Segundo Siliézar y su familia fueron los protagonistas de un reportaje que leí en El Faro en el 2010. Segundo era un campesino que vivía de la milpa cuando se podía. Un día no se pudo y sus cinco hijos, entre 12 y 1 año, llevaban casi 24 horas sin probar bocado. Los dos más chiquitos se le colgaban de las piernas pidiéndole comida. En su desesperación por encontrar algo que darle a sus pequeños, se acordó de un balde que una par de años atrás había dejado guardado con algunas semillas de maíz con pesticida. Su esperanza fue que dos años después esas semillas ya no fueran mortales. Estaba equivocado. Todos resultaron envenenados. Segundo estuvo al borde de la muerte y dos de sus hijos fallecieron. Se murieron de hambre.
Para el que lee estas líneas quizá sea difícil de creer, pero la realidad es que en El Salvador existen familias que se mueren literalmente de hambre. El informe del Banco Mundial del 2015 mostró que cinco años después de la tragedia de Segundo y su familia en nuestro país las cosas han cambiado poco. El 25% de la población vive en pobreza crónica, aproximadamente 1 millón 500 mil personas nacieron pobres y morirán pobres frente a nuestra narices.
En el 2012 encontré por primera vez una nota, otra vez en El Faro, que hablaba sobre el éxodo de familias que habitaban las colonias dominadas por pandillas. Casas abandonadas y saqueadas daban testimonio de los desplazados por la violencia. Durante una de las estancias de investigación que hice en la frontera sur de México en ese año, conocí el caso de un soldado salvadoreño que estaba solicitando refugio con su madre y hermana. Las pandillas lo habían amenazado después de que asesinaron a uno de sus familiares, un militar también. Habían huido casi que con lo puesto, no solo de la mara, sino también de un estado incapaz de protegerlos. Hace solo dos meses fuimos testigos del primer albergue para desplazados por amenazas de pandillas. Durante 20 días, 19 familias del caserío El Castaño se refugiaron con las pocas pertenencias que pudieron llevar en una cancha techada en Caluco.
Hasta el momento se desconoce el número exacto de familias que han huido de sus colonias, de sus caseríos y cantones para conservar la vida y para no volverse un daño colateral de la política de seguridad a punta de pistolas que el gobierno ha implementado contra las pandillas.
Lorena y Yeimi, dos salvadoreñas que conocí en México, trabajaban en el comercio sexual. Ambas eran las jefas y proveedoras de sus hogares y, como muchas otras, tuvieron antes varios trabajos “decentes” en El Salvador. Fueron domésticas, maquileras, panaderas, personal de limpieza en hoteles y oficinas. Con ninguno de estos trabajos lograron nunca ganar lo suficiente para mantener a sus familias, ni siquiera lo suficiente para cubrir las necesidades básicas. Por eso decidieron migrar, separarse de sus hijos y arriesgarse a vivir como indocumentadas y laborar en la actividad más estigmatizada de todas, pero que al menos sí les garantizaba poder mantener y sacar adelante a sus familias.
Esto no puede resultarnos extraño, cuando en nuestro país por ley el salario mínimo sigue siendo un reproductor de hogares pobres: $258 en la industria, $263 en el comercio, $221 en la maquila y $124 en la agricultura.
Esta es la base de nuestra sociedad, una familia frágil y en constante lucha por sobrevivir; una familia en riesgo, no por su composición sino por las carencias históricas en materia de políticas económicas y sociales que garanticen a todos los hogares el goce de derechos, aunque sea de los mínimos. La deuda del estado con la familia es enorme.
Pese a este escenario donde queda todo por hacer, lo único que se les ocurre a algunos diputados de ARENA es pedir la ratificación de una reforma a la Constitución de la República para discriminar del matrimonio a ciudadanos homosexuales y transexuales. De todo lo posible, su única propuesta es restringir aún más derechos a otros seres humanos. Lo hacen, dicen, para proteger a la familia. La infamia e hipocresía de nuestros políticos no tiene límites.
*Laura Aguirre es estudiante de doctorado en sociología en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Su tesis, enmarcada dentro de perspectivas feministas críticas, está enfocada en las mujeres migrantes que trabajan en el comercio sexual de la frontera sur de México. Su trabajo también abarca la sexualidad, el cuerpo, la raza, la identidad y la desigualdad social.
