Héctor Silva Hernández, candidato a diputado por San Salvador del partido Nuestro Tiempo y actual concejal de la Alcaldía capitalina, regresará a El Salvador este sábado 4 de noviembre después de 17 días fuera debido a que detectó vehículos que lo perseguían y a una amenaza que, según asegura, recibió por parte de un diputado del partido oficialista Nuevas Ideas. Silva prefirió no pronunciar el nombre de ese diputado. Sin embargo, dice que las condiciones que le hicieron marcharse preventivamente el miércoles 18 de octubre están relacionadas con un proceso judicial en el que el diputado de Nuevas Ideas Christian Guevara lo ha demandado por calumnia y difamación en tribunales salvadoreños. Silva dijo a El Faro que no tiene señales de que las condiciones por las que se fue hayan variado, pero que regresará al país acuerpado tras haber logrado exponer su situación a congresistas estadounidenses quienes se comprometieron a vigilar de cerca su situación. La próxima semana, Silva dice que reanudará su trabajo como concejal, su campaña como candidato a diputado por el partido Nuestro Tiempo y también que certificará en el proceso judicial las amenazas de las que fue víctima.
Silva salió del país el miércoles 18 de octubre rumbo a Estados Unidos. El 10 de agosto, dice que él y su equipo de trabajo comenzaron a notar seguimientos y vigilancia en actividades públicas y privadas. Ese miércoles 18 de octubre, perfiles anónimos en redes sociales publicaron una foto suya, tomada dos días antes mientras cenaba con un amigo. En el momento en que se publicaron esas fotos, el concejal ya había abandonado El Salvador. La noche anterior, durante la sesión plenaria del martes 17 de octubre, según la versión de Silva, personal de la Asamblea Legislativa cercano a él fue abordado por un diputado de Nuevas Ideas quien dijo que sabía dónde había estado Silva el lunes 16 y que habría 'una sorpresa' para él a las 11 de la mañana del día siguiente.
Silva estuvo fuera del país más de dos semanas. 'Lo hice para evaluar la amenaza y tratar de crear mejores condiciones para volver. Le expuse el caso a otros actores que se han comprometido a dar seguimiento', dijo Silva a este periódico. Se refiere a dos reuniones que sostuvo con las oficinas de dos representantes demócratas del Congreso de Estados Unidos que habitualmente dan seguimiento a la política en Centroamérica. A mediados de noviembre, Silva viajará a Suecia para entrevistarse con congresistas de ese país quienes también han manifestado interés en conocer la situación en la que se encuentra.
El miércoles 18, a las 11 de la mañana, el jefe de diputados de Nuevas Ideas, Christian Guevara, convocó a una conferencia de prensa en la Asamblea para hablar sobre la demanda por difamación y calumnia que interpuso el 16 de agosto contra Silva en los juzgados capitalinos. Horas después de la conferencia, las fotos de Silva que habían sido tomadas el lunes 16, fueron publicadas por la cuenta de X @ChismosoDeSivar.
El 10 de agosto, Silva dijo, durante una entrevista televisiva, que hay nexos entre el diputado Guevara y una agencia de publicidad que obtuvo contratos en la Alcaldía de San Salvador en 2022 y 2023. Por esas declaraciones, el diputado demandó a Silva. El proceso judicial aún no ha entrado a la fase probatoria, pero en el Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros (CNR) y en documentos de la Alcaldía de San Salvador es posible encontrar vínculos entre el diputado Guevara y la agencia Media Latam Group, S.A. de C.V., fundada por quien ahora es la esposa del diputado. Otras fundadoras de la agencia son esposas de dos personas con las que Guevara fundó Aire Frío, una empresa de aires acondicionados; y una tercera persona, Gustavo Melgar Molina, es actual representante legal de Media Latam Group y fue director de otra sociedad, Plan B, cuando Guevara también lo fue entre 2015 y 2020. Las tres empresas ganaron 1.7 millones de dólares en los primeros 11 meses de la administración Bukele.
Silva dijo que no revela el nombre del diputado que le envió mensajes a través de sus colaboradores por estrategia legal. 'Será algo que se certificará en el proceso judicial”, dijo, en referencia al expediente del juzgado Sexto de Sentencia de San Salvador, que tiene reserva total desde inicios de septiembre, a petición del diputado Guevara y a pesar de las múltiples solicitudes de Silva de que se levante esa restricción y cualquier ciudadano pueda conocer el proceso. Sobre la identidad del personal de la Asamblea que recibió el mensaje del diputado, Silva dijo que tampoco lo revela porque teme que haya represalia laboral contra ellos en su lugar de trabajo.
