El Faro http://elfaro.net Periodismo independiente y audaz de El Salvador y Centroamerica con noticias, reportajes, investigac es Copyright 2017, El Faro Mon, 27 Mar 2017 16:21:48 +0100 El Faro El diablo en el cuerpo http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000023431.jpg http://www.elfaro.net/es/201703/columnas/20167/El-diablo-en-el-cuerpo.htm Si alguien quiere imaginar un lugar remoto de Nicaragua, perdido en la incierta geografía de las selvas de la costa del Caribe, no hay mejor ejemplo que El Cortezal. Para llegar hasta allí, el periodista Carlos Salinas tuvo que hacer un viaje de cuatro horas desde el mineral de Rosita, donde no hay aeropuerto, a bordo de una camioneta que debía capear zanjas y piedras, y luego tres horas más a pie, a veces atravesando ríos, en media montaña. Aquí fue donde literalmente el diablo perdió el poncho.

Me he encontrado con esta historia, que trata precisamente del diablo, al volver al país tras varias semanas de ausencia. Vilma Trujillo, una campesina de 25 años, habitante de aquella comunidad lejana, fue quemada viva el pasado mes de febrero por el pastor de la iglesia Misión Celestial, Juan Gregorio Rocha, de 23 años, y varios cómplices, entre ellos dos hermanos suyos.

Fueron a sacarla de su casa para someterla a un rito de sanación, ya que la declararon poseída por el demonio: veía visiones, y hablaba incoherencias. La llevaron secuestrada a la casa pastoral, donde la encerraron amarrada de pies y manos, y así la mantuvieron durante seis días. No la liberaban ni para hacer sus necesidades fisiológicas, por lo que se defecaba y orinaba encima.

Mientras tanto, en el templo de la congregación calle de por medio, el pastor y los fieles oraban para librarla del dominio de Satanás. Entonces, una de las devotas escuchó una voz con un mandato divino. Nada de aquello era suficiente, y era necesario purificar a la endemoniada en la hoguera. Muy expedito, el pastor mandó a recoger leña. Amarraron a su víctima a un tronco, y antes de que amaneciera la lanzaron desnuda al fuego. La muchacha empezó a arder, entre espantosos alaridos.

El pastor no cabía en sí de alegría: ‘¡Ya se va a morir y va resucitar! En cuanto se muera la metemos en la iglesia y la vamos a entregar a Dios y va a estar sana”, exclamaba. Luego, moribunda, fueron a botarla a una cañada. Las quemaduras habían abrasado su piel y órganos vitales, y nada se pudo hacer ya por ella.

En El Cortezal, donde no hay ninguna escuela, el pastor Rocha era la autoridad suprema, jefe de policía, juez de instrucción y de apelación, exorcista, brujo, director espiritual, carcelero y verdugo. Todos los vacíos del poder del estado y del poder social en aquella remotidad los llenaba él solo. Y, también fungía como juez moral.

Porque Vilma fue quemada bajo acusación de adulterio. Tenía el diablo en el cuerpo y sólo el fuego podía purificar su carne. Uno de los cómplices lo explica: “el demonio que se había apoderado de la mujer era de adulterio. Ella cometió un error y ante Dios falló porque ella tenía su compañero de vida y cometió error con otro hombre y se estaba pasando por cristiana sometiéndose a ayuno y seguro Dios la castigó de esa manera y se endemonió”.

Y el marido de Vilma, Reynaldo Peralta Rodríguez, quien se hallaba haciendo trabajos agrícolas lejos de El Cortezal durante todo el tiempo que duró el auto de fe, lo confirma: “Para mí, mi mujer no estaba endemoniada, lo que le hicieron fue una brujería, porque ella tomaba un remedio que le dio un hombre, quien ahora la familia de Vilma me contó que la había violado y desde que comenzó a tomar eso cambió un poco conmigo”.

El manto oscuro de la ignorancia lo cubre todo, y bajo la ley del fanatismo religioso, los jueces morales abundan siempre, sean analfabetos o letrados. Los pecados de la carne tienen que ser castigados de manera ejemplar para imponer la recta conducta social. En los Evangelios, el primero que se alza contra la lapidación con que eran castigadas las adúlteras, es Jesucristo.

El demonio de la concupiscencia tiene preferencia por el cuerpo de las mujeres “locas de su cuerpo”, que pagarán su delito moral en las hogueras en la edad media, como Vilma, o llevando la A de adúltera cosida al pecho, como en la sociedad puritana de Nueva Inglaterra en el siglo diecisiete. Es lo que narra Nathaniel Hawthorne en su espléndida novela La letra escarlata, la historia de Hester Prynne, una casada infiel obligada a proclamar ella misma su pecado exhibiendo aquella señal infamante.

El Cortezal no es más que un escenario primitivo de la represión social que sigue viva en América Latina contra las mujeres trasgresoras. Y el demonio continúa siendo el terrible pretexto de la represión contra las mujeres, que son las que abundan en ese imaginario perverso. De hombres quemados vivos por pecados de la carne, entre ellos el adulterio, son pocas las noticias.

Uno de los jerarcas de las Asambleas de Dios, a la que pertenece la iglesia Misión Celestial, declaró en la televisión que en el aquelarre que culminó con el asesinato de Vilma se dio una “intervención demoníaca” y la situación se salió del control de los inquisidores rurales; el pastor Rocha carecía de “conocimientos teológicos” y su ingenuidad lo privó de buscar asesoramiento de parte de un líder cristiano.

Uno no puede dejar de preguntarse: ¿qué clase de asesoramiento necesitan unos fanáticos, extraviados en la ignorancia, para sacarle el diablo del cuerpo a una pobre mujer indefensa? Para otro de los pastores de la congregación, “lo que ocurrió ahí fue un exabrupto, un manejo inadecuado de la situación”. ¡Un exabrupto!

Y el presbítero de las Asambleas de Dios para el Caribe nicaragüense, dice que la intención del pastor de la hoguera y sus cómplices de asesinato “era buena”. Sin embargo, “al inmiscuirse la extraña voz” que ordenó purificar a la posesa en la hoguera, “el resultado fue la muerte.” Un error de interpretación.

La extraña voz. La voz que ordenó quemar viva a Vilma Trujillo. A través de los siglos, la ignorancia de analfabetos y letrados sigue oyendo esa misma voz.

Masatepe, marzo 2017

*Sergio Ramírez es escritor y político. Fue vicepresidente de Nicaragua entre 1986 y 1990, durante el gobierno de la revolución Sandinista. Sus novelas y cuentos le han hecho ganar numerosos premios internacionales, como el Alfaguara (1980), el Casa de las Américas (2000) o el Carlos Fuentes (2014).

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Columnas Mon, 27 Mar 2017 15:23:19 +0100 http://www.elfaro.net/es/201703/columnas/20167/El-diablo-en-el-cuerpo.htm
El Coronel Bercián no tiene quien lo atrape http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_29_1501_1029/images%7Ccms-image-000026164.JPG http://www.elfaro.net/es/201703/salanegra/20042/El-Coronel-Bercián-no-tiene-quien-lo-atrape.htm Asmel Arturo Bercián Rivera, alias "Coronel Bercián", es un hombre escurridizo. Procesado en El Salvador y Guatemala por tráfico de cocaína, ha sido vinculado al narcotráfico por funcionarios policiales de gobiernos de Arena y FMLN y es padre de uno de los pandilleros sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Aunque durante tres décadas el Estado salvadoreño ha mantenido en la mira al Coronel Bercián, este sigue libre. PRIMERA ENTREGA

El domingo 14 de agosto de 1991, el detective se enfundó el uniforme negro, preparó la pistola Beretta y leyó un documento con la etiqueta de "confidencial". A las 7 de la mañana había llegado a la oficina antidrogas del puesto fronterizo de La Hachadura un mensaje que ordenaba ponerse en guardia a los custodios del paso entre El Salvador y Guatemala: "Los individuos (…) son traficantes de cocaína y en horas del mediodía de hoy ingresarán al país, a bordo de vehículos que utilizan para el tráfico de dicha droga", les advertía la oficina central, en San Salvador. 

La información detallaba que al grupo de narcotraficantes lo dirigía Asmel Arturo Bercián Rivera, un hombre originario de San Miguel, de oficio agricultor, entonces de 39 años de edad, a quien apodaban "El Coronel Bercián" o "El Tiburón". Ni en los registros de la Fuerza Armada, ni en el Registro de las Personas Naturales consta que Asmel Arturo Bercián Rivera haya prestado servicio militar. La información en poder de la Unidad Ejecutiva Antidrogas (UEA), dependencia de la hoy desaparecida Policía Nacional, decía que al Coronel Bercián lo acompañaban tres hombres. Cuando cruzó la frontera lo acompañaban cuatro.

Con esa información en mano, el detective y otros tres oficiales de la UEA, entre ellos el que investigó dos años después a Joaquín "El Chapo" Guzmán en El Salvador, comenzaron a preparar la trampa. Siempre era igual. Siempre que llegaba una alerta desde la oficina central seguían una rutina: conformaban un equipo dirigido por un "sargento detective", apoyado por un subsargento y dos detectives o más. Montaban un equipo de vigilancia perimetral y un retén para la identificación de “los objetivos” y revisión de personas y automotores. En los vehículos buscaban "caletas" (compartimientos secretos) para el transporte de droga o dinero.

Para la búsqueda de caletas, los detectives se apoyaban en un perro entrenado, pero aquel domingo de agosto el canino no estaba disponible en la frontera La Hachadura. Por eso, los policías trasladaron los autos del Coronel Bercián a las instalaciones centrales de la UEA, donde se les realizaría una búsqueda exhaustiva.

―Nos va a tener que acompañar ―dijo el detective al Coronel Bercián.

―Pero muchachos… ¡todos los papeles están en regla! ―respondió el objetivo.

El detective es un hombre de ojos alargados, cabello negro y liso, con piel cobriza, a quien le gusta usar gafas oscuras. Ahora es un policía retirado que trabaja como auxiliar administrativo en una oficina del Estado, pero un cuarto de siglo después de aquel operativo, lo tiene fresco en el recuerdo. "Nos confundió con policías de aduanas. Intentó convencernos de que lo dejáramos ir. Era pícaro. Venía de los Estados Unidos y sabía cómo moverse en las fronteras. Nosotros lo engañamos, le dijimos que necesitábamos revisar una documentación y lo trajimos hasta la terminal". Las oficinas de la UEA ―ahora División Antinarcóticos (DAN)― están a un costado de la terminal de buses de oriente, en San Salvador.

Asmel Arturo Bercián Rivera fue capturado en agosto de 1991 cuando ingresaba a El Salvador procedente de Guatemala. Aparte de dinero en efectivo, la Policía Nacional le decomisó cocaína en una vivienda en Sonsonate. Esta es la foto que registró en aquellos días la ya desaparecida Policía Nacional y que consta en el expediente de Bercián archivado en 1992. Foto: El Faro.

Asmel Arturo Bercián Rivera fue capturado en agosto de 1991 cuando ingresaba a El Salvador procedente de Guatemala. Aparte de dinero en efectivo, la Policía Nacional le decomisó cocaína en una vivienda en Sonsonate. Esta es la foto que registró en aquellos días la ya desaparecida Policía Nacional y que consta en el expediente de Bercián archivado en 1992. Foto: El Faro.

En el cuartel central de la UEA, un perro inspeccionó los vehículos y dio una alerta. Así determinaron que en el tanque de combustible de un camión color anaranjado con rayas blancas, marca International, y en un pick up marca Chevrolet, había caletas. Luego se detectó en ellas partículas de cocaína. Acorralado por los indicios y luego del largo interrogatorio de los detectives, la noche de aquel 14 de agosto de 1991 el Coronel Bercián se quebró: confesó que era narcotraficante. El expediente precisa que primero confesó que en su casa tenía escondidos varios miles de dólares y que horas después confesó que conocía un lugar donde estaban enterrados varios kilogramos de cocaína…

Este reportaje cuenta una historia del Coronel Bercián construida a partir de investigaciones oficiales realizadas por el Estado a lo largo de más de tres décadas, más una serie de declaraciones y testimonios de funcionarios y exfuncionarios tanto de Guatemala como de El Salvador. Asimismo, recoge el aporte de entrevistas con investigadores policiales e informantes de la DEA. Este reportaje cuenta la historia de un personaje relacionado por Guatemala y El Salvador con el tráfico de centenares de kilogramos de droga, que tiene dos hijos que ya han sido procesados en casos separados por tráfico de cocaína, y que sigue en libertad observando cómo el Estado aún recientemente lo ha tenido en la mira por ser un sospechoso de dedicarse al crimen organizado.

¿Quién lo llevó al negocio?

Cinco meses antes de la caída del Coronel Bercián, en marzo de 1991, la Asamblea Legislativa había aprobado la primera ley antidrogas de El Salvador. Luego, de la mano de la embajada de Estados Unidos, la Policía Nacional creó la UEA y capacitó a un grupo de detectives que dirigía el mayor Óscar Armando Peña Durán. Así que la ley tenía apenas unas semanas de vigor cuando fue capturado el Coronel Bercián. "El perfil que tenía Bercián es que manejaba una operación bastante importante de drogas también en Guatemala, y que en Nicaragua tenía otra estructura. Por eso se convirtió en un perfil prioritario para indagarlo", dice Peña Durán, en las oficinas de su empresa de seguridad privada. El exjefe de la UEA sirvió en varios cargos durante los gobiernos de José Napoleón Duarte (1984-1989) y Alfredo Cristiani (1989-1994), y de esa experiencia dan testimonio los numerosos diplomas y fotografías que tapizan las paredes de su despacho.

El golpe de la UEA al grupo del Coronel Bercián fue, en realidad, un golpe dirigido por Estados Unidos, aunque esto no conste en los archivos. Los documentos solo consignan que el Coronel Bercián fue capturado por información "confidencial". Peña Durán revela que recibieron la alerta de un centro de inteligencia estadounidense: El Paso Intelligence Center (EPIC), dedicado al combate del tráfico de drogas y armas. "Fuimos informados de que el señor Asmel Arturo Bercián Rivera estaba siendo investigado por tráfico de drogas en Texas", revela Peña Durán. "Nos informaron que pronto podría venir de los Estados Unidos con vehículos comprados con dinero del narcotráfico y que presumiblemente en los vehículos llevaban unas caletas preparadas con droga..."

Hasta antes de la alerta del EPIC, el perfil del Coronel Bercián ante las autoridades salvadoreñas era el de un hombre involucrado en delitos de poca monta. El 3 de diciembre de 1984, la Policía de Hacienda, otro de los cuerpos de seguridad clausurados con los Acuerdos de Paz de 1992, lo capturó en el Pasaje B de la Comunidad Iberia. El motivo: "Andar ebrio y hacer disparos con arma de fuego". Le decomisaron 14 cartuchos y una pistola marca Browning que había registrado apenas cinco días antes. Cuando esta captura ocurrió, el Coronel Bercián tenía 34 días de ser el padre de un bebé llamado Moris Alexander Bercián Manchón, ahora conocido como El Barney, un pandillero de la Mara Salvatrucha (MS-13) declarado objetivo de persecución por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Cinco años después, en 1989, el Coronel Bercián estuvo detenido durante seis meses en el penal de San Vicente por "transportar ganado robado". Hasta ahí llegaron los delitos de poca monta. Al año siguiente, en 1990, se reencontró con un viejo amigo al que había conocido en las cercanías del mercado La Tiendona: Amílcar Valle Contreras. El Coronel Bercián contó a los detectives que Amílcar le propuso incursionar en un jugoso negocio: el tráfico de cocaína.

Los viajes del Coronel Bercián

Luego de aquella operación del 14 de agosto de 1991 en que la Policía Nacional arrestó al Coronel Bercián, quedó escrito en un acta de la UEA: "Habiendo manifestado en su interrogatorio preliminar el reo Asmel Arturo Bercián Rivera que en la casa número 2, de la Colonia Campestre, Sonsonate, tiene cierta cantidad de dinero en dólares producto del narcotráfico".

A las 2 de la madrugada del día siguiente, las autoridades allanaron una pequeña casa de bloques de cemento, techo de duralita y puerta metálica. Pegada a la pared, una pequeña placa metálica anunciaba la pertenencia de aquel inmueble: “Familia A.A.B – Rivera”. Dentro de la casa, sobre una cama, encontraron un maletín de color café con dos fajos de billetes dentro de bolsas plásticas que sumaban 23 mil dólares. También encontraron pesos mexicanos, quetzales, colones costarricenses, lempiras y córdobas que, al cambio actual, sumaban 6 mil dólares más. El total del decomiso: 29 mil dólares.

 

Los detectives no pararon ahí: la declaración preliminar los llevó hasta el dinero, pero la confesión definitiva los llevó hasta la casa donde vivía Amílcar, el amigo que según el Coronel Bercián dijo a los detectives, lo había inducido a incursionar en el tráfico de cocaína. En la casa número 10 del pasaje Blanca Victoria, en Mejicanos, estaba enterrado un depósito plástico blanco con 17 paquetes de cocaína en su interior. La droga pesó 19.3 kilogramos. Lo que el Coronel Bercián dijo sobre aquel decomiso quedó plasmado en una segunda acta de la UEA fechada el 15 de agosto de 1991: "Contesta: que se hace cargo del delito que se le imputa en las presentes diligencias".

Según la confesión extrajudicial, el Coronel Bercián llevó cocaína a los Estados Unidos dos veces. Todo comenzó, dijo, en noviembre de 1990, cuando viajó con su amigo Amílcar a la zona libre de Colón, en Panamá. Ahí negociaron con los panameños Enrique y Mene Olivares la compra de 22 kilogramos de cocaína que escondieron en el techo de un furgón, color azul con blanco. Para despistar a las autoridades, a su regreso, en Costa Rica, compraron plátanos. Llegaron hasta un taller en el barrio San Miguelito, en San Salvador y contactaron a un motorista, Carlos Alberto Escobar Guevara, para seguir rumbo a San Antonio, Texas, Estados Unidos. Una vez en suelo estadounidense entregaron el alijo a un cubano llamado Héctor Rodríguez, quien les pagó 65 mil dólares.

El segundo traslado de cocaína ocurrió en julio de 1991. Los 30 kilogramos de cocaína llegaron desde Honduras, en la caleta de un camión que abastecía frutas al mercado La Tiendona. El Coronel Bercián confesó que él y otros tres hombres se encargaron de mover la droga hasta Texas, Estados Unidos. El cubano les pagó 125 mil dólares, dinero que usaron para comprar en Estados Unidos tres cabezales, una rastra y una refrigeradora, bienes que les fueron decomisados cuando regresaron a El Salvador.

El Coronel Bercian pasó encarcelado 16 meses. El 19 de octubre de 1992, cuando compareció en juicio, dijo al juez que sí viajó a Panamá, pero que viajó solo a conocer ese país. Añadió que si él manifestó a los policías algo con respecto a la cocaína, lo hizo bajo tortura: "Para que (los policías) no me siguieran golpeando. Les dije que pusieran lo que quisieran". El juez lo exoneró y, dos meses más tarde, una Cámara confirmó su libertad porque consideró "insuficiente su confesión extrajudicial". La Cámara precisó que al Coronel Bercián "no se le decomisó droga alguna", porque aunque él reveló el lugar donde estaban enterrados los 17 paquetes con cocaína, la investigación demostró que ahí residía su amigo Amílcar, quien fue condenado en ausencia a ocho años de cárcel.

Archivos fotográficos que vinculan al coronel Asmel Arturo Bercian Rivera en narcotráfico. El coronel compró terrenos al expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. Las propiedades están ubicadas en el cantón Palo Verde, del municipio de San Julián./ Fotos: Archivos de El Faro

El 17 de diciembre de 1992, el Coronel Bercián pidió la devolución de un camión y dos cabezales. La UEA pidió al juez una autorización para desmontar las caletas "para que no sigan siendo utilizadas en el tráfico de cocaína". / Fotos: Archivo Unidad Ejecutiva Antidrogas (UEA), Policía Nacional

Los otros cuatro hombres arrestados en la frontera La Hachadura también fueron liberados. Uno de ellos era Harol Milton Orellana Zelaya, quien actualmente purga una condena de ocho años de prisión por lavado de dinero. El 1 de marzo de 2012, la Policía Nacional Civil decomisó a Milton 30 mil dólares que transportaba en la caleta de un vehículo. El dinero, según la PNC, era propiedad de Jorge Ernesto Ulloa Sibrián, El Repollo, un transportista que pasó de distribuir verduras en La Tiendona a distribuir cocaína. En noviembre de 2014, El Repollo fue condenado a 77 años de cárcel por tráfico de cocaína. En julio de 2016, un tribunal le sumó otros 15 años de prisión por lavado de dinero.

Sobre la liberación y denuncia de golpiza que hizo el Coronel Bercián, el otrora jefe de la UEA niega que esa institución torturara a los detenidos para obtener confesiones extrajudiciales. "En el juzgado nunca fuimos intimados de que esto había pasado. Por la relación que teníamos con la embajada estadounidense teníamos un compromiso de respetar los derechos humanos. En todo este tiempo es primera vez que yo escucho que fue lo que argumentó", dice Peña Durán. El militar retirado esboza una sonrisa cuando se le recuerda el fracaso del caso contra el Coronel Bercián. "Teníamos otros elementos de prueba como el decomiso de la droga. Otro elemento de prueba fue el de los rastros de droga en los vehículos que se le decomisaron. Los elementos de prueba eran suficientes, indistintamente de si hubiera dado la declaración extrajudicial o no", dice.

202 kilogramos de cocaína en Guatemala

Cuando la acusación por narcotráfico se desmoronó, el Coronel Bercián recuperó su libertad y pidió que le devolvieran los dólares y los vehículos que "injustamente" le habían sido decomisados. En El Salvador no volvió a ser capturado por tráfico de drogas, pero Rodrigo Ávila, exdirector de la Policía Nacional Civil (1994-1999 y 2006-2008), asegura que durante el gobierno de Armando Calderón Sol (1994-1999) la información de inteligencia les alertaba de que el Coronel Bercián continuaba con sus operaciones de narcotráfico, principalmente, hacia Guatemala.

Y fue en ese período cuando el Coronel Bercián volvió a caer. Siete años y medio después de su captura en El Salvador, fue capturado en Guatemala: el 4 de enero de 1999 fue arrestado con 202 kilogramos de cocaína en la Zona 3 de la ciudad de Guatemala. La Policía Nacional Civil de ese país reporta que en este momento un kilogramo de cocaína vale en el mercado local 102 mil quetzales. Esto es, un poco más de 13 mil dólares. Si ese alijo hubiera sido decomisado hoy al Coronel Bercián, tendría un precio de calle de unos 2.7 millones de dólares. "Nosotros participamos dando información a los guatemaltecos en esa época", subraya Ávila.

En la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público (MP) de Guatemala, esta captura del Coronel Bercián quedó registrada así: "A la Sección contra el Robo de Vehículos de la Policía Nacional ingresó una llamada telefónica, de voz masculina, quien se negó a proporcionar sus datos, indicando que se conducían cinco individuos a bordo de un camión furgón y un pick up rojo con placas salvadoreñas, en el cual transportaban supuestamente droga".

La Policía guatemalteca interceptó los vehículos en la 1a. Avenida y Anillo Periférico. Los 202 paquetes de un kilogramo cada uno estaban escondidos en la caleta del camión. La prueba preliminar de campo fue positiva a cocaína. El Coronel Bercián y otros cuatro salvadoreños fueron acusados por dos delitos: tránsito internacional de droga y portación ilegal de armas de fuego.

La justicia guatemalteca eximió de culpa al Coronel Bercián, aunque en este momento las razones son un misterio: el Archivo General de Tribunales de Guatemala, consultado por El Faro, respondió que el expediente está en el Juzgado Undécimo de lo Penal. El juzgado, requerido por El Faro, lo que hizo fue pedir al Archivo que le remitiera el expediente "en las próximas horas". Durante dos meses de gestión, las peticiones se volvieron una rueda de caballitos: el Archivo insistía en que lo tenía el juzgado, y el juzgado aseguraba que lo tenía bajo custodia el Archivo. El Faro también preguntó al Ministerio Público y al Ministerio de Gobernación sobre el desenlace de ese proceso, pero pasadas varias semanas hasta el cierre de esta nota, tampoco habían ubicado el expediente. Un funcionario asumió la respuesta como un misterio: "No sabemos por qué fue liberado", respondió Óscar Dávila, viceministro de Asuntos Antinarcóticos.

Sin embargo, a diferencia de lo que había ocurrido entre 1991 y 1992 en El Salvador, en Guatemala sí hubo condenas. En la información proporcionada por la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del MP se expone que dos de los cinco arrestados en enero de 1999 terminaron condenados año y medio más tarde: el 7 de julio de 2000, el Tribunal Segundo de Sentencia de Guatemala condenó a 15 años de prisión por tránsito internacional de droga a los salvadoreños Orlando González Olviera y Mario Antonio Vásquez García. En el año 2011 recuperaron su libertad por buena conducta.

Traslado de droga y dinero en 2009

Desde cuando en el año 2000 el Coronel Bercián ganó la partida al Estado de Guatemala, se convirtió en una especie de fantasma que de vez en vez ronda despachos de policías y fiscales. Ha sido protagonista de informes de inteligencia, le han vigilado su casa, le han dado seguimiento, han husmeado sus cuentas bancarias y las de su familia, y nada. Nada ha sido suficiente para acusarlo de algún delito o para cuestionarle los negocios inmobiliarios que, después de dos procesos judiciales por narcotráfico, montó en Izalco y San Julián, en el departamento de Sonsonate.

Algunas de las indagaciones financieras y vigilancias en las viviendas del Coronel Bercián han sido motivadas por el decomiso de cocaína a dos de sus hijos: el comerciante de 40 años José Adán Silva Bercián; y el mecánico de 33 años Moris Alexander Bercián Manchón, alias "Bandido" o "El Barney", miembro de la Normandis Locos Salvatruchos -una clica de la MS-13-, uno de los nueve pandilleros salvadoreños que desde junio de 2013 está designado como objetivo de persecución por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

El primer hijo del Coronel Bercián involucrado en narcotráfico es José Adán Silva Bercián. Fue capturado en la colonia Jardines de Cuscatlán, en el municipio de Antiguo Cuscatlán, el 13 de septiembre de 2006. José Adán nació el 6 de febrero de 1977, en Jiquilisco, Usulután. En los registros oficiales aparece que tiene dos ocupaciones: comerciante y conductor de camiones. Hace 11 años, la División Antinarcóticos (DAN) de la PNC le decomisó 2.7 kilogramos de cocaína y 199.3 gramos procesados en forma de pastillas. El alijo estaba valorado en 72 mil 961 dólares.

Cuando el hijo del Coronel Bercián fue procesado, la ley antidrogas era blanda: una persona capturada hasta con cinco kilogramos de droga podía pedir que le cambiaran un delito grave (tráfico ilícito) a uno menos grave (posesión de droga sin fines de tráfico). Los abogados de José Adán aprovecharon esa puerta, esa salida legal. El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla cambió a un delito menos grave y condenó a José Adán a tres años de trabajos de utilidad pública. Ese mismo año fue exonerado de un caso de portación ilegal de arma de fuego.

