La administración de la Fiscalía que fue derrocada el 1 de mayo de 2021 por la actual Asamblea Legislativa había abierto un expediente de investigación a Alma Yanira Meza, madre del viceministro de Seguridad y director de Centros Penales, Osiris Luna, que, gracias a escuchas telefónicas, incluía información sobre sus intenciones de comprar un apartamento con las ganancias del hurto y posterior venta de alimentos del Programa de Emergencia Sanitaria (PES), según los fiscales de Catedral.
La investigación giró en torno a una propiedad en un condominio de la capitalina colonia Escalón, por el que Alma Yanira Meza, madre de Luna, negoció pagar $200,000, según estimaciones de los fiscales y que constan en un archivo del expediente conocido como Catedral. El Faro consultó y contrastó los datos del archivo Catedral con información pública del Centro Nacional de Registros. Según el registro público, la propiedad mencionada en el expediente de la Fiscalía pertenece a Marta Mileydi Campos, también vinculada a la familia Luna Meza por un terreno playero en Las Hojas, donde este medio pudo constatar que durante unas semanas de abril de este año hubo reos trabajando.
Campos es una empresaria que desde hace una década ha administrado empresas inmobiliarias junto a la madre del director de Centros Penales, y es también la empresaria que, tras la publicación que evidenciaba que los reos hacían trabajos en su terreno, lo donó a la Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
El apartamento que los fiscales investigaban estaba registrado, hasta finales de abril de este 2023, a nombre de Marta Mileydi Campos. Según el archivo Catedral, este fue investigado con el objetivo de seguir el rastro del dinero obtenido ilegalmente por Osiris Luna y su madre. Según la misma investigación, Luna y su madre hurtaron y vendieron por su cuenta 42,909 sacos de alimentos del Programa de Emergencia Sanitaria, destinado en parte a combatir el hambre desatada por la pandemia de Covid-19. Según los fiscales de Catedral, que dieron seguimiento a los camiones donde se transportaban los alimentos, Luna y su madre vendieron 38,500 botellas de aceite además de los sacos de arroz, azúcar y frijol. Los productos, valorados por la Fiscalía en $1,609,087.50 fueron vendidos a un comerciante que tiene antecedentes por contrabando de mercadería. Tras la publicación de este hecho, no ha habido ninguna reacción del Gobierno ni de la actual Fiscalía, y Luna sigue ocupando sus cargos oficiales.
La investigación Catedral, construida a base de escuchas telefónicas, determinó que, tras la venta de los alimentos, la madre de Luna había negociado el pago de $200,000 por el apartamento en la colonia Escalón. En ese mismo expediente, los investigadores mencionan que $200,000 obtenidos de esta operación fraudulenta iban a ser utilizados para la compra de un apartamento, según la presentación que hace una reseña de las escuchas telefónicas. La presentación, sin embargo, no menciona si los fiscales tuvieron acceso a la compraventa, y en el Registro Público no hay constancia de que esta operación haya sido inscrita.
“1 de octubre de 2020. Alma (Yanira Meza) da inicio a los procesos para la compra de un apartamento en condominio Terra Alta, #521 por un monto de $200,000”, dice una lámina de una presentación elaborada por investigadores del Grupo Especial Antimafia, GEA, instancia desarticulada por la administración del actual fiscal, Rodolfo Delgado. La mayoría de los fiscales que conformaron el GEA están ahora en el exilio y su jefe, Germán Arriaza, ha denunciado que hubo persecución contra ellos por haber investigado la corrupción de este Gobierno. En enero del 2022, la Fiscalía controlada por el bukelismo allanó las oficinas de los siete fiscales que investigaron Catedral.
Catedral agrupaba la investigación de la Fiscalía sobre la negociación del Gobierno con las pandillas, la corrupción en las compras de alimentos durante la pandemia por el Covid-19 y el uso del Programa de Emergencia Sanitaria en la campaña electoral de políticos como el actual alcalde de la capital, Mario Durán.
La propiedad en Terra Alta, según documentos del Centro Nacional de Registro, pertenece desde 2012 a Marta Mileydi Campos, quien pagó $132,500 por el inmueble el 22 de octubre de 2012, según la compraventa.
Mileydi Campos y Alma Yanira Meza han coincidido en casi una decena de empresas inmobiliarias. El 17 de noviembre de 2019, por ejemplo, la empresa Talleres Ferbe Centroamericana Auxiliar de Cemento designó como directora presidente suplente a Meza y, como secretaria, a Campos, según la credencial de la junta directiva. La compañía salvadoreña se dedica a la “construcción, ampliación y reforma de edificios y viviendas” y es una subsidiaria de una empresa española con sede en Sevilla, también denominada “Talleres Ferbe S.A”, que brinda “servicios de taller y reparación de instalaciones industriales”.
La relación entre Campos y la madre de Luna se mantienen hasta la fecha. Hasta julio de 2022, Alma Yanira Meza aparecía inscrita como alguien que recibía salario de la empresa Cúmulos Internacionales. Mileydi Campos es administradora suplente de la misma empresa, según la credencial de junta directiva del 20 de abril de 2012.
El martes 6 de junio, El Faro entregó una carta dirigida a Mileydi Campos en la recepción del edificio Terra Alta, en la que se le solicita una entrevista para conversar sobre sus negocios con la madre del director de Centros Penales. Al cierre de esta nota, no respondió la solicitud de entrevista.
El 23 de abril de 2023, El Faro reveló que más de docenas de reos fueron enviados a trabajar en una propiedad de playa en “el solar 367 Polígono A, Hacienda Las Hojas, Porción II”, que en ese momento aún pertenecía a Mileydi Campos. Esa propiedad era originalmente de una institución pública, el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (Ista), pero el 15 de marzo de 2022, el presidente del Ista, Óscar Enrique Guardado, autorizó el desmembramiento de la propiedad de 485.77 metros cuadrados -de un lote de 1,271,558.16 metros cuadrados en la Hacienda Las Hojas- para venderlo a Ricardo Arturo González Domínguez, quien pagó $11,874.73 por la propiedad.
González vendió la propiedad el 17 de octubre de 2022 a Mileydi Campos por $20,000, según la compraventa del 4 de noviembre de 2022. El 4 de mayo de 2023, dos semanas después de que la propiedad fue mencionada en distintos artículos periodísticos por la presencia de reos, Campos donó el terreno a ANDA.
El aparato de propaganda del Gobierno se encargó de difundir en redes sociales que en ese terreno se iba a construir una planta desalinizadora de agua. La construcción de la planta no había sido incluida el año anterior en la planificación de ninguno de los Presupuestos Públicos autorizados para las instituciones que participan en su construcción y las obras comenzaron sin los respectivos permisos ambientales días antes de que Mileydi Campos donara el terreno a ANDA. La publicación que describía el trabajo de los reos no solo generó repudio de organizaciones de la sociedad civil y algunos políticos de oposición por el hecho de que estuvieran trabajando en una propiedad privada, sino porque los privados de libertad, según relataron varias fuentes, trabajaban en condiciones denigrantes, sin agua ni alimentos.
El 24 de mayo de 2023, Anda declaró reservada la carpeta técnica de la 'Planta desalinizadora en Playa Las Hojas, 2023', según una resolución de la autónoma en respuesta al Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (Alac), que había solicitado esos registros. 'Declárese reservada la información requerida', dice la resolución que ha puesto bajo secreto durante 7 años la información de este proyecto anunciado tras la revelación de que los reos estaban trabajando en el terreno de Mileydi Campos.
