de calidad me hicieron ver cómo que no sabía nada de fútbol”, dice Lizandro. Pero se adaptó. Tan buena fue su adaptación que para abril de este año ya había ganado una beca para jugar en la universidad de Louisburg, en Carolina del Norte.

Diego también jugó fútbol con un equipo estatal de Maryland y luego con el equipo de la secundaria Quince Orchard, pero una lesión en la cabeza le impidió seguir progresando. En Estados Unidos, él manejaba su propio vehículo, pero en El Salvador no se anima a manejar un carro porque cree que en el país no se respetan las reglas de tránsito. El  Salvador es uno de los peores países para manejar en América Latina, según un estudio de la aplicación de tránsito Waze.

Ahora ve el fútbol más como una afición, pues lo que verdaderamente le apasionaba era trabajar en un taller mecánico, en el que tenía ingresos suficientes para ayudar con las cuentas en su casa e incluso mandar remesas para su familia en El Salvador. Ahora ya no se ve trabajando como mecánico: “es bien difícil empezar desde abajo”, asegura.

Ese sueño terminó el 28 de julio de este año, cuando el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) los arrestó, tras un chequeo programado en el que ICE  revisaba su récord criminal y el cumplimiento de indicaciones. "Primero nos daban seis meses, después lo cambiaban a un año y seguimos así. Después lo volvieron a acortar a seis meses y en el último año lo acortaron a tres meses", dice Lizandro. La detención vino como una sorpresa para todos. El abuelo de los Claros, que es salvadoreño, estaba de visita en Maryland durante la última semana de julio. "Mi mamá nos dijo que le pasáramos comprando comida al abuelo cuando regresáramos", recuerda Diego. "No sabíamos que íbamos a quedar detenidos", agrega.

"There are no permisos"

El Faro habló sobre el caso de los Claros con Philip Miller, director de operaciones a nivel nacional de ICE. Miller tiene 20 años de experiencia como funcionario de migración y se ha posicionado a favor de políticas duras para desalentar la migración, como aumentar la fianza para migrantes detenidos, o impedir que puedan salir libres bajo fianza.

 

U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) Enforcement and Removal Operations (ERO) Deputy Executive Associate Director Philip Miller (right) on the tarmac with an ICE removal flight in Honduras. Photo: ICE.
 
U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) Enforcement and Removal Operations (ERO) Deputy Executive Associate Director Philip Miller (right) on the tarmac with an ICE removal flight in Honduras. Photo: ICE.

Este periódico preguntó a Miller por qué Estados Unidos dejó entrar a los Claros si detectaron que tenían documentos falsos. Tras dudar un poco, Miller respondió que “no había suficiente espacio de detención disponible para la familia cuando llegaron (...) A veces tenemos que decidir quién se queda en las camas y a quién se le permite aparecer en una corte migratoria sin estar detenido”, dijo.

Miller explicó que los Claros tenían una orden de “salida voluntaria” desde 2012, un mecanismo legal en la que Estados Unidos pide a los migrantes que se vayan del país en lugar de emitir una deportación formal. Ellos apelaron la decisión, pero su ruego no tuvo efecto. Lograron quedarse desde 2013 maniobrando con una guillotina sobre sus cabezas: no se perdían ninguna cita con el ICE, pero para las autoridades este cumplimiento de las órdenes de supervisión era solo parcial, ya que los Claros nunca demostraron sus intenciones de irse del país.

De nada sirvieron los permisos de trabajo que tenían los hermanos. "Cuando ellos fallaron en comprar boletos aéreos (hacia El Salvador), como les habíamos instruido, hay un incumplimiento de la orden de supervisión", dijo Miller. "En ese momento, los detenemos bajo custodia y los permisos ya no funcionan", aseveró.

Los Claros estuvieron cuatro días detenidos en la cárcel del condado de Howard y fueron deportados el 2 de agosto, en un vuelo comercial, en lugar de un vuelo fletado para deportados. "A veces es más eficiente y efectivo en costos para el gobierno elegir una aerolínea comercial", justificó Miller.

La ley de migración estadounidense, durante la administración de Barack Obama (2008- 2016) estableció un programa de prioridad de deportación que obligaba a ICE a aplicar la ley de migración principalmente a personas con antecedentes criminales o que representaran un peligro potencial para la sociedad estadounidense. Miller explicó que esa priorización ya no existe. “¿Qué es diferente ahora? El presidente (Trump) y el señor (Thomas) Homan (director de ICE) han expresado claramente que ya no hay categorías de personas, ya no hay grupos de personas que estén exentos de la ley migratoria”, aseguró Miller. "There are no permisos", enfatizó con esa última palabra en español.

