El Salvador / Política

Sidney Blanco: “Hay una mora de 700 investigaciones contra empleados del sistema de justicia”

El magistrado Blanco es parte del equipo que en la corte plena supervisa y acompaña al Departamento de Investigación Judicial de la CSJ, que es la instancia encargada de investigar a jueces y empleados del Órgano Judicial cuando hay sospechas de que han aplicado mal la ley. En los últimos cinco años han sancionado a casi 80 personas entre jueces y empleados judiciales. 


Domingo, 11 de septiembre de 2016
Gabriel Labrador y Sergio Arauz

Sidney Blanco (primero de derecha a izquierda) es miembro de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la subcomisión que dentro de la corte plena acompaña el trabajo del Departamento de Investigación Judicial. Foto: El Faro / Archivo. 
Sidney Blanco (primero de derecha a izquierda) es miembro de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la subcomisión que dentro de la corte plena acompaña el trabajo del Departamento de Investigación Judicial. Foto: El Faro / Archivo. 

En los últimos cinco años se han removido 26 jueces y dos secretarios de juzgado por infracciones a la Ley de la carrera judicial, reveló el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sidney Blanco. El constitucionalista admitió que la Corte tiene una mora de 700 expedientes abiertos contra empleados del sistema de justicia y achacó ese retraso a magistrados de administraciones anteriores.

Blanco añade que, desde 2011, la Corte ha suspendido temporalmente de sus labores a otros 50 jueces y empleados judiciales. “Entre las faltas más frecuentes está la que habla de haber mostrado ineptitud o ineficiencia en el desempeño del cargo”, explicó el magistrado a El Faro, el vienes 9 de septiembre de 2016.

La Ley de la carrera judicial en su artículo 55 establece 10 motivos por los cuales un empleado judicial puede ser destituido, entre ellas atribuirse funciones más allá de lo que dice la ley, ausentarse de las labores durante una semana sin causa justificada, solicitar dádivas, entre otros.

“Hay jueces que han celebrado audiencias o juicios y han demorado demasiado tiempo para dictar la sentencia. Han llegado a límites intolerables, por decir algo: el juez especializado de sentencia de San Miguel resulta que había celebrado muchos juicios, pero había como 80 juicios en los que no había dictado sentencia, es el juez Enrique Beltrán, que está detenido en el centro penal de Metapán”, dice Blanco.

El magistrado mencionó otros ejemplos, como el caso del juez de paz de Lourdes, Colón, quien sustituyó durante un año a un juez de paz de Santa Tecla, pero que en sus audiencias nunca dejó constancia de nada, ni tampoco la sentencia. El Departamento de Investigación Judicial también ha detectado prácticas lesivas para la transparencia judicial en las auditorías que realiza como parte del procedimiento de investigación. “Es causa de remoción la costumbre de pedirle a las partes que asisten a una audiencia a que firmen en blanco. Al practicar auditorías se han encontrado cajas llenas con hojas firmadas en blanco”, relata el magistrado.

Hay prácticas que no conllevan a la remoción del cargo pero sí a la suspensión. Esta es sin goce de sueldo y puede durar desde tres días hasta dos meses, dependiendo de la gravedad de la falta, según se lee en el artículo 53 de la ley. Si el empleado es suspendido más de dos veces en el lapso de un año, procede la remoción del cargo.

La Ley de la carrera judicial enlista 26 conductas que pueden considerarse infracciones que van desde menos graves, graves, hasta muy graves. Las sanciones disciplinarias van desde la amonestación verbal, pasando por la suspensión en el desempeño del cargo, hasta la destitución. La unidad encargada de procesar las denuncias contra empleados judiciales es el Departamento de Investigación Judicial, una instancia creada en 1995, y que es la que se encarga de proponer a la corte plena la sanción respectiva para la persona investigada.

La ley establece que cuando se interpone una denuncia, el presidente de la CSJ debe decidir si se admite para estudio o se rechaza en base a si la conducta está tipificada dentro de las 26 posibles infracciones establecidas en la normativa. “Actualmente hay 170 denuncias en las que la presidencia de la Corte ordenará la omisión de investigación porque la conducta denunciada no se corresponde con ninguna de las infracciones que están en la ley”, dijo Blanco, quien es uno de los tres magistrados de la corte plena que integran una subcomisión de apoyo para el Departamento de Investigación Judicial.