El hijo menor del Coronel Bercián, El Barney, fue capturado a las 10 de la mañana del 26 de septiembre de 2009 frente a una ferretería en El Puerto de La Libertad. El pandillero llevaba dentro de una mochila color azul seis paquetes de forma rectangular, cubiertos con cinta adhesiva color gris. Una prueba de campo confirmó que se trataba de cocaína. Según los documentos de la DAN, la captura de El Barney fue posible gracias a la información que proporcionó una mujer con 18 horas de anticipación. La informante mencionó el nombre del Coronel Bercián y así lo dejó plasmado el investigador José Rivera en un acta: "A las 16:20 del 25 de septiembre de 2009 (…) en la oficina de investigaciones de la DAN, recibió una llamada de una mujer que no se identificó. Informa de una transacción entre las nueve y las diez de la mañana del 26 de septiembre, frente a la ferretería El Ángel. Este sujeto (el de la transacción de la droga) es hijo de un reconocido narcotraficante, el cual conoce como Asmel Arturo Bercián Rivera, y reside en Sonsonate".

La cocaína decomisada a El Barney pesó 5.98 kilogramos. Es el decomiso de droga más grande que se ha hecho a un pandillero en El Salvador. A la luz de las estadísticas de la PNC, aunque las pandillas de El Salvador sí venden drogas, son simples vendedores callejeros. Durante todo el año pasado, por ejemplo, la Policía reportó el decomiso de 465.1 gramos de cocaína a las principales pandillas del país (MS-13; Barrio 18, facciones Sureños y Revolucionarios; Mirada Loca; Mao Mao y La Máquina). Esa cantidad no alcanza ni el medio kilogramo de cocaína incautada durante todo el 2016, una cantidad mínima comparada con la decomisada a El Barney.

Ávila dice que durante su segundo período como director de la PNC (entre 2006 y 2008), El Barney fue de los pocos pandilleros que renunciaron a las extorsiones para dedicarse a un negocio más lucrativo: el tráfico de drogas ilegales. Ávila, que hoy es diputado, dice que no mencionará nombres para evitar demandas, pero sugiere que El Barney se vinculó al tráfico de drogas porque tuvo en su familia un ejemplo para eso. "Lo que le puedo decir es que había familiares de este señor (El Barney) que habían estado en el pasado investigados por el tema de tráfico de drogas, utilizando transportes de carga. Es más, hubo un caso contra estos parientes bastante grande en Guatemala. O sea que este muchacho cuando creció, obviamente, se ha de haber visto expuesto al tema de hechos delictivos, sobre todo vinculados al tema de narcotráfico. Nosotros tuvimos información de que movió en una época, en un momento determinado, 20 y pico de kilos de cocaína”.

Ante la abundante información policial que relaciona con tráfico de drogas al Coronel Bercián y a El Barney, ¿por qué no los capturó?, preguntó El Faro a Ávila. "Era problema porque había dinero de por medio, entonces se compraba voluntades. En un momento determinado se compró voluntades. Yo, por ejemplo, en una época, removí a varios miembros de la Policía de Sonsonate. Estaban en el área de seguridad pública y los movimos para que fueran investigados porque creíamos que había algún tipo de relación, porque había dádivas (…) Cuando se mueve una cantidad de dinero grande, obviamente se compran voluntades, y estoy segurísimo de que hubo gente a nivel judicial y de instituciones del Estado que estaban compradas".

En septiembre de 2009, cuando El Barney fue capturado con los 5.9 kilos de cocaína, El Salvador ya había cambiado de gobierno y de director policial. La administración de Mauricio Funes nombró a Carlos Ascencio al frente de la PNC y este designó a Howard Cotto como el director de investigaciones. Durante el segundo gobierno del FMLN, Cotto es el director de la Policía.

A Cotto se le preguntó por qué la investigación policial contra El Barney excluyó al Coronel Bercián, mencionado en las actas policiales como “un reconocido narcotraficante” que reside en Sonsonate. El director de la PNC confirmó que Asmel Arturo Bercián Rivera fue una de las personas investigadas en ese caso. "Sí, él salía en esa investigación. En ese momento aparecía como uno de los principales logísticos en el traslado de droga y en movimientos de dinero. Sí lo identificamos, pero no me acuerdo del nivel de prueba que alcanzamos. Hay parte de la investigación que sigue abierta. Este es un caso que tiene bastante cola", aseguró.

Aunque los casos tengan "bastante cola", la familia Bercián ha tenido fortuna ante la justicia. A pesar de que El Barney fue atrapado in fraganti, un juzgado le concedió libertad condicional y luego, cuando se llegó el momento de llevarlo a juicio, escapó. A la Fiscalía, la institución que pidió su recaptura, se le preguntó quiénes abastecían de droga a este pandillero. La jefa de la Unidad Antinarcotráfico, Olga Cecilia Rivera, se rehusó a revelar la información que tienen sobre la fuente de cocaína de Barney, pero subrayó que este es un caso diferente al de otros pandilleros involucrados en venta de drogas. "Una persona perteneciente a una estructura de pandilla que tiene esta cantidad de droga es considerada ya un narcotraficante. Seis kilos es bastante".

―¿Quiénes le abastecían la droga? ―se le insistió.

―Sobre eso no le podría comentar porque el caso está en investigación. Una cosa es el expediente que se tenga contra él por esa flagrancia y otra cosa es la investigación. Entonces, no sería conveniente que le exprese sobre eso.

―¿Esto significa que es un investigación que trasciende a El Barney?

―Cuando se captura a una persona, la Fiscalía tiene la obligación de verificar los indicios que giran alrededor. No es de que una sola persona va a tener acceso a esa cantidad de droga. Es obligación de la Fiscalía verificar todos esos indicios.

Dos años después del decomiso de 5.9 kilogramos de cocaína a El Barney, la Fiscalía elaboró otro documento que menciona al pandillero, a su padre el Coronel Bercián y a otros familiares. El Faro no tuvo acceso a las razones por las cuales la Fiscalía hizo una petición a la PNC: el 29 de septiembre de 2011, en el oficio 604-G2/Inv/Deco/2011, la División Élite contra el Crimen Organizado solicitó a la Policía la ubicación de viviendas y seguimientos contra 9 personas, incluidos Moris Alexander Bercián Manchón, El Barney; Asmel Arturo Bercián Rivera, el Coronel Bercián, y otras seis personas que tienen al menos uno de estos tres apellidos: Bercián, Manchón o Rivera.

En una de las actas que la Policía remitió a la Fiscalía producto de la vigilancia, se lee: "En la Residencial Villas de Suiza (…) hay una construcción mixta, paredes de bloque pintadas de celeste aqua, techo de duralita, portón y puerta de celeste aqua y con una imagen de cemento de la virgen en la pared… Estaba estacionado un Mazda, azul metálico, propiedad de Asmel Arturo Bercián Rivera", consigna el documento.

A las voces oficiales de funcionarios de tres gobiernos distintos de El Salvador que relacionan al Coronel Bercián con actividades de narcotráfico (Peña Durán, Ávila y Cotto), se suman dos fuentes que hablaron sobre el tema bajo la condición de anonimato. Uno es un investigador de crimen organizado que en octubre de 2010 obtuvo información sobre reuniones en las que se planificó una operación de tráfico de cocaína, en las que según sus fuentes participó el Coronel Bercián. Este investigador también obtuvo información sobre inversiones en el transporte público que estaba realizando El Barney. "La información me vino de gente cercana a Truck, que lo mataron en Nicaragua. Truck quiso hacer el papel de que trabajaba con gente de la embajada (de Estados Unidos). Él se metía con los narcos y les decía que les iba a ayudar. El típico estilo de venta de otro cártel".

Truck era el alias de Salvador Augusto Guzmán Parada, asesinado el 28 de mayo de 2011 en Nicaragua. Este salvadoreño fue comandante del Batallón de Infantería Antiterrorista Libertadores, de la ya extinta Policía de Hacienda. Era un mayor del ejército en retiro que fundó la empresa de seguridad Servic Security Mirage, S.A. de C.V. Cuando lo asesinaron, conducía una camioneta Toyota Prado, color verde, en compañía de Héctor Armando Flores Lazo, hermano de Reynerio de Jesús Flores Lazo, miembro de la banda Los Perrones, condenado a 80 años de prisión por narcotráfico.

La segunda fuente fue un informante de la Drug Enforcement Administration (DEA), la oficina antidrogas de los Estados Unidos. El hombre de cabello canoso asegura que él tuvo que encargarse de cobrar deudas que el Coronel Bercián tenía con un traficante de drogas centroamericano. Oficiales de la DEA en El Salvador dijeron que no podían comentar nada al respecto.

Después de la fracasada acusación por traficar 17 paquetes de cocaína, después de las decenas de informes de inteligencia y judiciales de dos países que lo relacionan con crimen organizado, después de los infructíferos seguimientos policiales contra el Coronel Bercián y su familia, el 26 de junio de 2015, por fin, el Estado salvadoreño le ganó un caso.

Todo comenzó cuando el Departamento de Control de Garantías y Valores del Ministerio de Hacienda comenzó una depuración de sus archivos y encontró unos billetes que nadie había reclamado durante 20 años. Entonces, el 25 de febrero de 2011, el subdirector de ese departamento, Josefino Trujillo Barahona, preguntó a la justicia salvadoreña si debía devolverse a una persona o declararse en pérdida a favor del Estado.

El juzgado que tenía bajo su custodia ese dinero, el Quinto de Instrucción de San Salvador, consideró que las leyes penales de 1974 determinaban que, después de cerrado un caso, los afectados tenían un año para reclamar los bienes decomisados; de lo contrario, los mismos pasarían al control del Estado. En el caso de esos billetes que fueron decomisados en una casa de la Colonia Campestre, en Sonsonate, el expediente concluyó en 1992 y, por lo tanto, los bienes no reclamados debían pasar al fondo de la nación. Así está escrito en una resolución judicial que data del 26 de junio de 2015: "Todos los fondos fueron ratificados y enviados a custodia del Banco Central de Reserva, a la orden de la Dirección General de Tesorería, hasta su cambio a la moneda de circulación oficial, para su posterior ingreso al Fondo General de la Nación".

Con esa resolución, el Estado ganó, por primera vez, un caso al Coronel Bercián, quien sí reclamó en tiempo los 23 mil dólares, 23 quetzales y 123 colones que le decomisó la UEA, pero se olvidó de reclamar 384 córdovas nicaragüenses que la Policía Nacional le decomisó la madrugada del 15 de agosto de 1991. Al cambio actual eso significa que, tras aquel largo operativo antinarcóticos y todos estos años de persecución, el Coronel Bercián perdió ―y el Estado salvadoreño ganó― el equivalente a seis dólares.

El Faro estuvo marcando al teléfono de uno de los negocios del Coronel Bercián para intentar concertar una entrevista, pero nunca correspondió llamadas. Tampoco respondió a los números de celular que este periódico obtuvo de las fichas policiales.

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Sala Negra Mon, 27 Mar 2017 06:22:41 +0100 http://www.elfaro.net/es/201703/salanegra/20042/El-Coronel-Bercián-no-tiene-quien-lo-atrape.htm
Presidencia busca una nueva ley que permita a los criminales de guerra evitar la cárcel http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000025781.jpg http://www.elfaro.net/es/201703/el_salvador/20137/Presidencia-busca-una-nueva-ley-que-permita-a-los-criminales-de-guerra-evitar-la-cárcel.htm El proyecto de ley que el gobierno alista para sustituir la derogada Ley de Amnistía busca alternativas a la persecución penal y condenas de cárcel para los victimarios de la guerra civil salvadoreña. La Presidencia se asesora de una experta colombiana en ‘justicia transicional’. Arena celebra la iniciativa del primer gobierno de izquierdas. Las víctimas exigen justicia, reparación y verdad. El presidente Salvador Sánchez Cerén ha delegado en un equipo de abogados liderado por el secretario jurídico de la Presidencia la confección de una ley que aleje de la cárcel a aquellos militares o exguerrilleros que hayan cometido crímenes durante la guerra civil,  a cambio de una justicia transicional que inhabilitaría persecuciones penales de parte de la Fiscalía General de la República. 

Con este proyecto, el Gobierno está respondiendo a la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, firmada en julio de 2016 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El Gobierno gana también apoyo del principal partido de oposición, Arena, reacio desde hace más de 25 años a que se investiguen y se persigan penalmente los crímenes cometidos por el ejército y los militares que comandaron la guerra. Para diseñar el modelo de justicia transicional, el Gobierno ha pedido la asesoría de Juanita Goebertus, una experta abogada colombiana que participó en los acuerdos de Paz firmados por el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016.

“Hay que delimitar cómo va a actuar la Fiscalía, cómo va a determinar qué casos son los que puede o no puede (procesar)”, dijo a El Faro el secretario jurídico de la presidencia, Rubén Alvarado, el pasado 15 de febrero. Alvarado es el líder de un equipo al que el presidente Salvador Sánchez Cerén encomendó dos misiones, después de que la Sala de lo Constitucional declarara, en julio de 2016, que la ley general de Amnistía de 1993 es inconstitucional.

La primera misión de Alvarado ya está casi completa: un informe de los alcances de la sentencia de inconstitucionalidad de la Amnistía. Es la segunda en la que está detenido.  “Nos estamos alimentando para formular una ley que resuelva, que ponga punto y final a delimitar los procesos que se van a seguir o cómo se van a seguir y las indemnizaciones que se pueden dar”, dijo el secretario jurídico.

La propuesta del Gobierno ha sido trabajada por los abogados de Casa Presidencial desde julio de 2016, cuando la Sala Constitucional levantó el cerco impuesto por los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa en 1993, apenas unos días después de que Naciones Unidas diera a conocer el informe de la Comisión de la Verdad, en el que se narran las principales violaciones cometidas por los bandos en conflicto durante la guerra. Hasta el momento, la abolición de la Ley de Amnistía ya comenzó tener consecuencias, y el gobierno acelera el andamiaje de una propuesta anunciada el pasado 16 de enero por el propio Presidente, en el marco de la celebración del 25° aniversario de la firma de la paz.

Mientras esa propuesta termina de afinarse, a la Fiscalía ya comenzaron a llegar ciudadanos que se declaran víctimas de crímenes cometidos por la guerrilla. La Fiscalía ya tiene un expediente abierto por el secuestro de Armando Durán, quien ha demandado al presidente Sánchez Cerén y a otros miembros de la comandancia del FMLN. Otro colectivo de víctimas ha pedido que se reabran las investigaciones de la masacre de la Zona Rosa y el derribo de un helicóptero militar en Lolotique. Además, 20 militares acusados por la masacre de El Mozote, en 1981, han sido citados por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, para informarles de la acusación en su contra. Entre estos destaca el exministro de Defensa, José Guillermo García. 

El de las masacres de El Mozote es uno de los casos más emblemáticos del conflicto por su magnitud (alrededor de mil campesinos civiles fueron asesinados por tropas de soldados de cuatro destacamentos militares en el oriente del país) y por su relación con la abolida Ley de Amnistía. La causa de El Mozote fue cerrada en 1994 cuando un juez se amparó en dicha ley para finalizar la persecución en contra de los autores materiales e intelectuales de la misma. 

El Mozote, relatado en la Comisión de la Verdad, es uno de los casos que deben ser investigados por ser de lesa humanidad, a criterio de la Sala.  “Los casos contenidos en el Informe de la Comisión de la Verdad, así como otros de igual o mayor gravedad y trascendencia, que pudieran ser imputados a ambas partes”, dice el fallo de la Sala. 

Vecinos de La Joya cargan las cajas con los restos de sus familiares para iniciar con el entierro, el 11 de diciembre de 2016. Las víctimas de La Joya se cuentan entre las de la masacre de El Mozote. Foto: El Faro/ Fred Ramos

Vecinos de La Joya cargan las cajas con los restos de sus familiares para iniciar con el entierro, el 11 de diciembre de 2016. Las víctimas de La Joya se cuentan entre las de la masacre de El Mozote. Foto: El Faro/ Fred Ramos

Para Alvarado este es el asunto central. “¿Cómo establecer si esas demandas son de la misma magnitud o de mayor que las mencionadas en la Comisión de la Verdad? Ese es el punto que hay que dilucidar en la ley, cómo lo va a tratar”.  Alvarado intentó luego matizar sus declaraciones al decir que esa delimitación corresponderá a la Fiscalía y a los tribunales.  

“Hay unos que antes querían que se investigaran crímenes de guerra que hoy ya no quieren”, dijo Douglas Menéndez, fiscal general de El Salvador, en un foro con la fiscal general de Guatemala, el 8 de marzo. El fiscal exhibe la hipocresía de un FMLN que, mientras fue oposición, luchó contra la ley de Amnistía, pero que ahora que es gobierno percibe la declaratoria de inconstitucionalidad como un acto de desestabilización.

Luego de conocerse la sentencia, el presidente Salvador Sánchez Cerén apareció en una cadena nacional señalando que algunas sentencias buscaban desestabilizar al gobierno. El FMLN también arremetió contra los magistrados de la Sala tras la abolición de la Amnistía

El partido Arena, que usualmente regatea sus votos al gobierno en políticas de seguridad y, sobre todo, económicas, se dice dispuesta a unir fuerzas con el gobierno. “Yo creo que debería de haber un perdón verdadero y un olvido y una reconciliación para sacar al país adelante”, dice la diputada Milena Calderón, una delegada habitual de Arena en las mesas de diálogo con el FMLN. Calderón estuvo en algunas reuniones en 2016 en que se empezó a tratar el tema de esta nueva ley, pero dice que el Ejecutivo nunca les presentó una propuesta clara. En enero pasado, el presidente Salvador Sánchez Cerén soltó que esta sería una nueva "ley de reconciliación". 

El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, prometió a mediados de febrero presentarla en los primeros días de marzo. Pero Alvarado no quiere comprometerse con ninguna fecha, aunque dice estar apurado.

El FMLN mira hacia Colombia

Para operativizar esta nueva ley, el gobierno salvadoreño está recibiendo asesoría de una experta colombiana en justicia transicional: Juanita Goebertus, del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT).  En su página web, el IFIT dice que su misión es  “ofrecer análisis y asesoramiento amplio y exhaustivo a los actores nacionales que participan en la transición política de estados frágiles o estados afectados por conflictos”.

Goebertus fue la abogada de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en Colombia, y una pieza clave de los diálogos de paz del gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Tanto el secretario Alvarado como el secretario de comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, confirmaron a El Faro que han contactado a la experta colombiana. Ella dijo a este periódico que IFIT empezó un proyecto en El Salvador en enero de 2017 y que el gobierno de El Salvador le pidió “apoyo y acompañamiento independiente” para analizar la sentencia de inconstitucionalidad de la Amnistía.

La asesoría del IFIT, en palabras de Goebertus, busca un equilibrio “entre la máxima satisfacción posible de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y la seguridad jurídica necesaria para garantizar la estabilidad de la transición democrática”.

En la teoría, una política de justicia transicional combina acciones penales con acciones de reparación, reforma de instituciones públicas y la labor de comisiones de la verdad. El Acuerdo de Paz salvadoreño contempló un amplio pliego de reformas institucionales -como la eliminación de los antiguos cuerpos de seguridad: Guardia Nacional, Policía de Hacienda o Policía Nacional- y la publicación de un informe de la Comisión de la Verdad titulado “De la locura a la esperanza”. Fue solo cinco días después de esa publicación que la Asamblea Legislativa aprobó la ley de Amnistía, que fue declarada inconstitucional en 2016.

En algunos casos, el secretario Alvarado considera que la justicia restaurativa es “la única vía” de aproximarse. Y pone como ejemplo el trabajo de la organización “Los huesos de nuestros padres”, que acompañaron al senador estadounidense James Mcgovern, en una visita al país en enero. “Debe haber un mecanismo de búsqueda de estos restos y por lo menos establecer quienes son las personas que fueron enterradas en ese lugar”, dice Alvarado.

En Colombia, la justicia transicional implica que los imputados que colaboren con las investigaciones reciben beneficios penales. Por ejemplo, si una persona acusada “acepta responsabilidad antes de llegar al juicio, cuenta la verdad y cumple las demás obligaciones del sistema”, enfrentará una pena de entre dos y cinco años de restricción de libertad, según publica el medio La Silla Vacía.

Exguerrilleros que ahora son diputados como Medardo González, secretario general del partido, o Nidia Díaz, respaldan la apuesta oficial por justicia restaurativa. Aunque ambos niegan que se trate de una nueva amnistía.

Díaz, cuyo esposo fue desaparecido durante el conflicto en 1984, asegura que nadie va a presentar una ley que prohíba la responsabilidad penal de los acusados.“En Sudáfrica, se conocía el caso, el victimario pedía perdón a la víctima y la víctima perdonaba, sin responsabilidad penal. Podría talvez ser aplicable, (pero) nosotros no le podemos imponer a las víctimas que pidan o no pidan una acción penal”, dijo Díaz. González, el hombre más poderoso del FMLN actual, dijo el pasado 9 de febrero que “no tendría sentido, en absoluto”, impulsar una segunda amnistía.

Y la presidencia lo sabe. “Acordémonos que la Sala siempre va a estar pendiente de revisar que se cumplan los parámetros de su sentencia”, dice el secretario jurídico Alvarado.

El Faro preguntó el 14 de febrero al secretario Chicas si el proyecto de la ley de reparación tiene que ver con justicia restaurativa como una alternativa a la justicia penal. Chicas contestó: "Abarca ese aspecto. Va a haber una presentación. Ojalá pueda ser en los próximos días del próximo mes que tengamos ya la iniciativa, y por eso la vamos a exponer públicamente a los medios de comunicación y a la opinión pública".

Al preguntarle si el Gobierno y la oposición buscan un acuerdo político para que los responsables de crímenes de guera evadan la justicia penal, una especie de nueva amnistía, Chicas respondió: "Cuando la conozcamos vamos a poderla criticar o evaluar".

"¡Sin castigos penales!": Arena

Del otro lado del pasillo legislativo, los diputados de derecha parecen, ahora sí, estar en la misma página que el Ejecutivo. Arena tiene intereses propios tras la eliminación de la Amnistía, por la responsabilidad en que pueden incurrir algunos de sus miembros. Por ejemplo, la querella del caso jesuitas afirma que el expresidente Alfredo Cristiani sabía que los sacerdotes serían asesinados, en 1989. En ese caso también está acusado Juan Orlando Zepeda, quien fue candidato a diputado por Arena en 2015, y es requerido por la justicia en España.

Al diputado Mauricio Vargas le incomoda la sola mención de investigaciones. Negociador de los Acuerdos de paz como enlace del ejército en la comitiva del gobierno de Alfredo Cristiani, el general Vargas es diputado desde 2015, pero también es famoso por haber sido integrante de una numerosa generación de oficiales conocida como 'la Tandona'. Como parte de esa promoción, y por los cargos y las tropas que dirigió durante la guerra, Vargas también es visto por fiscales estadounidenses -que yan han señalado a algunos de sus compañeros de promoción- como un militar con un pasado de violaciones a derechos humanos. El Faro le preguntó si cree que la nueva ley debería blindar los crímenes de guerra para que no se investiguen. Vargas no respondió, sino que hizo más preguntas: “¿Qué es lo que pretende esa reconciliación? ¿O la reconciliación es nada más parcial, es media, es total? ¿Qué queremos lograr, a dónde queremos llegar? ¿Qué quiero hacer y qué quiero evitar?”

Donato Vaquerano, diputado y exjefe de fracción de Arena, dijo que lo que más le interesa a Arena es que se investiguen “los asesinatos que están cometiéndose este día, evitar los que se van a cometer mañana”. René Portillo Cuadra, diputado y excandidato a la vicepresidencia, cree que es inevitable la persecución de crímenes de guerra, porque siguen causando “grave conmoción. Delitos como por ejemplo los de la zona rosa, como la masacre del mozote ¿cómo no van a ser investigados?”.

Pero la voz más autorizada de Arena en este tema es Milena Calderón, por su silla en la mesa interpartidaria. Calderón cree abrir casos de la guerra es “volver a abrir heridas”.

—¿Usted cree que la Amnistía cerraba heridas? Porque muchas víctimas dicen que esas heridas nunca se cerraron porque no sabemos la verdad.

—Sí, pero una cosa es saber la verdad; y otra es decir: quiero preso a este porque hizo una cosa hace no sé cuántos años. Yo creo que debería de haber un perdón verdadero y un olvido y una reconciliación para sacar al país adelante.

—¿Usted estaría de acuerdo en un proyecto de ley que estableciera unas investigaciones para saber la verdad pero sin castigos penales?

—¡Sin castigos penales! Es que es volver a empezar en lo mismo. Yo creo que hay momentos en que hay que cerrar heridas y no abrirlas.

La diputada Calderón y la presidencia de la República comparten una preocupación adicional sobre esta ley: la procedencia de los fondos destinados a la reparación.  “Me imagino que si era reparación, ellos tienen los fondos para reparar. Porque es bien fácil ser populista y regalar lo que no tienen”, dice Calderón. El secetario jurídico Alvarado no tiene respuestas: “yo no podría contestar si me dijeran: ¿cuántas personas van a salir que hay que indemnizarles?”, dice.

El activista Héctor Bernabé Recinos, antes y después. A la izquierda, la foto de su ficha

El activista Héctor Bernabé Recinos, antes y después. A la izquierda, la foto de su ficha "R32" en el Libro Amarillo. A las derecha, Recinos en 2015. 

¿Cuándo será el turno de las víctimas?

Héctor Bernabé Recinos, exlíder de Fenastras, un poderoso sindicato en los años de la guerra civil, se ha convertido en la posguerra en un activista por los derechos de las víctimas. Recinos compartió escenario con Sánchez Cerén, el 16 de enero de este año, en el acto conmemorativo de los Acuerdos de Paz. Pero Recinos no debe ser confundido con un simpatizante del FMLN: “creo que las víctimas no tenemos partido”, dice.

En los primeros años de los 80, Recinos fue capturado y torturado en cárceles clandestinas, y luego en la cárcel para presos políticos en Santa Tecla y en el Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como 'Mariona'. Mientras guardaba prisión, dos amigos, su esposa y una de sus hijas fueron secuestrados por los cuerpos de seguridad. Hasta la fecha todos continúan desaparecidos. 

Varias instituciones le entregaron una lista de peticiones de las víctimas al gobierno. Las peticiones van desde el establecimiento de un día feriado en memoria de las víctimas, hasta la creación de un banco de perfiles genéticos para la identificación de desaparecidos, pasando por actos de reparación, como retirar el nombre de violadores de derechos humanos de lugares públicos, como instalaciones militares o redondeles.

Recinos niega esa idea que repiten algunos políticos de que las heridas de la guerra ya están cerradas. “Lo que pasa es que el pasado no pasa en una víctima”, dice. No obstante, el activista, cuyo nombre aparece en los registros del Libro Amarillo, un documento de búsqueda y persecución de objetivo políticos, elaborado por la Fuerza Armada, dice que no está en la lógica de buscar venganza. “Creen que lo que queremos es que fusilen a todos, y no. Al que le cae la justicia, le cae la justicia, pero eso tiene un proceso. Algunos casos van a ser juzgados, no van a ser juzgados todos”, reconoce.

Tras la abolición de la Amnistía, en nombre de las víctimas han surgido nuevas voces que en el pasado nunca se habían escuchado en la opinión pública. En el espectro de las víctimas de la exguerrilla ha aparecido el abogado Fernán Camilo Álvarez, presidente del 'Colectivo Víctimas del Terrorismo', que según Álvarez surgió en el año 2009, cuando el partido FMLN conquistó por primera vez la presidencia. Dice este abogado de que el Colectivo nació por la 'indignación de ver en el gobierno a los asesinos de nuestros parientes y amigos'. Álvarez piensa que la Amnistía debería seguir vigente, pero ahora que es inconstitucional, ha presentado un escrito a la Fiscalía denunciando actividades de la guerrilla durante la década de los 80. El 8 de febrero, Álvarez presentó un aviso en la Fiscalía por dos casos atribuidos a la guerrilla: la masacre de la Zona Rosa, y el derribamiento de un helicóptero en Lolotique.

