El taxista estaba estacionado, ventanas abiertas, puertas sin llave, en una calle de San Salvador. Veía las noticias en su celular, un video en uno de esos cientos de canales de Youtube que replican imágenes de operativos policiales y pandilleros capturados, la última moda de marketing de contenido sobre el Gobierno de Nayib Bukele.
Conocí al taxista el 21 de abril. Quedaban solo unos días del primer mes del Régimen de Excepción, una política de suspensión de derechos que, para entonces, ya había permitido al Gobierno capturar a unas 15,000 personas en casi un mes, después del peor repunte de violencia homicida del siglo: 62 asesinatos en un solo día. Ya para entonces, voces oficialistas sugerían que se necesitaba prorrogar el Régimen. A veces, los periodistas tenemos poca imaginación. Ese día vi a cuatro colegas de televisión que tuvieron la misma idea que yo: hacer un sondeo en el Centro de San Salvador para saber qué piensa la gente. Y ahí va uno, como si fuera encuestador o vendedor de chips telefónicos, a importunar a gente que quizá solo quiere pasar el tiempo, o vender algo ellos mismos, o ver a la gente bailar con los combos del parque Libertad.
En esas estaba, tratando de hacer conversación con alguien, cuando encontré al taxista. Fue especialmente entusiasta. Puso pausa al video del celular, exhibió su amplia sonrisa desdentada y empezó. “No me incomoda, ni me afecta. Llevamos más de dos décadas siendo víctimas del Barrio 18 Sureños, pero ahora tenemos esperanza en Dios y en el señor presidente, que es diferente a todos los que han existido”, dijo.
Frases como esta sirven todos los días a la Secretaría de Prensa para titular sus videos, o tuitear, o para decenas de canales en Youtube que refuerzan la imagen del presidente. “Él ha venido a poner el dedo en la llaga a favor de la clase trabajadora”, me dijo el taxista. Pero más que solo propaganda, son ideas compartidas por buena parte de la población.
Bukele tiene entre el 83 % y el 85 % de aprobación, según tres encuestas: CID Gallup en febrero de 2022, Mitofsky en abril de 2022 y la encuesta de LPG Datos en diciembre de 2021. Si bien es cierto que ejecutivos de Gallup y Mitofsky han sido asesores de Bukele, la casa LPG Datos es del periódico La Prensa Gráfica, crítico de su gestión. La verdad es que Bukele sigue siendo muy popular en el país.
Aunque el Régimen de Excepción acarree condenas de organizaciones como Amnistía Internacional o Naciones Unidas, a pesar de que cada vez abunden más las denuncias en redes sociales de capturas a personas con alguna discapacidad, con probada inocencia o a evangélicos que se retiraron de las pandillas hace años, la realidad en la calle se parece más a la voz del taxista. Una encuesta de CID Gallup dice que nueve de cada diez salvadoreños están de acuerdo con el Régimen de Excepción. Antes que descartar a los seguidores del presidente como fanáticos irreflexivos, conviene escuchar sus motivos.
La noche anterior, el taxista manejaba de noche con sus dos hijos adolescentes. Venía de hacer un viaje en la colonia Dina y una patrulla se puso atrás de él a la altura del bulevar Venezuela. Pero el taxista respondió con un eslogan que ahora se usa para justificar las medidas: “el que nada debe, nada teme”, me dijo.
Un policía le ordenó que se parqueara y apagara el taxi. Le pidió los papeles del carro. El taxista abrió el baúl. Dijo que el del asiento del pasajero era su hijo y los agentes lo revisaron para ver si tenía tatuajes. Los agentes, dice, ya estaban satisfechos, pero el taxista también se sacó su camisa manga larga y el centro que andaba y les mostró su espalda y su pecho desnudo. “Estamos para colaborar”, les dijo. Pero esta buena disposición tiene un motivo. “Los civiles nos sentimos agradados”, dijo. “Solo los que hemos sido víctimas sabemos los que hemos sufrido y ahora tenemos un rayo de esperanza”, dijo.