El magistrado Blanco muestra estas estadísticas una semana después de que Douglas Meléndez, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), señalara sus dudas de si el sistema judicial está preparado para procesar y juzgar actos de corrupción. “Esto nos está llevando a determinar que no solo las estructuras (de las pandillas) tienen clicas (células de estructuras pandilleras), sino que también en esta estructura del sistema judicial hay clicas”, dijo Meléndez en alusión a la investigación de la red de corrupción en la que están siendo investigados empleados de juzgados, el empresario Enrique Rais, el exfiscal general Luis Martínez, peritos del Instituto de Medicina Legal y fiscales auxiliares.

El presidente de la Corte Suprema, Óscar Armando Pineda, reaccionó días después a las declaraciones de Meléndez. “No conozco ninguna mafia dentro del Órgano Judicial”, dijo el 5 de septiembre de 2016. Un día después, la Fiscalía insistió en su acusación de que el sistema judicial debía limpiarse. La Dirección de Áreas Especializadas y la jefatura fiscal de la zona oriental del país señalaron, en una conferencia de prensa, el martes 6 de septiembre, que en la investigación de una red de corrupción en San Miguel se incluyen no solo pandilleros y narcotraficantes si no también empleados del Órgano Judicial –entre ellos un colaborador de la Sala de lo Constitucional-, jueces, exfiscales, y abogados. “La relación está establecida”, dijo el jefe de San Miguel, German Arriaza.

“Había magistrados que nunca votaban”

“Hay una gran mora, ese es el gran problema, que las anteriores jefaturas del Departamento de Investigación Judicial recibían órdenes que frenaban los procesos”, dice Blanco.

Un informe del Departamento del año 2010 disponible en el portal de transparencia del Órgano Judicial mostraba que desde 1996 se habían recibido 3 mil denuncias contra jueces y otros empleados judiciales. Para el año 2009, según el informe, había 922 expedientes abiertos, mientras que otras 987 denuncias (recibidas entre 2004 y 2009) se habían rechazado.

—¿Cuánto se logró depurar el Órgano Judicial antes de 2009? –se le preguntó al magistrado Blanco.

—Eso era... (piensa tres segundos)... eso es intrascendente, creo que no había... Cuando venimos en 2009 había un grupo de magistrados que nunca votaban. Nunca. Porque no creían que estaba legitimado el departamento de investigación judicial. Esa era la excusa que ponían, que el Departamento no tenía legitimación de ley, que solo era un acuerdo de la corte.

—¿Quiénes eran?

—Los magistrados Mario Francisco Valdivieso, Ulices del Dios Guzmán y Miguel Alberto Trejo. Jamás votaban, nunca, a favor de sanciones disciplinarias. De ahí hay otros magistrados eran excesivamente protectores de jueces. Entonces se volvía súper complicado sancionar a un juez.

Esta no es la primera vez que magistrados y exmagistrados de la Corte se acusan de entorpecer las investigaciones judiciales. En una entrevista de julio de 2011 concedida a El Faro, los magistrados Belarmino Jaime y Rodolfo González describieron cómo algunos de sus colegas boicoteaban desde las sesiones de corte plena la investigación y sanción de jueces corruptos. Florentín Meléndez, otro magistrado de la Sala de lo Constitucional, remató en septiembre de 2011 que el magistrado Ulices del Dios Guzmán lideraba los esfuerzos para proteger jueces corruptos

El magistrado Blanco sostiene ahora que los tiempos de reacción de la corte plena han mejorado, tanto que solo entre 2015 y 2016 han sancionado a 48 jueces y empleados judiciales (15 remociones y 33 suspensiones). El informe del Departamento de Justicia del año 2010, por el contrario, muestra que hubo años en los que no se sancionó a nadie, como ocurrió en los años 2007, 2008 y 2009.

Corte Suprema de Justicia (CSJ) en pleno, en septiembre de 2015. Foto: Tomada de la página web de la CSJ. 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) en pleno, en septiembre de 2015. Foto: Tomada de la página web de la CSJ. 

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