“Si usted va a los libros de sociales que está dando el Ministerio de Educación dicen que la lucha del pueblo fue justa, que los comandantes fueron buenas personas, que el pueblo se levantó contra la opresión. Eso no es cierto. Eso es cambiar la historia. Eso es lo que a nosotros nos motiva”, dice Álvarez.

Por estos casos, pide que la Fiscalía acuse al presidente Sánchez Cerén, a su secretario privado Manuel Melgar, al director de Protección Civil, Jorge Meléndez, a la diputada Nidia Díaz, a la exdiputada del PDC, Ana Guadalupe Martínez, y a otros 14 excombatientes de la exguerrilla.

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El Salvador Sun, 26 Mar 2017 23:41:32 +0100 http://www.elfaro.net/es/201703/el_salvador/20137/Presidencia-busca-una-nueva-ley-que-permita-a-los-criminales-de-guerra-evitar-la-cárcel.htm
Los republicanos retiran la reforma sanitaria de Trump por falta de apoyos http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201703/360grados/20165/Los-republicanos-retiran-la-reforma-sanitaria-de-Trump-por-falta-de-apoyos.htm 360 grados Fri, 24 Mar 2017 14:51:37 +0100 http://www.elfaro.net/es/201703/360grados/20165/Los-republicanos-retiran-la-reforma-sanitaria-de-Trump-por-falta-de-apoyos.htm 37 años después http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000026342.jpg http://www.elfaro.net/es/201703/el_farolero/20164/37-años-después.htm La mirada de Otto en el aniversario 37° del magnicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero. El Farolero Fri, 24 Mar 2017 11:30:18 +0100 http://www.elfaro.net/es/201703/el_farolero/20164/37-años-después.htm ¿Incorrecto o agramatical? http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000026028.jpg http://www.elfaro.net/es/201703/el_agora/20153/¿Incorrecto-o-agramatical.htm En esta entrega, Ana María le explica a Francisco que incorrecto y error no debe de utilizarse como sinónimo al referirse a ciertas palabras o expresiones gramaticales. Los diccionarios, agrega, incluyen las formas que ya están extendidas y aceptadas por el grupo social que las utiliza.

La lingüista Ana María Nafría y el lexicógrafo Francisco Domínguez en salón de la Real Academia de la Lengua Española en La Casa de Las Academias. Foto: Fred Ramos

La lingüista Ana María Nafría y el lexicógrafo Francisco Domínguez en salón de la Real Academia de la Lengua Española en La Casa de Las Academias. Foto: Fred Ramos

Cuarta entrega

Francisco: Hace un par de años, el filólogo y amigo nuestro Alberto Gómez Font pronunció una conferencia titulada “Errores correctos”. En ella sostenía que muchas palabras o construcciones gramaticales que ahora son consideradas correctas antes eran clasificadas como incorrectas, es decir, errores. Por ejemplo, el Diccionario panhispánico de dudas dice que la forma verbal habemos “con el sentido de ‘somos’ o ‘estamos’ es propia del habla popular” y, por tanto, es correcta en ese registro o modo de expresarse, pero sugiere no emplearla en el habla culta, pues ahí sería considerada incorrecta. Sin embargo, antes, habemos era considerada incorrecta en cualquier situación y para muchos sigue siendo así. ¿Está de acuerdo usted con eso?

Ana María: Estoy de acuerdo en general con lo que dice nuestro amigo Alberto, pero en lo que acabas de expresar hay que hacer unas cuantas aclaraciones. En primer lugar, yo no consideraría sinónimos los términos “incorrecto” y “error”. Prefiero que hablemos de la diferencia entre expresiones incorrectas y expresiones agramaticales.

F: ¿Por qué no es lo mismo incorrecto que error? Yo no veo la diferencia.

AM: Porque un término puede ser incorrecto, pero no un error. Por eso es necesario establecer la diferencia de la que te hablaba. El calificativo de “incorrecto” lo aplica el grupo social a vocablos atestiguados que no parecen adecuados en un determinado registro, contexto o situación, y esto varía de una región a otra o de un grupo social a otro, al grado de que la misma expresión en una región es considerada correcta y en otras no. Por ejemplo, el habemos que tú mencionas, en unas regiones de América, se considera correcto en determinados registros, pero en España sería considerado incorrecto en cualquiera. Además, habemos no es un vocablo agramatical, puesto que es una conjugación regular del verbo haber, similar a comemos respecto de comer o tememos respecto de temer. Es decir, el concepto “agramatical” se aplica a elementos (palabras, frases, oraciones) cuya construcción infringe la estructura (reglas, principios) de una lengua. Estas construcciones se marcan en los estudios de gramática con un asterisco (*). Por ejemplo: *No le di a tus padres las gracias por su ayuda.  (Falta de concordancia entre el sintagma complemento indirecto y el pronombre que lo reproduce; debe decir: No les di a tus padres las gracias por su ayuda).

F: ¡Ah!, entonces, cuando alguien dice Demen mis cosas, que ya me voy, estaría ese “Demen” infringiendo la estructura de la lengua. Porque lo correcto es Denme…, que es la unión de la forma verbal den más el pronombre me; no existe un pronombre “men”. El mismo caso ocurre en la oración Delen de comer al niño, pues tampoco existe el pronombre “len”, por lo que debe escribirse Denle…

AM: Efectivamente, esa expresión es agramatical. Presenta una característica —llamada metátesis sencilla— que se observa en el habla de personas con escasa o nula escolaridad. Hay muchos ejemplos de esto: “dentrífico” por dentífrico, “cocreta” por croqueta, etc. Pero no aparecen por escrito y, además, socialmente se  consideran incorrectas, aun en el habla popular.

F: Pero, Ana María, ¿por qué algunas de estas palabras que sufren la metátesis sencilla son aceptadas después de algunos años de uso y en cambio otras no? Por ejemplo, la palabra murciégalo ahora es aceptada junto a la tradicional murciélago, pero las formas “dentrífico” y “cocreta” no están aceptadas en el Diccionario de la lengua española. Repito: ¿por qué unas sí y otras no?

AM: Porque unas formas ya están extendidas y aceptadas por el grupo social que las utiliza, y los diccionarios recogen los términos que están en uso y que no atentan contra la estructura de la lengua, en este caso, de la formación silábica. Por esa razón, murciégalo aparece ya en los diccionarios, mientras que “cocreta” no. Hay muchos ejemplos de metátesis porque este es un fenómeno presente en la lengua desde sus orígenes.

F: Pero, entonces, ¿me está diciendo que los especialistas que hacen los diccionarios no “deciden”, no “dictan” qué palabras debemos usar, sino que solamente “recogen” lo que está en uso?

AM: Exacto. Los diccionarios no son normativos, pero sí nos dan información valiosa de cada término acerca del registro y región en el que se usa o lengua de la que procede, además de los significados que pueda tener dependiendo del contexto, entre otros datos. Todas estas informaciones nos ayudan a hacer un uso correcto del término.

F: Pero es que mucha gente cree que una palabra es incorrecta cuando no aparece en el diccionario; es más, en este caso suelen decir que “no existe”.

AM: El hecho de que una palabra en uso no aparezca en el diccionario no la califica como incorrecta. Significa nada más que no la han recogido todavía y esto se puede deber a múltiples factores, los más frecuentes son que su uso no está muy extendido todavía o que la región hispana en la que se utiliza no ha notificado su existencia al centro donde se está elaborando el diccionario.

Y la frase “no existe” referida a una expresión que se utiliza, pero que no está recogida en un diccionario, es una contradicción. Si se usa, existe.


Sobre los autores

Hace treinta años, los caminos de Ana María Nafría y Francisco Domínguez se cruzaron gracias a las palabras. En 1986, él ingresó a la carrera de Filosofía de la Universidad Centroamericana (UCA) y recibió clases de Lingüística con ella. Su desempeño en la cátedra fue excepcional y Ana María decidió reclutarlo como instructor los cinco años siguientes y luego contratarlo como profesor. Desde entonces, mantienen un diálogo constante sobre los errores que encuentran en los textos que corrigen. Esta experiencia les dio la idea de escribir estos artículos.

Cuando a Ana María se le pregunta qué le gusta, ella responde: “Me entusiasma facilitar a mis estudiantes la comprensión de la estructura de la lengua española”. Ella estudió Filología Moderna en la Universidad de Salamanca y Filosofía Iberoamericana en la UCA, donde ha trabajado durante más de cuarenta años. Es miembro de número de la Academia Salvadoreña de la Lengua.

A Francisco le gustan las novelas de Hesse y Kundera, el cine francés y la música barroca. Además de Filosofía, él estudió Lingüística en la Universidad Complutense y Lexicografía Hispánica en la Real Academia Española. Desde septiembre 2016 es becario de la Academia Salvadoreña de la Lengua.

Ambos trabajan como profesores del área de lenguaje en universidades privadas. Ella en la UCA y él, desde hace diez años, en la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN). Por sus aulas han desfilado periodistas de El Faro y de otros medios del país.

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El Ágora Fri, 24 Mar 2017 10:55:15 +0100 http://www.elfaro.net/es/201703/el_agora/20153/¿Incorrecto-o-agramatical.htm
El incendio del volcán asfixia San Salvador http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1334/images%7Ccms-image-000026339.JPG http://www.elfaro.net/es/201703/ef_foto/20162/El-incendio-del-volcán-asfixia-San-Salvador.htm El Índice Actual de la Calidad del Aire en el Área Metropolitana de San Salvador, en el portal del Ministerio del Ambiente, señala un nivel "satisfactorio" para la capital en cuanto a la calidad del aire que respiramos este jueves 23 de marzo. Esto significa que no se anticipan impactos a la salud, a pesar del denso humo que este día pudo observarse sobre la ciudad, originado en un incendio que desde el día anterior ha consumido unas cuatro hectáreas de vegetación en el volcán de San Salvador. EF Foto Thu, 23 Mar 2017 18:40:23 +0100 http://www.elfaro.net/es/201703/ef_foto/20162/El-incendio-del-volcán-asfixia-San-Salvador.htm El agua potable es un lujo en Gaza Sakher Abou El Oun (AFP) / El Faro http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000026340.jpg http://www.elfaro.net/es/201703/internacionales/20161/El-agua-potable-es-un-lujo-en-Gaza.htm El enclave palestino de Gaza se encamina hacia una catástrofe ecológica y humanitaria al no poder abastecer de agua potable a sus 2 millones de habitantes, muchos de ellos enfermos ya por beber agua contaminada y con exceso de sal, una tragedia agravada por los 10 años de bloqueo israelí.

Un niño palestino llena pichingas con agua potable en el campo de refugiados en las afueras de Rafah, ciudad ubicada en la zona sur de Gaza. Foto Said Khatib (AFP).

Un niño palestino llena pichingas con agua potable en el campo de refugiados en las afueras de Rafah, ciudad ubicada en la zona sur de Gaza. Foto Said Khatib (AFP).

Rafah, PALESTINA. En un territorio que bordea el desierto y donde los cursos de agua se reducen a las acequias formadas por la lluvia, la reserva freática está sobreexplotada. El nivel baja y el agua marina se infiltra, aumentando la salinidad. A esto se añade una contaminación química y microbiológica.

“Más del 97 % de la capa freática no es apta para el uso doméstico a causa de una salinización nunca vista hasta ahora”, explica Munther Shoblak, director general de la compañía de agua de los municipios gazatíes.

Casi todos los gazatíes hacinados en esta estrecha banda de tierra entre Israel, Egipto y el Mediterráneo dependen de la capa freática. Tienen dos opciones: usar el agua del grifo, que llega por una red pública vetusta, o extraerla por sus propios medios.

En cualquier caso, su salud se resiente.

“Cada año, constatamos un aumento de 13 o el 14 % de pacientes ingresados por problemas renales”, declara el doctor Abdalá al Qishaui, jefe del departamento de nefrología del hospital Shifa de Gaza.

Estos problemas renales tienen “causas ya conocidas, como la tensión arterial, la diabetes y las enfermedades hereditarias, pero no cabe duda de que la polución del agua desempeña asimismo un papel”, añade.

Alerta

Los estragos causados por tres guerras en ocho años, los 10 años de bloqueo israelí, un nivel de desempleo de casi el 45 % y la inseguridad alimentaria hacen que el enclave se exponga a ser “inhabitable en 2020”, estimó la ONU. Entre el factor determinante cita la escasez y la polución del agua.

Los gazatíes usan este agua porque no les queda más remedio. La utilizan para cocinar, para lavar la ropa y para la agricultura.

Incluso en los hoteles más lujosos, la ducha es con agua medio salada.

Del grifo sale un líquido salobre que deben hervir. El suministro es aleatorio. Gran parte del agua se pierde en canalizaciones obsoletas. Los más afortunados cavan su propio pozo y almacenan el agua en cisternas. Eso cuanto están de suerte y funciona la electricidad.

“Hay dos tipos de contaminaciones: química y microbiológica”, afirma Sami Lubad, encargado de medio ambiente en el Ministerio de Salud. En la capa freática, la contaminación dispara el nivel de cloruro y de nitratos que “pueden provocar en los bebés la enfermedad azul (cianosis congénita) y desempeñar un papel en el desarrollo de cánceres”, afirma el profesor Adnan Aish.

Diarrea y malnutrición

La contaminación microbiológica se debe a las bacterias de origen fecal provenientes principalmente de las aguas residuales y de la agricultura. La química procede de los pesticidas y de la presencia de metales pesados, vestigios de guerras. “Sobre todo el plomo, y el azufre pueden provocar problemas renales”, según el doctor Qishaui.

Para intentar evitarlo, “alrededor de dos tercios de los gazatíes compran el agua en el sector privado”, bombonas vendidas a dos séqueles (unos $0.50) los 16 litros, afirma June Kunugi, al frente de Unicef en los Territorios Palestinos.

Pero estas pequeñas empresas suelen contentarse con desalar el líquido, que también está contaminado. “Muchos niños tienen parásitos y lombrices y padecen diarrea y malnutrición”, dice Kunugi.

A orillas del Mediterráneo, la desalinización es una necesidad. A finales de enero se reabrió parcialmente la principal fábrica de Gaza, construida con ayuda internacional.

Este equipamiento alimenta a 75,000 habitantes y a largo plazo, a 150,000. Hay más fábricas proyectadas.

Los expertos recomiendan no bombear agua de la capa freática para que pueda reconstituirse.

Según Unicef, cada año se bombean 180 millones de metros cúbicos de agua pese a que la lluvia sólo suministra 60 millones. “La catástrofe, si no llega este año, llegará, seguro, antes de tres años”, advierte Zidan Abu Zuhri, responsable de Unicef para los temas relacionados con el agua.

Para entonces puede que el agua ya sea completamente inutilizable.

© Agence France-Presse

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Internacionales Thu, 23 Mar 2017 18:13:22 +0100 http://www.elfaro.net/es/201703/internacionales/20161/El-agua-potable-es-un-lujo-en-Gaza.htm
#Guatemala | La pandilla Barrio 18 realizó al menos nueve ataques contra estaciones de policía en 48 horas http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201703/360grados/20163/Guatemala-|-La-pandilla-Barrio-18-realizó-al-menos-nueve-ataques-contra-estaciones-de-policía-en-48-horas.htm 360 grados Thu, 23 Mar 2017 18:07:21 +0100 http://www.elfaro.net/es/201703/360grados/20163/Guatemala-|-La-pandilla-Barrio-18-realizó-al-menos-nueve-ataques-contra-estaciones-de-policía-en-48-horas.htm Diputados aprueban aumento de $100 del bono trimestral que reciben elementos de seguridad pública http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201703/360grados/20159/Diputados-aprueban-aumento-de-$100-del-bono-trimestral-que-reciben-elementos-de-seguridad-pública.htm 360 grados Thu, 23 Mar 2017 17:19:40 +0100 http://www.elfaro.net/es/201703/360grados/20159/Diputados-aprueban-aumento-de-$100-del-bono-trimestral-que-reciben-elementos-de-seguridad-pública.htm México | Asesinan a Miroslava Breach, corresponsal de 'La Jornada' en Chihuahua http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201703/360grados/20158/México-|-Asesinan-a-Miroslava-Breach-corresponsal-de-'La-Jornada'-en-Chihuahua.htm 360 grados Thu, 23 Mar 2017 16:12:05 +0100 http://www.elfaro.net/es/201703/360grados/20158/México-|-Asesinan-a-Miroslava-Breach-corresponsal-de-'La-Jornada'-en-Chihuahua.htm La prohibición de la minería metálica o el suicidio colectivo César Saravia http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000026333.jpg http://www.elfaro.net/es/201703/columnas/20145/La-prohibición-de-la-minería-metálica-o-el-suicidio-colectivo.htm El 9 de marzo se realizó la “gran marcha contra la minería”, convocada por la iglesia católica y acompañada por diversas organizaciones que integran la Mesa Nacional Frente a la Minería. El objetivo de la marcha era presionar a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa para la aprobación del proyecto de Ley para la prohibición de la minería en El Salvador. Ese día, la iglesia católica abandonó los templos para dar un espaldarazo al movimiento social y la lucha antiminería, que ha sido en el último tiempo uno de los principales esfuerzos colectivos de resistencia en el país.

En la actualidad, la industria minera sigue tomando fuerza en los países de Latinoamérica con el favor de los gobiernos que buscan desesperadamente atraer inversiones, sobre la base de un modelo extractivista y del fetichismo del crecimiento económico. En algunos países de la región, estas empresas tienen el control de proyectos de transporte, ferroviarios, portuarios, entre otros, con contratos de concesión que básicamente anulan la soberanía del Estado en los territorios donde operan, así como la autodeterminación de las comunidades. En el caso de Centroamérica, se estima que cerca del 14% del territorio ha sido concesionado a empresas mineras. En países como Honduras, las trasnacionales ya cuentan con un 35% del territorio para la explotación (algo así como la superficie total de El Salvador).

Una de las principales problemáticas de la explotación minera es que arrastra consigo un profundo modelo de conflictividad social, pues estos megaproyectos eligen territorios que hasta ese entonces se mantenían relativamente por fuera del circuito de explotación capitalista, creando una resistencia de parte de las comunidades que ahí se reproducen. Entre los prejuicios sociales encontramos un aumento en la militarización, criminalización de la protesta, reducción de los espacios democráticos, hasta el asesinato de los opositores a estos proyectos, como ya ocurrió en El Salvador.

Entre las principales promesas que están detrás de la explotación minera se encuentra la de la generación de empleos y dinamización de la economía local. Este es quizás el principal argumento que se utiliza en favor de las empresas. Si bien es cierto que la explotación minera implica una serie de actividades de construcción, como carreteras, vivienda y otras actividades económicas, lo cierto es que se genera una dependencia a esta empresa, desplazando otras actividades productivas a menor escala. Esto es especialmente problemático puesto que las actividades mineras suelen tener unos tiempos de vida cercanos a los 10 años.

En lo que se refiere a la generación de empleos, estos presentan una curva decreciente, pues en las actividades de construcción pueden llegar a generar ciertos picos, pero una vez que las operaciones se instalan la actividad es realizada principalmente por maquinaria pesada, por lo que es una actividad intensiva en capital. Estimaciones hechas para el caso argentino señalan que por cada 1 millón de dólares invertidos se generan entre 0.5 y 2 empleos directos. Si tomamos los datos de Chile, país modelo en actividad minera y en implementación de políticas neoliberales, se encuentra que el porcentaje de participación del sector en la generación de empleos pasó de ser 1.34% del total de ocupados en 1990 al 0.67% en el 2004, en contraste con un incremento del 240% de aumento en volumen de extracción durante el mismo periodo.

Otro de los argumentos a favor de la minería, incluso defendido por sectores de izquierda, pasa por los beneficios fiscales que esta pudiera traer al país, sobre todo en un contexto de crisis fiscal. No se considera que los costos ambientales, que ya son altos en El Salvador, demandan una partida presupuestal importante para minimizar el impacto, no solo en términos de descontaminación y monitoreo, sino en los costos por enfermedades en la población.

No existe, de momento, ningún tipo de explotación minera a gran escala que no sea contaminante. La llamada “minería moderna”, minería trasnacional a cielo abierto, se caracteriza por una explotación a gran escala, que abarca una gran cantidad de hectáreas que serán degradadas, sustrayendo diariamente toneladas de roca, se estima que se generan 4 toneladas de escombros por cada gramo de oro. Adicionalmente, esta práctica demanda un uso intensivo de explosivos, agua, y sustancias químicas de alta toxicidad como el cianuro, ácido sulfúrico y mercurio. La tragedia ocurrida en Minas Gerais, Brasil en 2015, con el derrame de 55 millones de metros cúbicos de barro tóxico que sepultó a toda una población, demuestra lo lejos que están estos proyectos de no ser un peligro. Si a lo anterior sumamos la ya delicada situación de disponibilidad de agua en El Salvador, la explotación minera a gran escala no solo no parece una buena idea, sino más bien, un auténtico suicidio colectivo.

La aprobación de la Ley de prohibición parece hoy más probable con el apoyo de la iglesia, pues pone a los partidos de derecha en una encrucijada. No obstante, de darse la aprobación, debe verse como un triunfo de las organizaciones y de las comunidades del norte del país que desde hace años vienen haciendo una lucha férrea. Representa un impulso al movimiento social y a la sociedad civil, frente a la débil capacidad de los partidos políticos de canalizar estas demandas. Un triunfo conseguido desde las bases, como un ejemplo de dignidad, tan importante para cambiar las cosas.

*César Saravia es ingeniero y escritor. Actualmente reside en Argentina donde cursa estudios de posgrado en Políticas Ambientales y Territoriales en la Universidad de Buenos Aires. Es miembro del Movimiento Centroamericano 2 de Marzo.

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Columnas Thu, 23 Mar 2017 11:05:40 +0100 http://www.elfaro.net/es/201703/columnas/20145/La-prohibición-de-la-minería-metálica-o-el-suicidio-colectivo.htm
PDDH concluye que la Policía ejecutó a los esposos Mejía Hernández http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000026331.jpg http://www.elfaro.net/es/201703/el_salvador/20154/PDDH-concluye-que-la-Policía-ejecutó-a-los-esposos-Mejía-Hernández.htm 18 meses después de haber iniciado una investigación, la PDDH concluye que en San Felipe, San Pedro Masahuat, la Policía ejecutó a los esposos Mejía Hernández, y declaró incierta la muerte de la agente Ana Deysi Cabrera. La institución pide a la Fiscalía que procese a los involucrados en las ejecuciones y a la Inspectoría de la PNC confirmar o descartar la participación de policías tanto en la ejecución de la pareja como de la agente. En el caserío San Felipe no hubo ningún enfrentamiento, ocurrió una ejecución. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha concluído que agentes de la Policía Nacional Civil ejecutaron a los esposos Saidra Hernández y Óscar Mejía en la noche del 30 de junio de 2015, en el caserío San Felipe de San Pedro Masahuat, La Paz, en el marco de un procedimiento policial en el que también fue asesinada, en circunstancias desconocidas, la agente del 911 Ana Deysi Cabrera Hernández. 

En una resolución firmada por la procuradora Raquel Guevara y entregada este martes 22 de marzo a los familiares de las víctimas, la PDDH falla en contra de la institución policial, que desde la noche de los crímenes, hasta ahora, ha insistido en que lo ocurrido en San Felipe fue un 'enfrentamiento' entre pandilleros y agentes policiales. En el fallo, sin embargo, la PDDH descarta la existencia de ese enfrentamiento y concluye que "existe violación del derecho a la vida, por ejecuciones extralegales, por parte de elementos de la Policía Nacional Civil destacados en el departamento de La Paz; en perjuicio de la señora Saidra del Tránsito Hernández de Mejía y el señor Óscar Mejía Cisneros".

Saidra Hernández tenía 39 años y trabajaba en una maquila de la zona franca El Pedregal. Óscar Mejía, de 48, era un subsargento de marina retirado que trabajaba de vigilante privado. 

Saidra Hernández tenía 39 años y trabajaba en una maquila de la zona franca El Pedregal. Óscar Mejía, de 48, era un subsargento de marina retirado que trabajaba de vigilante privado. 

Según los documentos entregados a los familiares de los esposos Mejía Hernández, el fallo fue firmado el pasado 17 de marzo, pero fue entregado dos días después de que este periódico publicara la investigación "Cuando la Policía mata a la familia de un policía", un reportaje en el que el hermano de una de las víctimas, el agente Antonio Hernández, denuncia a sus compañeros agentes por haber asesinado a sus parientes y alterado las escenas del crimen y por una amenaza de muerte pronunciada en su conta dos días después del incidente. 

En la noche del 30 de junio de 2015, en la calle principal del caserío San Felipe fue abatida la agente Ana Deysi Cabrera, cerca de un callejón ubicado en la esquina de la casa contigua a la vivienda de los esposos Mejía Hernández. Minutos después de que la agente cayera, testigos relataron a El Faro que un grupo de policías se acercó al terreno de los Mejía y comenzó a disparar hacia su interior. Saidra Hernández, que se encontraba en un cuarto de cocina cercano a la calle principal, fue sometida y extraída al patio interno de la vivienda. Ella rogó por su vida, hasta que sus gritos dejaron de escucharse después de una balacera. La autopsia evidenció ocho impactos de bala, la mayoría en su espalda y glúteos. Su esposo, Óscar, descansaba en un cuarto más al interior del terreno. Al percatarse del ataque pidió a los agentes que se detuvieran, pero al advertir que lo atacaban se defendió. Fue herido, y desangrándose huyó del lugar, buscando auxilio en la casa de su cuñado, un agente de la PNC entonces destacado en La Paz. Minutos más tarde, Óscar huyó de nuevo hacia el monte, donde fue encontrado y rematado. La autopsia reveló 29 orificios producidos por proyectil de arma de fuego, cinco de ellos en la cabeza, tres de estos "de atrás hacia adelante". 

El agente Antonio Hernández, que llegó a San Felipe unos 20 minutos después de ocurridos los crímenes, denunció que a su hermana le colocaron una pistola contiguo a su cuerpo, hecho que comprobó al regresar una segunda vez hasta el lugar en el que yacía su cadáver. Sobre la colocación de esa pistola, la PDDH dice: "La señora de Mejía no representaba una amenaza para la vida de los agentes policiales, pues no se encontraba armada, no opuso resistencia a la autoridad, ni pretendió fugarse; y la pistola que fue encontrada cerca de su cuerpo al procesar la escena, por ser esta de tipo deportivo, de gas comprimido, sin cargador ni cilindro, era imposible que pudiera ser utilizada para realizar disparos de arma de fuego".

En este punto, la PDDH también destaca un hecho "grave". El análisis químico y de balística que la Policía efectuó al cadáver y manos de Saidra Hernández plantea que ella sí disparó un arma de fuego. Pero la PDDH concluye que "resulta extraño que el resultado del peritaje físico químico forense estableciera residuos de disparo de arma de luego en ambas manos, camisa y pantalón de la señora Hernández de Mejía, ya que a está no se le encontró ningún arma de fuego". Para la PDDH "esta situación es gravísima y debe ser investigada cuidadosamente por la Fiscalía General de la República".

Sobre el lugar en el que fue encontrado el cadáver de Óscar Mejía, la PDDH destaca otra probable alteración de la escena. En los informes de la Fiscalía consta que el cadáver fue encontrado en una zona verde, con una camisa blanca manchada al parecer de sangre. Sin embargo, la PDDH resalta: "En las fotografías 213, 214, 215, 216, muestran el cuerpo de dicho señor sin camisa, con signos de arrastre en la espalda".

