La reciente aprobación de un aumento al salario mínimo para los trabajadores urbanos y del campo muestra una recurrente contradicción en la historia del país: la negativa obtusa de ciertos sectores empresariales a pagar mejores salarios a sus trabajadores. Pero detrás de ese rechazo subyace otra constante histórica quizá más importante; la manera cómo se ha generado la riqueza del país y la facilidad que los grupos de poder económico han tenido para poner al Estado al servicio de sus intereses.
Un estudio reciente del historiador Antonio Acosta muestra que, en la segunda mitad siglo XIX, empresarios y propietarios hicieron esfuerzos para sacar al país de la postración en que lo dejaron las guerras federales y la inestabilidad política de las dos décadas siguientes. Demuestra que a la vez que impulsaban los cambios en la economía —transitar del añil al café— se instalaban en las instituciones del Estado en formación, desde donde legislaban y gobernaban dando prioridad a sus intereses de clase (Acosta, 2013). La tesis no es novedosa, pero Acosta la sostiene con abundante evidencia empírica.
Hacia principios del siglo XX, los esfuerzos de estos pioneros parecían haber sido exitosos. La economía del país había crecido gracias a las divisas generadas por el café, las cuales a su vez fomentaban el consumo, lo cual se reflejaba en el aumento de las importaciones. El Estado mismo había crecido; y las ciudades principales mostraban en su arquitectura e infraestructura los beneficios del cambio: plazas, teatros, bancos, tranvías, ferrocarril, etc.
Todo eso era positivo, pero había un par de detalles preocupantes. La economía había crecido mucho gracias al café; el valor de las exportaciones del grano pasó de 138,263 pesos en 1865, a 7,568,399 en 1896 (Lindo Fuentes, 2002: 192-193). La riqueza generada era mucha, pero a los trabajadores agrícolas se les seguía pagando 25 centavos, lo mismo que se pagaba en los años de la independencia (Acosta, 2013: 136). Mi padre trabajó toda su vida en las fincas de café: me cuenta que cuando comenzó a trabajar en la década de 1930 le pagaban 25 centavos. Es decir, por más de un siglo el salario en el campo fue prácticamente el mismo.
Por otra parte, para favorecer la caficultura se privatizaron las tierras comunales y ejidales a principios de la década de 1880; los municipios perdieron su fuente de ingresos más importante, el canon ejidal, y las comunidades indígenas las tierras que eran buena parte del sostén de su identidad étnica. Rafael calificó esta medida como expropiación de tierras (Menjívar, 1985); no lo fue, pero a la larga favoreció la concentración de la propiedad. Y ya para finales de la década de 1920, muchos campesinos e indígenas habían perdido las parcelas que titularon y solo tenían su fuerza de trabajo para subsistir, la cual se pagaba muy mal.
Pero había algo más; estos propietarios-gobernantes se cuidaron de conservar sus ganancias al máximo posible. Los mayores ingresos del Estado provenían de los impuestos a las importaciones y al consumo del licor. Por el contrario, las exportaciones de añil y café prácticamente estaban exentas de impuestos. Para 1879 el valor de las importaciones fue 2,549,160 pesos, lo cual le reportó al fisco ingresos por 1,402,204 pesos. Obviamente, los comerciantes trasladaban esos impuestos a los consumidores, que debían pagar casi un 55% más por los productos. Por el contrario, ese año las exportaciones ascendieron a 4,122,888 pesos, el fisco recibió de ellas solo 35,461 pesos (Acosta, 2007: 20).
Llevar el añil y el café a los puertos requería una infraestructura adecuada, para ello se construyeron carreteras, puertos y ferrocarriles. Al menos en el caso de las carreteras, buena parte de su costo era pagado no por los propietarios, obvios beneficiarios de ellas, si no por los campesinos y jornaleros. La ley obligaba a todo hombre entre 15 y 60 años a pagar el “fondo de caminos”, cuatro reales al año, o dos días de trabajo en las carreteras, bajo supervisión del alcalde. La escasez de dinero hacía que muchos jornaleros optaran por pagar con trabajo (López Bernal, 2007: 155).
Bajo esas condiciones fue que la economía del país creció en el siglo XIX, el panorama no cambió mucho en el siglo XX. El Salvador se volvió extremadamente dependiente del café; para la década de 1920 este representaba el 90% de las exportaciones (Arias Gómez, 1996: 81). Dependiente y vulnerable para ser más exactos, pues los altibajos de los precios del café en el mercado internacional marcaban la bonanza o crisis de la economía nacional. En realidad estas variaciones afectaban más a los productores, que no a los jornaleros, cuyos salarios permanecían inalterables, aunque los precios del café fueran altísimos. Los efectos perversos de esa condición fueron patentes con la crisis de 1929 y el trágico levantamiento de 1932.
El presidente Hernández Martínez debió enfrentar la crisis. La rebelión fue reprimida con severidad inaudita; al menos 15,000 campesinos e indígenas fueron asesinados en un par de semanas. Luego atendió el problema económico: suspendió el pago de la deuda externa, dio la ley moratoria para evitar los embargos a los moroso, muchos de ellos cafetaleros y creó el Banco Central de Reserva en 1934. No fue más allá, solo quería preservar las condiciones que favorecieran la economía agroexportadora y reforzar el control social.
