La batalla por la recuperación de las instituciones continúa con determinación en Guatemala. Después de casi tres años, las piezas se han desnudado y quienes en ocasiones anteriores se han limitado a lanzar tiros encubiertos, ahora están en primera fila, como buena guerra vikinga, donde el rey comanda a sus tropas. Y por lo mismo, tiene más posibilidades de ser derrotado.
El presidente Jimmy Morales, para nadie es un secreto, ha demostrado su incompetencia para gobernar. Se ha limitado a aliarse con los grupos más oscuros del país. Tiene dos acusaciones encima por financiamiento ilegal de campaña y por autorecetarse un sobresueldo, y su hermano e hijo están a punto de enfrentar juicio. Esta última semana, Erick Melgar Padilla, uno de los militares de mayor rango y amigo del presidente fue declarado prófugo por no presentarse a una citación, aunque luego una jueza con parientes en el Ejército le inventó inmunidad argumentando que había sido juez militar.
Esta pelea se combate también en terrenos internacionales. En aras de buscar complacer a Estados Unidos, el gobierno anunció en plena Navidad el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Fue el único país que hizo este ofrecimiento y colocó a Guatemala en el ojo de Donald Trump y de Benjamín Netanyahu.
A partir de ahí, el servicio exterior ha intentado utilizar este canal para cabildear internacionalmente contra Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente apoyado por Naciones Unidas que da soporte a la Fiscalía para combatir a las estructuras corruptas que manejan el país. Esta Comisión ha participado en la reciente acusación por corrupción contra al expresidente Álvaro Cólom, pero también ha participado en los casos contra Morales, el expresidente encarcelado, Otto Pérez Molina, y cientos de políticos, empresarios y operadores acusados de desfalcar a las arcas nacionales.
El anuncio de la movilización de la sede diplomática permitió que Morales fuera invitado al desayuno de oración que se realiza todos los años con personajes de primer nivel en Washington DC. Logró una cita con Trump que no duró más de quince minutos y las delegaciones de ambos países publicaron versiones distintas del encuentro.
La cancillería guatemalteca intentó dar a entender que Trump había dado apoyo a Morales y mencionó marginalmente que se trató el tema de las Naciones Unidas en la región, haciendo referencia velada al rol de la CICIG. Mientras, Estados Unidos, en un texto escueto, reafirmó el respaldo a la lucha anticorrupción, pidió respaldo contra Venezuela y agradeció el apoyo en el tema de Jerusalén.
Días antes de la visita de Morales a Estados Unidos, el embajador estadounidense en Guatemala, Luis Arreaga, publicó una fotografía con Velásquez sosteniendo una calcomanía que decía “I LOVE CICIG”. La imagen cayó como balde de agua sobre muchas personas que pensaban que con la administración de Trump podría detenerse el avance de la justicia. Todo indica que la línea del Departamento de Estado continúa intacta en respaldo a los casos judiciales y Morales volvió al país con las manos vacías.
Jimmy partió a Washington a pedir la cabeza de Velásquez, pero no se atreve a decirlo públicamente porque acarrearía más críticas de las que ya tiene en su desgastado mandato. Además, la Corte de Constitucionalidad estableció -cuando impidió que Morales expulsara a Velásquez en agosto del año pasado- que las formas de arreglar controversias con la CICIG se deben dirimir según el convenio entre Guatemala y la ONU, y el presidente no está facultado para sacar, así por así, a un Comisionado incómodo. Y menos a alguien que está haciendo un trabajo sobresaliente.
Unos pocos días atrás, la canciller Sandra Jovel viajó a Nueva York a una reunión con el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, sin decirle a la prensa a qué iba, pero se filtró el memorándum que su despacho emitió, en donde se enumeran las quejas contra Iván Velásquez, a tal punto que pidió a Naciones Unidas que pague daños y perjuicios a quienes están señalados de actos corruptos. En la minuta se lee el respaldo de Guterres a Velásquez por ser alguien que ha hecho un gran trabajo y le dice a la canciller que ha recibido muchos mensajes de guatemaltecos en respaldo a la CICIG. Un día después del regreso de Jovel, el Ejército la condecoró por “defender” a la patria.
