Columnas / Impunidad

Hija de Ríos Montt se opone a la reforma de justicia para asegurar impunidad en Guatemala


Viernes, 28 de abril de 2017
Álvaro Montenegro

Todos los miércoles se realizan en Guatemala sesiones para discutir la reforma constitucional en el Congreso. El pasado 19 de abril, los guardias del palco del hemiciclo tenían la orden de permitir solamente el ingreso del grupo “Hoy por Guatemala”, comandado por Zury Ríos Sosa, la hija de Efraín Ríos Montt, el exdictador condenado por genocidio cuya sentencia luego fue revertida.

El 26, este grupo se amplió. Con pancartas que decian no querer que Guatemala se convirta en una Venezuela, ya que según ellos, a eso conduce la reforma constitucional. Contradictoriamemte, Zury Ríos dice esto a pesar de haber alentado las reformas durante las protestas de 2015. 

En 2013 la Corte de Constitucionalidad anuló la condena a 80 años de prisión a Ríos Montt. A partir de entonces el proceso se ha venido entrampando para evitar su reinicio, la defensa del exdictador se ha valido de un sistema de justicia débil, en donde las redes militares, corruptas y corporativas se han entrelazado para asegurar la impunidad del 98 por ciento de los casos del país.

Durante el juicio contra Ríos Montt, Zury Ríos, hábil exdiputada, se encargó de inyectarle miedo al sector empresarial asegurándole que si ocurría una condena, los próximos serían ellos. Luego el Estado realizaría una reforma agraria al mejor estilo de los maoístas, leninistas, estalinistas, y los grandes empresarios perderían todas sus fortunas históricas. Zury Ríos logró transmitir pánico. El sector privado en pleno le pidió a la Corte de Constitucionalidad que anulara la sentencia contra Ríos Montt y a los ocho días se les cumplió el deseo.

Esto reconcilió a las élites económicas y militares que luego de la guerra (finalizada en 1996) se habían distanciado a tal punto que cuando Ríos Montt presidió el Congreso y su partido gobernaba con Alfonso Portillo como mandatario, se eliminaron las barreras arancelarias a productos monopólicos como el azúcar y el pollo, que causaron una aversión inédita de parte de los empresarios contra esa administración.

Esta rencilla llegó a su pique el 24 de julio de 2003 cuando grupos con palos, comandados por diputados y parientes de Ríos Montt, acudieron a La Cañada (una de las colonias más exclusivas de la ciudad de Guatemala) y al edificio de Dionisio Gutiérrez, uno de los empresarios más importantes del país, amenazando y exigiendo que se inscribiera a Ríos Montt como candidato presidencial a pesar de que la Constitución lo prohibía. Este día fue calificado como Jueves Negro ya que murió un periodista entre el desasosiego provocado en toda la ciudad. Al final, la Corte de Constitucionalidad, cooptada por abogados afines a la familia Ríos, permitió la candidatura del exdictador, quedando lejos de los primeros puestos electorales.

Antes del Jueves Negro se dio una sesión en la misma corte en donde se discutió sobre la inscripción de Ríos Montt, y acudió como parte en una acción judicial la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. Tras la diligencia, en la sala de audiencias, diputados y parientes de Ríos Montt insultaron y empujaron a Menchú (“india, andá al mercado a vender tomates”) y la tensión se mantuvo hasta que llegaron fuerzas de seguridad para que Menchú y quienes la acompañaban pudieran abandonar el edificio.

Este hecho derivó en un juicio por discriminación en donde un nieto de Ríos Montt, Juan Carlos Ríos, junto a cuatro personas más, fueron sentenciados a tres años de cárcel.

Este mismo personaje, el nieto de Ríos Montt, llegó al Palco del Congreso, junto a su tía Zury y otros representantes del extremismo político de derecha, exigiendo que no se aprobara la reforma constitucional en temas de justicia. Calificaban como “marxistas” a ciertos diputados y les aplaudían a otros, ligados al expresidente encarcelado Otto Pérez Molina, que buscaban impedir la discusión de la reforma.

Avanzadas las horas, el 19 de abril entre pleitos, los congresistas rompieron quórum y se estancó el avance de la discusión. El 26, el diputado Luis Hernández (afín a Zury Ríos) subió al Palco a amedrentar a uno de los visitantes y entre discusiones acaloradas, se logró la aprobación de un artículo que fortalece la carrera judicial y le quita poder a los diputados para nombrar a magistrados, y esto no les gusta a los grupos de poder.

Este intento de cambiar las normas del sistema de justicia lleva al menos veinte años y ese esfuerzo se ha visto truncado una y otra vez por quienes se han beneficiado del sistema colapsado. Como Ríos Montt y sus redes. Su hijo, Enrique Ríos, ha entrampado un proceso de corrupción en su contraes de hace casi una década.

La última táctica de este sector (el mismo que en 2013 se trajo abajo la sentencia contra Ríos Montt) es una dosis más del ya ensayado discurso goebbeliano: apelar al miedo a Venezuela. Circulan audios y textos anónimos diciendo que el Consejo de Administración Judicial (ente que se crea con los cambios constitucionales) sería un paso para convertir a Guatemala en Venezuela, creando un Consejo parecido al que opera en el país del sur. Esta es otra mentira rotunda ya que la administración del sistema de justicia de Guatemala funciona igual al de la Venezuela de hoy, en donde todas las funciones están concentradas en el Tribunal Supremo de Justicia (artículo 267 de la Constitución venezolana).

Con estas modificaciones a la Constitución -únicamente en el área judicial- se busca modernizar el sistema para separar las funciones administrativas y judiciales y que de esta manera la Corte Suprema no pueda trasladar y nombrar jueces como parte de los acostumbrados favores políticos.

Cuando en la radio les preguntaron a algunas personas por qué habían llegado al Congreso a manifestar su repudio a la reforma constitucional, uno respondió:

-¡Para que Guatemala no se vuelva comunista!

-¿Y cómo va a suceder eso?

-Porque con la reforma los presidentes podrán estar en el poder hasta 15 años.

-Pero esta reforma solo es en el sector justicia, no tiene nada que ver con la presidencia.

- ...

En el fondo, esta independencia del poder judicial les afecta a los grupos que se sienten amenazados por la justicia ya que pierden influencia sobre las redes que se han venido desarticulando desde 2015 con cientos de capturas a funcionarios, empresarios y operadores que se han mantenido saqueando al Estado e impidiendo el desarrollo. Muestra de la incapacidad de juzgar, hay tres magistrados de la Corte Suprema procesados (dos en la cárcel) y una decena de jueces con casos abiertos por corrupción.

Al ver que la sociedad ha apoyado las investigaciones, saliendo a manifestar, organizándose y exigiendo justicia, sumado a que los grupos de la derecha progresista se empiezan a desmarcar de los extremistas, éstos apelan al miedo, al eterno recurso para mantener controladas y desnutridas a las sociedades.

*Álvaro Montenegro es periodista. Es uno de los siete guatemaltecos que crearon el movimiento #RenunciaYa, después rebautizado como #JusticiaYa, central en las protestas que impulsaron la renuncia del presidente de Guatemala Otto Pérez Molina.

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