Columnas / Política

Las alertas del empresario presidente

El gran empresario tiene usualmente conocimiento parcial y distorsionado de la realidad nacional. Al empresario le preocupa lo que afecte a su empresa, y sus intereses son los del sector empresarial. Esa distorsión es peor cuando, como sucede en nuestro país, las gremiales y fundaciones que deberían complementar esos intereses con los de la sociedad en general, son parciales. De nuevo acá la experiencia del gran empresario se queda corta para dirigir el Estado. Y una gira en campaña no la logra completar.

Lunes, 4 de diciembre de 2017
Mauricio Silva

En su campaña política Trump argumentó que su experiencia de empresario exitoso era su mayor cualidad para ser presidente. La experiencia en administrar empresas y su círculo de asesores y colaboradores eran, decía, la mejor garantía para un buen gobierno.

A casi un año de su presidencia los problemas le abundan al señor Trump. Da órdenes por decreto, como las daba en su empresa, y la maquinaria del estado, los controles de la sociedad, prensa y gobierno, no le responden. Al revés, le cuestionan y algunos de ellos le frenan. Miembros de su gabinete y asesores, entre los que se incluyen familiares, lo han metido en problemas. En solo un año, su administración enfrenta ya varios cuestionamientos por falta de transparencia y/o corrupción.

Sus mayores éxitos, como la reforma de impuestos, no son populares. Las mayorías, de clases medias y populares, ven pocas medidas que los beneficien. Como resultado, la sociedad americana le quita respaldo: Trump tiene la popularidad más baja de un presidente en su primer año de gobierno en la historia reciente de Estados Unidos. En América Latina existen ejemplos similares de que una carrera exitosa en la empresa privada no garantiza un buen gobierno. Incluso, en varios casos la experiencia demuestra lo contrario.

Reconociendo que lo anterior obedece a varios factores y que no se puede generalizar, es importante, en nuestro contexto, analizar lo anterior y sacar lecciones:

Son muchas las diferencias entre la administración de empresas y la administración pública. La administración de una empresa tiene como objetivo maximizar ganancias; la administración de lo público tiene varios objetivos, no siempre todos explícitos, e incluso algunos contradictorios entre sí. El administrador público debe balancear esos diferentes intereses.

Así, por ejemplo, para el empresario de transporte es mejor tener menos regulación sobre los buses, o para el urbanizador es más barato no tratar las aguas negras, pero ello tiene grandes costos para la sociedad y para nuestro medio ambiente. Corresponde al estado regular y hacer cumplir la regulación para evitar la contaminación y reducir los costos que paga la sociedad en su conjunto, aunque ello implique mayores costos para el empresario y, probablemente, en el corto plazo para el usuario. Lograr ese balance entre los intereses de corto y largo plazo, y entre diferentes grupos de la sociedad, es la cualidad del administrador público, que el empresariado privado ha valorado poco en nuestro país.

Otra diferencia clave es que una empresa obedece a los intereses de un una persona o un grupo reducido de personas. La sociedad necesita de esas empresas y los beneficios que le traen, sobre todo la generación de empleo, pero está demostrado, en nuestro contexto, que el Estado debe regular y controlar esos intereses privados, por el bien común. Ejemplos son el de la contaminación causada en su momento por Baterías Record o los sobrecostos de medicinas aplicados por algunos en la industria farmacéutica. Al fallar el Estado en su labor de regular esas industrias, sufrió el pueblo. Por ello, la administración pública requiere muchas veces imponer los intereses comunes sobre los privados; formar consensos; lograr compromisos.

No se debe gobernar imponiendo los intereses de unos pocos. No se puede gobernar dando órdenes. En ello, la experiencia del empresario privado se queda corta.

En la historia de la administración es el empresario privado el que ha corrompido al público en favor de sus intereses. Y en muchos casos, al convertirse el empresario privado y su grupo de asesores en gobernantes, tienden a continuar esa práctica. En sociedades en las que la riqueza está más concentrada y en la medida en que los empresarios aspirantes a la presidencia representen más a esos grupos poderosos, más peligros existen de continuar esa tendencia desde el Estado. O peor, de que se use el Estado para beneficio de esos pequeños grupos. Es parte de la historia de nuestro país.

El gran empresario tiene usualmente conocimiento parcial y distorsionado de la realidad nacional. Al empresario le preocupa lo que afecte a su empresa, y sus intereses son los del sector empresarial. Esa distorsión es peor cuando, como sucede en nuestro país, las gremiales y fundaciones que deberían complementar esos intereses con los de la sociedad en general, son parciales. De nuevo acá la experiencia del gran empresario se queda corta para dirigir el Estado. Y una gira en campaña no la logra completar.

La empresa privada tiene una voz fuerte en nuestra sociedad. Una voz muy fuerte que la mayoría de las veces ha sido parcial e interesada al discutir temas de país. Para compensarlo, el Estado debe tener, especialmente en sociedades con mucha pobreza e inequidad, una opción preferencial por los intereses de las mayorías, especialmente los más pobres. Su voz, sus acciones y poder, debe tender a favorecerlos. Por ello, el empresario presidente debe reorientar sus intereses y su voz; necesita complementar sus asesores con la experiencia del sector público.

Estos son algunos de los factores que explican por qué la experiencia del gran empresario no es una garantía de buen gobernante. Por el contrario, especialmente en nuestro medio, algunos de estos factores nos señalan áreas a tener muy presentes al juzgar a empresarios que quieran ser presidentes. Y que los grandes empresarios que busquen la presidencia deben tener también en cuenta, para trabajar en ellos, si quieren ser buenos gobernantes.

 

*Mauricio Silva ha trabajado por más de 40 años en administración pública a nivel nacional e internacional. Tiene una maestría de Harvard y un PhD (ABD) de MIT en ese tema. Ha sido fundador e integrado la Junta Directiva en varias ONG. Actualmente es director por Centroamérica en el BID.

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