Silva dijo que no es la primera vez que es sujeto de seguimiento. 'Pero sí es la primera vez que recibo una confirmación y una amenaza directa de parte de un alto funcionario de este Gobierno relacionada a estos seguimientos, y es por eso que decidimos tomar esta precaución de salir”, agregó el funcionario.
Desde la llegada del Gobierno de Bukele en 2019, al menos 15 periodistas han salido del país para resguardar su seguridad, según la Asociación de Periodistas de El Salvador. Esto ocurrió a partir de las reformas legales que dieron vida al régimen de excepción en el que El Salvador se encuentra desde marzo de 2022, tras la ruptura de las negociaciones entre esta administración y las pandillas. En diciembre de 2021, y tras haber investigado los pactos de este Gobierno con las pandillas, así como varios casos de corrupción, el exjefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía, German Arriaza, confesó a la agencia Reuters que estaba exiliado desde el mes de mayo de ese año, al igual que los demás fiscales que habían documentado casos de corrupción de la administración Bukele.
Un proceso judicial secreto
El proceso contra Silva comenzó en agosto, después de una entrevista de Canal 21 en la que Silva dijo que Guevara tiene nexos con Media Latam Group S.A. de C.V., una agencia de publicidad que, según Silva, obtuvo contratos en la Alcaldía de San Salvador en 2022 y 2023. “Un par de semanas después de eso, mi círculo cercano y yo, me refiero a algunos de mis colegas del partido e incluso colaboradores que me ayudan en el trabajo municipal, empezamos a identificar algunos seguimientos a mi persona, tanto en actividades públicas como privadas”, dijo Silva.
Silva asegura que, hace dos semanas en San Salvador, también notó cómo un vehículo marca Hyundai, modelo Elantra, le dio seguimiento mientras conducía. “Di tres vueltas en un redondel y justo salió en la misma salida que yo”, dice. El concejal recordó el primer episodio de espionaje del que fue víctima. “Ocurre a principios de 2022, cuando recibí una alerta que también recibieron otros (...) de que mi teléfono y mis comunicaciones privadas habían sido intervenidas con Pegasus. Para mí ese es el punto de partida en todo esto”, dijo Silva. En enero de ese año, un informe reveló que 35 salvadoreños, entre periodistas, activistas y defensores de derechos humanos habían sido intervenidos con el software israelí y de uso militar Pegasus. “Al recibir la amenaza de este diputado de Nuevas Ideas, son ellos mismos quienes confirman este estado de seguimiento y vigilancia hacia mi persona”, dijo Silva.
Silva recordó que existen antecedentes en que las instituciones públicas “se han prestado para servir como herramientas de persecución penal y política”. En El Salvador, jueces como Juan Antonio Durán o Jorge Guzmán, del caso de El Mozote, han manifestado públicamente que se sienten perseguidos por el Gobierno de Bukele. También Liduvina Escobar, excomisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), salió del país por amenazas; al igual que Bertha De León, exabogada del actual presidente.
Silva asegura que antes de tomar la decisión de regresar a El Salvador intentó crear las condiciones mínimas para estar medianamente protegido. “Haber salido me permite seguir los protocolos necesarios para garantizar que yo pueda tener un mínimo de seguridad en el momento en el que regrese a El Salvador para seguir cumpliendo con mis funciones como concejal y para afrontar el proceso electoral que se viene adelante, en el que voy a participar como candidato a diputado”, dijo.
A parte de las reuniones con las oficinas de dos congresistas de Estados Unidos, Silva dijo a El Faro que ha estado en contacto con dos embajadas en San Salvador.
El actual denunciante de Silva, el diputado Guevara, fue sancionado en julio de 2020 por Estados Unidos por haber impulsado la ley mordaza que, basada en una redacción legal ambigua, castigaba hasta con 15 años de cárcel la publicación de mensajes relacionados a pandillas en los medios de comunicación, en un país donde muchas de las revelaciones de los pactos entre los diferentes gobiernos y los pandilleros han pasado por publicar audios donde pandilleros conversan con funcionarios públicos. Guevara ha dicho que la sanción fue injusta porque las reformas legales que propuso buscaban combatir a las pandillas. 19 meses después de aprobada la mordaza, la Asamblea Legislativa decidió derogar sin mayor explicación las dos disposiciones que configuraban la mordaza: un párrafo del Código Penal y otro de la Ley de Proscripción de Maras y Pandillas.
El caso judicial en el que él ha demandado a Silva y en el que ha pedido una compensación de 50,000 dólares, que ha dicho donará al Hospital Bloom, está bajo reserva total. No puede hacerse público nada sobre el mismo. La reserva fue impuesta por solicitud de Guevara en la primera audiencia del proceso, a principios de septiembre, porque, según dijo el diputado, tenía derecho a que se respetara su intimidad. Después de eso, Silva solicitó por escrito, en tres ocasiones, que se revirtiera la reserva, pero la jueza declaró no ha lugar la petición.
