Hace una semana, el presidente de Guatemala dio una entrevista al periodista Jorge Ramos en donde pronunció la frase “la corrupción es algo normal”, lo que provocó masivas críticas en su contra. Con estas palabras, Jimmy Morales pareció haber matizado (ahora desde el poder) el eslogan “ni corrupto ni ladrón”, que lo hizo ganar la presidencia hace más de un año y medio.
Esta respuesta la dio cuando Ramos le preguntó por su hijo y su hermano, quienes se encuentran imputados de fraude por haber entregado, en 2013, unas facturas falsas para simular la compra de una entidad estatal a cargo de una de las personas más importantes del gobierno del expresidente Otto Pérez Molina, encarcelado por corrupción desde septiembre de 2015. Un año después, se supo que los parientes de Morales estaban siendo investigados. A partir de entonces el gobernante movió pitas para nombrar a personajes afines en las presidencias del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia y así evitar que el avance de la justicia llegara a sus familiares.
Desde que estalló este caso y sus parientes fueron encarcelados preventivamente, Jimmy Morales le declaró una guerra pasiva al Ministerio Público y a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), un ente investigativo apoyado por la ONU. Por esto evitó llevar a los titulares de estas instituciones, a la fiscal Thelma Aldana y al comisionado Iván Velásquez, a una reciente reunión en Miami con el vicepresidente de Estados Unidos, Michael Pence, en donde se discutió sobre inversión y temas de seguridad.
En este acercamiento, Pence, según algunos asistentes, ratificó el apoyo de Estados Unidos a la CICIG y esto causó molestias en Morales, quien a consideración de expertos tiene pensado no renovar el mandato de dicha comisión en 2019, ante la frustración que le ha causado ver a sus familiares más cercanos en semejantes aprietos legales.
Esta molestia se agrava gracias a que ciertos abogados cercanos al gobierno, como Acisclo Valladres, cuyo hijo trabaja como comisionado presidencial, se han encargado de venderle la idea de que este proceso debería haber sido tratado administrativamente y no desde el ámbito penal, a pesar de que la jueza dejó claro que hubo intención de engañar por medio del fraude para lograr desfalcar al Estado.
En estas fechas también se hicieron públicas los contratos de una firma de lobistas estadounidenses cercana a Pence que buscan apoyo en Washington para traerse abajo la lucha contra la corrupción. Estas gestiones habrían sido promovidas por un amigo del presidente, así como por cuatro diputados conocidos por estar ligados a estructuras criminales y por oponerse a las reformas al sistema de justicia.
También fue publicado por la Interpol el aviso de que el mentor de Morales, el militar Edgar Ovalle, tiene orden de captura internacional por estar acusado de ser uno de los responsables de desaparición forzada vinculado al cementerio clandestino más grande de América Latina, en el caso Creompaz.
Esto se suma a que hay un riesgo de que el Tribunal Supremo Electoral cancele varios partidos incluido FCN, el que llevó a Morales al poder, por supuestamente haber recibido financiamiento ilícito, lo que podría generar una imputación en su contra.
Esta serie de incidencias han provocado una sensación de ingobernabilidad ya que se percibe que el presidente no apoya la lucha contra la corrupción ni las mejoras al sistema al oponerse a los avances legislativos. Su partido es el responsable de bloquear la reforma constitucional de justicia, porque lo ven como una forma de darles un golpe político al Ministerio Público y a la CICIG.
Da la impresión de que por estar acostumbrado al aplauso de los televidentes desde sus tiempos de actor, Morales vive desencajado en su rol de presidente y es poco tolerante a las críticas de los periodistas que cuestionan su poca capacidad y la cercanía con personas acusadas de delitos.
Lo que agudiza el asunto, si se diera un posible caso contra Morales, es que el vicepresidente Jafeth Cabrera, quien se mantiene un tanto más silencioso, es señalado de estar igual o más vinculado a estructuras corruptas, incluyendo a su hijo, quien presuntamente recibió medio millón de dólares del narcotráfico para la campaña electoral.
Los cambios en el sistema (reforma constitucional de justicia y modificación a la ley electoral) son urgentes y deberían ser parte de una agenda primordial de parte del presidente para que la sociedad empiece a caminar luego de que todos los casos han revelado el desastre de sistema político en el que está encharcado el país.
*Álvaro Montenegro es periodista. Es uno de los siete guatemaltecos que crearon el movimiento #RenunciaYa, después rebautizado como #JusticiaYa, central en las protestas que impulsaron la renuncia del presidente de Guatemala Otto Pérez Molina.