Al parecer, la canciller viajó a hacer lobby en favor de los cientos de acusados de cuello blanco. En realidad ella fue a plantear un cambio en las funciones de la Comisión para que esta deje de investigar los casos de corrupción y se enfoque en asuntos relacionados a las pandillas.
Por esto, se ganó una citación al Congreso para rendir cuentas por el viaje y ahí, entre dudas, defendió la postura oficial recriminando las conferencias de prensa que ofrece el MP y la CICIG cuando se destapa un caso, pero olvidó decir que el mismo presidente Morales ha participado en algunas de ellas.
Esta ofensiva anti-CICIG de parte del gobierno, ya tocó estructuras adentro de la administración, que busca sacar a todos los funcionarios que no estén alineados en la visión en favor de la impunidad. El Gobierno ya ha expulsado a los cuadros ajenos al grupo cercano a Jimmy Morales que integraban el gabinete y que gozaban de respaldo de la ciudadanía, como el ministro de gobernación y el jefe de la administración tributaria.
El plan que ejecuta Morales obedece a una estrategia echada a andar por el alcalde y expresidente Álvaro Arzú, quien lleva veinte años dirigiendo la comuna de la ciudad capital. Entre sus aires dictatoriales se sostiene aun en gran medida por la alianza con Ángel González, el mexicano dueño del monopolio de la televisión local, cuya esposa es prófuga internacional por dar dinero al gobierno a cambio de mantener las concesiones de las frecuencias de medios de comunicación. Estos medios han sido los bastiones de la desinformación (como en la película mexicana La dictadura perfecta) atacando a activistas y ensalzando a Arzú y a Morales.
Arzú, quien fue señalado de financiamiento ilegal de campañas y de otorgar plazas fantasma (hecho que no ha negado), aprovecha cualquier espacio para arremeter contra la prensa independiente y, en el ocaso de su carrera política, apela a un falso nacionalismo para intentar con sobrada demagogia inspirar los corazones de sus antiguos aliados. De manera desesperada, “declaró la guerra”, colocó a su hijo como presidente del Congreso luego de repetirse una elección anómala y nombró al nuevo ministro de gobernación, quien trabajó con él y lo han relacionado a grupos de limpieza social.
Le presión ha ido para arriba ya que en enero se señaló penalmente a personeros de la corporación de palma africana REPSA, que perdió a consecuencia de estos casos a compradores de la talla de Nestlé, Carrgill Inc y Wilmar, lo que suma apoyos internacionales al proceso de depuración que vive Guatemala.
Mientras la corrupción es investigada y el Estado guatemalteco realiza una embestida en contra de los investigadores, todos los ojos apuntan a la elección del próximo fiscal general que reemplazará a Thelma Aldana, pues esta es la institución más relevante que trabaja de la mano de la CICIG.
Los rumores de posibles destituciones de magistrados de la Corte de Constitucionalidad y del Procurador de los Derechos Humanos vuelan desde el Congreso, así como la posible implementación de leyes represivas para evitar las protestas ciudadanas que han impedido que el gobierno y sus aliados detengan esta cruzada.
Además, los diputados (un quinto de ellos con casos abiertos en contra) piensan utilizar una reciente resolución del tribunal constitucional para modificar el delito de financiamiento electoral iĺicito (tal como ocurrió en septiembre pasado y provocó masivas protestas) para favorecer tanto a financistas como a secretarios generales de los partidos y sacar a muchos de la cárcel.
El reciente caso contra el expresidente Álvaro Colom ocurre casi un mes después de que la Fiscal General –que deja su cargo en mayo- anunciara que destaparía diez casos de alto impacto, que pueden cambiarlo todo, antes de dejar su cargo. Esto es lo que Morales y Arzú buscan evitar, intentando expulsar a Velásquez, aprobando leyes que los beneficien y cooptando el Ministerio Público para descabezar a las dos instituciones investigadoras.
Ambos personajes, el alcalde y el presidente, están jugando todas sus fichas y se han visto obligados a ir al frente del batallón de la impunidad porque tienen un gran miedo de terminar, como los anteriores presidentes, en la cárcel.
