El Departamento de Estado hizo oficial este miércoles 20 de julio la actualización anual de la Lista Engel, que incluye a 60 funcionarios, exfuncionarios, empresarios, fiscales y jueces centroamericanos a quienes Estados Unidos acusa de corrupción o daño a la democracia. La lista final coincide casi en su totalidad con un documento con 61 nombres filtrado el pasado viernes , y confirma sanciones a personas cercanas a los presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras, además de 23 operadores de justicia responsables de la persecución política de opositores en Nicaragua.
Llama la atención el único funcionario público incluido en el borrador que se difundió el viernes pero que no aparece finalmente en la lista oficial: el ministro de Hacienda de El Salvador, Alejandro Zelaya. Su sanción hubiera colocado en una situación complicada a la administración del presidente Nayib Bukele, puesto que El Salvador atraviesa una grave crisis financiera y Zelaya es el rostro de las gestiones gubernamentales para conseguir financiamiento internacional que salve al país del default.
Fuentes del Gobierno estadounidense confirmaron a El Faro el viernes que el borrador en el que se nombraba a Zelaya es auténtico, aunque advirtieron que podía “sufrir cambios” hasta el momento en que la lista se hiciera oficial. Así fue finalmente en el caso del ministro. Este miércoles por la tarde Patrick Ventrell, director de la Oficina para Centroamérica del Departamento de Estado, no quiso valorar las razones por las que, cinco días después de la filtración, su nombre no fue incluido entre los sancionados: “No puedo hacer ningún comentario sobre ninguna lista que no sea la hecha oficial hoy”, dijo en una conferencia de prensa telefónica con medios de la región, “Antes de hoy no hubo ninguna decisión oficial tomada y ahí están los nombres decididos.” En las secciones de Guatemala, Honduras y Nicaragua, la lista oficial coincide exactamente con el borrador del día 15.
En el documento que El Faro difundió, Estados Unidos acusaba al ministro de Hacienda de “socavar procesos democráticos o instituciones” al retener de municipalidades “según reportes” $497 millones en fondos públicos para servicios esenciales, “con el fin de generar enfado popular y falta de confianza en los candidatos que aspiraban a la reelección, y así granjear apoyos para sus aliados políticos, que aspiraban a cargos públicos en las elecciones legislativas y municipales de 2021.” Se trata de una denuncia que los partidos de oposición ya hicieron en su momento, y por la que Zelaya llegó a enfrentar un juicio de Cuentas, aunque fue absuelto el 20 de diciembre de 2021.
Esta ampliación oficial de la Lista Engel es aun así un duro mensaje de la administración Biden a los gobiernos de Centroamérica, con los que no ha logrado en año y medio de mandato construir una relación de cooperación. Sus tensiones con el mediático presidente de El Salvador se expresan claramente en las sanciones a su Secretario de Prensa, Ernesto Sanabria; su exasesor Jurídico, Javier Argueta, y al actual jefe de fracción del partido oficial Nuevas Ideas, Christian Guevara.
Con Sanabria ya son siete los miembros o exintegrantes del gabinete de Bukele sancionados por el Departamento de Estado con la retirada de visa y la prohibición de entrar a Estados Unidos, contando a su jefa de Gabinete, su Secretario Jurídico, su ministro de Trabajo, su Viceministro de Seguridad, y sus exministros de Seguridad y de Agricultura. Todos están acusados de corrupción, o de acciones ilegales para facilitar que Bukele tomara en mayo de 2021 control de la Sala de lo Constitucional y posteriormente de todo el poder Judicial.
“En el caso de Argueta hay un mensaje claro de condena a la falta de independencia judicial en El Salvador”, opina Ana María Méndez, directora para Centroamérica de WOLA. El Departamento de Estado acusa al exasesor jurídico de Bukele de ser “el cerebro de la destitución ilegal de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de El Salvador y del fiscal general” el 1 de mayo de 2021.
Cuatro meses después, los cinco jueces impuestos ilegalmente en su lugar por la Asamblea Legislativa controlada por Nuevas Ideas emitieron una resolución que avala la reelección presidencial, pese a que la Constitución de El Salvador prohíbe de forma explícita que un presidente pueda gobernar dos periodos consecutivos. A finales de septiembre de 2021 Estados Unidos incluyó también a esos cinco magistrados en la Lista Engel.