Ademas, la PDDH destaca que "la cantidad de disparos que le fueron propinados a este, al parecer, cuando ya había sido lesionado previamente, y en su mayoría por la espalda, refieren la desproporcionalidad con la que actuaron. Asimismo, dan fuertes indicios de que fue ultimado en el predio baldío donde al parecer intentó refugiarse". A El Faro, testigos relataron que Óscar Mejía intentó refugiarse bajo las ramas de un árbol de marañón que simulaban una especie de cueva. En ese lugar, al siguiente día de los hechos, la familia asegura haber encontrado 14 casquillos de bala y un proyectil.

Este fallo de la PDDH, aunque contundente, no es vinculante, y no obliga a las autoridades a abrir una investigación en contra de los agentes de la Policía vinculados a este caso. Las familias de los esposos Mejía Hernández y de la agente Ana Deysi Cabrera, sin embargo, exigen que se investigue y se haga justicia, y además de la PDDH han buscado apoyo en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA).

Arnau Baulenas, coordinador del IDHUCA, confirmó a El Faro que ya están en comunicaciones con las familias de las víctimas para trabajar el caso. "En el momento que se abra el proceso judicial, y si la familia así lo quiere, nosotros vamos a querellar", dijo. 

Dina Cabrera, hermana de la agente Ana Deysi Cabrera, celebró la resolución y respondió a estar dispuesta a continuar con este proceso hasta encontrar justicia. 

La Policía se enreda más y más

En una de las versiones de la Policía, los esposos Mejía eran unos pandilleros de la Mara Salvatrucha que atacaron a una patrulla policial dando muerte a la agente Deysi Cabrera. En otra, solo Óscar era miembro de la MS. En otra más, ambos eran parte de un grupo de cino pandilleros que atacaron a una patrulla policial.

En el fallo de la PDDH, la institución concluye que los esposos Mejía Hernández no participaron de ningún enfrentamiento, y que "debe profundizarse la investigación de la agresión sufrida por la agente Cabrera Hernández, de cuya autoría esta Procuraduría no tiene certeza".

El 20 de marzo, El Faro consignó extractos de un informe elaborado por la PDDH que data de enero de 2016. En el fallo develado este día por la PDDH, la institución relata nuevos testimonios de policías que participaron del operativo. Estas versiones fueron obtenidas por la Fiscalía y por la misma PDDH. Los agentes plantean nuevos escenarios que desembocaron en la muerte de la agente Deysi Cabrera, y en el posterior 'enfrentamiento' con Óscar Mejía. La PDDH es contundente al catalogar estas versiones como "inconsistentes".

Por ejemplo, si la PNC ya había entrado en tres contradicciones cuando explicó las razones por las cuales Deysi Cabrera y una patrulla policial ingresaron a la calle principal del caserío, ahora los agentes que participaron en el operativo incluso sugieren que no fueron ellos quienes abatieron a los esposos Mejía Hernández, como lo narra el parte policial.

La Policía había dicho que el operativo de aquella noche buscaba perseguir a pandilleros que habrian atacado, el 29 de junio, la subdelegación El Pedregal, dando muerte a un sargento de la PNC. Pero también había dicho que habían llegado alertados por la presencia de un grupo de pandilleros armados. Y también había dicho que buscaban sujetos con apariencia de pandilleros en una casa de dos plantas. Ahora, cuatro agentes también dicen que "al ser informados de la presencia de pandilleros en una casa contiguo a una iglesia, rodearon la casa, y cuando la agente Deysi se desplazaba hacia el falso que otros elementos policiales intentaban abrir, desde su interior comenzaron a dispararles".  

Según esta nueva versión, los policías no fueron los que abatieron a ese atacante, a unos 300 metros de la casa de los Mejía. "El sujeto que hirió a la compañera vestía una camiseta blanca tipo polo salió huyendo y lo persiguieron. Posteriormente montaron un rastreo sobre la zona encontrando al sujeto enmedio de un matorral, ya fallecido, junto a un arma de fuego, ya que este iba herido antes de huir".

En otra versión, la agente Ana Deysi Cabrera "iba adelante, se encontraba enfrente de la palanquera, (y) comenzó a retroceder ya que había sido herida de bala en el pecho, por lo cual fue auxiliada por uno de los compañeros, pero murió en pocos segundos".

Estás dos últimas versiones resultan imposibles dadas las condiciones del terreno en el que aseguran haber estado parados los policías cuando fueron atacados. Tendrían que estar ciegos como para no haberse percatado, mientras se acercaban al falso, que al otro lado, en una esquina reducida y estrecha, pero a la vista, había un hombre armado que los esparaba, apuntándoles con una pistola, lanzándoles un disparo en diagonal. Resulta imposible, además, porque hay testigos de vista que aseguran que Óscar Mejía estaba encerrado en un segundo cuarto, y no al otro lado del falso, en el patio de su propiedad. 

En otra versión, "los policías ingresaron a la vivienda de los esposos Mejía Hernández porque un pandillero había ingresado a esta". 

En otra versión, los policías dijeron que en el terreno de los Mejía Hernández se encontraba un sujeto disparando, "resultando lesionado otro agente en ambas piernas". Los policías le habrían mandado comandos verbales para que se entregara, pero el sujeto continó disparando, "dándose un intercambio de disparos que duró aproximadamente veinte minutos". Según la PDDH, uno de los entrevistados narró que cuando ingresó a la vivienda "observó el cadáver de una persona del sexo femenino tirada en el suelo, frente a la casa donde estuvo el sujeto que disparaba, quien se dio a la fuga por la puerta trasera de la vivienda". Según explica la PDDH, esos policías dijeron que "rodearon la zona para ubicarlo y lo encontraron fallecido en un predio baldío".

Según testigos que hablaron con El Faro, Óscar se defendió desde el segundo cuarto,  y para la PDDH, aunque haya utilizado su arma contra los elementos policiales, "es poco probable que con un arma como la que le fue encontrada pudiese sostener un enfrentamiento con una cantidad de policías como la descrita, durante aproximadamente veinte minutos". Óscar Mejía era un subsargenteo de la marina retirado desde 1991 que trabajaba como vigilante privado. Tenía una Smith & Wesson 9 milímetros, en regla, que ocupaba como herramienta de trabajo y con lo cual se aseguraba un bono extra de $10 en su salario. La PDDH también destaca que en los análisis balísticos al cuerpo, ropas y manos de Óscar Mejía no existe dato de si los resultados eran consistentes o no con residuos de disparo de arma de fuego. 

En las nuevas declaraciones de los agentes, la PDDH destaca otro elemento que genera más inconsistencias. El Faro reveló que en 77 marcas de evidencia que recogieron los investigadores, en ninguna aparecía el arma de la agente Deysi Cabrera. Ahora sus compañeros alegan que la recogieron de la escena porque "podía extraviarse".

El arma fue entregada el 1 de julio de 2015 a la Unidad de Delitos Especiales de la Dirección Central de Investigaciones, por un agente del 911 de San Juan Nonualco. "Desconociendo si esta había sido procesada y embalada en la escena". La PDDH relata que un policía testificó que "un compañero del cual no recuerda el nombre le hizo entrega del arma de Deysi, para que no se fuera a extraviar". "El arma era una pistola Beretta Taurus modelo PT 92 AF calibre 9mm" (sic) según el peritaje policial.

La evidencia balística arrojó que Deysi Cabrera había tenido resultados positivos por residuos de pólvora en sus manos y ropas. Para la PDDH este hallazgo es inconsistente, dado que la sustracción de su arma de la escena es una clara alteración de la misma. "No puede asegurarse que el arma entregada de manera separada a la Unidad de Investigaciones de la PNC, no haya sido alterada o cambiada", dice la PDDH. 

La PDDH sigue dando validez a los testimonios que apuntan a que la agente Ana Deysi Cabrera fue abatida lejos de los esposos Mejía Hernández. Con testimonios de policías, la PDDH plantea que se designó a una agente mujer (Deysi) a cubrir el resto del equipo de agentes que habria entrado por un pasaje cercano, y que luego "se escuchó un disparo resultando herida mortalmente la citada agente. Al advertir lo anterior, los agentes se desplazaron al lugar, disparando a ráfagas indiscriminadamente por toda la zona, lo cual duró aproximadamente una hora".

¿Quién mató a la agente Deysi Cabrera? Dadas las numerosas inconsistencias, para la Procuraduría es indispensable que la Inspectoría adopte un papel más protagónico en el caso para "ordenar la realización de las diligencias necesarias que permitan establecer o desvanecer, fehacientemente, la responsabilidad de los elementos de la Policía Nacional Civil en la muerte de los esposos Mejía Hernández, incluso la muerte de la agente".

En este nuevo informe, y a diferencia del informe de enero de 2016 al que El Faro tuvo acceso, la PDDH le ha bajado volumen a la dirección del jefe de la subdelegación El Pedregal, el subinspector Nicanor Calderón, en la alteración de las escenas. Sobre este oficial, la PDDH solo confirma que era quien dirigía el operativo, y recomienda a la Fiscalía que investigue y procese a los policías que participaron en las ejecuciones de los esposos Mejía Hernández, y a la Policía que investigue si hay más agentes involucrados en este caso. En el informe anterior, la PDDH era más contundente, cuando señalaba que la versión en la que Óscar mató a la agente Deysi "al parecer fue inventada" por Nicanor Calderón: "Hay fuertes indicios de que las escenas del fallecimiento de los esposos Mejía fueron alteradas para favorecer a los elementos policiales responsables de su muerte", dice ese otro documento.

El domingo 19 de marzo, Nicanor Calderón dijo a El Faro que el "mantenía" la versión oficial de lo que había ocurrido en San Felipe, que en la Policía no tenía investigación abierta y que no daría más declaraciones, a menos que se lo autorizara la PNC. 

Sobre este caso, el domingo 19, el director de la Policía dijo a El Faro que que aún no hay investigación suficiente como para que pueda comentarlo con la prensa. "Ese caso es uno de los que estamos viendo con Fiscalía y con Procuraduría de Derechos Humanos que está en curso. No se ha avanzado lo suficiente como para dar declaraciones al respecto", escribió.

La noche de los crímenes, Cotto llegó a San Felipe y se limitó a replicar la versión de sus subalternos. "Ellos tenían armas", afirmó, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias AFP. 

El mismo día de la publicación, en declaraciones a la prensa, el director de la Policía dijo que se había iniciado una campaña en contra de la PNC "por supuestas violaciones a los derechos humanos". 

Obstaculización, encubrimiento

El fallo de la PDDH habla de una serie de omisiones y negaciones de parte de la Policía, la Fiscalía y la Inspectoría para dar con las verdaderas razones detrás de las muertes de los esposos Mejía Hernández, pero también de la agente Ana Deysi Cabrera.

"Los fallecimientos de la agente Cabrera Hernández y del matrimonio Mejía, no han contado aún con un verdadero acceso a la justicia, e incluso podría advertirse cierto sesgo en la investigación efectuada hasta la fecha, ya que sólo se han tomado testimonios de agentes de la PNC; y no se han obtenido testimonios de las personas residentes del lugar que pudieran haber presenciado el procedimiento policial, así como a los familiares de los esposos Mejía Hernández", dice la PDDH.

Sobre el papel de la Fiscalía en este caso, la PDDH concluye que "es preocupante la pasividad advertida en la Fiscalía General de la República al no considerar que los fallecimientos de la señora Saidra del Tránsito y Óscar Mejía Cisneros, pudiesen devenir de un abuso de poder por actos arbitrarios y que deben ser investigados; además, porque desde el procesamiento de la escena el fiscal del caso decidiera no incautar las armas de los agentes policiales que participaron en el procedimiento, lo cual hubiese sido clave para individualizar al responsable o responsables de su muerte".

Sobre la Inspectoría, la PDDH critica que desestimó las alertas enviadas por esta institución en septiembre de 2015, y "por tanto resulta inaceptable la omisión de promover la investigación de la actuación policial descrita, (...) la cual representa no sólo una omisión de sus deberes institucionales, sino también un claro incumplimiento al requerimiento efectuado por esta institución".

A medicina legal, la PDDH también hace un señalamiento para que se procesen mejor los levantamientos forenses y las autopsias, dado que en el caso del levantamiento forense, los médicos dijeron haber analizado el cadáver de Saidra Hernández "sobre la calle principal" y no en el interior del patio de su vivienda. Y en el caso de la autopsia de Óscar Mejía, los médicos hicieron un mal conteo de los orificios de entrada y salida de proyectiles.  "Además, llama la atención que hubieran más salidas que entradas, puesto que esto solo podría darse si dos o más proyectiles hubieran entrado por el mismo orificio, lo cual es poco probable bajo las condiciones en las que se supone que dicha persona fue abatida a balazos (en intercambio de disparos)", dice la PDDH. 

La PDDH concluye que "la muerte de la agente policial y del matrimonio Mejía merecen justicia, y ello se alcanza con la investigación debida y la sanción de los responsables de tales hechos". Según la institución, una copia del fallo ha sido enviada a las oficinas de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.

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El Salvador Wed, 22 Mar 2017 19:25:30 +0100 http://www.elfaro.net/es/201703/el_salvador/20154/PDDH-concluye-que-la-Policía-ejecutó-a-los-esposos-Mejía-Hernández.htm
Fiscalía consigue que sospechoso de caso Funes acceda a declarar contra el expresidente http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_1000_667/images%7Ccms-image-000023936.JPG http://www.elfaro.net/es/201703/el_salvador/20157/Fiscalía-consigue-que-sospechoso-de-caso-Funes-acceda-a-declarar-contra-el-expresidente.htm En febrero de 2017, la Fiscalía acudió a un juzgado de Paz de San Salvador para validar la inclusión de una persona involucrada en la presunta corrupción del expresidente Funes, en calidad de testigo con criterio de oportunidad para acusar al exmandatario. El documento es parte de las pesquisas iniciales de la Fiscalía para intentar procesar a Funes por lavado de dinero.

El expresidente de la república, Mauricio Funes, fue citado a la Fiscalía General de la República para colaborar como testigo en la investigación de la tregua entre pandillas, que se fue pactada en marzo de 2012. En el proceso estuvieron involucrados el actual ministro de defensa, David munguía Payés, Raúl Mijango y el Capellán de la Fuerza Armada, Fabio Colindres. El exmandatario se presento a brindar declaraciones, en un proceso que duró más de cinco horas. el 03022016 Foto: Víctor Peña

El expresidente de la república, Mauricio Funes, atiende a los medios en la Fiscalía, en febrero de 2016 Foto: Víctor Peña

El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ya ha dado su aval a una petición de la Fiscalía General, para que una de las 13 personas que han declarado en la investigación por presunto lavado de dinero y activos contra el expresidente Mauricio Funes, se convierta en "testigo criteriado" y eventualmente pueda incriminar al acusado, a cambio de recibir beneficios penales.

El juzgado recibió el requerimiento de la Fiscalía a inicios de año, y en febrero pasado lo resolvió favorablemente. Funes, quien gobernó El Salvador entre 2009 y 2014 como el primer presidente del FMLN -el partido de la exguerrilla-, no tiene acusación formal en el ámbito penal, pero el 17 de agosto pasado la Fiscalía allanó siete propiedades vinculadas al empresario Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, como parte de pesquisas preliminares sobre su posible participación en cinco delitos de corrupción.

La petición de la Fiscalía está enmarcada en una investigación por lavado de dinero contra Funes y otras dos personas: su pareja y madre de uno de sus hijos, Ada Mitchell Guzmán, y el empresario Miguel Menéndez, conocido como "Mecafé", quien fue uno de los principales patrocinadores de la candidatura presidencial del exentrevistador de televisión y que durante la administración de su amigo obtuvo millonarios contratos por prestación de servicios de seguridad al gobierno.

Las pesquisas constan en el requerimiento al que tuvo acceso El Faro y que tiene en su poder Nelly Pozas, la misma jueza que envió a prisión al expresidente Antonio Saca.

El 2 de septiembre, Funes obtuvo asilo político en Nicaragua y, desde entonces, ha visto cómo marcha el proceso civil por enriquecimiento ilícito que ventila en su contra una cámara de San Salvador, debido a que no pudo justificar 728 mil dólares de su patrimonio. 

Usualmente, los requerimientos se usan como el puntapié inicial de una investigación penal. Pero en este caso, la Fiscalía está utilizando el requerimiento como una herramienta para convertir a un involucrado en los posibles delitos, en testigo, a cambio de beneficios en el proceso judicial. El artículo 295 del Código Procesal Penal llama a esta figura “criterio de oportunidad”.

El proceso para que un acusado se convierta en testigo solo puede iniciar a petición de la Fiscalía. La condición es que el testigo criteriado "contribuya decisivamente al esclarecimiento de la participación de otros imputados en el mismo hecho o en otro más grave", según el artículo 18 del Código Procesal Penal. Una vez que la Fiscalía llega a un acuerdo con el imputado y su defensa para que colaboren en el proceso, este rinde una declaración en la Fiscalía. Después de esto, la Fiscalía debe pedir a un juez que valide el acuerdo. En el caso contra Funes, Guzmán y Mecafé, fue la jueza Cuarta de Paz quien autorizó el proceso. La Fiscalía ha pedido la reserva total del caso en esta fase preliminar.

La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía busca probar que el expresidente Funes, Ada Mitchell Guzmán y Miguel Menéndez “Mecafé” realizaron transacciones ilícitas por medio de la sociedad Latin America Spas, S.A. de C.V. Esta es la empresa que vincula a Menéndez con Guzmán y Funes, según reveló El Faro en una investigación publicada en mayo de 2014.

El Faro preguntó a Jorge Cortez, jefe fiscal de Investigación Financiera, si este es el único caso contra Funes y personas cercanas a él o a su gobierno, o si hay otros. Cortez dijo, vía telefónica, que no está autorizado a brindar declaraciones sobre el tema.

Hasta inicios de febrero de este año, los fiscales habían presentado ante la jueza al menos 13 testimonios de personas que estuvieron relacionadas con la sociedad Latin America Spas.  Los testimonios, las compraventas realizadas por la sociedad, dice la Fiscalía en la petición ante la jueza, "permiten sostener que los verdaderos titulares de las referidas y de los inmuebles son los investigados por el delito de Lavado de Dinero y de Activos, señores Carlos Mauricio Funes Cartagena, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza y Juan José Miguel Antonio Menéndez Avelar”.

La Fiscalía señala que la forma en que se constituyó la sociedad Latin America Spas fue irregular.  "... en la causa sub lite -bajo disputa-, se ha acreditado la situación irregular con la que fueron constituidos los referidos entes jurídicos, así como las compraventas de los inmuebles”, dice el documento.

Al menos una de las propiedades de Latin America Spas ha sido congelada por orden del juzgado Cuarto de Paz y que ya ha realizó una audiencia en la que admitió la participación del testigo criteriado en el caso.

Según consta en el registro público, una propiedad de Latin America Spas tiene anotación preventiva -congelamiento- solicitada en enero de este año por la Fiscalía y ratificada por la jueza el 10 de marzo. En la propiedad, ubicada en la Urbanización Santa Elena, de Antiguo Cuscaltán, está construida una mansión que frecuentaba Ada Mitchell Guzmán.

Desde este lunes 20 de marzo, el expresidente ha enviado varios mensajes en su cuenta de Twitter, advirtiendo que la Fiscalía usará la figura legal de testigos criteriados en su contra.

 

El spa de la cadena de favores

El Faro publicó en mayo de 2014 una investigación en la que registra una serie de compraventas realizadas por la sociedad en cuestión en la que aparecen más inmuebles. Según una de las escrituras de compraventa, Latin America Spas entregó, el 13 de octubre de 2012, un anticipo de 25 mil dólares a Miguel Menéndez, el administrador único de Mecafé S.A. de C.V., por una lujosa propiedad ubicada en el número 30 de la calle Maquilishuat. Y de acuerdo con el Registro de Comercio, Latin America Spas nació cuatro meses y medio más tarde, el 26 de febrero de 2013.

Latin America Spas fue fundada con 100 dólares por dos socios: Virginia María Vilanova Vargas, estudiante de 29 años y entonces residente de Soyapango, que compró 199 acciones por 99.50 dólares; y José Manuel Castillo Aguilar, de 39 años, abogado domiciliado en Mejicanos, que compró una acción con 50 centavos de dólar. Vilanova Vargas y Castillo Aguilar son parte del elenco de entrevistados de la Fiscalía.

El 13 de marzo de 2013, dos semanas después de su fundación, Latin America Spas se convirtió en propietaria legal de la casa de la calle Maquilishuat, comprometiéndose a pagar los 665 mil dólares; es decir que, sin tomar en cuenta la inversión para convertir la casa en Spa, y aun si el banco le hubiese hipotecado la casa por su valor total de mercado, Mecafé terminó perdiendo al menos 85 mil dólares en la operación.

El Faro también registró la compraventa de la propiedad congelada en el CNR. El 12 de julio de 2012, Latin America Spas compró un terreno ubicado en la calle Apaneca #2, en la urbanización Sierra de Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán. Las escrituras fueron notariadas por la misma persona que certificó la compraventa del spa de la Maquilishuat. Según testigos consultados por El Faro en 2014, esta es una residencia que Funes y Guzmán frecuentaban.

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El Salvador Wed, 22 Mar 2017 18:59:00 +0100 http://www.elfaro.net/es/201703/el_salvador/20157/Fiscalía-consigue-que-sospechoso-de-caso-Funes-acceda-a-declarar-contra-el-expresidente.htm
El viacrucis de María Teresa http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_444_1334_1334/images%7Ccms-image-000026325.jpg http://www.elfaro.net/es/201703/ef_foto/20148/El-viacrucis-de-María-Teresa.htm En el 2012, María Teresa sufrió un aborto espontáneo en una fosa séptica, en su casa en San Salvador. Ella tenía 33 años y fue condenada a 40 años de prisión, acusada de homicidio agravado. Rivera aseguró que cuando sufrió el aborto no sabía que estaba embarazada, pero el juez que la condenó, José Antonio Flores, dedujo que no era creíble su versión, debido a que anteriormente ya había estado embarazada, y que por lo tanto ella había asesinado a ese otro hijo al lanzarlo a la fosa séptica, provocándole una asfixia perinatal. El 20 de mayo de 2016, María Teresa recuperó su libertad después de que la sentencia fuera anulada. No existían suficientes evidencias de ese 'asesinato' que reclamó el juez. La Fiscalía apeló la resolución, y Rivera solicitó refugio a Suecia, en octubre de ese año. Este 21 de marzo le fue concedido el estatus de refugiada por sufrir persecución política y jurídica en El Salvador, un país que condena el aborto con penas de hasta 40 años, sin que realmente existan investigaciones exhaustivas que determinen las razones detrás de los abortos sufridos por decenas de mujeres pobres del país, que hoy guardan prisión. Para Suecia, María Teresa Rivera, que ya está en el país europeo, ha sido criminalizada y El Salvador, que ya la metió presa una vez, no es capaz de brindarle ningún tipo de protección. EF Foto Wed, 22 Mar 2017 15:10:01 +0100 http://www.elfaro.net/es/201703/ef_foto/20148/El-viacrucis-de-María-Teresa.htm Director de la Policía vincula a exministro Eduardo Interiano con una red de trata de personas http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201703/360grados/20156/Director-de-la-Policía-vincula-a-exministro-Eduardo-Interiano-con-una-red-de-trata-de-personas.htm 360 grados Wed, 22 Mar 2017 14:56:39 +0100 http://www.elfaro.net/es/201703/360grados/20156/Director-de-la-Policía-vincula-a-exministro-Eduardo-Interiano-con-una-red-de-trata-de-personas.htm El gobierno asegura que la ‘ranfla’ de la MS-13 hondureña tenía 11 fusiles AK-47 en un penal http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000026329.jpg http://www.elfaro.net/es/201703/centroamerica/20151/El-gobierno-asegura-que-la-‘ranfla’-de-la-MS-13-hondureña-tenía-11-fusiles-AK-47-en-un-penal.htm Según un reporte del gobierno hondureño, las autoridades hallaron 11 fusiles AK-47, cuatro granadas industriales, 57 pistolas y cerca de 100,000 dólares en los sectores de la cárcel de San Pedro Sula donde estuvieron detenidos miembros de la filial hondureña de la Mara Salvatrucha, trasladados el pasado 17 de marzo a una cárcel de máxima seguridad recién inaugurada.

Fusil de asalto Avtomat Kaláshnikova modelo 1947, el más producido y letal del mundo, y que se conoce (tanto el original como los modelos derivados) como AK-47. Foto Lionel Bonaventure (AFP).

Fusil de asalto Avtomat Kaláshnikova modelo 1947, el más producido y letal del mundo, y que se conoce (tanto el original como los modelos derivados) como AK-47. Foto Lionel Bonaventure (AFP).

Tegucigalpa, HONDURAS. “Desde el lunes estamos haciendo investigaciones, algunas excavaciones y se han encontrado armas cortas, armas largas, granadas, municiones, dinero, drogas, aparatos eléctricos y conexiones de internet”, confirmó a la agencia de noticias AFP el subteniente José Coello, portavoz de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) en San Pedro Sula, ciudad situada a 180 kilómetros al norte de Tegucigalpa y considerada la capital industrial de Honduras.

Coello añadió que la operación sigue toda la semana en varios edificios del penal, donde fueron decomisados también 142 cargadores, 86 cajas de municiones y 2.3 millones de lempiras (unos 97,000 dólares).

Las autoridades iniciaron las investigaciones después de que el pasado viernes 17 de marzo un total de 755 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y de la pandilla Barrio 18 fueron trasladados del penal de San Pedro Sula a una cárcel de máxima seguridad recién construida en la localidad de Ilama, conocida como El Pozo por las condiciones de aislamiento en que permanecen los reos, similares a las del Centro Penal de Seguridad Zacatecoluca, conocido popularmente como Zacatraz.

Luego del traslado de las que se cree que son las estructuras de mando de las dos pandillas en Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández aseguró que fueron reubicados porque la inteligencia del Estado había descubierto que ellos preparaban una fuga masiva o “graves hechos violentos”.

Al interior del centro penal de San Pedro Sula “ha habido una cantidad de hechos que no se podían permitir y creímos que estábamos a punto de enfrentar una crisis de consecuencias insospechadas con todo el armamento y equipo que ellos mantenían”, justificó Hernández.

“Bien se pudo crear una fuga masiva y pudieron realizarse hechos violentos en contra de la población” de los alrededores de la cárcel, “y por ello se trasladó a estos 755 reclusos a El Pozo de Santa Bárbara”, agregó el mandatario.

El gobierno de Hernández, que se instaló en enero del 2014, empezó la construcción de cuatro cárceles, dos de las cuales han sido terminadas, incluida la de Ilama.

En las 24 cárceles que intregraban el sistema penitenciario hondureño había unos 15,000 reos. Ahora que son 26 los penales en funcionamiento, oficialmente se reporta que la cifra de privados de libertad es 17,500.

El 17 de mayo del 2004 murieron en el penal de San Pedro Sula 107 reos, la mayoría miembros de la pandilla 18, como consecuencia de un incendio. Pero la peor tragedia en las cárceles hondureñas ocurrió el 14 de febrero del 2012, cuando murieron 362 personas en otro incendio en la penitenciaría nacional de Comayagua, 50 kilómetros al norte de la capital.