Del otro lado de la moneda existen cientos de denuncias de “abusos graves” que incluyen desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia estatal, según un informe de Human Rights Watch y la organización Cristosal. Mientras decenas de mujeres peregrinan afuera de cárceles y centros de detención en busca de sus familiares, el Gobierno impulsa una narrativa que las criminaliza: dice que más de 3,000 mujeres son pandilleras y han sido capturadas bajo esta política. El eslogan de que solo hay que temer a las autoridades si se oculta algo choca con varios casos que se denunciaron: un futbolista en Zacatecoluca, un muchacho de 18 años con una discapacidad intelectual en Colón, un artista tatuador en San Miguel, un pastor evangélico en Ahuachapán, un saxofonista que fue asesinado a golpes en el penal de Izalco.
¿Por qué estos datos no son aún escandalosos entre la mayoría de la población? El taxista me contó esta historia. En 2017, ya llevaba 17 años de trabajar en su taxi. Me dijo la colonia y el municipio de San Salvador donde vivía. Lo anoté en mi libreta, pero no lo puedo repetir sin ponerlo en riesgo. Dijo que los pandilleros lo buscaban para hacer carreras. Le decían que los llevara a algún lugar, donde tendría que esperarlos y luego llevarlos de regreso. Pero siempre puso excusas. Dijo que su carro fallaba, que en vez de ayudarlos les estorbaría. Dijo que la táctica le funcionó cuatro veces.
La quinta vez le llevaron un celular. “El que llevaba el mando me insultó. Me amenazaron y tuve que salir de la colonia a pie con mis hijos y la mamá de ellos”. Desde entonces, el taxista asumió una etiqueta que le duele pero que se volvió famosa hace unos años: víctima de desplazamiento forzado. Por aquellos años, las cifras de migrantes se engrosaron con esta nueva categoría: refugiados. Fue la nueva cara de la violencia hace una década. Se contaban por legión, en ciudades fantasmas y en éxodos comunitarios televisados, perpetrados ante la mirada de las autoridades. Naciones Unidas lo reconoció y dijo que las pandillas eran el principal causante y al Estado le costó casi una década siquiera reconocer que era un problema nacional. Se aprobó una ley para la protección de víctimas de desplazamiento y luego no pasó nada.
Las consecuencias también siguen. Al taxista se le humedeció la mirada y se le empañaron los lentes cuando me dijo que su familia se desintegró después de ese evento. Deambularon. Él y sus hijos durmieron en las calles, dentro del carro. Pidieron posada en una estación policial por una noche. No les dieron. Por eso llora el taxista cuando se acuerda. Me disculpé con él, le dije que no quería hacerlo sentir mal, que solo quería conversar. Pero se limpió las lágrimas y siguió con su relato. “Yo he deseado que me abordé alguien como usted para visibilizar mi historia”, me dijo. Lo seguí escuchando, parado en la acera frente a su carro.
En su lucha por justicia, el taxista asegura que fue a todas las instituciones que se supone existen para que a los ciudadanos no les pasen cosas como estas. Al Ministerio de Seguridad y Justicia, que “de justicia no tiene nada”, dice. La Policía. La Procuraduría de Derechos Humanos. La Agencia de Refugiados de Naciones Unidas (Acnur). El Comité Internacional de la Cruz Roja. La Fiscalía General. Recuerda de memoria el nombre de la fiscal que llevaba su caso. Lo anoté y luego encontré en Internet decenas de documentos legales en que una persona con ese nombre interviene como fiscal ante juzgados y ante la Sala de lo Penal. Dice que la fiscal procesó a dos pandilleros, pero que eso nunca tuvo efectos para él.
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En 2020, con otro Gobierno, con este presidente, el taxista intentó retomar su casa. Volvió, pero en su comunidad lo identificaron y lo volvieron a amenazar. Sigue siendo un desplazado pese a que, desde 2019, este Gobierno y este presidente que a él le representa esperanza impulsa un plan de seguridad llamado “Control Territorial”. El documento, manejado como secreto por el Gobierno, fue elaborado por asesores extranjeros y es la razón, según el Gobierno, del descenso de los homicidios, aunque haya evidencia publicada de que las negociaciones con las pandillas están en el centro de esa reducción. Pero no ha sido efectivo para ayudar a víctimas como el taxista. Siguen aquí. Cristosal dice haber atendido a 1,300 víctimas de desplazamiento forzado entre 2020 y lo que va de 2022.