“Queremos seguir mirando dónde podemos colaborar con el Gobierno de El Salvador”, dijo este miércoles Ventrell, “pero obviamente tenemos varias preocupaciones por acciones e incluso con ciertos individuos, y hemos sido claros en esa preocupación”. El presidente Bukele despreció la filtración del viernes pasado acusando a Estados Unidos de injerencia —“United Fruit Company”, tuiteó—, pero el gobierno de El Salvador no ha respondido formalmente al contenido de la lista y sus sanciones.
En esta ampliación de la Lista Engel el departamento de Estado incluye también al exministro de Seguridad del Gobierno de Antonio Saca (2004-2009), René Figueroa, y a su esposa, acusados ambos de desviar “para su uso personal” $3 millones de fondos públicos. La lista alcanza también al alcalde de San Miguel, Will Salgado, acusado de “tráfico de drogas y lavado de dinero”, y de “usar sus conexiones con los cuerpos de seguridad de la ciudad para intimidar a la familia de su oponente electoral”. El documento no detalla si se trata de delitos cometidos durante su anterior periodo en la alcaldía entre 2000 y 2015, cuando fue militante de los partidos PDC, Arena, PCN y GANA, o tras su regreso al cargo en 2021 bajo las banderas de GANA y Nuevas Ideas.
Puerta a sanciones mayores
“La lista es bastante completa, y obviamente puede ser un punto de partida para otras sanciones de Estados Unidos”, dice Méndez. “En el caso de Guatemala, al involucrar al sector privado, puede dar pie a que a las personas sancionadas se les prohíba la conducción de negocios en territorio estadounidense. Serían medidas más serias, con implicaciones más reales que la retirada de visas”.
La aparición de destacados empresarios cercanos al presidente Alejandro Giammattei y a los que Estados Unidos acusa de corrupción es la nota más destacada de los 15 nombres guatemaltecos en la lista. Es especialmente llamativo el caso de Ramón “Moncho” Campollo Codina, al que el Departamento de Estado acusa de significativos soborno de funcionarios públicos. Campollo es uno de los mayores empresarios azucareros del país y el propietario de la poderosa Corporación de Energías de Guatemala. El pasado mes de junio, un reportaje del medio guatemalteco Vox Populi reveló que el grupo empresarial Campollo fue financista de Alejandro Giammattei y otros candidatos en la elección presidencial de 2019.
En la lista de 16 sancionados guatemaltecos hay otros empresarios a los que investigaciones periodísticas vinculan con el presidente de Guatemala. La constructora Asfaltos y Petróleos S.A. (Aspetro), propiedad de Mauricio López Camey y su hijo Mauricio López Oliva, es una de las constructoras que más contratos de obra pública ha recibido durante el Gobierno de Giammattei, y López Oliva ha sido relacionado con el supuesto regalo al presidente de la vivienda en la que actualmente habita, por parte de un grupo de constructores. Estados Unidos acusa a padre e hijo de pagar sobornos a funcionarios a cambio de contratos gubernamentales.
El cerco al presidente Giammattei, que a inicios de la administración Biden se perfiló como su principal aliado en la región —todavía lo es en materia de freno a la migración y lucha contra el narcotráfico— pero ahora acusa frecuentemente a Washington de injerencia por sus críticas a Guatemala en materia de corrupción e impunidad, se completa con la aparición en la lista de José Luis Benito, exministro del Gobierno de Jimmy Morales (2016-2020). El año pasado varios testigos acusaron a Benito, que está en la cárcel en Guatemala acusado de corrupción y lavado de dinero, de pactar en 2019 con Alejandro Giammattei una inyección a su campaña electoral de 2.6 millones de dólares provenientes de sobornos de constructoras, a cambio de que lo mantuviera un año más como ministro de Comunicaciones.
Estados Unidos acusa a Benito, explícitamente, de “un importante involucramiento en corrupción al solicitar, aceptar y ofrecer sobornos con el fin de mantenerse en el cargo”, y añade a la Lista Engel al actual Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, acusado de boicotear entre otros casos la investigación de esos posibles sobornos a Giammattei.