La cárcel de San Pedro Sula, que se ubica en una zona cercana al centro de la ciudad, fue construida en la década de los cuarenta del siglo pasado para 800 reclusos, pero antes de los traslados albergaba a 3,227. Las autoridades suponen que desde esa prisión se planifican asesinatos, extorsiones, asaltos y otros delitos.

© Agence France-Presse

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Centroamérica Wed, 22 Mar 2017 11:45:55 +0100 http://www.elfaro.net/es/201703/centroamerica/20151/El-gobierno-asegura-que-la-‘ranfla’-de-la-MS-13-hondureña-tenía-11-fusiles-AK-47-en-un-penal.htm
Varias personas arrolladas y un policía apuñalado en Londres http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201703/360grados/20150/Varias-personas-arrolladas-y-un-policía-apuñalado-en-Londres.htm 360 grados Wed, 22 Mar 2017 10:33:07 +0100 http://www.elfaro.net/es/201703/360grados/20150/Varias-personas-arrolladas-y-un-policía-apuñalado-en-Londres.htm ¿Quién es Shirley Cruz? Adrien De Calan (AFP) / El Faro http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000026326.jpg http://www.elfaro.net/es/201703/centroamerica/20149/¿Quién-es-Shirley-Cruz.htm “Nadie imaginaba que sería futbolista, ni siquiera yo”, dice la costarricense Shirley Cruz, convertida en la capitana del equipo femenino del París Saint Germain, que esta temporada disputa la Champions League, torneo que la jugadora sueña con ganar por tercera ocasión en su carrera.

Shirley Cruz, futbolista de Costa Rica que juega en el Paris Saint Germain. Foto Franck Fife (AFP).

Shirley Cruz, futbolista de Costa Rica que juega en el Paris Saint Germain. Foto Franck Fife (AFP).

París, FRANCIA. “En Costa Rica, el fútbol es más bien un medio que utilizamos para acabar nuestros estudios. Normalmente vamos a Estados Unidos y estudiamos durante cuatro años para alcanzar un nivel profesional. Nunca pensé en que recibiría un sueldo por jugar al fútbol”, explica Shirley Cruz, 31 años, futbolista, costarricense.

Si se cruza uno por la calle con esta morena discreta, de 1,62 metros de altura y que apenas supera las 100 libras difícilmente llegaría a imaginarse que es uno de los pilares de la sección femenina del París Saint Germain (PSG).

“Mirándome las piernas, se ve”, bromea la centrocampista, con un punto de timidez. Y además, “tengo un corazón de deportista. Hace falta tenerlo para estar a mi nivel”.

Y ese corazón pertenece a Costa Rica, su país, al que sueña con clasificar para el Mundial de 2019 que se disputará en Francia, su patria de adopción.

Fue muy duro”

Abandonó muy joven su país, con apenas 20 años, para jugar en el Lyon. “Fue muy duro, tenemos ese lado latino en el que la familia es muy importante”, explica.

No obstante, “no me arrepiento de haber hecho esa elección. Me permitió crecer a nivel deportivo y personal. Es algo que espero poder enseñar a mis hijos o a los más jóvenes en Costa Rica. Que sepan que para poder alcanzar el éxito hay que trabajar muy duro”.

Un cazatalentos descubrió a Shirley Cruz en un torneo juvenil disputado en Canadá y le habló de la posibilidad de jugar en Francia. “En ese momento ni siquiera sabía que existía el fútbol profesional femenino”, recuerda.

Nacida en San José, la capital costarricense, en una familia numerosa de origen humilde, fichó por el Lyon en 2006, un club que estaba construyendo una plantilla poderosa para convertirse en una de las entidades punteras del fútbol femenino europeo que se mantiene hasta hoy.

Poco a poco fue ascendiendo escalones en el equipo lionés y ganó en dos ocasiones la Champions League, en 2011 y 2012, contribuyendo así a los primeros títulos europeos del fútbol femenino francés.

Su experiencia llevó al PSG a ficharla en el verano de 2012. El club de la capital acaba de ser adquirido por inversores de Qatar, que quieren hacer de la entidad una de las grandes de Europa, tanto en categoría masculina como en femenina.

Echo de menos mi país”

Con los años, Shirley Cruz se ganó el reconocimiento como una de las estrellas del fútbol femenino y un salario que ronda los 10,000 euros mensuales.

Cierto, el equipo femenino vive en otra galaxia que el masculino, cuyo capitán, el brasileño Thiago Silva gana 1.2 millones de dólares al mes (brutos, según el diario L'Equipe). Pero “que alguien nos pague por hacer lo que amamos ya está bien”, se conforma Cruz.

En 2015, el PSG alcanzó la final de la Liga de Campeones, perdida contra el Fráncfort. Esta temporada, el equipo francés está en cuartos de final, donde se enfrentará el jueves, en el partido de ida en Múnich, al Bayern, por un puesto en semifinales.

¿El objetivo de Shirley Cruz? “Ganar un título en París y poder acabar mi carrera con la Copa del Mundo-2019 en Francia”. Después quiere acabar sus estudios de kinesiología, un poco abandonados por el fútbol.

Y, por supuesto, regresar a su país: “Echo de menos mi país, echo de menos a mi familia, a mis amigos y todo eso. Creo que con la edad, una es más sensible”.

En su país, Shirley Cruz es la gran estrella futbolística, junto al portero del Real Madrid Keylor Navas. “Su carrera es un modelo, puesto que viene de un barrio desfavorecido (Rincón Grande de Pavas)”, subraya el diplomático Manuel Ignacio Morales, ministro consejero de la Embajada de Costa Rica en París.

“También es un referente para las mujeres. Con motivo del 8 de marzo, Día de la Mujer, se puso en circulación un sello con su imagen”, añade.

© Agence France-Presse

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Centroamérica Wed, 22 Mar 2017 09:19:48 +0100 http://www.elfaro.net/es/201703/centroamerica/20149/¿Quién-es-Shirley-Cruz.htm
“La PDDH tiene 37 casos abiertos en los últimos dos años que apuntan a ejecuciones extrajudiciales” http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000026308.jpg http://www.elfaro.net/es/201703/ef_radio/20146/“La-PDDH-tiene-37-casos-abiertos-en-los-últimos-dos-años-que-apuntan-a-ejecuciones-extrajudiciales”.htm En este programa hablamos con Daniel Valencia, periodista de El Faro, sobre la investigación: "Cuando la Policía mata a la familia de un policía", que relata cómo miembros de la PNC ejecutaron a la hermana y cuñado de un miembro de la policía. También hablamos con María Teresa Mejía, especialista de protección de Unicef, sobre la responsabilidad del Estado en los embarazos de adolescentes. ]]> EF Radio Tue, 21 Mar 2017 18:36:12 +0100 http://www.elfaro.net/es/201703/ef_radio/20146/“La-PDDH-tiene-37-casos-abiertos-en-los-últimos-dos-años-que-apuntan-a-ejecuciones-extrajudiciales”.htm Gobierno anuncia incremento de 100 dólares del bono trimestral a elementos de seguridad pública http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201703/360grados/20147/Gobierno-anuncia-incremento-de-100-dólares-del-bono-trimestral-a-elementos-de-seguridad-pública.htm 360 grados Tue, 21 Mar 2017 17:20:51 +0100 http://www.elfaro.net/es/201703/360grados/20147/Gobierno-anuncia-incremento-de-100-dólares-del-bono-trimestral-a-elementos-de-seguridad-pública.htm La importancia del centro histórico y su patrimonio Fabricio Valdivieso http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000026318.jpg http://www.elfaro.net/es/201703/columnas/20143/La-importancia-del-centro-histórico-y-su-patrimonio.htm El centro histórico es prácticamente un sitio arqueológico-histórico, sobre todo el área de la actual Plaza Libertad, pues en ese lugar es donde inicia la historia de la ciudad, y porque no decirlo, de los salvadoreños. Se trata de un importante cuadro en el actual emporio el cual fue trazado hace más de cuatro siglos. Afectivamente, ese cuadro ha sido el corazón de la urbe en donde hubo toda suerte de actividades como parte de la vida urbana: lo social, lo político, lo religiosos, el comercio y la armada han hecho uso de este espacio. La cultura incluso puede entenderse al observar el día a día citadino desde la plaza. Si viésemos el centro histórico como un recurso cultural invaluable para el desarrollo educativo, turístico y social, tomaríamos su plaza principal como el principio de un discurso sobre la historia de la nación: su colonia y la república. Y es porque aquí, en esta plaza, lo bueno y lo malo ha encontrado su puesto a lo largo del tiempo.

San Salvador, siglo XIX. Vista de la Plaza Mayor (hoy Plaza Libertad), desde el portal de la Iglesia Parroquial (hoy Iglesia del Rosario), en un grabado de Don Francisco Cisneros, impreso por M. Dupressoir. En primer plano la antigua fuente, y al fondo el volcán de San Salvador.

San Salvador, siglo XIX. Vista de la Plaza Mayor (hoy Plaza Libertad), desde el portal de la Iglesia Parroquial (hoy Iglesia del Rosario), en un grabado de Don Francisco Cisneros, impreso por M. Dupressoir. En primer plano la antigua fuente, y al fondo el volcán de San Salvador.

La ciudad, ya en el período de la República, expone distintos escenarios. En el caso de San Salvador, la urbe cambia constantemente, aunque su nuevo entorno se ajusta a la misma plantilla que le dio origen, al menos en su cuadro central y periferia. Las calles, en su principio de tierra apisonada y hierba, son ocasionalmente reemplazadas por piedra. En su origen estas calles se ajustaban al paso de carretas y caballos. Luego, a partir de 1915, se introducen automóviles al tiempo en que se adecuan nuevos sistemas de drenajes y desagües en la década de 1920. Por corto tiempo a principios del siglo XX, estas calles y avenidas son esporádicamente cortadas por los rieles del tranvía, y finalmente, en 1925, son pavimentadas. Siguiendo la vieja traza urbana, sobre el peatón moderno se alza el tendido eléctrico, postes y semáforos. Ahora bien, su entorno edificado se acomoda a los viejos solares, algunos quizás remontan al siglo XVI, mientras otros, la mayoría por seguro, modificados al paso del tiempo, sobre todo durante el siglo XIX y XX.

Muchos de estos antiguos solares han sido cortados por nuevas calles o caminos, otros han sido disminuidos o agrandados en donde se adaptaría un nuevo local, ya sea negocio, institución o residencia. No obstante, en este país las ciudades han sido constantemente afectadas por fenómenos naturales, incluyendo incendios y terremotos, siendo éstos los principales detonantes en su transformación física. Por lo anterior, muchos inmuebles históricos han desaparecido dando lugar a nuevos edificios. De hecho, el aspecto arquitectónico de la ciudad parece destinarse a un lapso reducido de tiempo, quizás no mayor de sesenta años. De este modo, la metrópolis salvadoreña en el contexto de la arqueología histórica se expone como un laboratorio ensayo-error en la búsqueda de construcciones adecuadas en respuesta a los fenómenos naturales. Durante los últimos siglos la construcción con gruesos ladrillos de adobe, o livianas paredes de bahareque o madera fueron opciones históricas en respuesta a los terremotos. Luego lo serían la introducción de lámina troquelada, la variación en el tamaño y grosor de la teja, luego la introducción de lámina y duralita como elementos livianos para techos y vigas más delgadas en la construcción doméstica. Finalmente las edificaciones macizas con cemento y hierro darían lugar a la reinvención definitiva del paisaje urbano.

 Catedral de San Salvador en ruinas (hoy en predio de la iglesia El Rosario), luego del terremoto de 1873. Grabado publicado en Londres en 1876, por

 Catedral de San Salvador en ruinas (hoy en predio de la iglesia El Rosario), luego del terremoto de 1873. Grabado publicado en Londres en 1876, por "Sporting Adventures in the Pacific" de W.R. Kennedy. 

Luego de la destrucción causada por algún evento natural, la reconstrucción también ofrece una ventaja para exponer en el ambiente el poder económico y político de la nación.Esto puede percibirse en el San Salvador construido luego de los terremotos de 1854, 1873, 1917, 1965 y 1986.Bien o mal, San Salvador no ha sido el mismo luego de estos siniestros. Sin embargo, el restablecimiento físico de la ciudad juega un nuevo rol en la historia, en el cual la política y la economía son las principales piezas. De estos dos poderes penderá el destino de los viejos edificios, la edificación de nuevos inmuebles, o el diseño de nuevos centros de comercio y gobierno. O en última instancia, tras la ruina de un terremoto se opta por trasladar la ciudad a un lugar más seguro tal se dio en 1854 con el surgimiento de Santa Tecla. En la mayoría de casos la política opta por erigir nuevamente la ciudad. Para la autoridad, las nuevas edificaciones tendrán un potente efecto en la imaginación del público y en el ego social en base a la economía emergente liderada por sus gobernantes. Lo anterior reivindica el poder político dentro de un ambiente de progreso percibido en la infraestructura urbana. Lo mismo es percibido de manera individual dentro del manejo de ciertas instancias, como lo es la reconstrucción física de las iglesias y el agrandamiento de sus templos. No obstante, en la transformación urbana también influye el crecimiento demográfico, el aumento del comercio y el incremento y diversificación de las instituciones públicas y privadas. También se suma la demanda pública por adoptar nuevas tendencias urbanísticas en línea con la tecnología, el transporte y los cambios en el mundo moderno.

Con el tiempo, los actuales edificios históricos o sus solares han cambiado de propietarios, y sus espacios han tenido diferentes funciones. El Salvador, a mediados del siglo XX experimenta la introducción intensiva de nueva tecnología constructiva de acuerdo a las demandas actuales, incluyendo la instalación de electricidad, servicio de tuberías y aire acondicionado, sistemas de incendio, nuevas pinturas y decoraciones, división de salones, adaptación de ascensores, sanitarios y otras intervenciones las cuales han transformado la figura original de algunos edificios. En otros casos, los espacios en donde yacían ciertos inmuebles históricos han sido totalmente convertidos en centros comerciales, cines o incluso estacionamientos, o abandonados como predios baldíos. En estos contextos el estudio arqueológico implica el reconocimiento de la ambientación y distribución original del antiguo inmueble dentro del contexto moderno. De este modo, el estudio arqueológico en los suelos del centro de San Salvador se torna un juego de dimensiones entre lo que debió ser y lo que es ahora.

Para la arqueología la historia de una ciudad no puede ser entendida a plenitud sin antes conocer sus cimientos. Los arqueólogos urbanos suelen concentrar sus observaciones en los centros históricos, siendo éstos los espacios de origen de las urbes modernas. Muchas ciudades salvadoreña actuales pueden todavía conservar el trazo original de la ciudad de antaño en su casco histórico, pero con la carencia de muchos de los antiguos edificios desaparecidos al paso del tiempo. No obstante, algunos solares actuales en los cascos históricos de este país tienen bajo el suelo restos de antiguas edificaciones. Es por esto que los centros históricos pueden tornarse en el sitio arqueológico por excelencia para el arqueólogo del pasado reciente.

Imágenes de la porcelana extraída del subsuelo del Coro Nacional (siglo XVIII y XIX) durante las excavaciones en el año 2003 dirigidas por Fabricio Valdivieso. Fotografías del autor.

Imágenes de la porcelana extraída del subsuelo del Coro Nacional (siglo XVIII y XIX) durante las excavaciones en el año 2003 dirigidas por Fabricio Valdivieso. Fotografías del autor.

En definitiva, el centro de San Salvador en sí, puede ser visto como un verdadero parque histórico, tal lo hacen otros centros históricos en el mundo, en donde se camina entre museos y galerías de diferentes temáticas, algunos administrados por instituciones públicas, otros surgidos de iniciativas privadas. Sus calles, edificios y plazas son un libro abierto para el peatón. O más bien un documento de historia en el ambiente colmado de diversos capítulos y temas. Dentro de una planificación adecuada para la protección y desarrollo del centro histórico, cada edificio contaría una historia. Toda esquina del centro aporta algo, el predio donde hubo un edificio, la huella de los terremotos y otros desastres (incendios, inundaciones), la arquitectura originada por la bonanza económica derivada del café, el paso de la guerra y la pugna política, hechos históricos como el asesinato de un presidente (Araujo) en una de las plazas, la represión y levantamientos, el entierro de un santo (Romero), la historia del comercio, el mercado, el transporte (los tranvías), el folclore y la tradición, leyendas urbanas o mitos de la cultura popular, los hallazgos arqueológicos prehispánicos, y mucho más. Todo aquel ambiente fortalecido con cedularios, ventanas arqueológicas, ojos históricos, banners e ilustraciones de antaño, y nueva tecnología como el scanner de información mediante el uso de teléfonos inteligentes o tabletas, y otros. Las viviendas antiguas, en mármol grabado narrarían la reseña de las familias que le habitaron un día, haciendo de sus calles un verdadero paseo por la historia de su gente.

La explotación de la cultura y el uso adecuado del patrimonio es un elemento importante de cambio en la vida del actual centro, dando un valor agregado a la nueva tecnología urbana actualmente en proceso, atrayendo comercio, mayor interés educativo, turismo y nueva inversión en la zona, incluyendo la promoción de la gastronomía y las artes, y el rescate y fortalecimiento de la identidad cultural y cívica apegada a una historia propia. Pero para ello se requiere del fomento de actividades relacionadas con estos aspectos del patrimonio y la cultura. Lo anterior incluye mercadeo y publicidad, capacitación de guías, mantenimiento, organización o establecimiento de organizaciones y comités de desarrollo y vigilancia, la creación de un sello de identidad para el área, suvenir relativos a la zona, brochures, mapas, y generar con ello un polo de atracción vinculado a los restaurantes, tiendas, mercados locales y al mismo transporte conectado por circuitos incluso afines con otros centros históricos y otros lugares atractivos del país. Un centro de información es importante, y el control sanitario, así como la seguridad. La cultura, la historia y el patrimonio se convierten así en un botón de desarrollo económico y social.

El centro de San Salvador, a mi parecer tiene el mayor potencial turístico, educativo y cultural del país, el cual sincroniza con cualquier nuevo plan de renovación e implementación de nueva tecnología urbana. Así es el futuro.

El terremoto del 16 de abril de 1854, por el viajero polaco-francés Arnold Boscowitz.

El terremoto del 16 de abril de 1854, por el viajero polaco-francés Arnold Boscowitz.

*Fabricio Valdivieso es Arqueólogo y posee maestría en estudios interdisciplinarios (MA) por parte de la Universidad de British Columbia, Canadá, con especialización en el desarrollo económico y social en base al patrimonio cultural. A su vez, ha obtenido cursos especializados en Estados Unidos y Japón con relación a su campo, habiendo dirigido más de una veintena de proyectos arqueológicos y culturales. En los últimos años ha publicado en destacadas revistas internacionales en países como México y España. Dirigió el Departamento de Arqueología de CONCULTURA entre los años 2002 y 2008, y actualmente se desempeña como consultor privado y miembro experto de ICAHM-ICOMOS para Latinoamérica.

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Columnas Mon, 20 Mar 2017 18:21:31 +0100 http://www.elfaro.net/es/201703/columnas/20143/La-importancia-del-centro-histórico-y-su-patrimonio.htm
Operan a Greco, el jaguar del zoológico Marvin Recinos (AFP) http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000026323.jpg http://www.elfaro.net/es/201703/ef_foto/20144/Operan-a-Greco-el-jaguar-del-zoológico.htm Greco, un jaguar del Zoológico Nacional de El Salvador, fue intervenido quirúrgicamente este lunes 20 de marzo en su pierna delantera derecha, para tratar de aliviarle los dolores derivados de la osteomielitis que padece desde hace años. En la operación participó Vilma Ortiz, la coordinadora del Departamento de Veterinaria y Nutrición del zoológico. Con la intervención se busca que, tras el período de convalecencia, el animal pueda caminar sin que le resulte tan doloroso, ya que su enfermedad es irreversible. El jaguar Greco es parte de la colección del zoo desde inicios de la presente década, y llegó al parque tras ser rescatado de un circo que operaba en el interior del país, y que mantenía a los animales en pésimas condiciones. Los jaguares son los felinos más grandes del continente americano, y hace un siglo aún vivían en libertad en las zonas boscosas de El Salvador. EF Foto Mon, 20 Mar 2017 18:09:22 +0100 http://www.elfaro.net/es/201703/ef_foto/20144/Operan-a-Greco-el-jaguar-del-zoológico.htm Historias de hambruna, inseguridad, desabastecimiento de medicamentos, alimentos... en Venezuela http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201703/360grados/20142/Historias-de-hambruna-inseguridad-desabastecimiento-de-medicamentos-alimentos-en-Venezuela.htm 360 grados Mon, 20 Mar 2017 17:10:34 +0100 http://www.elfaro.net/es/201703/360grados/20142/Historias-de-hambruna-inseguridad-desabastecimiento-de-medicamentos-alimentos-en-Venezuela.htm Brexit o el final a 44 años de ‘matrimonio de conveniencia’ entre Londres y Bruselas Ouerdya Ait Abdelmalek (AFP) / El Faro http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000024924.jpg http://www.elfaro.net/es/201703/internacionales/20141/Brexit-o-el-final-a-44-años-de-‘matrimonio-de-conveniencia’-entre-Londres-y-Bruselas.htm Londres inicia el 29 de marzo el proceso de ruptura con la Unión Europea que pondrá fin a más de cuatro décadas de un matrimonio de conveniencia que, según los expertos consultados por la agencia AFP, siempre estuvo más dominado por las cuestiones económicas que por las sentimentales.

Un ciudadano londinense camina hacia el Big Ben bajo un paraguas que simula una bandera británica, pocos días después de que el Reino Unido votara por el llamado Brexit, el abandono de la Unión Europea. Foto Justin Tallis (AFP).

Un ciudadano londinense camina hacia el Big Ben bajo un paraguas que simula una bandera británica, pocos días después de que el Reino Unido votara por el llamado Brexit, el abandono de la Unión Europea. Foto Justin Tallis (AFP).

Londres, REINO UNIDO. “Ya desde 1973 la relación del Reino Unido con la Unión Europea fue una relación utilitarista con el acento puesto en la dimensión económica”, dice Pauline Schnapper, profesora de estudios de la civilización británica en la Universidad de la Sorbona de París. “La dimensión sentimental fue casi inexistente”, añade, en declaraciones a la agencia AFP.

“Fue una relación transaccional”, estima, en la misma línea, Anand Menon, profesor británico de política europea del King's College de Londres. “En consecuencia”, agrega, “el divorcio es bastante lógico”.

El Reino Unido no quiso sumarse inicialmente al proyecto europeo, concebido tras la II Guerra Mundial en un espíritu de reconciliación.

“No nos sentíamos lo bastante vulnerables para sumarnos”, resume Menon. Al fin y al cabo, los británicos habían ganado la guerra y se sentían fuertes con su relación especial con Estados Unidos y con lo que quedaba de su Imperio.

Eso no significa que se opusieran al proyecto, recuerda John Springford, director de investigaciones del Centro para la Reforma Europea, de Londres. Como prueba de ello, el discurso que pronunció Winston Churchill en 1946, en Zúrich, llamando a la creación de los “Estados Unidos de Europa”.

El club de los otros”

A principios de 1960, la situación cambió: el crecimiento económico británico iba a la zaga de sus vecinos franceses y alemanes, y el mercado común se volvió más atractivo.

Pero la adhesión del Reino Unido no fue fácil. Su primera candidatura en 1961 se topó con el veto del presidente francés, Charles De Gaulle, que veía en los británicos un Caballo de Troya estadounidense y cuestionaba su espíritu europeo.

Después de otro veto de De Gaulle, en 1967, el Reino Unido finalmente entró en la Comunidad Económica Europea en 1973.

Sin embargo, el ingreso coincidió con el impacto de la primera crisis del petróleo, y el impulso económico esperado no se produjo. En 1975, sólo dos años después de su ingreso, los británicos celebraron el primer referéndum sobre la Comunidad Económica Europea, en el que se impuso la permanencia con un apoyo de 67 %.

Este resultado no acabó con las reticencias, y es difícil recordar a algún político británico que haya defendido entusiastamente los beneficios de la membresía, aparte quizás de Tony Blair.

“Entrar tarde reforzó la sensación de malestar, de que nos habíamos unido a un club moldeado por otros”, explica Menon.

La primera crisis no tardó en aparecer. En 1979, Londres se negó a participar en el sistema monetario europeo en nombre de la soberanía nacional y monetaria.

Y se opuso también a cualquier iniciativa para fortalecer la integración política, reforzando la impresión de que Londres tenía un pie dentro y un pie fuera. En 1985 se negó también a participar en Schengen –desaparición de controles fronterizos–. Y en 1993, dijeron también que no al euro.

Devolvedme mi dinero”

Las reticencias cristalizaron en el discurso de Margaret Thatcher de 1988 en el que rechazó la idea “de un superestado europeo”.

Cuatro años antes, la líder conservadora había obtenido finalmente una rebaja en la contribución británica al presupuesto de la Unión Europea al famoso grito de “Devolvedme mi dinero”.

La desconfianza hacia Bruselas se acentuó a mediados de la década de los noventa, con la creación del UKIP, el Partido para la Independencia del Reino Unido, que defendía la salida de la Unión Europea.

Su éxito electoral, particularmente en las elecciones europeas de 2014, condujo al Partido Conservador, que ya tenía su propio sector euroescéptico, a endurecer su discurso.

La crisis en la Eurozona y la inmigración europea –que contribuyó al crecimiento del Reino Unido, recordó Schnapper– radicalizó el debate, empujando al primer ministro, David Cameron, a convocar el referéndum del 23 de junio de 2016 que puso el último clavo en el ataúd de una relación de conveniencia.

© Agence France-Presse

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Internacionales Mon, 20 Mar 2017 16:23:31 +0100 http://www.elfaro.net/es/201703/internacionales/20141/Brexit-o-el-final-a-44-años-de-‘matrimonio-de-conveniencia’-entre-Londres-y-Bruselas.htm
Romero, el santo de los refugiados El Faro http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_1954_1303/images%7Ccms-image-000026315.jpg http://www.elfaro.net/es/201703/ef_foto/20140/Romero-el-santo-de-los-refugiados.htm Monseñor Romero se ha convertido en un guía, un ícono, un 'santo' para los cientos de migrantes que huyeron de las guerras y que ahora huyen de la violencia de Centroamérica. EF Foto Mon, 20 Mar 2017 11:36:58 +0100 http://www.elfaro.net/es/201703/ef_foto/20140/Romero-el-santo-de-los-refugiados.htm Un mexicano y dos hondureños, condenados por intento de asesinato al presidente de Honduras Juan Orlando Herández http://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://www.elfaro.net/es/201703/360grados/20139/Un-mexicano-y-dos-hondureños-condenados-por-intento-de-asesinato-al-presidente-de-Honduras-Juan-Orlando-Herández.htm 360 grados Mon, 20 Mar 2017 08:41:02 +0100 http://www.elfaro.net/es/201703/360grados/20139/Un-mexicano-y-dos-hondureños-condenados-por-intento-de-asesinato-al-presidente-de-Honduras-Juan-Orlando-Herández.htm Cuando la Policía mata a la familia de un policía http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000026314.JPG http://www.elfaro.net/es/201703/salanegra/19942/Cuando-la-Policía-mata-a-la-familia-de-un-policía.htm La guerra del gobierno contra las pandillas tocó el 30 de junio de 2015 a un agente de la Policía Nacional Civil: minutos después de la muerte de "dos pandilleros" en presunto enfrentamiento, el agente llegó al lugar y al ver la escena se convenció de que sus parientes acababan de ser ejecutados por sus compañeros de uniforme. A sus cuestionamientos se suman los de los testigos, las inconsistencias entre informes de la Policía y una investigación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que ya habla de otro caso de "ejecuciones extralegales". Dos días después de que la Policía había matado a su hermana y a su cuñado, el agente Antonio Hernández ingresó al caserío San Felipe, montado en su motocicleta negra. A lo lejos, sobre la calle principal, un compañero uniformado lo esperaba con la mano derecha levantada. Era la mañana del jueves 2 de julio de 2015, y en esa zona a escasos cuatro kilómetros de la costa hacía mucho calor, pero lo que quemaba por dentro a Antonio Hernández era otra llama. Le enfureció tener que obedecer al retén que le ordenaba alto, sobre todo al advertir que, de pie junto al carro policial, estaba Nicanor Calderón, el oficial responsable del operativo que acabó con la muerte de su hermana y su cuñado.