Sin embargo, no todos los sectores de la política estadounidense se sienten conformes con la aplicación a rajatabla de esta ley. Desde su arresto, organizaciones que defienden derechos de migrantes como Casa de Maryland e incluso el senador demócrata Chris Van Hollen protestaron la medida, según reportó el Washington Post. “Han sido ciudadanos ‘marylanders’ ejemplares, priorizando su educación y retribuyendo a su comunidad. Es importante perseguir a miembros de la MS-13 pero la deportación de Diego y Lizandro es un insulto a la decencia y al sentido común”, escribió Van Hollen, quién también se refirió a los Claros como sus "electores" en una serie de tuits el día en que fueron deportados.

Deportados: ¿y ahora qué?

Gaithersburg, en Maryland, es un suburbio de Washington, D.C. que tiene unos 26 kilómetros cuadrados y unos 68 mil residentes. La página de la municipalidad lista entre sus atractivos parques acuáticos, de patinaje, un campo de mini golf, un museo, dos centros juveniles y un observatorio. Además, se describen como una ciudad que concentra la actividad de empresas tecnológicas.

De vivir ahí, los Claros han pasado a Jucuapa, un municipio de 36 kilómetros cuadrados con poco más de 18 mil habitantes, distanciado de San Salvador por unos 130 kilómetros. Jucuapa está a medio camino entre lo rural y lo urbano y rara vez aparece en las noticias: a veces por un homicidio -el uno de agosto hubo dos en la colonia San Joaquín- o por ser el polo de un negocio que prospera en El Salvador: la venta de ataúdes. En el parque central de Jucuapa, frente a la iglesia y la alcaldía, a veces hay problemas con la señal de celular, por su cercanía con el centro penal, donde la señal está bloqueada. 

A ese lugar volvieron Diego y Lizandro tras su deportación. En su primer día de vuelta, compraron ropa en San Miguel, el punto principal de comercio en el oriente del país, porque regresaron sin ninguna de sus pertenencias. Han estado desconectados de sus amigos porque tampoco tienen celulares. Y no reconocen al país que habían dejado atrás. “La ciudad, los parques son diferentes. Conozco más allá que donde estoy ahorita”, dice Diego, que saluda al joven que conduce el mototaxi, cada vez que pasa por la calle de tierra a la par de su casa, una construcción de cemento pintada de rosa que guarda la estética de la arquitectura de remesas.

Al ingresar al país, los Claros no pasaron por el programa de atención a deportados del ministerio de Relaciones Exteriores. Reingresaron como si solo hubieran estado de viaje. "Todavía estamos desilusionados por lo que pasó. Tenemos varias cosas en mente, para ver cómo podemos salir de este país a llegar otra vez a tener mejores oportunidades para superarnos", dice Diego. Ambos quieren salir del país, convencidos de que no hay nada aquí para ellos. Evalúan la posibilidad de irse a Canadá. Pero Diego incluso habla de buscar un trabajo en turismo, para aprovechar su cualidad bilingüe.

Los hermanos coinciden en que lo ideal sería regresar a Estados Unidos, pero están divididos sobre el cómo. Hacerlo de manera legal les tomará mucho tiempo tras ser deportados. También está el otro camino: regresar por tierra. Lizandro cree que es una opción: "si en verdad no hubieran otras opciones, yo sí creo que me iría por tierra. Mi juventud está allá, mis amigos, mi familia. Yo haría todo por volver a estar con mi familia". Diego, por ahora,  ni siquiera se lo plantea. La experiencia de los últimos días lo ha dejado marcado: "mejor me quedo aquí, que sé que no me pasará nada, porque ya no quiero volver a la cárcel. Es muy fuerte eso".

*Con reportes de Fred Ramos

]]>
El Salvador Thu, 17 Aug 2017 10:35:31 +0100 http://www.elfaro.net/es/201708/el_salvador/20748/Trump-deporta-a-Usulután-a-dos-‘estadounidenses’.htm
Supremacistas y neonazis alaban las palabras de Trump tras los sucesos de Charlottesville http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000026552.jpg http://www.elfaro.net/es/201708/internacionales/20760/Supremacistas-y-neonazis-alaban-las-palabras-de-Trump-tras-los-sucesos-de-Charlottesville.htm Grupos de supremacistas blancos y neonazis han recibido con entusiasmo las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los hechos de violencia registrados el sábado en Charlottesville. Han visto en sus palabras un respaldo a sus planteamientos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto archivo El Faro.
 
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto archivo El Faro.