El secuestro del sector justicia guatemalteco, expresado en la forma de una veintena de fiscales y jueces que han tenido que salir al exilio en el último año, también se refleja en la lista del departamento de Estado. Dos magistrados de la Corte Suprema —Oswaldo Medina y Vitalina Orellana—, un abogado, un juez, la exdiputada Alejandra Castillo y el exrector de la universidad más importante del país, la estatal San Carlos, aparecen entre los sancionados bajo la acusación de ser parte de un sistema para llevar a jueces corruptos la Corte Suprema y las cortes de apelaciones de Guatemala. El caso, que durante los últimos dos años ha estado en manos de fiscales y jueces anticorrupción, se conoce como “Comisiones Paralelas 2020”.
Es irónico que el mismo día que se publicó la Lista Engel el Congreso de Guatemala eligiera para estar los próximos cinco años al frente de la Procuraduría de Derechos Humanos —uno de los pocos espacios institucionales independientes que quedan en un país— a un exmagistrado sospechoso por ser parte de ese mismo sistema de corrupción: José Alejandro Córdoba. “Durante el último año, pese a que tenía un señalamiento, tanto la Corte de Suprema como la Corte de Constitucionalidad, blindaron a Córdoba para que no pudiera ser investigado”, dice Juan Francisco Sandoval, el fiscal que hasta su exilio en julio de 2021 lideraba la investigación del caso “Comisiones Paralelas”.
Es un ejemplo del limitado impacto que las sanciones están teniendo en el rumbo de los países centroamericanos. “Las sanciones”, en palabras de Ventrell, “no deben ser tomadas como un castigo sino también como un intento de prevenir o parar la corrupción en el futuro. Si hay gente en los gobiernos o en sector privado de esos países que están mirando la lista, el mensaje es claro: que no participen en esto porque no podrán ser socios de Estados Unidos en el corto, mediano o largo plazo”. La evidencia dice que, al menos en Guatemala, ese mensaje no está teniendo la capacidad de transformación que pretende la Casa Blanca. En septiembre de 2021 Estados Unidos incluyó en la lista Engel a la fiscal general de Guatemala , Consuelo Porras, por obstrucción a la justicia; el presidente Giammattei la reeligió en el cargo el pasado mayo.
El escepticismo crece aún más cuando se mira a la Nicaragua de Daniel Ortega y su aparente inmovilidad pese a las múltiples sanciones internacionales que ha recibido. La Lista Engel ya incluía desde marzo a tres miembros del Consejo Supremo Electoral, el líder del Partido Sandinista en la Asamblea Nacional, cuatro diputados sandinistas, incluido el presidente de la Asamblea, y una jueza acusada de procesar y descalificar ilegalmente a candidatos de oposición. Este miércoles se añadió a diez fiscales y trece jueces acusados de fabricar cargos falsos o condenar sin pruebas, en juicios fraudulentos, a líderes de la oposición o simples “ciudadanos que son críticos con el Gobierno” como parte de la brutal represión lanzada por Ortega a mediados de 2018, y recrudecida el año pasado en vísperas de las elecciones de noviembre, a las que no pudo concurrir la oposición y consideradas ilegítimas por la comunidad internacional.
Fractura con Honduras
Esta actualización de la Lista Engel puede, además, terminar de romper la alianza que durante los últimos meses había forjado la administración Biden con el nuevo gobierno de Xiomara Castro, y que abría a Estados Unidos un nuevo punto de apoyo en el triángulo norte tras el distanciamiento con Guatemala.
Las sanciones anunciadas este miércoles por el Secretario de Estado, Antony Blinken, alcanzan a personas clave del partido de Castro, Libre, y del Gobierno de su marido, Manuel “Mel” Zelaya, presidente de Honduras entre 2006 y 2009, cuando fue depuesto por un golpe de estado. Se trata de Rasel Tomé y Antonio Casaña, ambos vicepresidentes del Congreso y diputados del partido Libre, y de Enrique Flores Lanza, que fuera ministro de la Presidencia de Zelaya y ahora es asesor presidencial de Castro. Otros sancionados son Carlos Montes y Javier Pastor, exministros de Trabajo y de Salud.
