En Guatemala se viven tiempos intensos. Llevo al menos veinte días queriendo escribir esta columna, pero la coyuntura ha cambiado tan rápido y uno quisiera escupirlo todo, con lujo de datos y vivencias, que no me ha dado tiempo plasmarlas. Así que hoy, luego de leer la crónica de Carlos Dada, donde relata parte de lo que quería contarles, decidí por fin robarle esta lluviosa madrugada al sueño.
No hay que confundirse: el presidente Jimmy Morales les ha jurado lealtad a las mafias (crimen organizado, narco, violadores de derechos humanos, políticos en la cárcel por corrupción, empresarios con miedo a ser capturados) y no va a echarse para atrás. Al contrario, como él mismo dijo, esta es una batalla “a muerte”.
Morales, en discursos, replica un cuento franquista en el que se narra el secuestro del hijo de un general para transmutarlo con su presente, en donde su hijo y su hermano enfrentan en este momento un juicio por fraude y lavado. Este es un componente importante ya que está haciendo todo (para un presidente “todo” significa mucho) lo que está en sus manos para que ambos eviten la cárcel.
El problema para él (buenas noticias para nosotros) es que la población guatemalteca se ha movilizado casi instantáneamente y es consciente de la famosa frase que dice que el pueblo unido jamás será vencido, y se ha demostrado con manifestaciones convocadas en cuestión de horas.
La única agenda que a estas alturas defiende Morales es la de las mafias, que buscan expulsar a Iván Velásquez, jefe de la CICIG, cambiar a la Fiscal General Thelma Aldana (o en su defecto nombrar a un fiscal ad hoc el próximo año) y quitarles dientes a las instituciones que combaten la corrupción.
Pero (un gran pero) la ciudadanía se ha empoderado una vez más y ha propinado tres golpes certeros que hasta el momento han detenido el plan de Morales (que en verdad no es plan de él, sino que él es quien lo ejecuta, la cara visible) y la gente va por más: no solo por su renuncia, sino por la de 107 diputados que aprobaron un decreto para buscar impunidad de los secretarios generales de los partidos políticos. Esos mismos diputados también votaron otra ley que permitía a las personas condenadas a diez años de cárcel pagar para salir de prisión. Una ley que serviría a los parientes del presidente, pero que también beneficiaría a los extorsionistas, ladrones de carros y a la delincuencia común.
Estas votaciones pusieron bravísima a la ciudadanía, y se logró evidenciar el agravio directo que causa tener a diputados tan nefastos. Ya había una intención, desde hace tiempos, de dirigir la presión social hacia el Congreso, pero se hacía difícil que las peticiones de reformas encendieran protestas eufóricas. Si bien son decisiones estratégicas y racionales, no inundan los corazones de ira ni de pasión. Pero cuando los legisladores se autorecetan amnistías, y legislan para sacar de la cárcel a los corruptos y a los delincuentes, todo cambia.
Por eso, la ciudadana logró que la votación del Congreso fuera anulada por los mismos diputados que entraron al hemiciclo, dos días después de la infamia, pidiendo perdón. La gente encerró a los legisladores por nueve horas el día de la independencia y exigió que para salir debían antes firmar su carta de renuncia. Fueron 107 congresistas cuyos rostros circulan indeseablemente en las redes sociales, periódicos y hasta en restaurantes y hoteles, en donde hasta les han prohibido el ingreso.
Para que Guatemala decida ir contra su Congreso y su presidente hay que rebobinar un poco. El primer sablazo que sufrieron Jimmy Morales y compañía sucedió el 27 de agosto, cuando la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo a ciudadanos y al procurador de los Derechos Humanos para suspender la decisión con la cual el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, había sido declarado non grato por el presidente. Jimmy Morales lo había anunciado ese mismo día a través de un video, sin mayor explicación que invocar ciertos artículos de la Constitución. Qué rabia debió haber sentido el presidente, que incluso se quitó la careta -por gusto- en un intento de triunfo digno de un tirano: expulsando a la persona que lo acusa de delitos. Un día antes del anuncio de la expulsión, Velásquez dijo que Morales tenía responsabilidad, por ser secretario general del partido de gobierno, en el financiamiento ilegal de la campaña electoral y que debía retirársele la inmunidad.
El segundo golpe sucedió el mismo día que en el Congreso dijo que no retiraría la inmunidad a Morales, un pacto que el presidente ya había hecho con el principal partido de oposición. Casi a media noche, Nómada, reveló un cheque por más de seis mil dólares que recibió Morales de parte del Ministerio de la Defensa. Resultó que eran ocho cheques iguales y varios altos militares los habían recibido también. El ejército aceptó que le pagó al mandatario un bono por responsabilidad e inventaron excusas. Un artista arrancó una huelga de hambre frente al Congreso y al próximo día, ante las manifestaciones y la presión mediática, la Contraloría obligó a devolver el dinero iniciándose otra investigación que podría repercutir en delitos.
Así las cosas, Jimmy Morales viaja a Nueva York a la Asamblea General de la ONU y, en el breve tiempo que podrá hablar con António Guterres, tratará de hacer quedar mal al Comisionado Velásquez inventando cualquier asunto. Mientras, en Guatemala, y pesar de las protestas, los diputados siguen con la intención de boicotear la lucha contra la corrupción que ha tocado el sistema de financiamiento de los partidos, lo que ha hecho que casi todos los grupos de poder se unan en contra de las instituciones que lideran esta cruzada.
La gente, de a pie y común, periodistas, académicos, empresarios honestos y estudiantes son quienes están librando la única batalla que pueden ganar los pueblos: la que se libra en las calles. Los corruptos están unidos y quieren, a pesar de un eventual aislamiento internacional, de afectar la economía y de romper relaciones con algunos países, traerse abajo la lucha contra la corrupción. Saben que han ido lejos y saben que muchos políticos, dueños de corporaciones y militares, tienen algo en común: una larga cola machucada de delitos.
Por eso, los dados están tirados y se esperan varias movilizaciones para los próximos días, con las demandas concretas. No se quiere nada menos que las renuncias de los 107 diputados y del presidente Morales, quien es producto de la improvisación y de la alianza con las mafias. Y para reformar el sistema se necesita una nueva ley electoral que abra espacios políticos para nuevos actores, ya que en este momento, en el Congreso, la mayoría de legisladores están apadrinados por el narco y la corrupción. Falta mucho camino, reflexiono en la madrugada que sigue penetrante, a pesar de que la lluvia ha dejado de caer.
