El 8 de enero arrancó en España el juicio por la muerte en 2006 de siete presos de la cárcel de Pavón, en las afueras de la ciudad de Guatemala. En el banquillo se sienta el último acusado pendiente por esos crímenes, el entonces ministro de Gobernación Carlos Vielmann Montes, un político muy cercano a la elite económica del país.
La incursión policial que causó las muertes en Pavón sucedió un 25 de septiembre y fue celebrada por las autoridades como una victoria contra el crimen organizado. El Estado retomaba por la fuerza el control del centro penitenciario, cedido por años a los propios presos, y el director de presidios, Alejandro Giammattei, lo vendió como un logro nacional que sirvió para catapultarlo después como candidato presidencial. Los fallecidos, según la versión oficial, se opusieron al ingreso de las autoridades y murieron en un enfrentamiento.
En diciembre de ese mismo año las autoridades guatemaltecas firmaron el convenio para crear la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de Naciones Unidas diseñado para auxiliar a la Fiscalía. Como una ironía de la vida, Vielmann fue uno de los signatarios. En los años siguientes, dicha Comisión asumió las pesquisas del caso Pavón.
Al avanzar en las investigaciones se revelaron inconsistencias que dieron origen a una acusación penal contra las máximas autoridades de Seguridad del gobierno empresarial del presidente Óscar Berger, del que Vielmann fue una de las figuras más relevantes.
En el expediente de la investigación se ordenan fotografías de la ropa de los presos fallecidos dentro de una vivienda construida dentro de los muros de la cárcel de Pavón. Los suéteres que vestían los cadáveres no tenían agujeros de bala, las armas de alto calibre que se atribuyeron a los reos posaban sobre las paredes —muchas de ellas, se supo después, no funcionaban— y los hoyos de disparos en las ventanas de la vivienda eran justo en el centro, demasiado calculados. Ningún policía fue herido en el supuesto enfrentamiento.
Esto, junto a testimonios e imágenes que muestran tirados en el suelo sin ropa a los convictos que luego fueron hallados muertos con vestimenta, mientras policías encapuchados -algunos sin identificación- les apuntan con armas, evidenció que la escena del crimen fue un mal montaje que pretendía simular una confrontación. Presos dijeron que los agentes que allanaron Pavón llevaban consigo una lista de nombres y se llevaron a ciertos privados de libertad a la casa donde luego aparecieron muertos.
Según los investigadores fue una acción más de un sistema de limpieza social dirigido desde las más altas autoridades del país y comandado por Vielmann, que enfrenta una posible condena de 160 años de cárcel. Hay otros dos casos vinculados a este, por tres personas que fueron ejecutadas en 2005 tras fugarse de una prisión.
Vielmann viajó a España en 2009, poco antes de que se desatara el proceso en Guatemala. El director de la Policía de este tiempo, Erwin Sperisen, se fue a Suiza. El subdirector, Javier Figueroa, a Austria. Los tres obtuvieron residencia en los respectivos países. Los tres han sido juzgados en ellos.
Los juicios contra Sperisen y Figueroa obtuvieron sentencias dispares. Sperisen fue condenado en 2014 a cadena perpetua y Figueroa absuelto en 2013. Otros tres policías, incluido el jefe de la dirección de investigaciones, Víctor Soto, purgan en Guatemala condenas de 33 años por los mismos hechos. El hermano de Figueroa, Aldo Stefano, fue condenado porque en su vivienda se hallaron armas de guerra supuestamente llevadas ahí por su hermano Javier un día antes de los hechos, para con ellas hacer el montaje de la escena del crimen.
Un estado criminal
El caso Pavón reabrió la discusión sobre la limpieza social como política de seguridad y sobre la vinculación de estructuras policiales con tumbes de droga, para venderlas a otros carteles. La Policía de Guatemala no solo asesinaba: también traficaba bajo la mirada cómplice o incluso bajo las órdenes de sus más altas autoridades.
El año siguiente a la toma de Pavón, en febrero de 2007, tres diputados salvadoreños del Parlacen, Eduardo d´Aubuisson, Ramón González y William Pichinte, fueron asesinados y sus cuerpos calcinados en tierras guatemaltecas, en una finca vinculada a Armando Melgar Padilla, actual diputado del partido oficial y uno de los asesores del presidente Jimmy Morales.
Aquel fue el inicio de una serie de asesinatos. Los autores materiales fueron ejecutados por un comando dentro de la cárcel de máxima seguridad en la que estaban detenidos. Hombres de los que se sospechaba que habían integrado ese comando fueron a su vez asesinados después en diferentes puntos de ciudad de Guatemala.
Víctor Rivera, conocido en El Salvador como Zacarías y en Guatemala como Frank, un venezolano que trabajó como asesor de seguridad en ambos países, fue persona de confianza de Vielmann y participó entre otros operativos en la toma de Pavón, murió ametrallado en la capital en abril de 2008.
Según personas que participaron en las pesquisas, ha habido otras diez muertes vinculadas a aquellos hechos, convertidos en el mejor ejemplo de cómo los aparatos clandestinos de seguridad han operado en Guatemala desde el conflicto armado interno (1960-1996), que dejó implantado en la cúpula del Estado un entramado de grupos criminales.
El juicio que se sigue en España contra Carlos Vielmann es un espejo más en el que mirarnos. Las elites guatemaltecas aún lo ven como un mártir que combatió la delincuencia con audacia. No solo el resultado, sino cada revelación que se haga en Madrid, tendrá un fuerte contenido político y puede alcanzar a personas que durante la última década han ostentado cargos e influencias a muy alto nivel.
Sirva de muestra, el hecho de que uno de los abogados de Vielmann en Guatemala es Alberto Molina Velasco, representante legal de la empresa Avícola Villalobos , cuyo propietario es Dionisio Gutiérrez, una de las personas más acaudaladas del país y amigo personal del expresidente español José María Aznar.
*Álvaro Montenegro es periodista. Es uno de los siete guatemaltecos que crearon el movimiento #RenunciaYa, después rebautizado como #JusticiaYa, central en las protestas que impulsaron la renuncia del presidente de Guatemala Otto Pérez Molina.
