Columnas / Política

La crisis de la UNAH es la crisis de Honduras


Lunes, 2 de octubre de 2017
Albany Flores

En tres meses de conflicto entre las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y los miembros del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), la crisis ha dejado al menos 75 estudiantes judicializados, más de 80 mil sin clases, dos periodos académicos perdidos (el primero el año pasado), impagos a maestros, cientos de millones de lempiras en pérdidas por cuestiones administrativas y daños a la infraestructura, y violación a la autonomía universitaria.

Desde 2014, cerca de 200 estudiantes han enfrentado procesos judiciales (entre expulsados, con orden de captura, con prisión preventiva, con medidas sustitutivas o medidas cautelares) por su oposición a los cambios de la IV Reforma Universitaria.

La IV Reforma dio inició en 2005 con la aprobación de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en diciembre del 2004, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 12 de febrero del 2005. En esencia, la Reforma es la implantación del modelo neoliberal educativo que inició en la década de 1970 en los Estados Unidos con las universidades Flaships. Es la privatización de la educación superior, la privatización de la educación pública.

Los enunciados de la Ley Orgánica establecen que «la Reforma es una demanda de la sociedad hondureña y de la comunidad universitaria para que la institución recupere su papel de agente del desarrollo y de transformación de la realidad nacional, para que sea su consciencia crítica y la acción propositiva y creativa frente a los grandes problemas y aspiraciones de los hondureños (as)».

Aunque el Plan General para La Reformar Integral de la Universidad 2005 centra su proyecto en dos sentidos (administrativo y curricular), sus acciones han sido volcadas únicamente al plano administrativo, a la concentración de un poder omnímodo de las autoridades, y a la expansión y adecuación de las instalaciones físicas de la UNAH.

Aplaudimos la reestructuración infraestructural de la Universidad: la construcción del palacio universitario de los deportes, de nuevos edificios, laboratorios, aparcaderos, reparaciones de las instalaciones, etc. Todo ello es plausible, pero no suficiente para reformar una institución con desafíos más grandes. ¿Por qué la rectora Julieta Castellanos y los miembros de la Junta Universitaria no han emprendido la etapa curricular y cognitiva de la Reforma en los ocho años que han ejercido el poder de la Alma Máter? Nadie lo sabe.

La Universidad es hoy día una clara representación de la decadencia del país. Es una institución intelectualmente pobre. No es, como corresponde, la institución que da respuestas a los grandes problemas y desafíos de la sociedad hondureña. Carece —con sus excepciones— de investigación, de mayor incentivo artístico y científico.

Las discusiones del estudiantado sobre la Reforma han estado asociadas a la instalación de las Pruebas de Aptitud Académica (PAA), la imposición de representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario sin realizar las elecciones internas correspondientes; la reformulación de las leyes universitarias para la reelección de la Rectora Julieta Castellanos, la violación de la autonomía universitaria por parte de grupos represivos del Estado con permisividad de las autoridades; y la represión, encarcelamiento y judicialización de estudiantes.

Las PAA —creadas para seleccionar a los estudiantes “más aptos”—, son en realidad un primer paso de la privatización, o pueden serlo. Con la exclusión de miles de aspirantes a primer ingreso en la UNAH, se debilita la educación superior y se fortalecen las carteras de las universidades privadas.

Éstas se benefician de una enorme cantidad de jóvenes que al no ser admitidos en la UNAH, ingresan cada año en sus aulas. Sólo en el marco de la presente crisis iniciada en junio, unos 3 mil estudiantes migraron hacia universidades privadas. Así se alienta la privatización de la educación y se debilita la educación pública.

Aunque algunos podrían aducir que la UNAH no puede albergar a toda la demanda educativa del país, no debe olvidarse que en Honduras apenas 1 de cada 7 egresados de educación media tiene acceso a la educación superior, y que la UNAH recibe el 6% del Presupuesto Anual de la República (unos 13 mil 740 millones de lempiras anuales) para la organización, repartimiento y promoción de la educación nacional.

El punto del conflicto ha radicado en la afrenta autoridades-estudiantes. Desde 2014, los desacuerdos entre la rectora Castellanos y los frentes estudiantiles han dejado pérdidas millonarias para la universidad por daños a la infraestructura, paro de labores por toma de las instalaciones, y sobre todo, por la cancelación del II Periodo Académico en 2016, y el III Periodo Académico en 2017.

La crisis ha ido más allá de lo presupuestado por el movimiento estudiantil y las autoridades. Con el objeto de encontrar una salida, los líderes del MEU presentaron un proyecto de Ley ante el Congreso Nacional a mediados de julio, como parte de la iniciativa ciudadana que permite la Constitución de la República.

Entre otras cosas, el proyecto proponía la creación de un gobierno universitario provisional cuya finalidad era la consecución de la principal consigna del MEU en los últimos meses: la salida de Julieta Castellanos de la Rectoría, así como la renuncia de todas las autoridades universitarias.

La moción fue aprobada por el Congreso Nacional a través del Decreto Legislativo N° 75-2017, sancionado por el presidente Juan Orlando Hernández y publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto del presente.

Con la aprobación del decreto se acordaba que ambas partes pondrían fin a la crisis, que se instauraría un nuevo gobierno universitario una vez concluido el periodo de las actuales autoridades (el 25 de este mes de septiembre), y que el MEU entregaría los edificios universitarios para la reanudación de las clases el pasado 11 de septiembre.

