Columnas / Violencia

La necrofilia de las autoridades de seguridad publica


Domingo, 3 de diciembre de 2017
Roberto Cañas

Todos los días, los encargados de la seguridad pública nos quieren hacer creer que la situación delincuencial está mejorando porque el número de muertos ha disminuido. La atracción que sienten hacia la muerte los funcionarios de la cartera de seguridad es enorme.

La contabilidad de la muerte es el recurso utilizado para vender la idea que en seguridad pública vamos bien: el ministro de Justicia y Seguridad Pública declaró a los medios de comunicación que en noviembre se contabilizaron 276 homicidios y señaló que durante el mismo mes en 2016 fueron registrados 361 asesinatos. Remató diciendo que en lo que va de este año se han perpetrado 3,610 crímenes, una reducción del 27.2 % en comparación con el mismo período de 2016, ya que el año pasado se registraban 4,947 homicidios. Son las estadísticas de la muerte.

No vamos a sacar adelante a El Salvador si aceptamos que el único indicador de éxito en la lucha contra el delito es la disminución del número de muertos. Lo que determina el éxito en la lucha contra la delincuencia es la correcta aplicación de una política pública integral de seguridad y tener un sistema de monitoreo y evaluación del cumplimiento de dicha política.

El primer paso para determinar si hay avances en la seguridad humana es tratar a las víctimas de la delincuencia como personas, no como estadísticas; un segundo paso es dar a conocer, si existe o no, una disminución en la percepción de inseguridad que tiene la población: es decir, determinar si las personas tienen menos miedo ahora que durante el mismo mes de 2016. Hay que decirlo directamente: ninguna política de seguridad será exitosa si no logra que los salvadoreños dejemos de vivir con miedo en la colonia, en el municipio que habitamos.

Capturar al presunto responsable del cometimiento de un delito es bueno, pero insuficiente si no hay judicialización que pueda imponerle castigo si se comprueba su culpabilidad, e integrarlo al sistema de readaptación social. Este proceso penal debería ser eficazmente logrado por la Polícía, la Fiscalía, los jueces y el sistema penitenciario. Si se falla en estos procesos, las instituciones serán incapaces de ofrecer seguridad a los ciudadanos. Así de sencillo.

Más allá de seguir contando muertos, las autoridades de seguridad pública deberían informar si ha disminuido el índice de impunidad, entendido como el indicador que mide el porcentaje de crímenes que reciben castigo y los distingue de aquellos que quedan sin sancionar.

Es considerable la desproporción entre los delitos de homicidio cometidos versus los llevados a los tribunales: sólo hay un 3.8 % de eficiencia entre la investigación del delito y juzgamiento del delincuente. No llevar los casos de homicidio a tribunales afecta a la sociedad porque genera impunidad: los autores y partícipes en delitos se quedan sin castigo, lo que se convierte en un factor que estimula la violencia.

El Salvador estaría mejor si el número de víctimas de la violencia y la delincuencia fuese menor que el del año pasado. Y víctimas no son solo las personas que sufren daños como consecuencia de la delincuencia; los familiares también son víctimas.

Al señor ministro de Justicia y Seguridad debemos preguntarle: ¿Cuándo va a anunciar el número de víctimas de la delincuencia que fueron atendidas con un trato digno, con calidez y calidad, así como empatía por parte de las funcionarios públicos que forman parte del sistema de prevención que tiene el gobierno?

Por último, el monto de lo que se gasta en el combate a la delincuencia es muy grande. Por lo tanto, es necesario que el gobierno dé a conocer cuánto dinero se destina a seguridad y qué resultados se obtienen a cambio. Y además del monto del gasto, también es importante conocer la forma en que se administra y distribuye, y el efecto que genera el dinero invertido. Las autoridades de seguridad no cuentan con una metodología de planeación del presupuesto, por lo que no se puede saber con certeza cuáles son los criterios específicos que utiliza el gobierno para decidir cuánto, dónde, cómo, en qué y para qué invierte el presupuesto asignado a seguridad.

Mientras nada de esto sucede, es inaceptable que todos los días estemos expuesto a un muertómetro que no resuelve nada.

Roberto Cañas es docente-investigador universitario, excomandante del FMLN y firmante de los Acuerdos de Paz. Consultor en temas de violencia y seguridad, especialista en análisis de riesgo político y negociaciones y resolución de conflictos, es miembro de Red de Seguridad Triangulo Norte. 
Roberto Cañas es docente-investigador universitario, excomandante del FMLN y firmante de los Acuerdos de Paz. Consultor en temas de violencia y seguridad, especialista en análisis de riesgo político y negociaciones y resolución de conflictos, es miembro de Red de Seguridad Triangulo Norte. 

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