Luego de un breve intercambio en el que Antonio Hernández se negó a entregar los documentos de su motocicleta, el compañero uniformado le reclamó:

—¡Ah! ¿Y bravo?

—¡Bravo! —asintió Antonio—. ¿Vas a creer que voy a estar contento con lo que la Policía hizo?

El compañero le preguntó por qué decía eso y Antonio se soltó:

—¿Y vos a quién creés que han matado ahí? ¡A mi hermana han matado! —le reclamó, y luego se preocupó porque quedara claro que aludía al oficial parado junto al carro policial—. ¿Creés que ese va a ser un buen oficial, con los procedimientos que anda haciendo?

El compañero amagó una pregunta, pero Antonio ya estaba hablándole a Nicanor:

—¿Me va a decir qué clase de pandilleros son los que ha matado aquí? ¡A mi familia es a la que ha matado usted!

—¡Calmate! —intervino el compañero—. Vos no sabés cómo han sido las cosas.

Pero Antonio sí sabía cómo habían sido las cosas. Entonces el compañero intentó inocularle una duda sobre su hermana. Una versión que la Policía había divulgado dos noches atrás, cuando agentes policiales mataron a los esposos Saidra Hernández y Óscar Mejía. Según esa versión, la hermana de Antonio, armada con una pistola de balines, había iniciado junto con su esposo un enfrentamiento con los policías. Producto de ese "enfrentamiento", ella murió con ocho balazos, todos en la parte trasera del cuerpo, y él recibió 29. Según esa versión, los esposos Mejía Hernández eran pandilleros.

—Quizá vos no sabías en qué andaba. Tenía una pistola —le dijo el compañero.

—Esa pistola se la pusieron –respondió Antonio, seguro de sus palabras. Las palabras de alguien que había llegado al lugar donde yacían las víctimas momentos después de las muertes y que, con su ojo experto de policía, estaba seguro de ver una escena de crimen alterada, un montaje.

Su compañero ni lo contradijo. En cambio, pronunció unas palabras que a Antonio le sonaron a amenaza. 

—No, pues sí, ¿pero eso qué tiene? Hasta vos te podés morir —le dijo.

En ese momento, Antonio Hernández se tocó con la mano derecha la pistola que portaba en el cinto, debajo de la camisa, y respondió: 

—No. Es que no es que me voy a morir: nos podemos matar —le corrigió—. ¿Vos creés que ando contento ahorita?

En el dormitorio de los Mejía, Óscar repasaba sus conocimientos del idioma inglés en una pizarra. Al centro, el calendario que nunca más se movió de la fecha del 30 de junio de 2015. Foto: Víctor Peña.

En el dormitorio de los Mejía, Óscar repasaba sus conocimientos del idioma inglés en una pizarra. Al centro, el calendario que nunca más se movió de la fecha del 30 de junio de 2015. Foto: Víctor Peña.

La ejecución de San Felipe

Un año y cuatro meses después de sus muertes, en la casa de Saidra y Óscar el tiempo pareciera haberse congelado. En la pared, junto a un rosario de madera, la última fecha que marca un viejo calendario es el día en el que fueron acribillados por aquellos que juraron protegerlos: 30 de junio de 2015. En una puerta contigua, los esposos Mejía habían pegado una calcomanía con un número de emergencias de la Policía. En el país que ese año se convirtió en el más violento del mundo, no estaba de más prever la posibilidad de que un día se requiriera en casa la presencia policial.

Una densa capa de polvo sobre los muebles, las camas y los adornos, habla de la ausencia de vida en un lugar en el que alguna vez sonrió una familia con dos hijos. Por todas partes hay impactos de bala: en las paredes, en las puertas, en las ventanas cubiertas con lámina metálica... En otra pared cuelga un diploma de la Fuerza Naval a nombre de Óscar Mejía, un subsargento de la marina. Óscar sirvió al Estado desde principios de los 80. Empezó en la Policía Nacional, uno de los desaparecidos cuerpos de seguridad. En el 84, en plena guerra civil, ingresó a la Fuerza Naval, y en el 89 fue herido en una pierna. Desde entonces cojeaba. Fue dado de baja en el 91. En la milicia no reportó mala conducta. En su trabajo, desde 2011, tampoco. En 2014 el alcalde de El Rosario y la gobernadora departamental de La Paz hablaron bien de él. 

Óscar tenía 48 años al morir y trabajaba de vigilante privado. Saidra, su esposa, tenía 39 y era "una vecina amable que no se metía con nadie", dedicada a sus dos hijos y empleada de maquila en la zona franca El Pedregal. De cariño, sus vecinos y familiares le decían "La Chele". "Saidra era una mujer muy sencilla y Óscar era una persona honrada, muy respetuosa que no se metía con nadie", dice Fredy Rivera, párroco desde 2007 de San José Las Isletas, iglesia que rige ese sector de San Pedro Masahuat. "Era una pareja de esposos tranquilísima. Eran cristianos activos en su fe. Iban a grupos de oración una vez a la semana. Acudían a sus sacramentos cada domingo", añade Rivera.

—¿Eran mareros, como dice la Policía?

—Fue un acto de imprudencia haberles disparado de una sola vez sin saber quiénes eran ellos. Fue una injusticia –sentencia el párroco.

—¿Por qué cree que los mataron?

—Ellos murieron porque los policías pensaron que los muchachos a quienes andaban buscando se fueron a refugiar a su casa.

Sobre el destino de los Mejía, la Policía sostiene que murieron porque dispararon contra una patrulla del servicio de emergencias 911, de la que formaba parte la agente Ana Deysi Cabrera, quien murió en el “enfrentamiento”. Pero Antonio y una docena de testigos dicen tener razones de sobra para sostener que se trata de otro mal procedimiento policial que terminó en la muerte de los dos vecinos de San Felipe. Los testigos e información oficial de la Policía Nacional Civil también permiten ubicar a la agente Ana Deysi Cabrera en un lugar distinto a aquel en el que tenía que encontrarse para que pudiera dispararle alguien desde el terreno de los Mejía. Según la información oficial, el disparo que inició el presunto enfrentamiento no viajó en línea recta hacia la agente, sino que tuvo que hacer al menos un par de giros en el aire para poder impactarle en el pecho. Un disparo que desafía las leyes de la física. Además, una resolución de la Procuraduría de Derechos Humanos plantea que el subinspector Nicanor Calderón participó en la alteración de las escenas y que la muerte de los Mejía es un caso más de ejecuciones extralegales.

***

Cuando los policías ingresaron a la vivienda de los Mejía, la agente Deysi Cabrera, de 40 años, ya había sido asesinada frente a la casa contigua. Cayó a unos pasos de un callejón en el que no cabrían, lado a lado, tres personas juntas. Fue la segunda mujer policía asesinada en 2015, y fue la baja número 33 de un total de 69 reportadas ese año. Deysi no vestía chaleco antibalas y recibió un disparo que entró por el pecho derecho, rompió la cuarta costilla derecha, laceró el pulmón derecho, el corazón, atravesó el pulmón izquierdo, rompió una costilla izquierda y salió por la espalda. Un solo disparo que fue fulminante.  

Sobre el asesinato de la agente Deysi Cabrera hay que decir que tres testigos la ubican en un lugar completamente alejado de Óscar Mejía cuando recibió el disparo que la mató, y que los testimonios de testigos, de policías e investigadores que conocieron del caso, documentos de la Policía y de la Fiscalía, fotografías tomadas un día después del crimen, levantamientos oficiales de escena y autopsias, ubican a Óscar y Saidra en lugares desde los cuales habría sido imposible disparar a Deysi Cabrera. Lo mismo concluye la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en un informe que data de enero de 2016 y que no ha salido a la luz pública. Según la PDDH, la versión en la que Óscar mató a la agente Deysi "al parecer fue inventada" por el jefe de la subdelegación El Pedregal, el subinspector Nicanor Calderón: "Hay fuertes indicios de que las escenas del fallecimiento de los esposos Mejía fueron alteradas para favorecer a los elementos policiales responsables de su muerte".

Saidra Hernández preparaba la cena cuando fue sorprendida por los policías. En la puerta y la ventana de lámina pueden apreciarse los vestigios de la balacera. Ella fue sometida y murió abatida en el jardín de su vivienda. / Foto El Faro: Víctor Peña

Saidra Hernández preparaba la cena cuando fue sorprendida por los policías. En la puerta y la ventana de lámina pueden apreciarse los vestigios de la balacera. Ella fue sometida y murió abatida en el jardín de su vivienda. / Foto El Faro: Víctor Peña

Cuando los policías ingresaron a la vivienda de los Mejía, Saidra iba a prepararle la cena a Óscar. En el terreno de los Mejía hay dos pequeños cuartos y un jardín. El del fondo es el dormitorio y el ubicado frente a la calle es una cocina, a la que se accede desde la vía atravesado un falso hecho con trozos de madera y alambre de púas. Entre las 7 y las 7:30 de la noche se escucharon los primeros disparos de una larga balacera. Impactaron en la cocina, donde estaba Saidra. Hasta ella llegaron también unos gritos:

—¡¿Dónde están los mareros?! —preguntaban los policías.

—Aquí no hay mareros —respondía ella—. No me vayan a matar.

Saidra lloraba.

—No me vayan a hacer nada —repetía, cuando ya había sido sometida—. ¡Salí, Óscar! ¡Salí, hombre! —pedía a su esposo.

Hasta el momento de la irrupción policial Óscar descansaba en el dormitorio, donde oía música. Sus vecinos y familiares dicen que era medio sordo de un oído. Pasaron los segundos y Saidra seguía llorando, y las últimas palabras que le escucharon decir sus vecinos eran para abogar por su esposo:

—¡Dejen a mi esposito! ¡Dejen a mi esposito!

"De ahí se escuchó un balazo y ya no escuchamos la voz de ella", dice un testigo de oídas.

La Policía recogió 174 casquillos de diferentes calibres percutidos en esa primera escena, y la inmensa mayoría fueron recogidos en aquellos lugares desde donde dispararon los policías. Los policías dispararon a todo lo que se moviera. Los Mejía tenían una perrita, Kitty, de pelos claros, mitad cocker spaniel, mitad chihuahua. Kitty ladraba en medio de la balacera, hasta que dejó de hacerlo. Los investigadores la encontraron y documentaron esto: "Cinco casquillos de arma de fuego que en sus bases se lee PSD95 recolectados sobre el suelo contiguo a un perro".

***

176 días antes de que mataran a los esposos Mejía, el presidente Salvador Sánchez Cerén anunció que su gobierno no iba a considerar ninguna posibilidad de utilizar como estrategia de reducción de homicidios una tregua con las principales pandillas, al estilo de como lo había hecho el gobierno de su antecesor, Mauricio Funes. 151 días antes, el entonces director de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde, había enviado a los agentes el mensaje de que siempre que disparasen en cumplimiento del deber, nadie los investigaría internamente; 96 días antes, agentes del Grupo de Reacción Policial masacraron a ocho personas en la finca San Blas, municipio de San José Villanueva, en La Libertad; 78 días antes, en abril, el presidente dio una especie de parte de guerra: detalló que 140 de los 481 homicidios registrados en marzo correspondían a "pandilleros que murieron en enfrentamientos o murieron en combates con la Policía". 32 días antes, dos organizaciones denunciaron malos tratos, intimidación y amenazas por parte de la Policía contra jóvenes entre 12 y 29 años en tres municipios del Área Metropolitana de San Salvador. Y entonces, la guerra contra las pandillas llegó la noche del 30 de junio a San Felipe, y los esposos Mejía murieron en uno de esos “enfrentamientos” en el que particulares se convierten en pandilleros.

Un segundo testigo de San Felipe recuerda cómo Óscar, segundos antes de ser baleado, gritaba: "¡Yo no soy delincuente! ¡Yo he sido policía! Él quería decirles que había sido policía, pero de nada le sirvió".

Las paredes de la vivienda de los esposos Mejía Hernández dan cuenta de los disparos lanzados por los policías aquella noche. Esta en particular es la pared del dormitorio en donde intentaba cubrirse Oscar Mejia, hasta que fue herido. La Policía recolectó más de 174 casquillos percutidos. La mayoría fueron levantados de los lugares donde se apostaron los policías / Foto El Faro: Víctor Peña

Las paredes de la vivienda de los esposos Mejía Hernández dan cuenta de los disparos lanzados por los policías aquella noche. Esta en particular es la pared del dormitorio en donde intentaba cubrirse Oscar Mejia, hasta que fue herido. La Policía recolectó más de 174 casquillos percutidos. La mayoría fueron levantados de los lugares donde se apostaron los policías / Foto El Faro: Víctor Peña

Óscar era un exmilitar que sabía usar armas y que, en enero de 2015, gracias a la ayuda de un familiar, pudo comprar una Smith & Wesson. Tenía los papeles en regla y era su herramienta de trabajo. Óscar ganaba el mínimo en la agencia de seguridad privada Acosevprog, de R.L., pero que usara su propia arma le significaba un bono extra de 10 dólares mensuales. Un carné emitido por la Academia Nacional de Seguridad Pública le acreditaba como vigilante privado.

Un tercer testigo recuerda que Óscar parecía estar ya sometido ante los agentes en los últimos segundos de vida. "¡Auxilio! ¡Auxilio! Hasta acá se escuchaba cómo gritaba", dice. "Pero siempre le disparaban".

Óscar no tenía antecedentes policiales. En 2015, Hacienda había contratado a Acosevprog por 2.8 millones de dólares para vigilar la zona franca El Pedregal, donde Óscar era responsable de registrar ingresos y salidas de mercadería. Óscar tenía una buena imagen ante su empresa. "Le gustaba hacernos reír, pero nada de chistes vulgares. Era sano, se comportaba como un señor respetuoso, acorde a su edad, nada que ver con un pandillero", dice uno de sus compañeros, para rechazar la historia oficial de la Policía.

"¡Ay, auxilio!, gritaba Óscar, cuando ya lo habían jodido", dice otro testigo de aquella noche. Malherido y viéndose acorralado, Óscar pedía ayuda, pero al percibir que quienes le seguían disparando se acercaban más y más, salió por un baño con puerta al patio, donde dejó un charco de sangre. Brincó el cerco de láminas de metal, donde dejó más sangre, y desangrándose caminó unos pasos hacia la casa de Antonio, su cuñado el policía. Los testigos siguieron de oído el operativo. "¡Aquí va el rastro de sangre!", gritó un agente. "Tengan cuidado. ¡Ya lo tenemos!"

"¡Dice Óscar que han matado a La Chele!"

Cuando Óscar Mejía llegó a la casa de Antonio Hernández, su cuñado, este se encontraba patrullando en la hacienda Amatecampo, cerca de la playa, a unos 20 minutos en vehículo. En la casa solo estaban su esposa y sus hijos, quienes se habían encerrado al escuchar la balacera. La esposa de Antonio se sorprendió al ver llegar a Óscar destrozado por dentro y por fuera.

—¡Auxilio! Me mataron —alcanzó a decirle. 

—No, Óscar, estás vivo —le respondió ella, que lo vio sangrante y reparó en que, aunque Óscar era diestro, sostenía su pistola con la mano izquierda y temblaba.

 —Nos confundieron. La Chele está muerta. Ya no ando balas —le dijo—. Se me acabaron.

Óscar parecía tener intacta su cara, pero su mano derecha estaba deshecha y el brazo derecho tenía una gran lesión con hueso expuesto. Cuando la esposa de Antonio lo abrazó para sostenerlo, sintió que su mano izquierda se hundía en el torso de Óscar. "Tenía perforaciones, no era piel normal. Sentí aguado. No había estabilidad de carne", recuerda.

—¿Qué expresión tenía Óscar?

 —De dolor y de angustia. Prácticamente él llevaba ya la muerte. Aunque así hubiera quedado, él iba a morir. ¡Si iba completamente deshecho!

Lo soltó para hacer una llamada telefónica a su esposo: "¡Antonio, dice Óscar que han matado a La Chele!", le dijo, y vio que Óscar se marchaba. Intentó detenerlo y caminó unos pasos tras él, pero Óscar se negó: "Si me quedo, los matan". Ambos vieron unos lamparazos que se acercaban desde detrás de la casa. "Regresate que te van a matar... ¡ahí vienen!", gritó Óscar. Con miedo, ella entró de nuevo a su casa y se encerró, pero tuvo que reabrir la puerta de inmediato. "No me la vayan a botar, con mucho gusto se las voy a abrir", imploró a los policías. Abrió y un policía enmascarado se lanzó contra ella y la entrampó contra una mesa mientras le apuntaba a la cara con un arma larga.

—¡¿Adónde está ese maldito?! ¡¿Por qué lo defendés?! —le preguntó. Mientras, otros encapuchados le desarmaban la casa, y uno golpeaba a su hija adolescente en la cabeza al lanzarla contra la pared.

—¡Él no es ningún maldito! —respondió. Él es Óscar, es cuñado de mi marido y mi marido es policía…

Aquellas últimas palabras hechizaron a los encapuchados que, sorprendidos, se miraron los unos a los otros. El hechizo provocó que la dejaran en paz, pero antes de marcharse le preguntaron hacia dónde se había dirigido Óscar. Ella les señaló la ruta y les pidió que la dejaran acompañarlos. Quería proteger a Óscar, pero no se lo permitieron.

Antonio, alertado sobre el tiroteo, aceleró el carro policial que conducía acompañado por otros tres agentes. Por la radio de la Policía escuchó a aquellos que perseguían a un fugitivo. "¡Aquí va!", oía que se comunicaban. "¡Aquí se ha metido! ¡Aquí va el rasto de sangre!", añadían. Finalmente: "¡Hey, aquí está acostado!", alertó uno, y Antonio alcanzó a escuchar "la gran disparazón".

La esposa de Antonio y todo San Felipe también escucharon aquella última ráfaga.

En la mañana, los investigadores de la Dirección Central de Investigación firmaron un parte policial en el que dicen haber recogido, en esta tercera escena, cinco casquillos y un proyectil semideformado. Ese mismo día, asegura la familia, debajo de un marañón en el mismo lugar encontraron otros 14 casquillos y un proyectil semideformado que aún conservan. Óscar murió a unos pasos del ramaje de ese marañón. Quedó tendido boca abajo, con cinco disparos en la cabeza, tres de ellos con trayectoria de atrás hacia adelante, y de abajo hacia arriba. Murió en un enfrentamiento, dice la Policía.

Muestra de los cartuchos que la familia asegura haber encontrado en la escena donde quedó el cuerpo de Óscar. / Foto El Faro: Víctor Peña

Muestra de los cartuchos que la familia asegura haber encontrado en la escena donde quedó el cuerpo de Óscar. / Foto El Faro: Víctor Peña

***

Unos 20 minutos después del tiroteo, Antonio Hernández reducía la velocidad del carro de la Policía que conducía cuando, a lo lejos, unas luces anunciaban un cerco policial. San Felipe estaba infestado de policías encapuchados.

Antonio todavía no creía lo que su esposa le había contado por teléfono, y mucho menos que su hermana y su cuñado hubiesen sido víctimas de sus compañeros. Habrá sido un error, pensó, y quizá Óscar solo huía de un enfrentamiento entre policías y pandilleros, algo que no era descabellado, dado que en San Felipe hay presencia importante de la Mara Salvatrucha. Por eso cuando pasó frente a la casa de su hermana no se percató de la cinta policial ni de los compañeros que custodiaban esa escena. Vio el cuerpo de la policía Deysi tirado sobre el pavimento y se metió al callejón estrecho por donde le dijeron que habían perseguido a "los muchachos".

En el callejón, acurrucado en una esquina, en cuclillas, Antonio encontró a un subinspector Nicanor que miraba hacia el suelo.

—¿Qué pasó? —preguntó Antonio.

—Púchica, nos mataron a la compañera, pero ahí tenemos a una marera y a otro que también está muerto —respondió Nicanor. 

—¿Y dónde están? 

—Una ahí está, en la otra casa. 

—¡Jue puya! —pensó Antonio—. Mejor me regreso. Y ahí la fui a ver…

Un año y medio después, Antonio Hernández se quiebra. Lo que no alcanza a decir, porque las lágrimas le cortan el habla, es que regresó a la casa de su hermana, acompañado por su jefe, uno de los encargados de la policía rural en el departamento de La Paz. Ambos entraron por el falso y encontraron a Saidra de rodillas, con la cabeza hacia el suelo, cubriéndose el rostro con ambas manos. Antonio llora cuando recuerda así a su hermana, La Chele, Saidra. "Sí venía de trabajar, todavía tenía puesto el uniforme", dice. A Saidra le dispararon en la espalda y en los glúteos. Ocho orificios detalló la autopsia. 22 años en la carrera policial no prepararon a Antonio para enfrentarse al hecho de que la Policía había derramado sangre de su hermana, su sangre. Antonio, por un momento, pensó en sacar su arma y buscar al responsable, pero sabía que no podía hacer nada. 22 años en la Policía Nacional Civil no lo prepararon para lo que él vio con mucha claridad esa noche: que la institución creada para sustituir a los cuerpos de seguridad violadores de derechos humanos acababa de matar a su hermana, que no era pandillera.

Herido, mientras huía, Óscar Mejía cargaba en una mariconera algunos documentos personales, pastillas para la hipertensión y un certificado del Seguro Social. La familia recobró estas pertenencias cerca del marañón en el que Óscar intentó refugiarse antes de que lo remataran. / Foto El Faro: Víctor Peña

Herido, mientras huía, Óscar Mejía cargaba en una mariconera algunos documentos personales, pastillas para la hipertensión y un certificado del Seguro Social. La familia recobró estas pertenencias cerca del marañón en el que Óscar intentó refugiarse antes de que lo remataran. / Foto El Faro: Víctor Peña

Su jefe en la policía rural tampoco podía creerlo. "Púchica, aquí sí que la cagamos", le dijo, como hablando en nombre de la institución. Caminaron hacia el punto donde estaba el otro muerto, Óscar. "¿Qué talle de pandillero puede tener una persona mayor?", preguntó, retóricamente, Antonio a su jefe. Sintió que se le entremezclaban la impotencia y la ira. Se encaminó, de regreso, a donde estaba el cadáver de su hermana Saidra. 

—¿Por qué regresó, Antonio?

 —Yo ya sé cómo es un procedimiento en la Policía: cuando saben que no hay cómo justificar un procedimiento, así lo hacen. Cuando yo me fui de ahí, ella no tenía nada. 

—¿Qué había de diferente cuando regresó?

 —Ya le habían puesto una pistola. A la par de la cabeza la tenía, porque ella estaba con las manos en la cara.

Saidra no sabía utilizar pistolas, pero la Policía dijo haber recogido contiguo a su cadáver “un artefacto de material sintético tipo arma de fuego donde se lee Powerline MODEL93ACD2BBCAL.177”. Las Powerline disparan postas de acero cubiertas de cobre. En un reporte de novedades de la Delegación de Zacatecoluca, la misma Policía concluyó que el arma era una “pistola de balines”. La Policía dice que Saidra, madre de dos jóvenes, empleada de una maquila y a punto de ser abuela, decidió enfrentar a una patrulla policial con una pistola de balines. Aquella noche, los hijos de Saidra no estaban en casa. La mayor estaba en su sexto mes de embarazo y hoy el niño crece sin sus abuelos maternos.

***

Cuando la Policía terminó de levantar las escenas de Deysi, Saidra y Óscar, San Felipe despertó conmocionado. Atrás había quedado una noche en que la Policía pateó puertas y espaldas, golpeó cabezas y caras, sometió a jóvenes, mujeres y ancianos. A un padre lo hincaron junto a sus hijos de 21, 16 y nueve años, con los brazos cruzados atrás de la cabeza. "¡Si se mueven los matamos!", les advirtieron. El niño se movió, llorando, a los brazos de su madre, porque ya no aguantaba las rodillas. Los dejaron cuando inició la balacera final. A un joven que visitaba a su novia lo arrastraron hasta el monte. Lo obligaron a cruzar un cerco. Lo alumbraron y le apuntaron con los fusiles. Uno de los policías le habló al oído: "Aquí ando bastante armas. Nada me cuesta matarte, pegarme en el brazo y decir que eras marero. Te voy a matar si no me decís lo que quiero", le dijo. El policía señaló hacia el lugar en donde quedó Óscar. "Allá tenemos un muerto. Ahí te voy a ir a matar también", le dijo. 

Cada escena de brutalidad solía terminar con dos preguntas: "¿Qué sabe de esta mujer? ¿Verdad que es pandillera?", interrogaban mientras mostraban en un celular una imagen de Saidra junto a la pistola de balines. A la esposa de Antonio también llegaron esas dos preguntas. Pero más tarde la visitaron tres grupos más de policías que parecían muy preocupados. "Me preguntaban qué tan cierto era eso de que mi marido era policía. Uno de ellos entró a la casa y vio uniformes, cosas de él. Hasta me hicieron que les enseñara fotos de cuando salía vestido de policía", cuenta la esposa de Antonio.

Cuando el entonces subdirector Howard Cotto llegó a la escena del crimen esa noche, era difícil que no supiera que los presuntos pandilleros eran familiares de un policía. Por un lado, tenía al jefe del operativo, Nicanor Calderón. Aparte, los investigadores policiales que levantaron la escena. Además, la Unidad de Control. Asimismo, Asuntos Internos. Pero esa noche se limitó a replicar la versión de sus subalternos. "Ellos tenían armas", afirmó, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias AFP. En una nota del Noticiero Hechos, de Canal 12, agregó: "Lamentablemente hoy pierde la vida una compañera más, pero debo resaltar que toda nuestra actividad no solo se enmarca en la ley, sino que actuamos en defensa de la ciudadanía, del pueblo, incluso de ustedes", dijo a los reporteros que llegaron a la escena. "Estamos protegiéndole la vida a la gente. Eso estamos haciendo, defendiendo al pueblo, a la gente trabajadora y humilde". En ese afán, habían dado muerte en un enfrentamiento a Saidra, que terminó con ocho balazos, y a Óscar, muerto con 29 disparos en su cuerpo, incluidos cinco en la cabeza.

Pasaron las horas y amaneció y, muy temprano en la mañana, el padre Fredy Rivera fue a empaparse de llantos y miedo. "Fue una experiencia bastante impactante, dolorosa y de sufrimiento. Los niños, los hijos de ellos, todos los niños de la comunidad estaban traumados", recuerda el sacerdote.

La prensa escrita, de radio y de televisión registró el hecho como un asesinato más de una agente policial, con un posterior enfrentamiento en el que murieron "dos pandilleros".

Ilustración por Otto Meza.

Ilustración por Otto Meza.

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Cuatro días después de la muerte de su hermana y su cuñado a manos de policías, Antonio Hernández fue convocado a una reunión en el cuartel central de la Policía, en el centro de San Salvador. Ahí lo esperaba el comisionado Pablo de Jesús Escobar Baños, en aquellas fechas subdirector de áreas especializadas, división bajo la cual está adscrita la policía rural. Antonio Hernández llegó acompañado por su jefe inmediato que la noche del 30 de junio también había visitado San Felipe.