A todos ellos, excepto a Casaña, Estados Unidos los acusa de corrupción cuando fueron funcionarios de Mel Zelaya. A Casaña le acusa de corrupción cuando fue líder magisterial y dirigente del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), en 2010.
Aunque con menos implicaciones para el Gobierno de Castro, la lista incluye también al empresario Roberto David Castillo Mejía, integrante del Comité Ejecutivo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE) durante el Gobierno de Zelaya. Estados Unidos le incluye en la Lista Engel por adjudicar en 2009 contratos de ENEE a una compañía en la que él “tenía intereses financieros”. Castillo fue condenado a 22 años y medio de cárcel el mes pasado como autor intelectual del asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres en 2016.
“El de Honduras es el caso más preocupante”, opina Ana María Méndez, “porque hay ya mucha incertidumbre alrededor de proyectos o promesas de reforma hechos por la presidenta Castro, y temo que las dudas que lanza la lista sobre la integridad de algunas figuras clave del partido Libre puedan abrir fisuras en la relación entre Estados Unidos y Honduras, y afectar a iniciativas como la posible Comisión Contra la Impunidad de Honduras (CICIH)”.
La respuesta que el Gobierno de Xiomara Castro dio este miércoles a las sanciones contra personas de su entorno confirma esos temores. En los últimos días, el Gobierno de Honduras había expresado sus dudas sobre la veracidad de la lista filtrada el viernes; al confirmarse y hacerse oficial expresó en un comunicado su “rechazo categórico” a la Lista Engel, a la que considera “un documento motivado políticamente e injerencista”.
“La naturaleza e intención de esa lista denota una permanente manipulación y una política intervencionista”, dice el comunicado, que acusa a Estados Unidos de no haber incluido en la edición del año pasado al expresidente Juan Orlando Hernández, “evidentemente protegiéndolo, ya que apenas unas horas después de terminado su mandato Estados Unidos procedió a acusarlo de narcotraficante y proceder a su extradición”. El gobierno de Honduras acusa en el texto a la Casa Blanca de “un intento por validar” con “las acciones y despropósitos de esta publicación” el golpe de Estado de 2009 que sacó del poder a Zelaya.
La lista en realidad incluye a ocho personas que actualmente están a la espera de condena como parte del caso de corrupción conocido como “Corrupción sobre ruedas”, que las vincula con una estructura de desvío de fondos a campañas políticas dirigida en su momento por Hilda Hernández, hermana del presidente Juan Orlando Hernández. El Departamento de Estado incluye en la Lista Engel a estas ocho personas, en su mayoría exfuncionarios del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y de la Casa Presidencial, por malversar durante el Gobierno de Lobo (2010-2014) medio millón de dólares del programa “Bono 10,000”, un plan presidencial diseñado para reducir la pobreza rural.
El Departamento de Estado anunció además el pasado febrero que Juan Orlando Hernández entró a la Lista Engel en julio de 2021, pero que fue incluido en una sección clasificada del documento y por lo tanto no se hizo público. Lo cierto es que la supuesta sanción tampoco tuvo el efecto práctico de impedirle la entrada a Estados Unidos: en noviembre de 2021 el expresidente visitó Washington para presentar un libro que lleva su firma: “Juntos hicimos historia, 8 años de Juan Orlando Hernandez”. Lo hizo valiéndose de su pasaporte diplomático, que no se veía alcanzado por el castigo.
La existencia de secciones no públicas en esta y otras listas de sanciones de Estados Unidos es habitual. Una fuente de la administración Biden aseguró a El Faro que algunas de las sanciones a salvadoreños anunciadas el año pasado llevaban vigentes ya un tiempo, aunque no detalló cuáles. El diputado Christian Guevara afirmó este miércoles que, a pesar de que la sanción en su contra se conoció el viernes 15 y se confirma hoy, su visa fue anulada el pasado 25 de mayo. El alcalde Will Salgado explicó el pasado domingo que la suya le fue retirada en 2012
