Columnas / Política

Una ley antiburocracia para mejorar la administración pública


Miércoles, 7 de febrero de 2018
Carlos Alberto Guzmán

La Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) en diciembre de 2017, lo que constituye un hecho histórico por su trascendencia general y ordenadora de la gestión pública, incluyendo a todas las entidades del Órgano Ejecutivo y las municipalidades. Esta nueva ley sana una deuda histórica con el país, mejora las condiciones del clima de negocios y constituye pasos permanentes hacia la modernización del Estado.

Todos hemos realizado trámites con excesivas demoras que afectan nuestra actividad económica y paz mental. Esta situación deberá mejorar con la LPA, porque establece que las instituciones “deberán racionalizarse los trabajos burocráticos, procurando mecanizarlos y automatizarlos progresivamente”, y crea el silencio positivo en sentido general; es decir, si la institución no responde ante una correcta petición ciudadana, se entenderá una respuesta en sentido favorable. Además, el artículo 3 de la LPA contempla los principios de antiformalismo, eficacia y celeridad de las actuaciones como rectores de la actividad de la administración pública. Así, esta ley brinda un fundamento permanente para la transformación del Estado y evitar la excesiva lentitud en los trámites y servicios.

A veces hemos sufrido la necesidad de cumplir requisitos a partir de normas desconocidas, cambiantes o, inclusive, irracionales. La LPA cambiará esta realidad al exigir un proceso participativo y transparente para aprobar nuevas normativas o reformar normas vigentes. El Título VI de la ley obliga a que todas las entidades públicas aprueben sus regulaciones siguiendo varios pasos que promueven la participación ciudadana, la coordinación institucional y la mejora regulatoria, en el cumplimiento de los fines constitucionales. Este proceso incluirá los insumos técnicos y comentarios de las personas al ejercicio de la potestad normativa, y así se espera lograr el mayor beneficio esperado de cada normativa.

Muchas veces la ciudadanía se enfrenta a requisitos dispersos, confusos o engorrosos para cumplir los permisos o trámites correspondientes. Por ejemplo, a veces los requisitos exigidos en las ventanillas difieren de aquellos establecidos en la ley. Ante esto, la LPA prohíbe exigir documentos emitidos por la misma institución que los solicita, o requisitos de información que dicha institución posea o deba poseer; se exige que los requisitos estén debidamente respaldados por el ordenamiento jurídico; y crea la figura del expediente administrativo, que permitirá acceso público a la ciudadanía y concentrará las actuaciones de las instituciones involucradas en un solo proceso.

El mayor efecto de la LPA es evitar la incertidumbre que sufren los funcionarios y ciudadanos mediante el establecimiento de reglas generales para la actuación de todos los funcionarios públicos en sus interacciones con la ciudadanía. Los 168 artículos de la LPA son un texto denso y, en buena parte con un lenguaje técnico, pero sirvan los ejemplos mencionados como ilustraciones de los cambios de la nueva ley.

La doctrina y la experiencia internacional señalan que la aplicación de este tipo de leyes se traduce en más certeza jurídica, más transparencia y mejores servicios públicos. Es importante asegurar la efectiva implementación de la nueva ley, un enorme reto en El Salvador debido al frecuente incumplimiento de las leyes y los grandes cambios propiciados por la LPA; pero hay razones para ser optimistas con la aplicación de esta nueva legislación.

La LPA entrará en vigor un año después de su aprobación. Más allá del mando legal, son favorables las numerosas declaraciones que reflejan la conciencia de la necesidad de prepararse para cumplir con las disposiciones y principios de esta ley general por parte de las oficinas públicas, la comunidad jurídica, las universidades, las gremiales y la cooperación internacional. Por ejemplo, ya iniciaron varias actividades educativas para satisfacer la necesidad de formación profesional.

También, la LPA encomienda al Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), entidad pública adscrita a Secretaría Técnica y de Planificación y con financiamiento de FOMILENIO II, la tarea de apoyar a las instituciones a través de capacitaciones y lineamientos para el cumplimiento de la LPA. De manera que se cuentan con recursos e instituciones dedicadas a la tarea, que evitará el cumplimiento de la ley que podría generar problemas judiciales o ante la Corte de Cuentas de la República, y que fortalecerá el esfuerzo gubernamental dedicado hacia la transformación del Estado salvadoreño.

Sumado al compromiso público y el apoyo de la cooperación internacional, la ciudadanía también tendrá un rol relevante en la transformación del Estado mediante esta ley. Ante cualquier incumplimiento de la LPA, la ciudadanía puede reclamar esta situación ante los cuatro tribunales contencioso administrativos distribuidos alrededor del país. En agosto de 2017, la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo creó estos nuevos tribunales con la competencia de juzgar acciones ilegales de la administración pública. Es así que la ciudadana podrá reclamar ante estos tribunales por el requerimiento de requisitos ilegales u otros abusos de las oficinas públicas.

En los próximos años, la administración pública cambiará hacia un Estado moderno, ordenado y respetuoso de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Para lograr la implementación exitosa de la LPA se requiere una actividad dedicada por parte de las oficinas públicas, la participación activa de la ciudadanía, y la independencia judicial para materializar los derechos de la LPA. No obstante, aún seguirán retos sobre los trámites y las regulaciones, tales como la necesidad de supervisar el proceso de creación de normativas, o la creación de un registro de trámites que controle la calidad de la información. Para ello, es preciso aprobar otras normativas, tal como una Ley de Mejora Regulatoria que desarrolle una institucionalidad permanente y establezca las herramientas específicas para crear regulaciones eficientes y trámites simples. Aprovechemos el impulso de esta ley para que en 2018 continúen las buenas noticias sobre la administración pública.

 

Carlos Alberto Guzmán es abogado de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), con una Maestría en Ciencia Política de la Universidad Centroamericana (UCA) y un Master en Public Management and Governance de London School of Economics and Political Science. Se desempeña como especialista legal del Organismo de Mejora Regulatoria, un ente de carácter público-privado conformado por entidades del gobierno y gremiales para favorecer el clima de inversiones en El Salvador. El autor también es docente e investigador en temas de administración pública, clima de negocios y políticas públicas.
Carlos Alberto Guzmán es abogado de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), con una Maestría en Ciencia Política de la Universidad Centroamericana (UCA) y un Master en Public Management and Governance de London School of Economics and Political Science. Se desempeña como especialista legal del Organismo de Mejora Regulatoria, un ente de carácter público-privado conformado por entidades del gobierno y gremiales para favorecer el clima de inversiones en El Salvador. El autor también es docente e investigador en temas de administración pública, clima de negocios y políticas públicas.

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