Escobar Baños dijo a Antonio que estaba atento al seguimiento del caso y que lamentaba lo ocurrido. Luego le entregó copia de dos memorandos girados uno por el director y otro por el subdirector de la Policía, en los que quedaba claro que se habían enterado de que Óscar y Saidra eran familiares de un agente de la institución. Antonio Hernández fue notificado de que "por razones de urgencia" lo sacaban del departamento de La Paz, de su casa en San Felipe y de su familia, para trasladarlo hasta una subdelegación fronteriza con Guatemala, en el departamento de Ahuachapán.

Antonio Hernández temió por su vida, pero, sobre todo, por la de su familia. El miedo le hizo morderse los labios y guardar silencio. El temor lo inhibió de denunciar. "Cualquier cosa me podía pasar en el trayecto, ¿y qué iban a decir después? Que un pandillero había sido", comenta.

En la semana siguiente a los homicidios, un equipo de investigadores vestidos de particular volvió a San Felipe a indagar más sobre el caso. Buscaron al párroco de Las Isletas. "Y les dije exactamente lo mismo que les he dicho a ustedes: a la pobre mujer le toman fotografías y le ponen una pistola en su mano. ¡La mujer no sabía utilizar pistola!", dice el padre Rivera. Esa vez, uno de los sobrinos de los Mejía no aguantó la rabia, y se abalanzó contra aquellos detectives. "¿A qué vienen? ¿Vienen a matarnos a todos, cómo hicieron con mis tíos? ¡Son unos asesinos!", les dijo. Estos detectives no pateaban ni amenazaban. "Sí, muchacho, te comprendemos, pero nosotros no anduvimos aquí", le dijo uno de ellos.

¿Para qué llegó aquel equipo de detectives a San Felipe? Un año y medio después, en la Policía ha ocurrido casi nada para dar respuesta a las dudas de Antonio Hernández. En realidad pareciera como que nunca sucedió nada. Por ejemplo, en septiembre de 2015, el subinspector Nicanor Calderón fue incorporado a una lista en la Asamblea Legislativa en la que se pedía, vía decreto, ascensos a inspectores para un grupo de oficiales. Ahora está destacado en la Fuerza de Intervención y Recuperación Territorial (FIRT) en La Paz, un comando élite diseñado para perseguir a pandilleros. 

Antonio Hernández muestra el lugar en el que encontró el cuerpo de su cuñado, Óscar Mejía. Óscar fue abatido a unos pasos de un árbol de marañón bajo el cual habría intentado refugiarse. Ahí donde quedó su cuerpo, acribillado, ahora nace una ayotera. / Foto El Faro: Víctor Peña

Antonio Hernández muestra el lugar en el que encontró el cuerpo de su cuñado, Óscar Mejía. Óscar fue abatido a unos pasos de un árbol de marañón bajo el cual habría intentado refugiarse. Ahí donde quedó su cuerpo, acribillado, ahora nace una ayotera. / Foto El Faro: Víctor Peña

Cuando la familia Mejía Hernández intentó poner una denuncia en contra de la Policía, el fiscal asignado al caso les respondió que para él este estaba cerrado. En la mañana en la que se cerraban los levantamientos de escenas, este fiscal dispuso que no era necesario retener las armas de los policías relacionados con el caso. Según el fiscal Ulises Ramón Arce, de la Unidad Especializada Antipandillas, era claro que Óscar y Saidra habían matado a la policía Deysi Cabrera. El Faro pidió una entrevista con el fiscal Arce y con el jefe de la Unidad Antipandillas. Todavía no hay respuesta. 

Antonio tenía miedo, pero las cosas cambiaron en octubre de 2015, cuando se enteró de que los compañeros de trabajo de su cuñado Óscar Mejía habían denunciado el caso en una carta dirigida al presidente de la República, con copia al entonces procurador de derechos humanos David Morales, y con copia al entonces ministro de Seguridad, Benito Lara. "Como puede darse cuenta, señor Presidente, se ha cometido una aberración contra esa familia…", escribieron. Antonio fue convencido por sus familiares para vencer el miedo de enfrentarse con la Policía, buscar justicia, denunciar a través de la prensa. "Yo quiero que se investigue", dice. "Esto que ha pasado no es correcto. Son procedimientos ilegales que se están haciendo. Mis mismos compañeros me han dicho: fulano mató a tu hermana, y la han matado así, para justificar la muerte de la compañera".

Sus mismos compañeros le han dado el nombre de un agente destacado en la fuerza móvil de la región paracentral, que presuntamente custodió la escena unas dos horas y media junto al subinspector Nicanor Calderón, antes de que llegaran los investigadores. Otros policías también han repetido ese nombre ante la PDDH. 

El domingo 19 de marzo de 2017, por la mañana, el director de la Policía, Howard Cotto, dijo a El Faro que aún no hay investigación suficiente como para que pueda comentarlo con la prensa. "Ese caso es uno de los que estamos viendo con Fiscalía y con Procuraduría de Derechos Humanos que está en curso. No se ha avanzado lo suficiente como para dar declaraciones al respecto", escribió.

Por la noche, el subinspector Nicanor Calderón correspondió una llamada de El Faro. Sobre lo ocurrido en San Felipe, en junio de 2015, dijo: "Mantengo lo que pasó ahí. No tengo una investigación hasta el momento". Al preguntarle sobre el episodio en el que un subalterno suyo presuntamente amenazó al agente Antonio Hernández, el subinspector dijo que no daría más declaraciones a menos que la dirección de comunicaciones de la Policía se lo ordene. 

Historias oficiales que no concuerdan

Deysi Cabrera ingresó en las primeras promociones de la PNC para ganar dinero y porque no sabía hacer otra cosa más que usar armas de fuego. Eso dijo a su familia cuando les contó que se uniría a la Policía Nacional Civil, luego de haber combatido durante la guerra civil en las filas de la Resistencia Nacional. Fue reclutada en Santa Marta, Cabañas. "Heidi" fue su seudónimo de guerrillera, cuando combatió junto a Howard Cotto, el actual director de la Policía.

La agente Ana Deysi Cabrera murió en circunstancias desconocidas la noche del 30 de junio de 2015. Su familia exige justicia y que su muerte sea aclarada por las autoridades.

La agente Ana Deysi Cabrera murió en circunstancias desconocidas la noche del 30 de junio de 2015. Su familia exige justicia y que su muerte sea aclarada por las autoridades.

En los meses antes de su muerte, Deysi había tomado algunas decisiones que le habían granjeado suspicacias entre algunos de sus compañeros, y se había sumado al movimiento laboral de agentes de la Policía que ha sido perseguido por la jefatura de la institución.

El hecho de que Cotto hubiera sido compañero de Deysi en la guerrilla no ha ayudado a esclarecer cómo un disparo que desafía las leyes de la física mató a la agente. Cómo una bala presuntamente disparada por Óscar Mejía, un subsargento retirado de la marina, experto en contrainteligencia, devenido en vigilante privado, "pandillero de la MS", mató a Deysi gracias a que en lugar de seguir una trayectoria recta en algún punto hizo un viraje para llegar hasta el corazón de la agente. Más aun: el "informe de novedades" de la Policía y el "parte policial" de las muertes ofrecen historias diferentes sobre aquel episodio.

El parte policial dice sobre la muerte de la agente Deysi Cabrera que ella vestía uniforme de fatiga (de combate), un gorro navarone, un cinturón policial, un reloj en la muñeca izquierda, pero no dice nada de un arma de fuego. No hay rastros de su arma en ninguna de las 77 marcas de evidencias recogidas por los investigadores. Si Deysi participó en el inicio de un "enfrentamiento", ¿por qué su arma no aparece relacionada ni en su funda ni en una de sus manos ni contiguo a su cuerpo, que quedó tendido sobre la calle principal del caserío, a unos pasos de un callejón y frente al portón de la casa contigua al terreno de los Mejía? Murió por un disparo que le entró de frente “de derecha a izquierda” y la hizo caer de espaldas al terreno de los Mejía. Un disparo fulminante que le laceró el corazón. El parte policial describe dos manchas de sangre frente a la entrada de los Mejía, dos frente a la casa contigua, una debajo de su espalda, y una más frente a callejón por donde quedó su cadáver. Un testigo recuerda cuando Deysi entró a la calle principal, liderando la patrulla. Ella iba en dirección al callejón. Otro testigo asegura que en esos momentos, en la calle, solo había un grupo de jóvenes que departían cerca de la casa de los Mejía. Un tercer testigo corrobora la presencia de esos jóvenes, y recuerda que cuando escuchó la primera detonación de aquella noche, enfrente de la casa de los Mejía no había ningún enfrentamiento. Los jóvenes habían desaparecido, Óscar seguía adentro de su casa, Saidra en la cocina. Frente al falso de los Mejía no había ninguna mujer policía herida. La agente Deysi Cabrera no fue herida de muerte frente a la casa de los Mejía. 

El testigo habla con la condición del anonimato: "Después del primer disparo dos policías llegaron al falso. Uno se quedó de pie y el otro se hincó, apuntando hacia adentro. Ellos dos iniciaron la balacera", dice. 

Las manchas de sangre frente a la entrada del terreno de los Mejía también se explican con esta versión. "A esos dos policías se les sumaron otros dos. Ellos detuvieron la balacera un momento, pero solo un momento. Cuando la reiniciaron, el finado Óscar se defendió, y de repente el Policía que estaba parado en el falso gritó: ¡Me dieron!". 

El testigo recuerda que a ese policía lo evacuaron en un pickup. Otro testigo de oídas también escuchó a un polícia que pedía auxilio, y a un vehículo que entró a la escena y salió de ella a toda marcha. Esa noche, la Policía dijo que había otro policía herido, al que evacuaron, pero a Deysi la dejaron tendida en la esquina de la casa contigua, frente a un callejón, allá hasta donde la ficción policial asegura que llegó un disparo de Óscar Mejía. Él estaba en el segundo cuarto y su disparo salió en línea recta atravesando el jardín, pasó por el falso; se detuvo un instante, flotó, cruzó la derecha sobre la calle principal; avanzó algunos metros y flotó de nuevo en línea recta, sobrepasando a Deysi; luego dio un pequeño giro en U, retornó y atravesó el pecho de Deysi. O quizá Óscar apuntó a lo Angry Bird para superar la casa de dos plantas que le impedía un disparo en diagonal. O ya creativos el disparo atravesó el muro de la casa contigua, la cochera, sin dejar rastro. Por donde se le mire, la ficción policial narra un disparo imposible. 

Seis meses antes de morir, Deysi Cabrera había sido trasladada desde Suchitoto, donde vivía junto a su madre y sus tres hijos, hasta La Paz, a más de 80 kilómetros de distancia. Ella había reclamado derechos laborales. "Ella siempre iba de frente, y decía las cosas en la cara”, cuenta su hermana, Dina Cabrera, una excombatiente de las FPL en Cabañas. “Ella le envió mensajes de teléfono a Howard Cotto, porque se conocían, habían combatido juntos. Le envió correos, pidiéndole que le hicieran justicia, que la regresara a Suchitoto, pero él nunca le respondió", dice Dina Cabrera. La familia de Deysi nunca estuvo satisfecha con las explicaciones de la Policía y ahora también pide justicia, y se une a los Mejía Hernández para que se esclarezcan todas las muertes. 

Un mes antes de morir, Deysi se había incorporado al Movimiento de Trabajadores de la PNC, organización que reclama derechos laborales y que, en enero de 2016, realizó una marcha que terminó frente a Casa Presidencial, con más de 400 policías gritándole improperios al presidente Sánchez Cerén. Deysi era la encargada del sector femenino y reclutaba compañeras a la causa. Dos semanas antes de su muerte, Deysi había marchado junto con sus compañeros para exigir el pago de un bono que había prometido el gobierno. Los líderes de este movimiento eran y son perseguidos por las autoridades de la PNC. Contra cinco de ellos pesan suspensiones y sanciones administrativas.

Semanas antes de morir, Deysi había expresado a una confidente que se sentía atemorizada. "Vieras que aquí hay bastantes cabrones que son pirracheros (sic)", dijo a su confidente, quien pide anonimato por temor a la Policía. Deysi había descubierto a unos compañeros que extorsionaban en la zona. La había invitado a que se echara "un pique" con ellos, a lo que Deysi se negó. "Prefiero almorzar una bolsa de agua a ser corrupta, a andar metida en cosas así", les dijo. Los pirracheros se molestaron.

En 2014 y 2015, los años en los que estalló la violencia en el departamento de La Paz, un grupo de policías fueron denunciados en la cabecera del departamento, Zacatecoluca, porque falsificaban pruebas para extorsionar a civiles; otro grupo por matar a un grupo de jóvenes, supuestos pandilleros.

Un día antes de morir, el 29 de junio, un sargento de la delegación El Pedregal fue asesinado por disparos que le hicieron desde un vehículo en marcha. Un informe de novedades de la Policía dice que por esa razón para el 30 de junio se planeó un operativo de búsqueda que permitiera encontrar a los responsables del ametrallamiento en que murió el sargento. Por eso Deysi había ingresado a San Felipe. "En el mismo hecho en el que falleció la agente Cabrera también resultó fallecido el sujeto Óscar Mejía, de 48 años, miembro de la Mara Salvatrucha, y la señora Saidra Hernández, de 42 años. Según información, el sujeto Óscar Mejía fue quien disparó a la compañera, por lo que otros compañeros respondieron a la ataque", dice el reporte de novedades. 

Saidra Hernández y Óscar Mejía posan para la cámara y para sus hijos en un restaurante de cómida rápida. Esta es una de las últimas imágenes de la pareja. Según la Policía, ellos eran dos de un grupo de cinco pandilleros de la Mara Salvatrucha. 

Saidra Hernández y Óscar Mejía posan para la cámara y para sus hijos en un restaurante de cómida rápida. Esta es una de las últimas imágenes de la pareja. Según la Policía, ellos eran dos de un grupo de cinco pandilleros de la Mara Salvatrucha. 



El día de su muerte, Deysi estaba de licencia, pero fue convocada de urgencia a su trabajo. Sobre lo ocurrido aquella noche, el parte policial desentona tres veces con el reporte de novedades. Según el parte policial, Saidra también era pandillera: "(...) personal de la subdelegación El Pedregal reportó un intercambio de disparos entre personal policial y pandilleros del sector, resultado fallecidos un elemento policial del sexo femenino y dos pandilleros de la Mara Salvatrucha". Además, el parte policial sube de dos a cinco el número de pandilleros involucrados en el enfrentamiento: "(...) siendo así que a las 19 horas con 45 minutos ingresaron al caserío, observando un aproximado de cinco sujetos con apariencia de miembros de la mara, quienes al observar la presencia policial sin mediar palabras comenzaron a disparar contra la integridad de los agentes”. Además, según el parte policial, los agentes ingresaron a San Felipe no para buscar a quienes habían ametrallado El Pedregal el día anterior: "(...) personal adscrito a la delegación de La Paz recibieron información que en el caserío había un grupo de miembros de la MS portando armas de fuego, razón por la cual se montó un dispositivo para verificar la información recibida, en el cual participaron un aproximado de 22 elementos policiales divididos en cuatro equipos".

El parte policial nunca dice que Óscar haya matado a Deysi. Tampoco explica por qué el enfrentamiento ocurrió con los policías disparando hacia el interior del terreno de los Mejía, ni qué se hicieron los otros tres presuntos agresores ni explica por qué Óscar murió en un enfrentamiento a 300 metros de su casa y con 29 balazos en su cuerpo.

En la noche del crimen, Howard Cotto también explicó por qué Deysi había llegado a San Felipe. “Teníamos alguna información de que en este lugar se podían encontrar algunos delincuentes reunidos. Específicamente se nos daba el detalle de que en una casa de segunda planta podían estar reunidos”, dijo. La única casa de dos plantas que hay cerca de la escena es aquella frente a la cual fue asesinada Deysi Cabrera. En esa vivienda solo viven dos ancianos.

Y entonces, ¿cómo murió Deysi? Un grupo de agentes de Zacatecoluca dijo a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) que a Deysi se le encomendó "cubrir al resto del equipo que había entrado por un pasaje cercano, el disparo que se escuchó se dirigió a la mujer agente, siendo herida mortalmente".

Esta versión ubicaría al atacante de Deysi en el callejón, aquel donde no cabrían tres personas lado a lado. Si desde ahí disparó su atacante "pandillero", este debió ser observado por el resto de policías porque el pasaje es cerrado, bloqueado por muros de concreto, malla metálica y cerco de púas. La PDDH ha concluido que la historia oficial es inverosímil. "La gravedad de los hechos advertidos en la presente investigación radican (…) en la falta de condiciones tanto materiales, humanas y de formación, que colocaron a la agente Cabrera en una condición de vulnerabilidad y riesgo, que finalizó en su fallecimiento; y también por las condiciones en que murieron los esposos Mejía, las que aducen a una clara ejecución extralegal".

La Policía regresa a la escena del crimen

El 5 de enero de 2017, un año y medio después de que mataran a Óscar y Saidra, San Felipe de nuevo se infestó de policías encapuchados. Ellos pasaron en sus patrullas, o a pie, frente a la casa abandonada de los esposos Mejía Hernández; y frente al portón y el callejón en donde cayó asesinada la agente Deysi Cabrera.

La Policía regresó a San Felipe para enterrar al agente Mario Hernández, miembro del FIRT en el municipio de San Martín. Mario murió en un supuesto enfrentamiento con pandilleros. Le dispararon en el pecho. Un año y medio después de la muerte de los esposos Mejía, del asesinato de Deysi Cabrera, la guerra contra las pandillas –y contra todos lo que se pongan enfrente- aún no ha cesado. 

A principios de enero, unos 400 policías regresaron a San Felipe, para participar del cortejo fúnebre del agente Mario Hernández, quien pertenecía a la Fuerza de Intervención y Recuperación de Territorios (FIRT). Mario fue asesinado el 4 de enero de 2017 en un supuesto enfrentamiento con pandilleros. Mario era sobrino de Saidra y Antonio Hernández. Foto: Fred Ramos

A principios de enero, unos 400 policías regresaron a San Felipe, para participar del cortejo fúnebre del agente Mario Hernández, quien pertenecía a la Fuerza de Intervención y Recuperación de Territorios (FIRT). Mario fue asesinado el 4 de enero de 2017 en un supuesto enfrentamiento con pandilleros. Mario era sobrino de Saidra y Antonio Hernández. Foto: Fred Ramos

Mario tenía 27 años, seis como policía, dos pequeñas niñas y era oriundo de San Felipe. Junto a unos 400 policías, a despedirlo llegaron también sus familiares, excepto dos: Saidra y Óscar. Su otro tío, el agente Antonio Hernández, también estaba ahí, y esta vez sí recibió algunas condolencias de algunos compañeros encapuchados.

El ministro de Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde; y el director de la Policía, Howard Cotto, asistieron a la misa de cuerpo presente, en la misma iglesia donde velaron a los esposos Mejía, la misma donde una vez por semana Saidra y Óscar convivían con un grupo de oración. Luego acompañaron el ataúd, en un recorrido de un par de kilómetros por un camino de tierra, hasta el cementerio de San Felipe, el mismo donde yacen sus cadáveres. Antes del entierro, Ramírez Landaverde y Cotto hablaron de Mario, de su ofrenda. Le hablaron a San Felipe: “Queremos agradecer a toda la comunidad, por haber demostrado que a pesar de las vicisitudes, hay familias que albergaran hombres y mujeres comprometidos con su país”, dijo el ministro.

Entre el público, Antonio Hernández lloró de nuevo. Por su sobrino y por el recuerdo de su hermana y su cuñado. En un momento del acto fúnebre estuvo lado a lado con sus jefes, pero no les dijo nada. 

—¿Cómo hace para aguantarse la rabia?

—Uno no se siente bien, pero tengo claro que han venido solo a hacer el show, para que la gente vea. Yo ya no puedo confiar en ellos, y solo espero que se haga justicia.

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Sala Negra Mon, 20 Mar 2017 01:37:30 +0100 http://www.elfaro.net/es/201703/salanegra/19942/Cuando-la-Policía-mata-a-la-familia-de-un-policía.htm
El Estado se olvida de la Ley de Patrimonio en la plaza Libertad http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000026282.jpg http://www.elfaro.net/es/201703/el_agora/20112/El-Estado-se-olvida-de-la-Ley-de-Patrimonio-en-la-plaza-Libertad.htm En la batalla por la protección del patrimonio cultural, los expertos en la materia fueron una vez más los perdedores. En la disputa de la Alcaldía de San Salvador con la Secretaría de Cultura por la remodelación de la plaza Libertad, la política se impuso ante el cumplimiento de la Ley Especial de Protección al Patrimonio y su reglamento. Secultura advirtió en tres ocasiones la desobediencia de la municipalidad, y cuando se quiso imponer, como manda la normativa, Presidencia dio la orden de no hacerlo. El 3 de marzo, Silvia Elena Regalado convocó a una reunión a los técnicos de la dirección de patrimonio. La intención era zanjar el conflicto que se había generado entre la Alcaldía de San Salvador y la Secretaría de Cultura por la intervención y remodelación de la plaza Libertad. Al cabo de una hora y media, la secretaria de Cultura decidió actuar en favor del alcalde capitalino Nayib Bukele, contradiciendo su propio mandato, la Ley Especial de Protección al Patrimonio y la opinión de sus técnicos.

Dos días antes, Bukele había acusado a la Secultura de bloquear el proyecto de revitalización del Centro Histórico. En respuesta, decidió tomar medidas de presión: anunció que bloquearía el paso a la Secretaría de Cultura al área y dispuso al Cuerpo de Agentes Metropolitanos uniformados al mejor estilo de la Unidad de Mantenimiento del Orden de la PNC en el perímetro de la plaza. Secultura quería solucionar el problema y la ley y su reglamento los facultaban para imponerse, pero no lo hicieron.

En su despacho, además de la jefa del departamento jurídico y de comunicaciones, estaban Nolvia Ventura, jefa del departamento de Inspecciones y licencias de bienes culturales inmuebles; Hugo Díaz, jefe del departamento de Arqueología; e Irma Flores, técnico de apoyo a la dirección de Patrimonio y especialista en restauración de monumentos históricos. A la reunión también asistió Marlon Escamilla, entonces director de Patrimonio Cultural y Natural. Este arqueólogo era la cabeza de la dirección encargada de velar por la conservación del patrimonio salvadoreño, y aunque siempre ha estado consciente de que fuera de la esfera académica el interés por hacerlo es mínimo, discrepa con la idea de que la defensa del patrimonio cultural debe dejarse a un lado para priorizar el desarrollo. Su postura, en esa reunión, por tanto, era clara. 

Ventura, Díaz y Escamilla armaron frente. Estaban convencidos de que tenían que actuar de oficio, que la ley los asistía. Casa Presidencial, sin embargo, había dado a Regalado la orden de “conciliar”, un término más bien ligero para matizar lo que realmente fue: bajar la guardia aunque el alcalde haya pasado sobre la Ley de Patrimonio. “Nosotros le explicamos a la secretaria en la parte técnica que no podemos retroceder. El marco legal nos asiste. Le dijimos que no nos íbamos a echar para atrás en cuanto a lo técnico”, relata Díaz.

En cuestión de días, la negociacón política se impuso al cumplimiento de la ley. Regalado, explica uno de los presentes en la reunión, no estaba complacida con la decisión, pero aún así suscribió una carta en la que, en honor a la armonía, accedió a no hacer su trabajo. Dejar sin efecto la ley para privilegiar la remodelación de la plaza implica perder la oportunidad de conocer más sobre la historia de la plaza, un terreno que ha sufrido modificaciones en los últimos 475 años, y que puede aportar contextos prehispánicos, coloniales y republicanos a la historia de El Salvador.

El punto medio entre la discordia lo puso Flores sobre la mesa. En su papel de técnico asesora, y apegándose al mandato de capres, propuso concertar, abandonar el conflicto, aún cuando ellos no lo habían generado. “A nosotros ahorita lo que nos interesa es retomar la conversaciones con la alcaldía, que vean que tenemos más puntos en común que en convergencia. Esa es también la razón por la que no quisimos tomar de bandera la plaza Libertad, sabiendo que podíamos tener después esos datos”, aclara. Las palabras de Flores perfilan cómo el guardián del patrimonio decidió rendirse ante el infractor a partir del manejo público que Bukele hizo de la situación. “En lo que estamos trabajando -agrega- es en la concertación y que la cultura no sea un elemento de discordia”. Cuando la venia de Capres para favorecer al alcalde, Escamilla puso su renuncia. No iba a ser parte del juego.

En una entrevista concedida a El Faro en 2015, al inicio de su gestión como director de patrimonio, el arqueólogo señalaba que en la protección del patrimonio cultural "se han cometido errores, probablemente se están cometiendo y se van a cometer. Creo que lo importante, más allá de señalar ese error en casos emblemáticos que permitieron la destrucción del patrimonio cultural, es aprender de esos casos y buscar permanentemente la manera de no cometer esos errores nuevamente". A punto de cumplir dos años en el puesto, no lo logró. Desde el pasado lunes 6 de marzo, Flores lo relevó en el cargo.

La plaza que cada 15 de septiembre se llena de flores y funcionarios está, por ahora, reducida a tierra y algunos escombros producto de la remoción del concreto. El 10 de enero de 2016, Edwin Ramírez y el equipo de arquitectos que conforman el Programa de Revitalización del Centro Histórico empezaron a reunirse con la Secretaría de Cultura para plantearle sus ambiciones de remodelación de la plaza Libertad. Las ideas de la alcaldía iban desde cambiar el diseño de la traza francesa por uno más moderno, hasta techarlo o incluir una pared mural para que los jóvenes hicieran grafitis. “Esta plaza tiene medidas de protección integral en donde se protege la traza y por tanto ese diseño que ustedes nos presentan no puede ser”, observó Nolvia Ventura al diseño. Los técnicos de la alcaldía hicieron las adecuaciones necesarias y, el 15 de abril, Secultura entregó la resolución SS-003-2016. En ella, la dirección de patrimonio daba el visto bueno al proyecto, especificando que esa factibilidad no significaba que estaban autorizados a iniciar obras físicas, ya que estas estaban condicionadas a la presentación y aprobación de los planos. El 30 de septiembre, Secultura selló y aprobó los planos.

Tanto Secultura como la alcaldía dan fe del trato cordial y colaborativo entre las instituciones. El 21 de abril de 2016 ambas suscribieron un convenio de cooperación para restaurar y conservar los monumentos, plazas e inmuebles del Centro Histórico de San Salvador “velando por el respeto de la Ley de Patrimonio Cultural y otras normativas”. Incluso, la alcaldía había accedido a pagar el transporte para que los arqueólogos viajaran desde el Museo Nacional de Antropología hacia el Centro de San Salvador y viceversa. “Les hemos dejado claro en todo momento nuestra disposición para apoyar cualquier tema de investigación arqueológica, pero no es el procedimiento correcto intentar detener una obra que esté en ejecución cuando ya se han hecho todas esas consultas en su momento”, argumentó Ramírez. 