Washington, ESTADOS UNIDOS. “Este hombre está haciendo absolutamente todo lo que está a su alcance para apoyarnos y nosotros necesitamos su apoyo”, escribió Andrew Anglin en DailyStormer, un sitio web neonazi y antijudío en el que confluyen los grupos de extrema derecha.

“Va a ser muy, muy difícil tener algún sentimiento negativo hacia Trump durante muy largo tiempo luego de esto”, sentenció.

Richard Spencer, el fascista que organizó la marcha en Charlottesville, que se saldó con una víctima mortal y varios heridos de gravedad, consideró las declaraciones de Trump como “honestas y realistas”. “Trump aprecia la verdad”, dijo Spencer, agregando que está “orgulloso” de su presidente.

Trump dejó estupefactos a muchos estadounidenses el martes al condenar enérgicamente a los manifestantes antirracistas como igualmente responsables por la letal violencia desatada en la marcha del sábado en Charlottesville.

Centenares de los llamados activistas de la ‘Alt-right’ (derecha alternativa) confluyeron en la ciudad blandiendo bastones, bates de béisbol y portando banderas nazis y antorchas, para protestar por el retiro de una estatua del general confederado Robert E Lee.

Violentos enfrentamientos estallaron entre los supremacistas blancos y manifestantes antirracistas, muriendo una mujer al ser embestida por un simpatizante nazi que dirigió su auto hacia la multitud.

Trump fue luego blanco de una ola de críticas de líderes políticos, incluidos expresidentes republicanos, por argumentar que hubo “responsabilidad de ambas partes” en los incidentes.

Aunque Trump condenó más tarde a nazis y racistas, los grupos alineados con el movimiento de la Alt-right se congratularon por su intento de endilgar responsabilidad a los manifestantes antirracistas.

“Gracias presidente Trump por su honestidad y valentía para decir la verdad sobre #Charlottesville y condenar a los terroristas de izquierda”, escribió el exlíder del Ku Klux Klan, David Duke en Twitter.

Jack Posobiec, una figura de la derecha alternativa cuyos comentarios Trump rebotó en Twitter, escribió “Ahora estamos en el foco de la atención”, “Goodnight, Alt Left”, mientras el presidente hablaba con los periodistas en la Trump Tower de Nueva York.

Muchos de los grupos de la ultraderecha que participaron en la marcha han sido luego retirados de las redes sociales como Facebook e Instagram y sus páginas web fueron cerradas en base a la reglamentación contra los discursos de odio y amenazas, aunque otros lograron mantenerse en la web.

Trump “usó nuestros argumentos”

Luego de ser bloqueados en dos servicios muy usados, DailyStormer resurgió brevemente el miércoles en un sitio que usa el domino “.ru”, que indicaría un origen en Rusia, siendo cerrado nuevamente poco después.

Anglin se congratuló por la aparente simpatía de Trump con quienes se oponen al retiro de la estatua de Lee de un parque de Charlottesville.

Trump “usa nuestros argumentos, de que George Washington y Thomas Jefferson son los próximos, luego de los monumentos a los confederados y de que están tratando de destruir nuestra historia”.

James Kirkpatrick, directivo de VDARE, una organización que busca que solo europeos blancos puedan migrar a Estados Unidos, aplaudió a Trump por centrar la responsabilidad sobre la violencia en el movimiento “antifa”, abreviación por antifascista.

“El presidente Donald Trump finalmente hizo lo que nadie en el establishment conservador hizo: responsabilizar a los Antifa (la “Izquierda Alternativa”, en sus palabras) por provocar la violencia en una marcha legal en Charlottesville”.

© Agence France-Presse

]]>
Internacionales Thu, 17 Aug 2017 09:37:38 +0100 http://www.elfaro.net/es/201708/internacionales/20760/Supremacistas-y-neonazis-alaban-las-palabras-de-Trump-tras-los-sucesos-de-Charlottesville.htm
Manos sucias http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000025092.jpg http://www.elfaro.net/es/201708/columnas/20758/Manos-sucias.htm Todos nos sabemos de memoria la historia de la tregua y conocemos relativamente bien a sus personajes más importantes. Tenemos un entendimiento básico de su razón de ser, y poco a poco nos hemos dado cuenta de cómo se fue desarrollando hasta que el Gobierno la dio por descartada. Ahora, un par de años después, vivimos las consecuencias de esta trama que se escribió sin nuestro permiso. La tregua entre pandillas nos llevó por un camino complejo y lleno de recovecos e implicaciones profundas y, como suele suceder en nuestro país cuando surgen irregularidades, ahora nadie quiere hacerse cargo. Sus manos ya están sucias, pero no quieren que nadie las vea; quieren lavárselas, pero es imposible, están manchadas para siempre.