Al igual que en la primeras dos veces, en la última de las peticiones que hizo Silva para levantar la reserva, el tribunal pidió a Guevara su postura sobre la solicitud de quitarle el secreto al expediente. Eso fue hace dos semanas. Al menos públicamente, Guevara cambió la postura que había mantenido en las dos ocasiones anteriores y aceptó la modificación. El juzgado, sin embargo, decidió mantener la reserva bajo argumentos que también son reservados.
Desde mayo de 2021, Bukele tomó control del Órgano Judicial a través de la destitución ilegal de la Sala de lo Constitucional y el nombramiento irregular de otros magistrados. En agosto de 2021, la Asamblea controlada por Bukele aprobó un decreto para separar de manera forzosa a un 30 % de los jueces y magistrados de Cámara del país. Los jueces que sobrevivieron a la depuración quedaron a expensas de ser trasladados o separados en cualquier momento y en muchos casos los nuevos jueces que nombraron carecían de idoneidad para el cargo.
En la conferencia del 18 de octubre, Guevara habló sobre la reserva de su demanda, pero aseveró, equivocadamente, que el caso “ya no tiene reserva”, cuando en realidad el tribunal decidió mantenerla.
Cinco horas después de la conferencia de prensa de Guevara, una cuentas de X identificada como @ChismosoDeSivar publicó fotos de Silva en el restaurante que había estado la noche del lunes 16 de octubre. A las 10:30 de la noche, la cuenta @chichontepec22 hizo lo mismo. En la imagen, se observa al concejal riendo mientras departía una cerveza con un amigo. En la imagen también se coloca un texto con connotaciones sexuales de mofa hacia Silva. Ambas cuentas tienen entre sus seguidores a diputados, funcionarios y activistas digitales del bukelismo, como Walter Araujo, y suelen emitir ataques contra opositores y replicar mensajes a favor del Gobierno. “Esas fotos confirmaron que me seguían, yo estaba tomándome una cerveza con un amigo de infancia”, dijo. “El seguimiento y eso que dijeron que yo estaba hablando de más me hicieron tomar la decisión de salir temporalmente”, dijo Silva.
Periodistas preguntaron a Guevara, el 20 de octubre, si él estaba relacionado con los mensajes y amenazas que había denunciado Silva. “Yo nunca he amenazado (a Silva). Decir eso es el mismo modelo de Mauricio Funes quien dice que es perseguido político y es prófugo”, dijo, en referencia al expresidente del FMLN que gobernó entre 2009 y 2014 y al terminar su mandato consiguió asilo y nacionalidad nicaragüense bajo la dictadura de Daniel Ortega. El 1 de noviembre por la tarde se pidió una reacción de Guevara a través del jefe de prensa de la bancada. Este hizo la consulta pero el diputado no quiso hacer comentarios.
Guevara ha dicho que Silva tiene que presentar las pruebas de lo que dijo en entrevistas periodísticas sobre su relación con la agencia Media Latam Group. El tribunal convocó a una audiencia de aportación de pruebas para este miércoles 25 de octubre, pero fue prorrogada a raíz de la última petición de Silva para levantar la reserva. Silva asegura que participará en las futuras audiencias y que fue esa una de las razones por las que además decidió volver. 'Nos estamos preparando para presentar las pruebas de lo que dije en televisión esta semana. En lo personal, me hubiera gustado presentarlas antes pero la reserva que solicitó el diputado Guevara lo impidió', dijo Silva.
Los contratos de la Alcaldía
Media Latam Group es una agencia de publicidad fundada el 18 de diciembre de 2015 por personas cercanas a Guevara, incluida quien ahora es su esposa, Sonnel Márquez. Otros fundadores de la agencia son Cindy Constanza y Nuria Amaya, esposas de Julio Mejía y Raúl Figueroa, respectivamente, con quienes Guevara fundó Aire Frío, una empresa de aires acondicionados en 2013. La cuarta persona que ayudó a fundar Media Latam Group es otra persona cercana a Guevara: Gustavo Melgar, quien fue director de la sociedad Plan B junto con Guevara entre 2015 y 2020. Las tres empresas ganaron 1.7 millones de dólares en contratos públicos durante los primeros 11 meses de la administración Bukele. De ellos, la menor parte (unos 79,000 dólares) corresponde a lo facturado por Media Latam Group, gracias a pequeños contratos de publicidad en ANDA y Corsatur.