La versión del funcionario de la alcaldía entra en conflicto con la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural. En el artículo 8 se establece que la institución encargada de velar por él “adoptará las medidas de protección que estime necesarias, mediante providencias que se notificarán al propietario o poseedor de dichos bienes y a las instituciones" y que las municipalidades están “obligadas a velar por el cumplimiento de las disposiciones”. La normativa se aplica, en teoría, igual para todos: micro, pequeños, medianos y grandes empresarios, alcaldes, personas naturales; de derecha e izquierda. Y en el centro de San Salvador, la administración pública tenía un precedente reciente. En 2011, al último alcalde de derechas, Norman Quijano, la Secultura le negó los permisos de construcción del centro comercial Libertad.

El centro histórico, específicamente los alrededores de la plaza Libertad, es una de las zonas de las que menos detalles se tiene a nivel arqueológico. El interés de Secultura por excavar y hacer cumplir la ley tiene asidero en trabajos de excavación en el excine Libertad, la plaza de los Relojeros, la Casa Rey Prendes y la plaza Gerardo Barrios, realizados entre 2013 y 2016. A la última administración arenera, la Secultura le condicionó la factibilidad del proyecto a la “realización de un estudio arqueológico con el objeto de rescatar o confirmar posibles hallazgos prehispánicos o coloniales, así como replantear el proyecto arquitectónico con base a criterios técnicos que se establezcan a partir de los resultados de dicho estudio”.

Existiendo este precedente, la institución pudo haber incluido desde el principio la necesidad de hacer pozos aqueológicos previo a que se iniciaran las obras. Sin embargo, por tratarse de proyectos estructuralmente distintos, explica Nolvia Ventura, las restricciones variaron: “Era porque iba a ser un mercado, y los planes que ingresaron no eran un anteproyecto, ingresaron todito el proyecto con una cantidad de hojas y detalles constructivos que hacían unas excavaciones en sótano. Ahí había documentación clara para definir y condicionarlo. En ese momento no se conocía nada. Y el sótano se llevaba absolutamente todos los vestigios”.

En el caso de la plaza Libertad, aclara, lo que sucedió fue que se otorgó una licencia sin conocer detalles de excavación y se aprobaron planos de intervención que no explicaban a detalle que se realizaría una remoción completa de la plaza, sino donde solo se incluye un corte donde se establece una excavación de tierra de 0.63 m sobre la calle y acera, pero no se extiende al área de plaza. Al cuestionarle por qué se otorgó la licencia y se autorizaron los planos sin tener certeza de todo lo que se iba a hacer, Ventura se resguarda en el convenio firmado en abril: “Tenemos un convenio con ellos y ha habido desde enero del año pasado una franca comunicación técnica. Aún los planos que están aprobados en el momento de ejecución de una obra, puede encontrarse alguna situación que hace que se modifique las hojas, se reevalúa criterios”. Asegura que no se trata de un elemento aislado que no quedó cubierto, ya que la ley cubre cualquier tipo de hallazgos, y que “la resolución no está sobre el marco de la ley”. 

Resolución otorgada por Secultura a la alcaldía en abril 2016. Da factibilidad a las obras de remodelación, pero advierte las medidas de protección al patrimonio a tomar en caso de hallazgo fortuito.

La resolución de abril, aunque no advierte la necesidad de los pozos, sí obliga a la alcaldía a notificar por escrito el inicio y finalización de las obras. La municipalidad, en cambio, dio la orden de ejecución a la empresa constructora sin que la Secultura se enterara. "El inicio de la obra es posibile que no se hiciera como dice el numeral 35 de la resolución. Pero te dan un permiso, estás acompañado por ellos, estás con técnicos de ellos, lo has comunicado por todos lados... Es posible que a alguien se le olvidó hacer un papel, pero no vas a detener una obra porque a alguien se le olvidó un papel", asegura Bukele. De nuevo, la versión de la comuna entra en conflicto con la legislación vigente. En el artículo 20, el reglamento de la Ley Especial de Protección al Patrimonio establece que los municipios, además de estar "especialmente obligados" a la conservación y salvaguarda de los bienes culturales de su circunscripción, también lo están a "facilitar la comunicación pública de los mismos, de acuerdo a los términos y condiciones que se establezcan a través de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural". 

El convenio de cooperación entre la alcaldía y Secultura, sin embargo, se convirtió en letra muerta. En tres ocasiones distintas, la Secretaría advirtió a la alcaldía de los pasos que ellos tenían, por ley, que acompañar en el proceso de remodelación. Esas mismas tres ocasiones, la municipalidad decidió obviarlas.

La primera se dio el sábado 11 de febrero, cuando el jefe del departamento de arqueología recibió una "denuncia ciudadana" de que hay máquinas presentes en las plazas. La Licencia otorgada obliga a la alcaldía a notificar por escrito el inicio de las obras. La comuna, en cambio, no habían notificado nada. Pese a la omisión de la alcaldía, la institución se limitó a emitir una advertencia. 

El lunes 13 de febrero, Secultura explicó a la municipalidad el contexto arqueológico que subyace sobre la plaza y la importancia de que un arqueólogo acompañara los trabajos de remodelación. Ramírez estuvo de acuerdo y para dejar evidencia por escrito, el siguiente día envió una carta en donde solicita al entonces director de patrimonio que “delegue oportunamente al personal del departamento de arqueología para que brinde el acompañamiento que corresponde a los proyectos que se están ejecutando en el Centro Histórico”. Para Díaz, esta carta deja constancia de cómo la Alcaldía de San Salvador incumplió el acuerdo de mantenerlos informados a la hora de remover el concreto en la plaza Libertad. Para Ramírez, en cambio, la institución confundió los procesos. El acompañamiento lo estaban pidiendo, asegura, para que acompañaran los trabajos de otro proyecto: el del cableado subterráneo. Secultura se había anticipado a lo peor, pero amparados en el convenio y la "buena comunicación" entre ambas partes, de nuevo, optaron por no imponerse.

La segunda sucedió el 16 de febrero, mientras el arqueólogo designado hacía sus rondas por la zona. Escuchó ruidos al interior del perímetro bordeado con láminas de la plaza Libertad. Una vez adentro, descubrió que las retroexcavadoras estaban removiendo el concreto. El concreto abarcaba alrededor de 15 centímetros. Esa profundidad para los arqueólogos no era significativa, ya que forma parte de las intervenciones recientes. El suelo debajo del cemento, sin embargo, sí podía aportar información, y es por ello que Secultura advirtió a la alcaldía una vez más la importancia de que el arqueólogo estuviera presente cuando se removiera la tierra. "Necesitábamos estar presente a la hora de que removieran la tierra para hacer efectivo lo del hallazgo fortuito". Secultura tuvo enfrente una nueva oportunidad para imponerse y, de nuevo, la dejó pasar, aún cuando su contraparte no había dado señas de cumplimiento a los acuerdos.

La municipalidad pasó por alto una tercera vez la solicitud de los expertos en protección al patrimonio. El 27 de febrero, Nolvia Ventura visitó la plaza para hacer una nueva inspección. Cuando llegó notó que la tierra había sido removida. De inmediato, comunicó la situación a Díaz, quien en horas del mediodía llegó a hacer inspección arqueológica y encontró tres tipos de estrato: el primero (de arriba hacia abajo) corresponde al concreto de la acera que circundaba la antigua plaza, el segundo es un “suelo cemento” a base de tierra blanca utilizado para nivelar la última etapa constructiva, la que fue demolida. El tercero de ellos consiste en un posible relleno de tierra de color café oscuro, el cual contiene material arqueológico mezclado (fragmentos de cerámica prehispánica y republicana, teja, ladrillo de  barro y huesos de res), similar a otras capas culturales localizadas en excavaciones realizadas en la periferia.

Estratos identificados el 27 de febrero en el terreno excavado de la Plaza Libertad. En el tercero, el más oscuro, los arqueólogos de Secultura encontraron cerámica española y hueso de res. Foto cortesía de la Secretaría de Cultura.

Estratos identificados el 27 de febrero en el terreno excavado de la Plaza Libertad. En el tercero, el más oscuro, los arqueólogos de Secultura encontraron cerámica española y hueso de res. Foto cortesía de la Secretaría de Cultura.

Después de esta tercera falta, la Secultura decidió, por fin, imponerse. El 28 de febrero se entregó a Ramírez un paro de obra. Aun así, después de una serie de negociaciones, llegó a un acuerdo con la municipalidad: se cancelaba el paro de obra pero se excavarían cuatro pozos mientras la empresa seguía con sus labores. Los 33 centímetros de finalmente se removieron de superficie no representaban un daño al Patrimonio, pero ya ofrecia datos relevantes. La Secultura publicó un comunicado informando la realización de estos trabajos. A las 10:41 de la noche de ese mismo día, sin embargo, Bukele anunciaba medidas de fuerza en repudio a lo que llamó "vendetta ilegal".

 

 

El fin de esa acción, según dijo el alcalde a El Faro, era evitar "acciones arbitrarias que iban a causar caos en la zona. Al final, eso generó la ventana para la negociación en donde todos ganamos". La batalla, sin embargo, la perdieron los técnicos una vez más y se priorizó lo político por sobre lo que manda la ley. El lunes seis de marzo, la Secultura emitió una nota en donde, aunque reconoce la necesidad de la intervención arqueológica, decide posponer su intervención a partir de la posible afectación financiera y social del proyecto en caso de realizarla en este momento: "La Dirección Nacional de Patromonio Cultural y Natural decide: posponer la ejecución del estudio arqueológico, el cual es esencial para el conocimiento del desarrollo histórico y cultural de la plaza Libertad, Centro Histórico y del país".

La Ley Especial de Protección al Patrimonio y su reglamento son claros: la función del alcalde era acatar las medidas impuestas por la Secultura y dar trámite a todas las advertencias que se hicieron. El único que ganó fue él con la venia de Casa Presidencial. El Faro le explicó a Bukele que el nuevo acuerdo, al no permitir hacer la investigación en este momento, implicaba pasar sobre la normativa que él está obligado a respetar. "¿Si hay algo que sobrevivió 500 años, cómo no va a sobrevivir 6 meses más?", soslaya. La actuación de la alcaldía, en cambio, sí fue arbitraria y no por desconocimiento de la ley, sino por temor a ella. "El problema -dice- es que la ley dice que si tú encontrás algo tenés que parar la obra. Y la ley te lo obliga, aunque tengás un acuerdo de que en tres días van a terminar."

Arquélogos, historiadores y exfuncionarios de la institución se han pronunciado en medio de esta coyuntura para defender la necesidad de hacer cumplir la ley y  realizar la investigación arqueológica en la zona. "Si viésemos el centro histórico como un recurso cultural invaluable para el desarrollo educativo, turístico y social, tomaríamos su plaza principal como el principio de un discurso sobre la historia de la nación: su colonia y la república. Y es porque aquí, en esta plaza, lo bueno y lo malo ha encontrado su puesto a lo largo del tiempo", dice el arqueólogo Fabricio Valdivieso, quien entre 2006 y 2009 también se desempeñara como jefe del departamento de arqueología del extinto Concultura. Asegura que si bien tienen claro que la plaza ha sido modificada en distintas ocasiones desde 1911, "cualquier excavación que se realice podría comprobar la existencia de evidencias arqueológicas o la carencia de las mismas. Esto último, en cuanto a la comprobación de carencia de evidencias, es también es información que aporta para interpretar el contenido del subsuelo y crear hipótesis en cuanto a las probabilidades de encontrar algo en la zona. Sirve también para proyectar futuros diseños urbanos sin la alteración de posibles evidencias arqueológicas en determinada zona y liberar áreas".

Las excavaciones arqueológicas pueden y deben combinarse con un proyecto de remodelación de la plaza, aseguró Pedro Escalante, director de la Academia Salvadoreña de la Historia, en una entrevista en la radio 102.9, el pasado viernes 10 de marzo. El historiador enfatizó en la oportunidad que representa hacer las investigaciones en este momento, ya que puede darse con hallazgos importantes tomando en cuenta que "El español nunca construyó en despoblado, siempre construyó ciudades donde había población indígena, no eran partes abandonadas en absoluto".

El 3 de marzo, Carlos Cañas Dinarte, historiador salvadoreño radicado en Barcelona, adelantó en una columna de opinión en la revista Factum lo que podría suceder si se permitía a la alcaldía a seguir su proyecto de remodelación sin permitir que se realizaran las excavaciones antes, tomando de referencia lo ocurrido en gestiones del extinto Concultura en la década de los 90: "Ojalá en esta ocasión, la prepotencia, el cemento y la maquinaria pesada no nos impidan conocer más de nuestra historia. En 1994 perdimos los vestigios de la capital del señorío pipil y no tuvimos ocasión de conocer más de esa civilización que floreció en las orillas de la laguna de Antiguo Cuscatlán. Ahora es cuando debemos rescatar lo que podamos de la herencia capitalina que aún tenemos y lo que desconocemos, porque yacen entre 50 centímetros y 5 metros bajo nuestros pies, pero mucho más lejos de nuestros ojos y mentes".

Desde Nueva York, el antropólogo salvadoreño Jorge Colorado lamentaba la suspensión de las investigaciones por presión de la Alcaldía de San Salvador. "No hay que poseer estudios superiores para caer en cuenta (de) que ese lugar posee una importancia científica más trascendental que la agenda política del alcalde.  No se trata de evitar la mejora de la plaza Libertad, lo que los arqueólogos piden -y porque así manda la ley- es tiempo (para) realizar una exploración, extraer y rescatar algún objeto antiguo sobreviviente o proteger los que no se puedan rescatar de futuras intervenciones". De nuevo, al cierre de su publicación, se planteaba la posibilidad de que un acuerdo favorable para la alcaldía como este sentara un precedente equivocado: "¿Mañana un privado podrá usar la fuerza contra la SEC y obligarla a llegar a un acuerdo a su favor? ¿La Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural es de obligatorio cumplimiento o se aplica a discreción?"

En distintas ocasiones, Bukele fue enfático en sus intenciones de incumplir la ley. Incluso llegó a asegurar que "no nos detendremos ni aunque encuentren la tumba de Atlacatl", un mito de la sublevación indígena. Una vez que se salió con la suya, Bukele ofreció acatar lo que dice la ley e incluso financiar la investigación arqueológica en la plaza. Eso sí, una vez que esta haya sido inaugurada.

—Yo entiendo que a un arqueólogo le va a interesar la arqueología, eso no está mal, pero nos dieron permiso para remodelar plazas, y nosotros estamos diciendo que pagamos las excavaciones después.

—Pasar sobre la ley sienta un mal precedente para que en el futuro otros exijan el mismo privilegio, con la excusa de que si se lo dieron a usted, por qué a ellos no.

—Al contrario. Este acuerdo es uno donde se está respetando, por primera vez, el patrimonio cultural. Ojalá las empresas se sentaran a negociar con Secultura sobre cómo cuidar el patrimonio cultural y ofrecieran pagar las excavaciones.

La empresa tiene firmado contrato para ejecutar las obras de remodelación en 180 días. Esto significaría que la nueva Plaza Libertad se inaugurará en los albores de las fiestas agostinas. Foto: Fred Ramos.

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El Ágora Mon, 20 Mar 2017 00:35:19 +0100 http://www.elfaro.net/es/201703/el_agora/20112/El-Estado-se-olvida-de-la-Ley-de-Patrimonio-en-la-plaza-Libertad.htm
Alba financió a VECA a través de un paraíso fiscal http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1333/images%7Ccms-image-000026310.JPG http://www.elfaro.net/es/201703/el_salvador/20118/Alba-financió-a-VECA-a-través-de-un-paraíso-fiscal.htm Justo cuando el gobierno del FMLN pedía a los grandes empresarios no sacar su dinero del país, Alba Petróleos, la empresa que manejan dirigentes del partido en el gobierno, sacaba hacia Curazao 33.4 millones de dólares. De ese total, volvieron 29.3 millones de dólares para financiar a la aerolínea de bajo costo VECA, en la que también están involucrados dirigentes efemelenistas y que suspendió operaciones en enero, dos años después de haberlas iniciado. Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA), la empresa que ha cerrado operaciones por problemas financieros y que despidió a unos 200 empleados sin pagarles la indemnización correspondiente, recibió 29.3 millones de dólares gracias a una triangulación de dinero entre Alba Petróleos de El Salvador y una compañía domiciliada en Curazao, una de las islas del Caribe consideradas paraísos fiscales.

Entre 2013 y 2014, Alba Petróleos prestó 33 millones 456 mil 364 dólares a El-Dia Corporation, N.V., una compañía inscrita en la isla caribeña. Según la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda de El Salvador, Curazao es uno de los 43 países o territorios "de nula tributación" fiscal. En esta lista están otras islas caribeñas como Islas Caimán o Bahamas (país donde operaba un banco relacionado con los cheques que Taiwán entregó al expresidente Francisco Flores) a las que se les considera paraísos fiscales por no cobrar impuestos a las cuentas bancarias y empresas de inversionistas extranjeros.

Después de recibir el dinero desde El Salvador, El-Dia Corporation regresó una parte de él para financiar las operaciones de la aerolínea. Entre 2013 y 2014, la empresa de Curazao prestó 29 millones 321 mil 784 dólares a VECA. Esto significa que de los 33.4 millones de dólares que salieron de Alba Petróleos, unos 4.1 millones de dólares quedaron en las cuentas de El-Dia Corporation.

El-Dia Corporation tiene por directora a una abogada salvadoreña que ha prestado sus servicios para Alba Petróleos y que ahora mismo es ejecutiva de la autónoma estatal responsable de la generación de electricidad, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

Cuando VECA nació, en 2013, su director ejecutivo, Edgar Hasbún, negó que entre los accionistas que habían creado el fondo de inversión que hacía posible la nueva empresa estuviera Alba Petróleos. Sin embargo, solo hubiera bastado escarbar un poco para encontrar al conglomerado empresarial efemelenista disimulado tras una de las sociedades involucradas. La misma aerolínea, en un documento que presentó ante el Registro de Comercio, precisó que una empresa extranjera era la poseedora del 60 % de las acciones y, por lo tanto, "es la controladora" de la sociedad. Y esa compañía extranjera era El-Dia Corporation.

Oficinas centrales de VECA Airlines, ubicadas en el municipio de Santa Tecla. La compañía salvadoreña nació con financiamiento de Alba Petróleos de El Salvador, que para eso sacó al menos 33.4 millones de dólares hacia un paraíso fiscal, donde otra compañía se convirtió en la accionista mayoritaria de la aerolínea de bajo costo, que cerró operaciones en enero de 2017. / Foto El Faro: Víctor Peña

Oficinas centrales de VECA Airlines, ubicadas en el municipio de Santa Tecla. La compañía salvadoreña nació con financiamiento de Alba Petróleos de El Salvador, que para eso sacó al menos 33.4 millones de dólares hacia un paraíso fiscal, donde otra compañía se convirtió en la accionista mayoritaria de la aerolínea de bajo costo, que cerró operaciones en enero de 2017. / Foto El Faro: Víctor Peña

Contablemente, que esos 33.4 millones hayan emigrado hacia un paraíso fiscal significa que no deben pagar impuestos por las rentas que se deriven de ellos.

Desde el primer gobierno del FMLN, conducido por el presidente Mauricio Funes (2009-2014), la administración ha hecho reiterados llamados a los empresarios para que eviten sacar sus millones hacia otras naciones en detrimento de la necesidad de inversión que necesita El Salvador. Los llamados han persistido durante el actual gobierno de Salvador Sánchez Cerén, que desde 2016 atraviesa una crisis financiera que lo mantiene en situación de impago inminente. Por ahora, las estimaciones de la administración dicen que si no obtiene fondos frescos en los próximos dos meses, en junio le sería imposible cumplir todas sus obligaciones de pagos.

En enero pasado, unos días antes de que VECA cerrara operaciones por dificultades financieras, uno de los portales de la Presidencia de la República publicó una nota sobre "los peores paraísos fiscales del mundo", en cuya lista aparece en octava posición Curazao, "por orden de importancia".

El portal Transparencia Activa añade: "Esos paraísos fiscales se caracterizan por otorgar incentivos hasta del 0 % de impuestos a empresas extranjeras que guardan sus fortunas en esos países, así como tributaciones injustas, falta de compromiso para implementar iniciativas internacionales contra la evasión y elusión fiscal o la nula introducción de medidas para incrementar la transparencia financiera".

¿Por qué la empresa de Curazao no invirtió todo el dinero del préstamo de Alba Petróleos en la aerolínea? ¿En qué se utilizó ese dinero? "Es una respuesta que no puedo dar ahorita. No tengo los libros a la mano. Además, es una información que considero no debe ser pública porque son asuntos de la empresa", dijo Manuel de Jesús Durán Melgar, el administrador único de VECA.

Durán Melgar tampoco quiso detallar quiénes eran los accionistas de El-Dia Corporation y prometió que concedería una entrevista el viernes 17 de marzo. Ese día, el apoderado legal de VECA, Ricardo Roque, dijo que había sido delegado para dar las declaraciones, pero al final tampoco dio la entrevista.

En 2013, al inicio de su funcionamiento (aunque aún sin operar vuelos), el director ejecutivo de VECA, Edgar Hasbún, dijo a El Diario de Hoy que la inversión de la aerolínea era de 100 millones de dólares que se obtuvieron de un fondo creado por empresarios salvadoreños y extranjeros. Agregó que en ese grupo de accionistas no había ningún representante de Alba Petróleos. Los documentos revelan lo contrario. "Durante el ejercicio 2013, el 60 % de las acciones con derecho a voto de VECA fueron adquiridas por el El-Dia Corporation, N.V., por lo tanto esta sociedad se convirtió en la controladora", dice un documento que la aerolínea presentó al Registro de Comercio.

El dinero cambia de país y de empresa, no de bolsillo

Alba Petróleos es la empresa que crearon los alcaldes del FMLN en 2006 para importar combustible venezolano en condiciones blandas. La promesa de los efemelenistas fue invertir las ganancias en obras de beneficio social de los municipios miembros. El-Dia Corporation es una empresa creada el 21 de noviembre de 2000, con un capital de 6 mil dólares, que se dedica a “operar licencias de patentes y acuerdos, a poseer y tratar en bienes raíces”. También se define como una “institución de inversiones y empresa financiera”.

En 2014, Alba Petróleos prestó 26 millones 60 mil 932 dólares a El-Dia Corporation, N.V. De esa suma, El-Dia Corporation invirtió 24 millones 196 mil 580 dólares en VECA. Eso significa que 1.8 millones de dólares que salieron de El Salvador con la etiqueta de préstamo no regresaron. ¿Qué pasó con ese dinero? El jueves 9 de marzo de 2017, El Faro llamó a las oficinas de la compañía. “Está llamando a Curazao”, dijo la recepcionista, quien aclaró que las oficinas de El-Dia Corporation son, en realidad, local de una firma de abogados llamada The Table Management, dedicada a la creación de estructuras de corporaciones y negocios. “No hay nadie que pueda atenderle. No puedo darle ninguna información”, agregó.

En los paraísos fiscales suele haber despachos de abogados que se dedican a la creación de empresas de índole general que ponen a disposición del público. Ese recurso es usado por empresarios o inversionistas extranjeros que buscan la protección del anonimato para realizar sus operaciones, o que simplemente desean tributar menos que lo que deberían pagar en sus países de origen o que solo pretenden evadir impuestos o lavar dinero.

El de Curazao es solo uno de los negocios que Alba Petróleos tiene con empresas domiciliadas en paraísos fiscales. En Panamá, algunos dirigentes del FMLN crearon ocho empresas offshore que recibieron 290.6 millones de dólares. Las inversiones más importantes de Alba Petróleos en Panamá y Curazao ocurrieron en el 2014, año en que el presidente Salvador Sánchez Cerén pidió a los grandes empresarios "no sacar su dinero del país" para que el gobierno pudiera ayudar a los microempresarios.

La directora general de El-Dia Corporation es la salvadoreña Griselda Yanet Cornejo de de León. La ejecutiva de El-Dia Corporation en 2014 fue la notaria que elaboró documentos para Alba Alimentos, la compañía que preside José Luis Merino, uno de los principales dirigentes del FMLN; en 2015, Cornejo fue la apoderada de Alba Petróleos que presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para revertir una resolución del Ministerio de Hacienda que le ordenaba pagar el impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal 2009. Ahora, Cornejo de de León trabaja como gerente administrativa de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). El Faro intentó contactarla por teléfono, pero en su oficina dijeron que se encontraba en una reunión laboral.

La presencia de Cornejo en El-Dia Corporation evidencia, como en otros casos en que está involucrada Alba Petróleos, que el dinero puede cambiar de país y de empresas, pero que en realidad no cambia de bolsillo. En el caso de Alba Petróleos, los cientos de millones de dólares ciertamente salieron hacia Panamá y fueron usados para montar nuevas compañías, pero a cargo de ellas aparece el mismo puñado de dirigentes del FMLN o personas vinculadas a ellos.

Cornejo, además de ser la directora de la empresa en Curazao y ejecutiva de la CEL, fue notaria de VECA y secretaria de la directiva de la aerolínea entre noviembre de 2015 y septiembre de 2016.

Documento del Registro Comercial de Curazao que confirma que la salvadoreña Griselda Yanet Cornejo de de León dirige la compañía El-Dia Corporation.

Documento del Registro Comercial de Curazao que confirma que la salvadoreña Griselda Yanet Cornejo de de León dirige la compañía El-Dia Corporation.

El primer préstamo de Alba Petróleos a la empresa caribeña data de 2013, cuando prestó 7 millones 395 mil 432 dólares a El-Dia Corporation, pero de ellos, la compañía caribeña solo invirtió en VECA 5 millones 125 mil 204 dólares. 

VECA comenzó a operar vuelos hasta finales de 2014, y dos años después, no tiene aviones ni personal. El pasado 16 de enero anunció una suspensión de operaciones. Al día siguiente, el 17 de enero, el viceministro de inversión extranjera, José Luis Merino, dijo a El Diario de Hoy que la compañía "enfrentará un proceso de reestructuración en su modelo de negocios". Por ahora, VECA ha dejado de volar y ha despedido a más de 200 trabajadores que reclaman una indemnización.

Dos semanas después de que Merino habló de una reestructuración de la compañía, el 3 de febrero de 2017, su asistente Erick Geovanni Vega presentó su renuncia al cargo de administrador suplente de VECA. El pasado 16 de marzo, Vega confirmó a El Faro que había renunciado a la compañía, pero dijo que no podía conceder una entrevista por compromisos laborales.

Las renuncias a cargos importantes en VECA ocurrieron un mes antes de que los empleados denunciaran su despido sin indemnización. El pasado 2 de marzo los afectados cerraron la Carretera Panamericana para presionar por el pago de su dinero. "En vista de la falta de ética, de palabra y a los constantes incumplimientos de los directivos de VECA Airlines miembros activos del FMLN nos veremos en la necesidad de continuar con medidas de presión hasta que sean canceladas todas las obligaciones que tienen con los trabajadores", dijeron en un comunicado.

Cinco días después, el 7 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) allanó las oficinas de VECA porque investiga a los directivos por el delito de apropiación o retención de cuotas laborales. Según la Fiscalía, la aerolínea descontó en concepto de AFP y Seguro Social 151 mil 238 dólares a los empleados, pero ese dinero no fue remesado a las instituciones correspondientes.

Durán Melgar, el administrador único de VECA, dice al respecto: "Estamos en un proceso de indemnización, estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo y se le ha pagado aproximadamente al 50 por ciento de los empleados". El empresario calcula que ese porcentaje corresponde a unas 120 personas. "Estamos tratando de hacer los pagos lo más pronto que podamos. No le podría dar una fecha", dijo. 

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El Salvador Sun, 19 Mar 2017 19:50:31 +0100 http://www.elfaro.net/es/201703/el_salvador/20118/Alba-financió-a-VECA-a-través-de-un-paraíso-fiscal.htm