Y se siguen yendo. Las cifras de migrantes arrestados por Estados Unidos en su Frontera Sur siguen repuntando desde el descenso durante 2020 por la pandemia de Covid. Este año, promedian 271 salvadoreños cada día.
Mi plan era pedir al taxista que me mostrara los documentos y más información sobre su caso. Intercambiamos llamadas la siguiente semana y quedamos de vernos de nuevo, en el mismo lugar de la primera conversación, el 4 de mayo. Lo llamé seis veces ese día, pero no contestó. En la tarde, lo llamé de otro número y me dijo que lo buscara al día siguiente. El 5 de mayo no me contestó en ninguno de los dos teléfonos. Después de esa primera conversación y algunas llamadas, me quedé con varias preguntas irresueltas. ¿Cómo lidia con la pandilla ahora? ¿Qué fue exactamente lo que pasó cuando volvió a su antigua casa en 2020? ¿Qué piensa de que el número de pandilleros ha aumentado, según las cifras del Gobierno Bukele, y ahora hay alrededor de 70,000 en las calles? ¿Cree que los múltiples reportes de la negociación del Gobierno con las pandillas son falsos? ¿Paga extorsión por hacer su trabajo, como tanta gente lo sigue haciendo en este país a pesar del Régimen de Excepción? Entendí que no quería hablar más conmigo, pero pensé que, aún así, su historia merecía ser contada, porque el taxista representa la voz mayoritaria.
Aunque ahora hay más de 27,000 detenidos y miles de familiares alrededor de ellos, muchos reclamando por la arbitrariedad de los procesos, millones de personas en el país también están de acuerdo con la represión de esta forma. ¿Cómo se explica esto? “Es una sociedad cansada y harta de la falta de respuestas al problema de la violencia crónica que tiende a aceptar respuestas de corto plazo al problema”, me dijo Verónica Reyna, directora de derechos humanos en el Servicio Social Pasionista (SSPAS).
A veces, desde el privilegio de tener una casa o un vehículo propio, nos indignamos porque la mayoría del país no comparte el escándalo cuando se atenta contra la “democracia” o el “Estado de Derecho” o la “institucionalidad”. Son conceptos importantes, pero vacíos de significado para muchas personas. Para el taxista, todas estas palabras, toda la función del Estado era inútil: una secuencia de negativas, de carpetas empolvadas, de frustración.
“Los Gobiernos anteriores nunca nos han tomado en cuenta. Muchos dicen ‘no te podemos ayudar’. Yo quisiera que sufran lo que yo sufrí para entender la naturaleza del daño que (las pandillas) le han causado a uno”, dice. El taxista se siente reivindicado cuando ve las imágenes de los pandilleros apaleados, sometidos, arrodillados. Dice que, al fin, se está “combatiendo como tiene que ser”. Y que esto le da un rayo de esperanza, de que algún día va a regresar a su casa.
Claro, para que de verdad sea esperanzadora, la política necesita más que un golpe de efecto. “Todos los Gobiernos han usado esta estrategia para mantener y mejorar su imagen”, dijo Reyna. “Pero es imposible romper los ciclos de violencia de esta manera. Ejercer violencia como solución es mucho más fácil que generar condiciones de desarrollo, generar oportunidades y espacios para la familia y la vida comunitaria y reconstruir las relaciones sociales”, dijo Reyna, que lleva años trabajando en las comunidades más jodidas y estigmatizadas del país. “Pero ningún Gobierno hace eso porque carece de la capacidad de mostrar resultados, a menos que sea a largo plazo”, sentenció.
¿Qué quiere un desplazado? ¿Qué quiere una víctima? “Pido que me incluyan en un proyecto de vivienda, con una cuota accesible para volver a recuperar estabilidad”, me dijo el taxista. El popular Régimen de Excepción no tiene, todavía, una respuesta para eso.