El primero en desentenderse, como siempre, fue el expresidente Funes. Seré breve al rememorar sus argumentos porque me parecen un desperdicio de espacio. Funes ha dicho, como suele hacer, que él no hizo nada mal y que la culpa está en otro lado, cualquier otro lado que no sea su asilo en Nicaragua. En la otra mano está el ministro de Defensa, David Munguía Payés, quien irónicamente ha sido de los pocos que han tomado responsabilidad por la gestación de la tregua. Es irónico porque a pesar de que no hay videos ni fotos de él negociando con pandilleros, el Ministro ha admitido ser una especie de padre para la tregua y, pese a su confesión, hasta donde sabemos no tiene un solo proceso abierto en la Fiscalía, que se ha limitado a sobrellevar un caso mediático y de baja calidad. También jugaron un rol importante como mediadores Paolo Lüers y Raul Mijango, pero ya que no son funcionarios públicos dejaremos sus atribuciones para otra ocasión.

Al ser cuestionado sobre el rol de su partido en la gestación y posterior desarrollo de la tregua, el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, ha dicho que el Gobierno no se involucrará en temas que “no le corresponden”. Los cuestionamientos a Ortiz se basan en el testimonio de “Nalo”, palabrero de la facción revolucionaria de la pandilla 18 y testigo criteriado de la Fiscalía. Más que concentrarse en la gestación de la tregua, el interés en el testimonio de “Nalo” se desprende de lo que sucedió después, en tiempos electorales.

El líder pandillero dijo que el FMLN y Arena le habían pagado cientos de miles de dólares a las pandillas para asegurar una victoria electoral en los comicios de 2014. La credibilidad de estas aseveraciones es, como poco, cuestionable, ya que vienen de alguien que representa lo peor de la sociedad salvadoreña: un pandillero. Sin embargo, es complicado también no creerle a “Nalo”, cuando hemos visto videos de políticos de ambos partidos reunidos con pandilleros. Es aún más complicado, entonces, racionalizar las declaraciones de Ortiz, diciendo que al Gobierno “no le corresponde” el posible fraude electoral, cuando uno de los hombres que se reunió con esos pandilleros actualmente funge como ministro de Gobernación. Claro que les corresponde, así como también le corresponde al Vicepresidente apartarse de su cargo mientras se esclarecen las investigaciones contra su socio comercial, “Chepe Diablo”, con quien aún mantiene una sociedad que se encuentra activa. Que no quieran dejar el poder y sus conveniencias es otra cosa, pero que les corresponde, sí, les corresponde.

Finalmente está el lamentable rol de Arena en todo esto, que ha utilizado la misma estrategia cínica de Funes y se ha limitado a evadir cualquier tipo de responsabilidad y a culpar a alguien más de sus errores. El diputado por San Salvador, Norman Quijano, incluso se atrevió a decir que había videos del FMLN negociando con pandillas, pero que lo único que Ernesto Muyshondt había hecho, cuando se reunió con pandilleros, era “pedir libertad para votar”. Eso es mentira y nos lleva al argumento central de este texto.

Los partidos políticos y sus representantes cometieron un grave error, le dieron un poder inmenso a las pandillas y ahora no quieren asumir la responsabilidad de sus decisiones. Al negociar con índices de homicidios y pagarles por la facilitación de votos, si lo que dice “Nalo” es cierto, las institucionalizaron y las fortalecieron.

El político salvadoreño es como un niño de kínder, que no quiere aceptar sus culpas cuando ha cometido un error y que busca, con todo el cinismo a su disposición, entregarle la responsabilidad a alguien más. Desafortunadamente para ellos, hemos visto los videos y no solo en San Salvador y La Libertad, las miles de reproducciones se extienden a lo largo del territorio nacional. Todos sabemos que negociaron con las pandillas y aunque ahora traten de lavarse las manos, estas estarán manchadas para siempre.


*Héctor Silva Hernández es estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Massachusetts.

]]>
Columnas Wed, 16 Aug 2017 17:34:49 +0100 http://www.elfaro.net/es/201708/columnas/20758/Manos-sucias.htm
Ataque armado para liberar a pandillero de la MS-13 deja siete muertos en Guatemala http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000027152.jpg http://www.elfaro.net/es/201708/centroamerica/20759/Ataque-armado-para-liberar-a-pandillero-de-la-MS-13-deja-siete-muertos-en-Guatemala.htm Un grupo armado rescató a un reo de la Mara Salvatrucha que pasaba consulta en un hospital de la ciudad de Guatemala y mató a siete personas, incluidas dos menores de edad. El ataque dejó además 12 heridos y las autoridades aseguran haber capturado a cinco de los atacantes. Ciudad de Guatemala, GUATEMALA. Siete personas murieron, incluidos dos niños, y doce resultaron heridas en un ataque armado perpetrado este miércoles 16 por presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha, quienes irrumpieron en un hospital de Ciudad de Guatemala para rescatar a un pandillero detenido, informaron fuentes oficiales.