Revolución a medias
Para mediados del siglo XX, la “Revolución de 1948” llevó al poder a militares y civiles jóvenes que tenían un proyecto de país diferente: querían combinar la modernización económica y política con principios de justicia social, consignados en la constitución de 1950. Se impulsó la diversificación de la agroexportación, al tiempo que se apostaba a la industrialización y a la integración económica regional. Por primera vez, la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores fue parte importante del quehacer del Estado. Seguridad social, políticas de vivienda, sindicalización urbana y más tarde salario mínimo agrícola dieron fe del viraje hacia lo social.
Curiosamente este proyecto de desarrollo no surgió de una crisis. Por el contrario, la década de 1950 fue de bonanza económica; en 1950, el quintal de café valía 132.5 colones, para 1954 había alcanzado 171.1 (PNUD, 2013: 78). Más bien se trató de aprovechar una coyuntura económica para fortalecer la economía mediante la modernización y la diversificación de la inversión. Y aunque los salarios no subieron, al menos se mejoró la recaudación de impuestos. Con esos recursos el Estado impulsó sus políticas sociales, mejorando indirectamente las condiciones de vida de los trabajadores.
En septiembre de 1950 se creó un impuesto de carácter progresivo sobre la exportación de café, el monto variaba según los precios del grano; un año después se modificó el impuesto sobre la renta, también con una lógica progresiva y dando un tratamiento favorable para la industria y las sociedades anónimas (Turcios, 2003: 82-83). Los resultados se vieron de inmediato, para 1949 los impuestos del gobierno central eran de 64.04 millones de colones, en 1954 alcanzaron 156.9 millones (Dada Hirezi, 1978: 39). Obviamente hubo oposición de los capitalistas, pero el gobierno manejó bien la situación; justificó debidamente la medida, hizo ver los beneficios que de ella se derivaban y cuando fue necesario impuso su autoridad.
Lastimosamente los beneficios para los sectores sociales subalternos fueron dispares. En general, se favoreció a los trabajadores urbanos y se marginó a los rurales. Una ley de salario mínimo debió esperar hasta 1964, desde entonces ha tenido aumentos muy limitados. En la década de 1970, por presiones de las organizaciones campesinos, se agregó una compensación adicional por alimentación; esta consistía en 1.5 libras de maíz y 4 onzas de frijoles por día laborado; los patronos podían pagar 1.5 de colón diario si no daban los alimentos cocinados. Considerando que en las labores agrícolas, el jornalero generalmente solo dispone de su fuerza física, es válido preguntarse si tal alimentación podía al menos reponer las energías gastadas en una jornada de ocho horas a pleno sol.
Una deuda histórica
Al final de cuentas, la diversificación de la agricultura de exportación tuvo un costo social muy alto. El algodón, la caña de azúcar y la ganadería incorporaron a la dinámica productiva tierras que hasta entonces habían estado sin uso, o las quitaron a la agricultura de subsistencia. Por otra parte, tampoco aumentaron los niveles de empleo.
Campesinos y jornaleros buscaron otras opciones: cultivar tierras menos fértiles, emigrar a las ciudades sin tener la formación necesaria para insertarse laboralmente, o emigrar a Honduras. Para inicios de la década de 1970, estas alternativas se habían agotado. No es extraño que fuera entonces cuando el tema reforma agraria se puso en el centro del debate; sin embargo, la oposición del capital bloqueó el proyecto de reforma impulsado por el gobierno de Arturo Molina.
El resto de la historia es bien conocida. Los campesinos organizados siguieron su lucha; la intransigencia del gobierno y los poderes económicos los llevó a acercarse cada vez más a la izquierda radical por entonces en auge. Cuando en medio de la crisis y la guerra civil, al fin se hizo una reforma agraria, esta había perdido sentido y sobre todo legitimidad. La larga historia de marginación de campesinos y jornaleros explica en parte por qué la base social del FMLN durante los años de conflicto estuvo en el campo.
La posguerra no significó cambios significativos para las condiciones de vida en el ámbito rural. La persistencia de salarios diferentes para el campo y la ciudad, o la falta de cobertura de seguridad social en el agro, son solo reflejo de la discriminación y marginación históricas; no importa cuán pesadas y desgastantes sean las labores del campo, ese esfuerzo se cotiza mal en este país.
Quienes tanto critican el reciente aumento al salario mínimo debieran conocer un poco más de la historia del país, sobre todo la historia agraria. Históricamente la rentabilidad de la actividad productiva en el país ha dependido del bajo costo de la mano de obra; pero este rasgo ha alcanzado niveles mayores en el agro. Este aumento al salario no es la solución, es solo un intento de justicia a un sector social largamente marginado.
*Carlos Gregorio López Bernal es catedrático en la Universidad de El Salvador (UES) en la carrera de Historia, miembro de la Academia Salvadoreña de Historia y autor de varios libros y numerosos artículos sobre la historia de El Salvador.