El 8 de septiembre —día acordado para la entrega de los edificios—los miembros del MEU se negaron a liberar la universidad con el argumento que «no estaban dispuestos a negociar hasta que Castellanos se fuera», y que si la salida de las autoridades estaba pactada para el 25 de septiembre, la liberación de los edificios y el reinicio de las clases serían el 26. Además, exigían la suspensión de los cargos y procesos judiciales a sus compañeros.

Ante su negativa de dejar los edificios, alrededor de 300 efectivos de la Policía Nacional entraron a la universidad para “recuperar” los edificios tomados. El resultado fue un nuevo acto de represión estudiantil que dejó como saldo otros 23 estudiantes con procesos judiciales, más unos 4 defensores de Derechos Humanos reprimidos y arrestados.

Desde junio del presente, los estudiantes se han enfrentado en diversas ocasiones a la policía, a la Empresa de Seguridad Privada del Aguán (ESPA), la empresa de seguridad privada que custodia la UNAH, y que cuenta en sus filas con exmilitares y expolicías; y a grupos paramilitares contratados por las autoridades para reprimir y amedrentar, como el grupo paramilitar denominado “Espartan”, que a mediados de junio ingresó a la universidad para golpear a los estudiantes, resultando muchos con lesiones graves.

No se reportan víctimas mortales directamente ligadas al conflicto —por lo menos no evidentemente—, pero unos 21 mil estudiantes de diversos grados han sido asesinados en Honduras entre 2010 y 2017, según datos del Observatorio de la Violencia de la propia universidad.

Del otro lado del conflicto están los estudiantes que piden el regreso a clases y no están de acuerdo con las tomas. Cada vez que éstos han intentado recuperar sus lecciones, han sido expulsados de sus aulas por miembros del MEU. Esta semana se denunció que el MEU roció con gas pimienta las aulas donde estudiantes de la Facultad de Química y Farmacia recibían sus recién reanudadas clases, con el fin de boicotear el reinicio pactado para el 11 del presente, e imponer su decisión de retornar a las aulas hasta el 26 de este mes, cuando las presentes autoridades se hayan ido.

Muchos analistas coinciden en que las principales responsables de la crisis son las autoridades, por las formas impositivas y enclaustradas en que han implementado las reformas, y por el uso desmedido de la fuerza contra el MEU. Los estudiantes —como afirmó Ortega— se rebelan porque no tienen otra forma de oponerse. Ellos protestan y luchan porque la educación siga siendo pública, laica y gratuita.

Pero el debate que enfrenta a las autoridades universitarias y a los líderes estudiantiles debe estar por encima del caos y la afrenta física. Se trata del debate ejercido desde la máxima casa de estudios de la nación, y debe mostrar la valía de las ideas, del conocimiento científico; la capacidad intelectual, la creatividad y el respeto por el pensamiento del otro.

Si el debate no ha tenido estas premisas es porque el estudiantado no ha tomado estas opciones como base de sus exigencias, y porque las autoridades no han cumplido los acuerdos obtenidos en 2016. Se trata de imponer, no de ceder, desde ambas partes.

La Universidad está en jaque y se ha despersonalizado. Su gobierno interno presenta muchas similitudes con el gobierno nacional: el Presidente es reeleccionista, la rectora también —ambos modificaron la ley para reelegirse—. El gobierno es impositivo y represivo, las autoridades universitarias también; el gobierno criminaliza la protesta, las autoridades universitarias también; el pueblo pide la renuncia del Presidente, el estudiantado la renuncia de la Rectora; el gobierno es no democrático, el rectorado tampoco, etc.

Que las autoridades universitarias hagan arrestar, exponer públicamente, enjuiciar y encarcelar a los estudiantes que protestan por su derecho a recibir educación pública es una muestra de la profunda crisis de democracia, libertad, ideas y pensamiento que sufre la nación entera.

El tan esperado 25 de septiembre del MEU llegó y las autoridades culminaron su mandato. Como lo había anunciado en días previos, el MEU está de fiesta. Literalmente. Realizaron una serie de actividades en la Ciudad Universitaria: bienvenida, juegos tradicionales, Karaoke, partida de pastel, concierto de la cantautora hondureña Karla Lara, peña artística, reventada de piñata y espectáculo de luces. Todo para “despedir a July”, es decir, para dar el tan ansiado adiós a la rectora Julieta Castellanos. En su lugar, de manera interina, se eligió para seis meses a Francisco Herrera. 

¿Pero qué garantías hay de que las nuevas autoridades serán distintas? ¿Quién garantiza que esa sucesión de autoridades universitarias es la solución definitiva del conflicto? 

Si la Universidad no da respuestas a una nación repleta de preguntas, ¿entonces quién?

*Albany Flores, Honduras, 1989. Es escritor, historiador y cronista. Autor de los poemarios  Geografía de la ausencia , y  Árbol de los días ; del libro de cuentos  La muerte prodigiosa ; y del ensayo  Academia y Estado en Honduras, 1838-1848 . Es fundador de la revista cultural El zángano tuerto. 
*Albany Flores, Honduras, 1989. Es escritor, historiador y cronista. Autor de los poemarios  Geografía de la ausencia , y  Árbol de los días ; del libro de cuentos  La muerte prodigiosa ; y del ensayo  Academia y Estado en Honduras, 1838-1848 . Es fundador de la revista cultural El zángano tuerto. 

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