El ataque ocurrió cuando un reo, miembro de la MS-13, llegó trasladado desde la prisión de Fraijanes 2 al Hospital Roosevelt de Ciudad de Guatemala para una cita médica. El reo Anderson Daniel Cabrera, de 29 años, llegó a las 8:19 de la mañana al hospital, según la versión oficial recogida por el periódico Prensa Libre. Según las autoridades, la balacera inició "de inmediato" cuando otros miembros de la pandilla llegaron disparando desde un auto al área de emergencias para liberarlo.

Cabrera guardaba prisión por homicidio y asociación ilícita y se le imputan una veintena de homicidios, según Prensa Libre. El grupo armado que atacó el hospital golpeaba las paredes y las puertas para hacer demostras su presencia, relataron testigos. Minutos después de irrumpir en el lugar, lograron sacar al recluso, dejando un saldo de siete víctimas fatales: dos guardias del Sistema Penitenciario, dos trabajadores del hospital, dos niños y un particular, según el balance oficial.

El presidente Jimmy Morales lamentó el ataque, y lo consideró como una reacción de las bandas criminales a los avances en materia de seguridad.

"La lucha frontal contra el crimen organizado es nuestra prioridad de gobierno y los resultados positivos que se han tenido han originado una serie de reacciones violentas que atentan contra la vida de los guatemaltecos, funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad", dijo el mandatario desde el Palacio Nacional de la Cultura.

Morales afirmó que en los últimos meses varias estructuras criminales que operan en Centroamérica han intensificado sus acciones, por lo que autoridades de El Salvador, Guatemala y Honduras, han unificado esfuerzos para contrarrestarlas.

Según el presidente, las acciones de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 son responsables de la ola de violencia que afecta el país, que deja unos 6.000 muertos cada año.

 Control en hospitales 

Morales anunció que el ejército y la policía brindarán seguridad perimetral en los hospitales y pedirá al Organismo Judicial no autorizar más traslados de reos a los hospitales públicos sin dictamen forense que compruebe la enfermedad del prisionero.

Además, instalarán clínicas móviles en los centros de privación de libertad y cárceles del país para brindar atención a la población recluida.

El director de la Policía Nacional Civil, Nery Ramos, comentó que fueron capturados cinco pandilleros vinculados al ataque y que el reo trasladado al hospital no ha sido localizado.

Ramos indicó que los atacantes dejaron un vehículo abandonado, en cuyo interior había varias armas de fuego.

El jefe policial dijo que el ataque tuvo como objetivo rescatar a Cabrera, quien fue trasladado desde la prisión hacia ese centro médico por orden de un juez.

"Estoy muy preocupada y cansada de lo que pasa en Guatemala", comentó a la AFP entre sollozos Elena De León, que estaba junto a su hija en una cita médica cuando ocurrieron los hechos. La mujer y su hija resultaron ilesas. 

El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque, lamentó también el ataque al considerar que el hecho "refleja la debilidad del Estado, del sistema de justicia, en atender (a reos de alta peligrosidad) en los hospitales".

De León consideró que "la población tiene razón de sentirse indignada, estar molesta y no confiar en los funcionarios públicos".

Los reos que padecen algún quebranto de salud son trasladados a hospitales públicos por orden judicial para su atención debido a la carencia de hospitales o medicamentos en las prisiones.

]]>
Centroamérica Wed, 16 Aug 2017 17:04:54 +0100 http://www.elfaro.net/es/201708/centroamerica/20759/Ataque-armado-para-liberar-a-pandillero-de-la-MS-13-deja-siete-muertos-en-Guatemala.htm
Guatemala | Al menos 7 fallecidos en ataque armado en hospital de la capital http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201708/360grados/20757/Guatemala-|-Al-menos-7-fallecidos-en-ataque-armado-en-hospital-de-la-capital.htm 360 grados Wed, 16 Aug 2017 11:59:50 +0100 http://www.elfaro.net/es/201708/360grados/20757/Guatemala-|-Al-menos-7-fallecidos-en-ataque-armado-en-hospital-de-la-capital.htm