El Salvador / Pandillas

Cierra albergue de Caluco para desplazados por la violencia

Menos de la mitad de las familias que habitaban el caserío El Castaño han vuelto al lugar del que huyeron por la violencia pandillera. La Policía asegura que mantendrá presencia permanente por tiempo indefinido en la zona para estimular al resto de familias a repoblar el lugar. 


Viernes, 7 de octubre de 2016
Carlos Martínez

Las familias que fueron desplazadas por pandilleros del caserío El Castaño, retornaron a sus viviendas, tras 19 días de permanecer en el refugio instalado en el municipio de Caluco./Foto El Faro: Víctor Peña
Las familias que fueron desplazadas por pandilleros del caserío El Castaño, retornaron a sus viviendas, tras 19 días de permanecer en el refugio instalado en el municipio de Caluco./Foto El Faro: Víctor Peña

La alcaldía de Caluco cerró este viernes siete de octubre el primer refugio de desplazados en tiempos de paz que albergaba a varias familias del caserío El Castaño, que habían sido desplazadas por la violencia pandillera hace una semana.

La única cancha de básquetbol techada que existe en el municipio se convirtió el pasado 18 de septiembre en la vivienda temporal de 19 familias que se vieron forzadas a abandonar sus casas luego de que la facción Sureños de la pandilla 18 los amenazara de muerte. Aquella cancha se convirtió, además, en el primer refugio para desplazados en El Salvador desde que se firmara la paz en 1992.

Según la alcaldesa Blanca Orellana, el cierre del albergue fue una decisión consensuada con las familias refugiadas que lo habitaban, quienes habían estado visitando el caserío durante el día para atender sus cultivos y solo usaban el lugar para dormir.

Acompañados por un imponente operativo policial y militar, algunas familias decidieron regresar al remoto caserío rural que abandonaron 20 días atrás. Sin embargo, de las 85 familias que habitaban el lugar antes del éxodo, solo 27 han retornado. El resto han preferido alquilar cuartos de mesón en Caluco e Izalco, o hospedarse temporalmente en la casa de familiares.

“Los que volvemos somos los que no tenemos para dónde agarrar”, comentó una mujer que regresó a su casa en uno de los dos camiones que la municipalidad dispuso para trasladar a los pobladores y a las pocas pertenencias con las que huyeron de sus casas. “Ahora está el montón de policías y de soldados, pero ¿cuánto tiempo cree usted que se van a quedar”, cuestionó.

El jefe del operativo policial que acompañó a las familias aseguró a El Faro que las órdenes que tiene son de mantener de forma permanente una patrulla de al menos cinco elementos custodiando el lugar y que, hasta el momento, no hay una fecha límite para esa disposición. También dijo que unidades especializadas de la policía y el ejército recorren los cerros aledaños en busca de campamentos pandilleros.

Hasta el momento han sido detenidos 36 personas acusadas de ser pandilleros responsables de las amenazas a las familias de El Castaño, pero los habitantes insisten en que quedan muchos más.

Cuando la alcaldesa Orellana habilitó la cancha de básquetbol para dar refugio a los desplazados, estimó que podía durar un mes albergando y alimentando a más de 60 personas. Sin embargo, consideró que las condiciones de seguridad estaban dadas para que las familias pudieran retornar a sus viviendas. Durante esos 20 días, la alcaldesa estima que su municipalidad gastó más de cinco mil dólares que no tenían presupuestados, en momentos en que el gobierno les adeuda dos meses de los recursos estatales FODES, lo que le ha impedido pagar los salarios de 25 empleados de distintos proyectos comunales.

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