Para ese momento, mayo de 2020, Guevara aun no oficializaba su intención de correr como candidato a diputado por Nuevas Ideas, pero cuando lo hizo, en julio de ese año, Media Latam continuó ganando contratos estatales. El artículo 127 de la Constitución, que enlista a quienes tienen prohibido ser candidatos a diputados, incluye a contratistas de “obras o empresas públicas que se costeen con fondos del Estado”. El artículo 128 de la Constitución dice que los diputados “no podrán ser contratistas ni caucioneros de obras o empresas públicas que se costeen con fondos del Estado o del municipio…”.
En 2020, cuando Guevara se inscribió como candidato a diputado ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), algunas instituciones del Estado tenían contratos activos con Media Latam Group. Por ejemplo, la Presidencia de la República de Bukele tenía un saldo pendiente con la agencia por 715.78 dólares, y la Corporación Salvadoreña de Turismo otra deuda por 842.48 dólares, según las Notas a los Estados Financieros de la empresa, inscritos en el Registro de Comercio. Al 31 de diciembre de 2022, Media Latam Group seguía relacionada con el Estado: entre sus clientes deudores de ese año, de acuerdo a la Notas a los Estados Financieros, estaba la Alcaldía de San Salvador y una dependencia de esta, la Secretaría de la Mujer y la Familia, cuyas deudas eran 204,651 dólares y 37,894 dólares, respectivamente.
Guevara tuvo un cargo visible en Media Latam Group desde julio de 2019, cuando recibió un poder administrativo con cláusulas especiales para que dirigiera los negocios de la empresa. Ese poder, de acuerdo al Código de Comercio, estuvo vigente hasta que expiró el nombramiento de los administradores únicos propietarios y suplentes de la sociedad; es decir, diciembre de 2020. No obstante ese poder y ese nexo, Guevara ha insistido en que había dejado de tener relación mucho antes de eso. Durante una llamada telefónica en la radio 107.7 Fuego, el 11 de agosto, Guevara dijo que su vinculación con la empresa terminó a finales de 2018 y agregó que “algún pariente mío” —aparentemente, en referencia a su esposa Sonnel Márquez— ya no tuvo participación a partir de principios de 2019'.
Guevara no ha aclarado por qué insiste en que no tiene ninguna relación con la empresa a pesar de la relación que tiene su gente de confianza con la sociedad, pero principalmente porque que en julio de 2019 recibió ese poder general administrativo con amplias facultades para tomar decisiones sobre esa empresa. Hace tres años, en el marco de una investigación sobre los contratos obtenidos por las empresas de Guevara, El Faro también contactó con Guevara para darle derecho a respuesta acerca de los cientos de miles de dólares obtenidos del Gobierno que él ayudó a instalar. Guevara no aceptó que la entrevista se hiciera en persona en aquel momento, ni tampoco por teléfono y dijo que solo contestaría preguntas por escrito. El Faro le envío este cuestionario con 31 preguntas, en octubre de 2020, pero Guevara nunca respondió.
En 2022, Media Latam Group siguió ganando contratos con el Estado. Gustavo Melgar, quien fue directivo con él en Plan B entre 2015 y 2020, sigue siendo el representante legal de la sociedad.
Por ejemplo, la agencia ganó la licitación pública LP-13-AMSS-2022 el 19 de julio de 2022 de la Alcaldía de San Salvador, gobernada desde 2021 por Nuevas Ideas. La oferta de Media Latam fue de 501,333 dólares por el servicio de publicidad para cinco meses, entre agosto y diciembre de 2022, según consta en el sistema Unidad Nacional de Contrataciones (UNAC).
Otra adjudicación fue la CD-05-AMSS-2023 y terminó adjudicándose vía contratación directa a Media Latam Group, en marzo de 2023, por un monto de 646,200 dólares, para servicios de publicidad en el período entre abril y diciembre de 2023. La Alcaldía había intentado adjudicar ese proceso en una licitación pública, pero finalmente fue declarado desierto porque, según fuentes de la municipalidad que hablaron con El Faro, las empresas ofertantes se excedieron del monto presupuestado por la Alcaldía. Por esa razón arrancó un proceso de contratación directa que terminó adjudicándole el contrato a Media Latam por un monto casi idéntico al límite que se había establecido. Esta casualidad consta en documentos de la Alcaldía a los que El Faro tuvo acceso. Los documentos muestran que el 7 de febrero, o sea 20 días antes de que Media Latam presentara su oferta de 646,000 dólares, la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional de la Alcaldía había informado a la Unidad de Adquisición y Compras Institucionales (UACI) de la comuna que el presupuesto definido para el proceso era 648,700 dólares. Es decir, apenas 2,493 dólares más que lo que finalmente presentó la empresa vinculada a Guevara.
